El texto siguiente en una reproducción del artículo publicado en el periódico Libertad en mayo de 1970. Presenta el testimonio de Carlos Blanco Cole, uno de los jóvenes de aquel momento que fueron detenidos durante la lucha contra ALCOA. El material ha sido compartido con SURCOS por Lenin Chacón Vargas, quien hace la introducción.
El 11 de mayo un día después de que quedaran en libertad los cinco presos: cuatro obreros y una mujer, en el Centro Obrero de Estudios Sociales en San José hicieron un homenaje para recibirlos y conocer el testimonio de su detención. En nombre de los presos habló Carlos Blanco Cole dirigente sindical. He recuperado su testimonio y hoy lo comparto para que la memoria de aquellos acontecimientos de lucha y cárcel del 24 de abril de 1970 no se olvide. En la foto aparece Carlos Blanco y Luisa González quien rinde homenaje y lo condecora.
Testimonio de Carlos Blanco Cole:
“Camaradas: amigos:
Agradecemos al Partido este homenaje por haber estado detenidos a raíz de los sucesos del 24 de abril.
Mis compañeros y yo fuimos detenidos en forma arbitraria sólo por el hecho de haber participado en forma patriótica y horada en repudio de la contratación con ALCOA. Nuestra posición con respecto a la defensa del patrimonio nacional y de nuestra soberanía ha sido siempre firme y consciente y si alguien ha actuado de mala fe perjudicando los intereses nacionales son aquellos que entregaron un pedazo de nuestra tierra a una compañía extranjera, sin importarles la opinión de la gran mayoría del pueblo.
El 24 de abril se lanzaron a las calles de San José y provincias más de 50.000 estudiantes y pueblo en general. El gobierno y los entreguistas sabían que se iba a aprobar el contrato con ALCOA y desde tempranas horas del día organizaron a la policía y a la DIC para una represión masiva; compromisos políticos y chantaje económico encontraron buen eco en nuestros gobernantes.
Ese día fuimos detenidos cerca de 350 personas en forma indiscriminada por las fuerzas represivas. De esos trescientes cincuenta detenidos fueron puestos en libertad la gran mayoría, quedando presos siete personas sólo por el hecho de ser comunistas. La compañera Ana fue igualmente detenida y tratada en la misma forma, sin tomar en cuenta su condición de mujer. Luego fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Allí la mantuvieron hasta el día de su libertad, recibiendo como todos nosotros, solidaridad y ayuda de todas las internas del Buen Pastor.
No nos sentimos nunca abochornados y mantuvimos una alta moral revolucionaria. No cometimos ningún delito, pues defender nuestra patria es honor y no delito. Cuando ingresamos a la Penitenciaría mandaron al compañero Sánchez al Pabellón Oeste con la intención de que los reclusos lo desvalijaran. No fue así por la actitud del compañero y el respeto de los reos. El otro grupo fuimos mandados al Pabellón Norte. Aquí quiero hacer un paréntesis para que quede bien claro lo siguiente: desde el primer momento que ingresamos al Pabellón Norte, los presos, al tener conocimiento de los presos, al tener conocimiento de los motivos por los que habíamos sido detenidos, se solidarizaron con nosotros. Es falso que siquiera hayan intentado amenazarnos o quitarnos pertenencias. Al contrario, dos detenidos nos consiguieron colchones y campo para dormir en su celda y dos de nosotros fueron acomodados por otros presos en el segundo piso. Nos dieron café, cigarros, comida y nos prestaron sus trastos para que comiéramos el rancho, etc. Ese día estuvimos hablando con ellos hasta pasadas las dos de la mañana. Agrademos esta actitud de los detenidos.
Posteriormente fuimos pasados al pabellón de admisión donde nos trataron con igual consideración los que allí están detenidos hasta el día de nuestra salida.
Nosotros participamos conscientemente en esas manifestaciones y acudimos al llamado de la F.E.U.C.R. y 81 organizaciones más. Agradecemos principalmente a nuestro Partido y a la FEUCR por su preocupación y solidaridad.
Los estudiantes crearon dos delegaciones que se pusieron al frente de nuestra defensa legal y otra encargada de mandarnos alimentos y otros utensilios, como cepillos de dientes, paños, jabones etc.
Hoy estamos de nuevo en libertad y llevando adelante nuestra lucha liberadora. Estamos en una etapa de la revolución que exige que movilicemos a las masas en la calle para apoyar a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Nosotros no hemos elegido a nuestros representantes en la Asamblea para que pronuncien buenos discursos, No. Su lucha valiente y resuelta en las curules es parte de la lucha para crear conciencia en las masas y nuestro Partido tiene que estar en capacidad de poder dirigir estas luchas con el apoyo del pueblo.
A nuestros camaradas les pedimos que intensifiquen las labores partidarias y pongan interés en elevar sus conocimientos teóricos para poder dirigir la revolución costarricense.
Pedimos a nuestros amigos y simpatizantes que ingresen al Partido y a la Juventud Vanguardista para que organizadamente marchemos hombro con hombro en esta lucha por la Liberación Nacional y para crear una Patria Socialista”.
Francesco Giulietti Silva Estudiante de Derecho y Filosofía Universidad de Costa Rica francescomc8@gmail.com
En el contexto actual, terminada la comisión de enlace del FEES y una propuesta tajante de un 0% de aumento (bajo el argumento que, en razón de la inflación negativa, resulta ser en realidad un 2%), resuena en mi mente varias cosas, las cuales me gustaría compartir.
Primeramente, yendo al aspecto más medular del asunto, el cual es que, a pesar del mandato constitucional del 8% destinado para la educación pública, en mi poca vida estudiantil y universitaria, jamás he podido observar esto. Siempre en las aulas de Derecho me enseñaron que la Constitución es la norma suprema dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo cual, el sistema que hemos venido arrastrando a través de los años no respeta la jerarquía de dicha norma, así como no se alinea con lo pensado por dicha Asamblea Nacional Constituyente.
En el colegio y en los libros de historia se dice que cambiamos fusiles por libros. Sin embargo, 8 de cada 10 estudiantes no tienen la suficiente capacidad lectora al momento de ingresar a la universidad (de los pocos que entran), la deserción estudiantil es cada vez más común, y poco a poco nos convertimos en una sociedad más violenta.
No busco atribuir culpas ni realizar señalamientos, habría que estar ciego para afirmar que lo anterior es culpa del actual gobierno, incluso, de los últimos gobiernos. Esto va más allá del ejecutivo o de los políticos que se rotan cada 4 años, esto atañe a nosotros como costarricenses y un cambio en las políticas públicas, con el auge del neoliberalismo y el debilitamiento del Estado de bienestar. Les digo, ya entregamos el monopolio de la fuerza, otorgamos el poder, la organización y demás atribuciones que caracteriza al poder dentro de la democracia, lo más que nos queda es que el poder responda a nuestras necesidades y que nos encontremos legitimados para realizar reclamos cuando dichas necesidades no se cumplen.
Con eso parto hacia la próxima idea, sobre las manifestaciones estudiantiles. Las mismas cada vez parecen estar diseñadas y dirigidas para un sector poblacional cada vez más reducido. Si bien defiendo el derecho a la manifestación y la crítica al poder, considero que debe ser ejercido de manera estratégica, con el fin de buscar el impacto buscado. El Movimiento Estudiantil ya no es el mismo de antes, el que jugó un papel protagonista contra ALCOA y el Combo del ICE. Sin embargo, la forma de hacer política no es la misma que durante esos años, la sociedad cambió, así como sus formas de hacerse escuchar y de manifestarse.
Se debe de replantear la forma de hacer frente a las necesidades de las universidades públicas y de la educación superior, no solo del Movimiento Estudiantil, sino también por CONARE, y los demás representantes con algún tipo de injerencia. El discurso actual parece no convencer, ni al ejecutivo, ni al ciudadano promedio de a pie, no es solo clamar consignas vacías ni propuestas que carezcan de ejecutoriedad a corto plazo.
Hemos de reconocer que, en momentos de globalismo, auge de movimientos polarizadores, debemos tomar cartas en el asunto y movilizar verdaderamente, con discursos y propuestas contundentes, que empaticen con el pueblo y que, más importante, le hablen en el mismo idioma.
Costa Rica tiene el fenómeno de ser la democracia más longeva en América Latina, quizás por esto damos por sentado y por seguro lo que en realidad requirió luchas, vidas, negociaciones y sacrificios para tener hoy educación pública, entre otras tantas garantías sociales.
Es por esto por lo que, necesitamos hablar en un mismo idioma, no quedarnos en los conversatorios de las universidades, en las consignas que se repiten, perdiendo su verdadero significado, y comenzar a buscar verdadera conexión y empatía con las comunidades, fuera del pretil y afuera de las aulas. Si continuamos con este elitismo intelectual, hablando en términos que comprenden unos pocos que tienen la dicha de pisar aulas universitarias, cada vez las universidades perderán más fuerza.
Este año celebramos cien años de la coronación pontificia de la venerada imagen de la Virgen de los Ángeles. Descubrimos en ello la memoria viva de un pueblo que, en medio de sus luces y sombras, ha encontrado en la “Negrita” un rostro materno cercano: la que escucha al que llega cansado, la que consuela en la enfermedad, la que acompaña en silencio tantas luchas cotidianas y orienta cuando no sabemos bien por dónde seguir.
En María encontramos precisamente eso: una creyente en camino, que avanzó en una verdadera “peregrinación de la fe”, permaneciendo unida a Cristo incluso en la oscuridad. Por eso, su historia no es solo personal, sino que refleja el recorrido de todo el Pueblo de Dios. Ahí está el motivo para recurrir a ella: no como alguien lejana, sino como Madre que entiende nuestros procesos, que ha pasado por la incertidumbre y puede sostener nuestra fe en lo concreto de la vida —en la familia, en el trabajo, en las decisiones difíciles—, enseñándonos a confiar cuando no vemos y a permanecer cuando todo parece incierto (cf. Redemptoris Mater, n. 6).
En estos actos se entrelazan un hondo valor espiritual y una fuerza simbólica que no solo representa, sino que convoca a la cohesión nacional. Pero precisamente por eso, algo en mí se inquieta. Porque toda memoria auténtica no solo celebra: también interpela.
La Virgen de los Ángeles no es un símbolo detenido en el tiempo. Es, para el creyente, una presencia que mira el presente. Y ese presente costarricense —no nos engañemos— está herido: violencia creciente, fragmentación social, deterioro del lenguaje público, pérdida de confianza en las instituciones. Un país que, por momentos, parece desconocerse a sí mismo.
