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Después de las elecciones del 1 de febrero del 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes

Un clima enrarecido

Que nos vamos a convertir en una Venezuela, que se van a suspender las garantías constitucionales, que la presidente electa ha sido nombrada ministra de la Presidencia, que el presidente ha ocultado la paternidad de una hija de tres años hasta después de las elecciones, que decenas de diputados electos arrastran causas penales, que Costa Rica camina con paso firme hacia el amanecer de una desconocida “Tercera República”. La oposición insistiendo en la importancia de ir a votar; los costarricenses yendo a votar contra la oposición.

No es poca cosa.

Quisiera sugerir que ese clima político y social enrarecido no es solo una característica de la reciente campaña electoral, sino resultado de la larga puesta en escena de una obra de la que los actuales son solo los (pen)últimos actores. Se trata de otra cosa, más profunda. De las consecuencias de un vasto proceso político que ha minado la confianza de la población y transformado las características de la Segunda República en Costa Rica.

Sobre la “institucionalidad democrática”

Nunca nada más antidemocrático que el “No hay alternativa”, la consigna del neoliberalismo con la que Margaret Thatcher y Ronald Reagan se lanzaron a la conquista del mundo en la década de los 80’s del siglo pasado, en los años finales de la Guerra Fría.

Aquí, voces alarmistas insisten en que está en juego la democracia, como si no se hubiese estado destruyendo esa democracia a mordiscos desde hace más de 40 años, cuando nos sumamos a la alternativa neoliberal e hicimos nuestro aporte (modesto) al desquiciado modelo concentrador de la riqueza en manos del 1% de la humanidad.

No es posible una elección con 20 partidos. No hay 20 proyectos políticos en el país. Difícilmente puede haber más de tres o cuatro. Solo un escenario político desdibujado justifica la aparición de 20 alternativas electorales. En ese escenario, el voto vale poco. O nada. Vale lo que valen esas 20 alternativas.

Quisiera sugerir que no es el voto el que le da sentido a la democracia. Es la democracia la que le da sentido al voto.

Para que el voto valga necesitamos alternativas bien construidas, claras. Solo así mi voto vale, solo así permite elegir una opción.

A qué nos enfrentamos

¿A la creación de la Tercera República? ¿De qué se trata? ¿De darle forma al legado de Rodrigo Chaves?

En realidad, nos enfrentamos a un proyecto de una derecha privatizadora. Nos ofrecen la “continuidad del cambio”, el “rechazo al pasado”, la “defensa irrestricta de la vida y la familia”, el “respeto a la dignidad del trabajo que se acrecienta con la propiedad”.

Hay que pensar un poco: ¿qué significa todo eso, qué se esconde detrás de esas mal trazadas consignas? Se podría decir que nada. Pero no es cierto. Significan algo. Algo que no tienen el coraje de anunciar claramente.

En todo caso, nada muy distinto al que el país ha venido transitando en los últimos 40 años, cuando se empezó con la privatización de los depósitos bancarios y se siguió con los más diversos sectores económicos, incluyendo la salud, la educación, las obras públicas, las telecomunicaciones… Todas las instituciones se vieron afectadas: la banca pública, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), escuelas, colegios, universidades, el ICE.

Para la mayoría, los servicios se deterioraron. Se fue extendiendo la idea de que el Estado es un gasto, no un servicio. Privado de importantes ingresos, el déficit público creció y, con él, la deuda y sus intereses. Para tratar de hacerle frente, se recortaron aún más los recursos. Se deterioraron los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Se nos ha tratado de convencer de que cada uno es responsable de su futuro, de que el orden social, político y económico en que vivimos tiene poco que ver con eso. Que los lazos entre todos se deben adelgazar, que cada uno vele por sus intereses mientras el modelo va concentrando la riqueza hacia arriba.

Sueñan con un Estado que ofrezca los servicios indispensables para el desarrollo de los negocios y muy poco más (la seguridad no es lo único, pero es lo políticamente más sensible). Lo demás, cada uno tendría que procurar resolver por su cuenta.

Lo público-privado

Se habla de un modelo de desarrollo público-privado. Como idea general, no solo tiene sentido, sino que no hay otra manera de desarrollar una sociedad.

Pero aquí se usa con un sentido más específico. El término sirve para ocultar un proyecto que pone lo público al servicio de lo privado. De modo que todo nos conduce –de nuevo– a ese modelo concentrador de la riqueza que ha llevado a extremos la tensión económica y política.

La presidente electa insiste en la idea de vender el Banco de Costa Rica y su filial BICSA. Ya lo había propuesto Chaves al inicio de su gobierno, especulando con la cifra de 1,2 billones de colones –2,8% del PIB– cálculo probablemente muy por encima de las posibilidades reales de venta, eventuales recursos cuyo destino nunca precisó.

En su conferencia de prensa, el día siguiente del triunfo electoral, Fernández sugirió financiar con esos recursos el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Apuró el negocio, afirmando que debe darse antes de que el banco “quiebre” o caiga por “problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.

Pero el BCR no está en quiebra, aunque quizás Fernández lo sepa. Es un buen negocio y los inversionistas lo saben. Sobre todo, si pueden comprar barato. Como lo decía Rodrigo Carazo, lo que esta gente quiere no es vender, sino comprar.

¿Qué sentido tiene vender un activo que dejó el año pasado una utilidad de ¢38.494 millones? Recursos públicos que financian diversos proyectos.

Los bancos públicos, como el BCR, ya tienen, por ley, una serie de cargas fiscales y parafiscales, incluyendo un 15% sobre sus ganancias destinada al régimen de IVM. De modo que su venta para capitalizar este régimen no tiene sentido. Lo dejaría desfinanciado cuando los recursos de la venta -si se vendiera– finalmente se agotarán.

Tratarán de seguir profundizando el proceso de privatización de los servicios de la CCSS, tanto en salud como en pensiones, que les gustaría transformar en un sistema como el chileno, de capitalización individual, que ha significado una tragedia para miles de adultos mayores en ese país (nada de esto tiene que ver con la necesaria revisión de los diversos sistemas de pensión existentes en Costa Rica, de modo que nadie reciba más de lo que cotizó, pero que tampoco reciba menos). Tampoco se trata de que se transforme nuestro sistema solidario en un multimillonario negocio privado a favor del 1% más rico de la sociedad.

Déjeme poner otro ejemplo de proyectos privatizadores particularmente ineficaces e irritantes por las condiciones tan desfavorables para el país. Se trata de la carretera a Caldera, transformada en un gran embudo por donde el dinero de los costarricenses fluye hacia una empresa que recibe miles de millones, amparada por un contrato leonino que impide al recuperación por el Estado de la empresa, pese a que lo invertido ya ha sido remunerado con creces.

Esa es una empresa curiosa cuyo funcionamiento evidencia lo absurdo de la concesión: la empresa más gana cuando presta peor servicio. Cuando el tránsito se multiplica, en las horas o las fechas de mayor movimiento, las decenas de casetillas de cobro se llenan, mientras el tránsito se atasca cuando el espacio de cobro se va reduciendo a uno o dos carriles de tránsito. Mientras mayor sea la presa, más gana la empresa.

Como ya dijimos, los proyectos públicos serán cada vez menos relevantes para atender las necesidades de la población. Los recursos se orientarán a atender los intereses privados.

Desde nuestro punto de vista, eso no le sirve al país, a nadie. Ni siquiera a aquellos a los que pretende favorecer. Solo exacerbará las tensiones económicas y políticas.

Pero dar vida a esa ley de privatización de la obra pública y la aprobación del TLC, fueron dos razones principales de los esfuerzos de Oscar Arias para promover un cambio constitucional que le permitiera aspirar a un segundo mandato. Luego, estas tendencias siguieron. Llegaron a extremos durante el gobierno de Alvarado, adquirieron un tono chabacano en el de Chaves, y nos amenazan de nuevo, en el de Fernández.

Desde mi punto de vista, todo mal. De modo que quienes no compartimos esas políticas deberíamos desde ya explicar nuestras razones y prepararnos para el debate.

Dos Costa Ricas

¿Cuál es el secreto detrás del éxito de Costa Rica? se preguntaba la organización no gubernamental norteamericana Social Progress Imperative en diciembre pasado.

No se trata de suerte, sino de una estrategia desarrollada desde hace décadas, afirman. Con el reconocimiento de que un crecimiento inclusivo y la cooperación comunitaria era esencial para el desarrollo, se avanzó hacia un modelo que beneficiaba a todos, invirtiendo recursos masivos en el capital humano.

Pero, en determinado momento del siglo pasado, el progreso parece haberse estancado en determinadas áreas, afirma la organización, que conversó con el director de Impacto y Sostenibilidad del INCAE, Jaime García. Identificaron los principales puntos de inflexión, como seguridad personal y educación superior, discutieron sobre el progreso social concentrado en el área metropolitana, que dejó atrás las costas y las zonas fronterizas. Llegaron a la conclusión de que había ahora “dos Costa Ricas”.

En un artículo publicado en La República, el pasado 19 de enero, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez se había referido a esa características de la economía costarricense, aunque él agregaba un tercer aspecto, como veremos.

