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Panegírico del presidente de la República y su leal escudera acerca de la voluntariedad de la jornada 4×12 y anualizada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“La igualdad no ha sido más que una bella
y estéril ficción de la ley” (Marechal, 1796)

Manuel Hernández

En una reciente alocución dominical, el Presidente de la República salió a promover y defender el proyecto de ley de extensión y anualización de las jornadas de trabajo.

En su apología, de entrada, el Presidente increpó ¿qué cuál era el problema de la cuestión, si el proyecto establece que estas jornadas son voluntarias?: “A nadie lo van obligar a cambiarse a 4/3”.

La fracción oficialista, disciplinada por la Diputada Cisneros, ha argüido este mismo artificio jurídico, asumiéndolo como un mantra ideológico, para blandir en el aire los tantos cuestionamientos y tratar de blindar el impresentable proyecto.

No obstante, si bien es cierto, que el texto del proyecto dispone que la modificación de una jornada común a una jornada extendida 4/12, o a una anualizada, en buena teoría jurídica, no la puede realizar unilateralmente el patrono, no es menos cierto, que de la fría letra de la ley, a la realidad del mundo de las relaciones laborales, hay mucho trecho, muchas leguas de distancia.

Aquel relato gubernamental en que se ha radicado la sórdida defensa del proyecto, al que se han sumado otras fracciones, incluidas varias diputaciones del PLN, se atrinchera en un mito que no resiste la menor crítica.

Más allá de la literatura clásica del Derecho del Trabajo, que nos define los elementos esenciales y las características del contrato de trabajo, desde una perspectiva crítica, hay que develar que en toda relación de trabajo subyace una relación de poder. Por ahí, nos comenta un autor, que “En el trabajo, antes del derecho, está el poder”.

Así es efectivamente, la trama de las relaciones laborales está estructurada por una relación de dominación compleja: de carácter económica y política, que coloca al trabajador en una situación de subordinación fáctica y jurídica, cuyo contrato de trabajo es un contrato de adhesión, que al decir de otro reconocido jurista, el contrato “debe verse como el elemento de mediación que sanciona jurídicamente aquella posición de desigualdad”. 

Por más que los escuderos del proyecto invoquen a los cuatro vientos la literalidad de esa norma, para predicar la consensualidad y voluntariedad de cualquier modificación del esquema de las jornadas de trabajo, la cruda, efectiva e innegable realidad es que el trabajador se encuentra en una posición de manifiesta desventaja, sometido a una relación de poder, sujeto al gobierno privado del empresario, un gobierno patronal nada democrático en nuestro país. Ciertamente, en aquellas fábricas, plantaciones agrícolas y empresas en las que podrán aplicarse esas jornadas emergentes, existe un notable déficit democrático, en las que la autonomía de la voluntad del trabajador/a queda enajenada, desde que marca el registro de la hora de ingreso.

Esta subalternidad de la persona trabajadora se viene más agravada en virtud de las restricciones de la libertad sindical y del derecho de huelga que prevalecen en nuestro ordenamiento, afectaciones que refuerzan, intensifican, el exorbitante poder empresarial y garantizan fácilmente a las patronales tener un gobierno y control absoluto de las relaciones de trabajo, frente al cual la voluntad de la persona trabajadora es inoponible; es decir, resulta inefectiva e ineficaz.

No queda la menor duda que la supuesta cláusula legal de salvaguarda de la voluntad de la trabajadora, con mayor razón en nuestro país, donde las patronales se quedaron congeladas en el Jurásico, se convertirá en letra muerta y en un producto más de la canasta básica alimentaria: un rollo de papel higiénico, de una sola capa.

Por otro lado, hay que aclarar que tampoco nada impide que los nuevos contratos de trabajo que se celebren, a partir de la vigencia de dicha ley, el patrono los puede determinar, de una vez, imponiendo las emergentes jornadas que la ley crea, en cuyo supuesto no aplica, mucho menos, aquella ilusoria clausula legal.

Pensar que un obrero de una plantación agrícola, una trabajadora de una empresa transnacional corporativa, puedan resistir la imposición unilateral del patrono, es una ficción totalmente inasumible.

Y ni qué decir en aquellas empresas en las que no existen sindicatos que contrapesen el quiróptero poder empresarial, cuya proclamada cláusula normativa de “voluntariedad” constituye un verdadero fraude de ley.

Cómo escribía Martí: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

Democratizar la educación para reconstruir la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El régimen democrático costarricense, que celebró índices de desarrollo humano y de paz social ejemplares en América Latina, se ha deteriorado cualitativamente. El creciente empobrecimiento, desigualdad e inseguridad social junto con la avanzada del autoritarismo político y el fundamentalismo religioso-cultural son los factores que explican, en buena medida, ese deterioro. El mismo se manifiesta en un debilitamiento sustantivo de nuestra institucionalidad social pública, así como en la pérdida de protagonismo del país en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel mundial.

Todo ello también ha contribuido a profundizar la polarización social, acicateada por los elevados decibles de las voces del odio y la intolerancia que campean hoy en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Asimismo, una gestión gubernamental que no da indicios de contribuir al tan necesario diálogo social para encarar los álgidos problemas del país. Acudir a las vieja prácticas de componendas interpartidarias solo abonan el terreno de la polarización y el desencanto ciudadano.

Reconstruir el régimen democrático del país es una tarea tan urgente como importante. Para ello necesitamos una ciudadanía con mejores niveles educativos, particularmente, como se recomienda en esta era de la inteligencia artificial, poniendo especial atención a la formación en “capacidades blandas” para humanizar el desempeño técnico-profesional e incentivar la creatividad y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, se requiere ampliar la cobertura del sistema educativo en todos sus niveles, es decir, democratizarlo fortaleciendo la institucionalidad pública y convocando a la privada a un mayor compromiso solidario. Asimismo, redefinir la estrategia curricular atendiendo a las nuevas condiciones de disponibilidad y acceso a la información.

Una verdadera democratización de la educación es aquella que garantice que todo joven costarricense a la edad de 18 años haya culminado la educación secundaria y esté preparado para acceder a una carrera técnica o académica del mejor nivel. De esta manera, se crean las condiciones que eviten seguir reproduciendo la “generación perdida” de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un país que se precia de tener un “ejército de maestros” no debe estar tirando a las calles a jóvenes en edad productiva, para que se conviertan en delincuentes, sicarios, consumidores y traficantes de drogas, contribuyendo a reproducir los círculos de la pobreza y la violencia.

Si bien es cierto, la educación no es la única solución a los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la violencia social (cultural, simbólica y política) y criminal, sin educación no hay posibilidad de avanzar significativamente en la solución de los mismos. Como se dice, es una condición necesaria pero no suficiente. Sin embargo, en las condiciones actuales, si el país pretende rescatar su viejo protagonismo en desarrollo humano y reconstruir su régimen democrático la democratización de la educación tiene que convertirse en una prioridad de la política pública.

