Freddy Pacheco León. PhD
El contexto previo.
La empresa de telecomunicaciones de origen chino Huawei, ha estado en el punto de mira de los Estados Unidos, desde los tiempos de Donald Trump en la Casa Blanca, acentuándose en los últimos meses, en el marco de la disputada campaña electoral estadounidense, con el fin de que los electores conservadores, no solo miren en Trump al hombre fuerte dispuesto a enfrentar la “invasión” china que, les han dicho, se está viviendo en el gran país del norte, sino también a un Biden enérgico y peleador.
Como parte de ese escenario político, Gobierno e instituciones militares estadounidenses han prohibido comprar productos a Huawei, independientemente de su gran calidad y precios más favorables, bajo el pretexto de que esa compañía privada china, podría “expiar” instituciones de seguridad estadounidenses, y obtener datos de los usuarios, a través de sus equipos. Sin embargo, y no se puede afirmar lo contrario, al no demostrarse ni un caso de “espionaje”, ha quedado cada día más evidente, que lo que movió a Trump, y ahora al presidente y precandidato presidencial Joe Biden, a imponer barreras comerciales contra Huawei, no es ni más ni menos, que un esfuerzo por favorecer a empresarios occidentales, especialmente, representantes de otras marcas de equipos, frente a los que la empresa china ha tenido relevante éxito, no solo en los Estados Unidos, sino también, y esto es lo que más les preocupa, ¡en más de 170 países! Resulta que Huawei, desde hace una década superó a Ericsson como el mayor fabricante de equipo de telecomunicaciones en el planeta, y a la gigantesca Apple, como el segundo fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo, solo superado por Samsung Electronics. Para el año, pese a las barreras impuestas en EUA y algunas naciones europeas, pasó a la delantera en el número de teléfonos vendidos a nivel mundial, alcanzando ganancias anuales superiores a los US$92 mil millones, lo que convierte a Huawei, obviamente, en ¡un “enemigo” muy peligroso!, para las corporaciones competidoras que no han podido seguir sus pasos.
La tecnología 5G
Como un detalle relevante, para acercarse a comprender las acciones supuestamente contra el “espionaje” chino, se tiene el asunto de la tecnología 5G, de la que tanto se habla en estos días, como instrumento vital del desarrollo. Se reconoce que la 5G marca el camino para que, el desarrollo de las telecomunicaciones en un futuro cercano, salte de las “carreteras de dos carriles”, hacia las necesarias “autopistas de diez o más carriles”; para ponerlo gráficamente. Pues resulta, que la tecnología 5G desarrollada por Huawei es, simplemente, la líder en el mundo, y eso se traduce en miles de millones de dólares de un negocio, en que no pueden ganar, como quisieran, las corporaciones competidoras. Hay incluso funcionarios de la Casa Blanca, de los que no están muy seguros de los alegados beneficios de esa innegable “guerra comercial”, que han admitido que EUA difícilmente podría alcanzar el nivel de China en el desarrollo de 5G, sin la participación de Huawei, convirtiéndola en el enemigo con el que no les queda más que negociar para competir con posibilidades en esa carrera. Por eso, pese a las tensiones creadas, se siguen dando ciertas negociaciones comerciales, entre las dos potencias mundiales, al tiempo que se evidencia, por otro lado, la intención de Washington de crear dos bloques emulando la Guerra Fría, no entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos y sus aliados, sino entre China y los EUA, a los que se suman unos aliados tanto europeos como de la periferia, principalmente subdesarrollados, con una poco disimulada tendencia a la sumisión.
El modelo rumano
Como parte de tal estrategia, le están dando respiración asistida a dos convenios internacionales; la Declaración de Bucarest (2000) y el Convenio de Budapest (2001), nacidos ambos, ANTES del vertiginoso desarrollo de las telecomunicaciones que el planeta está viviendo. Sendos convenios que se refieren, más bien, a la necesidad de enfrentar la corrupción interna de variado tipo y, por ejemplo, los fraudes cibernéticos, cometidos por delincuentes internacionales y nacionales, capaces de “hackear” equipos y redes informáticas, como medio de obtener pagos para “dejar en paz” a los afectados, como los sufridos por instituciones costarricenses hace poco más de un año. Convenios que no tienen nada que ver, con las acusaciones de “espionaje” usadas por Trump y ahora por Biden, dentro de la “guerra comercial” que se desarrolla, y en la que algunos, irracionalmente, quisieran inmiscuir a nuestro diminuto y subdesarrollado país.
