Campaña para financiar el largometraje documental dirigido por Ernesto Jara Vargas y coproducido por Producciones La Pecera de Costa Rica y Galaxia 311 de Colombia. Altamar propone un viaje inmersivo en el mundo de la pesca semi-industrial de Costa Rica, que hasta este momento nunca había sido retratada con tanta cercanía.
Eso sucedería si cierran el Hogar San Agustín
Flora Fernández Amón
Recientemente una noticia de tortura en un Hogar del PANI, acompañada por la violencia de un allanamiento, causó un impacto fuerte en la ciudadanía, pero la noticia no fue debidamente cubierta por todos los medios excepto dos: CRHoy con el periodista Paulo Villalobos y Multimedios con Smith Jiménez que mostraron ambas caras de la noticia. Repretel, Canal 7 y los demás medios solo rompieron la almohada de plumas al viento y nunca rectificaron.
En mi condición de colaboradora voluntaria del Hogar San Agustín he decidido dar a conocer la verdad que conozco y muchos detalles que espero sean de interés de quienes me honren con la lectura de este comentario.
He sido testigo cómo esos jóvenes han logrado estudiar, algunos de ellos incluso lograron ingresar a la Universidad, muchos de ellos mientras están internados en el Hogar, además de asistir a un colegio especializado en necesidades especiales reciben formación desde panadería, pastelería, bisutería, ebanistería hasta fabricación de helados, gastronomía de alto nivel, diseño gráfico y emprendimiento cobijados por el nombre Nubesinos, dando así realce de “marca de origen” de Las Nubes de Coronado. Así, una vez que alcanzan la mayoría de edad en lugar de ser lanzados a su suerte el emprendimiento les da la oportunidad de seguir creciendo de manera integral y seguir estudios ulteriores según sus intereses y capacidades.
Cerrar el Hogar San Agustín según orden de la anterior Presidente Ejecutiva del PANI en un afán de ocultar los yerros de su gestión es una equivocación aún más grave, pues en lugar de economizar recursos, estarían dilapidándose experiencia y el gran aporte del PANI conjuntamente con el personal del Hogar, que se constituyó en un laboratorio y acumuló gran experiencia para consolidar un modelo en el manejo de niños y jóvenes con perfiles difíciles y que ha sido sumamente exitoso.
Y es que las cosas no solo quedan en eso, aparte del aporte económico del PANI, quienes dirigen el Hogar han conseguido constantes donaciones privadas como paneles solares aportado por Promérica, Computadoras por Concentrix, Bicicletas para deporte y esparcimiento de exalumnos del Colegio de Educación Integral donde esos chicos recibían educación, capacitación de proveedores de equipo como Alpha y Puratos para profesionalizar a los jóvenes y muchas donaciones más que ayudan a complementar el aporte estatal. Incluso durante la pandemia idearon bingos electrónicos para levantar fondos en momentos especialmente difíciles, esas donaciones y recursos no cayeron del cielo, ha sido el Dr. Otto Silesky y muchos colaboradores del Hogar San Agustín, quienes siguiendo su lema “Reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como como si todo dependiera de ti” hemos logrado grandes cosas para estos jóvenes
¡Todo eso sería literalmente tirado por la borda! Si bien es cierto el costo de un Hogar como San Agustín es muy superior al de cualquier otro que solo aloja y atiende muchachos, el conocimiento, experiencia y desarrollo de este Hogar le ha costado muchísimo al país y desperdiciarlo sería un acto de corrupción incalificable.
Como si este país mantuviera una situación ecológica saludable, digna de la Nación próspera y culta que otrora fue, sin importar la ruina ambiental que ya padecen numerosos ecosistemas y zonas del territorio nacional producto de su explotación simulando una aplicación eficiente de las regulaciones ambientales, ni los desafíos del cambio climático que azotan el Planeta; el 8 de febrero 2023 durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del presidente de la República, a su estilo y léxico especializado anunció la promulgación de un “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (RECSA)1. Es decir, sencillamente por medio de un pobre acto político, oficialmente se informó que el país tendrá nueva reglamentación al respecto. Para los entendidos en la materia como la comunidad científica y en general para los habitantes de este país, a quienes históricamente les ha distinguido una cultura de conservación y protección de la naturaleza, una vez conocido el documento, este, no es menos que una nueva bofetada de dimensiones incalculables; algo característico de gobiernos autoritarios y desalmados.
Por consiguiente, esos fueron algunos de los primeros hechos específicos, con los cuales, las nuevas autoridades encabezadas por el presidente (economista), el ministro de Ambiente y Energía (economista), ministro de Economía, Industria y Comercio (economista) más otros empleados y fijos acompañantes como la Cámara Costarricense de la Construcción; hicieron pública la derogación del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Acerca del cual, una exdirectora de Setena y ex ministra de ambiente y energía lo calificara como “…posiblemente la herramienta técnica, administrativa y legal más fuerte que tiene el estado para hacer cumplir el artículo 50 constitucional”. Pero aun así, la disposición ya está consumada mediante el Decreto Ejecutivo No. 43898, publicado un día después de otro acto político en la sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (18/04/2023) con actores de inferior nivel, y donde la exposición de fondo a cargo del máximo jerarca de la Setena, sólo permitió exhibir su deficiente experticia en el tema2; 3. Un aparente desliz, quizás maquillado con la edición de materiales audiovisuales referentes al tema de la nueva reglamentación y luego colgados en los sitios web de Setena y MINAE4,5.
Vale señalar que, de los actos referidos se infiere que una norma consistentemente progresista como es el Reglamento General y su Manual EIA más la experiencia generada durante su vigencia de aproximadamente 20 años, fue sustituida por otra norma de corte regresivo y sustento economicista identificada como RECSA. Además, es deber señalar que, a esta evidente transgresión de la normativa ambiental, desde los gobiernos anteriores de Solís Rivera y Alvarado Quesada, se contribuyó en justificar repetidamente que, las acciones en esta línea, eran y son indispensables para la “reactivación económica del país, aumento de la inversión extranjera y más empleo”. Una típica cruzada en la que sus protagonistas, durante nueve años no han escatimado estratagemas ni recursos para conducir al país a la catástrofe ambiental, cuyos eventos llamados naturales y cada vez más frecuentes, se desarrollan tanto en el campo como en las ciudades y litorales; dejando al descubierto las severas amenazas a nuestra sobrevivencia.
Mientras en este país exista pobreza, desempleo, deficientes servicios públicos y otras necesidades básicas afectando a grandes sectores de la población, y a la vez mucha riqueza concentrada en sectores minoritarios, lo cual visibiliza la enorme desigualdad que nos distingue; es obvio que este indicador no revela paralización del desarrollo nacional, en tanto esa riqueza, aunque mal distribuida, es el producto de la explotación de los recursos naturales de la Nación y que no se ha detenido. Pero, si junto a esta situación, en el ambiente se determinan abundantes impactos negativos de una deficiente gestión del ambiente, frecuentemente determinada por entidades nacionales como la Contraloría General de la República y otras a nivel externo; debemos concluir que no es reactivación económica lo que se requiere, sino, un cambio radical del modelo neoextractivista y reorientación efectiva hacia el desarrollo sostenible. Vale repetir que el neoextractivismo no es compatible con el desarrollo ambientalmente sostenible.