Rodríguez hurgaba en algunas características de esa economía, poniendo en evidencia el carácter dual del crecimiento. “El crecimiento del PIB y de las exportaciones se genera fundamentalmente gracias al régimen de comercio especial. El régimen definitivo, que engloba aproximadamente el 85% de la producción, crece cuatro veces menos que el especial”, afirmó.

La caída del desempleo –un logro reivindicado por el actual gobierno– “no se explica por la creación de nuevas fuentes de trabajo, sino por la enorme disminución de personas que buscan empleo”. “El nivel de ocupación de febrero de 2020 —último mes antes de la pandemia— se redujo en 30.290 personas para noviembre de 2025, último mes con datos de la Encuesta Continua de Empleo”, dice Rodríguez.

En febrero de 2020, la tasa de ocupación era de 56,1%, mientras que en noviembre de 2025 fue de apenas 51,4%.

Y se pregunta “¿Cómo explicar la reducción de la pobreza sin un aumento del volumen de empleo ni de los ingresos salariales de los sectores más pobres? ¿Cómo entender un crecimiento económico significativo sin creación de empleo, acompañado de un exceso de divisas, inflación negativa y una revaluación persistente del colón?”.

Con menos gente empleada, la reducción de la pobreza solo se explica por el aumento de los ingresos autónomos. En cuanto al aumento de los ingresos de divisas afirma que “no tiene una explicación clara” y sugiere la conformación de una “tercera economía, paralela a los regímenes de comercio definitivo y especial”.

Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, ya se había referido a estos problemas en un artículo publicado en El Financiero el 16 de diciembre pasado, titulado “De paso de jaguar a ritmo de tortuga”.

“La economía costarricense, en su parte doméstica —donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional— crecía en años anteriores alrededor de 4,7%, el año pasado 3,0% y en lo que llevamos del presente año, con dificultad, la actividad económica apenas llega a un 2,3%”. “No sólo la actividad económica ha bajado, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de 50 mil personas”.

Naranjo agrega un dato sobre la situación de los jóvenes. “En 2010 había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198”. “En noviembre del 2025 la tasa de desempleo juvenil llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%. O sea, el desempleo juvenil es 2,6 veces mayor que el desempleo total”.

No nos vamos a extender aquí en unas consideraciones ya largas. Pero nos parece importante compararlas con los datos que difunde el gobierno y que pueden revisarse en una nota de la página Novedades publicada el pasado 3 de febrero, donde se habla de reactivación de la economía, creación de empleo y reducción de la pobreza, entre otros aspectos.

El desprecio de una clase política

Así las cosas, ¿es tan difícil explicar el desprecio por un una clase política que ha llevado el país a este callejón sin salida, que la expresión más chabacana de esa clase política sabe explotar muy bien, precisamente porque es la expresión más chabacana de esa política?

¿Es tan difícil entender por qué el crimen organizado y el narcotráfico convocan a sectores cada vez más amplios de nuestra juventud y la violencia no para de crecer?

¿Es tan difícil entender porque el sector más chabacano de esa política logra éxitos tan extraordinarios en las zonas más marginales de ese modelo dual, que las deja sin opciones mientras ve alejarse la barca de la “otra” Costa Rica?

Me parece que necesitamos un cambio de rumbo. Ese modelo dual funciona así como lo vemos: crecen las exportaciones, las inversiones extranjeras, el país se inunda de dólares, mientras la mayoría de los costarricenses, principalmente los jóvenes, ven desde la orilla alejarse el barco de las oportunidades y de una vida digna.

El periodo de transición

Chaves nombra ministra a Fernández. ¿De qué se trata? Me imagino que pensarán así preparar, en los tres meses que faltan para que asuma el (nuevo) gobierno, los proyectos de ley con que sueñan fundar la Tercera República.

Instalada la nueva asamblea legislativa, elegida la Junta Directiva, conformadas las comisiones (todas con mayoría oficialista), el gobierno estaría en condiciones de aprobar rápidamente una serie de reformas, sin que la oposición tuviera apenas tiempo de reaccionar.

Han lanzado algunas ideas sobre las privatizaciones: venta del BCR, apertura del mercado eléctrico, jornadas 4/3, reforma del sistema de pensiones de la CCSS, para transformarlo en uno de capitalización individual.

Mientras nos distraemos en comentarios sobre la extraña decisión de incorporar la presidente electa al gobierno saliente, me parece que lo importante son las movidas para preparar el paquete legislativo con el que sueñan, mientras tratan de amarrar los votos necesarios para su aprobación.

Nosotros, esa mayoría que no votó por la papeleta ganadora, ¿qué hace mientras tanto? No tiene siquiera un diagnóstico preciso de la situación, ni un programa alternativo al de esa Costa Rica dual. Pelea con fantasmas, como si la amenaza a la democracia más peligrosa fueran los escarceos de este gobierno (y probablemente del que sigue) contra las instituciones del país. Son ciertamente un peligro al que debemos poner atención. Pero tengo la impresión de que el peligro mayor es ese modelo de desarrollo que ha venido construyendo esa Costa Rica dual, navegando en la ola ya muy antigua del “no hay alternativa”, con el que fueron minando los fundamentos de la II República, sin que, por ningún lado, aparezcan ideas capaces de llevarnos a la III.

La conformación de la próxima Asamblea Legislativa parece dejar pocas opciones a la resistencia del programa privatizador. ¡Parece! Pero no tenemos derecho a darlo por sentado, ni será inevitable si nos preparamos también en este período de transición para resistir contra estas propuestas.

El tiempo para organizar programas y alianzas es ahora

Para finalizar estas ya muy largas reflexiones: el tiempo para organizar programas y alianzas es ahora. En la víspera de las elecciones cada partido pelea por lo suyo. Entonces es muy difícil hacer alianzas. Me parece que ahora el clima no podría ser más favorable.

No estoy pensando solo (ni principalmente) en los partidos, aunque no podrían ser olvidados. Pero hay que movilizar más que eso, a organizaciones locales, representantes de los más variados sectores sociales, para ponernos de acuerdo, primero, en una idea y, después, en formas de organización para pelear por ellas.

Desde mi punto de vista, se trata de poner fin a ese modelo en que se basa la Costa Rica dual. No se trata de cerrar el país a la inversión extranjera, sino de entender que así quienes se desarrollan son esas empresas. No nosotros.

Por lo tanto, la otra cara de esa moneda es el desarrollo de nuestras empresas –bancos públicos, ICE, INS, etc.– base de nuestra riqueza que, bien administradas, son el fundamento de los recursos para hacer navegar la Costa Rica hoy varada en la orilla.

Para mí, ese es el fundamento, aunque, naturalmente, una enorme variedad de asuntos debe ser tratados también, siempre con el cuidado de no minar los fundamentos del edificio que tratamos de construir.

No veo cómo se puede desarrollar un país como Costa Rica sin fortalecer el tejido social, debilitando los servicios públicos y dejando a los ciudadanos por su cuenta para resolver aspectos básicos de la vida colectiva y la de cada uno, como la educación o la salud. Ese es el camino que hemos venido transitando, con los resultados evidentes de una creciente inseguridad, consecuencia del deterioro de ese red social que dio fundamento a la II República.

La base de la III República no es la destrucción de los fundamentos de la II. Eso lo han venido haciendo hace ya más de 40 años los diversos gobiernos.

La base de esa III República debe ser la recuperación de los fundamento de la II, que hicieron de Costa Rica una nación destacada en la región, adaptándolos, naturalmente, a las realidades políticas, económicas, sociales y tecnológicas de nuestra época.

Conductas insólitas

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Hay comportamientos humanos tan raros, insólitos o inconcebibles que hasta el Derecho Penal renuncia a regularlos o tipificarlos. Son conductas inaceptables o repugnantes, pero dada su naturaleza y excepcionalidad, estrictamente moral, terminan por no ingresar al mundo de lo normativo-legal, con sus autorizaciones o prohibiciones. Es el caso del canibalismo. En ningún código o ley penal de nuestro ordenamiento jurídico encontraremos descrita como delictiva la acción de comer carne humana, ya sea producto de un crimen previo (homicidio/femicidio) o de una muerte natural.

En otros ámbitos del derecho, tampoco resulta sensato, aunque no esté prohibido por ninguna ley, que por ejemplo a un embajador se le asigne como recargo ejercer de ministro de Relaciones Exteriores, puesto que una decisión como ésta, iría contra toda costumbre, reglas no escritas de la cortesía diplomática o aspectos meramente prácticos de las relaciones internacionales.

El mundo de lo jurídico, en fin, lo que exige es un mínimo de razonabilidad a la hora de crear y aplicar las leyes, dando por supuesto que hay una serie de decisiones y actuaciones que no merecen prohibiciones expresas en vista de que contravienen todo principio de sana prudencia, respeto a la jerarquía y dignidad de los altos cargos del Estadio y coherencia institucional.

Recordé estos ejemplos de mis lecciones introductorias al derecho, cuando circuló la noticia de que el presidente en ejercicio había nombrado, por el resto de su período (tres meses), a la presidenta electa como su “nueva” ministra de la Presidencia. La pregunta que muchos se hicieron de inmediato era si había alguna disposición legal al respecto.

