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Justicia penal: de la visión a la ceguera

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial costarricense de hoy, en materia penal, es resultado del proceso de reforma institucional y legal más relevante de su historia. Hace poco más de 50 años un grupo de juristas y políticos visionarios impulsaron la promulgación de un nuevo Código Penal (1970), un Código de Procedimientos Penales (1974), renovaron leyes orgánicas para el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial; se reorganizó y fortaleció también la Defensa Pública y se puso en marcha un modelo penitenciario transformador mediante el proyecto de “La Reforma”.

Se requirieron muchos años de estudio y planificación por parte de personas expertas y autoridades, nacionales y extranjeras, para que el país contara con una legislación penal sustantiva -entonces modernizada-, conforme los principios republicano-democráticos; el proceso penal abandonó los oscuros gabinetes de la inquisición medieval (escrito y secreto), para abrir la puerta a los juicios orales y públicos, cuyo aporte principal fue el control político que la ciudadanía podía ejercer sobre los tribunales a la hora de impartir justicia. Por otra parte, se trasladó la función de perseguir y acusar delitos desde el Poder Ejecutivo (Procuraduría General) al Poder Judicial (como órgano auxiliar de justicia), ubicando el Ministerio Público en un lugar más neutral, otorgándole mayor independencia, rango y recursos, así como procurando que el proceso penal no fuera más un arma político-partidaria para perseguir adversarios y proteger correligionarios. Se fundó el OIJ, para la investigación técnico-científica de los hechos criminales, dejando atrás el barbarismo de cuerpos policiacos de detectives improvisados, subordinados al Gobierno de turno, proclives a la arbitrariedad, el abuso y hasta la tortura. Una Defensa Pública eficiente y eficaz, superó los tiempos en que este derecho era un simple nombramiento en el papel, para asegurar en adelante que toda persona acusada pudiera contar con un acompañamiento profesional de calidad, que garantizara el respeto a sus derechos fundamentales. Por último, se abandonó el concepto de cárceles como meros depósitos de desechos humanos, y se apostó por un régimen penitenciario resocializador, profesionalmente asistido (psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, educadores), régimen además, progresivo y humanista, capaz de superar la ideología del punitivismo vengador, al ofrecer mecanismos de superación para los privados de libertad por medio de la educación y el trabajo.

Semejantes transformaciones le dieron a Costa Rica su prestigio y renombre como nación respetuosa y defensora de los derechos humanos, convirtiéndola en líder continental que albergó la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), convirtió nuestro país en sede de la Corte Interamericana (CIDH) y su Instituto, así como del Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). También fuimos el ejemplo a seguir cuando las dictaduras militares asolaron la región latinoamericana y nos dieron autoridad para impulsar y mediar en procesos de democratización y negociación que trajeron paz a Centroamérica y a merecer un Premio Novel en la materia. Por cierto, muchos connacionales, dado ese mismo prestigio, asesoraron los poderes judiciales y sus escuelas de capacitación en las democracias nacientes de la región, así como también muchos otros tuvieron oportunidad de servir en organismos internacionales, trabajar como asesores en centros universitarios de alto nivel y en programas de desarrollo humano en múltiples especialidades.

Sin duda, en estos últimos 50 años se ha vivido en el campo penal –y conseguido en parte- una aspiración democrática fuerte, resultado de liderazgos con visión de futuro, con doctrinas sólidas y propuestas de políticas públicas de largo alcance, en dirección hacia décadas por delante, que alcanzaran a muchas generaciones futuras.

Estos esfuerzos no han podido mantenerse lo suficiente en los últimos tiempos. La confianza en la democracia se ha debilitado. Han fallado las instituciones en la prestación de servicios básicos y se ha deteriorado el acceso a derechos fundamentales. La corrupción público/privada ha generado una indignación difusa contra la política en general. Grandes mayorías se han ido quedando fuera del reparto de la riqueza social y todo ese complejo panorama nos ha traído donde estamos: la pesadilla de la demagogia, la mentira y el populismo irresponsables. La cuestión política a resolver siempre ha sido la misma. Ayer como hoy lo fundamental ha sido construir, incluir, avanzar, actualizar derechos para todas las personas, dar un mínimo de calidad de vida a las mayorías y cultivar el sueño de un futuro mejor. Más temprano que tarde seremos juzgados, como generación, por lo que hicimos tanto como por lo que dejamos de hacer. Hay realidades que no pueden esconderse tras discursos virulentos, descalificaciones o insultos destemplados. La realidad siempre terminará imponiéndose con datos duros, evidenciando avances o retrocesos, logaros en paz y justicia o una conflictividad social cada vez más exacerbada.

El contraste entre lo mejor que hemos sido y el presente, sobre todo a partir de mayo de 2022, es desolador y dramático. La incapacidad de pensar y proponer soluciones de largo plazo es evidente. En el pasado gobierno y el presente, en materia de inseguridad y violencia social, así como sus respuestas penales, sólo hemos oído estridentes ocurrencias como encerrar a cada vez más gente (al estilo Bukele), pintar a los presos y presas de naranja fosforescente, llevar de paseo a escolares de barriadas pobres a visitar cárceles para que escarmienten sobre lo que les espera, asestar un golpe a la independencia del Ministerio Público otorgándole a la Asamblea Legislativa el nombramiento de su jerarca, propuesta inaceptable por regresiva, improvisada y con aroma a desquites personales. La capacidad de visión ha desaparecido, la ceguera es total.

Además, como de antemano el oficialismo sabe que nada de todo esto funcionará, le han declarado la guerra al Poder Judicial. Lo culpan de la inseguridad que se vive ignorando el mandato constitucional de que la prevención y el orden público son tareas a cargo del Poder Ejecutivo, y no de fiscales o jueces. En el colmo de un ejercicio de poder irresponsable, nos quieren llevar al caos institucional boicoteando el nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional. Con esto no sólo quieren impedir que los jerarcas del oficialismo rindan cuentas ante la justicia, sino que buscan deteriorar el servicio público para continuar en su campaña de desprestigio contra la Administración de Justicia. No les importa que cientos o miles de ciudadanos se queden sin resolver reclamos en defensa de sus legítimos derechos. Pero además, la otra estrategia de “gobierno” es asfixiar presupuestariamente al Poder Judicial y demás órganos estatales de control. De nuevo no hay claridad sobre los propósitos últimos de estas estratagemas, dado que el único perjudicado es un público que requiere de servicios indispensables que le serán retardados o denegados.

Pero quizá lo que mayor desconsuelo provoca es el legado que ya nos está dejando el chavismo: la imagen de una Costa Rica en el mundo degradada y deteriorada. Evaluaciones de la OCDE, Transparencia Internacional, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, muestran claros retrocesos en los últimos años en materias como educación, seguridad y percepción de la corrupción. También se incluyen dictámenes alarmantes de observadores externos sobre libertad de prensa y amenazas inéditas a la independencia judicial. La cereza de este pastel en franco proceso de descomposición es ver a nuestros representantes ante Naciones Unidas del lado de quienes defienden el bloque inhumano a Cuba, o quienes justifican el genocidio de Israel sobre Palestina, o las declaraciones oficiales contra los derechos de las mujeres o de las minorías identitarias.

El pasado viernes 17 julio un grupo de costarricenses nos congregamos en el bulevar de los Tribunales de Justicia de San José, en defensa del Poder Judicial. Fue una oportunidad para recordar el origen histórico de las instituciones judiciales en el campo penal y un homenaje a los hombres y mujeres visionarios que sentaron las bases de una justicia democrática sólida, respetuosa de la legalidad y los derechos humanos. Una justicia que 50 años después vale la pena conmemorar y defender. Nadie se acordará, dentro de otro medio siglo, de quienes hoy quieren arrasar con todas esas conquistas históricas con medidas improvisadas, intrascendentes e irresponsables.

Los renovados rostros de tres naturalistas alemanes

Publicado originalmente en la revista digital europea MEER

Luko Hilje (lukohilje@gmail.com)

Apasionado por la iconografía, como lo soy, y en particular por la fotografía, cuando me interesé en la vida y la obra de los primeros naturalistas que exploraron Costa Rica —hace unos 20 años—, me di a la tarea de buscar imágenes para ilustrar mis artículos y libros acerca de ellos. La culminación de ese esfuerzo fue el voluminoso libro Trópico agreste; la huella de los naturalistas alemanes en la Costa Rica del siglo XIX (2013), publicado siete años después, y cuyas 865 páginas están ilustradas con 498 figuras (dibujos, pinturas, grabados y fotografías), muchas de ellas de difícil consecución.

Es en ese contexto que hoy deseo referirme a los tres personajes principales de mi libro, como lo fueron los médicos Karl Hoffmann Brehmer y Alexander von Frantzius Ritt, y el maestro-jardinero Julián Carnigohl Grasneck. En efecto, aunque conseguir retratos de ellos no fue difícil —como ya lo explicaré—, sí lo fue que tuvieran la resolución, la nitidez o la calidad suficientes para que las imágenes resultaran bien impresas.