En esta dirección se requiere afinar la planificación y regulación de todo el sistema educativo, tanto público como privado, con un norte claro y definido: garantizar la conclusión de los estudios secundarios para todos los jóvenes que habitan este país. Es la gran deuda social que arrastramos desde hace décadas, como bien lo han reiterado los Informes sobre el Estado de la Educación. Para ello, se requiere un seguimiento personalizado del avance educativo de los jóvenes y, por consiguiente, una estrategia de cooperación por parte de las familias, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y el Estado.

Si no queremos una sociedad con más cárceles que escuelas y colegios, tenemos que actuar ya. Hay que superar el actual modelo de “oligarquización de la educación” y dar el salto cualitativo hacia la democratización de la educación, la vía por la cual el país cosechó sus mejores logros y los puede seguir cosechando.

Alternativas y resistencias frente a la erosión de los derechos humanos y democracias en el Istmo Centroamericano – Congreso Centroamericano de Sociología

Escrito en . Publicado en Análisis.

Este lunes 5 de junio será la inauguración XVIII Congreso Centroamericano de Sociología: «Alternativas y resistencias frente a la erosión de los derechos humanos y democracias en el Istmo Centroamericano”.

Hora: 9:00 am Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice. 10:00am Panamá.

Sede de la inauguración: Auditorio Institucional Cora Ferro (Heredia, Campus Higuerón-Universidad Nacional).

¿Cómo llegar?

Waze: Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese: https://waze.com/ul/hd1u0yh35x

TRANSMISIÓN EN VIVO EN EL CANAL DE YOUTUBE https://www.youtube.com/@auditorioinstitucionalcora3010

Descargue aquí el Programa Oficial ACAS 2023

Conferencia inaugural:

El riesgo de un discurso infundado 

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña (escritor y sociólogo costarricense)

Hace poco un medio de comunicación nacional me preguntaba mi opinión sobre el tránsito de personas por el paso fronterizo entre Colombia y Panamá denominado Tapón del Darién y las implicaciones para el país de una posible afluencia masiva de migrantes una vez superado ese duro trance.

Mi respuesta fue ubicar el sentido de dinámica de la movilidad en la que las personas en tránsito no buscan quedarse en el país sino más bien generarse las condiciones requeridas para continuar su camino.

Es un proceso con varias dimensiones concatenadas y no puede ser reducido a un asunto de hipervisibilización o aumento de la inseguridad provocada por el paso de tales movilidades.

Trabajar en argumentar desde una idea como estas, contribuye a desmontar la noción difundida de una crisis migratoria que el país debe atender con sus escasos recursos.

La crisis, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no la producen quienes migran sino los sistemas institucionales, económicos y sociales que crean las condiciones causales a las que se adiciona la implementación de políticas migratorias basadas en el enfoque securitario.

Un aspecto que adiciona a la fabricación de las crisis migratorias es la socialización de informaciones distorsionadas o que den la impresión de que la situación no puede controlarse. Justamente el presidente de la República, Rodrigo Chaves emitió recientemente una opinión en la que señalaba el costo ( SIC) de mantener a poblaciones migrantes en el país dotándolas de servicios como educación y salud.

Si el enfoque es el costo, algo anda mal en la posición gubernamental y denota ciertamente un uso instrumental del tema para seguir generando núcleos duros de apoyo con temas sensibles. Bien es sabido que en regímenes populistas, los gobiernos se granjean el apoyo popular estableciendo posiciones que la mayoría desea escuchar. La migración es uno de ellos.

Hubiera sido necesario que antes de emitir tales declaraciones, el mandatorio dedicara un par de horas de su intensa agenda para leer con detalle el informe de la OCDE-OIT de 2018 sobre la contribución de as migraciones al desarrollo económico del país. Sabría que por ejemplo esa contribución fue estimada en cerca de un 12% del Producto Interno Bruto, aporte para nada menor en las circunstancias de la economía global y nacional.

La reciente designación de una nueva jerarca de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indica dos aspectos a señalar: la inconsistencia que ha caracterizado el liderazgo del sector en los últimos años y su ubicación como parte del ámbito de seguridad, gobernación y policía.

En la actualidad se discute una nueva política migratoria por entrar en vigencia a partir de 2024. Convendría discutir con seriedad si la Institucionalidad que gestiona las migraciones en el país debe seguir ubicada bajo el alero de los esquemas securitarios que, entre otras cosas, se nutren con fuerza de opiniones orientadas a construir una corriente de opinión contraria a la gestión de tales procesos, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El país se enfrenta a uno más de sus actuales desafíos. Las migraciones no pueden ser problematizadas de la forma en que la sociedad lo ha hecho hasta el momento. Es necesario un golpe de timón histórico que incluya decencia, conocimiento y oficio para acabar con las percepciones negativas y los peligros de opiniones que luego se conviertan en acciones de intolerancia, discriminación y rechazo.

Bolivia, crisis y disputas internas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

Desde la salida del ex presidente Evo Morales Ayma, de la jefatura presidencial en Bolivia, (golpe de Estado en su contra) se empezaron a escuchar especulaciones sobre problemas internos entre el partido Movimiento al Socialismo MAS y Evo Morales, dentro del mismo partido MAS, entre el presidente Luis Arce y Evo, entre David Choquehuanca y Álvaro García Linera, en fin, una lucha intrincada entre los principales líderes del MAS y ex presidentes, vice presidentes y presidentes en ejercicio.

Revisemos algunos elementos de esta crisis o disputas internas. Por ejemplo, José Llorenti, miembro del MAS, señala: «En el año 2014, con la victoria de Evo Morales con el 61%, el MAS como partido tenía la misión histórica de empezar a debatir la transición o la renovación en la misma revolución, sin embargo, ante la intensión de Morales de negar el debate, y de hablar únicamente de su posible reelección, se postergó un debate necesario en el MAS que hoy (gestiones 2021-2022-2023), estamos llevándolo a cabo. La crisis del MAS actualmente, es la crisis de la transición y ahora llamada renovación, la cual debió debatirse el año 2014, inmediatamente después de que Evo Morales ganara la elección. Es decir, que inmediatamente la victoria de Morales se debió iniciar la discusión por quién o quiénes serían los siguientes cuadros en conducir la Revolución (actualmente, Luis Arce y David Choquehuanca)».