Y en medio de todo esto, emerge una paradoja que no podemos ignorar. Cartago —tierra de fe, cuna de esta devoción, lugar de peregrinación nacional— se ha ido transformando en un espacio marcado por dinámicas de violencia y muerte que la vuelven, en ciertos contextos, casi irreconocible. No se trata de exagerar ni de estigmatizar, pero sí de reconocer una realidad que golpea. El contraste es demasiado fuerte: el santuario que convoca multitudes y, a unos pasos, comunidades que viven bajo el peso de la inseguridad y el miedo.
Y entonces la pregunta: ¿qué significa hoy honrar a la Virgen en ese contexto? Porque existe un riesgo —sutil pero real— de refugiarnos en la solemnidad de la historia para no confrontar la urgencia del presente. De celebrar lo que fuimos, sin asumir con la misma fuerza lo que estamos llamados a ser.
He visto la convocatoria multitudinaria, la presencia de la Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico, la participación de fieles. Todo eso habla de relevancia. Pero también despierta una inquietud que no logro disipar: ¿estamos generando procesos reales de transformación o nos estamos quedando en el gesto?
Y aquí la Iglesia en Costa Rica —particularmente la que peregrina en esa diócesis— no puede eludir una autocrítica serena pero necesaria. Porque, al menos en términos visibles, su voz ha sido débil frente a una realidad que clama por mayor presencia, mayor denuncia y mayor acompañamiento. No basta con custodiar el santuario si no se logra abrazar con igual fuerza el dolor del territorio que lo rodea.
La fe, cuando es auténtica, incomoda. No se conforma con el rito; exige coherencia. Y si la Virgen de los Ángeles ha sido madre de este pueblo, entonces también es testigo de nuestras contradicciones. Ella ve un país que la ama, un pueblo que peregrina, pero que necesita reencontrarse. Ve una Iglesia que convoca, pero que está llamada a implicarse más.
Apelo no en contra de esta celebración, sino en la distancia entre lo que celebramos y lo que vivimos. Porque no basta con mirar hacia 1926. La pregunta es qué hacemos en 2026.No basta con recordar una coronación. La urgencia es discernir nuestra misión.
Y quizás la Virgen —con su silencio elocuente— no nos pide más actos, sino más verdad. No más nostalgia del ayer, sino más compromiso hoy. No más refugio en el pasado, sino más valentía en el presente.
Si esa inquietud permanece, tal vez no sea un problema. Tal vez sea, precisamente, una gracia. Porque la fe que no toca la herida de un país corre el riesgo de volverse irrelevante.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com
Recientemente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebró sus 80 años, en presencia de las máximas autoridades de Países Bajos (en cuya capital se encuentra su sede): para esta ocasión, se contó también con la presencia del Secretario General de Naciones Unidas, de la Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Presidente del Consejo de Seguridad (véase comunicado de prensa oficial de la CIJ en francés y en inglés).
El texto completo del discurso del Secretario General de Naciones Unidas se encuentra disponible en este enlace y merece mención, entre muchas otras, la siguiente cita que hace:
« Il n’y a pas de monde civilisé et de paix durable s’il n’y a de respect absolu et complet devant la juridiction internationale et ses arrêts ».
Resulta de interés observar que en toda su historia desde 1946, la CIJ no ha visto irrespetadas sus decisiones por parte de los Estados, salvo en el caso de Israel, de Estados Unidos, y más recientemente de Rusia, como se detallará en las líneas que siguen.
Nunca el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó desde 1946 a solicitud de un Estado por incumplimiento de una sentencia de la CIJ por parte de otro Estado, tal y como lo prevé expresamente el párrafo 2 del artículo 94 de la misma Carta de Naciones Unidas (véase texto). Dictaminada una sentencia de la CIJ, salvo los tres antes mencionados Estados, todos los demás Estados, luego de una ardua batalla legal de varios años ante los jueces de La Haya, se han conformado con respetar una decisión que emana de la máxima instancia judicial dentro del sistema de Naciones Unidas.
Con referencia a la cita en francés que encontramos en el discurso del Secretario General antes reproducida, se puede decir que escapa una (y otra vez…) de las manos de generaciones enteras de seres humanos un mundo más apacible y más justo, y ello en muy diversas partes del mundo, por empecinarse cada cierto tiempo unos pocos Estados en desafiar a la autoridad de la justicia internacional y en optar por recurrir al uso de la fuerza.
La composición de la CIJ en muy breve
La CIJ se compone de 15 integrantes, electos por la Asamblea General de Naciones Unidas, a recomendación del Consejo de Seguridad, por una duración de nueve años y con posibilidad de ser reelectos. Actualmente, el juez con más tiempo fungiendo como tal es un jurista de Eslovaquia, electo desde el 2003, seguido por su colega de Francia (fungiendo desde el 2005).
Usualmente, en materia contenciosa, estos 15 jueces titulares son acompañados por dos jueces ad hoc, designados cada uno por los dos Estados al iniciar su contienda legal en La Haya.
La CIJ ejerce dos tipo de funciones: una función contenciosa, emitiendo sentencias para resolver una controversia entre dos Estados, y una función consultiva en la que, a solicitud de diversos órganos de Naciones Unidas, responde a una o a varias preguntas sobre un punto jurídico particular, mediante una opinión consultiva.
Cabe indicar que en una de sus primeras opiniones consultivas (1949), la CIJ respondió a la Asamblea General que Naciones Unidas sí podía entablar acciones legales en caso de daños sufridos por uno de sus funcionarios en misíón, en aquel momento el Compte de Bernadotte (mediador sueco de Naciones Unidas asesinado en Jerusalem el 17 de septiembre de 1948 por integrantes de un grupo radical israelí): véase texto de esta opinión consultiva de la CIJ e interesante entrevista en francés así como, sobre los autores israelíes de este asesinato, este artículo publicado en Israel en el 2021 en el Jerusalem Post. Casi 80 años después, la última opinión consultiva de la CIJ del 22 de octubre del 2025 versa sobre las obligaciones legales que tiene Israel en calidad de Estado miembro de Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado: véase texto en francés y en inglésy en particular el párrafo operativo 223 tomado por unanimidad, salvo unos puntos en los que una sola jueza se separó del criterio de sus demás colegas.
Con relación a la designación de los jueces de la CIJ, resulta de interés observar el número de rondas que fueron necesarias en el mes noviembre del 2023 dentro del Consejo de Seguridad (cinco en total) para finalmente reunir a cinco candidatos con los votos necesarios para ser designados (véase acta del Consejo de Seguridad S/PV.9471).
Con respecto al Consejo de Seguridad, el Artículo 10, inciso 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto) establece claramente que no habrá distinción alguna entre los votos de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, al precisar que:
«2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad«.
Se trata de una de las pocas disposiciones en Naciones Unidas en la que resulta irrelevante el tener dentro del Consejo de Seguridad un voto en contra (o varios…) provenientes sea de China, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido o de Rusia. Ello significa que si una persona como jurista se ha manifestado o ha publicado textos sumamente críticos en contra de uno de estos cinco Estados durante su carrera profesional o como diplomático (a), ello no afecta su candidatura, siempre y cuando el Estado que lo proponga sí logre obtener el respaldo necesario mínimo de 8 votos dentro del Consejo de Seguridad, de 15 posibles.
En la actualidad, solamente cinco mujeres fungen como juezas en la CIJ, oriundas de Australia, Estados Unidos, China, Kenya y Uganda: véase enlace oficial sobre su composición actual.
Con relación a América Latina, la CIJ cuenta en estos momentos con un jurista mexicano, electo en noviembre del 2023 (véase comunicado oficial de México) y por un brasileño, electo en noviembre del 2022 (véase nota de prensa), en sustitución de un jurista de esta misma nacionalidad fallecido antes de cumplir su mandato (2027), el juez Antônio Augusto Cançado Trindade.
Desde noviembre del 2023, entre sus integrantes, por vez primera en toda la historia, se cuenta con un jurista oriundo de Sudáfrica (véase comunicado oficial de Sudáfrica al ser electo su candidato).
Es de notar que en este 2026, son seis las vacantes en otra jurisdicción internacional en La Haya, la Corte Penal Internacional / CPI (véase nota oficial),
Pequeño apartado sobre los jueces de «nacionalidad permanente» que están … dejando de serlo
Desde 1946, una regla no escrita en ninguna parte en Naciones Unidas explica que siempre en la CIJ se haya contado con un jurista británico, francés, chino, norteamericano y ruso.
No obstante, las cosas parecieran estar cambiando desde hace unos años:
– en las elecciones del 2023, en la que se debía ocupar cinco vacantes dentro de la CIJ, no resultó electo el juez propuesto por Rusia (véase nota de prensa), por lo que, por vez primera en su historia desde 1946, la CIJ no cuenta con un integrante ruso en su composición. La agresión militar de Rusia a Ucrania en febrero del 2022 explica en gran parte esta inédita situación para la CIJ.
– en el 2017, la diplomacia del Reino Unido sufrió un revés similar, al no ser electo su candidato, y designado en su lugar un jurista propuesto por India (véase informe al respecto del Parlamento del Reino Unido). En este titular de The Guardian, se habla de una verdadera «humillación» para la diplomacia del Reino Unido, cuando lo correcto sería indicar que los tiempos cambian, simplemente: el Reino Unido ya no es lo que era en 1945, y lo que era India en 1945 … dejó de serlo hace ya un buen tiempo.
Para las elecciones del 2026 (una sola vacante), Francia ha postulado a uno de sus nacionales, actualmente destacado en La Haya, para sustituir al juez francés designado en la CIJ desde el 2005 y que la presidió en el período 2015-2018: será de interés ver si Francia logra superar las numerosas «bourdes» en materia de política exterior de su actual mandatario y de su aparato diplomático. Entre las más llamativas, de una larga serie que debieran compilarse algún dia bajo el título «Les macroneries diplomatiques» o un título similar:
– en octubre del 2023, el Presidente Macron propuso de manera totalmente inconsulta e insólita crear una coalición internacional de Estados contra el Hamás, similar a la establecida para luchar contra el Estado Islámico;
– en el 2025, algunas expresiones usadas durante su conferencia anual dada a los embajadores galos reunidos en Paris impactaron negativamente a los Estados africanos (véase nota de Public Sénat);
– recientemente, el canciller de Francia pidió a Naciones Unidas destituir a la actual Relatora de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, a partir de una burdo montaje, lo que que le valió un acción en justicia ante los tribunales franceses por difundir noticias falsas (véase comunicado de JURDI de marzo del 2026).
