Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones
A mis 58 años, en esta etapa de madurez que la vida me ha regalado, el anhelo de heredar un país y un mundo mejor a mis hijos, Catalina y Christian, y a mis nietos, me ha impulsado a asumir con profunda responsabilidad este rol de analista político y generador de contenido. Mi objetivo central es uno: combatir la posverdad, desenmascarar la manipulación en redes sociales y devolverles el valor a los hechos. Este compromiso me ha obligado a volver a los libros, a actualizarme y a reaprender como investigador social; profundizando de forma autodidacta aquellos conocimientos que, en mi época universitaria, apenas eran el cimiento. Hoy, con la mirada más clara, quiero compartirles cómo nos están jugando la vuelta frente a nuestros propios ojos.
La “Caja China” y el arte de distraer al tico
Imaginen que hay un incendio en la cocina de su casa, pero alguien entra gritando que hay un perro rabioso en el patio. Todos corren al patio, se olvidan del fuego, y la casa se quema. Eso es, en un lenguaje sencillo y directo, la “Caja China” o la Estrategia de la Distracción.
Académicamente se le conoce bajo otros nombres: la teoría del Agenda-Setting (los que tienen el poder deciden de qué tema vamos a hablar hoy) o la táctica del “Gato Muerto” (tirar un escándalo morboso en la mesa para que dejemos de hablar del problema real).
¿Por qué nos debe interesar esto a los ticos? Porque nuestro activo más valioso en una democracia es nuestra atención, y nos la están robando. Mientras discutimos acaloradamente en redes sociales sobre el último exabrupto, el chisme político de turno o la polémica de la semana, se están tomando decisiones estructurales sobre nuestro costo de vida, nuestra seguridad y nuestras instituciones. Nos ponen a pelear entre nosotros en la gradería, para que no miremos lo que está pasando en la cancha.
Cuatro décadas de humo y la élite detrás del poder actual
Esta manipulación de nuestra atención no es un invento reciente. Durante las últimas cuatro décadas, las élites de poder tradicional en Costa Rica han utilizado estas tácticas de forma muy refinada. Nos han vendido crisis a la medida y han ocultado debates urgentes sobre la desigualdad o la ineficiencia estatal detrás de cortinas de humo muy bien diseñadas.
Sin embargo, hay que decirlo con claridad y, sobre todo, con profundo respeto y empatía hacia quienes, impulsados por una genuina esperanza de cambio, apoyan a la actual administración: la élite de poder que opera detrás del gobierno actual ha perfeccionado esta táctica y la está utilizando sin ningún tipo de escrúpulos.
Ya no usan guantes de seda. Cada vez que surge un cuestionamiento serio, un fracaso en la gestión o una crisis de seguridad, surge de inmediato un escándalo mediático, un ataque directo a un adversario o una polémica prefabricada. Esto no ocurre por torpeza ni por casualidad; es un diseño estratégico fríamente calculado. El objetivo es mantenernos polarizados, divididos y emocionalmente agotados. Tanto a los que critican como a los que aplauden, los estrategas detrás del telón los están utilizando como peones en un tablero de ajedrez.
Las Leyes del Poder: Cómo prevalecer como pueblo
Aquí es donde la obra Las 48 leyes del poder de Robert Greene deja de ser un libro sobre manipuladores y se convierte en nuestro manual de defensa ciudadana. Greene nos enseña una verdad inquebrantable: el poder del manipulador se alimenta de tu reacción emocional. Si te enojas, si te indignas y caes en la provocación, le estás entregando el control.
¿Qué nos enseña esta obra para combatir estas estrategias y prevalecer?
Exigir acciones, ignorar los pleitos (Ley 9): Greene dice que se debe ganar a través de las acciones, no de los argumentos. Como ciudadanos, debemos dejar de morder el anzuelo de los debates estériles. Si el gobierno o la oposición lanzan un ataque verbal, nuestra respuesta debe ser: “Muy bien el discurso, pero ¿dónde están los resultados en seguridad, en las listas de espera, en el empleo?”. Desarmemos el circo exigiendo gestión.
El poder de ignorar el escándalo (Ley 36): La mejor venganza contra quien busca distraerte es menospreciar su carnada. Si ignoramos el ruido mediático prefabricado y nos negamos a replicarlo en nuestros chats y redes sociales, la Caja China pierde todo su efecto.
Los costarricenses tenemos ventajas históricas inmensas: nuestra vocación civilista, nuestra historia de paz y nuestra capacidad innata para el diálogo. Si logramos apagar el ruido emocional de las redes, si dejamos de vernos como enemigos por pensar distinto y nos unimos para observar el juego con mente fría, ninguna estrategia de distracción podrá ocultarnos la verdad. El verdadero poder, al final del día, es negarse a ser manipulado.
Los territorios locales siguen siendo decisivos en la política, pero hoy la disputa también se juega en la percepción social de la realidad a través de los algoritmos.
Abelardo Morales Gamboa
Costa Rica enfrenta actualmente un desafío más complejo que la mera economía o la defensa formal de la institucionalidad democrática. Como ya lo he señalado en anteriores publicaciones (La política también se decide en los territorios locales), la cuestión de fondo consiste en reconstruir nuevas formas de articulación social y política capaces de responder a una realidad marcada por la transnacionalización de la vida social, las desigualdades territoriales, la fragmentación subjetiva y las profundas transformaciones tecnológicas que reorganizan contemporáneamente las formas de convivencia, poder y representación política.
El territorio nunca ha dejado de ser el ámbito de la contienda política, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Lo que sí se ha transformado profundamente son las formas mediante las cuales la vida territorial —es decir, la experiencia social del lugar— es narrada, interpretada e incluso emocionalizada. Aunque esto pueda parecer abstracto, sus efectos se manifiestan diariamente en la vida cotidiana.
Las personas siempre viven individual y colectivamente la experiencia del lugar. Esa experiencia está mediada por estructuras sociales, históricas+ y culturales que le otorgan significado. Así, un barrio periférico o una comunidad de pescadores continúan experimentando territorialmente el desempleo, la violencia o servicios públicos de mala calidad. La vida humana continúa teniendo una expresión espacial y las desigualdades territoriales continúan siendo una de las expresiones más visibles de la crisis contemporánea. El territorio donde esos problemas se producen no cambió; lo que cambió fue la manera en que quienes habitan esos espacios interpretan políticamente esa experiencia.
Antes, las percepciones sobre esa realidad podían construirse desde la escuela, las iglesias tradicionales, las organizaciones comunales, los sindicatos o los liderazgos locales. Hoy, plataformas digitales, influenciadores, cadenas de redes sociales y discursos algorítmicos —muchas veces articulados con narrativas neorreligiosas— reorganizan emocionalmente los modos de ver y pensar la realidad. El territorio sigue produciendo el malestar, pero estas nuevas mediaciones transforman la manera en que ese malestar adquiere significado político, movilizando miedo, frustración o resentimiento antes que vínculos de solidaridad, esperanza o acción colectiva. Todo ello gracias a los teléfonos móviles, las plataformas digitales y las grandes corporaciones tecnológicas que reorganizan crecientemente la producción cotidiana de sentido común y alteran las mediaciones tradicionales de la vida pública.
Las experiencias locales se reflejan cada vez menos en las antiguas identidades territoriales que daban cohesión a las culturas comunitarias. Tales identidades se construían a partir de vínculos socializadores relativamente estables: familias, espacios comunitarios, organizaciones sociales, instituciones y sistemas simbólicos que proporcionaban marcos comunes de interpretación y pertenencia.