«En otras palabras, la crisis orgánica y política que está ocurriendo en el MAS, es un debate atrasado, porque debió debatirse de cara al año 2019 la transmisión ordenada de mando como sucedió por ejemplo en Brasil, con Lula-Dilma o en Argentina con Cristina Fernández-Alberto Fernández, o varios otros ejemplos. El rehusar el debate no hizo otra cosa que ocultarlo, motivo por lo cual ahora estamos viviendo esta crisis. Asimismo, debatir la transmisión de mando, no quiere decir, “jubilar a una generación” o “retirar de la política” a un líder, como por ejemplo, sucedió en Brasil donde se puede ver con más claridad que la transmisión de mando no significó el retiro de Lula de la política, de la misma manera, en Argentina, la salida de Cristina Fernández de la presidencia no significó su retiro en la política, significó, más bien, la oxigenación de un gobierno o de un proceso político de cambio (progresista – popular)».

Ahora, para salir o para sobrellevar esta crisis política, se presentan varias salidas, veamos las más destacadas:

  1. La salida institucional-electoral, que significa ir a primarias al interior del MAS para ver una salida ordenada a la división y la crisis. Esta salida, siendo la más racional, no parece ser la más popular entre los líderes del denominado “Proceso de Cambio”, por los grados de desconfianza que existen, y porque ya se tiene el precedente de que, si se escoge una dirigencia en el interior del MAS que no comulga con la línea central del evismo, ésta es retirada o negada.
  2. La salida por la fuerza, que, más bien, plantea exacerbar la pugna interna hasta que uno de los dos bandos gane.
  3. La salida dialogada, en la que ambos bandos tomen en cuenta el criterio del otro y exista un desprendimiento para hacer posible la unidad, propuesta establecida fundamentalmente por Álvaro García Linera, exvicepresidente.
  4. La salida por el caos, que significa más bien la división del MAS y la competencia externa en elecciones nacionales, incluso en diferentes partidos políticos.

Lo más triste es que al parecer, las diferencias al interior del MAS parece que se inclinan por el desastre, antes que por una salida salomónica o pacífica-institucional.

En esta situación se agrega, que el expresidente Álvaro García Linera, aboga en estos últimos días: «donde habló de que esta revolución o este proceso político debe ser conducido únicamente por indígenas, haciendo fuerza para que sea Evo Morales quien vuelva a conducirlo«.

Cuando finalmente señala Llorenti, «la Revolución ya avanzó mucho en inclusión social y política. García Linera no ve que los indios (indígenas) ya hicieron su revolución burguesa (denominada Revolución Democrática y Cultural) y la Bolivia que recibió junto a Evo Morales el año 2005, no es la Bolivia que dejó el año 2019», y mucho menos la del 2023.   

Por otro lado, veamos tres posturas ante la crisis interna en Bolivia. Desde el “ala arcista” (renovadora) respondió el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz. Desde el “ala evista” (radical) el abogado de Derechos Humanos, Nelson Cox. Y la voz de la experiencia que ve con preocupación el impasse, el extitular de Minería, José Pimentel. Quienes responden y se preguntan: ¿Qué está pasando realmente y qué debemos saber de esta situación? ¿Existe un ala denominada “evista” y otra “arcista” en flagrante disputa? ¿Es posible concertar la unidad a estas alturas?

CORREO DEL ALBA, entrevista a estas tres personas, y la primera pregunta para los tres es: ¿Cuál sería el origen del conflicto entre “renovadores” y “radicales”?

Hugo Moldiz responde: «Tiene que ver con la ausencia de un espacio de resolución de las contradicciones y tensiones que se iban a presentar debido a que, por vez primera desde 2005, se iba a producir un dislocamiento entre el liderazgo político-institucional o estatal y el liderazgo político. Evo Morales concentró ambos desde enero de 2006 hasta noviembre de 2019«.

Nelson Cox responde: «Deviene de ciertas posturas asumidas. El entorno de Luis Arce –Hugo Moldiz y los ministros Lima, Del Castillo, María Nela Prada, Montaño y Novillo– le han hecho creer que era el nuevo referente de Bolivia y paladín del MAS, quien estructuró los basamentos del Proceso de Cambio y que su vínculo con Evo Morales le perjudicaría».

José Pimentel responde: «No hay tendencias, son simpatías e intereses. El MAS-IPSP es un instrumento de las organizaciones sociales, en sí no es un partido. Por eso el liderazgo no es un hecho electivo, si no consecuencia de la lucha que los dirigentes y líderes han desarrollado en el seno y en servicio de las organizaciones sociales. La gestión gubernamental ha tenido un acompañamiento de las organizaciones sociales, pero no la orientación y dirección de las mismas, esta falta de reflexión-práctica no ha permitido que se profundice el cambio o prevea errores«.  

Como vemos es un abanico de perspectivas disimiles. Pero lo que sí parece haber es un elemento común y es que, no se ha producido nunca un debate medianamente profundo del carácter del Proceso de Cambio y de su horizonte histórico.

Pero si ha habido y hay, un agudo enfrentamiento ideológico que los del pueblo tienen con los sectores retrógrados. Problemas como la concentración de la tierra, la fuga de divisas, la explotación ilegal del oro, el cambio de la Justicia, la aplicación de la salud universal y la educación intercultural, la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, son temas sin solución.

Estas y otras muchas contradicciones, llevaran a la Revolución a la ruptura y a un punto de no retorno. Para no llegar a esto, algunos proponen:

«Corregir los errores que se cometieron, profundizar lo que se hizo bien, y articularlo con los resultados positivos de la gestión del presidente Arce, a pesar del contexto internacional adverso y las dificultades internas, va a depender de concebir la política de una manera no burguesa«.

Otros, «Pavimentar la unidad pasa por la predisposición de Luis Arce de dejar de escuchar ese zumbido de moscas que anda rondándole para seguir viviendo del prebendalismo y el oportunismo«.

«Si se pierde de vista al enemigo principal (que es el imperialismo), la desestabilización del gobierno de Luis Arce será la constante y crecerá el riesgo del acortamiento de su mandato, al que parecen apostar algunos miembros de algunas facciones«, aseveran otros.

Finalmente, algunos proponen: «Recuperar lo que se había postergado en la primera etapa de gobierno, el socialismo comunitario y el desarme de los golpistas«.

Como señalamos arriba y reiterando hay toda una trama política en Bolivia, que si no se corrige podría dar al traste con la Revolución. Lo que nos lleva a recordar, lo expuesto en el artículo de mi autoría: «ONG tarifada por EEUU, replica-inocula su veneno antirrevolucionario«, cuyo objetivo fundamental es: denunciar el intento de aplicación del esquema subversivo diseñado contra Cuba por EEUU, como réplica en Bolivia.

Es decir, en el caso de Bolivia, se realizan gestiones, entre muchas otras, para potenciar los partidos políticos de oposición y vincularlos a los congresistas cubano americanos en una causa común, la de replicar las medidas antirrevolucionarias en Bolivia. ¡Ojalá!, esto no esté sucediendo finalmente en Bolivia.