Por ejemplo, el Convenio de Budapest (firmado por solo 56 países, después de 22 años de acordado), lo que busca, en lo medular, es “proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas”, referido a infracciones sobre derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones a la seguridad en redes. Invocarlo ahora para obstaculizar el desarrollo y comercio internacional de cualquier empresa de telecomunicaciones, (Huawei o cualquier otra), no es razonable y su sustento legal es muy cuestionable, un poquito “jalado del pelo”. De hecho, la legislación costarricense sobre esas materias, se ha venido estructurando, con avances significativos, independientemente de lo que dice ese convenio internacional, aprobado en Costa Rica hace tan solo seis años, sin que, precisamente por intrascendente, se le pusiera especial atención.
Pero, como siempre, hay un pero, pues ahora dicho convenio se ha convertido para el gobierno de Costa Rica, en el misil tico de la guerra comercial contra China, o más bien, específicamente contra la empresa Huawei, copiando por lo que desde Rumanía se ha evidenciado, es ese enfrentamiento comercial, con tintes geopolíticos, que Bucarest aceptó como parte de una negociación.
Trasplante del modelo rumano a Costa Rica
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que se había publicado un decreto ejecutivo (Nº 44196-MSP-MICITT, del 31 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta), donde se señala un viraje de 180º en el rumbo que ha venido tomando nuestro país, con respecto al intercambio comercial con China. Lo hizo a su regreso de un viaje a Washington, puntualizando que el gobierno de Costa Rica limitará ese comercio, anunciando la prohibición, todavía no justificada, que aplicará. “Mi ministro de Ciencia y Tecnología y yo el viernes firmamos un decreto gubernamental que básicamente exija que los países de los vendedores y proveedores potenciales deban haber adoptado los principios del acuerdo de Bucarest”. Y, como es usual cuando trata asuntos que no necesariamente comprende muy bien, agregó: “Ustedes saben lo que eso significa. No necesito entrar en detalles”.
Como era esperable, luego se pudo entender lo que contenía el significado de sus palabras, que es, ni más ni menos, que Costa Rica estaba siguiendo el “modelo rumano”, relacionado con el rumbo tomado por Rumanía, que, junto a Bulgaria, son, por cierto, los países más atrasados de la Unión Europea, muy diferentes a nuestro país, casi en cualquier elemento que se quiera comparar. Ambos incorporados a la Unión Europea y la OTAN, en virtud de su posición geográfica estratégica, frente a las que consideran son pretensiones territoriales expansionistas rusas (no chinas), especialmente ahora con la invasión a Ucrania. Países que, al no ser capaces de aportar nada significativo para los Estados europeos, con la aplicación del “modelo rumano”, al menos sirven para mitigar el avance comercial de China, favoreciendo así a empresas competidoras ajenas al gigante asiático. Por esa “colaboración”, se les retribuye con “alguito”; con apoyo económico por los “servicios prestados” por medio del modelo que le fuere dictado a los gobernantes rumanos.
No hay que ser muy brillante, consideran los analistas, para percatarse que desde tiempos de la Administración Trump, se consideró a Europa del Este y, concretamente a Rumanía, como pieza clave en la estrategia para aislar al gigante Huawei, que Washington argumenta, es un peón de Pekín y una grave amenaza a la seguridad de las telecomunicaciones occidentales, especialmente las militares. Por ello, Rumanía fue de los primeros países en adherirse a la iniciativa estadounidense, ‘Clean Network’, creada para “evitar la apropiación de información sensible por parte de actores malignos” en la red, “incluido el Partido Comunista de China”, según dice el discurso.
Avanzó así el “modelo rumano”, que ahora nuestro presidente, espera trasplantar a Costa Rica, olvidando de camino, como lamentablemente está siendo usual, ciertos “detallitos” que Chaves, su canciller André y los silenciosos funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, parecen desconocer o, que tal vez, aunque perplejos, disimulan, pues su jerarca no fue siquiera invitado a firmar el decreto que tanto afecta su ámbito de acción.