Para los lectores costarricenses (y de otras latitudes) que nos lean, poco familiarizados con el léxico galo, una «bourde diplomatique» se define en francés como un error grosero en materia diplomática, y puede ser asimilada al concepto popular costarricense de «torta» o de «tortón«, o de «disparate» más usado en otras partes de América Latina.
El hecho que Francia siga dando autorizaciones de sobrevuelo a los pilotos del Primer Ministro de Israel, objeto de una orden de captura emitida por la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024, es otra fuerte y muy fundada crítica que se le hace a Francia, en particular si se trata de votar por la candidatura gala de una persona responsable de aplicar y de interpretar de manera correcta las reglas que establece el ordenamiento jurídico internacional: al respecto, remitimos al texto de una carta indignada de un colectivo de juristas en Francia, JURDI, de abril del 2025.
Será en octubre/noviembre próximos que se podrá verificar si estas y otras actuaciones de Francia en el ámbito internacional le restan (o no) apoyos con respecto a otros candidatos(as) europeos(as) o bien oriundos(as) de otras regiones del mundo.
En aras de intentar colocar nuevamente a uno de sus nacionales, luego de la precitada «humillación» (dixit The Guardian) en el 2017, Reino Unido impulsa también una candidatura a la CIJ (véase nota oficial de candidatura de marzo del 2026 y su versión en español). Se ignora si hay otras candidaturas actualmente en curso, además de las de Francia y del Reino Unido, y se puede pensar que en el contexto actual europeo y mundial, otras podrían ver la luz.
En cuanto a (la) futuro (a) candidato (a) que proponga Estados Unidos para ocupar una vacante en la CIJ en el futuro, el hecho que, en menos de un año en funciones, su actual Presidente haya dañado ante el mundo la imagen de Estados Unidos como nunca observado, y despotricado a más no poder contra el multilateralismo y la justicia internacional, debería provocar algunos efectos para este tipo de contiendas diplomáticas. «Exit US from ICJ? Why not» es un lema que bien podría observarse en los próximos años.
La labor de la CIJ en muy breve
Con relación a los casos actualmente en examen de la CIJ, en este enlace se pueden revisar los 24 casos pendientes de resolución actualmente, con dos actualmente en proceso de deliberación dentro de la CIJ.
De estas 24 controversias entre Estados, 6 conciernen a Estados de América Latina y en otras 3 aparece Estados Unidos como Estado demandado.
En este otro enlace está a disposición el informe anual de labores de la CIJ presentado a la Asamblea General de Naciones Unidas, en agosto del 2025. Algunas reacciones oficiales a este informe que revisten cierto interés son las de Alemania (véase texto), de Estados Unidos (véase texto), de Francia (véase texto), entre muchas más que sería oportuno compilar y sistematizar. Su lectura permite conocer con detalle las razones que justifican el apoyo total, relativo o algo reservado a la CIJ por parte de algunos Estados: es el caso de Estados Unidos, en particular debido a las acciones emprendidas contra Israel ante la justicia internacional. En su declaración del 2025 cuestionando las iniciativas contra Israel ante la CIJ, el representante norteamericano omitió convenientemente mencionar que es debido al veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad que se debe usualmente recurrir a la justicia internacional en aras de intentar frenar a Israel en el territorio palestino.
Foto del Peace Palace en el que se localiza la CIJ en La Haya y de manifestantes a favor de Palestina, extraída de nota de prensa de AlJAzeera titulada «What is South Africa five points ICJ arguments against Israel?», edición del 12 de enero del 2024.
El último comunicado de prensa de la CIJ (véase texto) refiere a las audiencias orales públicas que se celebrarán a inicios del próximo mes de mayo, recta final de la controversia territorial que opone Guyana a Venezuela desde el 2018. Concluidas estas audiencias orales, la CIJ entrará a deliberar. En un primer momento Venezuela consideró la CIJ incompetente y optó por no comparecer. La CIJ se declaró competente en diciembre del 2020 en una sentencia preliminar (véase texto ) que completó con otra decisión preliminar en abril del 2023 (véase texto, en particular el párrafo dispositivo 108). Esta controversia, como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2018, tiene un fuerte olor a petróleo y es posiblemente la primera vez en toda la historia de la CIJ que una empresa petrolera norteamericana anuncia públicamente asumir los costos de la defensa legal de un Estado en La Haya, estimados en unos 15 millones de US$ (Nota 1).
Un aniversario pasado desapercibido o casi
Este nuevo aniversario de la justicia internacional de La Haya pasó totalmente invisibilizado en Costa Rica (al menos no dejó rastro alguno en los comunicados oficiales de su aparato diplomático ni en el de otras entidades del Estado costarricense).
En el caso de Costa Rica, llama la atención esta omisión, tratándose del uso muy sostenido que ha hecho de esta jurisdicción internacional en años recientes, con resultados bastante favorables, con excepción de la demanda interpuesta en el 2005 contra Nicaragua (Nota 2).Tal y como tuvimos la oportunidad de señalarlo:
«Desde aquella fecha, Costa Rica quedó impedida de navegar en el río San Juan que marca gran parte de la frontera entre ambos Estados con sus policías, fueran estos armados, o desarmados, o en simples tareas de abastecimiento de puestos fronterizos ubicados en la frontera. Un año más tarde, en el 2010, la ocupación ilegal en Isla Portillos por parte de efectivos de Nicaragua revelaría las enormes dificultades de Costa Rica para vigilar su frontera fluvial (y lo que ocurre en su extremidad Noreste): esta vulnerabilidad extrema de Costa Rica dio lugar a un fuego cruzado (de intensidad no tan moderada) entre los dos máximos responsables de la seguridad pública en Costa Rica durante la administración (2006-2010)» (Nota 3).
Entre noviembre del 2005 y febrero del 2018, no hubo año en que no se intercambiaran ante los jueces de la CIJ en La Haya las pretensiones de Costa Rica y de Nicaragua sobre su frontera fluvial, convirtiéndose el Río San Juan y sus zonas aledañas en el río fronterizo con mayores decisiones de la CIJ: una primera, dada a conocer en julio del 2009 sobre derechos ne navegación (véase texto), otra en diciembre del 2015 sobre la incursión en Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» (véase texto), y una adicional (fijación del monto compensatorio por el daño ambiental causado en Isla Portillos) en febrero del 2018 (véase texto), completadas por otra sentencia sobre delimitación marítima de febrero del 2018 (véase texto). En el marco de esta última demanda es que la CIJ ordenó a expertos independientes realizar un informe técnico (véase texto en francés y en inglés) confirmando que el punto inicial de la frontera terrestre en el Mar Caribe fijado en 1858 entre Costa Rica y Nicaragua y demarcado entre 1897-1900 (actas de la Comisión de demarcación Alexander), se situaba en realidad desde bue tiempo en el mar, debido a la erosión marina sufrida por la costa (véanse los mapas del informe a partir de la página 82 en la versión francesa, 75 en la versión inglesa). Lo llamativo es que desde 1900 y hasta el 2010 ambos Estados mantenían en sus respectivos mapas oficiales un punto en la costa, tomando como base los mapas editados por la Comisión Alexander entre 1897-1900.
Como dicho, el aparato diplomático costarricense no consideró oportuno el 17 de abril pasado redactar un comunicado oficial conmemorando los 80 años de la CIJ. Ahora bien, una omisión similar, bastante notoria, se pudo observar en varias otras partes del mundo, al revisar con detenimiento los comunicados oficiales más recientes de los aparatos diplomáticos de diversos Estados en el mes de abril del 2026.
A modo de ejemplo, entre varios de los Estados que sí se acordaron de la importancia de la justicia y del derecho internacional el pasado 17 de abril, podemos citar los comunicados oficiales de Francia o de Noruega sobre estos 80 años de la CIJ, así como de la siempre muy atenta municipalidad de La Haya (véase comunicado).
Este aniversario cobra particular relevancia en un contexto en el que en Estados Unidos, en Rusia, en Israel, pero también (en el caso de América Latina) en Argentina, en Chile, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua, se observan a dirigentes que cuestionan las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico internacional, la labor de las jurisdicciones internacionales, el multilateralismo, mientras que otros se enfocan en emprenderla contra los mecanismos regionales o universales existentes en materia de derechos humanos. Recientemente en Chile se denunció el intento de desmantelar la política de derechos humanos establecida por el Estado chileno desde 1997 (véase comunicado de organizaciones sociales chilenas del 24 de abril del 2026). Anteriormente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó sobre el clima de intimidación que sufren los activistas sociales y los líderes indígenas en Ecuador (véase comunicado del 27 de marzo del 2026).
En el plano interno en varios de los Estados precitados, se viola el mismo derecho interno, se intimida a los activistas de derechos humanos, a los defensores del ambiente, así como a los periodistas, y se busca controlar a los órganos nacionales de fiscalización y de rendición de cuentas. Es de notar que a esta lista de Estados de América Latina, podemos añadir a numerosos sectores políticos latinoamericanos que parecieran comulgar cada vez más con los discursos escuchados en El Salvador de “mano dura”, así como en el Brasil de la época de memoria (poca grata) del Presidente Jair Bolsonaro. En el caso específico de El Salvador, un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas recomienda realizar gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso y muy completo informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital): se recomienda la lectura de este extenso documento, en particular por parte de quienes alaban sin conocerla en profundidad, la política de «mano dura» de El Salvador en Costa Rica y en varias otras latitudes del continente americano.
En materia de cooperación entre Estados que hacen a un lado los derechos de los migrantes, tuvimos recientemente la oportunidad de analizar el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica sobre deportaciones por vía aérea, suscrito a finales de marzo del 2026 (Nota 4). Recientemente un vuelo similar llegó también a República Democrática del Congo, con nacionales colombianos deportados desde Estados Unidos de manera ilegal (véase nota de France24).
¿A qué podrá llevar irrespetar el derecho internacional?