Así mismo, tomemos en cuenta que, la acumulación de impactos ambientales negativos de las actividades humanas de toda dimensión, son parte de los principales contribuyentes a la fuerza destructiva de los eventos naturales extremos. Identificarlos y minimizarlos al desarrollar proyectos, obras o actividades, por ejemplo, en los talleres de mantenimiento vehicular, cuando se adolece del conocimiento técnico parece sencillo y basta con hablar. Pero prevenirlos y controlarlos ambientalmente, es trabajo profesional de personas con idoneidad calificada, honradas y comprometidas con todos; esto es, con la vida presente y venidera. Además, se requiere la inversión apropiada de recursos, sin discriminar elementos indispensables como tiempo y espacio. Nada de esto está explícito en el nuevo reglamento, pero sí la exclusión de esas y más actividades.
De manera que, el sesgado lenguaje economicista, y alegorías descalificadoras (Ej.: “imagínense, Setena en el campo”) contra la institución pública Setena, rectora de la evaluación de impacto ambiental, así como de su principal instrumento para llevar a cabo esa fundamental función; constituye el único sustento hasta ahora conocido para respaldar las acciones ejecutadas. Por lo tanto, no dan margen a la duda de las inconsistencias de forma y fondo con que las autoridades responsables, han llevado el proceso de eliminación de la normativa reglamentaria todavía vigente. Además, su alevosía es ilimitada al calificarla de “innecesaria”, “excesiva”, “onerosa” y de “trabas al crecimiento económico”; en resumen y según su dialecto un “cuello de botella”6. En este orden, puede plantearse que, si Costa Rica como bien sucede, no ha cumplido y menos ahora cumplirá su compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), sólo faltaría que estas mismas autoridades explícitamente digan que, el Reglamento General de la EIA ha sido el mayor obstáculo. Pues jamás dirán lo que efectivamente representa: el principal instrumento técnico-científico para lograrlo, pero que durante su corta vigencia ellos mismos han impedido la cabal aplicación. Organismos como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo así lo han planteado al afirmar que, “el principal problema de la legislación ambiental en todos los países de Centroamérica es su poca aplicación y cumplimiento7”. Consecuentemente, aún si lo que interesara al gobierno fuera el desarrollo sostenible, la derogación de este Reglamento es desacertado.
En igual dirección de lo anterior, es observable que, tanto el presidente como los ministros involucrados, no han honrado con eficiencia las obligaciones que les exige la Carta Magna, por ejemplo: lo relacionado con el Artículo 140, inciso 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. Y en cuanto a la idoneidad y probidad que, también deben los mandos medios, como el jerarca de la Setena; a pesar de que su currículo8 lo describe con más de veinte años de experiencia y buena lista de títulos, su principal mérito antes de ser elegido secretario de la institución, es la incrustación indefinida en un sólo departamento, desde el cual se desempeñó como “funcionario de especial confianza” de las jefaturas, así como de cierto sector de consultores ambientales y desarrolladores “profesionales” del lobby y las coimas. Su función evaluadora de proyectos, nunca conoció ni conoce en la actualidad acerca del rigor debido con “la ciencia, la técnica y la norma” que repite en su discursiva; elementos indispensables a la hora de analizar los deficientes estudios que, mayoritariamente son presentados ante la Setena en los trámites de la Viabilidad Ambiental. Obviamente no es la excepción, pero por tal desempeño, lo conocen e identifican defensores del ambiente, aunque no con el mismo aprecio que le tributan muchos desarrolladores; entre ellos algunos “cochinillos”.
En la trayectoria profesional del jerarca referido, a quien heredó su puesto la exsecretaria de Setena Cynthia Barzuna durante los últimos meses del gobierno anterior, aplica la metáfora de “las puertas giratorias” y en las titulaciones según currículo no faltan “patitos”. Por eso, nada extraño resulta en su discurso la abundancia de frases y conceptos vagos, así como, la pobre consistencia técnica para justificar las acciones descritas, en las cuales se supone asumió el protagonismo que le corresponde; o también las interpelaciones ante los miles de denuncias y quejas9 de la ciudadanía por daños al ambiente. Respecto a interpelaciones, el caso más reciente en el cual así se le ha observado públicamente, es el de la audiencia10 ante la Comisión de Ambiente legislativa, relacionado con la viabilidad ambiental firmada y defendida por él para un proyecto de incineración de residuos (Exp. Nº D1-0680-2020-SETENA). Claro está que, en ese actuar de aparentes irregularidades, hay tanto “errores involuntarios” como horrores por acción u omisión, para los cuales las promesas de anticorrupción por parte del gobierno no se han cumplido; y menos aún su representada honra la misión, visión y valores que exhiben11.
Además, como un hecho inédito en la audiencia legislativa antes citada, se registra la siguiente afirmación del señor Director General Ulises Álvarez: “Quiero aclarar, la Evaluación de Impacto Ambiental la realiza el equipo consultor, no es la Setena como erróneamente mencionan algunas personas, la hace el consultor o empresa consultora”. Sencillamente, se trata de una autodescalificación para el puesto que desempeña y cualquier otro dentro de la misma entidad rectora de la Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional, por su confeso desconocimiento en la materia y por ende nula idoneidad. En estos términos, es obvio que las decisiones tomadas en el desempeño de sus funciones, arrastran nulidad debido a su contradicción con la ley (Artículo 17 de Ley Orgánica del Ambiente) y el Artículo 50 de la Constitución Política. No conocemos hasta hoy que, desde ningún poder de la República se haya actuado para corregir con la celeridad que ameritan las graves implicaciones de la situación existente de tal forma rebelada.
Debemos repetir que en el procedimiento seguido para elaborar y promulgar el RECSA, los protagonistas no cumplieron cabalmente con honrar principios elementales como el de participación, transparencia, no regresión y prevalencia de las reglas de la ciencia y la técnica. Aspectos en sumo relevantes que, sí fueron contemplados rigurosamente en el proceso cumplido para la puesta en vigencia del Reglamento General de la EIA y su Manual; basta leer y analizar su contenido integral, así como las actas que lo testimonian. Un ejercicio que, si algún protagonista de buena fe sobre el RECSA lo hubiera hecho, mucho más que derogarlo, se hubiera propuesto lo que de ley corresponde: su mejoramiento real y efectivo en el contexto de la inobjetable realidad que vivimos, y donde los signos presentes no son oráculos sacerdotales.
La cantaleta de “cuellos de botella”, desde el gobierno de Carlos Alvarado adquirió connotación trágica y en gran parte inducida desde la asamblea legislativa, donde varias voces gritaban y exigían al ejecutivo acciones de emergencia; pues según ellos, se perdían elevadas sumas de dinero a consecuencia de montañas de expedientes estancados en la Setena, aparentemente por negligencia de su personal12,13. Esto llevó a que la intervención política de la institución y la presión desde los gremios empresariales, nunca había sido tan fuerte y violatoria de la desconcentración máxima institucional; así lo reconoce la Contraloría General de la República en su más reciente informe. Otro hecho inédito de dicha situación, sucedió al conocerse que, desde otras instancias, en esa escena irrumpieron dos señoras: la primera dama Claudia Dobles y la vice ministra de gestión ambiental María Celeste López. Ambas, la primera indirectamente y la segunda de forma directa contra el Reglamento de EIA y la supuesta presa de miles de expedientes de proyectos en espera de la evaluación; una con sus mandaderos desde la casa de Zapote y la otra desde su instalación en la propia Setena14. No informaron nada sobre el RECSA heredado de la administración anterior, y sin importar variables como la calidad de los estudios, proceso evaluativo, la idoneidad y cantidad del recurso humano y la aplicación y cumplimiento estricto del Reglamento; pocos meses después sí divulgaron que la presa había acabado15. A partir de entonces, ya hay quienes dicen que ahora la Setena es eficiente, no obstante, todavía rige el mismo Reglamento General (hasta el 19/08/2023); pero “el milagro económico nacional” sigue esperando.