Pero resulta que este hecho se encuentra en esa zona de las decisiones raras, insólitas e inconcebibles. No tiene precedentes en la vida política nacional y está cargado de un valor cultural-simbólico también extra-ordinario, excepcional y para algunos observadores, como el que escribe estas líneas, inaceptable y repugnante. Esta es la razón por la cual ni el Derecho Público, ni el Administrativo, habían previsto semejante supuesto para regular, ya fuera autorizando o prohibiendo, esta inesperada decisión presidencial.

Ya se ha dicho lo esencial de un gesto como el comentado respecto del agente que nombra, presidente saliente, que deja muy claro quién es el jefe, quién es el que manda ahora y mandará en los próximos cuatro años, lo cual, probablemente alegrará a los cientos de miles de costarricenses que lo reverencian, haga las barbaridades que haga.

Pero es en la conducta de la persona nombrada, la presidenta entrante, donde emerge todo el peso simbólico cultural por su inaudita docilidad. Ni las “siervas bíblicas” de Fabricio Alvarado llegaron tan lejos en su voluntad sumisa e incondicional. Esta pérdida de toda dignidad es un lamentable suceso en la vida republicana nacional y un golpe a la institución de la Presidencia.

El hecho que vemos perpetrarse ante nuestros ojos tiene que ver sí, con la lucha cultural que se libra, a nivel mundial, por la igualdad entre hombres y mujeres, por la autonomía económica, política, sexual, identitaria y moral de éstas y la urgencia de que ocupen el lugar que siglos de subordinación e indignidad les ha negado. El gesto de aceptación de la señora Fernández echa por tierra esos siglos de luchas feministas y todo lo que, también en este rincón del mundo, se viene haciendo desde la primera mitad del siglo XX, cuando las mujeres empezaron a gritar: ¡aquí estamos!, déjennos ir al colegio y la universidad; déjennos echarnos a la calle y participar en la huelga; déjennos trabajar más allá de la cocina de la casa; páguennos lo mismo que gana el compañero de trabajo por las mismas tareas; y, por supuesto: ¡déjennos elegir y ser electas!.

Es en este último punto donde la sumisión de la señora presidenta electa evidencia todo lo regresivo de su conducta. Se ve burlado, en primer lugar, el derecho electoral porque la persona por la que votó tanta gente está dispuesta a no ser ella la que gobierne, sino alguno detrás suyo, desde la sombra. Y lo que es peor, se traicionan las titánicas luchas de las mujeres por sus derechos y su difícil ascenso a posiciones que siempre se les ha negado.

Descentrar la simbólica del poder

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En una semana para analizar desde el punto de vista político, social y cultural, por primera vez en más de cinco años de escribir esta columna, confieso que me cuesta enfocar un solo tema.

Sobre las recientes elecciones en Costa Rica y sus resultados, por ejemplo, aún debo procesar lo que la estadística evidencia. En muchas reflexiones pasadas he compartido mi sentir acerca de la “refundación política” o la suscripción de un nuevo “pacto social” dada la caducidad del anterior. Volveré sobre esto más adelante, cuando pueda pensar en frío.

Han sido muchas las conversaciones sostenidas a lo largo de estos días con amigos y amigas del exterior que me preguntan ¿qué pasó en Costa Rica? Y de inmediato extienden su preocupación sobre lo que desde afuera se observa y que aquí adentro al menos un porcentaje importante del electorado logró percibir. No es menor el riesgo.

De todas las conversaciones sostenidas me quedo con las palabras del poeta y gestor cultural venezolano Joel Linares, con quien llegamos a la conclusión de que el efecto despolitizador en Costa Rica había cumplido su cometido: desmovilizar por un lado y por el otro llamar a una convocatoria que le dijera exactamente a la gente “de a pie” lo que quería escuchar y no propiamente la realidad.

Es que la desafección es mucha y moviliza hacia donde se le prometa acabar con lo que le produce el enojo: desigualdad, pobreza, desatención política. Aunque la promesa finalmente no tenga argumentos para cumplirse.

Con esta despolitización vinieron otros elementos: descolectivizar y volver individuales las luchas. En ese sentido, la sociedad costarricense ha sido abatida en su proyecto común y hoy se dibujan varios escenarios que difícilmente logren un acuerdo social en el corto plazo.

Pero quizá lo que más me quedó resonando de la charla con Joel, fue la contundencia de esto que dijo: “no basta con el poder político. Se debe construir una hegemonía cultural”. De inmediato aclara que no solo es a través del arte como vehículo: es en el mundo de las ideas y de la conciencia donde se debe colocar la energía para resistir.

El potente valor de lo simbólico.

A esto volveré más adelante en esta columna, porque pienso que es claramente una ruta que debemos asumir en el plano local dadas las circunstancias.

No quiero dejar pasar el momento, ahora si en caliente. Han transcurrido apenas unas horas desde que el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl estadounidense fuera “hackeado” por el cantante puertorriqueño conocido como Bad Bunny.

Un diario como El País en España ha dicho que la mayoría de público asistente, blanco, reaccionó con recelo ante una presentación que proponía el idioma español como bandera, Latinoamérica y el Caribe como presente, la memoria como recurso político. La misma respuesta visceral e higadosa de Donald Trump ante el show del boricua nos indica que aquel cumplió el objetivo. A este tema también volveremos más adelante.

En una semana intensa, la idea que ha quedado clara es que al poder se le combate desde lo simbólico, porque le incomoda esa disputa, le enoja que lo saquen de su centro cultural.

El escenario es claro: es mediante conocimiento, arte transformador y colectividad que se resiste y se construye una nueva vía donde quepamos todos y todas.

Esa es la tarea.

Una razón para la disconformidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Exviceministro de Hacienda
Investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA

Si algo dejó claro el resultado de la elección del 1 de febrero, es que las diferencias de desarrollo entre el centro del país y su periferia, no solo son evidentes, sino que también se manifiestan en las preferencias políticas de las personas. No pretende este artículo de opinión sustituir el análisis a más profundidad que un evento de estos requiere, pero busca contribuir con la orientación del mismo al plantear una posible razón para lo que sucedió. Tampoco pretender simplificar todo a una sola explicación, los fenómenos sociales son complejos y muchas veces se explican por la confluencia de muchos factores.

Podemos ir tan atrás como el inicio de la década de los ochenta para encontrar la raíz de las diferencias que vivimos hoy. Luego de que en los setenta el mundo sufriera dos shocks petroleros, que nos afectó a nosotros también, y vaivenes en el precio internacional del café, la década de los ochenta inició con una crisis de impago de deuda externa que vendría a cambiar a la Costa Rica de los años y décadas siguientes. La respuesta del país transformó nuestra economía, se fortaleció la institucionalidad alrededor de algunas actividades económicas, se introdujeron mecanismos de incentivo para exportaciones no tradicionales, se impulsó la actividad turística, se introdujeron mecanismos para incentivar la atracción de inversión e incluso se alineó la política cambiaria para evitar la pérdida de competitividad del sector externo.

El proceso de transformación institucional alrededor de los nuevos sectores económicos que se impulsaron se extendió hasta 1996, cuando se le da rango legal al Ministerio de Comercio Exterior, se crea PROCOMER como se conoce hoy y se reforma la Ley de Zonas Francas. Al cabo de ese periodo tres actividades emergen como las grandes ganadoras de ese proceso de reforma: las exportaciones no tradicionales, incluyendo las vinculadas al régimen de zonas francas; el turismo y el sector financiero, con un importante impulso al sector financiero privado. Valga decir que las reformas del sector financiero se extendieron por más tiempo, con la aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de Protección al Trabajador y la apertura del mercado de seguros.

En ese tiempo una serie de beneficios fiscales se introdujeron a fin de impulsar esas actividades, siendo el sector exportador no tradicional el más beneficiado, llegando a recibir hasta el equivalente a 1% del PIB en subsidios directos, mientras un variopinto tipo de incentivos se otorgaban, incluyendo un tratamiento tributario especial a las operaciones de la banca off shore en el país. Esas actividades económicas impulsaron el crecimiento de la economía costarricense, eso es claro, pero sus beneficios no llegaron a todas partes y, dada la política fiscal aplicada en el país, muy cargada de exoneraciones e incentivos, no se pudieron distribuir una parte de esos beneficios a todo el país por medio del presupuesto nacional.

Aunque el turismo se fortaleció en las costas desde los ochenta, no cambió la dinámica económica a lo interno de los territorios, las provincias costeras eran y, siguen siendo, las más empobrecidas del país. La atracción de inversión extranjera, las exportaciones no tradicionales y el fortalecimiento del sector financiero, principalmente el privado, fueron una importante fuente de crecimiento en la GAM, impulsó la creación de empleo calificado en esta región e incluso el desarrollo de actividades inmobiliarias vinculadas a esos sectores. Al cabo de este periodo, los beneficios del desarrollo desde la crisis de los ochenta hasta hoy se han concentrado territorialmente, así como se han concentrado en determinados grupos de población, los asociados al empleo calificado principalmente.