A continuación me voy a referir a la situación con cada uno de ellos, pero no en el orden en que los cité, sino más bien en el de la complejidad de la tarea que debí enfrentar para contar con buenas fotografías, así como en lo que he hecho recientemente para mejorarlas. Esto último se debe a que en semanas recientes me he puesto a travesear con el programa de inteligencia artificial ChatGPT, al cual prefiero llamarlo ChatGePeTo, como al creador del célebre Pinocho.

Para empezar, debo destacar que conseguir fotos de Karnigohl —quien españolizó su apellido a Carmiol, para evitarle dolores de cabeza a la gente— resultó sencillo, pues fue el único de los tres que dejó descendencia. Y, como su tataranieta, la bióloga Ligia Carmiol Fernández, fue compañera de trabajo en la Universidad Nacional (UNA) hace muchos años, recurrí a ella, y con éxito.

Efectivamente, de su ancestro hay dos fotografías originales, aunque de fechas desconocidas, las cuales conservaba su padre Francisco Carmiol Calvo. Eso sí, su calidad es muy diferente. En una, de tonalidad sepia, aparece con una de sus hijas, mientras que en la otra, en blanco y negro, está solo; esta última ilustró el artículo Apuntes para la biografía de don Julián Carmiol G., publicado por don Francisco en la Revista de Agricultura (1973, Nos. 1-4). Ella me comentó que el original —que era lo que yo deseaba obtener— lo tenía un pariente, a quien se lo solicitó para mi libro, pero nunca lo pudo hallar, y él falleció en años recientes.

Fue por ello que en mi libro Trópico agreste, así como en otros artículos en que menciono a Carmiol, me vi obligado a incluir una fotocopia de esa foto, con los inconvenientes que eso representa; aquí se aplica el refrán “a falta de pan, acemitas” que, por cierto, ya nadie usa, pero que era común en nuestra infancia, cuando las acemitas —ricas, aunque un poquito duras— se vendían en las pulperías. Sin embargo, por fortuna, en estos días logré, gracias a GePeTo, elaborar una imagen que refleja a cabalidad los rasgos fisonómicos de Carmiol, y que, como una primicia, comparto ahora con los lectores de este artículo. También comparto la renovada imagen en la que aparece con una de sus hijas, de impecable calidad.

Para continuar con el segundo naturalista, de von Frantzius había una foto nada más, y de mala calidad, por lo que también debí fotocopiarla. Dicha imagen apareció en la breve semblanza Alejandro v. Frantzius, publicada por el también naturalista José Fidel Tristán Fernández en la revista Páginas Ilustradas (1907, No. 128).

Conocido este retrato, supuse que estaría en los archivos del Museo Real de Zoología de Berlín o del Instituto Smithsoniano, en Washington, con los que von Frantzius colaboró por muchos años, y me di a la tarea de averiguar con contactos si estaban allá, pues ambos entes tienen buenos archivos fotográficos de científicos nacionales y extranjeros. No obstante, mis indagaciones fueron infructuosas, y no me quedó más opción que publicarla tal cual, una y otra vez, no solo en mi libro Trópico agreste, sino que también en varios artículos académicos y divulgativos que he escrito sobre este fecundo científico. Sin embargo, para mi suerte —y sin buscarla, como sucede a veces cuando uno anda con el radar activado—, hace pocos meses llegó a mí otra biografía sobre él, aún más breve, intitulada El doctor Alejandro von Frantzius, también de Tristán; la publicó en la revista El Repertorio (1897, No. 2). Eso sí, por fortuna, la fotografía que la acompaña es de mucha mejor calidad que la primera.

Ahora bien, subsiste la duda acerca de dónde la obtuvo Tristán. Mi hipótesis es que quien la conservó por muchos años fue José Cástulo Zeledón Porras, discípulo de von Frantzius —que fue su mentor y padre científico—, a quien éste quizás se la dejó de recuerdo, cuando en 1868 partió hacia Alemania, y que en algún momento él se la prestó a Tristán. De ser cierto esto, no hay duda de que Tristán se la devolvió a Zeledón, pues, si no, la foto estaría hoy en el Fondo Particular José Fidel Tristán, en el Archivo Nacional. Y, como Zeledón no tuvo descendencia, es muy posible que después de su muerte, en 1923, el original de la foto desapareciera, junto con todos sus archivos, que uno hubiera esperado que su esposa Amparo López-Calleja Basulto los entregara al Museo Nacional. O tal vez lo hizo, pues ella fue miembro de la junta directiva de esta entidad, y quizás fue allí donde tan preciados archivos se dañaron o se extraviaron, en alguno de sus recurrentes avatares.

En todo caso, la buena noticia es que —una vez más, al igual que con Carmiol— GePeTo recientemente me ha deparado, con base en la imagen publicada por Tristán, una fotografía realmente formidable de von Frantzius, que también muestro aquí como primicia. Basta con un cotejo rápido de ambas fotos para percatarse de la multitud de rasgos que, de manera prolija, ha podido rescatar y resaltar ese sorprendente programa de inteligencia artificial.

Ahora bien, tengo la impresión de que —a la usanza de la época—, la foto de von Frantzius era de cuerpo entero, y que Tristán la recortó, para destacar más de cerca los rasgos del rostro su biografiado. ¡Vaya uno a saber!

Para concluir lo referido a von Frantzius, debo mencionar un insólito hallazgo cuando visité el Instituto Smithsoniano, durante la gestación de Trópico agreste. Aunque sabía que ellos no tienen la foto de von Frantzius que yo anhelaba, sí conocía que poseían el original de una de José Cástulo Zeledón, pues él hizo una pasantía ahí, entre 1868 y 1872. Por tanto, una venturosa mañana, al hurgar en un archivo fotográfico en busca de la foto de Zeledón —entre muchas otras de científicos—, me quedé estupefacto, al presenciar frente a mí una foto de von Frantzius que desconocía, y que pronto pude reproducir gracias a la gentileza de Li Ju, un fotógrafo profesional chino que en esos días realizaba un proyecto ahí.

En efecto, marcada con el código 15286 de los Archivos del Instituto Smithsoniano (SA-570), en esa foto —que no muestro en esta artículo, por falta de espacio— se observa un individuo de semblante sereno y cálido, pero con notorios signos de deterioro físico. Captada en el estudio Rulf & Dilger, en Friburgo, Alemania, dicha imagen data de 1876, cuando la enfermedad asmática que lo agobió durante casi toda su vida había causado serios estragos en él, como lo documento en detalle en Trópico agreste. En síntesis, faltaba poco para su final, ocurrido el 18 de julio de 1877, recién cumplidos los 56 años de edad. ¡Algo muy triste, realmente!

Bueno…, debo referirme por último a Hoffmann, de quien hay una sola imagen, de buena calidad, que por muchos años atesoró el connotado historiador Carlos Meléndez Chaverri. Esa foto la conocí gracias a su libro Carl Hoffman. Viajes por Costa Rica (1976), tras lo cual, después de ser retocada por la amiga Silvia Troyo Jiménez —bisnieta de don Anastasio Alfaro—, me la facilitó la geógrafa Silvia Meléndez Dobles, hija del citado historiador. Al consultarle dónde obtuvo su padre dicha imagen, ella me indicó que es parte de un álbum con fotos de varios personajes que, al parecer, él compró a un coleccionista. Esto es providencial realmente, pues, de otra manera el retrato se habría extraviado para siempre, y nunca hubiéramos conocido el rostro de tan importante científico y médico. De hecho, aparte de que no tuvo descendencia, la fotografía ni siquiera está en los archivos del Museo Botánico de Berlín ni del Museo Real de Zoología de Berlín, con los que Hoffmann mantuvo una muy cercana relación.

Ahora bien, aunque feliz de tener esa imagen en mis manos, caló un poco el desánimo, pues bastó con hurgar un poco en las actividades de campo de Hoffmann en Costa Rica, para que se suscitaran algunas dudas acerca de su apariencia física.

Efectivamente, tan pronto como arribó a nuestro país, él desplegó sus destrezas de infatigable recolector de plantas y animales, durante largas jornadas en el campo, incluidos los agobiantes y extenuantes ascensos a los volcanes Irazú y Barva. En realidad, es muy improbable que una persona tan obesa como la mostrada en la foto pudiera haber hecho eso. Y, en gran medida, ello es valedero también para un médico que poco después debió fungir como Cirujano Mayor del Ejército Expedicionario en los frentes de batalla, durante la primera etapa de la Campaña Nacional contra el ejército filibustero de William Walker.

Al respecto, se cuenta con un revelador testimonio, del combatiente Juan Blas Venegas, quien lo describió así, cuando Hoffmann era un muchacho de apenas 32 años: “Era un hombre en la flor de la vida, alto, galán, de barba negra, valiente como pocos, afectuoso y servicial lo mismo con el Presidente de la República que con el último soldado” (La Tribuna, 19-IV-1929, p. 6). Según otro dato, que aparece en nuestro libro Karl Hoffmann, médico y héroe en la Campaña Nacional, medía cerca de 1,80 metros, y todo sugiere que era de contextura fornida y vigorosa. Obviamente, ese no es ni por asomo el individuo que aparece en la foto. ¿Entonces? Para responder a esta interrogante hay una pista clave.

En efecto, al insertar la foto de Hoffmann en su libro, Meléndez tuvo el tino de incluir al pie el apellido del fotógrafo: Buchanan. Esto me permitió hacer algunas indagaciones esclarecedoras. Por ejemplo, como lo documentamos en el libro recién mencionado, este estadounidense, de nombre William, estuvo en Costa Rica en varios períodos, y uno de ellos fue en el segundo semestre de 1857, justamente cuando Hoffmann estaba muy enfermo. Su padecimiento, de origen incierto y, al parecer, asociado con la médula ósea, era de carácter crónico y degenerativo, lo cual explica que, cuando posó ante Buchanan, se le percibía abotagado, con una notoria papada, y las manos muy inflamadas. En síntesis, su deplorable estado de salud, muy evidente en la foto, enmascaraba su verdadero aspecto físico.

Fue por ello que, consciente de esta distorsión, para mis libros sobre Hoffmann le pedí a mi querido amigo, el pintor alajuelense Carlos Aguilar Durán, que recreara algunas imágenes en las que se percibiera a Hoffmann como un individuo de salud satisfactoria. La última vez que lo hizo, incluso le solicité valerse de algunos rasgos de mi amigo Frithjof (Federico o Fred) Hoffmann, a quien en una ocasión le tomé varias fotos que ayudaran a perfilar mejor a su lejano pariente; aunque su grado de parentesco no está del todo claro, Fred pareciera descender de un primo hermano de Karl, y nació en Stettin, la misma ciudad de éste. Es pertinente mencionar que él llegó a Costa Rica en 1962, y aquí se casó con Marielos Mesén Araya, pero después retornó a Alemania, tras lo cual retornó y se instaló de nuevo en Costa Rica, y hoy reside en San Isidro de Heredia, no muy lejos de mi casa.

Para retornar a la imagen de Hoffmann, aunque los esfuerzos pictóricos de Carlos sin duda fueron meritorios, continuaban siendo insuficientes. En realidad, siempre había pensado que lo ideal sería “jugar” un poco con la única foto existente, para corregirle lo que fuera inapropiado, pero no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, como lo indiqué al principio, hace unas semanas apareció en mi vida el providencial GePeTo, y aquí estoy, muy contento.

Debo confesar que a mi impericia se sumó el hecho de que este programa no siempre respeta a plenitud la fidelidad de las imágenes, por lo que tuve que hacer numerosos intentos —no pocas veces frustrantes— para lograr lo que deseaba. Se trataba de remover hasta lo posible los rasgos físicos asociados con la enfermedad de Hoffmann, es decir, la inflamación general del cuerpo, manifiesto sobre todo en el vientre abultado, la cara llena, la carnosidad de la papada, y las manos hinchadas.

A su vez, era necesaria la definición o pulimiento de algunos rasgos que aparecen apenas insinuados —debido a la enfermedad, la calidad de la imagen o la pose de Hoffmann—, que Fred me dijo que son muy constantes en la estirpe Hoffmann, como la nariz aguileña, las orejas grandes, pero bien proporcionadas, los ojos verdes y las “entradas” en el cuero cabelludo. En cuanto a estas últimas, me sentí tentado a agregar más pelo, asumiendo que la enfermedad podría haber acelerado su caída, pero preferí respetar su apariencia en ese sentido; al respecto, en el momento de la foto Hoffmann rondaba los 34 años, pero no puede descartarse que, por factores genéticos, padeciera de calvicie o alopecia prematura.

En fin, hechas todas esas modificaciones, logré reconstruir una imagen que me parece bastante fiel o veraz del aspecto de Hoffmann a esa edad, pero sin los síntomas de la enfermedad que por tantos años lo aquejó, al punto de que provocó su muerte el 11 de mayo de 1859, cuando él tenía apenas 35 años de edad. Esa imagen la comparto aquí.

Para concluir, gracias a ese extraordinario y sorprendente programa de inteligencia artificial —aunque, en mi corta experiencia, no es muy fiable para reproducir rostros fotografiados a cierta distancia—, de esta manera he podido restaurar cinco fotografías que, deterioradas por el tiempo o por su reproducción sucesiva, tienen un gran valor histórico. Por tanto, quedan ante sus ojos, amigos lectores, los renovados rostros de tres notables naturalistas alemanes —a quienes tanto les debemos—, y que a partir de ahora vienen a enriquecer el acervo pictórico de los pioneros de nuestras ciencias naturales.

En la imagen de portada se aprecia a Julián Carmiol con una de sus hijas, en foto retocada.

  1. Karl Hoffmann, en la foto original

  2. Alexander von Frantzius, en la foto original

  3. Julián Carmiol, en la foto original

  4. Karl Hoffmann, en la foto retocada

  5. Alexander von Frantzius, en la foto retocada

  6. Julián Carmiol, en la foto retocada

La Asociación Americana de Juristas denuncia ante la ONU ataques a la independencia judicial en cinco países de América Latina

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del 62° período de sesiones (15 de junio al 10 de julio de 2026), una exposición escrita en la que documenta graves afectaciones a la independencia judicial en Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Honduras. El documento, dirigido a la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, señala que en estos cinco países el Poder Ejecutivo ha desplegado mecanismos de presión, hostigamiento y control político sobre magistrados y abogados, en contravención de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura.

En el caso de Argentina, la AAJ señala una política de control del Poder Judicial vinculada a la Ley de Modernización Laboral, cuyo artículo 90 obliga a los jueces laborales a ajustar sus fallos a los precedentes de la Corte Suprema, bajo riesgo de sanción por «mal desempeño» en caso de apartamiento. El documento cita el caso del juez Raúl Horacio Ojeda, quien enfrentó una denuncia penal y solicitud de destitución tras suspender parte de la reforma, en contraste con el camarista Víctor Pesino, cuyo mandato fue prorrogado luego de fallar a favor del gobierno.

Sobre Costa Rica, el escrito indica que, pese a que la Jurisdicción Constitucional ha ejercido históricamente un control eficaz frente a abusos del poder público, el gobierno actual —según la AAJ, en su cuarto año de gestión— ha consolidado su ventaja legislativa y amenaza con someter al Poder Judicial a control político.

En Ecuador, la AAJ documenta el hostigamiento público desde la Presidencia contra los jueces Alí Lozada y José Luis Terán, ponentes de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de Solidaridad e Integridad Pública, incluida la difusión de informes de la Contraloría sobre sus declaraciones patrimoniales sin notificación previa, y una marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa en agosto de 2025 en la que se exhibieron pancartas con las fotografías de los nueve jueces de la Corte Constitucional.

Respecto de El Salvador, el documento recuerda la destitución de las cinco magistraturas de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2021 y la jubilación forzosa de jueces mayores de 60 años mediante el Decreto Legislativo N.° 144, medida que —según la AAJ— permitió depurar aproximadamente un tercio de las judicaturas del país.

Sobre Honduras, la AAJ señala que, tras la asunción de un nuevo gobierno con mayoría legislativa el 27 de enero de 2026, se forzó la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia bajo amenaza de juicio político, y que la elección posterior del nuevo presidente de ese tribunal se realizó en contravención del artículo 315 de la Constitución hondureña.

La AAJ solicita a la Relatora Especial examinar con carácter prioritario estas situaciones, dirigir comunicaciones urgentes a los cinco gobiernos, e instarlos a abstenerse de toda forma de presión o persecución contra magistrados por el contenido de sus resoluciones.

Cinco razones para abrir un debate sobre el aeropuerto internacional de la Zona Sur

Por el Programa Kioscos Socioambientales*

Durante las últimas semanas, la discusión sobre la construcción de un aeropuerto internacional en Palmar Sur de Osa se ha centrado casi exclusivamente en la presencia o ausencia de hallazgos arqueológicos en el sitio donde se pretende desarrollar la pista del proyecto. Sin duda, la protección del patrimonio arqueológico es fundamental. Sin embargo, reducir la discusión a ese único aspecto invisibiliza otros impactos ambientales, sociales, territoriales y económicos igualmente relevantes.

Aún queda un largo camino para determinar si un proyecto de esta magnitud es ambiental y socialmente viable. Cualquier propuesta debería ser evaluada de manera integral, incluyendo el análisis de sus posibles implicaciones para el Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad de las Esferas del Diquís y para el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.

Desde hace más de veinte años existe el interés de construir este aeropuerto en un territorio ubicado entre las comunidades campesinas de Finca 9 y Finca 10, muy cerca del Humedal Nacional Térraba-Sierpe y del conjunto de sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en Finca 6.

Más allá del debate arqueológico, y a pesar de que hay una importante lista de cuestionamientos, existen al menos cinco razones de fondo para cuestionar este proyecto.

1. Implicaría el desplazamiento de comunidades campesinas y la pérdida de un territorio con identidad propia

El aeropuerto no se construiría sobre un territorio vacío. En Finca 9 y Finca 10 viven familias campesinas que durante décadas han construido comunidad, desarrollado formas de producción agrícola y tejido una memoria colectiva ligada al territorio. Estas familias han permanecido en estas dos comunidades desde que la Compañía Bananera de Costa Rica abandonó la zona en 1984.

No se trata únicamente de reubicar viviendas. El desplazamiento de estas comunidades significaría afectar formas de vida, redes de solidaridad, conocimientos campesinos y una identidad territorial construida durante generaciones, que ahora se ve amenazada de desaparecer. Cualquier discusión sobre infraestructura debe comenzar preguntándose quiénes asumen los costos del llamado «desarrollo» y quiénes reciben sus beneficios.

2. Pondría en riesgo la producción de alimentos y el modelo de desarrollo local

Las comunidades afectadas constituyen un importante territorio de producción agrícola que abastece mercados locales y sostiene economías familiares campesinas.

La sustitución de tierras agrícolas por infraestructura aeroportuaria y los desarrollos asociados implicaría reducir la capacidad productiva de la región y favorecer un modelo basado en la expansión inmobiliaria, el turismo masivo y los servicios, en detrimento de la agricultura y la soberanía alimentaria.

La pregunta de fondo es ¿qué modelo de desarrollo quiere construirse para la Zona Sur?

3. Aumentaría la presión sobre uno de los humedales más importantes de Centroamérica

A menos de un kilómetro del proyecto se encuentra el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, uno de los complejos de manglar más importantes del Pacífico centroamericano y catalogado como sitio Ramsar de importancia internacional desde 1995.

El impacto no se limitaría a la construcción de una pista, aunque resulta cuestionable la posibilidad de armonizar vuelos y despegues de aviones con pasos de aves migratorias, donde el humedal forma parte de su hábitat. Un aeropuerto internacional suele inducir carreteras, hoteles, comercios, centros logísticos, urbanizaciones y nuevos servicios que incrementan la presión sobre los ecosistemas, la demanda de tierra, agua, la generación de residuos y la contaminación.

La magnitud de estas transformaciones exige una evaluación integral de sus efectos acumulativos y sinérgicos sobre el humedal y sobre todo el territorio.

4. El patrimonio arqueológico debe entenderse como parte de un paisaje cultural

El patrimonio arqueológico del Diquís no está compuesto por sitios aislados, sino por un paisaje cultural de valor excepcional reconocido por la UNESCO.

Más allá de los hallazgos dentro del área del aeropuerto, se deben considerar los impactos indirectos derivados del incremento del tránsito, las vibraciones, la expansión urbana y la infraestructura asociada, que pueden alterar el contexto donde este patrimonio adquiere sentido.

La discusión no puede limitarse al punto exacto donde se construiría la pista, sino abarcar el conjunto del paisaje cultural y sus relaciones con el territorio. La pregunta acá es ¿Está dispuesto el Estado costarricense a que la declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO para las esferas de piedra se vea amenazada y con posibilidades de ser retirada?

5. Es un territorio vulnerable y sin condiciones adecuadas de planificación

La zona propuesta fue y de alguna forma sigue siendo humedal (tipo de ecosistemas, inundable, suelos, etc) y por lo tanto presenta una alta vulnerabilidad frente a inundaciones y otros riesgos asociados al cambio climático, lo que obligaría a realizar importantes obras de drenaje y modificación hidrológica, con elevados costos económicos y ambientales. Por ejemplo, la pista de aterrizaje debería estar al menos a 3 o 4 metros más arriba de la topografía actual, ya que, en eventos como la Tormenta Nate del 2017, el agua llegó hasta a 2 metros de altura en la zona del proyecto.

La Fila Costeña está sometida a un fuerte proceso de especulación inmobiliaria. Un aeropuerto internacional modificaría el modelo de ecoturismo y la vocación agrícola de la zona, dando lugar a un turismo masivo, residencias de lujo y finalmente, turistificación y gentrificación.

A ello se suma que el cantón de Osa aún carece de un instrumento de ordenamiento territorial plenamente consolidado que permita orientar el crecimiento urbano y turístico que inevitablemente acompañaría un aeropuerto internacional. La experiencia demuestra que, cuando la planificación llega después de las grandes inversiones, buena parte de los impactos ya son irreversibles: fragmentación de bosques, pérdida de humedales, apertura de caminos, expansión inmobiliaria y especulación y concentración de la tierra. Para la Zona Sur, el costo ambiental podría ser muy alto si se considera el papel determinante de la naturaleza dentro de actividades económicas como el ecoturismo y el turismo rural comunitario.

El debate debe ser mucho más amplio

La discusión sobre el aeropuerto de Palmar Sur no puede reducirse a la existencia o no de hallazgos arqueológicos en un punto específico del terreno.

Lo que está en juego es el futuro de uno de los paisajes bioculturales más importantes de Costa Rica: ¿La Guanacastización de Osa? la permanencia de comunidades campesinas, la producción de alimentos, la protección del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, la conservación del patrimonio arqueológico y cultural, la gestión de los riesgos ambientales y el modelo de desarrollo que se quiere impulsar para la Zona Sur.

Costa Rica debe preguntarse no solo si es posible construir un aeropuerto en ese sitio, sino si ese es el lugar adecuado para una infraestructura de esa magnitud y si los beneficios públicos justifican los costos sociales, ambientales y culturales que podría generar.

Porque el patrimonio no se limita a las esferas de piedra. También lo conforman las comunidades que habitan el territorio, los humedales que sostienen la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los paisajes culturales que conservan la memoria y los bienes comunes que pertenecen a toda la sociedad.

* El Programa Kioscos Socioambientales desarrolló proyectos de Acción Social de la UCR en las comunidades de Finca 9, Finca 10, Térraba y Chánguena, en Palmar Sur de Osa, entre 2011 y 2019. Estos procesos fortalecieron organizaciones campesinas mediante el rescate de la memoria histórica del antiguo enclave bananero, la promoción de prácticas agroecológicas y el análisis de las transformaciones territoriales de la región. En este trabajo se abordaron temas como la conservación del Humedal Térraba-Sierpe, el patrimonio arqueológico de las esferas de piedra, la expansión de la palma aceitera, la gestión del riesgo por inundaciones y las implicaciones de la propuesta de construcción de un aeropuerto internacional. Asimismo, el Programa participó en la comisión institucional de la UCR encargada de valorar el estudio de impacto ambiental del proyecto aeroportuario (expediente D1-11752-2013-SETENA). Actualmente, el proyecto ED-3526 Geografía y Diálogo de Saberes acompaña a la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta en la defensa de la Fila Costeña frente al desarrollo inmobiliario. Durante estos años se llevaron a cabo una serie de producciones académicas: ver lista completa

¿Por qué la paz casi nunca dura?

José A. Amesty Rivera

(Una mirada marxista latinoamericana ante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán)

Hipótesis para el Debate y la Discusión:

Cuando los grandes medios hablan de las guerras, casi siempre nos cuentan que todo se debe al odio entre pueblos, a diferencias religiosas o a rivalidades que vienen de hace mucho tiempo. Pero esta explicación apenas muestra una parte de la realidad. Detrás de los grandes conflictos casi siempre hay intereses económicos, militares y geopolíticos mucho más profundos.

Desde una mirada marxista latinoamericana, las guerras no pueden entenderse separadas de la lucha por el poder, los recursos naturales, las rutas comerciales, los mercados y el control político. En el capitalismo, sobre todo en su etapa imperialista, la guerra deja de ser algo excepcional y pasa a ser una herramienta para defender intereses económicos y estratégicos. El conflicto entre EEUU, Israel e Irán deja ver con bastante claridad esta realidad.

Cada cierto tiempo escuchamos que hay un alto al fuego, que vuelven las negociaciones o que las tensiones han bajado, sin embargo, poco después regresan los bombardeos, las amenazas y las acusaciones. ¿Por qué pasa esto una y otra vez?

Porque las causas de fondo siguen ahí, no estamos viendo solo una pelea entre gobiernos, lo que está en juego es el control de una de las regiones más importantes del mundo desde el punto de vista energético, comercial y militar; Medio Oriente concentra enormes reservas de petróleo y gas, además de rutas estratégicas por donde pasa buena parte de la energía que mueve la economía mundial.