Cuando empezó ese ínterin, al finalizar el año 2018 e inicios del 2019, casi nadie supo ni se informó debidamente, por qué el jerarca institucional de entonces (Sergio Bermúdez Muñoz), a sólo 7 meses de su nombramiento fue cesado y en su lugar, aparentemente por orden de la primera dama y petición de UCCAEP, se nombró a la abogada Cynthia Barzuna Gutiérrez. Versión al parecer derivada del ligamen familiar entre esta abogada y un ejecutivo de esos gremios. Mientras tanto, de los colaboradores internos mejor “alineados”, algunos fueron promovidos a mandos medios y con ellos preparado el terreno para lo que vendría luego. El actual secretario Ulises Álvarez es una prueba al respecto, se dice que por su indiscutible “alineamiento” heredó la silla ocupada por Barzuna, de quien dicen también a lo interno de la institución, su principal aporte fue haber cambiado el logo de la Setena e insistir ante la prensa que la Setena iba a “migrar” de su modelo de EIA. Un asunto de repetición frecuente, lo cual, desnuda el desconocimiento de conceptos básicos en la materia de la EIA por parte de ella y quienes así lo repiten.
Acerca de la tarea de las interventoras en este caso contra el “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”, existen algunos antecedentes divulgados por diferentes medios. Por ejemplo: durante el gobierno Solís Rivera, una vez que adecuaron algunos mecanismos de participación pública según los intereses de las cámaras empresariales y otros entes afines como PROCOMER y CFIA; con el protagonismo de estos actores se elaboró el nuevo y primer Reglamento, pronto dado a conocer con el acrónimo RECSA15. Tanto en el sitio web de la Setena como por otros medios, también informaron que, para esos efectos, se facilitaron eventos de participación pública llamados mesas de diálogo. Sin embargo, no disponemos de evidencia suficiente si en verdad las autoridades de Setena facilitaron la efectiva participación pública que requiere este proceso. Pues la participación de la propia Setena, fue de bajo perfil y limitada a aspectos de forma. Así lo confirmaron algunos funcionarios consultados al respecto cuando se dio a conocer el documento, y de los pocos que tuvieron alguna participación, uno (Ing. Civil) respondió que, nunca entendió por qué lo incorporaron en esa tarea, si sólo tenía unos meses de haber sido contratado y el Reglamento a reformar, apenas empezaba a conocerlo.
Sin embargo, según nuestros informantes, durante la última semana del mismo gobierno, el entonces secretario de la Setena (Marco Arroyo), en su despedida ante el personal de la institución circuló un mensaje en el cual informó: “El decreto del RECSA junto a la derogatoria del 31849 que se adjunta, ya fue firmado por el presidente de la República (G. Solís) y está en fase de publicación oficial”. También se conoció que efectivamente, el documento había sido firmado por el presidente y los ministros del MINAE, S, MOP, MAG y MEIC. Así mismo, el número de oficio (DAJ-D-035-2018) con el que se registró y hasta el número de decreto ejecutivo que le correspondería para la publicación oficial (41132); se planteó como Derogatoria Parcial del Reglamento General EIA”. No obstante, transcurrido el primer año del nuevo gobierno encabezado por Carlos Alvarado, la publicación de ese decreto reglamentario no se había dado; pero en su lugar promulgaron otros relacionados con el mismo tema. Por ejemplo, los Decretos No. 41213-MINAE del 10 de julio de 2018 y el No. 41815-MINAE del 05 de julio 2019. Ambos concordantes con los objetivos de eliminar el requerimiento de la viabilidad ambiental, empezando con los proyectos según sus criterios de bajo impacto ambiental (54% de la totalidad de proyectos que ingresan por año – dijeron). Más adelante, la secretaria general declaró que se había determinado oportuno reformular el RECSA y que el asunto estaba a cargo del MIVAH. De manera que, según lo dispuesto en los decretos antes citados, sería de esperar otro reglamento todavía más acorde con los intereses del sector construcción y desarrollo inmobiliario. Siendo por ejemplo que, al tanto del tema, para mayo 2019 el presidente de la Cámara de la Construcción, también había declarado que tal documento se encontraba en revisión16.
Se infiere que, con esas reformas decretadas y otras disposiciones en igual dirección tanto al interior como a lo externo de la SETENA, para los citados sectores dominantes sobre los poderes de la República, el nuevo Reglamento heredado de la administración Solís y a un solo paso de adquirir su vigencia mediante la publicación; perdió interés. Pues, al generarse con el nuevo gobierno, mejores posibilidades de incidir a su favor en la administración del Estado para llevar a cabo transformaciones aún más regresivas, lo lograrían con otro Reglamento conservando el mismo nombre. En este caso, con un segundo RECSA, el cual podría catalogarse como una suplantación para evadir responsabilidades específicas. Algo similar a lo actuado con la viabilidad ambiental respecto al proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Y como era de esperar, con fecha 25 de mayo 2021, aparentemente con ciertas restricciones y al interior de la Setena, algunos funcionarios conocieron un documento sin número de oficio pero que correspondía a una nueva propuesta cuyo título refiere: ”Reforma Integral de 31849-SETENA”.
Pero, si bien el gobierno Alvarado Quesada finalizó sin haberse publicado el nuevo Reglamento General de EIA reformado ni el RECSA, si se toma en cuenta que las llamadas presas de expedientes ya no existían gracias a sólo la eliminación del requisito de Viabilidad Ambiental para proyectos, obras o actividades de bajo impacto ambiental, relegados a simples registros y permisos sin estudios previos; más otras disposiciones en igual línea, la expectativa a nivel público por el nuevo Reglamento había bajado. No obstante, y como ya se dijo antes, aunque anunciado atrasadamente se conoció el oficio DAJ-D-030-2022 firmado en casa presidencial el 21 de diciembre 2022, anunciado el 8 de febrero del 2023 y publicado el 19 de abril de este mismo año; siendo por lo tanto el último RECSA17. Y para efectos de conocer acerca de su consistencia legal y técnica, debe considerarse que con fecha 17 de noviembre del 2020, el Consejo Nacional de Rectores, luego de sus análisis y los pronunciamientos de investigadores y unidades académicas del espectro universitario, concluyó en rechazar dicho reglamento “…puesto que alberga una cantidad importante de inconsistencias que están alejadas de la ciencia y la técnica, y por las evidentes transgresiones, por acción u omisión, del derecho de participación pública y el derecho de información, así como a la normativa en protección ambiental, cultural y patrimonial vigente18”.
En las actuaciones entre gobiernos sobre la reglamentación de impacto ambiental, se ha determinado que la del señor Alvarado, con su sucesor hizo algo similar a lo del antecesor, ya que, es durante su gestión que se redactó la propuesta titulada “Reforma Integral de 31849 SETENA”, fechada 25 de mayo 2021 en la Setena y dada a conocer como el nuevo documento para decretar el RECSA. Documento diferente al heredado, y sin duda alguna más regresivo y acorde con las potestades concedidas al sector construcción y de desarrollo inmobiliario para “Proponer un reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental (RECSA) con el contenido que considere correspondiente”. En tanto es “…el usuario más importante de la SETENA pues sus proyectos representan un 70% de lo que ahí se tramita”. (Observar Considerando VI y Artículo 2 del Decreto 41817-MINAE y otros)19.
Esta sesgada concesión, permite inferir acerca del proceso de participación ciudadana que se pudo haber cumplido en la elaboración el nuevo Reglamento; pues es claro que la llamada modernización, con tal reforma en la integración de la Comisión Mixta de Apoyo Técnico, lo que más se propuso fue reducir la participación y jamás, al menos igualar la que se facilitó con el Reglamento General de la EIA derogado. (Se recomienda leer lo que sobre este punto específico señala la CGR en el Informe No.DFOE-SOS-IF-00008-2022). En votos anteriores, la Sala Constitucional ha reiterado su reconocimiento a esta fortaleza reglamentaria. Por ejemplo, en la Resolución 2019-2009 dictada a favor de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 32734, mediante el cual se pretendió derogar el requisito de la Viabilidad Ambiental en concesiones de agua20.