Cabe precisar que las actuales controversias irresueltas que sacuden, como raramente observado, a toda la comunidad internacional en su conjunto, con una grave crisis económica mundial que se perfila y una espiral inflacionaria que ya afecta a varios Estados, se originan en decisiones ordenadas por la misma CIJ que no han sido acatadas por algunos Estados:
– en marzo del 2023, en el marco de una demanda interpuesta por Irán contra Estados Unidos en el 2018, la CIJ declaró que Estados Unidos debe proceder a compensar a Irán con relación a los activos bancarios congelados en Estados Unidos (véase sentencia, y en particular el párrafo operativo final 236 votado con 10 jueces votando a favor contra cinco de ellos). Nótese que pocos días antes del 28 de febrero del 2026, día en que inició el sorpresivo e improvisado ataque de Estados Unidos y de Israel contra Irán (Nota 5), la CIJ adoptó una ordenanza indicando el cronograma de escritos para la fase de compensación en el caso de los activos iraníes congelados ilegalmente en bancos norteamericanos y que Estados Unidos tiene la obligación de devolver a Irán (véase ordenanza del 25 de febrero del 2026). Se lee en esta ordenanza que Irán propuso inicialmente un plazo de seis meses, Estados Unidos uno de nueve meses para la presentación de los escritos, a lo cual Irán accedió sin problema. Llama poderosamente la atención el poco interés suscitado en la prensa internacional para dar a conocer esta decisión de la CIJ, o al menos relacionarla con lo que ocurrió en Irán 72 horas después de dictaminada.
– en marzo del 2022, de manera preliminar (asunto aún pendiente en cuanto al fondo), en una ordenanza (véase texto en francés y en inglés), la CIJ ordenó a Rusia suspender de inmediato todas sus operaciones militares iniciadas el 24 de febrero del 2022 en el territorio de Ucrania, ignorada por Rusia. Se trata de una demanda contenciosa interpuesta pocos días después del 24 de febrero por Ucrania contra Rusia.Este informe de febrero del 2026 realizado por Naciones Unidas establece una estimación por los daños causados en Ucrania por Rusia a más de 195.000 millones de US$.
– en enero del 2024, de manera preliminar (asunto aún pendiente en cuanto al fondo), respondiendo a una demanda y a una solicitud urgente de medidas provisionales interpuesta por Sudáfrica contra Israel en diciembre del 2023 (véase texto en francés y en inglés), la CIJ ordenó a Israel una serie de medidas urgentes (véase párrafo 86 con 13 jueces votando a favor y dos en contra) que no han sido acatadas desde entonces por parte de Israel. Posterior a esta ordenanza, la CIJ adoptó tres decisiones más la última siendo de mayo del 2024, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 6).Este informe del Banco Mundial (a febrero del 2025), estimaba los daños causados en Gaza por parte de Israel a 53.000 millones de US$. Una actualización de los datos a abril del 2026 arroja la cifra a más de 71.000 millones de US$ (véase nota oficial de Naciones Unidas del 20 de abril del 2026).
Con respecto a indemnizaciones y reparaciones por la destrucción causada por un Estado en el territorio de otro Estado, debemos recordar que en 1986, luego de una ejemplar batalla legal en La Haya, Nicaragua obtuvo una histórica sentencia de la justicia internacional, condenando a Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar a fuerzas contrainsurgentes en su contra (véase sentencia de la CIJ del 26 de junio de 1986, en particular el párrafo dispositivo final 292). Esta primera victoria debía completarse con una segunda etapa sobre reparaciones que Nicaragua no continúo, pudiendo hacerlo (Nota 7). La relectura del fallo de la CIJ del 27 de junio de 1986 permite revisar, 40 años después, las diversas tentativas de los asesores legales norteamericanos buscando evitar a toda costa que la justicia internacional de La Haya conociera de este asunto: todas sus maniobras, algunas tan creativas y fantasiosas como ilusas, fracasaron de manera estrepitosa.
Con relación a Israel y a sus obligaciones como Estado miembro de Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a nuestra nota (Nota 8) sobre los alcances de la opinión consultiva dada a conocer por la CIJ el 22 de octubre del 2025 (véase texto integral en francés y en inglés, y en particular el párrafo final dispositivo 223). Con relación a otra opinión consultiva de la CIJ, el párrafo operativo final 163 de su decisión de julio del 2004 (véase texto completo) sobre el carácter ilegal del muro construido por Israel dentro del territorio palestino ocupado, recuerda la actitud de desprecio que Israel ha demostrado a lo largo de la historia con la justicia internacional de La Haya. Se recomienda de igual manera leer el texto de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad (véase enlace oficial) adoptada en diciembre del 2016 (gracias a la abstención de Estados Unidos, con 14 votos a favor), en particular a quienes siguen repitiendo (por razones que sería de sumo interés conocer), que Israel no viola el derecho internacional en el territorio palestino ocupado.
Narrativa populista y polarización de la opinión pública
El hecho que estas 80 primaveras de la gran Dama de la justicia internacional de La Haya pasaran totalmente desapercibidas en muchos Estados y en los grandes medios de prensa constituye un hecho bastante llamativo, y puede responder a la tendencia actual “anti derecho” a la que asistimos en varias latitudes el planeta, y a la que se prestan algunas agencias de noticias internacionales.
Con respecto a un ámbito muy específico del derecho internacional público, como lo es el derecho internacional de los derechos humanos, una ONG de gran trayectoria como Amnistía Internacional no dudó en titular su comunicado oficial del pasado 21 de abril de la siguiente manera (véase texto integral, de lectura recomendada):
“Amnistía Internacional pide a los Estados que impidan que el orden depredador antiderechos se imponga en un momento trascendental para la humanidad”.
Nuestros estimables lectores podrán por sí mismos revisar cuál ha sido la difusión de este comunicado de prensa de Amnistía Internacional en los grandes medios de prensa internacionales, así como el de la CIJ citado al iniciar estas reflexiones.
En Costa Rica, los recientes actos de violencia observados contra una jueza ejecutora de la pena, inducida por una narrativa oficial cuestionando la imparcialidad de esta jueza y más generalmente la del Poder Judicial (véase nota del Semanario Universidad del 20 de abril del 2026), nos recuerda que Costa Rica no es ajena a esta peligrosa deriva discursiva en contra de los órganos de justicia y más generalmente, en contra de los mecanismos de fiscalización existentes dentro del ordenamiento jurídico costarricense.
No está de más señalar que a diferencia de muchos otros Estados, la legislación penal costarricense no tipifica el delito de incitación al odio. En el 2018, con ocasión de una marcha contra los migrantes venidos desde Nicaragua en el centro de la capital costarricense, tuvimos la ocasión de señalar los vacíos con respecto a la discriminación, al maltrato y a un discurso muchas veces xenófobo que sufren en Costa Rica desde muchos años los migrantes en proveniencia de Nicaragua (Nota 9). Declaraciones recientes de la futura Presidenta de Costa Rica contra los ecologistas que lograron frenar la tala de más de 700 árboles en el golfo de Papagayo (véase nota de prensa del Semanario Universidad del 22 de abril del 2026), evidencian que podríamos seguir varios años más con una narrativa oficial tendiente a estigmatizar y a incitar al odio contra los ecologistas ya alertado por Naciones Unidas en el 2013 (Nota 10) y contra otros sectores o ciertas poblaciones vulnerables en Costa Rica.
América Latina, Centroamérica y la justicia internacional desde una perspectiva histórica
Más allá de la poca responsabilidad de los responsables políticos al brindar declaraciones públicas para estigmatizar al sector ecologista, a su haber la CIJ, lleva resueltos más de 200 controversias entre Estados desde su instalación, el 17 de abril de 1946 en la capital de los Países Bajos.
Una de las últimas controversias registradas por parte de dos Estados de América Latina es la de México contra Ecuador, debido a la operación policial estilo “comando” perpetrada por la policía ecuatoriana en los locales de la embajada de México en Quito, el 5 de abril del 2024: véase al respecto la ordenanza de mayo del 2024 (caso aún pendiente de resolución en cuanto al fondo). Nótese que el primer caso que enfrentó a dos Estados de América Latina remonta a 1948, con el otorgamiento por parte de Colombia del asilo diplomático a un dirigente político peruano en su embajada en Lima, que originó una controversia con Perú y una decisión de la CIJ (véase demanda de Colombia de octubre de 1949 y sentencia de la CIJ del 20 de noviembre de 1950). Para ese entonces, no estaba aún vigente el Pacto de Bogotá de 1948, ni ningún tratado bilateral entre Colombia y Perú habilitando a la CIJ para conocer de disputas entre ambos: Colombia y Perú debieron concluir un acuerdo bilateral otorgando a la CIJ competencia para conocer de este asunto en específico (véase texto del acuerdo, elaborado en francés).
Para conmemorar estos 80 año de justicia internacional de La Haya, este video realizado por la misma CIJ (véase versión en francés y en inglés) reproduce imágenes de la primera sesión de trabajo, y la lectura de la declaración hecha por el juez salvadoreño José Gustavo Guerrero, quien fungiría como el primer Presidente de la CIJ (1946-1949) y cuyo busto fue develado el 17 de julio del 2025 en el majestuoso Peace Palace de Carnegieplein en La Haya (véase enlace oficial). José Luis Bustamante y Rivero (Perú) sería el segundo latinoamericano llamado a presidir la CIJ (1967-1970), seguido luego por el uruguayo Eduardo Jiménez de Aréchaga (1976-1979) y el argentino José María Ruda (1988-1991). Desde 1945, se ha contado con una larga lista de jueces titulares originarios de América Latina en la CIJ (todos de sexo masculino), con una marcada presencia de juristas oriundos de Brasil (en 6 oportunidades), de México (5), de Argentina, de Uruguay y de Venezuela (2 cada uno) (Nota 11). La última contienda diplomática entre candidatos latinoamericanos a una silla en la CIJ se jugó entre Brasil y Argentina, quedando electo el actual juez brasileño de la CIJ en el 2022 (véase documento destinado a la Asamblea General). En el Consejo de Seguridad, el candidato de Brasil obtuvo desde la primera ronda 13 votos, y 2 el candidato de Argentina (véase acta S/PV.9182). Como indicado anteriormente, al fallecer el juez brasileño en el 2022 antes de cumplir su mandato (2027) y abrirse una vacante en el seno de la CIJ, bien hubiese podido Argentina abstenerse de postular a un candidato, y esperarse a la contienda del 2023: no lo hizo.
No está de más recordar que en el 2008, el candidato presentado por Brasil, el jurista Antônio Augusto Cançado Trindade, había logrado ser electo con 14 votos dentro del Consejo de Seguridad (véase acta S/PV.6011), una de las marcas más altas jamás registradas por un candidato propuesto por América Latina.