Finalmente, es sensato recordar las palabras y recomendaciones del vice presidente Álvaro García Linera en su artículo: «Cinco pasos para contrarrestar la vulnerabilidad de los procesos progresistas«, aunque sea parte de esta trama.

  1. Reconocer y analizar en qué decisiones nos equivocamos, como gobernantes, esto es muy importante para avanzar sin repetir errores. Es necesario luchar, a toda costa, para mantener la unidad del bloque social que fue el constructor del proceso de democratización continental, esta alianza de sectores indígena-campesinos o de campesinos con sectores obreros, con profesionales, estudiantes, esta alianza que se logró después de mucho tiempo de oscurantismo dictatorial y neoliberal, hay que defenderla.
  2. la alianza es una construcción virtuosa de hegemonía y de un bloque social de poder que difiere en cada proceso revolucionario y que es necesario resaltar lo que nos une.
  3. La capacidad de gestión económica, la gente nos va a seguir apoyando o nos va a rechazar por cómo orientemos la economía y depende de la realidad de cada país.
  4. Cada decisión que se tome debe estar orientada a beneficiar al núcleo duro, a aquel que no nos va a abandonar nunca, a los más pobres, a los más humildes, a los más maltratados.
  5. Si tenemos que distribuir los costos, no los hagamos recaer sobre los más humildes, sino sobre los que tienen más, para mantener el apoyo de los que tienen menos. Nunca se debe perder la base de apoyo de tu núcleo duro porque, al fin y al cabo, de ahí venimos y cuando pase todo esto, ahí vamos a volver.
  6. Y como última recomendación, García Linera señaló el constante proceso que deben desarrollar los revolucionarios de repolitización y reideologización de la sociedad, esta es la tarea más difícil, porque cada vez que se requiere de mayor cantidad de personal en el aparato estatal, asumen los integrantes de los sectores sociales y estos se despolitizan.

Al despolitizar esos sectores, convertir al activista en funcionario público y dejar abandonado a la comunidad o al sindicato, hemos dejado un espacio para que las fuerzas conservadoras vuelvan a apoderarse de esos sectores.

Por ello, enfatizó en que toda medida económica que favorece a lo popular debe estar acompañada de un proceso de narrativa política, de politización, de un sentido de lo político: lo comunitario, lo social, lo socialista y lo comunista, mediante cursos de formación política, seminarios, charlas y demás.

Para concluir recordemos igualmente las palabras del compañero Juan Martorano, «en el marco de estos días cruciales, no podemos ni debemos bajar la guardia. Además de ello, las líneas están dadas y claramente establecidas: Calma y cordura. Nervios de acero. Máxima conciencia y movilización».

Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos; razones contundentes para el rechazo a la integración del país a ese bloque comercial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El día de ayer 1 de junio se realizó el Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos, organizado por la Vicerrectoría de Extensión en el auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, con la participación de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía; Renzo Céspedes, consultor internacional; Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria; Guido Vargas, Secretario general de UPANACIONAL; Kattia Cambronero, diputada del partido Liberal Progresista y Gabriela Víquez, asesora y exdirigente de la Corporación Hortícola, el foro contó con la moderación de Martín Parada, Vicerrector de Extensión. Al evento se había invitado al Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, pero este declinó la participación.

El foro inició con la intervención de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía, quién brindó elementos de un marco teórico sobre tema del comercio internacional en el que se inscribe la la Alianza del Pacífico, haciendo referencia a las teorías económicas clásicas de Adam Smith y David Ricardo, en las que se originan los planteamientos del papel del comercio en el desarrollo económico, la orientación general que el comercio beneficia a todos los actores económicos y el surgimiento de los postulados de las ventajas comparativas y competitivas del comercio.

El académico Valenciano, señaló que, pese a las bondades de estos planteamientos, algunos de sus supuestos son irreales, como los de la libre circulación de las mercancías, la existencia de mercados perfectos y que todos los países pueden crear condiciones de competencia y de especialización que les otorguen ventajas definitivas con respecto a sus competidores.

Plantea, por el contrario, que las ventajas en el comercio dependen de factores como la infraestructura, la tecnología, los recursos financieros de los que países no disponen con facilidad y que si los productores no logran ser competitivos es por la ausencia de esas condiciones, lo que motiva que tengan que trasladarse a otras actividades, además de que entre los países no existe libre movilidad de personas para el trabajo agrícola.

También mencionó, que debemos preguntarnos si somos realmente competitivos en la producción agrícola, con las condiciones de costos, condiciones medioambientales y sociales que tenemos, frente a los demás países de la región y frente a los subsidios y exoneraciones aplicadas en los países desarrollados.

Adicionalmente, dijo hay que recordar que existe una importante inestabilidad de los precios de los alimentos y que la seguridad y soberanía alimentaria deben prevalecer sobre las condiciones del comercio, sin olvidar los problemas generados por el cambio climático que están afectando la producción agroalimentaria.

Andrey, concluyó que se debe analizar con cuidado los efectos que puede tener la vinculación a la Alianza del Pacífico (AP) sobre los productores nacionales y sus condiciones de producción, por lo que una decisión de ese tipo no debe centrarse en la parte comercial, si no considerar esos otros aspectos sociales, ambientales y de seguridad alimentaria, para determinar con claridad que va a pasar con los agricultores.

El consultor Renzo Céspedes por su parte, incluyó en su exposición los problemas principales del sector agropecuario en la actualidad, tales como:

-una política cambiaria y fiscal contraria al sector agropecuario

-una política unilateral de reducción de aranceles para desmantelar el sector

-ausencia de una política adecuada sobre el mercado de agroquímicos y de regulación del ingreso de nuevas tecnologías

-una política de comercio exterior de apertura sin medir los beneficios reales para los productores

-una tasa de crecimiento del sector negativa y estancada en la última década

Ante esta situación del sector, el consultor Céspedes expuso las que son a su criterio las amenazas de la integración a la Alianza del Pacífico, entre ellas:

*Los decretos ejecutivos para la reducción de aranceles aplicados por el gobierno, como el caso de la producción y el comercio del arroz

*la activación del proceso de la integración a la AP sin analizar los beneficios para las actividades y los productores

*el estado de situación de los TLC estados con los diferentes países de USA, Canadá, México y los otros países que componen la AP

*la perspectiva de que, con el ingreso a la AP, se podría abrir la incorporación a la APEC y otros bloques de comercio más amplios

*y la poca atención a que el comercio entre los miembros de la AP no es relevante y el intercambio comercial es limitado y por lo que el intercambio con esos países no sería atractivo

*tenemos ya tratados con los países del bloque AP, en los que el intercambio de bienes es bajo, por lo que realmente la AP no abriría nuevas oportunidades de comercio

*esos países tienen costos de mano de obra y de la energía menores a los nuestros, además de que aplican subsidios en seguros de cosecha y exenciones a los productores de hasta un 60%, por lo que nuestros productores no podrían ser competitivos

*los tratados de libre comercio con esos países habían logrado excluir algunos productos sensibles para la producción nacional, por lo que no tiene sentido ahora eliminar esas exclusiones y exponer a los productores nacionales a una competencia desigual

*la integración a la AP sólo generaría flujos de comercio unidireccional, de esos países hacia el nuestro, del que sólo se aprovecharían unas pocas empresas importadores de productos agrícolas

En definitiva, abrir el mercado a esos países sin entender las distorsiones existentes y el escaso beneficio para nuestros productores, sólo provocaría el aumento en la pobreza rural y la desigualdad en las zonas agrícolas del país, reveló.