Hoy, buena parte de la interpretación política de esas experiencias es procesada por ecosistemas mediáticos y emocionales capaces de redirigir simbólicamente el malestar social y, muchas veces, desfigurar su naturaleza y significado. No solo cambia la manera de interpretar la experiencia política; también se debilita progresivamente el sentido de identidad colectiva.
Lo que aparenta ocurrir únicamente en espacios mediáticos abstractos o en los “no lugares” digitales tiene, en realidad, efectos profundamente territoriales. Las plataformas digitales amplifican emociones, pero sobre todo las modulan bajo intereses particulares antes que colectivos. Simplifican antagonismos e introducen formas rápidas de identificación política que muchas veces sustituyen la construcción orgánica de vínculos colectivos y su sentido cívico. El territorio sigue produciendo el malestar; pero los algoritmos reorganizan crecientemente la manera en que ese malestar adquiere significado político y se convierte en herramienta para disputar y reorganizar el poder.
Esto ayuda a explicar por qué liderazgos con estructuras territoriales débiles logran construir rápidamente amplias adhesiones emocionales. A medida que se debilitan las lealtades ideológicas y las formas tradicionales de organización colectiva, tienden a expandirse vínculos políticos más personalistas y emocionalizados, donde la adhesión al líder opera como sustituto precario de certezas, pertenencias y mecanismos de protección social. En contextos de incertidumbre y fragmentación, estas formas de dependencia afectiva pueden adquirir rasgos cercanos a una suerte de vasallaje emocional. Su eficacia no proviene únicamente de su capacidad comunicacional a gran escala, sino también de su capacidad para penetrar y reorganizar emocionalmente los ecosistemas locales de interacción social.
Sin embargo, allí también aparece uno de los límites históricos de estas nuevas formas de hegemonía. Las articulaciones basadas casi exclusivamente en emocionalidad, comunicación digital y liderazgo mediático pueden resultar eficaces para conquistar adhesiones rápidas, pero suelen ser más frágiles para construir legitimidad duradera, cohesión social y proyectos políticos estables. Al menos mientras esas fuerzas no logren establecer vínculos orgánicos con movimientos sociales, estructuras corporativas u otras formas de organización colectiva, algo que no deja de ser una posibilidad futura.
Estos procesos tampoco se despliegan homogéneamente. Algunos territorios muestran mayores niveles de adhesión a discursos anti-institucionales, punitivos o personalistas, mientras otros conservan formas más tradicionales e institucionalizadas de mediación política. La eficacia de las nuevas narrativas populistas y autoritarias depende precisamente de su capacidad para conectar con economías emocionales territorialmente situadas. La capilaridad de las iglesias evangélicas y ciertas formas de fanatismo religioso, como ha ocurrido en otros países, facilita un mayor anclaje territorial de esas interpelaciones. No puede descartarse que los dispositivos político-religiosos impulsados por sectores neoconservadores terminen reconstruyendo parte de las antiguas bases organizativas y comunitarias. Por ello, lo que está en juego es una transformación más amplia de las relaciones entre territorio, subjetividad y poder en el capitalismo contemporáneo.
La reconstrucción democrática exige volver a territorializar la política. No como retorno nostálgico a las antiguas estructuras partidarias, sino como construcción de nuevas formas de articulación social y movilización política capaces de conectar experiencias locales, demandas sociales y horizontes colectivos en una sociedad profundamente transformada por la digitalización y la fragmentación del trabajo, la cultura y la comunicación.
Esto implica fortalecer liderazgos comunitarios atravesados por la cultura cívica y el respeto a las normas democráticas, revitalizar espacios de organización y participación social con mayor equidad y reconstruir formas de inclusión que permitan a las personas recuperar capacidad de incidencia sobre las condiciones concretas de su existencia. Allí donde las desigualdades, la exclusión y el abandono estatal se experimentan cotidianamente, también debe reconstruirse la capacidad de producir solidaridad, deliberación y proyectos comunes.
Pero, además, el desafío contemporáneo exige disputar el sentido mismo de la modernidad democrática frente a las nuevas formas de control emocional y colonización algorítmica de la vida social. La política del futuro no puede limitarse a administrar el miedo ni a amplificar resentimientos. Necesita recuperar capacidad ética, pedagógica y cultural para producir esperanza democrática en medio de sociedades atravesadas por la incertidumbre global.
Imagen: Dibujo de William Sánchez Coto, cedido amablemente para la publicación.
Hay declaraciones públicas que preocupan no solamente por lo que dicen, sino por la visión de sociedad que revelan. Que el ministro de Justicia afirme que las actividades artísticas, literarias o artesanales no constituyen un trabajo, particularmente en el contexto de personas privadas de libertad que buscan descontar pena mediante esas labores, resulta profundamente cuestionable.
Y preocupa más todavía porque no se trata de una discusión técnica. Lo que está en juego es la comprensión misma de la dignidad humana, del valor de la cultura y de la capacidad transformadora del trabajo creativo.
¿Desde cuándo escribir no es trabajar? ¿Desde cuándo pintar, hacer música, elaborar artesanías o desarrollar actividades culturales dejaron de exigir disciplina, tiempo, talento y esfuerzo? Quien haya escrito un artículo, compuesto una canción, producido una pieza artesanal o dedicado horas a una expresión artística sabe perfectamente que detrás de ello existe trabajo real. Trabajo intelectual, emocional y muchas veces físico.
Como periodista, me cuesta entender ese razonamiento. Porque buena parte de mi vida ha girado precisamente alrededor de la palabra, de la observación, de la construcción de contenidos y del ejercicio crítico. Y nadie podría afirmar seriamente que eso no es trabajo. Sería absurdo. Pero además sería ofensivo para miles de personas que viven de actividades creativas y culturales.
Hay una tendencia peligrosa a reducir el concepto de trabajo únicamente a aquello que produce un bien material inmediato o que encaja en ciertos moldes tradicionales. Como si el valor de una persona dependiera exclusivamente de cargar bloques, mover maquinaria o ejecutar tareas manuales visibles. Pero las sociedades modernas también se construyen desde las ideas, desde la cultura, desde el arte y desde la capacidad humana de crear sentido.
En el caso de las cárceles, el tema es todavía más delicado. La reinserción social no puede entenderse únicamente desde la lógica del castigo. Precisamente las actividades artísticas, literarias y artesanales han demostrado en muchísimos contextos ser herramientas poderosas de rehabilitación. Ayudan a canalizar emociones, desarrollar disciplina, descubrir talentos y reconstruir autoestima. Negarles valor es desconocer incluso experiencias internacionales exitosas.
Además, resulta contradictorio que una sociedad celebre a escritores, músicos, periodistas o artistas cuando alcanzan reconocimiento, pero desprecie esas mismas actividades cuando las realiza alguien privado de libertad. Como si la creatividad tuviera valor solamente en determinados sectores sociales.
El problema de fondo quizá no sea jurídico, sino cultural. Seguimos arrastrando una visión muy limitada del trabajo y una enorme dificultad para reconocer el valor de lo intelectual y lo artístico. Y eso termina empobreciendo la discusión pública.
Porque sí: escribir es trabajar. Crear es trabajar. Hacer arte es trabajar. Y, muchas veces, también es una forma profundamente humana de reconstruirse.
Personas indígenas y población con condición socioeconómica vulnerable de los cantones de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus y Golfito podrán acceder a estudios universitarios en Administración mediante una carrera itinerante que ofrecerá la Universidad Nacional (UNA) en Coto Brus. El proceso de admisión se realizará el 13 de mayo de 2026 en el Jardín Botánico Wilson, donde también se impartirán las lecciones a partir de julio.