Más allá de las maniobras diplomáticas entre Estados de América Latina que dejan un profundo malestar en la memoria institucional de Naciones Unidas con respecto a la designación de jueces en La Haya, ojalá que en algún momento las cancillerías de América Latina (incluída la de Argentina), inspiradas en la presencia femenina que se ha logrado consolidar desde otras regiones del mundo, se interesen por postular también a reconocidas juristas: desde 1946, ninguna mujer latinoamericana fungió como jueza de la CIJ.
El aporte de América Latina al derecho internacional y a la justicia internacional ha sido objeto de numerosos estudios, así como el aporte a la misma CIJ hecho por parte de los caballeros latinoamericanos que han ejercido sus funciones como jueces titulares (Nota 12).
Como bien es sabido, pero pocamente difundido, Centroamérica fue la región del mundo que ofreció, por vez primera en toda la historia, la primera experiencia de una jurisdicción internacional permanente: se trata de la Corte de Justicia Centroamericana (1907-1918), cuya primera sede se ubicó en la ciudad costarricense de Cartago, para luego del terremoto de abril del 1910, ser trasladada a San José en lo que hoy se conoce como la Casa Amarilla, sede central de la diplomacia costarricense: remitimos a nuestros estimables lectores a la obra de don Carlos José Gutiérrez (QdpS) publicada en 1978 y disponible en este enlace.
Foto de la sede de la Corte de Justicia Centroamericana en Cartago, extraída de FaceBook , mensaje del 20 de diciembre del 2024 de don Alberto Moya, «Cartago su historia», para conmemorar los 117 años de la creación de la Corte de Justicia Centroamericana.
Foto de la Corte de Justicia Centroamericana después del terremoto de Santa Mónica en abril de 1910 en Cartago. Extraída de la obra SMITH CALVERT A. & POWELL CALVERT, Ph, Year of Costa Rican History, New York, The Mac Milan Company, 1917, p. 488. Obra facilitada por uno de los grandes conocedores de la diversas facetas de la historia de Costa Rica, el Dr. Luko Hilje Quiros, al que queremos públicamente agradecer su valiosa ayuda.
Nótese que muchos turistas (tanto internacionales como nacionales) que pasan frente a este edificio colonial cuando visitan la capital costarricense, no tienen cómo percatarse que están en frente de la primera experiencia en toda la historia de establecer una jurisdicción internacional encargada de resolver controversias entre Estados. En uno de nuestros primeros artículos publicados en la prensa escrita en Costa Rica (La Nación, en el año 2000), referimos a la Corte de Cartago (véase texto). En el 2018 se publicó este artículo en La Nación por parte de un historiador costarricense. Entre el año 2000 y el año 2018, en el año 2007, al conmemorarse los 100 años de esta primera jurisdicción internacional, no se registró evento especial por parte del Estado costarricense, ni edición alguna de una estampilla de correos conmemorativa.
Más allá de la extraña discreción del aparato estatal costarricense con respecto a este primer intento de establecer un mecanismo jurisdiccional entre Estados soberanos al iniciar el siglo XX, este hecho constituye un hito histórico. Todo buen manual de derecho internacional público, cual sea su lugar de edición, refiere a esta primera jurisdicción y a Costa Rica en su tradicional capítulo sobre la solución pacífica de controversias entre Estados. Este hito refuerza la tempranera visión costarricense (1907) en la defensa del derecho y de la justicia internacionales, que vendría a confirmar, 41 años después, la abolición del ejército. Tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2017, al inaugurar su blog la Asociación Costarricense de Derecho Internacional /ACODI, (véase texto):
“La decisión de Costa Rica de abolir su ejército en 1948 puede también ser vista como otro gran gesto hacia el mundo en defensa del derecho y la justicia internacionales. Defender la integridad territorial y reclamar por el debido respeto de las normas internacionales es mucho más efectivo aplicando normas que movilizando tropas. Materializa, como raramente visto, la paulatina transición vivida después de la Iera Guerra Mundial que bien resumió la siguiente fórmula: «sustituir el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho». Hasta la fecha, y pese a avances desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, se mantiene como un verdadero desafío para muchos en nuestra convulsionada comunidad internacional”.
La prohibición de la tortura: un detalle en una votación en noviembre del 2025 muy pocamente divulgado
Con relación al intento de erosionar reglas muy básicas del derecho internacional público, cabe indicar un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, y que tuvo lugar el 20 de noviembre del 2025: se votó la resolución trienal en el seno de la Comisión de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).
Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra, con argumentos risibles si no se tratara de un tema tan grave (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.
Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en diversos medios informativos: mucho más llamativo resulta el hecho que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿Realmente ya no interesará a nadie que hayan Estados objetando de manera tan desvergonzada la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?
Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adoptaba por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).
En el año 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 con una abrumadora mayoría. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, que fueron lideradas por Costa Rica desde 1991 de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004, en particular el Capítulo II a páginas 41-73).
A modo de conclusión
Irrespetar las normas del ordenamiento jurídico internacional, cuestionar su utilidad así como la de los mecanismos internacionales, atacar el multilateralismo de Naciones Unidas, votar en contra de una norma fundamental como la prohibición de la tortura, desacatar decisiones de la CIJ, adoptar sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional / CPI (otra jurisdicción también con sede en La Haya y que a veces se tiende a confundir con la CIJ) o tomar sanciones contra una relatora como la Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, son acciones que responden todas a un mismo objetivo, fomentado por Estados Unidos y otros Estados (en particular desde la llegada de su actual ocupante a la Casa Blanca): volver a la denominada “ley de la selva”, y a la trágica época imperial que experimentó el mundo, en particular en el siglo XIX. Al respecto, no es coincidencia si algunas declaraciones escuchadas desde el 20 de enero del 2025 en la Casa Blanca sobre Canadá, Cuba, el Canal de Panamá, Groenlandia o Venezuela, recuerdan la narrativa y la lógica de los emperadores de antaño.
No quisiéramos concluir estas cuantas reflexiones sin recordar a nuestros estimables lectores que hace 31 años, se logró traer a Costa Rica una pequeña parte del majestuoso Peace Palace de La Haya, a saber la Academia de Derecho Internacional de La Haya. En abril/mayo de 1995, el programa exterior de la prestigiosa Academia de Derecho Internacional de La Haya, verdadero templo mundial del derecho internacional creado en 1923, se trasladó, por primera vez en toda su historia a Centroamérica: véase publicación conmemorativa con las ponencias presentadas, así como el programa completo (páginas 310-314), y la lista de participantes (páginas 319-322) en la que se reconocerán a diplomáticos y juristas de Centroamérica así como de Colombia, Cuba, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
Casi 31 años después, con un contexto internacional actual como el antes descrito en el que dirigentes y sectores políticos cuestionan las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional y en el que poderosos Estados proceden a violarlas una y otra vez (aplaudidos por otros Estados y algunos sectores políticos), es menester que, dentro del concierto internacional, la sociedad costarricense busque la forma de reafirmar esta tradición pacífica, de defensa de la legalidad y de la justicia internacional así como del multilateralismo, que tantos beneficios le ha deparado a lo largo de su historia.
Ufanarse de no haber asistido a ninguna de las Asamblea Generales de Naciones Unidas en los últimos cuatro años como jefe del Estado costarricense (una verdadera “premiere” en la historia de Costa Rica desde 1945) resulta en este contexto, un dato de interés que plantea una serie de interrogantes con respecto a la precitada tradición de paz y de defensa del multilateralismo costarricense.
Con relación a otro aniversario de otra jurisdicción internacional, también situada en La Haya, la CPI, y también pasado desapercibido en el año 2025, remitimos a nuestros estimables lectores a una nota nuestra publicada en julio del 2025 titulada: «17 de julio: una fecha en la que usualmente se reafirma el compromiso con la justicia penal internacional … pasada desapercibida o casi» (Nota 13).
Notas:
Nota 1: Tuvimos la ocasión de señalar en una nota nuestra que: «es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case»«: véase BOEGLIN N., «.La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes», 2 de julio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: Si se revisan las atribuciones reconocidas a Costa Rica en materia de vigilancia y «guarda» del Río San Juan en el tratado Cañas Jerez de 1858, si se revisa lo que Nicaragua aceptó durante buena parte del siglo XIX y XX en cuanto a la práctica y las modalidades de estas funciones policiales costarricenses en este río fronterizo, y en particular en la época reciente, en el acuerdo Cuadra-Lizano de 1998 (véase texto), el hecho que Costa Rica presentara una demanda contenciosa contra Nicaragua en noviembre del 2005 para escuchar por parte de la CIJ lo que dice el párrafo 156, inciso 2, punto h) e i) (tomados ambos por unanimidad) de la sentencia de julio del 2009 (véase texto), prohibiéndole a Costa Rica cualquier uso policial del Río San Juan … resulta todo menos un éxito para la diplomacia de Costa Rica. En un artículo publicado en noviembre del 2005 en La Nación, nos permitimos advertir sobre la gran experiencia de los «Consejales de la Corona» de Nicaragua en la CIJ en el arte del litigio internacional, quienes ridiculizaron a Estados Unidos (1986) y se disponían a poner en su lugar a Honduras y a Colombia en el Mar Caribe, tal y como ocurrió (en sentencias del 2007 y del 2012 respectivamente): al parecer esta advertencia bastante tempranera no causó mayor interés dentro del aparato diplomático costarricense y estos mismos «Consejales de la Corona» de Nicaragua hicieron lo suyo con las pretensiones de Costa Rica en materia policial. Acatada esta sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009 bastante desfavorable para los intereses costarricenses, Costa Rica evidenciaría enormes dificultades logísticas pocos meses después, en el 2010, para vigilar correctamente lo que ocurre en su frontera con Nicaragua. Sobre las reiteradas acciones de Costa Rica y Nicaragua que siguieron luego y puestas a conocimiento de la CIJ, véase BOEGLIN N., «Un tribunal, dos Estados y tres controversias«, Sección Voz Experta, Portal de la UCR, edición del 2 de febrero del 2018. Texto integral disponible aquí. Pocamente analizada, la «unión de procedimientos» por parte de la CIJ en el 2013, solicitada por Nicaragua y objetada por Costa Rica, tampoco puede verse como un gran logro de los asesores legales de Costa Rica en La Haya: véase BOEGLIN N., «Costa Rica / Nicaragua et CIJ : une procédure incidente revisitée : la jonction d´instances«, Le Monde du Droit, edición del 9 de mayo del 2013. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Costa Rica y Nicaragua: breves apuntes«, DIPúblico (Argentina), edición del 26 de diciembre del 2015 Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica – Estados Unidos: algunos apuntes con relación al reciente acuerdo migratorio sobre deportaciones vía aérea«, 27 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Sobre esta improvisada aventura militar iniciada el 28 de febrero del 2026, véase nuestra nota: BOEGLIN N., «A 56 días del imporvisado ataque de Estados Uniso y de Israel contra Irán: un balance«, nota actualizada al 24 de abril. Texto disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas«, 24 de mayo del 2024. Texto integral disponible aquí.