El estudiante de la Maestría en Agroecología de la Escuela de Ciencias Agrarias, Osvaldo Quesada, señaló algunos posibles efectos de la AP sobre el sector agropecuario, como los siguientes:

-Costa Rica se ha planteado objetivos para una política de seguridad alimentaria que garantice el derecho a una alimentación adecuada que serían afectados

-la pandemia mostró la importancia de mantener la disponibilidad de alimentos

-la pregunta sería una negociación o una adhesión a la AP?, pero en vista a que la AP tiene una normativa vigente, lo que se impone es una adhesión

-en los tratados se incluyen exclusiones a sectores vulnerables, el AP implicaría renegociar las exclusiones bilaterales

-Costa Rica no es competitivo en algunos productos, debido a los costos, subsidios y apoyo gubernamental de esos países a sus productores

-el ingreso a la AP pondría en riesgo más de 250 mil productores y más de 240 mil empleos

-la disminución de aranceles no significa necesariamente precios más bajos para los consumidores

-la defensa del consumidor es la producción local, no los productos importados

-el mercado ya es injusto para los productores nacionales, por las cadenas de intermediación que manejan el comercio de los productos, como el caso del frijol y la naranja

De ahí que hay que preguntarse: ¿En qué beneficia a los productores y a los consumidores, el ingreso a la AP?

El empresario Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura, mencionó sobre la incorporación de Costa Rica a la AP, elementos como:

-hay una ausencia notoria del gobierno en el apoyo a la producción nacional, por lo que en la agricultura no hay una ayuda a la producción como en otras actividades

-las decisiones que se tomen ahora deben ser consultadas, ya que afectan al país en los próximos 20 o 30 años

-es necesario construir una política agrícola de largo plazo, ya que los gobiernos cambian cada 3 años

-la agricultura está estancada, lo confirma el bajo nivel del IMAGRO en los últimos años

-los indicadores son claros, la producción es baja, los precios de los fertilizantes altos, la pobreza rural aumentó al 28%, el 70% de la población rural vive de la agricultura

-la producción agrícola se realiza con varios modelos asociativos, las cooperativas, micro y pequeñas empresas, que serían muy afectados

-la importancia de los aranceles para los países es indudable, representa la protección ante condiciones diversas del comercio y si estos se eliminan los precios de los productos no bajan, como se ha demostrado con el arroz

-la importancia de producir la comida ha quedado en evidencia, con el surgimiento de la pandemia, la crisis de los contenedores, la guerra en Ucrania y el aumento de los insumos agrícolas

-la importación de comida es un gran negocio para unos pocos, que en este caso se verían beneficiados con el aumento de las importaciones de los países de la AP.

-la AP es una unión aduanera de 4 países, que no garantiza que podremos exportar más productos, porque existen sistemas de protección fitosanitaria que estos aplican a nuestros productos

-con el ingreso a la AP, no será posible mantener las exclusiones existentes para algunos productos

El proceso de ingreso a la AP presenta varias falacias:

-que la mayoría del empleo agrícola está ligado a la agroexportación, también la agricultura familiar genera una alta cantidad de empleos

-la producción de alimentos no será destruida por la importación, si no que la importación es complementaria

-los consumidores se ven favorecidos con la importación de alimentos, porque los precios tienden a bajar para los consumidores que más consumen alimentos.

Entre las conclusiones de Saénz se encuentran que la comida es perecedera por eso es estratégica para los países y que una vez que se quiebra la producción interna, es imposible recuperarla.

Así mismo, que la canasta básica quedará amarrada a las importaciones, que los precios de los alimentos nunca bajarán, el gobierno está destruyendo a los agricultores con los decretos de rebaja de los aranceles y que la integración a la AP traerá pobreza y descapitalización de los productores agrícolas.

El dirigente campesino Guido Vargas, en su exposición recordó la visión del agrónomo don José Calvo, que decía que, si existiera la libertad de mercado, pero en realidad el mercado es administrado, por lo que los países deben mantener y proteger la seguridad alimentaria de la población.

Indicó también que, si somos competitivos en algunos productos, pero no frente a los subsidios que aplican algunos países, y que por eso en los tratados bilaterales se negocian asimetrías.

Dice que el gobierno pretende que entremos a competir con los países de la AP, pero se pregunta: ¿Dónde está el negocio de la AP? ¿Para quién es el negocio?

Recuerda que las organizaciones han insistido en una agenda de competitividad y de reactivación económica de la agricultura, pero pregunta: ¿Dónde quedó esa agenda? “No la hemos visto”, afirma.

Manifiesta Guido, que las políticas se hacen sin consultar a los agricultores, solo se las envían para que las conozcan, pero los agricultores deben participar en las negociaciones para que “la cancha se empareje para todos” y que así ha sido en el caso de la integración a la AP que el gobierno mantiene en su agenda.

Reitera que mantener la seguridad alimentaria es una obligación, por la comida y el abrigo son esenciales y ahora con la importación de alimentos, lo que se podría dar es un oligopolio de esta actividad, lo que será perjudicial para los productores.

La diputada Kattia Cambronero, comentó que el sector agropecuario no tiene un modelo de desarrollo efectivo, como si lo tienen otras actividades, ni tampoco un modelo desarrollo territorial, pues esta actividad está en abandono.

Recuerda que el 73% de la población rural vive del agro y que el agro genera más de 270 mil, pero no tiene condiciones diferenciadas para su desarrollo, como créditos, comercialización favorable y más bien funciona con altos costos y tiene problemas en el uso de los agroquímicos y se pregunta además cuál es la política de desarrollo tecnológico del MAG?

Señala la diputada, que debemos seguir produciendo lo que consumimos y que por el contrario hay que desarrollar mejor los mercados locales y resolver el tema de los seguros de cosechas, el que disponen en otros países y aquí no se ha logrado con el INS.