La iniciativa forma parte de la oferta académica de la Sede Regional Brunca de la UNA y busca ampliar el acceso a la educación superior en comunidades del sur del país que enfrentan barreras económicas y geográficas para ingresar a la universidad.
El programa se desarrollará bajo un modelo de carrera itinerante, que permite llevar la formación universitaria a comunidades fuera de los principales centros educativos.
La convocatoria está dirigida a personas indígenas y a población que cuente con condición socioeconómica vulnerable certificada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Angie Gómez Mora, directora académica del Campus Coto, explicó que la apertura de esta carrera busca ampliar las oportunidades de formación universitaria en el cantón de Coto Brus y responder a las necesidades de desarrollo de la zona.
“Para la Sede Regional Brunca, es satisfactorio contribuir con la apertura de un grupo de Bachillerato en Administración como carrera itinerante en el cantón de Coto Brus. La ubicación geográfica de esta oferta se realiza debido a que esta iniciativa busca brindar oportunidades para poblaciones con condiciones socioeconómicas vulnerables y personas indígenas, en pro de la mejora de los Índices de Desarrollo Humano Cantonal y en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho a la educación.
Adicionalmente, esta zona se dedica en gran parte al desarrollo de emprendimientos agrícolas y de agroindustria (como la producción de miel, café o cacao), actualmente, con un impulso hacia el sector de servicios, por lo que la apertura de esta carrera representa una herramienta sólida para el fortalecimiento de diferentes áreas como contabilidad, finanzas, talento humano, mercadeo y gestión de proyectos que permitan escalar operaciones, competir en mercados formales y ser sostenibles a largo plazo” , mencionó.
El proceso de admisión se realizará mediante inscripción presencial, recepción de documentos y entrevistas el miércoles 13 de mayo de 2026. La recepción de documentos se realizará en tres horarios: 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 1:00 p.m.
Las personas interesadas deberán presentar:
Bachillerato en educación media (original y copia)
Certificación de notas de educación diversificada
Documento de identidad vigente
Constancia del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) firmada por el IMAS
El proceso también exige que las personas aspirantes no sean estudiantes regulares de la UNA ni participen en el proceso de admisión 2026-2027.
En el caso de postulantes provenientes de territorios indígenas, se solicitará además el certificado indígena correspondiente. Las personas que resulten admitidas iniciarán lecciones el 20 de julio de 2026.
Para consultas, pueden comunicarse al número 2562-6322, que también cuenta con servicio de WhatsApp.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El programa Alternativas realizará una transmisión especial el próximo 15 de mayo de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC), dedicada a reflexionar sobre el papel del lenguaje ideológico en la legitimación de la desigualdad y la acumulación de riqueza en el sistema capitalista.
La actividad llevará como eje de discusión la idea de que términos como “socialista”, “comunista” o “izquierdista” son utilizados con frecuencia para desacreditar acciones o propuestas críticas del sistema capitalista, funcionando además como una “cortina de humo” que invisibiliza las desigualdades estructurales y el afán permanente de acumulación de ganancia.
El panel invitado estará integrado por:
Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica, presidenta y fundadora de ACODEHU. Ha formado parte de la inscripción del Frente Popular.
Alexander Cortés Campos, profesor universitario, máster en Antropología por la UCR, licenciado en Administración Educativa y en Teología, con énfasis en Enseñanza de la Religión y Filosofía. Cuenta con estudios universitarios en Sociología, Historia y Comunicación.
Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario jubilado e investigador, autor de libros y artículos.
Oscar Madrigal Jiménez, abogado y analista político.
La transmisión se realizará en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.
Asimismo, el programa cuenta con el respaldo de emisoras amigas como Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución y Radio 97.3 FM Voces Libertarias. También se indicó que las retransmisiones por 506 Ondas de Alajuelita se realizan los sábados a las 18:00 horas (-6 UTC).
Se habla muchísimo —y con razón— sobre los peligros del clericalismo. Es decir, sobre esa comprensión deformada del ministerio ordenado donde el sacerdote termina apareciendo como una figura distante, intocable y excesivamente sacralizada. El problema es evidente: el pastor queda separado de la vida concreta de la gente y refugiado en una autoridad más jurídica, ceremonial y simbólica que humana y cristiana.
Sin embargo, quizá hoy estamos ante otro riesgo menos discutido, pero igualmente delicado: “el populismo clerical”.
Conviene entender bien el término. El populismo, en sentido amplio, es una forma de construcción de liderazgo que busca legitimidad a partir de la conexión emocional inmediata con “el pueblo”. Simplifica problemas complejos, privilegia la simpatía y necesita aprobación constante. El líder populista vive de la adhesión emocional, de la visibilidad permanente y del impacto inmediato.
El populismo clerical no consiste simplemente en que un sacerdote sea cercano, amable o incluso popular. La cercanía pertenece al corazón mismo del Evangelio. Cristo compartió la mesa, caminó entre los pobres y habló el lenguaje de la gente. El problema aparece cuando la “simpatía” se convierte en criterio pastoral y cuando la necesidad de aprobación termina desplazando silenciosamente el centro del ministerio.
El sacerdote está llamado a interpretar espiritualmente la realidad, incluso cuando eso incomoda. A veces deberá consolar; otras veces deberá confrontar. A veces será querido; otras veces inevitablemente cuestionado. Pero cuando la aceptación se convierte en necesidad psicológica o estrategia pastoral, el ministerio empieza a deformarse.
Las redes sociales aceleran enormemente este fenómeno. Premian lo inmediato, lo emotivo y lo espectacular, mientras castigan el silencio, la complejidad, el pensamiento largo y la profundidad. En ese ecosistema, el sacerdote puede terminar sintiendo que debe sostener permanentemente la atención del público, casi como cualquier figura mediática contemporánea.
Entonces el ministerio corre el riesgo de convertirse en una marca personal. Y ahí comienza una mutación muy peligrosa: el pastor deja de preguntarse qué necesita espiritualmente el pueblo y empieza, casi sin darse cuenta, a preguntarse qué acciones y contenido genera más interacción y atención.
Por eso aparecen escenas cada vez más frecuentes: sacerdotes cuya presencia pública gira alrededor de cocinar, bailar, producir contenido constantemente simpático o convertir toda actividad pastoral en espectáculo. Incluso algunos obispos parecen sentirse obligados a construir una imagen emocionalmente accesible y mediáticamente rentable.
Conviene aclararlo inmediatamente: el problema no es cocinar un día con la comunidad, hacer humor ocasionalmente o participar en un momento festivo. El problema es la desproporción. Cuando un sacerdote termina siendo más reconocido por sus excentricidades que por su predicación; más por sus reels que por su capacidad de discernimiento espiritual; más por sus coreografías que por su pensamiento pastoral, algo importante se ha desplazado.
Y lo más preocupante es que muchas veces esto ocurre en paralelo con una creciente ausencia de profundidad intelectual y capacidad de lectura de la realidad.
Mientras tanto, quedan relegadas tareas mucho más difíciles y esenciales: la formación seria, el estudio constante, la reflexión teológica madura, la lectura crítica de la realidad social, el acompañamiento espiritual profundo y la capacidad de iluminar culturalmente las crisis humanas de nuestro tiempo.