Mientras tanto, ¿qué pasó para el resto del país? Desde los ochenta hemos vivido en un casi constante estado de ajuste económico, primero debido a los programas de ajuste estructural de los ochenta y los noventa, luego por los ajustes fiscales a los que nos hemos visto sometidos de forma constante, pero sin que pudiera fortalecerse la política fiscal para sostener una política pública más amplia y mejor financiada. Pasamos apagando incendios durante varias etapas en las últimas cuatro décadas, con reformas tributarias para controlar los problemas del momento, sin capacidad para sostener una inversión pública acorde con las demandas que el crecimiento del país producía, sin poder sostener con ingresos frescos los esfuerzos por aumentar el gasto en educación, con una inversión en seguridad que por mucho tiempo se quedó a la retaguardia de la región y una política social que no logró incidir de forma permanente en la reducción de la pobreza.

Lo constante en este periodo fue tener un Estado altamente endeudado, con un gasto por intereses elevado, que produjo un efecto redistributivo inverso: tomar recursos del erario público para trasladarlo en rentas por intereses a los tenedores de la deuda, un movimiento que beneficiaba tanto a algunas inversionistas por medio del mercado bursátil, así como a los trabajadores que cotizan a los regímenes de pensiones, cierto, pero con un gasto que finalmente no llevó beneficios a los trabajadores informales, muchos de ellos en condición de pobreza.

El Estado no tuvo capacidad de dirigir recursos a sectores productivos vulnerables, pero de alto valor agregado nacional, como el sector agrícola, incluso cuando aceleró su competencia con productos importados por medio de los tratados de libre comercio. Tampoco pudo resolver el problema del transporte público en todo este tiempo, siendo el llamado a hacerlo como dueño de un servicio que concesiona, lo que llevó a que en la GAM lo solucionásemos con el transporte privado, situación que tiene la movilidad al punto del colapso, mientras en otras partes del país el transporte público desaparece de forma paulatina. Por supuesto estas cosas también tienen un impacto diferenciado, según la zona del país y el grupo de población en que fijemos nuestra mirada.

En poco más de cuatro décadas nuestro modelo de desarrollo produjo ganadores, incluso impulsados con beneficios y exoneraciones de impuestos, mientras la política fiscal intentaba no hundirse bajo las enormes demandas de la sociedad y la pobre financiación vía impuestos. En tres ocasiones se intentó una reforma tributaria estructural, de mayor alcance, pero en las tres se falló. Finalmente, con el agua al cuello, se aprobó una reforma en 2018 que nunca se diseñó como solución final a nuestros problemas fiscales de larga data, y que hoy muestra los problemas de su alcance limitado. Este largo camino de éxitos para unos y tropezones para otros, tuvo un punto álgido en medio de la pandemia, cuando las necesarias medidas sanitarias golpearon a todos, pero a unos los encontró mejor posicionados que otros para enfrentar las consecuencias económicas de esas medidas.

Mientras el desempleo alcanzó el 25%, el trabajo en las costas asociado a la actividad turística desaparecía de un día para otro, y las medidas de cierre golpeaban al sector comercial, el Estado costarricense solo pudo destinar tres meses de ayudas a la población afectada, insuficiente para evitar un deterioro social importante y evitar con eso que problemas sociales empezaran a estallar en las zonas más empobrecidas del país. El sector más dinámico de nuestra economía, por otro lado, no sufrió, de hecho, creció a tasas muy altas, llegando a multiplicar el valor de las exportaciones, por ejemplo, en los años posteriores a la pandemia. Ese dinamismo no se multiplicó para el resto de la economía, ni llegó a alcanzar a otros a través de la política fiscal, la apuesta histórica a que sus beneficios se “derramarían” al resto de la economía no se alcanzó, no llegó a los sectores que en estas décadas no disfrutaron de los beneficios del crecimiento económico centrado en la GAM.

Al concluir el primer cuarto del siglo XXI, seguimos teniendo un Estado altamente endeudado, un alto gasto en intereses, una política pública limitada por una carga impositiva baja para un país de ingreso alto y desarrollo humano alto, y, para terminarla de hacer, seguimos apostando una gran cantidad de recursos en incentivos para un régimen que luego de 35 años de existir sigue insistiendo en que necesita beneficios fiscales para seguir operando.

Los resultados del 1 de febrero son, por lo tanto, también una radiografía de la molestia y la disconformidad que ha producido la desigualdad de nuestro modelo de desarrollo. No responde solo a eso, por supuesto, pero debemos entender el papel de los diferentes resultados alcanzados en más de cuatro décadas de actividad económica en el país, en las decisiones de las personas. El reto futuro sin duda es cómo integrar los buenos resultados de unos sectores económicos con el resto de la economía, y cómo llegan los beneficios del crecimiento económico a todo el territorio nacional. Dejo solo una pista: no va a pasar sin una mayor capacidad de la política fiscal, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que hacemos desde hace más de cuarenta años.

Creación de empleo en el país se estanca, a seis años de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roxana Morales Ramos, M.Sc.
Economista, Coordinadora OES-UNA
Escuela de Economía, Universidad Nacional

Costa Rica no ha logrado crear empleo en términos netos en los últimos seis años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC.

El nivel de ocupación se ha mantenido prácticamente estancado: en el cuarto trimestre de 2019, previo al inicio de la pandemia por covid-19, se contabilizaban 2.182.818 personas ocupadas, mientras que en el cuarto trimestre de 2025 la cifra apenas alcanzó las 2.183.473. En consecuencia, el aumento neto del empleo en el periodo fue de 655 personas, en un contexto de crecimiento poblacional superior a 294 mil habitantes.

Este estancamiento en el empleo se da en un contexto de contracción significativa del mercado laboral, reflejada en la caída de la tasa neta de participación. Este indicador, que mide la proporción de personas de 15 años y más que trabajan o buscan activamente empleo, se redujo en 8,4 puntos porcentuales, al pasar de 62.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 54.5% en el mismo periodo de 2025. En otras palabras, cada vez menos personas están disponibles o dispuestas a integrarse al mercado de trabajo, lo que plantea riesgos importantes para el crecimiento económico, la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y seguridad social, así como para el sistema de cuidados.

La contracción de la fuerza laboral afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque con mayor intensidad en estas últimas. Entre 2019 y 2025, la fuerza de trabajo masculina se redujo en un 5.4%, mientras que la femenina lo hizo en un 8.1%, profundizando las brechas de género existentes en el mercado laboral.

Un empleo que no crece, solo se redistribuye

Aunque el empleo total no aumenta, sí se observa una recomposición significativa de su estructura. Por nivel educativo, la ocupación crece entre personas con secundaria completa y educación universitaria, mientras que disminuye entre quienes tienen secundaria incompleta o menos. Algo similar ocurre por calificación: durante estos años únicamente se han creado empleos que requieren alta calificación, mientras que los de calificación media y baja se han reducido.

La redistribución también es etaria. El crecimiento del empleo se concentra en personas de entre 24 y 44 años, mientras que en el resto de los grupos de edad el número de personas ocupadas es inferior al observado en 2019.

Sectores ganadores y perdedores

La recomposición del empleo se manifiesta igualmente a nivel sectorial. Entre las actividades que más puestos de trabajo han perdido destacan la agricultura, ganadería y pesca (-64.795 empleos), los hogares como empleadores (-38.037), el comercio y reparación (-13.707) y hoteles y restaurantes (-12.181). En este último sector, el impacto ha sido particularmente desigual por sexo: mientras que entre las mujeres se perdieron 13.068 empleos, entre los hombres se registró un leve aumento de 887 puestos.

En contraste, algunas actividades sí muestran creación de empleo, entre ellas transporte y almacenamiento (28.300 nuevos puestos), comunicación y otros servicios (19.109), intermediación financiera y seguros (17.803) y actividades profesionales y administrativas de apoyo (16.980). La industria manufacturera también destaca, con la creación de 24.278 empleos.

Turismo: caída del empleo y mayor vulnerabilidad laboral en mujeres, jóvenes y microempresas

El sector turismo sintetiza con claridad las transformaciones recientes del mercado laboral. En términos netos, entre 2019 y 2025 se perdieron 6.216 empleos. No obstante, esta cifra oculta fuertes desigualdades: mientras se crearon 2.108 empleos para hombres, las mujeres perdieron 8.324.

La pérdida de empleo turístico se concentró en zonas urbanas (-13.730), mientras que en áreas rurales se crearon 7.514 puestos. Asimismo, afectó principalmente a personas jóvenes de entre 15 y 34 años (-15.255 empleos) y a microempresas de 1 a 9 personas trabajadoras (-14.648). En contraste, los establecimientos con 10 o más personas empleadas generaron 8.535 nuevos puestos, lo que evidencia que las microempresas han sido las más golpeadas por el ajuste.

Adicionalmente, la destrucción de empleos se dio principalmente entre personas en condición de subempleo y en la informalidad. En el caso de las mujeres, la mayor pérdida se registró en las actividades de provisión de alimentos y bebidas, con 11.274 empleos menos.

Menos desempleo, pero no por más empleo

En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 147.453 personas desempleadas, casi la mitad de las observadas en el mismo periodo de 2019 (309.465). No obstante, esta reducción no responde a una mayor generación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral.

Casi la mitad de la población desempleada (48,7%) cuenta con secundaria incompleta o menos, lo que evidencia las crecientes dificultades de inserción laboral para personas con menor nivel educativo, en un contexto donde las actividades más dinámicas de la economía demandan perfiles de mayor calificación.

