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Las raíces históricas de la Contraloría General de la República

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La Contraloría General de la República es una institución del Estado costarricense, surgida al calor de la Revolución de 1948, cuando se instaló la Junta Fundadora de la Segunda República, quien la impulsó. Antes de 1948 esta institución como tal no existía, lo que facilitaba la corrupción y la mala administración pública del período histórico anterior. Lo que existía desde 1922 era un órgano llamado Centro de Control.

Instalada la Junta, en su sesión No. 83, el 15 de marzo de 1949, se comentó “la necesidad de crear la Contraloría General de la República. ”En esa misma sesión se señaló que se “hará la Ley y se someterá a la Constituyente para que ésa haga el nombramiento de Contralor General de la República.”

Cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en 1949, en el Proyecto de Constitución Política, elaborado por la Comisión nombrada por la Junta Fundadora de la Segunda República, se estableció en su parte introductoria y justificativa, un apartado a la Contraloría General de la República que indicaba:

“Como un departamento auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública y de la correcta ejecución del Presupuesto Nacional, pero con absoluta independencia funcional y administrativa se crea la Contraloría General de la República, institución que ya existió entre nosotros, desde que por reforma constitucional de 1922 se creó el mal llamado Centro de Control. La importancia de esta Institución, si se la llega a organizar como un organismo estrictamente técnico y se la dota de directores capacitados y responsables, no es necesario ponderarla. Existe en casi todos los países sudamericanos como organismo constitucional, y hay algunos de ellos, como Panamá y Colombia, donde ha llegado a tener tal relevancia que el Contralor General es considerado el segundo funcionario de la República, después del Presidente. Viene a ser, además, el necesario complemento para los principios consignados en relación con el Presupuesto Nacional.

En el proyecto se hace gozar al Contralor y al Sub-Contralor de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea para destituirlos, por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si se les llagare a comprobar dolo, culpa o ineptitud en el ejercicio de sus funciones, o mala conducta”.

Quedaba claro en esa filosofía que la Contraloría General de la República debería ser un “departamento auxiliar” , así propuesto originalmente, de la Asamblea Legislativa. Debería ser un “organismo estrictamente técnico”, con “directores capacitados y responsables”, que tuviera amparo constitucional, como existía en otros países latinoamericanos. Se enfatizaba en la idea deseable que el Contralor General de la República llegar a ser “considerado el segundo funcionario de la República, después del Presidente”.

En la propuesta de la Junta de Gobierno el Contralor y el Subcontralor debían tener “inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes”, y solo la Asamblea legislativa puede sustituirlos, así como nombrarlos.

Cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en el Proyecto de Constitución Política elaborado por la Comisión nombrada por la Junta Fundadora de la Segunda República, se justificó la existencia de la Contraloría General de la República, en varios artículos. En el artículo 189, de la formación de las leyes, en el período de sesiones ordinarias, se señaló que la Contraloría General de la República, “tendría esa iniciativa”. En el Artículo 204, se señaló que Asamblea no podrá discutir moción de aumento a los egresos ni tramitar ninguna solicitud para ampliar el Presupuesto vigente, con el fin de hacer nuevos gastos o suplir deficiencias de las rentas, si no se señalan nuevos ingresos que cubra, previo informe de la Contraloría sobre la efectividad fiscal de los mismos. Si el informe fuere desfavorable al proyecto, solo podrá ser aprobado por ley extraordinaria”. En el Artículo 208 se ordena que “el Ministerio de Hacienda deberá enviar a la Contraloría la liquidación del Presupuesto, a más tardar el 1º de marzo siguiente al vencimiento del mismo; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen a más tardar el 1º de mayo siguiente. En el dictamen se hará constar las infracciones cometidas en la ejecución de Presupuesto, debiendo señalarse, en cuanto fuere posible al funcionario o funcionarios responsables. En caso de diferencias de orden numéricos entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría, o entre alguno de ellos y la Asamblea, decidirá en definitiva el Tribunal de Cuentas de que habla en artículo 211”.

Igualmente se estableció, en el proyecto constitucional, un Capítulo V, referido a la Contraloría General de la República, que en su parte medular dice:

“Artículo 210. La Contraloría General de la República será un departamento auxiliar de la Asamblea Legislativa, en la vigilancia de la Hacienda Pública y de la correcta ejecución del Presupuesto Nacional, pero gozará de absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.