Agrega que no tenemos claridad de cómo podría el país ingresar a la AP ni de cuál sería el potencial para hacerlo. Indica que antes hay que resolver problemas de competitividad, mientras el sector está en franca caída y no tiene el apoyo técnico y financiero necesario, ni es capaz de enfrentar el cambio climático, ni de disminuir la desigualdad existente en las zonas rurales.

La asesora Gabriela Víquez, apuntó una serie de problemas que caracterizan al sector, como:

-el sector tiene débiles instituciones, como el MAG y no se ha pensado en la especialización

-existe un fuerte contrabando de productos agrícolas, además de permisos de importación que afectan a los productores, como pen el caso de la cebolla que abunda en el mercado

-hay contaminación por el excesivo y mal uso de agroquímicos

-la extensión agrícola está en manos de las empresas comercializadoras de insumos

-existen altos costos y elevadas cargas sociales

-no tenemos un seguro de cosechas que proteja la producción y la inversión

-los márgenes de comercialización son elevados

-hay una débil unidad de defensa comercial en el MEIC, por lo que el sector está en estado de indefensión

-es necesario analizar cada uno de los TLCs y sus implicaciones para las actividades productivas

-no hay una verdadera política pública para el sector agropecuario

-recordó que la alimentación es un contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos.

Ante la situación mencionada, Víquez afirmó que la AP es una “piedra más”, que va a traer ruina a los agricultores y a la mano de obra agrícola. Se pregunta: ¿Que le dirá a su padre productor agrícola y a su sobrino que quisiera ser agricultor, con respecto al futuro de la actividad agrícola?

Finalmente, el Rector de la UNA, Francisco González, efectuó la clausura del foro, expresando el deseo de la Universidad de aportar al diálogo sobre la temática de la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y para que se elabore una política agropecuaria adecuada e integral en conjunto con todos los actores sociales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

¿Negociación del FEES? Lo filosófico, lo político, lo realista y lo consecuente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Edgar Chacón Morales

Edgar Chacón Morales
Junio 2022

Las instituciones de educación superior pública, estamos una vez más a las puertas de que el gobierno de la república haga (¿o no haga?) lo que la Constitución Política le ordena: girar el presupuesto que le corresponde a la educación superior pública.

Al igual que años anteriores, este año habrá que estar en el “pulso” anual de lo que debiera ser quinquenal y no debiera ser ningún “pulso”.

En este escenario, es sorprendente, aunque no tanto, que a fuerza de no cumplir el mandato constitucional, con reiteración en años recientes, y sobre argumentos que no tienen base, parece que se ha impulsado por unos y se ha asumido por otros, y por lo tanto, se le ha dado sostén por gobierno y población universitaria, a la idea que “hay que negociar el FEES”.

Entre muchas personas universitarias, parece que esto ya se legitimó y así, se asume que, por parte de los representantes de las instituciones de educación pública, se va a ir a “negociar el FEES”, que en los días venideros, empiezan las “negociaciones del FEES”.

Lo filosófico

Muchas personas del ámbito universitario público, tenemos muy claro por qué las instituciones de educación superior pública son importantes, por lo que le aportan al país y a la sociedad, así como distintos sectores sociales.

Entre otras razones de peso, la educación de calidad es motor de movilidad social ascendente. Las instituciones de educación superior publica, hacen una contribución de gran valor al país, aportándole profesionales de calidad, con conciencia social y no sólo graduados que piensan nada más en sus ingresos y en su bienestar personal.

En la relación universidad/sociedad, hacen un aporte importante en la investigación, en la atención de diferentes situaciones y requerimientos de diferentes sectores sociales.

Institución país

Es por eso y por lo que aporta, con el conocimiento que construye en conjunto con la sociedad, a fortalecer el rumbo del país, que la universidad pública, es una institución país.

Eso no está en duda y lo sabe el sector gubernamental, lo saben diferentes sectores y actores sociales y políticos y población universitaria.

Lo político

Lo que acabamos de mencionar, lo tenían claro los sectores políticos del ´48 y como parte del proyecto/país impulsado, político, económico, social e histórico, lo plasmaron en la Constitución Política.

En este punto, se hace necesaria una pregunta: ¿El proyecto político, social y económico de país, de algunos sectores que han estado al frente del Estado, desde hace algunos años: qué calidades, diferencias y similitudes tiene, en relación con el proyecto/país de los sectores políticos del ´48?

Una pegunta más precisa: ¿En qué medida y calidad, la educación superior pública, es parte del proyecto/país de los sectores políticos que se han hecho con la dirección del Estado en los últimos años?

Los actores en la “negociación del FEES”, sus bases argumentativas y sus intereses.

Por parte de los representantes de las instituciones de educación superior pública, autoridades universitarias y estudiantado, la base argumentativa, está compuesta en parte, por lo mencionado arriba en Lo filosófico.

Por parte de los sectores gubernamentales, uno de los componentes fundamentales de su base argumentativa es la escasez, o, lo reducido del presupuesto nacional; muy en consonancia con lo que plantea el Banco Mundial: “Dado que los gobiernos enfrentan severas limitaciones presupuestarias…” (“Nuevo reporte del Banco Mundial: La vía rápida hacia nuevas competencias. Septiembre 29, 2021”).

Una respuesta contundente a este argumento es que el gobierno, debe tener criterio de país en la recaudación impositiva: un aporte fiscal de todos los sectores según sus ingresos, en la recaudación impositiva y que todos los sectores contribuyan con lo que les corresponde. Como se dice de manera coloquial: “si no tiene plata es porque no quiere”, o preguntar: ¿los intereses que el gobierno gestiona, hacia donde “miran”? Entonces, ese argumento debe quedar fuera.

Lo realista

La situación es clara: en mi opinión, en la base de la posición de los sectores gubernamentales, está la reducción del presupuesto del Estado para asuntos públicos, como la educación pública, la salud pública, entre otros.

En cuanto a la educación pública, y muy claro en la educación superior, hay planteamientos incluso, en cuanto a que se debe financiar con fondos públicos, la educación privada, valga decir, el negocio de la educación privada. Muy en consonancia, con lo que plantea el Banco Mundial, como en el argumento de arriba: “…los gobiernos subsidian generosamente… las IES públicas, pero rara vez ofrecen ayuda económica a… las IES privadas…”. (IES: instituciones de educación superior). Ídem.

Vale tener en cuenta, que parte de la familia de la ministra de educación se dedica al negocio de la educación superior privada. Ya veríamos a las llamadas “universidades de garaje”, haciendo fila para exigir quién sabe qué cantidad de presupuesto.

Es clara la doctrina política económica neoliberal, del Banco Mundial y las inequidades, injusticias, exclusiones y disparates que se proponen en este marco doctrinario.