Nota 7: En septiembre de 1991, la misma Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios y nunca, desde La Haya, se le pudo ordenar a Estados Unidos el pago de un monto indemnizatorio a Nicaragua, estimado en unos 17.000 millones de US$ (véase el comunicado de la CIJ del 27 de septiembre de 1991).
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto disponible en este enlace.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «El derecho internacional ante la xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica«, Sección Voz Experta, Portal de la UCR, edición del 30 de agosto del 20218. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 10: A raíz de su visita en Costa Rica en el 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente recomendó en su informe A/HRC/25/53/Add.1 (véase texto completo) que: «Punto 67. /…/, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica«. En el Punto 68, el experto «recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos». Como ocurre a menudo en Costa Rica, 17 años después de emitidas estas recomendaciones, los activistas ecologistas continúan siendo objeto de intimidaciones sin que el marco legal costarricense haya sido modificado para prevenirlas. En el 2023 se presentó un proyecto de ley bastante incompleto, y fuertemente cuestionado por diversos especialistas de la UCR (véase informe a la Directora del Consejo Universitario de la UCR de junio del 2023).
Nota 11: Los siguientes son los juristas de América Latina que integraron como jueces titulares a la CIJ desde 1946 (por orden cronológico): José Philadelpho de Barros e Azevedo (Brasil, 1946-1951), Alejandro Álvarez (Chile, 1946-1955), Isidro Fabela (México, 1946-1952), José Gustavo Guerrero (El Salvador, 1946-1958), Levi Fernandes Carneiro (Brasil, 1951-1955), Enrique c. Amand-Ugon (Uruguay, 1952-1961), Roberto Córdova (México, 1955-1964), Lucio Manuel Moreno Quintana (Argentina, 1955-1964), Ricardo Joaquín Alfaro (Panamá, 1959-1964), José Luis Bustamante y Rivero (Perú, 1961-1970), Luis Padilla Nervo (México, 1964-1973), Eduardo Jiménez de Aréchaga (Uruguay, 1970-1979), José Sette-Camara (Brasil, 1979-1988), Andrés Aguilar Mawdsley (Venezuela, 1981-1988), José María Ruda (Argentina, 1973-1991), Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela,1996-2009), Francisco Rezek (Brasil, 1997-2006), Bernardo Sepúlveda-Amor (México, 2006-2015), Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil, 2009-2022), que completan en la actualidad Leonardo Nemer Caldeira Brant (Brasil, 2022-…), y Juan Manuel Gómez Robledo (México, 2024-…).
Nota 12: Véase al respecto, entre muchos, este estudio publicado por la UNAM en México del juristas brasileño Antonio Augutos Cancado Trindade; y este análisis sobre los aportes a la ciencia del derecho internacional público de un jurista argentino como Julio Barberis (véase artículo), editado en el 2014. En 1992, fue el mismo Julio Barberis que impartió durante la sesión de verano de la prestigiosa Academia de Derecho Internacional de La Haya, un curso titulado «Les règles spécifiques du droit international en Amérique latine» Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye (Tomo 235, 1992-IV, pp. 81-230). En un libro homenaje al jurista argentino José María Ruda, el ex Presidente de la CIJ Mohammed Bedjaoui (Argelia) dedicó su escrito al aporte hecho por los jueces de América Latina que integraron a la CIJ desde sus inicios.
Nota 13: Véase BOEGLIN N., «17 de julio: una fecha en la que usualmente se reafirma el compromiso con la justicia penal internacional… pasada desapercibida o casi«, 17 de julio del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Primer día de mayo: jornada de felices coincidencias —o sospechosamente felices—, tanto políticas como verbales.
Nada más cercano a Un mundo feliz que ese coro de alusiones expresadas libremente o escritas, proclamadas, casi coreografiadas por el nuevo equipo de congresistas en el recinto parlamentario.
Unos sí, otros también: todos coinciden. Coinciden en la pobreza, en el hambre, en la naturaleza herida, en la delincuencia y en la urgencia de velar y atender la educación con mayúscula y bien tildada. Coinciden, sobre todo, en una agenda que dicen será por y para la Patria.
¡Ese será el norte a seguir! Dicen.
Algunos con buen verbo, otros con buen galillo, y unos pocos —los menos porque siempre sucede— con argumentos sólidos. Todos lanzan sus dardos al tablero de la democracia. Hay quien apunta mejor. Hay quien tiembla menos.
Algunos tendrán mejor pulso, mejor visión de las cosas o mayor pasión y conocimiento de la nuestra historia.
Pero, aun así, ¡cómo se parecen!
Mismo traje. Mismo color. Mismo gesto ensayado en sus teléfonos inteligentes.
Tal vez sea el único día del cuatrienio en que visten idénticos: blanco, azul y rojo, como si la patria pudiera coserse en la tela.
Mucho protocolo.
Y en esas cincuenta y siete curules —incómodas, dicen, pero codiciadas— todos caben en la misma forma, en la misma pose, en la misma promesa.
Yo pienso —y por eso escribo— que algunos miran con más limpieza que otros. Que hay rostros nuevos y otros demasiado conocidos. Que no todos cargan el mismo peso de ideas.
Pero queda la pregunta, terca:
¿a cuántos les incomoda, de verdad, la voz de un campesino? ¿a cuántos les duele el silencio largo de un pueblo indígena que lleva décadas esperando ser visto?
La respuesta no está hoy.
Llegará cuando las fracciones hablen. O callen. Cuando voten. Cuando se levanten. Cuando coincidan… o dejen de coincidir.
Porque al final, todo —todo— se decide en el plenario.
A escasos días del inicio de un nuevo ciclo político, en un contexto nacional atravesado por una polarización que desborda lo estrictamente político para instalarse también en el tejido social y cultural, por la crispación del lenguaje público y una creciente desconfianza institucional, la reciente Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, titulada “La Paz esté con ustedes”, se presenta como un documento urgente, hondamente enraizado en la realidad del país, que introduce un acento particularmente significativo: la recuperación de la cultura del diálogo como horizonte operativo para la construcción de la paz.
En un tiempo en que la palabra ha sido degradada con frecuencia a instrumento de confrontación —más arma que puente—, la insistencia en el encuentro no puede leerse como un gesto retórico, sino como una toma de posición de los obispos que, en su justa comprensión, abre posibilidades no menores para la vida social.
Precisamente por ello, el texto admite —y quizá reclama— una lectura que lo desborde de su inmediatez coyuntural. Puede ser entendido como un signo de inflexión, es decir, como la insinuación de un desplazamiento en el modo en que el episcopado se sitúa frente al país: no tanto la clausura de una etapa, cuanto la apertura de una nueva forma de presencia, menos condicionada por la tendencia a eludir aquellas realidades que no encajan en sus categorías tradicionales y más disponible a la interlocución.
En esa clave, el documento no solo enuncia un contenido, sino que perfila un estilo que, para ser creíble, deberá sostenerse en un equilibrio exigente: sin la pretensión de reclamar prerrogativas —como sucede en otros sectores religiosos—, pero tampoco cediendo a la tentación de omitir pronunciamientos ante situaciones que reclaman claridad (piénsese, por ejemplo, en la diócesis de Cartago y la problemática de la violencia). Se trata, más bien, de una presencia eclesial despojada de privilegios, pero no de responsabilidad; abierta al diálogo, pero no al silencio cómplice. Es en esa tensión —si logra sostenerse con coherencia— donde podría radicar la verdadera novedad del texto.
Lo más logrado del documento es que no trivializa el diálogo. No lo presenta como simple técnica de negociación, sino como una exigencia que brota de la verdad del ser humano creado para la comunión. En esta línea, la invitación a desarmar las palabras toca una fibra particularmente sensible de nuestra realidad: la violencia simbólica que precede y alimenta otras formas de violencia más visibles. Apostar por un lenguaje que no destruya al adversario, sino que lo reconozca como interlocutor, es ya una forma concreta de construir paz.
Ahora bien, precisamente porque el planteamiento es teológicamente sólido y pastoralmente oportuno, la expectativa que suscita no es menor: que no quede reducido a formulaciones bien intencionadas. Su credibilidad dependerá, en gran medida, de su capacidad de encarnarse en prácticas verificables. El desafío deja de ser retórico para volverse ineludible: implica revisar, primeramente, estilos de gobierno eclesial, someter a discernimiento las formas de ejercicio de la autoridad y replantear, con mayor hondura, la relación con el laicado. Porque, de no hacerlo, el riesgo no es solo la incoherencia, sino la reiteración de un discurso que, por falta de concreción, termina por vaciarse de fuerza transformadora.
Si la Conferencia Episcopal invita al diálogo social, ese mismo dinamismo ha de respirarse —con igual o mayor intensidad— en la vida interna de nuestras diócesis. De lo contrario, el riesgo es evidente: proponer hacia fuera lo que no siempre se vive hacia dentro.
En este punto, el momento histórico que vive el país añade urgencia. Ante un horizonte político incierto, la Iglesia —y de manera particular sus pastores— está llamada a ofrecer no solo palabras orientadoras, sino espacios reales donde el tejido social pueda recomponerse, en la cercanía y en la capacidad de generar confianza.
La Carta Pastoral, leída en esta clave, no es tanto un punto de llegada como una puerta que se abre. Su mayor valor reside, quizás, en haber puesto sobre la mesa una intuición necesaria: sin diálogo no hay paz, y sin una Iglesia que encarne ese diálogo, difícilmente podrá proponerse de manera creíble a la sociedad.
Queda ahora lo más exigente y, al mismo tiempo, lo más fecundo: hacer de esa intuición un estilo, de ese llamado una práctica y de esa propuesta una experiencia concreta en la vida de nuestro pueblo.