En paralelo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 32% en los últimos seis años, al pasar de 1.471.375 a 1.944.243 personas. Aunque el mayor incremento se observa entre quienes tienen 60 años y más (59.7%), el aumento se registra en todos los grupos etarios, confirmando un proceso generalizado de contracción del mercado laboral.

Un mercado laboral más pequeño y más excluyente

En síntesis, Costa Rica enfrenta un proceso sostenido de contracción del mercado laboral, acompañado de una creciente concentración en la creación de empleos. Cada vez menos personas participan en el mercado de trabajo y los nuevos puestos se generan principalmente en actividades de alta calificación, lo que profundiza las brechas laborales existentes.

Este patrón afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las personas jóvenes y a quienes presentan menores niveles educativos. En este contexto, la disminución del desempleo no puede interpretarse como una mejora estructural del mercado laboral, sino como el resultado de un proceso de contracción y recomposición excluyente. Esta dinámica no solo limita el crecimiento potencial de la economía, sino que también plantea la necesidad urgente de políticas públicas orientadas a ampliar la participación laboral —en particular de las mujeres— y a promover una generación de empleo más diversificada e inclusiva.

Fuente de los gráficos: OES-UNA con datos del INEC.
Nota: Las escalas de los ejes fueron truncadas para facilitar la visualización de los fenómenos analizados.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Tercera República o puro voluntarismo político?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Lo que está haciendo Laura Fernández es convertir un concepto histórico sólido, en algo banal y hueco de contenido.

En el debate político reciente ha comenzado a circular con insistencia la idea de que Costa Rica estaría transitando desde la Segunda República nacida en 1949, después de una cruenta guerra civil y acto seguido, una pacificadora Constituyente, en una supuesta “Tercera República”. La noción ha sido invocada tanto por analistas cercanos al poder como por figuras del actual oficialismo. Sin embargo, lejos de constituir una idea que exprese con rigor científico algo serio, dicho planteamiento revela un marcado sesgo voluntarista, carente de sustento sociológico, politológico e histórico. Conviene, por tanto, someter esta tesis a un examen crítico.

Voluntarismo político y ausencia de condiciones estructurales

Las transiciones republicanas NO se producen por la mera voluntad de un liderazgo, ni solamente por la retórica, el discurso de un gobierno, por más que éste haya surgido genuinamente de elecciones legítimas. Históricamente, el paso de una república a otra supone la concurrencia de condiciones estructurales, es decir la emergencia de un bloque social articulado, o sea fuerzas políticas y sociales orgánicas, una ideología relativamente coherente y, casi siempre, un momento constituyente explícito que redefine las reglas del juego. Nada de ello se verifica hoy en Costa Rica.

Ni el Partido del Pueblo Soberano (PPSO), que acaba de ganar las elecciones, con Laura Fernández a la cabeza, ni el vehículo electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, un partido “taxi” llamado Partido Popular Social Democrático (PPSD), hoy en otras manos, constituyen partidos políticos en sentido estricto. Se trata de instrumentos electorales coyunturales, o sea momentáneos, carentes de organización territorial, de cuadros estables, de cultura partidaria y ayunos además de un verdadero proyecto histórico. Pretender que desde estas plataformas se geste una Nueva República equivale a confundir contingencia electoral con transformación estructural del régimen político.

El antisistema costarricense: protesta sin proyecto

El apoyo social al actual gobierno proviene, en gran medida, de sectores heterogéneos que comparten una experiencia común de desprotección real o percibida de los beneficios acarreados por el Estado social de derecho. A ello se suma una cultura política fragmentaria, con bajo apego institucional, que ha sido representada eficazmente por figuras todavía “no políticas” en su mayoría, quiénes hacen gala de un lenguaje confrontativo, vulgar y emocionalmente cargado.

Esta reacción antisistema en Costa Rica no constituye un sujeto histórico con vocación fundacional. No expresa una voluntad constituyente, ni articula un proyecto republicano alternativo. Es más bien, una reacción social cargada de resentimiento, justificado o no, episódica y desarticulada, que busca llevar adelante un castigo simbólico y significativo contra sus oponentes, así como un desahogo discursivo antes que una reconfiguración consciente del orden político.

Hay en esta “reacción social y política” una intención de erosionar la institucionalidad y de establecer límites reales al poder que se deriva de La Constitución

Debe reconocerse que existe una intención deliberada por parte del presidente Rodrigo Chaves y de figuras como Laura Fernández de erosionar la legitimidad simbólica de instituciones claves del Estado costarricense. Instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y el Organismo de Investigación Judicial, han sido objeto de ataques reiterados que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento técnico o jurídico sólido. Además, con frecuencia inusual, las principales figuras del oficialismo arremeten contra todos aquellos medios de prensa que se han opuesto al autoritarismo y la arbitrariedad propios del gobierno vigente.

Sin embargo, intención no equivale a capacidad efectiva. Estas instituciones conservan altos niveles de legitimidad social, autonomía funcional y autoridad normativa. No se ha producido su captura, ni el desacato sistemático a sus resoluciones. Lo que observamos es una estrategia de desprestigio discursivo; por fortuna no se ha dado todavía un proceso exitoso de demolición institucional, o dicho de manera simple de destrucción de la “Casa común”, el Estado Social de Derecho. Aunque, este lenguaje vulgar y procaz sí le ha servido al presente “populismo autoritario”, para captar vasto apoyo social de parte de sectores descreídos de la democracia y que, en una gran parte se volvieron antisistema.

Elecciones, legitimidad y continuidad republicana

Un dato empírico fundamental debilita de manera decisiva la tesis de la transición republicana hacia la invocada “Tercera República”: la plena vigencia y legitimidad del sistema electoral. También se puede afirmar que, aunque se evidencia una intención de destrucción por la parte gubernamental, de Chaves o de la presidenta electa Laura Fernández y algunos de sus diputados, en lo medular, el Estado Social de Derecho que, ciertamente amerita reformas democráticas, se mantiene erguido. Las elecciones continúan siendo reconocidas como el mecanismo central de designación de autoridades, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene prestigio transversal y los resultados de las recientes elecciones no han sido cuestionados de forma significativa.

Más aún, tras siete procesos consecutivos de aumento del abstencionismo, el último ciclo electoral registró una reducción de este abstencionismo cercana a diez puntos porcentuales. Este hecho resulta incompatible con cualquier diagnóstico serio de colapso republicano. Ninguna república se extingue mientras su mecanismo electoral conserve legitimidad social efectiva.

La “Tercera República” como ideología prestada

La insistencia en hablar de una “Tercera República” parece cumplir una función distinta: dotar de densidad, sustento o contenido ideológico a un poder que, en este momento carece de todo ello. Ciertos analistas han ofrecido al oficialismo un relato grandilocuente que pretende sustituir la ausencia de proyecto por una narrativa refundacional superflua que no refleja la realidad; por lo pronto no hay nada nuevo bajo este cielo blanco, azul y rojo.

Las intervenciones públicas de Laura Fernández son ilustrativas. La invocación solemne a la “Tercera República” estuvo carente de contenido. En efecto, la presidenta electa se mostró incapaz de caracterizarla histórica o sociológicamente, su posterior intento de explicación derivó en un concepto extremadamente banal. Palabras sueltas, desprovistas de coherencia, no constituyen una categoría histórica ni un horizonte político reconocible.

Conclusión

Costa Rica no está transitando hacia una Tercera República. Lo que presenciamos es un intento discursivo de deslegitimación del orden de la Segunda República, impulsado por un liderazgo personalista que, de momento carece de base orgánica, y también de proyecto histórico robusto; tal liderazgo busca reemplazar la solidez que aún muestran la mayoría de las instituciones por apelaciones emocionales, confrontativas y arbitrarias.

Confundir este intento con una transición republicana real no solo es analíticamente infundado e incorrecto: es políticamente riesgoso, pues trivializa los verdaderos procesos de ruptura histórica y subestima la resiliencia, la fuerza y resistencia —aún notables— de la institucionalidad costarricense.

Así pues, la Segunda República no enfrenta su acta de defunción como lo quisiera el oficialismo y sus ideólogos, algunos de los cuales se mueven tras bambalinas. Enfrenta, más bien, una fase de tensión, desgaste y disputa simbólica, que exige análisis riguroso y responsabilidad intelectual, no voluntarismo ideológico.

Hay que reagruparse, pero con autocrítica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alejandro Machado García
Gestor y promotor social
Consultor Internacional y Local en Desarrollo Humano, Género y Migraciones

No podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Es válido sentirse mal, angustiados, enfadados, con miedo y derrotados en las urnas, pero no es un diagnóstico de pronóstico reservado. La rigidez emocional de quedarnos enganchados en pensamientos, sentimientos y comportamientos hay que superarla. Obviamente, esto fue producto de la estrategia del oficialismo, llena de bullying, amedrentamiento y odio, que nos pasó factura al validar la injusticia y la impunidad de un sector enfermo.

Puedo explicar esta derrota con una autocrítica en tres niveles: organizacional-dirigencial, la estrategia del oficialismo y en el uso de la religión como eje de control. Hemos sido incapaces de pactar y crear un espectro ideológico diverso, respaldado por una organización fuerte con principios, que se resuma en programas y proyectos alineados con una misión compartida de democracia e institucionalidad. Esta debilidad, visible a leguas y de carácter histórico, fue detectada por el adversario, que se nos adelantó aplicando la vieja táctica de «divide y vencerás». Aprovecharon el desgaste de figuras de diversos movimientos para incrustarles la batería de malestar, iniciada en conferencias de prensa que orientaron el odio, el desconocimiento y la frustración hacia esos sectores y el sistema republicano de contrapesos.