Finalmente, es necesario destacar que, de los documentos citados y dados a conocer desde el año 2018 acerca de reformas y derogaciones sobre la evaluación de impacto ambiental y su Reglamento General, se identifican tres documentos: 1. DAJ-D-035-2018, RECSA, su titulación se refiere “reforma parcial”. 2. Identificado con la leyenda 25-5-2021-SETENA, Reglamento, el título indica “reforma integral”. 3. DAJ-D-030-2022, RECSA, firmado el 21/12/2022, anunciado el 08/02/2023, presentado el 18/04/2023 y por último publicado el 19/4/2023 como D.E. 43898-MINAE. Sin embargo, este decreto no corresponde al mismo RECSA dado a conocer hace aproximadamente cinco años, si fuera así, hubiese sido firmado dos veces; la primera por el gobierno Solís Rivera el 03 de mayo 2018 y la segunda por el gobierno Chaves Robles el 21 de diciembre 2022.
También, es importante señalar que al publicarse el D.E. 41815 del 2019 con ello fue dispuesto que se eliminó el requisito de viabilidad ambiental del 54% de los proyectos, obras o actividades que se presentaban a la Setena con el D2; relegados a un trámite de simple registro e inmediato permiso. Mientras con el RECSA último, se indicó igualmente comprende la eliminación del mismo requisito de tramitación con el D2 pero en términos del 63 o 65 % de los proyectos, obras o actividades de bajo y muy bajo impacto ambiental21,22. Por lo tanto, aparentemente estamos en presencia de dos posibles mentiras expuestas al más alto nivel de autoridades de gobierno y a través de las cuales, de la lectura comparativa con el Reglamento General de EIA, se evidencia en el RECSA la constante regresividad que sus principales actores no tuvieron contemplaciones de imponer en ausencia de efectivas y concisas sustentaciones técnicas.
Muy oportuno es señalar que, en Resolución de Sala Constitucional (No. 2002-01220)23, sobre el mismo tema e iguales objetivos de las autoridades gubernamentales, se dictó que, hacer exclusiones de obligaciones ambientales para casos que determina de manera genérica y sin justificación técnica, “…evidencia un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su potestad reglamentaria”. Así mismo reitera: “…el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas es reserva de ley; es por ello que en este campo, la potestad reglamentaria que la misma Constitución Política reserva al Poder Ejecutivo, es inimaginable sin la existencia de una ley. Ya se adelantó que la Ley Orgánica del Ambiente establece en el artículo 17, como desarrollo de lo que dispone el artículo 50 constitucional, la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental para realizar actividades o proyectos que por su naturaleza puedan alterar o contaminar el medio ambiente”.
¿Y ahora? Como hechos importantes para la lectura crítica, hemos fijado atención a las más recientes celebraciones oficiales sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. En una de ellas, Canal 13 presentó al señor presidente acompañado de dos de sus ministros en visita a la ciudad de Puntarenas; y desde allá, intentaron transmitir algunos mensajes en los que, quizás ellos mismos muy poco creen. Pero más allá de los mensajes, pretendimos conocer si viajaron en el carrusel blindado “donado” al presidente por los “bondadosos gringos”; ya que, como a tales resguardos se ha llegado en Costa Rica, este, es un signo revelador del acelerado retroceso de las condiciones de vida del costarricense y sin duda, parte de la calidad de su ambiente. Por otra parte, la inauguración del “Desvío Tiribí”, revela otro signo de lo que en el mismo contexto se viene haciendo mal, específicamente aguas arriba de la ubicación del colector de aguas residuales en la cuenca del río Tiribí. Daños ambientales que, además que procurar corregirlos es caro (más de 13.000.000.000)24,25, son irreversibles y los costos así manejados se vuelven carga pública.
Los ejemplos citados, también permiten inferir que, si junto con la nueva reglamentación, se informó que eliminaron la evaluación de impacto ambiental del 65 % de los proyectos que la requerían, y adicionalmente que, en los estudios de impacto ambiental se redujo en un 32.9 % los términos de referencia26; considerando que éstos, eran requerimientos exigidos por el Reglamento General de EIA en consistencia con las Leyes, Convenios Internacionales y la Constitución Política; además de ser una prueba irrefutable de regresividad normativa, lo que también indirectamente pronostican con el RECSA, es la aceleración hacia un ambiente cada vez más insano y desequilibrado. De tal manera que, si como repiten con acentuado chovinismo que, Costa Rica mantiene un destacado liderazgo mundial en la protección, conservación y restauración de la naturaleza27,28,29; con las evidencias descritas, tales ventajas jamás se pueden garantizar con leyes y reglamentos más laxos, ni con Órganos Adscritos de carácter técnico (Ej. La Setena) más concentrados, sometidos al poder político y nadando en corrupción.
A qué conduce el último RECSA, si tanto en la forma como de fondo, también persigue reglamentar de nuevo una materia que, por su complejidad debe ser en todo momento integradora y abarcadora; no obstante, es notable el carácter de simplificación extrema y excluyente que se adopta. Además: 1. Que, como una aparente justificación técnica, argumenta que se abandona un modelo de escritorio para adoptar uno de campo con mayor peso en el control; es decir, no sólo denota desconocimiento de las fases del proceso de la EIA, sino que opta por la corrección en detrimento de la prevención. 2. Que no posee consistencia con lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en sus Artículos 6 y 17, artículo 14 del Convenio de Biodiversidad del que somos Estado Parte, y el artículo 50 Constitucional entre otras. 3. Qué deroga obligaciones ya establecidas y plenamente dispuestas en el Reglamento General de la EIA y su Manual EIA, según lo descrito en los artículos 3, 39 y 91 del RECSA. 4. Que en evidente violación de la normativa del trabajo, induce al acoso psicológico laboral imponiendo plazos que, incluyen tiempo no laboral de los funcionarios encargados del proceso de la EIA para resolver y responder ante los usuarios, así como, advertencias de establecer en su contra procesos disciplinarios (Artículos 15, 17, 26.f, 30.7, 33.3, entre otros). 5. Que el marco de legalidad, no autoriza a la Setena a delegar total ni parcialmente las funciones que le son propias; sin embargo, dispone que los proyectos, obras o actividades a los que les elimina el requisito del proceso de la Viabilidad Ambiental ante Setena; les basta con el trámite que deberán cumplir en otras instituciones y acatar lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas Ambientales (Ej.: Artículo 32.c). 6. Que el Código de Buenas Prácticas Ambientales acerca del cual, la Setena tanto repite sobre su aplicación; son disposiciones que por años han estado en el aire y nadie cumple, ni siquiera la Setena donde la mayoría de funcionarios no lo conoce; pero a los usuarios se les cobra sin entregar nada a cambio; lo único es indicarles que lo lean en el sitio web. 7. Que para proyectos, obras o actividades sobre infraestructura de telecomunicaciones, zonas francas y caminos; la exclusión de la Viabilidad Ambiental, además de lo contemplado en el RECSA, también se han establecido disposiciones en normas de reciente promulgación y otras en trámite30,31.