Artículo 211. La Contraloría General de la República tendrá plena competencia administrativa en todos los asuntos referentes al examen, glosa y fenecimiento de cuentas de los funcionarios o empleados encargados de recibir, entregar o custodiar fondos o bienes públicos, que en sentencia deberá aprobar o rechazar en todo o en parte. Esa sentencia será apelable ante el tribunal de cuentas que designe la Corte Suprema de Justicia en la forma que determine la ley.

La Contraloría tendrá, además, las otras funciones que esta Constitución indique, y las que las leyes pongan a su cargo.

Artículo 212. No se publicará en el Diario Oficial ningún acuerdo de pago con cargo al Tesorero Nacional giro u orden de pago contra los fondos del Estado, sino cuando la Contraloría haya visado el acuerdo respectivo.

Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que, por circunstancias muy especiales, considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, en este caso, el Ejecutivo deberá comunicarlo así por escrito a la Contraloría y la Tesorería, e informar inmediatamente en nota confidencial a la Asamblea Legislativa.

Artículo 213. La Contraloría estará a cargo de un Contralor y de un Subcontralor. Ambos serán nombrados por la Asamblea Legislativa dos años después de haberse iniciado el período presidencial, durarán en sus funciones un período fijo de ocho años, pudiendo ser reelectos por votación no menor de las dos terceras partes del total de los miembros de los Supremos Poderes.

El Subcontralor aparte de las funciones propias que la ley le asigne, sustituirá al Contralor en sus ausencias temporales.

Dichos funcionarios podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare dolo, culpa o ineptitud en el ejercicio de sus funciones, o mala conducta.”

De igual manera, en el Artículo 252, referido a las Municipalidades se indicó que los presupuestos municipales “requerirán para entrar en vigencia la aprobación de la Contraloría General de la República y quedarán sujetos a la fiscalización superior de ese organismo”.

De manera contundente se señalaba en el Artículo 264, que los “presupuestos ordinarios y extraordinarios de las Instituciones Autónomas serán formuladas por cada una de ellas, pero los de índole administrativa requerirán, para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General de la República, y su ejecución y liquidación estarán fiscalizadas por esta última”.

Al crearse la Contraloría General de la República en su ley constitutiva en sus artículos 1 y 2 se dice:

“Artículo 1.- Naturaleza Jurídica y Atribución General. La Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley.

Artículo 2.- Garantía de Independencia. En el ejercicio de sus potestades, la Contraloría General de la República goza de absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la ley. El Contralor General de la República y el Subcontralor General de la República responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones.”

Aquí se afirma a la Contraloría General de la República como “órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de fiscalización que contempla esta Ley”, con “Garantía de Independencia el ejercicio de sus potestades”, con “absoluta independencia funcional y administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público”, cuyas “decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución Política”, y que el “Contralor General de la República y el Subcontralor General de la República responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones”.

En la Constitución Política vigente los artículos 24, 175, 179, 180, 181, 187 y los artículos 183 y 184, del Capítulo V, referido específicamente, a la Contraloría General de la República, se regula las funciones y obligaciones de la Contraloría General de la República, que son de estricto conocimiento, y acatamiento en lo que corresponda, de quienes ejercen los Poderes de la República, y están al frente de las instituciones del Estado y la Administración Pública.

Históricamente la Contraloría General de la República ha funcionado constitucionalmente con los gobiernos de Otilio Ulate Blanco, José Figueres Ferrer, Mario Echandi Jiménez, Francisco Orlich Bolmarcich, José Joaquín Trejos Fernández, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós, Rodrigo Carazo Odio, Luis Alberto Monge Álvarez, Oscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Oscar Arias Sánchez, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera, Carlos Alvarado Quesada, y existe con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles.

El Contralor General de la República es un funcionario que se nombra por períodos de ocho años pudiendo ser reelegible en su cargo por la Asamblea Legislativa. Los Contralores Generales han sido Amadeo Quirós Blanco (1950-1956), Francisco Ruiz Fernández (1956-1961), Jorge Nilo Villalobos Dobles (1961-1964), Eugenio Rodríguez Vega (1964-1970), Roberto Jesús Losilla Gamboa (1970-1972), Rafael Ángel Chinchilla Fallas (1972-1987), Elías Soley Soler (1987-1992), Samuel Hidalgo Solano (1992-1996), Luis Fernando Vargas Benavides (1996-2004), Alex Solís Fallas (2004-2005), Rocío Aguilar Montoya (2005-2012) y Marta Acosta Zúñiga (desde el 2012 hasta hoy).