Entiendo que no es fácil, pues se ha acumulado un desgaste por malas prácticas: desde la desmovilización por la Ley Antihuelgas, el «desgaste de rodillas», el miedo a perder el salario, hasta vicios organizacionales como sesgos ideológicos, egos, mezquindad política y soberbia académica que nos llevan a defender lo indefendible. Así ocurrió con el informe del CIEP-UCR: algunos atacaron la metodología o los técnicos, mientras otros buscaron respuestas alternativas para apaciguar un incendio forestal con un extintor ABC. Era una crónica de una muerte anunciada.

Esto no empezó con el banderazo del TSE en octubre de 2025. Este gobierno lo inició al emular modelos de conferencias de prensa de países como Estados Unidos, El Salvador y México, con la excusa de la «transparencia» y el derecho a informar a la ciudadanía. ¿Pero a quién hablaban? ¿A los actores que fiscalizan el gobierno, o los usaban para desvirtuarlos? Durante casi cuatro años, prepararon el camino para otros cuatro —o cuidado, hasta doce—, pero nadie se preguntó: ¿a quién le hablaban, a qué audiencia y para qué? ¿Qué pasó con las métricas de las plataformas oficiales cada vez que había conferencia de prensa, quién las analizaba, para qué fines, como se usaban?

La fórmula no fue solo «miente que algo queda», sino convencer a la ciudadanía de que había un monstruo que derrotar. No buscaban votos aún —no había elecciones—, sino sembrar dudas, odio y agitación para cosechar después. Germinaron semillas que, con el pitazo electoral, brotaron como un «chavismo» espontáneo y temporal. Ponían en la guillotina a los controladores políticos, atribuyéndoles amantes (curiosamente, esa vara no aplica hoy para ellos), adjetivos como zurdos, burócratas o filibusteros colocados por partidos y exfiguras. Al iniciar la campaña, el «déjeme trabajar» desapareció: ahora resultó ser que eran los mejores, con indicadores impecables. ¡Cómo es posible esto, si no los dejaron trabajar!

Las organizaciones, coaliciones y partidos no supimos detectar ni contrarrestar estos movimientos a tiempo. Fuimos sumamente pasivos. Ni las instituciones, a través de sus esquemas de prensa y sitios web, mejoraron la información de forma accesible, fácil y creativa para balancear las mentiras; ni los partidos capitalizamos tempranamente, porque enfrentamos contradicciones internas, «vacas sagradas» y desafíos para integrar generaciones y clases sociales sin asustar a quienes tienen «derecho de piso», ni permear nuevas formas de pensamiento y organización. Aunque conozco un partido amplio, que ha sabido integrar esto.

Aunado a las fugaz de las alcaldías municipales, no logramos conectar con esa masa que ya no era racional, dado que fue toreada durante cuatro años. Además, nunca sacamos la batalla afuera: siempre fue interna, cuando somos reflejo de colas de movimientos geopolíticos mundiales, donde la coherencia es el peor valor en este reacomodo de piezas. Las soberanías están en el papel, y en el sometimiento por chantaje o por quién tiene más poder militar.

Entiendo los retos de los partidos, pero debimos iniciar antes y dimensionar el desafío completo. Lloramos sobre leche derramada llamando a las filas tras la pérdida, pero es entendible. Hay que reagruparse con memoria histórica —como dijo Ariel—, no para resentimientos, sino para evaluar técnicamente, controlar daños y extraer lecciones. Así nos conectamos mejor con nuestro país y entendemos al «chavista» no como irracional o bully, sino como disidente pedagógico, como decía Clodomir Santos de Morais: como sujetos pedagógicos, por lo que algo tendremos que aprender de este tipo de chavismo.

Mordimos el anzuelo porque, los ataques en la prensa a la política y la institucionalidad, era la punta del iceberg; lo valioso era la respuesta en las personas. Apelamos al moralismo ante lo grotesco, pero nos faltó mirar a otros presidentes en América y los cambios en masas, democracia y geopolítica. Esa detección emocional y política, con nuestro contexto cultural y geopolítico, daba pistas locales. El adversario detectó mejor nuestras debilidades; no pactamos antes para una coalición fuerte, ya sea para no perder espacio en la Asamblea, recibir deuda política o capitalizar, como sospecho que lo hizo Alvarado, que no votó por el levantamiento esperando favores electorales, sin percatarse de pactos a sus espaldas.

El chavismo usó la creencia de quitar pecadores para poner a los «nuestros», cuando el proyecto de Jesús no era jerárquico. Hablaron lo suficiente durante cuatro años para que la muchedumbre aceptara sacar a supuestos “corruptos” como el Fiscal o Doña Marta, e instalar a sus ungidos compatriotas. Esto pesa por nuestra herencia histórica de formas políticas imperiales: reino, soberanía, mando y súbditos.

No es buena señal adaptarse a una sociedad enferma. Hay que hacer autocrítica: incomodar con amor, paciencia, estrategia y voluntad para escuchar, resistir y proponer. El papel de la iglesia que yo no conocí no fue para el juicio, es el amor y desde ahí con cualquier creo que tengan, hay que acercarse con pragmatismo, amor y proyectos claros, que reúnan crear un espectro ideológico diverso, respaldado por una organización fuerte con principios y una visión país compartida.

Las Encuestas en EEUU sobre Donald Trump

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mg. José A. Amesty Rivera

La popularidad del presidente norteamericano Donald Trump y su gestión de gobierno, en su segundo mandato, ha sufrido un duro revés, según dos encuestadoras norteamericanas.

La encuestadora Pew Research Center, (Centro de Investigación Pew) también conocido simplemente como Pew, según su página oficial es “un centro de estudios sin fines de lucro con sede en Washington, D. C., que se centra en temas, actitudes y tendencias actuales en Estados Unidos y el mundo. Pew realiza investigaciones en ciencias sociales, demografía, encuestas de opinión pública y análisis de datos, además de producir informes, estudios y recursos especializados. Pew busca informar al público y contribuir al diálogo público, manteniendo una postura imparcial y basada en datos”.

La otra encuestadora es la AP-NORC, que es una alianza de investigación entre la agencia de noticias Associated Press (AP) y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC (parte de la Universidad de Chicago). Esta colaboración realiza encuestas de opinión pública de alta calidad para analizar las tendencias sociales, políticas y económicas en Estados Unidos.

Según datos de finales del mes de enero 2026, de las dos encuestadoras, la administración Trump atraviesa un terremoto político evidenciado en los siguientes elementos.

En general, su aprobación es de un 37%, el punto más bajo de su actual presidencia, reflejado en los siguientes sectores:

  • Hispanos y Afroamericanos. Las cifras de desaprobación (especialmente ese 71.8% entre afroamericanos y 45.8% entre hispanos) sugieren que políticas radicales de este primer año, como las deportaciones masivas y las redadas del ICE, han revertido esos avances.
  • Género y Edad. La desaprobación del 32% entre mujeres y casi 40% entre jóvenes (18-29 años) indica una desconexión total con las nuevas generaciones. El hecho de que incluso en el segmento de mayores de 65 años (su base más fiel) solo tenga un margen moderado, es una señal de alarma para los republicanos de cara a las elecciones de medio término de 2026.
  • Costo de Vida. El principal motor de este desplome no es solo ideológico. Las encuestas muestran que un 61% de los estadounidenses cree que sus políticas arancelarias han empeorado el costo de vida, lo que ha alienado a los votantes independientes.

Específicamente con relación al presidente Trump, con una aprobación del 37%, Trump entra en una “zona de peligro” donde los legisladores de su propio partido (republicanos, especialmente los moderados) empiezan a distanciarse para proteger sus propios asientos en el Congreso.

Por primera vez, incluso dentro del Partido Republicano, la confianza en su “ética de trabajo” ha caído del 55% al 42%.

Ante estos números, la estrategia del presidente parece ser la de “atrincherarse” en su base MAGA “Make America Great Again” es un movimiento político y cultural populista centrado en la figura de Donald Trump, que aboga por el nacionalismo estadounidense, políticas proteccionistas “America First” y un retorno a valores tradicionales.

Se caracteriza por una lealtad incondicional al líder, un fuerte sentimiento antielitista y el deseo de transformar el Partido Republicano y el Estado, -donde mantiene un 93% de apoyo-, utilizando retórica de confrontación y amenazas legales contra medios como el New York Times por publicar estos mismos sondeos, de las encuestadoras citadas.

No se trata solo de números bajos en las encuestas, sino de una parálisis legislativa y un escándalo de corrupción que toca directamente la fibra del “América Primero”.