No deja de ser sintomático que, en una época marcada por enormes tensiones antropológicas, familiares, políticas y culturales, muchos discursos eclesiales parezcan desplazarse hacia contenidos cada vez más ligeros, emocionalmente seguros y cuidadosamente inofensivos.
Además, el populismo surge normalmente cuando las instituciones pierden credibilidad. Y precisamente por eso el populismo clerical aparece con más fuerza allí donde la Iglesia institucional, desde su jerarquía, ha perdido capacidad de orientación, liderazgo intelectual y presencia cultural.
En Costa Rica esto resulta particularmente evidente. Existen conflictos sociales, culturales y humanos que son verdaderas bombas de tiempo y que merecerían una palabra iluminadora y pastoral. Pero muchas veces predominan la autoreferencialidad, el silencio administrativo, la prudencia excesiva, el cálculo institucional o el temor permanente al conflicto.
Esto no es nostalgia por una Iglesia fría, distante o autoritaria. Tampoco es desprecio por los nuevos lenguajes o las herramientas de comunicación contemporáneas. El verdadero desafío es mucho más profundo: cómo preservar la densidad espiritual, intelectual y simbólica del sacerdocio en una cultura que trivializa todo, convierte la realidad en espectáculo y confunde constantemente cercanía con superficialidad.
Cada 9 de mayo se conmemora uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX: la victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la guerra más devastadora de la historia humana en el continente europeo. Han pasado ya 81 años desde aquel momento en que la bandera soviética fue izada sobre Berlín y el Tercer Reich capituló finalmente ante el avance del Ejército Rojo. Recordar esta fecha no es un simple ejercicio ceremonial; es un acto de memoria histórica indispensable para comprender el mundo contemporáneo y los sacrificios inmensos que hicieron posibles la derrota del fascismo y la supervivencia misma de Europa.
La Unión Soviética, con Rusia como núcleo central de aquel esfuerzo histórico, cargó sobre sus hombros el peso principal de la guerra contra el nazismo. El costo fue brutal: alrededor de 27 millones de soviéticos murieron durante el conflicto, entre soldados y civiles. Ningún otro pueblo pagó un precio tan alto en la lucha contra la maquinaria de exterminio nazi. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, millones de familias fueron destruidas y generaciones completas quedaron marcadas por el horror de una guerra existencial.
Fue precisamente ese sacrificio colosal el que permitió detener y derrotar una ideología basada en la supremacía racial, el exterminio de pueblos enteros y la destrucción sistemática de toda identidad considerada “inferior” o incompatible con el proyecto totalitario nazi. La victoria soviética en batallas decisivas como Stalingrado o Kursk cambió el curso de la guerra y abrió el camino para la liberación de Europa del fascismo alemán. Sin ese esfuerzo militar, humano y civilizatorio, el destino del continente habría sido radicalmente distinto.
Por eso resulta profundamente peligroso intentar relativizar o minimizar el papel histórico de Rusia y de la Unión Soviética en la derrota del nazismo. La memoria histórica no puede quedar subordinada a disputas políticas coyunturales ni a narrativas ideológicas contemporáneas. Los hechos históricos son claros: fue el Ejército Rojo quien llegó a Berlín, fue el pueblo soviético quien resistió el peso principal de la invasión nazi y fue ese sacrificio el que contribuyó decisivamente al final de uno de los conflictos más sangrientos de la humanidad.
Hoy esta conmemoración adquiere además un significado especial. Vivimos tiempos donde resurgen discursos de odio, donde múltiples actores buscan borrar la memoria histórica de los pueblos, desarraigarlos de sus tradiciones, relativizar sus identidades nacionales y fragmentar toda noción de continuidad cultural. En medio de esas turbulencias, recordar el heroísmo del pueblo ruso y soviético durante la Segunda Guerra Mundial es también recordar que las civilizaciones sobreviven cuando sus pueblos están dispuestos a defender aquello que consideran sagrado: su tierra, su historia, sus símbolos, sus familias y su derecho a existir.
Es importante aclarar además algo fundamental: conmemorar el Día de la Victoria no implica necesariamente hacer una apología ideológica de la Unión Soviética o del comunismo, como algunos intentan caricaturizar para deslegitimar esta fecha histórica. El hecho concreto es que, en aquel momento, fue la URSS, bajo su sistema político y su organización estatal específica, quien encabezó la liberación de Europa del fascismo nazi. Negar eso sería simplemente negar la realidad histórica.
Pero la raíz profunda de aquella resistencia no fue exclusivamente ideológica. La lucha del pueblo ruso contra la invasión nazi trascendió el comunismo como doctrina política. Fue, ante todo, una lucha patriótica, civilizatoria y geopolítica. Del mismo modo que Rusia enfrentó en el pasado la invasión napoleónica, cualquier pueblo con conciencia histórica y sentido de pertenencia habría luchado ferozmente contra un proyecto que buscaba destruirlo física y culturalmente.
Ahí convergen todas las fuerzas que movilizan a las naciones en sus momentos decisivos: el amor por la patria, la defensa de la tradición, la memoria de los antepasados y la voluntad de preservar el futuro de su pueblo. El soldado soviético que defendía Stalingrado no combatía únicamente por una doctrina abstracta; combatía también por su hogar, por su familia, por su cultura y por la supervivencia misma de su nación frente a una amenaza existencial.
A 81 años del Día de la Victoria, la lección continúa vigente. La memoria histórica no debe utilizarse selectivamente ni convertirse en rehén de intereses ideológicos contemporáneos. Recordar el sacrificio del pueblo ruso y soviético es reconocer una verdad histórica fundamental: que hubo generaciones enteras que entregaron su vida para detener una maquinaria de odio y muerte que amenazaba con sumir al mundo en la barbarie absoluta.
Olvidar eso sería perder no solo perspectiva histórica, sino también la capacidad de reconocer los peligros que vuelven a emerger cuando las sociedades abandonan su memoria, sus raíces y su sentido profundo de identidad colectiva.
En tiempos de cansancio institucional, inseguridad ciudadana y frustración democrática, las propuestas de transformación profunda encuentran terreno fértil. Costa Rica no escapa a esa realidad. El deterioro de servicios públicos, la lentitud administrativa, la crisis de confianza en la política y la percepción de agotamiento del aparato estatal han abierto paso a discursos que prometen eficiencia, orden, autoridad y refundación.
En ese contexto comienza a instalarse con fuerza una idea particularmente poderosa: la necesidad de una “Tercera República”.
La expresión posee enorme potencia simbólica. Sugiere ruptura histórica, renovación nacional y superación de un modelo aparentemente agotado. Sin embargo, precisamente por la magnitud de lo que implica, conviene detenerse antes de asumirla como una verdad evidente o un destino inevitable.
Porque una república no es únicamente un aparato administrativo susceptible de rediseñarse según criterios de eficiencia. También es un pacto histórico, social y constitucional construido alrededor de ciertos principios fundamentales.
La Segunda República costarricense no surgió solamente de una reorganización institucional posterior a 1948. Surgió también de una concepción específica de ciudadanía, de Estado y de democracia. De ella nacieron —con todas sus contradicciones y limitaciones— las garantías sociales, la expansión educativa, la consolidación de la seguridad social, el fortalecimiento institucional y una determinada idea de movilidad social y bienestar colectivo.
Eso no significa afirmar que dicho modelo permanezca intacto ni que esté exento de crisis profundas. Sería absurdo negarlo. Costa Rica enfrenta problemas reales de burocratización, desigualdad, mora institucional, inseguridad, deterioro educativo y desconfianza ciudadana. Muchas instituciones requieren revisión, modernización y reforma. La discusión no puede reducirse a una defensa nostálgica del pasado.