En conclusión, es urgente y necesario por parte de cada funcionario y cada habitante de este país, asumir el compromiso ético y moral que dispone la Constitución Política y las Leyes; dignificar y defender nuestra institucionalidad democrática, denunciar ante la Nación y el mundo lo que haya que denunciar y, nunca bajar la bandera de Defensores de la Casa Común que ha distinguido a muchos costarricenses, algunos de ellos hoy verdaderos mártires. Sólo así, con hechos y no simples palabras, alcanzaremos legitimidad para pregonar por el mundo si es que fuera necesario, lo que tenemos y hacemos. Como nunca, necesitamos un país y un Planeta más inmune a los impactos irracionales y avanzando indefinidamente en protección y conservación de su biodiversidad.
Referencias
(primera parte)
Cualquier persona que no tenga la información debida, se sorprenderá al saber que el origen de las maras se produjo en los suburbios del sur de Los Ángeles, California, en Los Estados Unidos, antes que, en El Salvador como frecuentemente se cree. Su nacimiento se dio en la década de los años ochenta, a raíz del maltrato y la discriminación de las que fueron objeto los migrantes salvadoreños a los Estados Unidos, a manos de pandillas de nacionalidad mexicana y descendientes afroamericanos. Una buena parte de los migrantes salvadoreños huyeron de El Salvador, por las malas condiciones de vida derivadas de la guerra civil en la que estaba envuelto el “pulgarcito de América”, como llamó a una de las naciones más pequeñas del continente americano el escritor (poeta y fino en el estilo de su prosa), el salvadoreño Julio Enrique Ávila (n. 1892-m.1968). Aclaro que esta alusión de mi parte no posee el menor tono peyorativo, sino que corresponde a la connotación que le otorgó el poeta Ávila cuando afirmó: “El Salvador es el país más pequeño del continente, el Pulgarcito de América. Tan pequeño, tan pequeño es, que podría imaginarse que cupiera en el hueco de una mano. Sin embargo, la pequeñez geográfica, pobreza de territorio, ha sido vencida por un alma indígena indomable que ha logrado florecer los páramos y ha hundido su arado de madera hasta en los bordes del precipicio y las aristas de las cumbres. Todo el país cultivado, se ofrece al peregrino como un huerto generoso; y bajo su sombra un huerto con los brazos abiertos, con los brazos en cruz, para acoger al que viene de fuera en busca de abrigo o sustento. Pueblo que todo lo obtuvo del trabajo, en una lucha tenaz y paciente; pero que sabe compartir la parquedad de su bocado con quien lo ha menester…” (Cfr. Ávila, Julio E. “El Salvador, Pulgarcito de América.” -fragmento- en: https://m.facebook.com >posts)
Estos migrantes salvadoreños entonces se organizaron en primera instancia, para defenderse del latrocinio conforme el que eran tratados, en muchas circunstancias hasta por otras pandillas delincuenciales. Poco tiempo después se les sumaron personas de origen guatemalteco y hondureño, así como también algunos mexicanos y de otras nacionalidades. Este origen fruto de condiciones tan adversas, hizo que sus miembros se cohesionaran como una especie de “hermandad” y que tuvieran que actuar de manera clandestina en el territorio estadounidense. Al poco tiempo, las condiciones socio económicas paupérrimas en las que se vieron obligados a sobrevivir, los empujaron a incurrir en acciones delictivas. Esta deriva violenta, los enfrentó inclusive con el FBI y la DEA, acarreando en gran cantidad de ocasiones su deportación a El Salvador y los demás países de los que provenían, sin tener derecho a defensa legal alguna.
El regreso de los cientos o miles de deportados a El Salvador, Guatemala y Honduras dejó a muchos de ellos con una mano adelante y la otra atrás, merced a la violenta pauperización o empobrecimiento que experimentaban (y experimentan todavía) esas sociedades. Fue así como, la organización que habían creado en Los Estados Unidos, las experiencias de enfrentamiento con las autoridades policiales y haberse visto obligados a actuar prácticamente en la clandestinidad, los preparó, sin haberlo previsto, para afrontar las nuevas exigencias en sus países de origen.
Las maras como se habían denominado desde que se organizaron en el “Norte revuelto y brutal”, para usar la conocida expresión del inmortal prócer cubano José Martí, comenzaron a echar raíces como organización criminal al margen de la ley, en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero principalmente en el primero de ellos, desde principios de la década de los noventa después de la deportación que sufrieron por parte del gobierno estadounidense.
En el caso de la “Mara Salvatrucha 13”, una de las más violentas, sus miembros fueron reclutados por el Cartel de Sinaloa, precisamente por su accionar cruel y violento. Fueron entrenados en el manejo de armas para ser insertados en el enfrentamiento contra “La Organización del Golfo” (Los Zetas o Cártel de los Zetas), una poderosa organización terrorista del narcotráfico en México, reputada por ser una de las más sanguinarias que se movía entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, fundada por el capo Arturo Guzmán Decena, conocido como el “Z1”. (Cfr. Marzulli, John (4 de marzo de 2011). «MS-13 gang member yelled ‘the beast has eaten!’ after murder of man he mistook for a Blood: witness – New York Daily News». Articles.nydailynews.com. Consultado el 24 de octubre de 2012.)
El término de mara quiere decir “pandilla de muchachos”; en El Salvador la connotación es: gente, pueblo, chusma. “Salvatrucha 13” por su parte es una palabra compuesta que tiene que ver con Salvador por una parte y trucha por la otra, que significa en México, persona sagaz. El número 13 hace alusión a la treceava letra del alfabeto la “M” de “Mara”. El radio de acción de la “Mara Salvatrucha 13” ha estado distribuido principalmente entre Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras y subsidiariamente en Canadá, Los Estados Unidos y México. Pero las maras en su conjunto se han extendido inclusive por algunos de los países europeos, como España y, se sabe de brotes en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Empero, en ninguno de ellos lograron establecerse. (Cfr.https://elpais.com/politica/2014/03/29/actualidad/1396110792_713723.html).
Otros de los Carteles, pandillas o Maras con los que se ha enfrentado la “MS13”, fueron los siguientes: Mara Barrio 18 (uno de sus peores enemigos), Cártel de Juárez, Los Negros, Sombra Negra, Cártel de Tijuana, Cártel de los Beltrán Leyva, The Rascals, Bloods, Norteños, Armenian Power, y los Latin Kings. Y como si este “pedigree” fuera poca cosa, la “Mara Salvatrucha 13” tuvo varios enfrentamientos armados con el Gobierno Federal de Los Estados Unidos.
Entre las actividades delictivas se le achacan: narcotráfico, robo, extorsión, terrorismo, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, asesinato, proxenetismo, crimen, asalto, secuestro y tráfico de armas. De acuerdo con los datos acopiados, se le atribuye poseer entre 200.000 y 300.000 miembros. No obstante, hay que tomar en cuenta que, entre los procedimientos de las maras, existe la extorsión no solo contra el Estado y organizaciones, sino también contra la población. Muchas personas son reclutadas por las maras mediante ese procedimiento, so pena de ser asesinadas ellas y sus familias si no se enrolan con la organización o colaboran con ella. Por otra parte, las maras crecieron entre los jóvenes, debido a los diversos problemas familiares y sociales que sufrían de abandono, maltrato, abuso, etc. De esta manera los jóvenes y adolescentes ingresan a las maras desde la edad de los 12 años, buscando encontrar en ellas apoyo a sus familias. Además, muchos otros ingresaron a la organización bajo amenaza como se expresó antes. Es frecuente que se les obligue antes de ingresar a la organización a realizar algún acto violento, a fin de contar con la autorización para acceder a ella. Todo lo anterior debe tenerse muy presente para todo lo que en estos ensayos vamos a analizar.
(Cfr.https://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha#:~:text=La%20Mara%20Salvatrucha%20comenz%C3%B3%20por,las%20m%C3%A1s%20violentas%20del%20mundo). Continuará la próxima semana…
Compartido con SURCOS por el autor.