En el caso de la actual Contralora, que lleva ejercicio de su cargo 14 años, también había sido Sub Contralora en el periodo 2004-2012, siendo de todos los Contralores la única persona que se desempeñó en ambos cargos. Por ello, su experiencia, la dignidad, honestidad, honradez, probidad, señorío, capacidad, profesionalismo e idoneidad con que ejerce su cargo es la experiencia acumulada de 20 años de trabajo, de hecho, al frente de la Contraloría General de la República.

Solo en un caso, en el 2005, el Contralor ha sido removido por la Asamblea Legislativa.

En toda la vida institucional, desde su existencia, nunca había habido por parte de ningún Presidente de la República, ataque, descalificación, ni puesta en duda de las gestiones de la Contraloría.

El actual Presidente Rodrigo Chaves Robles, ha sido quien incluyó a esta institución en sus expresiones descalificadoras, acusándola de debilidad ante los anteriores gobiernos, y de severidad con su gobierno.

La presión que ha querido ejercer con la Contraloría tampoco se vio en otros gobiernos. Las reuniones que tuvieran los presidentes anteriores con contralores nunca se vieron denunciadas como falsamente comunicadas por el Mandatario de lo tratado en esas reuniones. Ni nunca, en estos 72 años de existencia de la Contraloría, se le ha obligado al Presidente a reunirse con la Contralora de cara al público, grabada la conversación, para evitar falsificaciones de lo que se trate.

Respeto es lo que siempre ha habido con las decisiones de la Contraloría aun cuando no se compartan sus decisiones técnico-jurídicas.

La acusación del Presidente no ha sido a la actual Contralora. Ha sido a los anteriores contralores de a haber sido complacientes, dóciles o agachados ante los anteriores gobernantes, situación que quisiera el actual presidente de la Contralora General de la República.

El problema fundamental de los gobernantes es saber que tienen que someterse a un Estado de Derecho, a un régimen legal al que deben someterse en el ejercicio de su cargo, a un respeto institucional y jurídico a la independencia, autonomía de las Instituciones y Poderes Públicos en la especificidad y especialidad de sus funciones.

No es bajándole el piso ni legitimidad a una institución como la Contraloría General de la República como se debe gobernar.

El poder de una funcionaria, mujer, al frente de una institución por sí poderosa institucionalmente no debería molestarle a ningún Mandatario, salvo que su gobernanza se exprese en una misoginia institucional, de odiar, rechazar, despreciar a las funcionarias, mujeres, que no puede mandar y darle órdenes que deben acatar.

¿Bolivia, un posible Estado fallido?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Vladimir Huarachi Copa

En el mundo académico se dice que el concepto de Estado fallido, carece de precisión a causa de ser utilizado de forma indiscriminada y abiertamente que entra en riesgo de ser aplicado para caracterizar a todo Estado que, en un momento dado, tenga problemas de estabilidad, ya sea política o económica, o cualquier otra de orden interno. También se le señala de ambiguo, ligero y políticamente utilizado por las potencias mundiales con el propósito de mantener o lograr sus intereses.

Sin embargo, en este escrito no se pretende hacer uso de algunas precisiones vinculado al concepto de Estado fallido, con el fin de validar la situación crítica que vive el país, sino, como una posibilidad producto de los eventos por los que está transitando el Estado, en este caso, en torno al contexto judicial; esto desde que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hicieron conocer la prórroga de su mandando hasta que la Asamblea Legislativa preseleccione a candidatos, en diciembre de 2023.

Con base en lo anterior mencionado, ¿por qué se dice que Bolivia estaría transitando a un posible Estado fallido vinculado a la justicia? Por una parte, se puede decir que, debido a la prórroga de mandado del TCP, lo cual, se puede entender como abuso de poder y ataque contra la democracia. Por otra, a causa del manejo deficiente e incapacidad del TCP de dar respuesta a las demandas de la población. Con los cuales, el TPC ha expuesto una ausencia de institucionalidad consistente y reconocible, con ineptitud de representar al Estado ante su población y ante al exterior.