Veamos algunos casos muy particulares:

  1. Hay una investigación reciente sobre una cuenta en Qatar utilizada por la administración Trump, se alega que el gobierno de Trump ha estado moviendo cientos de millones de dólares a través de cuentas en Qatar para evitar auditorías del Congreso y sin ningún control del Estado ni del Gobierno. A su vez, se ha destapado que grandes sumas de esos fondos terminaron favoreciendo a empresas cuyos directivos fueron donantes clave de la campaña de Trump en 2024 (como el caso de la comercializadora Vitol). En fin, esto ha destruido el relato de transparencia y ha dado a los demócratas (y a algunos republicanos críticos) la munición necesaria para exigir auditorías externas al secretario del Tesoro, Scott Bessent.
  2. Un grupo bipartidista en el Senado (demócratas y republicanos), está intentando legislar para quitarle al presidente el poder de imponer aranceles unilaterales, argumentando que su “guerra comercial” está disparando el costo de vida. Mientras el entorno de Trump busca recortes de 1.5 billones de dólares, los senadores republicanos moderados se plantan en apenas 4.000 millones, temiendo que un recorte tan agresivo les cueste sus escaños en las elecciones de noviembre de 2026.

En general, aproximadamente siete de cada diez adultos (71%) afirman estar muy preocupados por el costo de la atención médica, mientras que el 66% opina lo mismo sobre el precio de los alimentos y los bienes de consumo. Casi la misma proporción (62%) afirma estar muy preocupada por el costo de la vivienda.

Hoy en día, el 34% de los estadounidenses afirma tener mucha o muy confianza en que Trump posee las habilidades de liderazgo necesarias para ser presidente. Un porcentaje mayor (51%) no tiene mucha o ninguna confianza. Otro 14% tiene algo de confianza.

De igual manera, aproximadamente la mitad afirma no tener mucha confianza, o ninguna, en que Trump tenga la aptitud mental (52%) o física (50%) para desempeñar el cargo. Aproximadamente tres de cada diez expresan confianza en estos indicadores.

Todo lo anterior, está dejando de lado la política exterior de la administración Trump, que está presentando múltiples problemas, solo hemos abordado la política doméstica al interior de EEUU.

En fin, el gobierno norteamericano se encuentra en un punto de desviación. Si no logra estabilizar la economía y aclarar el uso de fondos en el extranjero, las elecciones de medio término de 2026 podrían dejar a Trump dando traspiés a casi tres años de mandato por delante.

La rebelión de los cabreados y el neofascismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

El globalismo neoliberal y libertario (liberticida, Rogelio Cedeño QEPD) han enriquecido a un puñado de personas, el 1%, mientras han precarizado a los sectores medios y empobrecido a las mayorías, quienes pagan los platos rotos de sus extravagancias. Ninguna novedad, para quienes consideran que el mundo es de los audaces, y salados los que carecen de esa cualidad; sobrevivan o muéranse.

                Son estos sectores mayoritarios, los cabreados (molestos, enojados, indignados…), quienes en su desesperación se han convertido en la clientela electoral de una “nueva” clase política que les ofrece salir de su condición de marginalidad y precariedad a cambio de su adhesión incondicional. De esta manera, ha sabido aprovechar y capitalizar su enojo, desesperación y resentimiento, utilizando un discurso grandilocuente cimentado en una promesa de futuro próspero en lo económico, socialmente beneficioso y hasta pacífico. Está creando, así, las condiciones para legitimar su autoritarismo antidemocrático -revestido de una falsa democracia-, mostrándose como defensor y garante de derechos económicos y sociales de las mayorías.

                Al respecto, cabe destacar, el señalamiento de Benjamín Tijerina sobre la correlación entre los porcentajes de los electores protestantes, tanto en zonas rurales como urbanas, y a través de todas las capas sociales y generacionales, y los triunfos de Hitler. De ahí, se concluye que el Partido Nacional Socialista no era simplemente un partido de las clases medias radicalizadas, sino un partido popular de la protesta (Tijerina, B. 1998). Efectivamente, en la Alemania de posguerra, primera Mundial, el discurso racista y supremacista de Hitler, así como sus acciones genocidas se vieron favorecidos por las condiciones leoninas y precarias a que fue sometida (Tratado de Versalles). En ese contexto, se supo capitalizar el resentimiento social de las mayorías populares, incluidos por supuesto los protestantes que eran la mayoría religiosa. Un sector de la jerarquía católica y uno minoritario protestante: la Iglesia Confesante, mantuvieron oposición al régimen fascista de Hitler; incluso, uno de sus miembros, el destacado teólogo Dietrich Bonhoeffer, fue víctima y mártir de la causa antifascista.

                Hay un sustrato religioso popular en el apoyo que recibió Hitler de protestantes y católicos, así como por los rasgos propiamente religiosos que asumió el fascismo. Este fenómeno, con nuevos matices, tiende a replicarse en el neofascismo contemporáneo. Gravita con fuerza el factor religioso en su versión tanto secular como confesional. La economía se convierte en religión neoliberal (de mercado, Franz Hinkelammert) y la religión en economía neoliberal (pseudoteología de la prosperidad). Es el revestimiento religioso de la economía y económico de la religión. Por lo tanto, ahora, religión y política no requieren legitimarse recíprocamente, a la manera del régimen de cristiandad, vía lo ideológico, simbólico y ritual -aunque esta legitimación se continúe dando- sino que, manteniendo su “autonomía”, se ven integradas, haciendo causa común alrededor de un proyecto económico y cultural: el neoliberalismo, que se comporta religiosamente, favoreciendo un neoecumenismo de corte fundamentalista. Este fenómeno explica, en alguna medida, la emergencia de los partidos confesionales evangélicos en alianza, siempre, con aquellos sectores y partidos que impulsan el proyecto neoliberal, pero disputándose un espacio propio para acceder al poder.

                De esta manera, el neofascismo ha encontrado asidero político-electoral en esta nutrida clientela de cabreados sociales, que asumen como ideario las nuevas promesas mesiánicas de los “vendedores de prosperidad” (Paul Krugman) de la nueva religión neoliberal. Por lo tanto, no es casual el apoyo, por ejemplo, recibido por Donald Trump en la reciente contienda electoral, tanto por los sectores medios precarizados, también “radicalizados”, y los empobrecidos (contando ahora con un alto porcentaje del voto de afroamericanos y latinos), donde el factor que incidió e inclinó la balanza electoral fue, en buena medida, la promesa de salvación económica. Con un apoyo, desde arriba y desde abajo, avanza peligrosamente, por los derroteros del autoritarismo que induce a nuevos genocidios (hoy, particularmente, de rostro palestino) y ecocidios. El neofascismo neoliberal es intrínsecamente violento; se comporta como un cerco o gueto que está conduciendo al “suicidio colectivo”. A los cabreados se les ofrecerá “pan y circo” (también represión si se portan mal) y, mientras se entretienen, la riqueza seguirá fluyendo hacia arriba.

La prosperidad para todos, al igual que la “paz” que anunciaban los falsos profetas en tiempos de Jeremías, es la gran mentira del neofascismo, que resulta más digerible cuando asume los rasgos de la ficción literaria (la novela como la “mentira bien contada”, con la gran diferencia de que en la literatura esta “mentira” está al servicio de la bondad, la justicia, la belleza…) o se reviste de religiosidad, bajo el carisma de sus agentes (legitimidad carismática, Max Weber) y la fe de unos seguidores, cuyo fanatismo induce al odio y la violencia. El neofascismo se articula, así, desde un discurso de distracción, por lo consolador y lúdico, y socialmente polarizador, por lo confrontativo, apologético y violento.

Un análisis del régimen posfascista de Jair Bolsonaro en Brasil, señala, siguiendo los planteamientos de Antonio Negri, por un lado, que el posfascismo corresponde a una “fase dura” del neoliberalismo, propia de un período donde este se muestra incompetente para generar modelos de equilibrio político, atender las demandas sociales y enfrentar la fuerte resistencia social. Por otro lado, se trata de una transformación autoritaria del Estado para el salvataje del programa neoliberal; un período en el cual se da una “fuerte recuperación de soberanismo”, donde la multitud ocupa el centro de la lucha de clases como protagonista de los procesos históricos; una implosión de esta multitud “en términos de inseguridad económica o ambiental y de miedo al futuro” y de un repliegue sobre la “defensa de la identidad” (Diego Sztulwark https://www.revistaanfibia.com/lula-bolsonaro-neofascismo/)

Sí, estamos ante el avance político de un neofascismo o posfascismo de rasgos decididamente autoritarios y violentos, cimentado, en buena medida, en una religiosidad secular y confesional, que hace causa común alrededor de una promesa de salvación económica (el reino de Dios en este mundo) y de la seguridad que ofrece el retorno de los valores tradicionales para encarar las incertidumbres; desde ahí, utiliza y manipula la desesperación y el desencanto de las mayorías. La rebelión de los cabreados al servicio de sus victimarios.

Sin embargo, ahí donde está su fortaleza también está su talón de Aquiles. Como bien señala Paul Krugman en un reciente artículo, donde el resentimiento está conduciendo al poder a gente mala, este poder no se sostiene a largo plazo, pues cuando despotrican contra las élites la gente comprende que ellos también son elites; asimismo les cobrarán sus promesas incumplidas, y buscarán a quienes procuren decir la verdad. (https://www.nytimes.com/es/2024/12/10/espanol/opinion/elites-multimillonarios-tecnologia-gobierno.html).