Recordemos que cuando Rumanía rompió con China, su primer ministro, el conservador Florin Cîțu, del Partido Nacional Liberal, argumentó que lo hacía pues era receloso de compañías que eran subsidiadas en sus países de origen. Preámbulo a lo que sucedería en abril de este año, cuando el gobierno rumano impidió que Huawei pudiese participar en el desarrollo de la red 5G en ese país balcánico, materializando así lo establecido en el Memorando de Entendimiento firmado con los EUA en el 2019, que, con asesoría estadounidense, obliga a verificar si cada compañía “sujeta al control de un gobierno extranjero, tiene una estructura accionarial transparente y, además de tener un historial de comportamiento ético, está sometida a un régimen jurídico que requiere prácticas empresariales transparentes”. Aspectos que Washington considera, sobra decir, no cumplen ciertas corporaciones chinas, y que el gobierno rumano, a cambio de beneficios económicos y de seguridad militar, por lo señalado antes, acepta dócilmente como válidos. “Donde manda capitán no manda marinero”, dice el refrán popular.
Ciertos “detallitos”
Ahora bien, si lo que el presidente Chaves desea, es clonar las condiciones rumanas en Costa Rica, antes de proceder a poner en ejecución el decreto ejecutivo del 31 de agosto de este año, no puede desconocer que la China moderna es un Estado activo y respetuoso de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus normas convencionales, pues no podría ser de otra manera, si aspiraba a tener éxito en el inmenso mundo del comercio internacional con todas las naciones. Un ejemplo es el respeto a las patentes y otros derechos, donde solo sobre la tecnología 5G, Huawei cuenta con una decena de patentes, que la protegen de competencia desleal. Asimismo, China aplica las normas internacionales de calidad ISO (International Organization for Standarization) que varias de sus grandes empresas, como Huawei, se esmeran en cumplir por la seguridad de que sus productos en la industria, son de especial calidad, así como su gestión de servicios. Es claro pues, que el reconocimiento internacional e independiente, es para los chinos, un componente fundamental en el engranaje complejo del comercio internacional y la gestión de la seguridad de la información, entre otros.
El tratado de libre comercio entre Costa Rica y China
Aparte de que Huawei y otras grandes empresas chinas, son propiedad de estructuras privadas ajenas al gobierno y al Partido Comunista Chino, vemos como algunas compiten incluso entre ellas, por lo cual no es correcto vislumbrarlas como empresas pertenecientes a gobernantes chinos, como sucedía hace muchos años, cuando el gigante asiático apenas mostraba signos de modernización de su incipiente aparato industrial. Eso hay que tenerlo presente a la hora de ejecutar acciones obstaculizadoras de su accionar empresarial fuera de China, pues sus empresas también gozan de derechos.
Pero si ello no fuere suficiente para “pensarlo dos veces”, antes de meter a nuestro país en el enmarañado manglar que vislumbramos, Rodrigo Chaves ha de considerar que Costa Rica, tiene suscrito y ratificado formalmente y en vigencia, un tratado de libre comercio que, entre muchas cosas negociadas oportunamente por los expertos nacionales y chinos, tiene un capítulo que determina la prerrogativa de “Trato nacional y acceso a mercados para el comercio de mercancías”, cuyo objetivo fundamental es el de “Asegurar que a las mercancías importadas se les brinde un tratamiento no discriminatorio”. Tratado que implica, además, “promover el comercio recíproco a través del establecimiento de normas comerciales claras y mutuamente beneficiosas y la prevención de barreras comerciales y distorsiones a su comercio recíproco”, como hasta ahora se ha cumplido.
“Detallitos” semejantes, no mencionados en el decreto ejecutivo de Chaves, harían inviable aplicar el modelo rumano en nuestro país, pues existe, para información del presidente, además de las normas de la OMC, una Carta Magna llamada Constitución Política de la República de Costa Rica, resguardada incluso en su cumplimiento, por una Sala particular de la Corte Suprema de Justicia, que determina que los convenios internacionales tienen “autoridad superior a las leyes”, por lo que desde sus aprobación por la Asamblea Legislativa y entrada en vigencia, no pueden ser derogados por una ley ordinaria, y mucho menos, por un decreto ejecutivo que, por definición, no puede ser contrario a la ley o leyes, al que se refiere. Porque no creemos que el presidente no conociera algo jurídicamente tan básico, no entendemos los objetivos del decreto ejecutivo, que es obvio, no tiene posibilidad alguna de ponerse en práctica.
La dignidad nacional
Cuesta digerir ese compromiso adquirido aparentemente por nuestro presidente Chaves con el presidente Biden. Surgen dudas acerca de las consecuencias de un decreto ejecutivo contrario a la normativa legal nacional e internacional, que mueve a especular que se trata de algo “importado” desde el norte, meses atrás, ya que, en su parte medular, por sus errores, pareciere redactado por funcionarios que desconocen la normativa legal costarricense, y que además, no sienten, por no ser costarricenses, algo fundamental vinculado al concepto de Patria que nos mueve y nos conmueve; el sentimiento de DIGNIDAD NACIONAL. Ese sentimiento que desde nuestra independencia y, luego con la Campaña Nacional que dirigiera nuestro héroe Juan Rafael Mora, forma parte integral del ser costarricense, de un pueblo agradecido con los compatriotas que incluso ofrendaron sus vidas en defensa de ese valor patriótico. Ese decreto ejecutivo, dolorosamente, no honra su memoria, pues olvida que el carácter de nación libre NO nos fue regalado hace 202 años, y que posteriormente, hubo que luchar valientemente por él durante la gesta patriótica de la Campaña Nacional, más de 30 años después de la declaratoria de independencia del reino de España.
Presencia de China en Costa Rica
En su reprochable decreto ejecutivo, Chaves no toma en cuenta que la República Popular China es uno de los principales actores en el contexto económico internacional, donde Costa Rica, aunque pequeñita, aspira a ser protagonista. Y, asimismo, que además de ser el segundo socio comercial de Costa Rica, solo superado por los Estados Unidos, hemos tenido intercambio comercial desde principios de los años 90, dándose un crecimiento constante a partir de la incorporación de China a la OMC, que no sobra recordarlo, es un organismo con capacidad de sancionar a los Estados que incumplen sus normas acogidas voluntariamente. Y mucho menos, cuando se esgrimen acusaciones ridículas, indemostradas e indemostrables, de “espionaje” sobre nuestras instituciones del Estado y las personas.
Desde que en junio del 2007 se anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, se sembró la semilla de un proceso significativo, de mayor vinculación económica y comercial entre ambas naciones. Al año siguiente, en noviembre del 2008, se inició la negociación del citado tratado de libre comercio entre ambos países, que se extendiera por seis rondas y concluyera con la firma del texto final en abril del 2010. Tratado que, al tener plena vigencia, ha de respetarse en su letra y espíritu, y que ha permitido que, para el año 2021, se alcanzara la cifra de US$3.246 millones en intercambio comercial. Con él, vemos como, en promedio, en la última década, el comercio con China creció a un ritmo anual de 9,1%, resultado del aumento del 20,8% en las exportaciones y del 8,4% en las importaciones. Y dato muy relevante, las exportaciones realizadas por empresas costarricenses en el 2021, ya superaban los US$308 millones, con buenas perspectivas de ir en aumento.
Asimismo, no está demás considerar que existe una “Comisión de Libre Comercio” establecida en el marco del citado TLC, que ha realizado seis reuniones desde la fecha de entrada en vigor, en las que se han discutido y acordado modificaciones respecto a reglas de origen, desgravación arancelaria y asuntos del tratado, sin que se hubiese conversado, siquiera (como es esperable) de la amenaza de “espionaje” que desde Washington nos están “sugiriendo”. En dichas reuniones bipartitas, se han abordado temas específicos de implementación y aplicación del certificado de origen, como corresponde formalmente, sin que se hubiesen presentado conflictos relevantes que resolver.
Sobre las señaladas exportaciones costarricenses por US$308 millones (2021), habría que preguntar a los empresarios exportadores de dispositivos médicos, carne y trozos de bovino, cítricos preparados o conservados, pieles y cueros, café, enchufes, circuitos integrados, y otros productos de una creciente y prometedora lista, si podrían encontrar otros destinos para sus exportaciones, en caso de que, a consecuencia del decreto ejecutivo de la “guerra comercial” que comentamos, China se desatendiera del tratado de libre comercio que sustenta ese intercambio comercial, como respuesta esperable del gobierno chino, a una barrera comercial ilegal e irrespetuosa, que se aplicaría a productos de sus nacionales.