Pero justamente por eso resulta necesario formular algunas preguntas incómodas.
¿Existe realmente un consenso nacional sobre la necesidad de inaugurar una “Tercera República”? ¿Conocemos con claridad cuáles serían sus principios fundacionales? ¿Qué elementos del pacto social construido durante décadas se consideran agotados y cuáles deberían preservarse? ¿Qué papel ocuparían los derechos sociales, la seguridad social, la educación pública y los límites al poder dentro de ese nuevo proyecto republicano?
Porque toda refundación implica siempre una selección política e ideológica. Toda transformación profunda redefine ganadores, perdedores, prioridades y formas de ciudadanía.
Y aquí surge un aspecto particularmente delicado. Buena parte de los discursos contemporáneos de reforma estatal se presentan bajo conceptos aparentemente neutros: eficiencia, modernización, gobernanza, productividad, resultados o competitividad. Sin embargo, detrás de esos términos también pueden esconderse procesos de concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales, reducción progresiva de capacidades públicas y sustitución de la ciudadanía social por una lógica puramente administrativa o mercantil.
La pregunta de fondo no es si Costa Rica necesita cambios. Probablemente sí los necesita. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de país se está construyendo a través de esos cambios?
En una época marcada por el avance global de liderazgos fuertes, el desgaste de las democracias liberales, la expansión de discursos anti institucionales y el crecimiento de nuevas derechas políticas y culturales, conviene actuar con cautela histórica. Las repúblicas no solo se deterioran por inmovilismo; también pueden erosionarse cuando la promesa de eficacia convierte los límites democráticos en obstáculos y la complejidad institucional en enemiga de la voluntad popular.
Quizá la discusión nacional no debería centrarse únicamente en si queremos o no una “Tercera República”. Tal vez la verdadera discusión consista en preguntarnos qué entendemos por democracia, qué queremos conservar de nuestra tradición republicana y cuáles principios no estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia o la velocidad política.
Porque reformar una república es relativamente sencillo. Lo difícil es evitar perder, en el proceso, aquello que la hacía digna de ser preservada.
Sin embargo, toda transformación republicana también termina expresándose en el terreno educativo. Toda república forma un determinado tipo de ciudadanía. Ningún modelo de Estado puede sostenerse sin una concepción implícita de ser humano, de libertad y de sociedad. Por eso las discusiones educativas nunca son técnicamente neutrales. Detrás de cada reforma curricular existe siempre una pregunta política más profunda: ¿qué tipo de sujeto necesita el país que se intenta construir?
En los últimos años empieza a consolidarse un discurso que concibe la educación principalmente como herramienta de productividad, capacitación tecnológica y adaptación al mercado laboral. El énfasis en habilidades técnicas, innovación y formación para el trabajo responde, sin duda, a desafíos reales de un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas. Negar esa necesidad sería irresponsable.
El problema aparece cuando esa visión desplaza progresivamente otras dimensiones fundamentales de la educación democrática. Una sociedad no educa solamente para producir. También educa para comprender críticamente el mundo, deliberar públicamente, convivir con la diferencia, interpretar la realidad histórica y ejercer ciudadanía más allá del consumo o la productividad.
Por eso resulta preocupante el creciente desprecio hacia las humanidades, la teoría educativa, la reflexión pedagógica y la formación crítica, frecuentemente caricaturizadas como “mamotretos teóricos” alejados de la realidad. Reducir la educación a entrenamiento técnico implica empobrecer el horizonte mismo de la democracia.
Las democracias constitucionales no sobreviven únicamente con trabajadores eficientes. Necesitan ciudadanos capaces de pensar, cuestionar, interpretar información, reconocer discursos de poder y participar críticamente en la vida pública.
La pregunta entonces vuelve a aparecer con fuerza: ¿la eventual “Tercera República” busca modernizar el país preservando una ciudadanía democrática integral o está impulsando, consciente o inconscientemente, una transición hacia un modelo de sociedad donde la eficiencia productiva termine desplazando progresivamente la formación humanística y el pensamiento crítico?
Porque toda transformación institucional profunda termina reflejándose también en las aulas. Y quizá sea allí —más que en los discursos políticos— donde realmente se define el tipo de país que una generación heredará a la siguiente.
En la música, la pintura y la danza, siempre hay una búsqueda de un nuevo lenguaje, uno que exprese las formas, estilos y tendencias del momento presente mientras insinúa lo que está por venir.
Todos somos comunicadores. Y como los artistas, necesitamos disciplina en la forma en que nos expresamos. Necesitamos buscar un lenguaje nuevo y universal, uno que refleje nuestro tiempo y nuestra visión del futuro.
En su charla de 1993 “Las condiciones del diálogo”, Silo sostiene que el diálogo genuino va mucho más allá del mero intercambio de palabras o argumentos lógicos. Si bien las condiciones formales, como acordar un tema compartido, asignarle una importancia similar y usar definiciones comunes son necesarias, no son suficientes. El verdadero diálogo depende de elementos “pre-dialogales” más profundos, a menudo invisibles: las intenciones, creencias, valores e intereses que cada participante trae antes de que se hablen palabras. Estos marcos subyacentes dan forma no solo a lo que se dice, sino a lo que se escucha, a menudo explicando por qué las personas pueden entender las palabras de los demás, pero aún así no se conectan realmente.
Silo enfatiza que estas condiciones pre-dialogales están enraizadas en contextos históricos y sociales más amplios, lo que dificulta particularmente el diálogo cuando los participantes operan dentro de diferentes visiones o sensibilidades. Señala que muchas ideas, especialmente las que se adelantan a su tiempo, inicialmente se encuentran con la incomprensión o el rechazo porque chocan con las creencias prevalecientes. En la crisis global actual, los enfoques superficiales o fragmentados impiden un diálogo significativo sobre cuestiones fundamentales, ya que los sistemas y supuestos dominantes siguen siendo en gran medida incuestionables. En última instancia, dice Silo, el diálogo auténtico es un proceso vivo y humano basado en la transformación compartida: solo puede profundizarse cuando los individuos y las sociedades comienzan a ir más allá de las ilusiones heredadas y abrirse a nuevas formas de comprensión.
Hoy vivimos en un mundo fragmentado y desestructurado, donde el diálogo genuino lucha por emerger. Podemos ver esto a nivel internacional: en los conflictos que involucran a Ucrania y Rusia, Irán e Israel, Israel y Palestina, China y los Estados Unidos. En muchos casos, como se ha visto en las recientes negociaciones de cesación del fuego que se derrumbaron antes de que se establecieran las condiciones para un diálogo genuino, no podemos buscar resultados sin crear primero esas condiciones. La guerra, el genocidio o las sanciones no pueden generarlas. A veces, ni siquiera está claro si los objetivos de las conversaciones son compartidos o comprendidos.
Pero esta fragmentación no se limita a la geopolítica. También aparece en nuestra vida diaria y en las relaciones interpersonales. La inmediatez de la comunicación ha debilitado, en muchos sentidos, nuestra capacidad de diálogo. Se ha vuelto tan fácil reaccionar, sin tiempo para la reflexión, el estudio o la comprensión. Las video-llamadas, las redes sociales, los correos electrónicos y los mensajes instantáneos han reemplazado las cartas, las reuniones públicas y los informes cuidadosamente construidos.