En ese sentido, lo anterior muestra al gobierno como incapaz de lograr estabilidad política por sus propios medios, por lo que, requirió de ayuda del TCP. Esto, se puede decir, a causa de haber perdido el monopolio en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con lo que ha generado una crisis jurídica generalizada. Lo cual, está llevando al país a un proceso de debilitamiento o Estado fallido a través de un conflicto jurídico interno, en contubernio del gobierno y TCP en contra de las facciones políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en desacuerdo con los magistrados autoprorrogados; por ende, en contra la ciudadanía boliviana.

Joven de 20 años al banquillo de acusados: periodistas deportivos dictan sentencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Valverde Morales

El entrenador Vladimir Quesada del deportivo Saprissa, defendió como león a su cachorro, Douglas Sequeira, lanzado a la manada de periodistas deportivos en los albores de su carrera.

El titular del periódico La Nación, no puede ser más cruel, personas quienes si acaso han pateado la bola, dando el veredicto en los albores del quehacer deportivo de un muchacho.

Algunos más comedidos, otros como jueces implacables, en medio el entrenador empático, solidario, piadoso, magnánimo, justo con su novel jugador.

Con el respeto característico en él, el verbo prudente, comedido, le espetó al periodista con el dedo inquisidor de la pregunta, si nunca, conjuntamente con sus colegas, se habían equivocado.

Me encantó esa pose humana de Vladimir Quesada, el aficionado saprissista debe arropar al muchacho, no para consentirle los naturales, humanos errores, más bien, para hacerle saber en los albores de su carrera y la vida, el mundo es más que un balón tratado a las patadas.

En el partido de la existencia hay ganadores efímeros, los triunfadores se definen al final del camino, para el joven Sequeira, apenas empieza.

Algunos comunicadores ya lanzaron la primera piedra, con valentía, el entrenador se colocó al frente del muchacho, para evidenciar a los supuestos libres de pecado.

¡Muy bien Vladimir, así de hace!

¡Es con usted!, Mario Vargas, candidato a alcalde de Johnny Araya

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Todos sabemos que usted, como vicealcalde por ocho años de Araya, ha sido «su mano derecha», su escudero, su «cubre tortas», pero también su cómplice. Por eso nos dirigimos a USTED en esta oportunidad.

Usted sabe que, por decenas de años, el Hospicio de Huérfanos cumplió una magnífica labor, en pro de la niñez más necesitada. Por eso, para fortalecer su tarea, la Asamblea Legislativa aprobó como fuente necesaria de financiamiento, que el 50% de las ganancias de los festejos populares de San José, les fueran transferidos a ese Hospicio regentado por monjitas. Pero, un día el diablo se le metió a Johnny Araya y al resto de la «banda municipal», y en un acuerdo insólito, además de inhumano, acordaron vergonzosamente «interpretar», que las corridas de toros de Zapote, «NO formaban parte de las festejos populares». Así, con ese maldito acuerdo, ¡con el cual USTED estuvo de acuerdo!, determinaron que los dineros que antes pasaban al Hospicio se quedaran para gastos municipales.

¡Quebraron el Hospicio! producto de esa maldad!, y así, cientos de niños que hubiesen sido acogidos y educados bajo su alero, pasaron a ser niños con hambre, sin abrigo, sin educación, niños de la calle.

Ante ello, los tribunales de justicia acogieron una demanda promovida por el caballista Rodolfo Camacho, por la cual, fueron condenadas las autoridades municipales a saldar una deuda de alrededor de ¢5000 millones, acumulada a través de los años en que se la escamotearon a los niños huérfanos de San José. Sin embargo, con viles maniobras, matizadas de gran maldad, Johnny Araya, usted Mario Vargas y otros compinches de ambos, han obstaculizado el cumplimiento de la resolución judicial, que estando en firme, y sin más recursos legales posibles, ustedes, guiados por Johnny, se han negado a cumplir. Así que, don Mario, le preguntamos públicamente: ¿Estaría dispuesto a presentar la moción en su concejo municipal, que permita saldar esa deuda? Ello, por supuesto, ¿ANTES del próximo 4 de febrero?

La reforma al sistema de salud en Colombia y la oposición obtusa que la objeta

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

La Corte Constitucional tiene una función de defensa integral de la Constitución Política (CP91). La mediática golpista le da un carácter de órgano de control, lo cual no tiene, como también es falso que influya en lo de control y «equilibrio de poderes».