Por si alguien tenía dudas, el presidente Chaves lo dijo con claridad: “ya tenemos el poder ejecutivo y el legislativo nos falta el Poder Judicial”.
Lo dijo ante uno de los sectores más reaccionarios del país, el grupo de pastores evangélicos. Chaves quiere controlar todos los poderes del Estado para impulsar sus políticas autoritarias.
El autoritarismo de extrema derecha se llama en Costa Rica Rodriguismo, que es el calificativo que le han puesto sus propios seguidores.
El autoritarismo rodriguista quiere controlar y dominar los tres poderes de manera absoluta, es decir, sin minorías que estorben sus políticas.
Tampoco esconden sus propósitos políticos de crear un régimen que imponga limitaciones e incluso suspensión de las libertades públicas en los lugares que consideren necesario, limitar al máximo las garantías judiciales, restringir la libertad condicional, así como las medidas cautelares o provisionales, perseguir a los disidentes; realizar contrataciones sin licitaciones, imponer las jornadas de 12 horas y brincarse cualquier prohibición o respeto por los derechos ambientales, restringir cada vez más los derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, para citar solo algunas restricciones.
Lo que parecía un imposible hace 10 años es una realidad actualmente. Estamos en presencia real de que en Costa Rica se imponga un régimen parecido al de Bukele en El Salvador, con características nacionales, aunque esencialmente igual.
Pero como se refleja del resultado de las pasadas elecciones, la mayoría de costarricenses rechaza este proyecto. El rodriguismo solo obtuvo cerca de un tercio de los votos del padrón electoral.
Sin embargo, la iniciativa política la tiene el llamado rodriguismo.
Muchos ciudadanos tienen miedo de opinar y de actuar por temor a represalias laborales o de ataques personales. El reciente caso de la jueza de ejecución de la pena lo evidencia.
Muchos ciudadanos que ocupan puestos de dirección en el país están temerosos, paralizados, ya sea por el miedo o por cálculo, sin comprender que el autoritarismo rodriguista no se detiene ni tiene consideración por nadie. Chaves solo acepta la incondicionalidad absoluta, en el instante en que haya algún signo de criticidad, será convertido en mafioso, rata, chicharronero, estúpido y sometido al escarnio incluyendo a su familia. Este es el único sistema que acepta Chaves, el silencio, la abyección, la ignominia, la humillación, el vasallaje. Hemos tenido 4 años de ello por lo que no es invento.
Desgraciadamente muchos de sus seguidores han confundido mentira, ofensa o calumnia, malacrianza, con verdad y valentía. Piensan que eso es lo correcto, aunque no reparan en que el autoritarismo no es bienestar popular sino beneficios para unos pocos.
Ante esta guerra que está claramente anunciada para someter a todas las instituciones al capricho o órdenes de un señor, los sectores más conscientes política y socialmente tendrían que forjar un frente común contra el autoritarismo rodriguista.
Ese frente común deberá iniciar en la Asamblea Legislativa donde desde ahora se avizoran actuaciones contrarias al reglamento y las leyes. El PLN, el FA, la Unidad y el CAC, deberían firmar un compromiso claro contra el autoritarismo, un escudo contra los cantos de sirena de la unidad nacional que es el camuflaje para engañar a muchos. En los primeros meses la presión del Ejecutivo, de los diputados oficialistas y de grupos civiles, será descomunal.
Por ello solo un compromiso claro podrá asegurar la unidad, el rechazo a las tesis autoritarias y la aprobación de proyectos para el bienestar de la gente.
Ese frente debería tener como complemento, a las organizaciones sociales, los sindicatos, estudiantes, campesinos, comunales, ya que serán los que sufrirán el golpe a sus condiciones de vida. Frente al autoritarismo, la lucha y la defensa de los interese del pueblo, la Caja, los seguros, los aumentos de salario, la educación pública, las garantías para el productor agrícola, la defensa del medio y los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual.
Un frente común que incluya a todos los ciudadanos que están en contra del autoritarismo rodriguista.
Parece ser esta es la tarea política más importante en este momento histórico.
No basta con resistir al chavismo, hay que pasar a la ofensiva.
En los últimos días, declaraciones de actores políticos costarricenses han encendido una señal de alerta que no debería ser ignorada. No se trata simplemente de referencias religiosas en el discurso público —algo que, en sí mismo, no es nuevo— sino de un giro más profundo: la utilización sistemática de lo religioso como fundamento de legitimidad política.
Cuando una presidenta electa se define como un “vaso vacío” para que Dios la llene, cuando un gobierno es presentado como “un milagro”, y cuando se afirma que un líder político “se dejó usar por Dios”, no estamos ante expresiones personales de fe. Estamos ante la construcción de un relato donde el poder político deja de justificarse en la deliberación democrática para anclarse en una autoridad trascendente.
Este desplazamiento no es menor. En una democracia constitucional, el poder se legitima en la voluntad popular expresada a través de procedimientos, en el respeto al derecho y en la posibilidad permanente de crítica. Como ha señalado Jürgen Habermas, en sociedades pluralistas las decisiones públicas deben poder justificarse en términos accesibles a todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas (Habermas, 2006). Cuando el fundamento del poder se traslada a la voluntad divina, ese criterio de justificación común se rompe.
Pero el problema no se agota ahí.
Estas declaraciones se insertan en un patrón discursivo más amplio, observable en distintos contextos internacionales, donde sectores de la derecha política han articulado una narrativa que combina religión, moralidad absoluta y proyecto de poder. Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Europa y América Latina, se repite una misma lógica: el líder no solo gobierna, sino que encarna una misión; la política no es un espacio de desacuerdo legítimo, sino una lucha entre el bien y el mal; y el adversario deja de ser un contendiente democrático para convertirse en un enemigo moral.
En este contexto, cobra especial relevancia la reiterada apelación al “pueblo”. La idea de que el “pueblo” debe recuperar los poderes del Estado —incluido el Poder Judicial— parece, en apariencia, una reivindicación democrática. Sin embargo, esta apelación encubre una operación más compleja: la redefinición de quién es el pueblo legítimo.
Como ha planteado Ernesto Laclau, el “pueblo” no es una realidad dada, sino una construcción política que articula demandas diversas bajo una identidad común (Laclau, 2005). En los últimos años, esta construcción ha sido capturada por discursos que buscan identificar al pueblo con una identidad moral y religiosa específica. En palabras de Joanildo Burity, asistimos en América Latina a intentos de redefinir el pueblo nacional como “pueblo evangélico”, en el marco de proyectos con aspiraciones hegemónicas.
El problema es evidente: cuando el pueblo deja de ser el conjunto diverso de ciudadanos y se convierte en una comunidad moral homogénea, la democracia deja de ser un espacio de pluralismo para transformarse en un proyecto de exclusión. Como advierte Chantal Mouffe, la democracia requiere reconocer el carácter legítimo del conflicto y la pluralidad de identidades; cuando ese conflicto se moraliza en términos absolutos, se erosiona la lógica democrática (Mouffe, 2018).
¿Quién queda entonces fuera de ese “pueblo”? ¿Qué lugar ocupan quienes no comparten esa identidad religiosa? La respuesta implícita en estos discursos es inquietante: quedan simbólicamente excluidos.
Este riesgo se vuelve aún más grave cuando se articula con propuestas orientadas a “recuperar” el Poder Judicial. En una democracia, el Poder Judicial no es un botín político ni un espacio a ser conquistado por mayorías circunstanciales. Es, precisamente, el contrapeso que garantiza derechos, limita el poder y protege a las minorías frente a posibles abusos.
Cuando la intención de intervenir o controlar ese poder se enmarca, además, en un discurso que invoca la voluntad divina, el problema deja de ser retórico para convertirse en institucional. Como advierte la literatura contemporánea sobre populismo y religión, la articulación entre moral religiosa, liderazgo carismático y proyecto de poder puede derivar en formas de desdemocratización o incluso en escenarios “posdemocráticos”, donde las instituciones formales subsisten, pero su contenido se vacía progresivamente.
Ahora bien, es importante decirlo con claridad: el problema no es la religión en la esfera pública. América Latina cuenta con una rica tradición de pensamiento religioso comprometido con la justicia social, la dignidad humana y la crítica al poder. La teología de la liberación y las experiencias ecuménicas son prueba de ello.
Precisamente por eso resulta llamativo —y preocupante— el relativo silencio o la baja visibilidad de estos sectores frente a la creciente instrumentalización de lo religioso por parte de proyectos políticos conservadores. La ausencia de voces religiosas que reivindiquen una ética del poder centrada en la justicia, la inclusión y el respeto al pluralismo deja el campo simbólico de lo religioso en manos de discursos que lo utilizan como herramienta de legitimación y exclusión.
Ese silencio no es neutro.
Permite que se consolide una narrativa donde la fe se convierte en criterio de pertenencia política, donde la moral se absolutiza y donde el poder se blinda frente a la crítica. En ese escenario, la democracia no se destruye de un golpe; se erosiona progresivamente, desplazando sus fundamentos desde el derecho hacia la creencia.
Costa Rica no está, por ahora, ante una ruptura institucional. Su tradición democrática, sus controles constitucionales y su inserción en el sistema interamericano de derechos humanos siguen operando como límites reales. Pero eso no debería llevarnos a la complacencia.
Las democracias no suelen caer de un día para otro. Se transforman gradualmente, muchas veces a través de cambios en el lenguaje, en los símbolos y en las formas de justificar el poder.
Cuando la política comienza a hablar en nombre de Dios, cuando el pueblo se redefine en términos religiosos y cuando los contrapesos institucionales se presentan como obstáculos a ser superados, no estamos ante anécdotas discursivas. Estamos ante señales de advertencia.
Ignorarlas sería un error.
Referencias:
Habermas, J. (2006). Entre naturalismo y religión.
Laclau, E. (2005). La razón populista.
Mouffe, C. (2018). Por un populismo de izquierda.
Burity, J. (2019). “El pueblo evangélico: construcción hegemónica…”
El crecimiento del uso de herramientas de inteligencia artificial en entornos académicos ha abierto nuevas oportunidades, pero también preguntas urgentes sobre aprendizaje real, originalidad y ética. Con ese enfoque, PraxisLab506 organiza el taller virtual “Escribir con sentido en la era de la IA”, una propuesta orientada a estudiantes universitarios, familias, docentes y personas interesadas en fortalecer la escritura crítica sin depender de sistemas automatizados.