 Es mi opinión también, que con base y en consecuencia con los argumentos del Banco Mundial, la posición de los sectores de gobierno es: no ceder ante las demandas del presupuesto constitucional para la educación superior pública y esgrimir una serie de razones baladíes, sin base más que la visión de mundo a la que adscriben, para no hacerlo.

Para eso también, según mi opinión, los sectores gubernamentales confían en una especie de temor, de parte de los defensores de la educación superior pública, en cuanto a que si no se acepta la propuesta del ejecutivo, “nos puede ir peor”.

Ideas fuerza y lo concreto

Es mi opinión, que la base de la posición gubernamental tiene en cuenta: esa visión/imposición de instituciones como el Banco Mundial, según ya se mencionó; los intereses de sectores locales de poder económico y político; los “medios de comunicación” masiva y esa opinión que han contribuido a formar, en cierto grado desfavorable y de desprestigio, hacia lo público y hacia sectores que defienden la institucionalidad pública y su papel en el país, entre otros. Pueden recurrir también, a la manifestación manipulada, en espacios públicos, por ejemplo.

Por eso las propuestas de reformar la Constitución, por lo menos parcialmente.

Para la defensa del presupuesto constitucional, hacia las instituciones de educación superior pública, en función de la autonomía y soberanía, en la base está lo jurídico constitucional; la manifestación en los espacios públicos; la articulación con sectores conscientes de la importancia de los aportes de la educación superior pública al país, para lo cual hay que visibilizar y construir una comunicación estratégica y su gestión, identificando actores respectivos; y la propuesta de lucha por una recaudación fiscal justa, dirigida a la autonomía y soberanía y en contra de elementos como la evasión fiscal y la deuda externa, por ejemplo.

En cuanto a la manifestación en los espacios públicos, no debe ser sólo “en contra de” si no “a favor de”, para lo cual debe construirse una propuesta inteligente, articuladora y movilizadora.

Demás está decir que el equipo que representa la defensa del presupuesto constitucional para la educación superior pública debe tener criterios unificados, sólidos, y cohesionados, sin fisuras en su actuar y proceder y de cara a consolidar el apoyo institucional y social.

Es necesario tener en cuenta que hay cuestiones estratégicas, para desarrollo de un país fuerte, que deben estar en manos del Estado para su gestión, con una visión de autonomía y soberanía, como los energéticos, las telecomunicaciones e infra estructura, la educación, la salud. Todo con criterio y visión complementaria y articulada, para lo que es indispensable, la recaudación fiscal mencionada.

Un pueblo sin educación e instrucción adecuada y sin salud de calidad, no puede ser parte del desarrollo integral del país.

Debemos ser conscientes de que el marco de acción, lo componen dos visiones de proyecto/país: la neoliberal globalista, que parece ser la de los sectores gubernamentales, y la autónoma soberanista, en función del desarrollo integral del país.

De manera entonces que si se asume que hay que negociar el FEES, como dice el dicho, “ya entramos perdiendo” y perdiendo doble: 1- Les permitimos que nos impongan su cancha: la “negociación”; y 2- Eso ya implica que imponen sus reglas y criterios. De ahí que imponen requisitos, por ejemplo, el gobierno pide que se incluyan tantas carreras STEM.

Además, estaríamos siendo inconstitucionales, adhiriendo a esa violación de la Constitución.

También tenemos que ser conscientes de que esgrimir la contribución importante que hacen las Universidades públicas al país, lo filosófico, por sí sólo, es algo que para los sectores gubernamentales no es factor.

En mi criterio, la actitud inconsecuente ante los sectores gubernamentales es: venimos a negociar.

La actitud consecuente es: venimos a hacer que se cumpla lo que manda la Constitución de la República

Ayudemos al presidente a cumplir el juramento de defender la Constitución, al asumir el cargo. ¿Será que ya se le olvidó?

“¿Jurais a Dios y Prometeis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la república, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? – Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden”.

El final del Diario Extra: un golpe mortal a las libertades públicas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El cierre forzado de las actividades periodísticas del Grupo Extra y sus medios informativos Diario Extra, Canal 42 y Radio América, a partir del día jueves 1 de junio de 2023, no sólo constituye un grave atentado a la libertad de prensa y el derecho a la información del conjunto de la ciudadanía costarricense, sino que agrava el monopolio empresarial e ideológico hacia el interior de la prensa corporativa del país, intensificando la censura hacia las voces disidentes y reduciendo el campo visual y auditivo de los habitantes en materia informativa; los que, de ahora en adelante, quedarán en manos de un solo diario (o Grupo Editorial) para “informarse” y con cada vez menos posibilidades de opinar con algún grado de libertad.

Si bien, no siempre coincidimos con la línea editorial e informativa del Grupo Extra, recordamos su apertura hacia el movimiento del no al TLC, como uno de los pocos medios que permitió la colocación de la pauta publicitaria, originada entre quienes se oponían a ese acuerdo comercial con los Estados Unidos. Posteriormente, durante un buen número de años se mantuvo en las páginas interiores del diario Extra, el Suplemento “PÁGINA ABIERTA” (Suplemento de opinión, debate e ideas), que contó con la colaboración de un importante grupo de intelectuales de centroizquierda sobre temas nacionales e internacionales de sumo interés. Su consejo editorial estuvo integrado por Alberto Cañas, Rodrigo Madrigal Montealegre, Sonia Marta Mora, Haydeé Mendiola, Jaime Ordóñez, Rodolfo Silva, Marcia González Aguiluz, Juan José Sobrado, Armando Vargas Araya y Juan Manuel Villasuso.

En otros temas, la gestión editorial de La Extra fue omisa y desafortunada, sobre todo en años recientes, como sucedió con el tratamiento e información sobre las vicisitudes sufridas por los pueblos originarios en la lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales, y con el tema de los asesinatos de los líderes Sergio Rojas, de los bribri y Jehry Rivera de los bröran víctimas del fuego de los terratenientes del cantón de Buenos Aires, aunque también coincidimos en otros asuntos relativos a una mayor pluralidad informativa en el país.

También es cierto que el diario Extra nos publicó algunos artículos en años recientes sobre temas polémicos, cosa que La Nación jamás hizo ni hará, como también en tiempos un poco más lejanos, con el acceso que tuvimos al diario Extra, asimismo en algunos programas de opinión en Radio América, en los que pudimos tomar parte, hace poco más de una década.

Además fue muy importante que el diario Extra acogiera la colaboración constante del dirigente sindical Albino Vargas Barrantes, con sus columnas en las páginas de opinión, especialmente en los días miércoles. Sin duda que hará falta ese espacio sindical, que con tanta constancia y seriedad supo mantener el dirigente de la ANEP.