El lenguaje no es neutral. La forma en que hablamos da forma a cómo percibimos a los demás, interpretamos los eventos e imaginamos lo que es posible. En este sentido, el lenguaje es en sí mismo una condición pre-dialogal, una que realmente podemos influir. Una sociedad cuyo lenguaje dominante está saturado de miedo, cinismo y conflicto permanente tenderá a reproducir esas mismas condiciones. Pero cuando la gente comienza a hablar de reconciliación, futuros compartidos y unidad humana, nuevas posibilidades comienzan a ser imaginables. Antes de que una nueva realidad pueda construirse socialmente, primero debe encontrar las palabras.
Es por eso que la coherencia, el alineamiento entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, no solo da forma a lo que somos, sino a cómo se nos escucha. Es lo que le da credibilidad y fuerza al lenguaje. Gran parte de la profunda desconfianza de hoy fluye desde lo contrario: la gente dice una cosa, piensa otra y actúa en una tercera dirección por completo diferente. Hablamos de paz y de violencia. Declaramos valores compartidos y vivimos su contradicción. Cuando esta brecha se vuelve crónica, el lenguaje mismo pierde poder: las palabras dejan de construir nada porque nadie cree que corresponden a la realidad.
La coherencia, entonces, es fundamental para el trabajo pre-dialogal. No puede ser realizado o proclamado. Hay que vivirlo, en cómo hablamos con nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros colegas; en si “no tengo tiempo” significa una restricción genuina o simplemente una falta de interés. Estas pequeñas deshonestidades se acumulan. Son las micro-condiciones que hacen o rompen la posibilidad de un encuentro genuino.
Esto replantea cómo se ve la acción responsable hoy. Muchos de los que se preocupan profundamente por las crisis del mundo, moldeados por marcos más antiguos, todavía nos llaman a tomar partido, para que nos unamos a un bando contra otro. Pero esto es a menudo menos una opción estratégica que un fracaso de la imaginación: cuando la gente no puede imaginar un mundo más allá de las facciones existentes, el refuerzo de esas facciones se siente como el único movimiento disponible. La creencia de que la fragmentación se puede superar, que los puentes se pueden construir realmente, que el diálogo genuino es posible, no es un optimismo ingenuo. Es una condición previa para actuar de manera diferente. Sin ella, incluso las personas más comprometidas se encuentran reproduciendo las mismas divisiones que esperaban disolver. La tarea más urgente, entonces, es recuperar y sostener esa creencia, y desde ese punto, crear las condiciones en las que el diálogo genuino, y en última instancia la reconciliación, se vuelva posible.
El plan es el siguiente: que la gente que comienza a creer que un mundo diferente es posible, comience a examinar, honestamente, las intenciones, suposiciones y visiones del mundo que llevan a cada encuentro. Es un trabajo pre-dialogal. Sin ello, el diálogo no puede echar raíces. Y sin diálogo, no hay camino hacia la reconciliación, ni hacia una civilización que merezca ser llamada humana.
Nuestra responsabilidad, entonces, es participar en esta construcción, no esperar a que aparezcan las condiciones, sino convertirnos en personas que ayudan a hacerlo posibles.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 4 de mayo, iniciaron en La Haya, en la majestuosa sala de audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las audiencias orales en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana contra Venezuela.
Cabe recordar que la demanda sobre esta antigua controversia territorial irresuelta heredada del siglo XIX, fue presentada formalmente por Guyana ante la CIJ en el mes de marzo del 2018.
Estas audiencias orales constituyen la última etapa procesal de ambos Estados antes de escuchar la lectura final del fallo sobre el fondo por parte de la CIJ.
El contexto político del 2017-2018 en breve
Esta controversia territorial, como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2018, tiene un fuerte olor a petróleo y es posiblemente la primera vez en toda la historia de la CIJ que una empresa petrolera norteamericana anuncia públicamente asumir los costos de la defensa legal de un Estado en La Haya (Nota 1), estimados en unos 15 millones de US$ para cada uno de los Estados (Nota 2).
Como elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el secretario de Estado de Estados Unidos en el 2017 (Rex Tillerson) y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el siguiente hecho: Venezuela logró en marzodel 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14.000 millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, muy pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía, en nuestra opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión; además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil, cuyo CEO fue designado Secretario de Estado en Estados Unidos en enero del 2017 (y “agradecido” vía un simple tweet presidencial en marzo del 2018: véase nota de la BBC).
Si nuestros estimables lectores ignoraban que un tribunal de apelación del CIADI le había dado razón a Venezuela en marzo del 2017 revisando sustancialmente el monto de 14.000 millones fijados previamente como indemnización a Exxon Mobil, no deben preocuparse: usualmente las decisiones del CIADI desfavorables para el inversionista extranjero pasan casi desapercibidas.
Lo que está en juego para Venezuela y para Guyana
El fuerte olor a petróleo probablemente no logre ingresar del todo en la sala de audiencias de la CIJ en La Haya, debiendo cada una de las partes limitarse a invocar aspectos históricos y jurídicos ante los quince jueces de la CIJ para determinar quién tiene la titularidad sobre una superficie de unos 159.000 kilómetros cuadrados.
Mientras que Guyana ha solicitado en su demanda a la CIJ confirmar la plena validez de un laudo arbitral que data de 1899 (véase texto de dicho laudo), muy favorable a Inglaterra, Venezuela cuestiona la validez de esta decisión arbitral, luego de descubrirse en 1949 un documento confirmando el contubernio existente entre el presidente de aquel tribunal arbitral (un ruso) con los integrantes ingleses y norteamericanos del mismo (Nota 3), y luego de suscribir Guyana y Venezuela en 1966 un acuerdo en Ginebra (véase texto) para buscar una solución acordada entre ambos Estados a esta controversia territorial, heredada de la época colonial.
Darle plena validez (o no) a un despojo territorial a Venezuela revestido de laudo arbitral, negociado entre Estados Unidos e Inglaterra al final del siglo XIX, es lo que se discute desde el 4 de mayo del 2026 en La Haya.
Desde el punto de vista territorial, esta controversia constituye un caso atípico: a diferencia de las numerosas controversias territoriales que han sido llevadas al conocimiento de la CIJ desde su creación en 1945, en juego está una extensión de territorio que multiplicaría por más de dos la actual extensión territorial de Guyana.
Mapa de la denominada «Guayana Esequiba», tal y como se designa en Venezuela, extraído de esta nota de prensa titulada «Venezuela acusa a Guyana de depredar territorio en disputa y robar petróleo, gas y oro», El Carabobeño, en su edición del 15 de enero del 2025
No está de más indicar el carácter bastante insólito en cuanto a la composición del tribunal que dictaminó el laudo en 1899 entre Inglaterra y Venezuela en la historia del arbitraje inter-estatal: un ruso (presidente), dos ingleses y dos norteamericanos. Usualmente, en materia arbitral, si el árbitro es un órgano colegial, los dos Estados designan cada uno a juristas de su nacionalidad para integrarlo.
Mientras que Guyana intentará hacer ver algunas contradicciones dentro del aparato diplomático de Venezuela a lo largo de la historia, así como algunas inconsistencias más recientes observadas en la misma defensa de Venezuela desde el 2019 ante la CIJ, varios documentos adicionales de archivos históricos aportados por Venezuela buscarán posiblemente demonstrar el sesgo del procedimiento arbitral «negociado» entre Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. Es muy probable que Venezuela haga también ver en estas audiencias del 2026 que documentos en posesión de Estados Unidos y del Reino Unido que datan de finales del siglo XIX persisten en la actualidad en no ser desclasificados.