                El gran desafío para enfrentar la creciente ola neofascista es continuar develando sus contradicciones, la inconsistencia de su discurso grandilocuente, cínico, demagógico y propiciador del odio y la violencia. “La verdad nos hace libres”.

A propósito del ceteris paribus y la liquidez de la alteridad

Escrito en . Publicado en Análisis.

Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado
Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Vamos por el principio. Como no dijo Cervantes: despacio Sancho que llevo prisa

En los debates contemporáneos sobre economía, modelos de desarrollo y transformación social, resulta inevitable volver la mirada hacia los principios que tradicionalmente han sostenido la enseñanza económica clásica. Uno de ellos —quizás uno de los más citados y, a la vez, más cuestionados— es el supuesto ceteris paribus, aquella cláusula metodológica que invita a “mantener todo constante” para examinar el efecto aislado de una variable. Si bien esta abstracción es útil analíticamente, su aplicación irreflexiva ha sido señalada como una trampa conceptual cuando se la lleva al terreno de los problemas humanos complejos, donde nada permanece realmente constante y donde la alteridad —la presencia del otro— es intrínsecamente líquida, dinámica y situada.

Pero, por qué el qué: Imbach el maestro tico-argentino o argentino-tico

Recuerdo cómo en los cursos introductorios de economía, el profesor Alejandro Imbach (QEPD) insistía en que dicha simplificación, aunque metodológicamente válida, podía convertirse en una herramienta peligrosa si se utilizaba para justificar diagnósticos o políticas que desconocieran la complejidad social. Advertía, con claridad notable, que muchos discursos públicos caen en la tentación de explicar el progreso o el estancamiento desde una única variable, señalando “la corrupción” como un fenómeno monolítico, aislado y absoluto. Esta narrativa simplista ignora la corrupción sistémica, tácita y legalizada que suele ser más dañina: aquella incrustada en reglas del juego económico, diseños fiscales regresivos, desregulaciones extremas y mecanismos de extracción de rentas que benefician sistemáticamente a minorías poderosas.

Enfatizaba que reducirla a una causa única invisibiliza otros factores estructurales con igual o mayor impacto. La corrupción individual existe, sí… pero existe dentro de sistemas que la incentivan, la protegen, la normalizan. El Estado puede ser capturado… pero también puede ser el mercado quien capture al Estado. La empresa privada puede innovar… pero también puede extraer, expoliar, concentrar sin límite.

Alejandro Imbach fue un comprometido docente, investigador, pensador y corresponsable de nuestro tiempo en Centroamérica. Con un pensamiento audaz y una elocuencia sarcásmica, logró pendular la investigación – acción participativa desde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) a múltiples generaciones latinoamericanas. Impulsó consciencia, aprehensiones variadas y complejas que, junto a otros acervos siguen aflorando en el compromiso y la proactividad al servicio de las américas y el mundo con soluciones para el desarrollo, la sostenibilidad y el bien común. Por ello, esta memoria toca ese legado que atrevo a ilustrar brevemente.

Ceteris paribus: el placebo para la expoliación y la inacción

Los umbrales de reivindicación deben atravesar todas estas falsas fronteras… porque la transformación que necesitamos no cabe en los compartimentos estancos del pensamiento binario.

Mientras el discurso público se centra en el “caso” puntual, pulula en lo tácito la retrogradez de un sistema mercenario que, bajo etiquetas que han mutado –desde el neoliberalismo ortodoxo hasta ciertas expresiones de capitalismo de extrema derecha política–, expolia recursos públicos, degrada derechos laborales, depreda el ambiente y fragmenta el tejido social. Esta es una corrupción de mayor escala: la que corrompe las reglas, no solo su violación.

Imbach, el maestro, también invitaba a examinar de manera crítica cómo ciertos sistemas económicos —particularmente aquellos de corte mercantilista o neoliberal en su expresión más rígida— pueden generar dinámicas de concentración y exclusión cuando se desentienden de la dimensión humana y comunitaria de la economía. No es juicio moral, es descripción estructural de dinámicas donde la acumulación se desvincula sistemáticamente de cualquier generación de valor social compartido. Esta visión se alinea con diversas investigaciones que advierten que, sin mecanismos de corrección institucional, redistribución o regulación inteligente, los mercados pueden reproducir desigualdades estructurales, afectando la cohesión social y debilitando la confianza pública (como discuten autores como Joseph Stiglitz, Amartya Sen o Ha-Joon Chang). Particularmente en, cómo la desregulación extrema, sin contrapesos institucionales, puede erosionar la igualdad de oportunidades.

En este sentido, la “liquidez de la alteridad” es un recordatorio de que el otro nunca permanece fijo, y que las sociedades no son sistemas de ecuaciones lineales sino ecosistemas en constante flujo, donde la identidad, la agencia y las aspiraciones de las personas mutan, se adaptan y se resisten. Zygmunt Bauman nos alertó sobre la «modernidad líquida» Extendiendo esa metáfora: necesitamos liquidez epistémica, flexibilidad para reconocer que las categorías rígidas —santos versus demonios, público versus privado, Estado versus mercado— son trampas conceptuales que perpetúan precisamente lo que dicen combatir. La economía, la política y la administración pública no pueden tratar al ser humano como una constante; deben reconocer su variabilidad, diversidad y dignidad. Por ello, la reivindicación no es un gesto de confrontación, sino de re-equilibrio. De ajustar el lente. De ampliar la mirada. De corregir asimetrías. De aceptar que los sistemas —económicos, políticos, culturales, académicos— requieren transformaciones continuas para responder a la complejidad del presente.

Por ello, afirmar que “los umbrales de la reivindicación deben ser a todo nivel y en todo” no es una consigna ideológica, sino una reflexión ética profunda. Reivindicar, en este contexto, implica revisar, corregir, equilibrar y reorientar prácticas sociales, económicas e institucionales para que respondan a un ideal más integrador y justo. No desde el maniqueísmo —“ni santos ni demonios”— sino desde la comprensión de que toda estructura humana es perfectible y que la transformación requiere diálogo, evidencia, autocrítica y corresponsabilidad.

Es tiempo de los not regrets: nadie se salva solo… solo en racimo, en Ubuntu

En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, aceleración tecnológica, desigualdades persistentes y cambios culturales vertiginosos, es urgente promover miradas más holísticas. La economía debe dialogar con la sociología, la ética con la política pública, la innovación con la inclusión, y la productividad con el bienestar. Dejar atrás explicaciones reduccionistas permite construir visiones más amplias sobre el desarrollo y la convivencia.

Así, el desafío no es renunciar al rigor analítico del ceteris paribus, sino saber cuándo usarlo y cuándo abandonarlo. No es rechazar los mercados, sino reconocer sus límites. No es negar la existencia de la corrupción, sino comprenderla desde su complejidad sistémica. No es idealizar un modelo u otro, sino buscar equilibrar los múltiples intereses y realidades que conforman una sociedad plural.

Urge la transformación por reequilibrios: reconocer que vivimos en sistemas profundamente desequilibrados donde el capital financiero dicta términos al trabajo, donde el Norte global extrae del Sur, donde las generaciones presentes hipotecan las futuras, donde lo masculino subordina lo femenino, donde lo urbano devora lo rural, donde lo humano arrasa lo no-humano…

Reequilibrar no es «encontrar el punto medio» entre explotador y explotado… es desmontar las estructuras que hacen posible la explotación misma. No es negociar cuánto puede extraer el extractivismo… es cuestionar la lógica extractiva en su raíz.

La verdadera transformación —la que abre paso a la reivindicación— ocurre cuando somos capaces de combinar lucidez técnica, sensibilidad social y responsabilidad ética. Allí donde entendemos que la alteridad es líquida pero no prescindible; que el progreso es deseable pero no automático; y que ninguna categoría, teoría o ideología puede capturar por sí sola la totalidad de lo humano.

Reequilibrios ¿Qué, cómo, dónde?: wake up!

Sin ampliar, ni con otras aspiraciones retóricas o populistas, dejo algunas ideas que pienso pueden orientarnos en la ruta de las debidas reivindicaciones, como son:

A nivel institucional: No basta con perseguir funcionarios corruptos si el diseño institucional mismo perpetúa capturas regulatorias y asimetrías de poder… Urge reivindicar instituciones que no sean meros decorados de legitimación.

A nivel epistémico: Cuestionar los ceteris paribus que naturalizan desigualdades como «imperfecciones de mercado»… cuando son, más bien, perfecciones de un sistema diseñado precisamente para producir esas desigualdades.

A nivel distributivo: Kate Raworth lo plantea con claridad en su «Economía Rosquilla»: entre los límites planetarios y los fundamentos sociales mínimos, ahí debe habitar una economía digna de ese nombre.

A nivel político-económico: Superar falsas dicotomías mediante modelos que prioricen el bienestar colectivo sobre la acumulación concentrada… Ni estatismo ingenuo ni mercadolatría fundamentalista.

A nivel individual: colectivizarnos, conjuntarnos y ejercer corresponsabilidad, hacer contraloría, posibilitando una praxis de integridad y de valores que nos lleven al cambio real: comenzando yo, extendiendo al hogar, a la comunidad hasta llevarlo a todos los entornos de los que concurrimos y somos.

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Nota: fragmento de parte del contenido que Alejandro Imbach compartió en 2015 a sus estudiantes en CATIE: