¿Negociación del FEES? Lo filosófico, lo político, lo realista y lo consecuente

Edgar Chacón Morales

Edgar Chacón Morales
Junio 2022

Las instituciones de educación superior pública, estamos una vez más a las puertas de que el gobierno de la república haga (¿o no haga?) lo que la Constitución Política le ordena: girar el presupuesto que le corresponde a la educación superior pública.

Al igual que años anteriores, este año habrá que estar en el “pulso” anual de lo que debiera ser quinquenal y no debiera ser ningún “pulso”.

En este escenario, es sorprendente, aunque no tanto, que a fuerza de no cumplir el mandato constitucional, con reiteración en años recientes, y sobre argumentos que no tienen base, parece que se ha impulsado por unos y se ha asumido por otros, y por lo tanto, se le ha dado sostén por gobierno y población universitaria, a la idea que “hay que negociar el FEES”.

Entre muchas personas universitarias, parece que esto ya se legitimó y así, se asume que, por parte de los representantes de las instituciones de educación pública, se va a ir a “negociar el FEES”, que en los días venideros, empiezan las “negociaciones del FEES”.

Lo filosófico

Muchas personas del ámbito universitario público, tenemos muy claro por qué las instituciones de educación superior pública son importantes, por lo que le aportan al país y a la sociedad, así como distintos sectores sociales.

Entre otras razones de peso, la educación de calidad es motor de movilidad social ascendente. Las instituciones de educación superior publica, hacen una contribución de gran valor al país, aportándole profesionales de calidad, con conciencia social y no sólo graduados que piensan nada más en sus ingresos y en su bienestar personal.

En la relación universidad/sociedad, hacen un aporte importante en la investigación, en la atención de diferentes situaciones y requerimientos de diferentes sectores sociales.

Institución país

Es por eso y por lo que aporta, con el conocimiento que construye en conjunto con la sociedad, a fortalecer el rumbo del país, que la universidad pública, es una institución país.

Eso no está en duda y lo sabe el sector gubernamental, lo saben diferentes sectores y actores sociales y políticos y población universitaria.

Lo político

Lo que acabamos de mencionar, lo tenían claro los sectores políticos del ´48 y como parte del proyecto/país impulsado, político, económico, social e histórico, lo plasmaron en la Constitución Política.

En este punto, se hace necesaria una pregunta: ¿El proyecto político, social y económico de país, de algunos sectores que han estado al frente del Estado, desde hace algunos años: qué calidades, diferencias y similitudes tiene, en relación con el proyecto/país de los sectores políticos del ´48?

Una pegunta más precisa: ¿En qué medida y calidad, la educación superior pública, es parte del proyecto/país de los sectores políticos que se han hecho con la dirección del Estado en los últimos años?

Los actores en la “negociación del FEES”, sus bases argumentativas y sus intereses.

Por parte de los representantes de las instituciones de educación superior pública, autoridades universitarias y estudiantado, la base argumentativa, está compuesta en parte, por lo mencionado arriba en Lo filosófico.

Por parte de los sectores gubernamentales, uno de los componentes fundamentales de su base argumentativa es la escasez, o, lo reducido del presupuesto nacional; muy en consonancia con lo que plantea el Banco Mundial: “Dado que los gobiernos enfrentan severas limitaciones presupuestarias…” (“Nuevo reporte del Banco Mundial: La vía rápida hacia nuevas competencias. Septiembre 29, 2021”).

Una respuesta contundente a este argumento es que el gobierno, debe tener criterio de país en la recaudación impositiva: un aporte fiscal de todos los sectores según sus ingresos, en la recaudación impositiva y que todos los sectores contribuyan con lo que les corresponde. Como se dice de manera coloquial: “si no tiene plata es porque no quiere”, o preguntar: ¿los intereses que el gobierno gestiona, hacia donde “miran”? Entonces, ese argumento debe quedar fuera.

Lo realista

La situación es clara: en mi opinión, en la base de la posición de los sectores gubernamentales, está la reducción del presupuesto del Estado para asuntos públicos, como la educación pública, la salud pública, entre otros.

En cuanto a la educación pública, y muy claro en la educación superior, hay planteamientos incluso, en cuanto a que se debe financiar con fondos públicos, la educación privada, valga decir, el negocio de la educación privada. Muy en consonancia, con lo que plantea el Banco Mundial, como en el argumento de arriba: “…los gobiernos subsidian generosamente… las IES públicas, pero rara vez ofrecen ayuda económica a… las IES privadas…”. (IES: instituciones de educación superior). Ídem.