Las audiencias orales en breve
La larga lista de asesores internacionales contratados para la ocasión por Guyana así como por Venezuela aparece en las primeras páginas de los verbatim de este 4 de mayo (véase verbatim correspondiente a la sesión de la mañana y verbatim correspondiente a la sesión de la tarde, correspondientes ambas a la exposición hecha por Guyana).
En el segundo día de audiencias fue Venezuela la llamada a comparecer (véase verbatim de la sesión de la mañana y verbatim de la tarde).
Durante las audiencias orales, el Estado demandante (Guyana en este caso) es el que presentó inicialmente sus argumentos, seguido luego de la exposición oral de los contra argumentos presentados por el Estado demandado (Venezuela); para concluir con una segunda ronda de alegatos de cada una de las dos partes.
Como lo indica la práctica del litigio internacional ante la CIJ, las audiencias orales, que son públicas, permiten conocer los mejores argumentos de cada una de las partes, usualmente invocados tan solamente en este momento procesal y no antes, al constituir las audiencias orales la última recta de un procedimiento contencioso: en efecto, al cabo de estas audiencias, la CIJ entrará a deliberar y a elaborar su fallo final sobre el fondo.
Para esta contienda, cada una de las partes designó a un juez ad hoc, Guyana optando por un jurista alemán, y Venezuela por un jurista belga, quien fungió durante muchos años (2000-2019) como secretario de la misma CIJ.
Este 8 de mayo, Guyana presentó sus alegatos finales y sus conclusiones y petitoria final (estas últimas disponibles en las páginas 66-67 del verbatim). Se prevé que Venezuela hará lo mismo el 11 de mayo cerrando de esta manera estas audiencias e iniciando la CIJ el «délibéré«.
El historial de decisiones de la CIJ entre Guyana y Venezuela (en muy breve)
Cabe recordar que Guyana presentó su demanda inicial el 29 de marzo del 2018 (véase texto), optando en aquel momento Venezuela por no comparecer ante la CIJ, en señal de rechazo a esta acción unilateral de Guyana, desafiando a su manera la autoridad de la CIJ.
En las audiencias orales realizadas en junio del 2020, únicamente participó la delegación de Guyana (véase verbatim) en presencia del juez ad hoc de Guyana, Venezuela optando por no hacerse presente ni designar a un juez ad hoc. ¿Qué ganó Venezuela? No mucho: tuvimos la ocasión de advertir en su momento de lo improductivo que resulta el optar por la no comparecencia en La Haya, al privarse el mismo Estado de presentar sus contra argumentos a los jueces de la CIJ desde un inicio (Nota 4). En julio del 2020, Venezuela remitió una carta a la CIJ (véase texto) con argumentos que debió presentar en las audiencias a las que optó por no participar.
Como previsible, el 18 de diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para conocer la demanda de Guyana (véase sentencia, en particular el párrafo final operativo 138), completada por una decisión adicional en el 2023 al haber Venezuela presentado de manera tardía una excepción preliminar (véase sentencia del 6 de abril del 2023, en particular el párrafo final operativo 108). Habíamos tenido la oportunidad de analizar el verdadero giro en la estrategia legal de Venezuela, observado en el 2022: véase al respecto la sub-sección “La estrategia escogida por Venezuela y el giro operado en junio del 2022” de una nota nuestra (Nota 5).
Es de notar, con relación a la decisión del 18 diciembre del 2020, que fueron cuatro los integrantes de la CIJ en sostener que la CIJ no debía declararse competente: al respecto sus declaraciones y sus opiniones individuales merecen lectura. Tal y como tuvimos la ocasión de indicarlo al analizar esta decisión y revisar la advertencia lanzada por estos cuatro jueces,
«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo» (Nota 6).
En una decisión posterior preliminar (ordenanza), la CIJ respondió afirmativamente a una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, interpuesta por Guyana contra Venezuela, al anunciar Venezuela proceder a una consulta popular dentro del territorio en disputa (véase ordenanza del 1ero de diciembre del 2023, en particular el párrafo operativo final 45).
El plazo que separa una demanda de la lectura de una sentencia de la CIJ sobre el fondo
La indecisión inicial de Venezuela, aunada a la presentación tardía de excepciones preliminares de su parte, explica el extenso tiempo que separa estas audiencias orales sobre el fondo (mayo del 2026) de la demanda inicial interpuesta por Guyana (marzo del 2018).
Usualmente, si no hay incidentes procesales de este tipo (presentación de excepciones preliminares, solicitud de medidas provisionales, …), el plazo entre una demanda contenciosa y la lectura de un sentencia sobre el fondo es de unos cuatro años e incluso menos: fue, por ejemplo, el caso de la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua sobre derechos de navegación en el Río San Juan, interpuesta en noviembre del 2005 y resuelta por la CIJ en el mes de julio del 2009 (véase sentencia), de manera muy desfavorable para Costa Rica (Nota 7). De igual manera, la demanda de Costa Rica contra Nicaragua en materia de delimitación marítima presentada en febrero del 2014 fue resuelta en febrero del 2018 (véase sentencia de la CIJ).
En cambio, cuando el Estado demandado recurre a diversos incidentes procesales y además, solicita la intervención de Estados terceros que acceden a intervenir de manera tardía, el plazo se extiende significativamente: fue el caso de la demanda interpuesta en diciembre del 2001 por Nicaragua contra Colombia con relación al sus derechos en el Mar Caribe, resuelta tan solo en el mes de noviembre del 2012 (véase sentencia). Nótese que a raíz de este fallo, Colombia procedió a hacer algo que nunca ningún Estado había hecho: denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su capital. Al respecto, tuvimos la ocasión de señalar que:
» Ce retrait de la part de la Colombie du Pacte de Bogota ressemble davantage à un coup de tête et à une manœuvre politique pour répondre à la frustration de l´opinion publique colombienne qu´à un acte juridique raisonné et raisonnable. Il serait d´ailleurs souhaitable de comparer cette attitude à d´autres modalités prises par des Etats « à chaud » suite à une décision de la CIJ considérée comme leur étant défavorable (notamment lorsqu´il s´agit d´un Etat puissant au plan militaire ou économique qui voit ses ambitions limitées para une décision de la CIJ à la demande d´un Etat qui l´est beaucoup moins). Au-delà de cet exercice de politique juridique comparée, il sied de noter qu´avec ce retrait, la Colombie devient probablement le premier Etat au monde à dénoncer un traité international portant le nom de sa capitale » (Nota 8).
A modo de conclusión
Esta recta final de este procedimiento contencioso debería permitir a la CIJ pronunciarse sobre una de las últimas controversias territoriales no resueltas en el continente americano, heredada del siglo XIX entre Venezuela e Inglaterra, con una decisión arbitral bastante cuestionable, dictaminada en 1899 en favor de Inglaterra.
Cabe recordar que es precisamente a raíz de esta mala experiencia vivida en 1899 en materia arbitral, y la sensación de haber sido burlada, que Venezuela históricamente se ha mostrado extremadamente reticente y distante con la justicia internacional de La Haya: esta posición explica que, pese a haber firmado el Pacto de Bogotá en 1948, Venezuela nunca lo haya ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Es de notar que la situación de indeterminación entre Guyana y Venezuela sobre la titularidad de esta extensa zona boscosa desde hace tantos años, ha permitido frenar cualquier megaproyecto de inversión y frenar los apetitos de unos y otros por explotar los recursos naturales existentes, resguardando de esta manera la prodigiosa biodiversidad existente y los paisajes naturales de lo que en Venezuela se denomina la “Guayana Esequiba”.