Quien tenga mayor control sobre esa región también tiene una enorme capacidad para influir en la economía mundial; durante décadas, EEUU ha construido una fuerte presencia militar en Medio Oriente: bases militares, alianzas, acuerdos de seguridad y tecnología de punta forman parte de una estrategia para mantener su lugar como la principal potencia del mundo.

Dentro de esta estrategia, Israel ocupa un papel clave, más allá de los vínculos históricos y políticos entre ambos países, es uno de los principales aliados militares de Washington en la región.

Por su parte, Irán busca aumentar su influencia política y militar, fortalecer su capacidad para resistir las presiones externas y consolidarse como una potencia regional capaz de desafiar el orden impulsado por EEUU.

EEUU cuenta con un poder económico, militar, financiero y tecnológico que ningún otro actor involucrado posee, tiene capacidad para imponer sanciones económicas, intervenir militarmente, influir en organismos internacionales y presionar a numerosos gobiernos alrededor del mundo.

En América Latina conocemos bastante bien cómo funciona esa relación desigual, nuestra historia está llena de bloqueos económicos, golpes de Estado, intervenciones militares, operaciones encubiertas y presiones diplomáticas, casi siempre justificadas en nombre de la democracia, la seguridad o la defensa de determinados intereses.

Por eso muchos pueblos latinoamericanos miran con desconfianza cualquier intervención de las grandes potencias, no se trata de un prejuicio; se trata de memoria histórica.

Otro tema del que se habla poco es el papel del capital; cada guerra mueve cantidades enormes de dinero, mientras millones de personas pierden sus casas, sus familias o sus vidas, otros multiplican sus ganancias.

La industria militar vende aviones, misiles, drones, radares, sistemas de defensa, municiones, satélites y tecnología de vigilancia; cada vez que aumentan las tensiones internacionales, los grandes fabricantes de armas consiguen contratos multimillonarios.

Esto no quiere decir que las guerras existan únicamente para vender armas, esta sería una explicación demasiado simple, pero tampoco puede ignorarse que existe un enorme negocio que obtiene beneficios cada vez que los conflictos continúan.

Hace más de medio siglo, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower advirtió sobre el enorme poder que podía llegar a tener el llamado complejo militar-industrial sobre las decisiones políticas de su país; con el paso del tiempo, aquella advertencia parece tener todavía más sentido.

La guerra también cumple otra función dentro del capitalismo actual, sirve para justificar grandes presupuestos militares, fortalecer los aparatos de seguridad, ampliar los sistemas de vigilancia y reforzar alianzas políticas, bajo la idea constante de que existe una amenaza externa, así, el miedo termina convirtiéndose en una herramienta política.

Tampoco hay que olvidar la política interna; los gobiernos no toman decisiones pensando solo en lo que ocurre fuera de sus fronteras, también responden a intereses económicos nacionales, grupos empresariales, sectores militares y cálculos electorales. Muchas veces resulta más conveniente mostrarse como un líder firme que como un gobernante dispuesto a negociar, esto ocurre en EEUU e Israel.

Por eso los altos al fuego suelen ser tan frágiles, no representan una solución definitiva, ya que son apenas pausas dentro de un conflicto que sigue abierto porque ninguno de los problemas de fondo ha sido resuelto.

Las sanciones económicas continúan, la disputa por el programa nuclear sigue vigente, la presencia militar estadounidense permanece en la región, las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz siguen siendo claves para el comercio mundial y la competencia por el liderazgo regional no desaparece; mientras estas contradicciones sigan existiendo, cualquier tregua será temporal.

Desde una perspectiva marxista latinoamericana, la paz no puede entenderse simplemente como el silencio de las armas, una paz verdadera exige cambiar las relaciones de dominación que generan los conflictos. No puede haber una paz duradera mientras unos pocos Estados, pretendan decidir el destino del resto del mundo mediante la fuerza militar, las sanciones económicas o la presión diplomática.

Tampoco puede consolidarse una paz estable mientras las disputas por los recursos naturales, las fuentes de energía y los mercados sigan resolviéndose mediante la confrontación.

La experiencia latinoamericana también deja otra enseñanza. El derecho internacional pierde credibilidad cuando se aplica con una medida para los aliados de las grandes potencias y con otra muy distinta para quienes desafían sus intereses; este doble rasero alimenta la desconfianza y debilita cualquier intento de construir un orden internacional basado en reglas iguales para todos.

Por esto la defensa de la soberanía de los pueblos debe ser un principio válido sin excepciones; y quizás la principal enseñanza sea desconfiar de las explicaciones fáciles.

Las guerras no empiezan simplemente porque haya gobernantes buenos y malos, tampoco terminan con la firma de un acuerdo; detrás de cada conflicto hay intereses materiales, relaciones de poder y disputas económicas que necesitan ser analizadas con espíritu crítico.

Desde una mirada marxista latinoamericana, el imperialismo sigue siendo una pieza fundamental para entender muchos de los grandes conflictos actuales. Una política verdaderamente emancipadora exige mantener una mirada crítica sobre todos los Estados, defender el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y rechazar cualquier forma de dominación.

Porque, al final, quienes siempre pagan el costo de las guerras no son los grandes empresarios, los fabricantes de armas ni las élites políticas, son los trabajadores, las familias humildes, los campesinos, los jóvenes enviados al frente de batalla y los pueblos que ven destruidas sus ciudades mientras otros se disputan el poder.

Esta sigue siendo, probablemente, la mayor lección que América Latina puede ofrecer al mundo: la paz solo será duradera cuando la vida de los pueblos valga más que los intereses del capital, de los imperios y de quienes han convertido la guerra en un negocio permanente.

El decoro constitucional – II

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo, se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

“…1.- Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.
  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.
  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.
  1. Erosión del sistema democrático
  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.
  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.
  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.
  1. Inestabilidad y parálisis del Estado
  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.
  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.
  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total…”

Zagrebelsky advierte literalmente que

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la Segunda Parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Parte II. Costa Rica

Confieso que he traído a estas páginas el tema del decoro constitucional, motivado en gran medida por las ilegalidades frontales y el tono agresivo e irrespetuoso adoptado por el expresidente Chaves durante su administración; y copiado, con algunas variantes, por la presidenta Fernández. Pero está de más advertir que conductas indecorosas ya venían menudeando en administraciones anteriores.

Como quedó explicado en la primera parte, el decoro constitucional se manifiesta tanto en actitudes y prácticas, como a través del lenguaje oral, escrito y corporal empleado por el alto funcionario.

En cuanto a lo primero, está por demás decir que el funcionario público, máxime si es de rango supremo, debe guiar su conducta con probidad, buena fe y autocontrol, procurando siempre el bien común de la manera más eficaz y al menor costo para la comunidad.

En lo que atañe al lenguaje, por respeto a su propia investidura, el funcionario debe evitar en toda situación el tono agresivo y las palabras procaces o hirientes. Los idiomas modernos cuentan con un vocabulario riquísimo, que permite expresar las emociones más extremas sin necesidad de recurrir al escarnio, la mofa o el desprecio de los interlocutores.

En la historia de nuestro País hay numerosos ejemplos de altos funcionarios que asumieron actitudes moralmente incorrectas o perpetraron actos inmorales, incluso delictivos. Lo que nunca habíamos tenido es presidentes que hicieron del insulto y la vulgaridad de palabra el pan nuestro de cada día.

Enumero y comento algunos casos:

Número 1.- Durante los años 2006 y 2007 la cúpula política del gobierno del Presidente Oscar Arias elaboró y propaló un documento que el pueblo llamó “Memorandum del Miedo”: una caravana de embustes para que la gente sencilla votara por el TLC; y encima de eso el propio Presidente, al igual que sus ministros y hasta personal de la Embajada Estadunidense, abusando de sus investiduras, visitaron fábricas y establecimientos prometiendo y amenazando para conseguir la aprobación referendaria del funesto convenio; y agregando un eslabón más a la cadena de dominación del País por parte del Imperio Usano: un acto de subordinación a los intereses imperiales y los del gran capital centroamericano por parte de quien juró defender los valores patrios consagrados en nuestra Constitución y nuestras Leyes. Todo lo anterior, junto con la manipulación de la Sala Constitucional y la luz verde para el tratado y sus leyes complementarias, configura sendas faltas al debido decoro constitucional imputables al presidente Arias.

Número 2.- En los años 2008 y 2010, la Corte Suprema, con argumentos deleznables, aprobó aumentos salariales para sus Magistrados y otros altos cargos del Poder Judicial, de modo que el sueldo bruto de dichos Magistrados llegó a oscilar entre 7 y 11 millones de colones mensuales, en un momento en que el propio presidente de la República (primus inter pares) ganaba algo menos de 5 millones, y el salario nominal mínimo en el País era de 179.504.00 colones por mes. Mas es preciso advertir que esa conducta de los magistrados no fue unánime: hubo honrosas excepciones.