Durante más de una década el Sr. Luis Guillermo López Vargas, siendo director de la Dirección Actuarial de la CCSS, engañó a los asegurados defendiendo a capa y espada que el Seguro IVM estaba como quinceañero, sus reservas crecían como la espuma, por lo que no requería ningún cambio sino hasta más allá del año 2040. Dejo estos dos enlaces a quienes no lo recuerdan: 24 de noviembre de 2010 y junio de 2011.
Para demostrar que no había ningún maquillaje, la administración de la CCSS contrató a expertos de la OIT, quienes no solamente hicieron sus propios cálculos actuariales de IVM con corte al 31/12/2008, sino que los compararon con los de la CCSS, calzando todo casi a perfección, pueden verlo aquí OIT Ginebra 2010. Para no dejar dudas, hicieron esta presentación en julio de 2010.
La principal conclusión de esos “expertos” fue que, aún sin el dinero del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, el IVM tendría excedentes hasta el año 2035, tanto con el modelo de la OIT como con el de la Caja. Decían lo siguiente y exhibían los gráficos 9 y 10 en la página 13:
“Una conclusión de interés, es que aún sin incluir los ingresos que el artículo 78 pueda generar, el Seguro IVM, se proyecta superavitario, empleando ambos modelos por lo menos por 25 años, con ello se puede pensar en un futuro inmediato sin necesidad de emprender reformas adicionales al Seguro de Pensiones.”
Proyectaban los expertos en el Gráfico 9, que al IVM le sobrarían aportes hasta el año 2035 con el plan tarifario que había en 2009; en el gráfico 10 estimaban que IVM acumularía hasta ¢38 billones de reservas en 2035; en 2022 el IVM estaría gordito con ¢10 billones.
Ante el ciego amor entre los “expertos” de OIT y los maquillistas de la CCSS, envié por correo observaciones a OIT en agosto de 2010, sin respuesta alguna; incluso en 2014 seguían defendiendo el informe, como pueden ver aquí Sergio Velazco. También las envié a la Junta Directiva de la CCSS; pero los ocho gatos y doña Ileana Balmaceda estuvieron de acuerdo con los maquillistas, pues según Balmaceda “(…) en síntesis, la solicitud de elevación a la OIT, de las observaciones que Usted formula, no son temas que le merecieran dudas a la Institución, razón por la cual no se procederá a lo pedido.” O sea, presuntamente los nueve directores compartieron el criterio del principal maquillista de la CCSS, parte del cual cito aquí: “Sobre el particular, es importante señalar que la participación del actuario Sergio Velazco, especialista principal de la OIT, en la elaboración del informe remitido por Ginebra, constituyó solamente un facilitador en la coordinación del informe de la OIT, elaborado por el equipo técnico actuarial radicado en Ginebra, Suiza. Por otra parte, en la valuación actuarial efectuada en San José, Costa Rica, la labor de acompañamiento que desempeñó, fue con un carácter muy objetivo y profesional.”
Esos maquillajes, ya no solo de funcionarios de la CCSS, sino de “expertos” de OIT, fueron conocidos por los costarricenses desde el año 2012, pues se divulgaron en Universidad.
Ya para el año 2013, poco antes de que el difunto Partido Acción Ciudadana (PAC) tomara las riendas del gobierno, Román Macaya Hayes proponía una Mesa de Diálogo, pues según él la culpa de los problemas financieros de la CCSS, era el aumento de los viejos y las viejas; pero se le olvidó convocarla cuando lo nombraron presidente ejecutivo de la Caja y en 2021 decidieron elevar las edades de retiro y bajar los beneficios, sin transitorio alguno, anunciando otro engaño a los asegurados, que también pueden ver en más mentiras, afirmando que con esas decisiones el IVM tendría solvencia hasta el año 2050.
Lydia Wideman (1920-2019) nació en Vilppula, Finlandia, el 17 de mayo de 1920. Gemela de su hermana Tyyne, tuvo un total de diez hermanos.
Tras concluir sus estudios, Lydia Wideman trabajó como oficinista y se aficionó al esquí de fondo. Algunos miembros de su familia como su propio padre se dedicaban al mismo, algo que la acercó a la especialidad.
A finales de los años treinta, Lydia empezó a entrenar y a acudir a algunas competiciones, consiguiendo buenos resultados, aunque la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) detuvo su progresión. La guerra mundial y los duros años de la postguerra no fueron precisamente los mejores para las competiciones, ya que las principales fueron canceladas.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Lydia Wideman pasó unos primeros años de postguerra alejada del deporte hasta que poco a poco regresó a los entrenamientos y a la competición. En 1949, consiguió uno de sus primeros éxitos al vencer en los 10 km de Puijo. Su hermana gemela Tyyne fue su ejemplo a seguir.
En 1949, Tyyne consiguió proclamarse Campeona de Finlandia en los 10 km de esquí de fondo. Y, en 1950 y 1951, repitió triunfo por delante de Lydia. 1951 fue el año de la retirada de Tyyne de la alta competición. Y 1952 fue el año en el que Lydia Wideman recogió su testigo y lo llevó a lo más alto del olimpo.
Lydia Wideman, con el ejemplo de su hermana como inspiración, convirtió el año 1952 en su año de gloria, como los anteriores lo habían sido de su hermana gemela Tyyne.
En 1952, Lydia Wideman compitió en trece pruebas de 10 kilómetros y las ganó todas, incluidas la de los Juegos Olímpicos de Invierno (Oslo, Noruega), la de los campeonatos nacionales y la de los Juegos de esquí de Lahti.
Esas hazañas le supusieron a Lydia muchos logros, siendo la medalla de oro olímpica alcanzada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Oslo el más especial de todos ellos. El oro olímpico la convirtió en la primera mujer de la historia en proclamarse Campeona Olímpica de esquí.
El punto amargo de su victoria olímpica fue el machismo imperante en aquellos Juegos de 1952, algo habitual en el deporte de la época. La esquiadora explicaba en 2010 a la prensa finlandesa que “el deporte de aquellos años era un asunto de hombres”. Y añadía una frase que reflejaba a la perfección el papel secundario que las instituciones deportivas tenían establecido para ellas. “Al acabar las competiciones, los premios pasaban desapercibidos para las mujeres”.
La situación de discriminación que padeció Lydia Wideman en esa época no fue muy distinto de la que padecieron otras grandes campeonas como la ciclista Elsy Jacobs o la lanzadora y republicana española Margot Moles, entre otras.
En 1952, en el año de su gloria olímpica, Lydia Wideman se casó con Paavo Lehtosen, con el cual tuvo dos hijos, Jarmo en 1961 y Kari en 1962.
De 1957 a 1965, en plena retirada de su carrera deportiva, la esquiadora se desempeñó como miembro del Consejo Federal de la Asociación Finlandesa de Esquí, a la vez que también asesoró con sus conocimientos en otros campos federativos. En las décadas siguientes, aportó todo lo que pudo en ese sentido.
En sus últimos años de vida, a pesar de su avanzada edad, Lydia Wideman todavía seguía de cerca el esquí y se acomodaba frente al televisor de su casa cuando retransmitían alguna prueba de interés del que había sido su deporte, de la actividad que había sido el eje central de su vida.
Desde 2009, Lydia Wideman se convirtió en el campeón olímpico finlandés más viejo. Desde febrero de 2018, tras la muerte del regatista Durward Knowles con 100 años de edad, también pasó a ser el campeón olímpico vivo más viejo del mundo.
Poco más de un año después, el 13 de abril de 2019, Lydia Wideman falleció en Tampere a la edad de 98 años. Le quedaba poco para alcanzar el siglo.