Asimismo, habría que consultar a las empresas privadas y estatales, cuáles caminos tendría que seguir los que importan productos laminados de hierro o acero, centrales de comunicación, computadoras portátiles, teléfonos celulares, otros productos laminados planos, pantallas de televisión, automóviles y otros vehículos de transporte, llantas, juguetes, manufacturas de plástico y aparatos de radiodifusión, alimentos enlatados y congelados, etcétera, que los costarricenses importamos por un valor de US$2938 millones, si, ¡de un día para otro!, dejan de llegar a nuestros puertos y aeropuertos, productos que ya forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Costa Rica y de los proyectos de desarrollo. Ello, por la molestia de un gobierno chino que, con razón, se sentiría agredido, y que seguramente consideraría presentar demandas ante instancias de la Organización Mundial del Comercio, entre otros.
Y lo planteamos así, pues, aunque lo que el presidente quiere, para aparentemente cumplir con inconfesos compromisos, es borrar la marca Huawei del país, sería esperable una reacción no muy amistosa de China, y un conflicto internacional que pondría en juego la seriedad de Costa Rica, ante otros actores del comercio internacional.
Si Bucarest lo hizo, no significa que el “modelo rumano” también se pudiese activar en Costa Rica. Ni somos parte de la militar OTAN, ni tenemos a Rusia al frente, ni somos tan cándidos en pensar que, como pago, recibiríamos de los Estados Unidos y algunos países europeos, la “ayuda” financiera que pudiere mitigar el daño económico que fácilmente se vislumbra, y la sustitución adecuada de la tecnología de avanzada a la que estaríamos renunciando.
Lo que además está muy claro, es que Costa Rica está muy rezagada en tecnología 5G, según lo advirtió también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que, por definición, vela por el buen diseño de políticas gubernamentales, que nos ayude a salir del subdesarrollo. El decreto de Chaves marca un rumbo claramente hacia atrás.
Las cifras son más que preocupantes. Se estima que Costa Rica perdería US$1100 millones al 2024, como consecuencia de una parálisis en 5G. Sin embargo, frente a esa amenaza, la buena noticia es que empresas como Huawei y otras cuatro multinacionales, se han mostrado interesadas en concursar por brindar esos servicios en nuestro país, por lo cual, necesariamente, hemos de guardar prudente distancia entre la guerra comercial que ha iniciado los EUA frente a China. Pero, paradójicamente, aunque Chaves ha declarado que “Costa Rica no se va a meter en un pleito entre elefantes”, es precisamente lo que está haciendo, al alinearse con los EUA, para tratar de “golpear”, desde nuestro diminuto país, a la empresa líder a nivel planetario, en el campo de la información y la tecnología de las comunicaciones, en infraestructura y equipos inteligentes, que cuenta con más de 200.000 empleados y que opera en más de 170 países, donde sirve a más de tres mil millones de personas.
Por otro lado, el éxito de Estados Unidos por presionar a otros países a que rechacen realizar negocios con Huawei ha sido limitado hasta el momento, pues países como Alemania, España, Suiza, Canadá o Francia han descartado las advertencias norteamericanas, permitiendo el acceso al fabricante chino a desplegar las redes 5G en sus territorios. Y, aunque sus gobiernos presentan algunas divergentes acciones internas, comprenden lo que realmente se mueve alrededor de las presiones potentes surgidas desde Washington. Hay rumores de acciones en Europa contra Huawei, pero los números no mienten. Según un estudio de Copenhagen Economics, la gran empresa china “contribuyó con 12.300 millones de euros a la economía europea en 2021 y contribuyó con más de 140.000 empleos en la Unión Europea”. Así, la prudencia de Confucio, aunque occidentales, como que les manda tener cuidado.
Aunque es incomparable en magnitud lo que sucedería en Costa Rica en caso de que nuestro país se involucre imprudentemente en ese “pleito entre elefantes”, es reconocido que en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), formidable empresa estatal que extiende su radio de acción hacia la generación y distribución eléctrica, y las telecomunicaciones, el anuncio presidencial ha provocado desazón en varios departamentos. El ICE quiere darnos la mejor tecnología 5G, al mejor precio y el más eficiente respaldo, y para alcanzar ese objetivo, es claro que no puede actuar, pretendiendo que Huawei no existiera, y menos, si se hace a partir de pretextos como “amenazas a la seguridad nacional” y “espionaje”. Es cierto que el público en general desconoce los alcances e importancia de “eso que llaman 5G”, pero hace menos de 20 años, tampoco entendíamos “eso que llaman Internet”, cuando daba sus primeros pasos en la Universidad de Costa Rica. Hoy pocos dudan de su trascendencia y muchos gozamos de sus beneficios.