Número 3.- El gobierno de don Rodrigo Chaves Robles es, hasta ahora, el gobierno más desastroso de la historia de Costa Rica, y a la vez el más exitoso en términos de apoyo popular. Y lo irónico es que lo segundo es, en buena medida, una consecuencia exquisitamente lógica de lo primero.

Durante los cuatro años de su gobierno, y ahora como ministro de Hacienda, privilegió los resultados macroeconómicos (deuda externa, inflación, empréstitos), y claro, para lograrlo desfinanció sistemáticamente el sector social: educación, salud, seguridad, ambiente, pobreza. Eso sí: el paladín de los humildes ha tratado muy discretamente de no afectar los intereses de los ricos ‘ni con el pétalo de una flor’. No ha hecho caso de la recomendación de entidades financieras internacionales que desde hace años le han recomendado los impuestos directos; pero ahora que ve avecinarse la crisis fiscal, está pensando en nuevas cargas …para los pobres.

Para sorpresa de los entendidos, durante todo el período dictó numerosos decretos y acuerdos deliberadamente violatorios de la ley, provocando sendas anulaciones y condenas de parte de los tribunales competentes; lo cual le ha servido de pretexto para gritar a los cuatro vientos que no le han dejado gobernar. Pero lo más tristemente llamativo de su conducta ha sido el lenguaje usado en sus discursos y en sus ruedas semanales de prensa para expresar sus fobias y rabietas.

En efecto, especialmente desde Casa Presidencial, el entonces primer mandatario emprendió una campaña sistemática de insultos, arrebatos y gesticulaciones grotescas contra los presidentes de los otros Poderes, contra diputados y periodistas, contra los jueces y fiscales, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, las Universidades Públicas y cualquier otro organismo o persona que lo critique o contradiga: pero, en realidad, todos sus improperios han estado visiblemente proferidos con el mal disimulado propósito de enardecer el ánimo de sus seguidores en las redes.

A los periodistas que lo critican los ha llamado reiteradamente ‘ratas’, ‘malditos’, ‘malnacidos’, ‘brutos’, ‘estúpidos’, ‘desgraciados’, etc. Un redactor de El Financiero comentó:

“Éstas no son frases extraídas de una pelea de cantina, ni del hilo de comentarios de una red social. Son insultos pronunciados desde la Casa Presidencial, frente a cámaras de televisión, por el Presidente de la República de Costa Rica.”

El 6 de mayo último, comentando el Informe de salida de Chaves, el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, deploró la actitud agresiva y el lenguaje soez de aquél, enumeró los calificativos que aplicaba frecuentemente a los diputados de oposición: “Inútiles y vagos, mafiosos y banda de corruptos, chantajistas y antipatriotas, desgraciados y malnacidos”, y reprochó severamente al ahora superministro su actitud ofensiva, su lenguaje deletéreo y, a fin de cuentas, su falta de voluntad para unir esfuerzos en la solución conjunta de los problemas.

Porque Chaves se ha referido en los peores términos a los presidentes de los otros Poderes, incluido el TSE, llamándolos despectivamente corruptos, falsos y obsoletos. Y tanto él como la presidenta actual han atacado encarnizadamente al titular del Poder Judicial, don Orlando Aguirre, haciendo público escarnio de uno de sus nombres de pila, e instándolo machaconamente a que se retire de su alto cargo. Da vergüenza ajena el ensañamiento cobarde de Chaves y Fernández en este caso. Porque, en realidad, ellos no quieren mejorar el Poder Judicial: quieren destruir su independencia.

Ahora bien, objeto de sus más virulentos ataques ha sido el fiscal general, don Carlo Díaz, que ha recibido y continúa recibiendo insultos y descalificaciones. Chaves le ha llamado títere, matón de barrio y ‘princeso’, peón de los magistrados y ungido del diablo; la Judicatura y la Fiscalía son ‘entidades putrefactas’, ‘agentes de asco’. Y la presidenta Fernández, que se afana en secundarlo, ha dicho recientemente que el Poder Judicial está infiltrado ‘hasta el tuétano’ por el crimen organizado.

El lenguaje lumpen, abrumador, la absoluta falta de decoro de ambos mandatarios, no tienen precedentes en nuestra Historia, pero siguen con curiosa fidelidad el manual adoptado por Trump y por Milei. Y creo que ahí está el meollo de la cuestión: hay que leer con paciencia los miles de devotos mensajes de sus seguidores en las redes para entender que las acusaciones extremas, la agresividad y la procacidad de nuestro expresidente y su discípula no son expresión de una indignación moral, sino de un frío cálculo político: son la clave de su conexión carismática con una masa resentida e irracional que se alimenta cotidianamente con sus improperios; y que les ha procurado un aplastante triunfo en las urnas y la actual mayoría parlamentaria, a costa de conducir al País hacia un destino de odio y violencia.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, como Trump y media docena de presidentes latinoamericanos, son peones del neoliberalismo transnacional que está desbaratando por todas partes el Estado Social de Derecho, la doctrina de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Es preciso desenmascararlos y resistir. Es preciso restaurar el decoro y el respeto por la Constitución y la Ley. Otro mundo es posible.

«No tengamos miedo de hablar”: Óscar Aguilar Bulgarelli vincula la doctrina social cristiana con la crítica a la “dictadura fascista”

Óscar Aguilar Bulgarelli reivindica principios de justicia social y advierte sobre riesgos para la libertad y la democracia. El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un nuevo video en el que propone reflexionar sobre seis principios vinculados con los derechos humanos, el bien común, el papel del poder público, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y el trabajo.

Aguilar Bulgarelli invita a las personas a valorar si están de acuerdo con esos planteamientos.

Derechos humanos y dignidad

El primer principio presentado por el historiador afirma que los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona y a su dignidad. Por esa razón, señala, deben entenderse como universales e inviolables.

A partir de este punto, Aguilar Bulgarelli plantea que el reconocimiento de la dignidad humana debe constituir un fundamento esencial de la vida social y política.

El bien común frente al egoísmo

El segundo principio se refiere al bien común. El analista sostiene que este exige salir del pequeño mundo de los intereses propios y comprometerse, dentro de las posibilidades de cada persona, con el bienestar colectivo.

Según expone, no es suficiente buscar únicamente el progreso individual y asumir que ello beneficiará automáticamente al conjunto de la sociedad. Considera que desentenderse de las necesidades de las demás personas constituye una forma de egoísmo.

Para Aguilar Bulgarelli, el bien común y la promoción de la vida deben entenderse como valores no negociables.

El poder público y la protección de las personas más débiles

El tercer planteamiento se relaciona con el papel del poder público. Aguilar Bulgarelli sostiene que este tiene la tarea de armonizar con justicia los distintos intereses presentes en la sociedad y buscar un equilibrio entre los bienes particulares y los bienes colectivos.

Agrega que esa responsabilidad debe ejercerse sin dejar atrás a las personas más débiles.

Los bienes de la tierra y su destino universal

Otro de los principios expuestos señala que los bienes de la tierra han sido dados a toda la familia humana para sostener la vida de las generaciones presentes y futuras.

Aguilar Bulgarelli reconoce el derecho a la propiedad privada, pero afirma que este debe estar subordinado al destino universal de los bienes.

Desde esta perspectiva, plantea que toda persona tiene un derecho originario al uso de los recursos necesarios para la vida y que la propiedad no puede entenderse al margen de su función social.

Subsidiariedad, ciudadanía y solidaridad

El historiador también se refiere al principio de subsidiariedad. Explica que ni las personas ni las familias deben ser absorbidas por el Estado y que deben poder actuar libremente, en la medida de lo posible, sin causar daño al bien común.

A su juicio, este principio requiere un estilo de corresponsabilidad en el cual el Estado valore la iniciativa ciudadana y la sociedad civil sea capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común.

Aguilar Bulgarelli vincula esta idea directamente con la solidaridad.

El trabajo como expresión de dignidad

El último de los principios presentados se refiere al trabajo. El analista sostiene que este no debe verse como un simple instrumento, sino como una actividad que expresa y acrecienta la dignidad humana.

Advierte que esta preocupación cobra mayor importancia en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, debido a que la innovación suele utilizarse principalmente para reducir costos y aumentar beneficios.

Según afirma, esta dinámica ya está produciendo nuevas formas de precariedad y desigualdad en numerosos sectores.

“Bienvenidos a la izquierda”

Después de exponer los seis principios, Aguilar Bulgarelli pregunta a las personas si están de acuerdo con ellos y, suponiendo una respuesta afirmativa, les dice: “bienvenidos a la izquierda”.

Inmediatamente aclara que los principios mencionados forman parte de lo que identifica como doctrina social cristiana y sostiene que, cuando ideas semejantes se expresan fuera de ese marco, algunas personas reaccionan calificándolas de comunistas.

El historiador critica lo que considera una falta de conocimiento sobre la tradición social cristiana y afirma que los principios de justicia social, trabajo, bien común, solidaridad y uso de los recursos naturales forman parte de esa doctrina.