Foto de las cataratas de Kaieteur en el río Potaro, región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba». Imagen extraída de esta nota de prensa titulada «El Esequibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.
Es de notar que el 3 de enero del 2026, Venezuela sufrió una agresión militar y el secuestro de su máxima autoridad por parte de Estados Unidos, en abierta violación a las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional (Nota 9): a la fecha (mayo del 2026), Venezuela no ha considerado oportuno presentar ninguna acción contra Estados Unidos, ni ha propuesto un solo proyecto de resolución en Naciones Unidas a ser votado en la Asamblea General o a discutirse en el Consejo de Seguridad (de manera a exponer a la delegación de Estados Unidos). Una actitud que contrasta singularmente con la de Ucrania, que luego de la agresión militar que inició Rusia en su contra el 24 de febrero del 2022, ha recurrido a los diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la CIJ e incluso a la Corte Penal Internacional (CPI); ello sin olvidar de mencionar, más cerca de nosotros, la ejemplar batalla legal que Nicaragua emprendió en La Haya en los años 80 contra Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar militarmente a fuerzas contra insurgentes desde Costa Rica y Honduras, logrando obtener a su favor una histórica decisión de la CIJ condenando a Estados Unidos (véase sentencia de junio de 1986).
En sus alegatos ante los jueces de La Haya, Venezuela invocó los efectos negativos de la doctrina Monroe del siglo XIX, que explican la forma expedita y sumamente sospechosa con la que el tribunal arbitral resolvió la controversia entre Inglaterra y Venezuela en 1899. Al ser la Venezuela del 2026 víctima de la denominada doctrina Donroe, la referencia hecha no deja de ser llamativa.
Cabe también señalar que estas audiencias orales de este mes de mayo del 2026 fueron precedidas de unas pocas semanas por el 80 aniversario de la CIJ, una fecha pasada prácticamente desapercibida en América Latina y en otras latitudes del mundo, tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo en una nota al respecto (Nota 10).
No está de más precisar que, en el marco de la contienda de Irán contra Estados iniciada en el 2018 para recuperar los activos iraníes congelados en bancos norteamericanos, en el 2023, la CIJ le dio la razón a Irán, y, el 25 de febrero del 2026, la CIJ inició la fase de compensación mediante una ordenanza (véase texto en francés y en inglés): tres días después, Estados Unidos e Israel iniciaron su improvisada acción militar contra Irán.
– – Notas – –
Nota 1: Tuvimos la ocasión de señalar en una nota nuestra que: «es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case»«: véase BOEGLIN N., «.La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes», 2 de julio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En el 2018, en Chile se estimó a 24 millones de US$ lo gastado para enfrentar la demanda interpuesta por Bolivia ante la CIJ (véase nota de prensa y esta otra publicada en Bolivia). Por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)
Nota 3: Ante los jueces de la CIJ, este 6 de mayo, uno de los asesores legales de Venezuela explicó que: «Le fait est que c’est à partir de ce mémorandum que le Venezuela a considéré qu’il disposait d’une première preuve directe de ce qui n’était jusque-là que rumeurs, à savoir que l’arbitrage de 1899 était une sordide farce. La question de la solidité de cette preuve est indifférente à cet égard mais, et j’y reviendrai, le témoignage de Mallet-Prevost est inattaquable quant aux faits qu’il décrit, comme le professeur Tams l’a déjà démontré» (véase verbatim del 6 de mayo, página 62). Indicó además que «81. N’en déplaise au Guyana, le mémorandum Mallet-Prevost a changé le cours des choses en ouvrant la voie vers la mise à jour d’un ensemble de preuves des malversations dont le Venezuela avait été victime. C’est de là qu’apparut au grand jour la monstruosité de ce prétendu arbitrage. La première preuve, largement confirmée par la suite, était apportée, que le défaut de motivation ne cachait pas des motivations non dites, ce à quoi, dans le doute, l’on aurait pu croire ; non, il n’y avait aucune motivation, la sentence était le fruit d’une extorsion pure et simple d’un président de tribunal avide d’une gloire personnelle qu’il plaçait dans l’obtention, à tout prix, et surtout au détriment de tout fondement juridique, d’une décision unanime attribuant les mines d’or aux Anglais» (páginas 69-70).
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace. Tuvimos la oportunidad de analizar la no comparecencia posterior, registrada en La Haya: se trata de la no comparecencia de Rusia ante la demanda interpuesta en su contra por Ucrania en febrero del 2022. Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la UCR, 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí. Sobre la no comparecencia de Venezuela en el 2018, véase también WENTKER A., «Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region«, EJIL-Talk, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5:: Véase BOEGLIN N., “La Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela”, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, 4 de julio del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, 18 de diciembre del 2020. Texto integral disponible en este enlace. Las conclusiones de un extenso análisis de esta decisión de la CIJ de diciembre del 2020 publicado en Francia no auguran una resolución definitiva de esta larga controversia territorial entre Guyana y Venezuela: véase GRANDAUBERT V., «L’arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice du 18 décembre 2020 en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 : vers un règlement définitif du différend territorial entre le Guyana et le Venezuela » ?«, Annuaire Français de Droit International (AFDI), Volumen 66 (2020), pp. 357-373, p. 373.
Nota 7: Si se revisan las atribuciones reconocidas a Costa Rica en materia de vigilancia y «guarda» del Río San Juan en el tratado Cañas Jerez de 1858, si se revisa lo que Nicaragua aceptó durante buena parte del siglo XIX y XX en cuanto a la práctica y las modalidades de estas funciones policiales costarricenses en este río fronterizo, y en particular en la época reciente, en el acuerdo Cuadra-Lizano de 1998 (véase texto), el hecho que Costa Rica presentara una demanda contenciosa contra Nicaragua en noviembre del 2005 para escuchar por parte de la CIJ lo que dice el párrafo 156, inciso 2, punto h) e i) (tomados ambos por unanimidad) de la sentencia de julio del 2009 (véase texto), prohibiéndole a Costa Rica cualquier uso policial del Río San Juan … resulta todo menos un éxito para la diplomacia de Costa Rica. En un artículo publicado en noviembre del 2005 en La Nación, nos permitimos advertir sobre la gran experiencia de los «Concejales de la Corona» de Nicaragua en la CIJ en el arte del litigio internacional, quienes ridiculizaron a Estados Unidos (1986) y se disponían a poner en su lugar a Honduras y a Colombia en el Mar Caribe, tal y como ocurrió (en sentencias del 2007 y del 2012 respectivamente): al parecer esta advertencia bastante tempranera no causó mayor interés dentro del aparato diplomático costarricense y estos mismos «Concejales de la Corona» de Nicaragua hicieron lo suyo con las pretensiones de Costa Rica en materia policial. Acatada esta sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009 bastante desfavorable para los intereses costarricenses, Costa Rica evidenciaría enormes dificultades logísticas pocos meses después, en el 2010, para vigilar correctamente lo que ocurre en su frontera con Nicaragua.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie«, texto publicado por el OPALC (Sciences Po, Paris), diciembre del 2012. Texto integral disponible en este enlace. En el 2013, el presidente de Colombia arremetió nuevamente contra la sentencia de la CIJ, con una verborrea y una gestual corporal evidenciando su profunda exasperación como jefe de Estado. Véase al respecto BOEGLIN N.,»La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions«, SFDI, Bulletin Sentinelle, 2013. Texto disponible en este enlace.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI«, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: algunas reflexiones«, 23 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
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