Ahora, con el cierre, al parecer definitivo de estos medios se va cerrando el anillo de hierro, en materia informativa y en los procesos formación de opinión, con que los diarios, emisoras de radio y televisoras al servicio de la vieja oligarquía y su monopolio informativo, en particular El Diario La Nación, nacido en 1946 para oponerse a las garantías sociales, la sindicalización y el Código de Trabajo, nos aprietan las tuercas con su presunta además de falsa independencia, y su férrea censura que nos impidió durante muchas décadas a un gran sector de la ciudadanía poder publicar nuestras opiniones en sus páginas. Ahora estamos llegando a los tiempos históricos del casi total dominio informativo de la prensa monocolor, esa que se jacta de tener una profesión de fe democrática que no resiste la contrastación con los hechos.

Las causas anunciadas por la Gerente y vocera oficial del Grupo Extra, la señora Iary Gómez, hija de uno de los fundadores del Diario Extra, William Gómez persona con que traté y compartí hace muchos años en los talleres de los Borrasé, donde editaba una publicación con un grupo de amigos cercanos, durante la década de los ochenta, tienen su origen en asuntos empresariales, por diferencia con una de las accionistas de ese Grupo Editorial, del que se distanció durante los primeros años de este cambio de siglo. Aquí se perdió por completo el sentido de servicio público que debe tener la actividad periodística, y prevaleció el canibalismo reaccionario del capital financiero, dicho de otra manera de los amos del país.

El Diario Extra tiene una historia (o historias) de innumerables sucesos y circunstancias nacionales e internacionales que se vieron reflejados en sus páginas durante casi medio siglo, un período del que se pueden señalar también una serie de hechos muy relevantes y controversiales.

Recuerdo que durante los últimos meses de 1978, después del cierre del diario Excelsior, me encontré con mi amigo el periodista Guillermo Villegas Hoffmeister quien ya laboraba en el proyecto del nuevo tabloide La Extra, quien le abrió un espacio informativo a sectores políticos e intelectuales que jamás lo hubieran tenido en otros medios, entre ellos la recordada intelectual nicaragüense Gladis Miranda Arellano (1946-1990) que vivió muchos años en nuestro país, dándonos sus valiosos aportes en el campo de la literatura.

La información sensacionalista del diario y las chicas guapas que salían en contraportada como señuelos para la venta le hacían mucha gracia a Micón Villegas, quien nos decía que La Extra era el Play Boy de los pobres, en fin cosas del folklore de la época y que no gustan a quienes no tienen esa gota del humor alajuelense. Esa estrategia estuvo genial, por desgracia el acoso y la intolerancia terminaron por dar al traste con casi medio siglo de esfuerzos empresariales e intelectuales.

Cacerías de brujas y estado de excepción en Costa Rica (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

La pacífica y bucólica Costa Rica nunca ha estado exenta de la tentación de las cacerías de brujas, en distintos momentos de su historia, las que si bien no alcanzaron jamás las dimensiones de las ocurridas en la localidad de Salem, Massachussets, cuando un grupo de mujeres fueron acusadas de presuntos “tratos” con el diablo, siendo ejecutadas en la horca, durante los últimos años del siglo XVII, entre 1692 y 1693, no han estado ausentes del todo en nuestro horizonte político y social, teniendo como punto de partida la intolerancia religiosa, política o racial aún existentes entre nosotros.

La intolerancia y el fanatismo en materia religiosa y cultural, por parte del alto clero católico se puso de manifiesto durante el conflicto con los liberales, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, el que se saldó con las leyes liberales y la prohibición al clero de participar en la vida política electoral. Sin embargo, hubo cierta persecución hacia quienes predicaron y adoptaron el protestantismo liberal durante las primeras décadas del nuevo siglo, especialmente en las zonas rurales donde el predominio católico era casi total.

Los protestantes, por su parte, se institucionalizaron y expandieron su ámbito de influencia a través de la creación del Hospital Clínica Bíblica, concebido para favorecer a los sectores populares (propósito que fue distorsionado durante la segunda mitad del siglo XX al convertirse la medicina privada en un gran negocio), y del Seminario Bíblico Latinoamericano fundado en 1923, que se convirtió en los últimos años del siglo XX en la Universidad Bíblica Latinoamericana, heredera de la tradición académica y de los recursos documentales del primero.

Por otra parte, no hubo partidos políticos confesionales hasta un siglo después, cuando las sectas neopentescostales irrumpen en la vida política, durante los últimos años del siglo XX, desde posiciones muy reaccionarias, integristas y proclives al neofascismo, que establecieron vínculos estrechos con Jair Bolsonaro en Brasil y Yanine Áñez en Bolivia. La incidencia de este factor terminó por favorecer al statu quo político, representado por el PAC en las elecciones de 2014 y 2018, especialmente esos comicios en que Carlos Alvarado se enfrentó al neopentecostal Fabricio Alvarado, a quien venció en las urnas con un programa político proclive a la derecha y al autoritarismo, como herramienta para imponer las políticas de shock impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Tal y como habíamos dicho líneas atrás, Costa Rica vivió en un estado de excepción e intolerancia políticas, mucho más sufridas y percibidas por las víctimas que por los victimarios, quienes por lo general tienden a naturalizar o restarle importancia a estos hechos, durante el primer cuarto de la segunda mitad del siglo pasado, lo que constituye un período bastante extenso del devenir histórico de la sociedad costarricense, suficiente como para no haber dejado huellas profundas en la mentalidad de la población.

Con la derogatoria, más bien modificación, del párrafo segundo del artículo 98 de la constitución política de 1949, si bien se garantizaron los derechos políticos a la izquierda costarricense, se dejó siempre en manos del Tribunal Supremo de Elecciones todo lo relativo a la formación, medios de acción, ideología y estructuras organizativas de todos los partidos políticos, un hecho que a lo largo de los últimos años del siglo anterior y las dos primeras décadas del presente, terminó por dar al traste con la partidocracia costarricense, al distorsionarla esencialmente por la conversión de los partidos políticos en meros apéndices del estado, pudiendo el mencionado TSE disolverlos o distorsionarlos de acuerdo con los intereses de sus integrantes, por lo que la corrupción ha sido monstruosa, especialmente en lo que se refiere al financiamiento de las campañas electorales.

A pesar de la existencia del sostenido estado de excepción, a que hemos venido haciendo alusión y del feroz anticomunismo de oficio que imperaron durante la segunda mitad del siglo XX, el estado social de derecho y las conquistas sociales más importantes de la década del cuarenta mantuvieron su dinamismo hasta bien entrados los años ochenta, cuando empezaron los programas de ajuste estructural y se impuso en la región el mal llamado “Consenso de Washington” en la década de los noventa, dentro de lo que resulta una paradoja que confunde a mucha gente.