Asimismo, cuestiona a quienes se definen como socialcristianos, pero, según su criterio, se han acercado a posiciones conservadoras o al “capitalismo salvaje”.

Una defensa de la libertad de pensamiento

Aguilar Bulgarelli sostiene que uno de los mayores peligros de la sociedad actual es tener miedo de decir las cosas.

Como ejemplo, relata que observó una publicación educativa para noveno año en la que el concepto de liderazgo aparecía acompañado por una fotografía del ministro Rodrigo Chaves.

El historiador cuestiona esa selección y afirma que existen otras figuras históricas nacionales que podrían haberse utilizado para representar el liderazgo.

A partir de ese ejemplo, advierte sobre lo que considera señales preocupantes para la democracia y califica la situación como propia de una “dictadura fascista”.

También critica lo que describe como restricciones para que el profesorado hable libremente y sostiene que algunos medios de difusión han ido cayendo bajo la influencia del poder político.

Justicia social, solidaridad y distribución de la riqueza

En la parte final de su intervención, Aguilar Bulgarelli reafirma que las ideas expuestas corresponden, según su lectura, a principios socialcristianos.

Menciona el derecho al trabajo, el bien común, la solidaridad y la obligación de superar el egoísmo para compartir los bienes disponibles.

Sostiene que el trabajo no debe convertirse en una fuente de explotación, sino en un medio para compartir la riqueza.

También afirma que la empresa privada es necesaria y fundamental, pero considera que no debe servir únicamente para enriquecer a unas pocas personas, sino para contribuir a una distribución más justa de la riqueza.

Críticas al rumbo económico y político

Aguilar Bulgarelli afirma que Costa Rica atraviesa una situación de caos y menciona como preocupación un posible aumento del IVA.

Cuestiona el discurso sobre la denominada “economía jaguar” y sostiene que no ha beneficiado a la mayoría de la población, sino a sectores que, según su criterio, se han enriquecido a costa de las personas con menores recursos.

El historiador concluye invitando a no temer que estas ideas sean calificadas como izquierdistas y afirma que no se trata de una adhesión ideológica, sino de una defensa de la justicia.

Su mensaje final es una advertencia:

“Si perdemos la justicia, perdemos el país.”

Aguilar Bulgarelli cierra llamando a pensar, meditar y no dejarse engañar.

Manifiesto de las Mujeres por el Derecho de Acceso a la Justicia

Gerardo Castillo Hernández

«La voz de las maestras no podía ser silenciada por decretos ni bayonetas» (Lyra, 1919).

El 7 de julio de 2026, diversas organizaciones sociales y de mujeres levantaron su voz en defensa del Poder Judicial y de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres. Lo hicieron con la urgencia de quien sabe que la justicia no es un lujo, sino un derecho que se desvanece cuando los presupuestos se recortan y las instituciones se debilitan.

La mujer, que históricamente ha cuidado la vida en medio de la violencia y ha sostenido la democracia en medio del silencio, aparece aquí como la pastora que defiende el rebaño de derechos frente al lobo del poder. Su voz es memoria y resistencia, como lo fue la de Carmen Lyra en la huelga de 1919, cuando afirmó que la protesta era un acto de dignidad y que la educación no podía ser neutral frente a la injusticia (Lyra, 1919).

El manifiesto denuncia que los recortes al Poder Judicial amenazan directamente el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres víctimas de violencia. Señala que la reorganización del Instituto Nacional de las Mujeres y la reducción de recursos públicos forman parte de un proceso más amplio de debilitamiento institucional. En un país donde los femicidios y otras formas de violencia aumentan, la respuesta no puede ser menos Estado, menos protección, menos justicia. La respuesta debe ser fortalecer las capacidades institucionales, no desmantelarlas.

Las firmantes formulan cinco demandas claras al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a otras instituciones: garantizar recursos, fortalecer servicios especializados y proteger a las defensoras de derechos humanos. Pero más allá de las demandas concretas, el manifiesto convoca a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía a defender el acceso a la justicia y la independencia judicial como patrimonio común.

El documento trasciende la agenda específica de las mujeres y entra en el corazón del debate democrático: la división de poderes, la independencia judicial frente a presiones políticas, la defensa del presupuesto público destinado a la justicia y la crítica al discurso político que busca desacreditar instituciones. Butler (2009) recuerda que la precarización de la vida comienza cuando se socavan las estructuras que garantizan derechos; Sen (1999) advierte que sin libertad de expresión y sin instituciones fuertes no hay desarrollo humano ni democracia sustantiva; Harari (2018) alerta que las democracias pueden morir no por golpes de Estado, sino por erosión lenta de sus instituciones.

El sindicalismo encuentra aquí un espejo. El acceso a la justicia laboral, constitucional y administrativa depende de un Poder Judicial con recursos suficientes. Los sindicatos han defendido históricamente la institucionalidad democrática y la independencia de los poderes públicos como garantías para los derechos sociales y laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras enfrentan simultáneamente violencia de género, discriminación laboral y dificultades para acceder a mecanismos de protección judicial. La lucha por la justicia de género es también lucha por la justicia laboral y sindical.

La pregunta de fondo es clara: ¿puede una democracia garantizar derechos cuando las instituciones encargadas de protegerlos pierden capacidad de actuación? La respuesta sindical es contundente: los derechos laborales, la negociación colectiva, la libertad sindical, la igualdad de género y la protección frente a la violencia dependen de instituciones fuertes, independientes y accesibles. Defenderlas no significa renunciar a exigir eficiencia o transparencia; significa reconocer que las reformas deben fortalecer el Estado de Derecho y ampliar el acceso a la justicia, no reducirlo.

El manifiesto de las mujeres nos recuerda que la justicia no es un privilegio ni una dádiva: es el suelo común sobre el que se construye la democracia. Y cuando ese suelo se agrieta, toda la ciudadanía —trabajadores, estudiantes, mujeres, sindicatos— debe levantar la voz. Porque como escribió Orwell (1949), “la libertad consiste en decir lo que otros no quieren escuchar”. Y hoy, lo que no quieren escuchar es que sin justicia independiente no hay democracia, y sin democracia no hay derechos.

Referencias

• Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.

• Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

• Lyra, C. (1919). Discurso en la huelga contra la dictadura de los Tinoco.

• Nussbaum, M. (2010). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.

• Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg.

Sobre visitas a Museos, Bibliotecas y Cárceles

Vladimir de la Cruz

Cuando estaba en la Escuela, en la década de 1950, comenté, en un artículo anterior, que una visita obligada era al Museo Nacional, entre otras cosas para ver una vitrina en el sótano que estaba custodiada por una pareja de policías armados, que tenía en exhibición una mata de marihuana, situación que se aprovechaba para valorar la riqueza arqueológica del Museo, e infundirnos miedo a las drogas y a su consumo.

En el colegio no se nos llevaba al Museo. Algunos profesores, de Historia o Estudios Sociales recomendaban su visita. Como profesor invitaba a los estudiantes a que visitaran los museos, especialmente cuando explicaba los tiempos antiguos de Costa Rica.

En la Universidad aquellos cursos que estaban ligados a la Historia Nacional, especialmente en su parte antigua, eran de obligada orientación para visitar los Museos Nacional, de Oro y de Jade, en sus distintas Salas. En mi caso, que me orienté por el estudio de Historia, y de la Historia de Costa Rica en particular, me hice asiduo visitante.

La Historia Antigua me cautivó en un primer momento, y me hizo matricularme en algún curso importante de Antropología, con el profesor Carlos Aguilar Piedra, con quien cultivé una rica amistad, a quien cariñosamente se le llamaba por sus dilectos alumnos y discípulos, el Gran Chamán. El Profesor Aguilar aceptó participar con un grupo muy destacado de antropólogos, discípulos y asistentes suyos, en el Capítulo de Historia Antigua, de la Historia General de Costa Rica, que dirigí en 1989, lo que fue una gran experiencia enriquecedora para mí trabajar con ellos, visitar los museos, analizar sus colecciones.

El Gran Chamán se había formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le daba una formación científica más profunda en este campo. En aquellos años, de la década de 1960, se enfatizaba en la búsqueda del Paleoindio costarricense, el más antiguo que se hallare en el país. Era la pasión de las búsquedas arqueológicas, porque estaba en cierta forma de moda la búsqueda del paleo indio americano que disputaba México, en aquellos años con el llamado Hombre de Tepexpan, un esqueleto que había sido hallado en el antiguo Lago de Texcoco, en México, en 1947, cuya antigüedad se discutía entre los 4000, 8000, 10.000 y hasta 23.000 años, lo que tiempo después se redujo a una cifra de 4.700. Aun así, la discusión de antigüedad continuaba y sigue investigándose. Las más antiguas se consideran cuando superan los 10.000 años. Así se han encontrado en Chile, más de 18.500 años, en Yucatán, México, el primer fósil reportado de un rostro humano, de hace 13.000 años, de igual edad al llamado Hombre de Arlington Springs, en Estado Unidos. La mujer más antigua de América se le estima en 12.700 años localizada en la Zona del Peñón de los Baños, cerca de aeropuerto de México. La discusión de la mayor antigüedad se mantiene abierta.

