Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
El régimen democrático costarricense, que celebró índices de desarrollo humano y de paz social ejemplares en América Latina, se ha deteriorado cualitativamente. El creciente empobrecimiento, desigualdad e inseguridad social junto con la avanzada del autoritarismo político y el fundamentalismo religioso-cultural son los factores que explican, en buena medida, ese deterioro. El mismo se manifiesta en un debilitamiento sustantivo de nuestra institucionalidad social pública, así como en la pérdida de protagonismo del país en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel mundial.
Todo ello también ha contribuido a profundizar la polarización social, acicateada por los elevados decibles de las voces del odio y la intolerancia que campean hoy en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Asimismo, una gestión gubernamental que no da indicios de contribuir al tan necesario diálogo social para encarar los álgidos problemas del país. Acudir a las vieja prácticas de componendas interpartidarias solo abonan el terreno de la polarización y el desencanto ciudadano.
Reconstruir el régimen democrático del país es una tarea tan urgente como importante. Para ello necesitamos una ciudadanía con mejores niveles educativos, particularmente, como se recomienda en esta era de la inteligencia artificial, poniendo especial atención a la formación en “capacidades blandas” para humanizar el desempeño técnico-profesional e incentivar la creatividad y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, se requiere ampliar la cobertura del sistema educativo en todos sus niveles, es decir, democratizarlo fortaleciendo la institucionalidad pública y convocando a la privada a un mayor compromiso solidario. Asimismo, redefinir la estrategia curricular atendiendo a las nuevas condiciones de disponibilidad y acceso a la información.
Una verdadera democratización de la educación es aquella que garantice que todo joven costarricense a la edad de 18 años haya culminado la educación secundaria y esté preparado para acceder a una carrera técnica o académica del mejor nivel. De esta manera, se crean las condiciones que eviten seguir reproduciendo la “generación perdida” de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un país que se precia de tener un “ejército de maestros” no debe estar tirando a las calles a jóvenes en edad productiva, para que se conviertan en delincuentes, sicarios, consumidores y traficantes de drogas, contribuyendo a reproducir los círculos de la pobreza y la violencia.
Si bien es cierto, la educación no es la única solución a los graves problemas de la pobreza, la desigualdad y la violencia social (cultural, simbólica y política) y criminal, sin educación no hay posibilidad de avanzar significativamente en la solución de los mismos. Como se dice, es una condición necesaria pero no suficiente. Sin embargo, en las condiciones actuales, si el país pretende rescatar su viejo protagonismo en desarrollo humano y reconstruir su régimen democrático la democratización de la educación tiene que convertirse en una prioridad de la política pública.
En esta dirección se requiere afinar la planificación y regulación de todo el sistema educativo, tanto público como privado, con un norte claro y definido: garantizar la conclusión de los estudios secundarios para todos los jóvenes que habitan este país. Es la gran deuda social que arrastramos desde hace décadas, como bien lo han reiterado los Informes sobre el Estado de la Educación. Para ello, se requiere un seguimiento personalizado del avance educativo de los jóvenes y, por consiguiente, una estrategia de cooperación por parte de las familias, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes y el Estado.
Si no queremos una sociedad con más cárceles que escuelas y colegios, tenemos que actuar ya. Hay que superar el actual modelo de “oligarquización de la educación” y dar el salto cualitativo hacia la democratización de la educación, la vía por la cual el país cosechó sus mejores logros y los puede seguir cosechando.