La actividad será impartida por Ingrid Bermúdez Vindas, metodóloga y filóloga con más de 30 años de experiencia en revisión de tesis, trabajos académicos, libros y textos profesionales, quien ha investigado de forma amplia los efectos del uso indiscriminado de la IA en la producción escrita.
Aprender a usar la IA sin perder la voz propia
Según la información compartida por la organización, el taller no se centra en aplicaciones tecnológicas ni en enseñar plataformas específicas, sino en reflexionar sobre el lenguaje, la integridad académica y el pensamiento crítico.
Entre los temas que se desarrollarán destacan:
Diferenciar textos generados por IA de textos con producción original.
Evitar el plagio encubierto.
Reconocer errores y vicios del lenguaje automatizado.
Utilizar la IA como herramienta de apoyo sin perder criterio propio.
Fortalecer el aprendizaje significativo.
Revisar normas universitarias vinculadas con ética académica.
La facilitadora advierte que muchos textos aparentemente correctos carecen de pensamiento propio y presentan errores idiomáticos frecuentes, fácilmente detectables por especialistas.
Modalidad práctica e interactiva
El taller se plantea con una metodología dinámica y participativa, buscando que las personas desarrollen capacidades concretas para producir textos originales y sólidos, aprovechando la tecnología de forma responsable.
Este grupo tendrá carácter de pilotaje, por lo que se ofrece con precio introductorio.
PraxisLab506 informó además que esta capacitación puede ofrecerse posteriormente a universidades y otras entidades, tanto en modalidad virtual como presencial, dentro y fuera del país.
Observatorio Económico y Social Escuela de Economía, UNA
El eventual diseño de medidas debe considerar, además, el impacto del encarecimiento de los fertilizantes sobre la producción agrícola.
Tras vencerse el plazo inicialmente acordado para un cese de hostilidades en el Medio Oriente, este fue prorrogado de forma indefinida con el objetivo de avanzar hacia una solución permanente. No obstante, persisten los bloqueos marítimos y el tránsito de buques mercantes por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz continúa lejos de normalizarse. En este contexto, la incertidumbre global se mantiene elevada y los precios del petróleo y sus derivados —incluidos los fertilizantes nitrogenados— permanecen muy por encima de los niveles previos al conflicto.
A pesar de este escenario, y de los anuncios de posibles ajustes en los precios de los combustibles previstos para mayo, en Costa Rica aún no se observa una discusión amplia ni un planteamiento claro de medidas para mitigar los efectos de esta coyuntura.
De aprobarse el aumento anunciado en el precio del diésel, este combustible acumularía entre abril y mayo un alza cercana al 32% (+169 colones). Aunque su impacto directo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería relativamente limitado, sus efectos indirectos serían significativos, al trasladarse a los precios de otros bienes y servicios mediante mayores costos de producción. En particular, el encarecimiento del diésel presionaría los costos del transporte de carga y del transporte público, este último ya afectado por una crisis estructural que ha derivado en el abandono de más de 100 rutas de autobús en los últimos años.
En el caso de las gasolinas, la regular acumularía a mayo un incremento de 23,6% por litro (+143 colones), mientras que la súper registraría un aumento de 12,8% (+81 colones). Por su parte, el gas licuado —de uso intensivo en hogares de menores ingresos y pequeños negocios de alimentos— habría aumentado un 5,8%, pasando de ¢6.867 a ¢7.263 por cilindro de 25 libras (+¢396), lo que introduce presiones adicionales sobre el costo de vida, especialmente en los hogares más vulnerables[1].
Otro foco de preocupación es el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, cuyos precios han aumentado con rapidez desde el inicio del conflicto. Esto responde, en parte, a que entre el 30% y el 40% del comercio global de estos insumos transita por el Estrecho de Ormuz, así como al incremento cercano al 20% en el gas natural —insumo que representa hasta el 80% de los costos de producción de estos fertilizantes— (Xpert, 2026). Como resultado, los precios internacionales se han ajustado de forma inmediata: en el caso de la urea, uno de los fertilizantes más utilizados, su precio ha pasado de aproximadamente $415 a inicios de año (Forbes, 2026) a niveles cercanos a $850 por tonelada en Medio Oriente y $694 en el Golfo de México (Investing, 2026).
El encarecimiento de este insumo clave tendrá efectos importantes sobre los precios de los alimentos, replicando —e incluso potencialmente amplificando— lo observado tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, cuando la inflación de alimentos superó ampliamente a la inflación general y se mantuvo elevada por un periodo prolongado. En esta ocasión, el impacto podría ser mayor, dadas las debilidades estructurales del sector agrícola nacional y la creciente dependencia de importaciones alimentarias.
A estos factores se suman riesgos adicionales provenientes del entorno internacional. Un menor dinamismo de los principales socios comerciales podría traducirse en una caída de la demanda por exportaciones costarricenses; al mismo tiempo, podrían registrarse mayores precios internacionales de los alimentos, reducciones en la producción agrícola global, incrementos en los costos del transporte aéreo y marítimo, encarecimiento de los boletos aéreos e incluso riesgos de escasez de combustible para aviación —aunque este último aún no se ha materializado—. Todo ello podría venir acompañado de tasas de interés más altas y mayores costos de financiamiento externo.
En conjunto, se configura un escenario de elevada incertidumbre y múltiples canales de transmisión hacia la economía costarricense, cuyos efectos aún no se manifiestan plenamente, pero que previsiblemente se intensificarán en los próximos meses.
Ante este escenario de crecientes riesgos para la economía costarricense, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, hace un llamado firme y respetuoso a las fuerzas políticas del país para alcanzar, con la mayor celeridad posible, un acuerdo que permita definir e implementar medidas urgentes de preparación y mitigación. En esa línea, y con el propósito de contribuir al debate, se plantean las siguientes propuestas:
Evitar un mayor deterioro del transporte público. Resulta prioritario prevenir el abandono de rutas y la profundización de la caída en la demanda del servicio. Para ello, es urgente implementar un mecanismo de compensación ante el fuerte incremento en el precio del diésel; entre las alternativas, destaca la posibilidad de retomar la exoneración del impuesto a este combustible para el transporte público, propuesta ya considerada en 2008, cuyas limitaciones técnicas podrían hoy superarse mediante esquemas más precisos de control y focalización.
Mejorar la calidad y atractivo del transporte público. Es necesario avanzar en la construcción de terminales de autobuses, mejorar la infraestructura de paradas —con un rol activo de los gobiernos locales— y fortalecer la seguridad y accesibilidad en estos espacios, con el fin de incentivar su uso y revertir la caída en la demanda del servicio.
Acelerar la transición hacia buses eléctricos. El principal obstáculo sigue siendo el alto costo inicial de inversión; en este sentido, el país podría crear un fondo de avales —similar al implementado durante la pandemia por COVID-19— que facilite el acceso al financiamiento para las empresas autobuseras, reduciendo riesgos y acelerando la renovación de la flota hacia tecnologías más limpias y eficientes.
Ampliar el uso del teletrabajo a nivel nacional. Se propone establecer su aplicación obligatoria en el sector público y promover activamente su adopción en el sector privado, evaluando además ajustes normativos que faciliten su implementación en todas aquellas actividades donde sea técnica y operativamente viable, con el fin de reducir costos de movilidad y consumo de combustibles.
Fomentar la virtualización en la educación superior. En los casos donde existan condiciones institucionales y tecnológicas adecuadas, promover la modalidad virtual como complemento a la presencialidad, con el fin de reducir los costos de movilidad, el consumo de combustibles y el congestionamiento vehicular, sin detrimento de la calidad académica.
Apoyar al sector agrícola frente al encarecimiento de insumos. Se propone implementar mecanismos de apoyo para la adquisición de fertilizantes, ya sea mediante compras públicas para su distribución subsidiada —priorizando a pequeños productores— o a través de transferencias directas que compensen parcialmente estos costos, con el fin de mitigar su impacto sobre la producción y los precios de los alimentos.
Establecer un subsidio focalizado al combustible para productores agrícolas. Este podría estructurarse mediante un mecanismo similar al utilizado en otros sectores para el reconocimiento de gastos de combustible, incorporando criterios de focalización, eficiencia y uso racional del recurso, con el fin de reducir costos de producción sin generar distorsiones significativas.
Promover la coherencia en el uso de los fondos públicos. Se propone revisar y reducir a 200 litros mensuales la asignación de combustible otorgada a cada persona diputada, con el fin de alinear este beneficio con criterios de austeridad, eficiencia y uso racional del recurso.
Reformular el apoyo al sector pesquero. Se propone sustituir la actual exoneración del diésel por un subsidio directo, con criterios claros de focalización y mecanismos de verificación, a fin de mejorar el control, la transparencia y la eficiencia en el uso de este beneficio, evitando filtraciones y distorsiones.
Plantear ajustes tributarios a fin de garantizar los ingresos necesarios para financiar estos apoyos. Se propone fortalecer los mecanismos de control sobre los pagos mediante SINPE Móvil, con el fin de reducir su uso como vía de evasión del IVA; asimismo, valorar el incremento del impuesto a la propiedad de vehículos de mayor valor o cilindrada, así como de embarcaciones y aeronaves. De forma complementaria, considerar otros ajustes como el aumento de peajes y la implementación de impuestos ambientales, con el objetivo de generar ingresos adicionales en el corto plazo de manera progresiva y consistente con criterios de sostenibilidad.
En conjunto, estas medidas buscan no solo mitigar los efectos inmediatos del shock externo, sino también fortalecer la resiliencia de sectores clave de la economía nacional frente a un entorno internacional altamente incierto.
Observatorio Económico y Social Escuela de Economía, UNA 24 de abril de 2026
Xpert (2026, abril 23). Urea | Miles de millones con urea: Nanofertilizantes y amoníaco verde: ¿Está el mercado mundial de la urea al borde del colapso?https://xpert.digital/es/urea/
[1] Para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la inflación promedio de la economía, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) da seguimiento a los precios de 289 bienes y servicios; dentro de esta canasta, destaca la gasolina como el tercer rubro de mayor ponderación (3,6%), mientras que el transporte en autobús (2,2%), el diésel (0,40%) y el gas licuado (0,35%) también presentan participaciones significativas, lo que refleja la importancia de estos bienes y servicios en el gasto de los hogares y, por ende, su incidencia en el comportamiento del IPC.
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