Sobre la tecnología 5G, se pueden resumir sus aspectos positivos, acotando que permite mayor capacidad de transmisión de datos, velocidad en navegación e incluso la posibilidad de ayudar a reducir la brecha digital en Costa Rica, donde un millón de compatriotas en pobreza no tienen acceso a Internet. Además, 5G mejora la respuesta en tiempo real y es crucial para el funcionamiento de telemedicina y realidad virtual, permitiendo la interconexión de una mayor cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, lo cual es fundamental para aplicaciones de la “Internet de las cosas” (IoT). Y aunque parezca de fábula, nos abre las puertas a la implementación de ciudades inteligentes, a lo que se suma un área muy importante, como es el impulso de distintas industrias con mejor sustento tecnológico, y el fomento de nuevos procesos en agricultura, manufactura, turismo y educación, entre otros. Por eso, repetimos, son como autopistas de 10 carriles o más, que vendrán a sustituir carreteras de lastre, si queremos aspirar los costarricenses a una calidad de vida mejor, por un desarrollo de la mano con el progreso, si de verdad queremos avanzar hacia el desarrollo.
Las contradicciones
Y es aquí donde precisamente nos llueven las interrogantes, pues cuesta entender cómo, por un lado, desde el gobierno, se habla de implementar la tecnología 5G para el año entrante, mientras por otro se le ponen amarras al ICE para cumplir con esa tarea propia de su campo de acción; tarea fundamental para su permanencia en el tiempo. Al anunciar a las empresas que están respondiendo a las licitaciones, desde el ICE nos dicen que “estas empresas serán responsables del desarrollo e implementación de la suite de servicios empresariales 5G, como un habilitador de desarrollo para empresas e instituciones, con necesidades de comunicación específicas que garanticen soluciones de alta velocidad, disponibles y seguras”, al tiempo que se cita como interesadas a competir bajo similares condiciones, a Consorcio Datasys Group Vinet (representante de Nokia), así como a Sonda CR-CL, Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica y One Way Technologies (representantes de Huawei).
Sin duda alguna, el ICE se vislumbra como el más afectado por las consecuencias del decreto ejecutivo, pues, inevitablemente, sus proyectos de desarrollo más recientes están vinculados con la marca Huawei, por lo señalado antes. La estructuración de las redes privadas para 5G, así como su operación eficiente, es parte de esa realidad tecnológica. No se puede desconocer, como parece lo hace nuestro presidente, que, durante el presente año, un 38% de las licitaciones procesadas por el ICE, se han dirigido hacia Huawei, y decenas de miles de millones de colones ha invertido nuestra empresa estatal en productos de dicha empresa china, siempre en busca de mejores condiciones para el Instituto y los costarricenses.
Si los enemigos del ICE quisieran debilitar a la empresa del Estado, frente a las corporaciones multimillonarias protegidas por otros tratados de libre comercio, diferentes al de Costa Rica con China, el ICE simplemente caería de rodillas ante los que quieren privatizarlo, venderlo o comprarlo. Más allá del doble discurso, que por un lado dicen querer fortalecerlo, se presentan situaciones como las que se derivarían del desdichado decreto ejecutivo que, de ponerse en vigencia, sería como el verdugo medieval muy dispuesto a cortar la cabeza del ente estatal, ante el imperdonable silencio de su junta directiva y su presidente ejecutivo.
No puede Costa Rica, no debemos permitirlo, involucrarse en ese conflicto de Estados Unidos contra Huawei, caracterizado por elementos comerciales, políticos, electorales e ideológicos, donde nuestro pequeño país solo lleva las de perder. Mientras el gran Brasil del presidente Lula, por ejemplo, más bien se acerca amistosamente a China, con muy buenas ideas, para el desarrollo de gigantescos proyectos beneficiosos para sus habitantes, aquí, desde nuestra pequeñez, le lanzamos un guante inamistoso al grandioso país asiático. Gesto que inevitablemente vemos vinculado, con la suspensión de la visita del presidente Chaves a China, “por cuestiones de agenda”, dijo Casa Presidencial.
Sabemos que ya se están dando reacciones de parte de diversos sectores nacionales, justamente preocupados con los sucesos comentados. Reacciones que esperamos puedan, uniendo fuerzas, detener cuanto antes el daño que se vislumbra para la nación. Las consecuencias negativas, en sus diversas aristas, si se deja profundizar, sería irreparable y muy costoso para el pueblo costarricense.
19/9/2023