Finlandia, donde el esquí es una especie de deporte nacional, lloró su pérdida y no la ha olvidado. Observando los reconocimientos que recibe en su país, es evidente que su memoria permanece. La primera mujer campeona olímpica en esquí, en un tiempo difícil para el deporte por la guerra mundial y para el deporte femenino por la discriminación, no merece menos. Es lo justo.
La Ola de Paz Mundial es una iniciativa de la Organización World Beyond War. Este es un Zoom de 24 horas de duración que presenta acciones de paz en vivo en las calles y plazas del mundo, moviéndose alrededor del globo con el sol.
Esto es justo antes de una reunión anual de la OTAN y aprovecharemos la oportunidad para oponernos a todas las alianzas militares.
Mundo sin Guerras y sin Violencia Costa Rica, ha organizado esta actividad en el Parque Río Loro, a la que invitamos, para apoyar la Ola de Paz a su paso por Costa Rica.
Les invitamos a ser parte de la Ola de Paz Mundial a su paso por Costa Rica.
Este sábado 8 de julio en el Parque Ambiental Río Loro en Ochomogo.
A partir de las 9 a.m. y hasta las 2:30 p.m.
Circulo de percusión. A cargo de la Comunidad Rítmica por la Paz.
Canciones referidas a temas de Paz.
Visita Guiada al Parque Río Loro (mariposario, lombricultura y compost)
Almuerzo compartido.
Actividades infantiles, pintura de manta por la paz.
Traiga zapatos cerrados tipo tenis y capa por aquello de la lluvia.
Te esperamos para unirnos por la Paz Mundial. Evento en Facebook.
Es lamentable la situación de Bolivia, ante la diatriba entre el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) quien se desgasta en una interna entre el presidente Luis Arce y su líder histórico, Evo Morales, que lleva más de dos años.
La crisis es de tal magnitud que se solicitó la mediación de Cuba, y se produjo un encuentro entre los dos políticos recientemente en La Habana, que no arrojó resultados positivos.
Esta mediación de Cuba, tiene antecedentes históricos invaluables y de envergadura, además de tino diplomático y revolucionario que intuiremos en este artículo.
En el sitio del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, se señala que, la nueva Constitución de la República de Cuba, proclamada en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 10 de abril de 2019 en el Palacio de las Convenciones de La Habana, reconoce y se le da legitimación jurídica a los «métodos alternos de solución de conflictos con el fin de que estos puedan ser utilizados con el propósito de gestionar la conflictividad en la vida de los actores sociales en sus ámbitos privado o colectivo«.
Señalando explícitamente la Constitución cubana en su artículo 93 que, «el Estado reconoce el derecho de las personas a resolver sus controversias utilizando métodos alternos de solución de conflictos, de conformidad con la Constitución y las normas jurídicas que se establezcan a tales efectos«.
En este sentido, el Dr. Armando Castanedo Abay, en su artículo: «Mediación y solución de conflictos, perspectiva cubana«, en Cubadebate enfatiza, en términos generales, «el procedimiento de Mediación consta de cinco fases:
La experiencia cubana a nivel nacional, la ha trasladado como experiencia vivencial al ámbito internacional, desde hace muchos años, y últimamente en varias experiencias en Latinoamérica, África y otros continentes.
Esta experiencia cubana, que reiteramos tiene una base histórica exitosa, (de acuerdo a las situaciones específicas de cada una) se viene llevando a cabo hace mucho tiempo atrás, (teniendo a su vez, una resistencia imperial) y que tiene tres etapas: el apoyo a movimientos, las misiones y las mediaciones, que, al fin y al cabo, representan resolución de conflictos diversos, siendo parte de todo el proceso de Cuba como revolución en América Latina.
El apoyo a movimientos afines
Según el sitio, Política Exterior, en su artículo: «Política exterior cubana: de la revolución a la mediación«, «ante la arremetida imperial hostil y su carácter incondicional contra Cuba, en los inicios de la revolución, se inicia un proceso de apoyo y de búsqueda de aliados, por ejemplo, en Bolivia en 1967, que concluyó con la muerte de Ernesto «Che» Guevara, aunque ya antes en 1959 y 1960, ya se habían hecho contactos buscando la unidad y una sociedad de alianza revolucionaria.
No olvidemos, que, durante el proceso de descolonización, Cuba apoyó a África. Envió instructores militares a Argelia (1962), la República Democrática del Congo (1965, (también con «Che» Guevara al frente), el Congo (1965) y Guinea-Bissau (1966).
Siria y Yemen del Sur también recibieron apoyo militar cubano. Las misiones las integraban pequeños grupos de expertos en guerra de guerrillas, médicos y personal educativo.
Aunque algunas de estas misiones fueron exitosas, otras colapsaron debido a una gestión improvisada y temeraria, además del acoso de EEUU.
Recordemos igualmente que, en Etiopía (1978), Fidel Castro llegó a enviar 16.000 soldados para apoyar al país durante la Guerra de Ogadén.
El mayor apoyo cubano, tuvo lugar en Angola. Tras el desmantelamiento del Imperio portugués, Cuba envió asesores militares para entrenar al MPLA, El Movimiento Popular de Liberación de Angola, de Agostinho Neto, enfrentado con otros dos grupos rebeldes: la UNITA de Jonás Savimbi (apoyada por EE UU y Suráfrica) y el FNLA de Holden Roberto (apoyado por China y Mobutu Sese Seko).
Aunque el MPLA, era el movimiento mejor organizado del país, Cuba necesitó enviar hasta 30,000 soldados para defender Luanda ante los ataques de UNITA, el FNLA y el ejército surafricano. Durante la batalla de Quifangondo (1975), tropas de élite cubanas recién aterrizadas en Luanda rechazaron el principal ataque del FNLA, apoyado por tropas de Mobutu.
«El apoyo de las tropas cubanas fue una sorpresa absoluta”, admitiría el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, que había apostado por derrocar al MPLA y vio sus planes frustrados por una isla de menos de diez millones de habitantes.
Cuba mantuvo su presencia militar en Angola durante más de una década. El punto culminante de la intervención tuvo lugar en 1988, cuando el ejército cubano y las fuerzas del MPLA repelieron el ataque definitivo de Suráfrica y UNITA en Cuito Cuanavale, al sureste del país. La batalla impactó decisivamente la política exterior de Suráfrica, que terminó por abandonar su intervención en Angola y la ocupación de Namibia.
Tras la caída de la URSS, Cuba, dejó el soporte a todos los movimientos afines y socios aliados».
Las misiones cubanas
La historia de las misiones cubanas en América Latina y en el mundo, es extensa y variada. Según el portal de noticias TeleSurtv.net, a través de diversos convenios en materia de salud, educación, deporte, audiovisual y otros, Cuba ha brindado ayuda y capacitación para el beneficio de la población.
En el área de salud, por ejemplo: «como parte del incremento de profesionales de la medicina, el Gobierno de Cuba, en cooperación con Venezuela, se propuso como meta en el 2005 la formación de médicos para satisfacer la demanda sanitaria, no enfocada al territorio nacional, sino en países pobres que lo necesitaran.
En total, 14 mil 140 estudiantes de 20 naciones han cursado estudios de medicina en la isla.
Países como Bolivia, El Salvador, Venezuela, Argentina, Perú, Brasil, México, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Timor Leste, Honduras, Pakistán y Guyana cuentan ahora con profesionales de la salud bajo el sistema de educación cubano.
No obstante, el país también posee un gran número de médicos cubanos en misiones permanentes o semipermanentes en diversos continentes: Por ejemplo, en América Latina, en países como Guatemala, Haití, Uruguay. En África están presentes en Argelia, Angola, Gambia, Guinea-Bissau, Namibia, Sudáfrica, Cabo Verde.