Las acciones contra las leyes aprobadas se llaman de control de constitucionalidad. No aplica sobre proyectos de ley en trámite en el congreso. Se detienen – esos especuladores, que no intérpretes – en el trámite que se está dando a la ley que reforma el sistema de salud. Dicen que es una ley estatutaria y el gobierno la adelanta como una ley ordinaria.

La obtusa oposición prepara el terreno anticipado que la ley será objetada cuando sea aprobada. Sabemos que independiente del trámite dado la mafia blanca la objetará. Se trata de una ley de reforma y no de creación de un sistema de salud, pues el trámite es de una ley ordinaria. Si se tratare de una ley que crea en Colombia un sistema de salud, como cuando se concibió la fatídica ley 100 de 1993, allí si nos encontramos con el trámite de una ley estatutaria o ley marco, como se conoce en el derecho comparado.

De otro lado, la alaraca sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional de admitir medidas cautelares de suspensión de efectos, en acciones de control de constitucionalidad de una ley, ya lo venía aplicando el Consejo de Estado para acciones contra actos administrativos o decretos.

Así que la suerte de la necesaria ley de reforma a la salud en Colombia está echada y otra cosa es que la enredadera jurídica la enmarañe, y la respuesta popular obvio que se saldrá de mi análisis jurídico.

La impunidad como política

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En lo que enero se acaba, ya el país ha entrado en un punto sin retorno en aquello que le quedaba como Estado observador de las garantías y derechos de sus ciudadanos.

No hay duda. Tenemos ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría y nuestros pueblos originarios, hacia los cuales el desprecio de la justicia y la omisión institucional, han acabado por marginarlos aún más de lo que históricamente los hemos mantenido.

En tanto el circo de las actuales autoridades gubernamentales mantiene mareada a la población con su comunicación lesiva y vulgar, sus funcionarios un día sí y otro también dan pena merced a sus actuaciones públicas, al tiempo que problemáticas sustantivas como la inseguridad y la pobreza siguen siendo observadas (y omitidas) de lejos por sus tecnócratas.

A contrapelo de este triste espectáculo, una acción a todas luces perjudicial de las autoridades de justicia del país decidió de buenas a primeras cerrar ad portas el caso del asesinato del líder indígena Sergio Rojas. El portazo, hay que decirlo, le dio en la cara a los pueblos originarios, el reconocimiento de sus derechos a sus tierras y sus tradiciones ancestrales.

Por este caso el estado costarricense ya había sido apercibido. Incluso antes de la muerte de Rojas se le había prevenido con medidas cautelares para su protección.

De nada sirvieron.

Hoy nos balanceamos entre la razón jurídica (menos justa ya) y la razón fáctica que controla territorios, normativas e instituciones. El mismo escenario que hoy tiene a países como Ecuador en una disputa entre actores del poder, donde las poblaciones en su gran mayoría resultan las grandes perdedoras.

La decisión de cerrar el caso por homicidio del líder indígena Sergio Rojas abona un terreno propicio para que la impunidad continúe haciendo su trabajo y se constituya en como política pública en un país en el que la justicia luce desequilibrada.

Un argumento más para cuestionarnos ese mito de la sociedad inclusiva que decimos ser.

Israel, ¿hasta dónde llegará su locura?

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Mg. José A. Amesty Rivera

No parece haber limites en el gobierno de Israel, para hacer «desaparecer» a los habitantes de Gaza, para perpetuar la guerra, y los medios por los cuales se pueda eternizar su hegemonía. En este sentido, deseamos compartir dos temas, que nos parecen increíbles de parte de Israel en relación con Gaza.

El primer tema es en base al artículo del investigador Dr. Izzeddin Araj » Utilización del esperma de soldados muertos en combate: la profunda militarización de la sociedad«, quien cita a la vez, a la profesora Nitza Berkovitch de la Universidad Ben Gurion de Israel.

Los autores, nos informan de una práctica, no nueva, de Israel, especialmente cuando entra en conflicto directo con Palestina. Esta práctica es la conocida como, reproducción asistida póstuma (RAP), que no es más que, la recogida de esperma de los cuerpos de soldados fallecidos para su «reproducción póstuma».