Vale tener en cuenta, que parte de la familia de la ministra de educación se dedica al negocio de la educación superior privada. Ya veríamos a las llamadas “universidades de garaje”, haciendo fila para exigir quién sabe qué cantidad de presupuesto.

Es clara la doctrina política económica neoliberal, del Banco Mundial y las inequidades, injusticias, exclusiones y disparates que se proponen en este marco doctrinario.

 Es mi opinión también, que con base y en consecuencia con los argumentos del Banco Mundial, la posición de los sectores de gobierno es: no ceder ante las demandas del presupuesto constitucional para la educación superior pública y esgrimir una serie de razones baladíes, sin base más que la visión de mundo a la que adscriben, para no hacerlo.

Para eso también, según mi opinión, los sectores gubernamentales confían en una especie de temor, de parte de los defensores de la educación superior pública, en cuanto a que si no se acepta la propuesta del ejecutivo, “nos puede ir peor”.

Ideas fuerza y lo concreto

Es mi opinión, que la base de la posición gubernamental tiene en cuenta: esa visión/imposición de instituciones como el Banco Mundial, según ya se mencionó; los intereses de sectores locales de poder económico y político; los “medios de comunicación” masiva y esa opinión que han contribuido a formar, en cierto grado desfavorable y de desprestigio, hacia lo público y hacia sectores que defienden la institucionalidad pública y su papel en el país, entre otros. Pueden recurrir también, a la manifestación manipulada, en espacios públicos, por ejemplo.

Por eso las propuestas de reformar la Constitución, por lo menos parcialmente.

Para la defensa del presupuesto constitucional, hacia las instituciones de educación superior pública, en función de la autonomía y soberanía, en la base está lo jurídico constitucional; la manifestación en los espacios públicos; la articulación con sectores conscientes de la importancia de los aportes de la educación superior pública al país, para lo cual hay que visibilizar y construir una comunicación estratégica y su gestión, identificando actores respectivos; y la propuesta de lucha por una recaudación fiscal justa, dirigida a la autonomía y soberanía y en contra de elementos como la evasión fiscal y la deuda externa, por ejemplo.

En cuanto a la manifestación en los espacios públicos, no debe ser sólo “en contra de” si no “a favor de”, para lo cual debe construirse una propuesta inteligente, articuladora y movilizadora.

Demás está decir que el equipo que representa la defensa del presupuesto constitucional para la educación superior pública debe tener criterios unificados, sólidos, y cohesionados, sin fisuras en su actuar y proceder y de cara a consolidar el apoyo institucional y social.

Es necesario tener en cuenta que hay cuestiones estratégicas, para desarrollo de un país fuerte, que deben estar en manos del Estado para su gestión, con una visión de autonomía y soberanía, como los energéticos, las telecomunicaciones e infra estructura, la educación, la salud. Todo con criterio y visión complementaria y articulada, para lo que es indispensable, la recaudación fiscal mencionada.

Un pueblo sin educación e instrucción adecuada y sin salud de calidad, no puede ser parte del desarrollo integral del país.

Debemos ser conscientes de que el marco de acción, lo componen dos visiones de proyecto/país: la neoliberal globalista, que parece ser la de los sectores gubernamentales, y la autónoma soberanista, en función del desarrollo integral del país.

De manera entonces que si se asume que hay que negociar el FEES, como dice el dicho, “ya entramos perdiendo” y perdiendo doble: 1- Les permitimos que nos impongan su cancha: la “negociación”; y 2- Eso ya implica que imponen sus reglas y criterios. De ahí que imponen requisitos, por ejemplo, el gobierno pide que se incluyan tantas carreras STEM.

Además, estaríamos siendo inconstitucionales, adhiriendo a esa violación de la Constitución.

También tenemos que ser conscientes de que esgrimir la contribución importante que hacen las Universidades públicas al país, lo filosófico, por sí sólo, es algo que para los sectores gubernamentales no es factor.

En mi criterio, la actitud inconsecuente ante los sectores gubernamentales es: venimos a negociar.

La actitud consecuente es: venimos a hacer que se cumpla lo que manda la Constitución de la República

Ayudemos al presidente a cumplir el juramento de defender la Constitución, al asumir el cargo. ¿Será que ya se le olvidó?

“¿Jurais a Dios y Prometeis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la república, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? – Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden”.