Por su parte, en el continente oceánico los médicos cubanos están presentes en Kiribati y Timor Leste.
La Misión Milagro, el mayor proyecto de salud de Cuba ha operado gracias al desarrollo alcanzado en la medicina, a millares de latinoamericanos de países como El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Dominicana.
Como parte de su ampliación han surgido Centros de Oftalmología en Venezuela y Bolivia con personal, equipos y recursos cubanos.
En los centros donde se alojan los pacientes en Cuba son atendidos por médicos, trabajadores sociales o estudiantes universitarios que brindan parte de sus vacaciones para dedicarlas a esta labor de solidaridad».
Así mismo, Cuba, ha apoyado en convenios educativos, capacitación deportiva internacional, formación cinematográfica y muchísimas otras áreas en América Latina y el mundo.
Mediaciones
En los últimos años (década de los años 90) Cuba ha adoptado la mediación en conflictos específicos, como el colombiano, manteniendo su proceso histórico de mediación en América Latina.
En el sitio IPS Internacional, recientemente, «La Habana vuelve a desempeñar un papel mediador en la resolución de conflictos armados en Colombia, el 9 de junio 2023, el presidente colombiano, Gustavo Petro, Antonio García, primer comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el presidente cubano Miguel Diaz-Canel, se reúnen tras la firma de los acuerdos de cese al fuego bilateral, nacional y temporal con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El tercer ciclo de la mesa de diálogo finalizó el viernes 9 de junio 2023, con el anuncio de dos acuerdos de inmediato cumplimiento.
El primero especifica los preparativos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz, que incluyen la conformación de un Comité Nacional, que se instalará públicamente el 25 de julio.
El segundo acuerdo precisa fases y fechas del proceso de alistamiento del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT). Hasta el 5 de julio se desarrolla un proceso que incluye la preparación para la puesta en marcha del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV).
Las órdenes de cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes el 6 de julio, el 10 del mismo mes, se prevé una reunión plenaria y presencial de la Mesa de Diálogos de Paz, para aprobar los protocolos elaborados y a partir del 3 de agosto comienzan a contar los 180 días de vigencia del CFBNT.
Recordemos también que, la capital cubana fue sede de las conversaciones de paz, de casi cuatro años entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que culminaron con un acuerdo refrendado en un plebiscito en octubre de 2016.
En fin, Cuba ha mantenido, y mantiene esta política de mediación, al margen que EEUU y Donald Trump (2017-2021), haya reinstaurado la calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, el 12 de enero de 2021″.
Imagen ilustrativa: https://misiones.cubaminrex.cu/
En el programa radial de Amelia Rueda, el lunes 3 de julio, la diputada Pilar Cisneros afirmó que el proyecto llamado 4/3 o de jornadas laborales de 12 horas, es importantísimo, porque de ese proyecto dependen miles y miles de empleos, particularmente en las zonas costeras. No explicó sobre qué bases se apoyaba para lanzar una afirmación tan fuerte, pero el caso es que, con la ligereza que le es característica, así lo dijo.
Esta idea merece ser reflexionada críticamente.
Primero, recordemos en qué consiste esta propuesta de ley. Básicamente lo que se hace es establecer jornadas ampliadas de 12 horas, suprimiendo el pago de horas extras. Se han contemplado dentro del proyecto, otras ideas que apuntan en el mismo sentido, como las de permitir un manejo flexible de las jornadas laborales a lo largo del año, por ejemplo en el caso del turismo, de forma que se alarguen esas jornadas durante la temporada alta y se reduzca durante la temporada baja.
Esto último significa que los vaivenes del negocio son colocados sobre los hombros de las personas trabajadoras, y a costa de su presupuesto familiar. El riesgo normal del negocio, que, según la ideología propia del capitalismo, debe ser asumido por la empresa, puesto que es eso lo que presuntamente justifica la ganancia, es trasladado a los trabajadores y las trabajadoras.
Pero hay algo más en todo esto, que constituye el común denominador de esta propuesta de ley, en sus diversas facetas: su objetivo fundamental es reducir costos mediante la reducción de salarios.
Por lo tanto, lo que se busca es que las empresas costarricenses sean más competitivas, no mediante una mejor gerencia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, con base en mejoras tecnológicas y, en fin, con base en la elevación de la productividad, sino mediante el recorte salarial. O sea: bajar costos, no mejorando el funcionamiento de las empresas, sino reduciendo el costo de la mano de obra o fuerza de trabajo que emplean.
Recordando las afirmaciones tan contundentes lanzadas por Cisneros, la pregunta entonces es: ¿es esa la forma correcta de propiciar la creación de empleos? En particular, ¿lograremos de esa forma generar los miles y miles de empleos de que habla la diputada?
En principio, la respuesta es “depende”.
En primer lugar, depende de si son empresas que producen para el mercado nacional, o si están orientadas al mercado externo, o sea, la exportación de productos, el turismo, etc.
Para las empresas que producen para el mercado nacional, la respuesta es: muy posiblemente el efecto será negativo, por la sencilla razón de que, al deprimirse los ingresos salariales, se deprime la demanda de los hogares trabajadores y, por lo tanto, se restringe su consumo, en cuyo caso es posible que caigan las ventas de las empresas que producen para el mercado nacional, lo cual frenará el empleo que estas generen.
Si son empresas que producen para el mercado externo, exportadoras o del turismo, debemos tener presente que el negocio de estas empresas depende de dos cosas: 1) que la demanda externa que esas empresas atienden sea dinámica y les permita vender mucho; 2) que puedan participar en los mercados internacionales de forma competitiva, o sea, con precios cómodos y buena calidad.
El proyecto de jornadas de 12 horas no afecta en nada el primero de estos puntos, o sea, a la demanda internacional no le hará ni cosquillas esa reforma.
Si puede afectar el segundo punto, el de la competitividad. En este caso, de lo que se trata, muy claramente, es de ganar competitividad, no mediante innovaciones tecnológicas, mejoras de la calidad, etc. sino exclusivamente bajando los salarios. O sea: reducir costos reduciendo la parte de los costos salariales y, por lo tanto, deteriorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
El problema es que se les puede ir lo comido por lo servido, de forma que podrían terminar con un deterioro de la competitividad, no obstante la reducción de los salarios.
Hay dos factores que afectan directamente la competitividad empresarial:
Todavía hay un tercer factor, de alcances más amplios y consecuencias a mediano y largo plazo: todo esto afecta negativamente lo que podemos llamar la reproducción de la mano de obra o reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, afecta aquellas condiciones, que en gran parte se satisfacen en el ámbito doméstico y hogareño, que garantizan la salud física y la estabilidad emocional de las personas, y de lo cual depende, decisivamente, su buena disposición para el trabajo, así como su actitud frente al sistema político, la democracia y la sociedad en general.
La mejor forma de ilustra ese punto es en relación con las graves consecuencias que esto traería para las mujeres trabajadoras jefas de hogar, pero, en general, para todas las mujeres trabajadoras a cuya jornada de trabajo fuera de casa, se suma la jornada de trabajo no remunerado dentro de casa. La consecuencia es, o exclusión de las mujeres de los mercados labores o deterioro de las condiciones de reproducción de la mano de obra en el ámbito hogareño.
En su conjunto, lo que se hace es sembrar vientos para cosechar tempestades en términos de un orden social más inestable, violento e inseguro, con agravadas amenazas para la democracia. Todo lo cual es territorio minado, en el cual difícilmente los negocios privados podrán florecer.
El asunto, pues, es mucho más complejo y de consecuencias mucho más amplias e insatisfactorias de lo que sugiere el discurso hueco, manipulador y demagógico de la diputada Cisneros.