Para el caso costarricense los hallazgos arqueológicos señalan que los restos más antiguos son de hace 12.200 años, hallados en la región de Siquirres. La Fauna gigante que había en el territorio nacional se ubica entre los 10.000 y 40.000 años de antigüedad. La Antropología costarricense ha señalado que los primeros pobladores de Costa Rica llegaron hace unos 12.000, como grupos nómadas cazadores-recolectores, según restos que se han encontrado en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón.

En otros capítulos de la Historia Nacional llevé estudiantes a visitar industria y ciertas actividades empresariales, cuando me lo permitían sus empresarios.

Un sitio casi de obligada llegada de mis estudiantes era la Biblioteca Nacional, para que los estudiantes tuvieran contacto con el pasado, haciendo un breve estudio, y repaso de un periódico, que asignaba individualmente, del cual rendían el informe, que no podía ser copiado de otro estudiante. En general esa experiencia era bien cumplida y satisfacía su propósito, donde los estudiantes a veces se quedaban ampliando su visión y contacto con la historia pasada reflejada en periódicos.

Como asistente estudiantil que fui del Profesor y Gran Maestro Rafael Obregón Loria él me enviaba a sacarle información de periódico La Gaceta, el diario oficial, que aprendí a estimar, leer y buscar información. En la elaboración de mi Tesis de graduación hice una investigación de varios años en la prensa costarricense desde 1870 hasta 1930.

En dos ocasiones llevé estudiantes, autorizado para ello, a visitar la Penitenciaría Central, donde hoy está el Museo de los Niños, a visitar presos o privados de libertad. Se me autorizaba llevarlos al área de menos peligrosidad. El objetivo ver las malas condiciones del presidio, el hacinamiento en que estaban los presos, las condiciones en que comían. Los estudiantes podían hablar con los privados de libertad con amplitud, siempre a la vista de guardias que nos acompañaban en esas visitas. Se nos autorizaba llevarles cigarros. Nunca se hizo una visita con el propósito de decirle a los estudiantes, de diferentes clases o estamentos sociales que iban, que era para que aprendieran a ser “buenos”, o se alejaran de las posibilidades por las cuales podían delinquir. Tampoco para asustarlos de un posible futuro por su condición económica, social, o lugar donde vivían. Dejé de hacer esas visitas cuando una vez, ocho días después de haber visitado la Penitenciaría Central, hubo un motín de privados de libertad, y tuvieron retenidos a varias guardias y personas que en ese momento les visitaban. Entendí que no podía exponer a estudiantes a situaciones así. De una de esas visitas se hizo constancia en el Semanario Universidad.

Me ha sorprendido el anuncio con bombos y platillos que ha hecho la presidenta Laura Fernández, hace pocos días, de impulsar una política de educación pública para llevar a todos los niños en edad escolar de las escuelas públicas, de las comunidades con altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles, con el propósito de asustarlos y como parte de una estrategia para prevenir que ingresen a la delincuencia y el narcotráfico. Así, señaló, que los niños conocerían de primera mano las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas. Es un esquema de terapia de shock de enfrentar a niños con situaciones que podían vivir para que no cometieran actos en sus vidas que podía llevarlos a los centros penitenciarios.

No es así como se enfrenta la situación de la delincuencia. Se debe fortalecer la educación formal la técnica, los valores familiares, los valores sociales, los valores políticos y democráticos en la enseñanza. Se deben fortalecer los valores y conocimientos de la historia nacional y patria para fortalecer y consolidar la democracia como sistema, para formar pasión y amor por Costa Rica, por el país que vivimos, y tratamos de desarrollar y construir para lograr un mayor y mejor desarrollo económico social, cuya generación de riqueza sirva para resolver los grandes y graves problemas sociales y económicos que afectan a la gran mayoría de costarricenses, desempleo, trabajo informal, pésimos y bajos salarios, salarios congelados desde hace cinco años, congelados para los próximos cuatro años, alta deserción escolar y colegial eliminación de los subsidios sociales en la población escolar, de los buses estudiantiles, de los comedores escolares, de las becas para la educación pública, de las malas condiciones higiénicas de los chinchorros, de los tugurios, de la mala vivienda, poco decente y digna, de las malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional en fábricas, empresas y en contornos sociales de habitación popular, de las dificultades del transporte público, amenazas de bajar los salarios mínimos para compararlos con los América Latina, de ampliar el plazo de tiempo de pensionarse, las amenazas de imponer el trabajo de 12 horas diarias de trabajo rebajando el salario real, recortando constantemente los presupuestos de las instituciones de carácter social, de la falta de oportunidades y posibilidades para la convivencia en áreas urbanas, en las barriadas populares de espacios de esparcimiento seguro para los niños y sus familias, de la falta de una política de vivienda social que permita construir al menos casas con tres cuartos para evitar el hacinamiento doméstico y evitar la violencia familiar que ello produce, por no estimular más, y de manera efectiva, el deporte, la salud física, la salud mental, el arte, el deporte, la recreación y la integración social comunitaria.

Lo que propone la presidenta Laura Fernández es descabellado, peligroso para los niños en sus visitas a las cárceles. Así no se desalienta a nadie ante su futuro incierto.

La presidenta parte de los niños de las poblaciones, con las comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a visitar las cárceles. ¿Quién le dice a ella que solo de esas comunidades se desenvuelven potenciales delincuentes y criminales? Los delincuentes y criminales de cuello blanco, los evasores y elusores de impuestos, los altos estafadores de los bancos o instituciones financieras, los blanqueadores de dinero, los que reciben los apoyos de altos funcionarios de gobierno, de manera cómplice, conociendo hacia quienes se dirigen esos altos créditos bancarios sin garantías sólidas, no vienen de esas comunidades con mayores altos índices de criminalidad, a las que aludió la presidenta.

Puedo asegurar que en las grandes estafas públicas, y escándalos sonados, los participantes e involucrados provienen de las capas medias, medias altas y altas de la sociedad costarricense, y de formación educativa en colegios privados.

¿Pensará la presidenta que los jóvenes de esos colegios privados deben ir a visitar las cárceles para evitar esas figuras delictivas y criminales?

Trabajo vivo y capitalismo digital: una reflexión sobre la nueva explotación del siglo XXI

Álvaro Fernández González, julio de 2026

El trabajo suele entenderse como el empleo que desempeñamos a cambio de un salario. Sin embargo, esa definición resulta cada vez más insuficiente para comprender la realidad del siglo XXI. El trabajo es mucho más que una actividad remunerada: es la capacidad humana de transformar el mundo para sostener y reproducir la vida.

Vista desde esta perspectiva, la riqueza no nace del capital, sino de la capacidad creadora de las personas. Toda economía depende, en última instancia, del esfuerzo humano y de las condiciones naturales que permiten desarrollar ese esfuerzo.

La naturaleza participa activamente en la reproducción de la vida. La tierra produce alimentos, el agua sostiene los ecosistemas, las semillas regeneran los cultivos y los ciclos naturales hacen posible la continuidad de todas las formas de vida. Reconocer ese trabajo invisible implica cambiar nuestra forma de entender la economía.

Hoy el capitalismo también ha cambiado. Cada búsqueda en Internet, cada fotografía compartida, cada conversación en redes sociales y cada desplazamiento registrado generan datos que pueden convertirse en valor económico. La experiencia cotidiana se ha transformado en una nueva materia prima.

Los algoritmos no solo registran información: organizan la atención, orientan preferencias e influyen en decisiones de consumo, culturales y políticas. La explotación ya no se concentra únicamente en el tiempo de trabajo, sino que alcanza el conjunto del tiempo de vida.

Por ello, la inteligencia artificial no puede entenderse solo como una herramienta técnica. También expresa intereses, prioridades y determinadas formas de comprender el mundo. El debate consiste en decidir al servicio de quién estarán estas tecnologías.

Frente a estos desafíos, la respuesta no pasa por rechazar la tecnología, sino por orientarla hacia el bien común. Fortalecer las comunidades, democratizar el conocimiento, proteger los bienes comunes digitales y colocar la reproducción de la vida en el centro del desarrollo tecnológico constituyen algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

En definitiva, la cuestión fundamental ya no es únicamente cuánto producen las nuevas tecnologías, sino para quién producen y cómo pueden contribuir a construir sociedades más justas, democráticas y sostenibles.

Referencia: “Trabajo en la era digital. Una aproximación filosófica y socioantropológica”. Video publicado en el canal de Ollantay Itzamná, con Katya Colmenares y Giulio Soldani.
https://www.youtube.com/live/0tj39DryC7Q?si=ZXXo6tcMAPTqa3Bm