Se informa de un hecho a partir del 7 de octubre 2023, cuando «las familias de tres soldados caídos llegaron con una petición inusual: extraer esperma de los cuerpos de sus hijos fallecidos. Este procedimiento, conocido como aprovechamiento de esperma, ha ido ganando adeptos en Israel a lo largo de los años. La investigación científica sugiere la posibilidad de recuperar esperma hasta 72 horas después de la muerte».

Por un lado, la profesora Berkovitch y el investigador Araj señalan, la militarización de la sociedad israelí, donde los soldados se convierten en la encarnación colonial de la masculinidad nacional israelí. «Los militares son venerados como la encarnación de la masculinidad nacional, y el acto de paternidad póstuma se percibe como un homenaje a estos soldados caídos, un medio de garantizar que su legado perdure».

Por ejemplo, «en 2014, durante la guerra del régimen israelí contra Gaza que se saldó con el asesinato de más de 2.000 palestinos, en su gran mayoría civiles, los bancos de esperma israelíes registraron un aumento de la demanda de semen de soldados que servían en unidades de combate. Desde entonces, los bancos de esperma han incorporado activamente los antecedentes militares de los donantes en sus perfiles, y algunos bancos incluso rechazan donantes que no hayan servido en el ejército».

En fin, «mientras que las preferencias reproductivas en una sociedad profundamente militarizada producen y mantienen constantemente formas de masculinidad hegemónica, la continuidad buscada no es únicamente la de un individuo como miembro de la familia, hijo o incluso hombre, sino principalmente como soldado en una unidad de combate».

Por otro lado, la idea es perpetuar la sociedad israelí machista y patriarcal, surgida desde los inicios de este pueblo. Por supuesto, a partir de la formulación de la feminidad en Israel, basándose en considerar a las mujeres judías como madres, más que como ciudadanas o individuos.

Es lamentable «la inclinación entre muchas mujeres y parejas israelíes, a elegir esperma de soldados no es sorprendente, hasta el punto en que, el donante guerrero es a la vez el proveedor del producto y el producto básico en sí, y su semen se considera el portador material de su esencia espiritual. Esta esencia espiritual se percibe como su papel militarista, a la hora de proporcionar seguridad a la nación y llevar a cabo sus misiones nacionales». Es el binomio militarista y reproductor a perpetuar en Israel, pasando por lo patriarcal y masculino.

Esta idea o visión militar, por otro lado, tiene como base «el predominio de los militares en la sociedad israelí, ayuda a explicar por qué la guerra, el nacionalismo militarista y la violencia están tan profundamente arraigados en la ideología sionista. Israel es la consecuencia de un movimiento colonial de colonos militarizados que busca su legitimidad en el mito bíblico».

«Los pocos israelíes que se oponen a este nacionalismo militarista, especialmente después del 7 de octubre, han sido silenciados y perseguidos en Israel. La violencia genocida es casi exclusivamente el lenguaje que los líderes y ciudadanos israelíes utilizan para hablar con los palestinos y el mundo árabe».

En fin, «el objetivo primordial del colonialismo de colonos es la conquista total de la tierra palestina. Los pocos líderes israelíes que han intentado dominar el ejército, como el primer ministro israelí Levi Eshkol, han sido apartados por los generales». El Informe Chris Hedges con Miko Peled, 14 enero 2024. 

El otro tema, basado en el artículo de, Luis Ángel Reglero «Denuncian que cadáveres de palestinos devueltos por Israel a Gaza tienen órganos robados«, es la denuncia concreta que, en cerca de ochenta cuerpos que murieron en el norte de Gaza, han robado órganos según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Los órganos son: «hígados, riñones o corazones», pero también «córneas y cócleas (parte de la oreja)». 

«Israel entregó cerca de ochenta cuerpos en descomposición, difíciles de reconocer, tras haberlos sacado de diferentes zonas de la Franja. En muchos de ellos habían robado órganos, afirmó Hamás, en lo que calificó «un crimen de guerra» tras haber sido «exhumados de sus tumbas». Así como, “falta de moral y valores” por parte del Ejército de Israel».

Perpetuar la especie israelí, pasa hasta por robar órganos de sus enemigos, para montar un banco de órganos, y colocarlos en soldados y personas de Israel. En este caso, es contradictorio lo señalado de destruir a los y las palestinas hasta desaparecerlas, pero si se sirven de ellos y ellas para eternizar su pueblo.

Hay una denuncia, aún más concreta, de la periodista palestina Kawther Salam, en su artículo, «Los ladrones de órganos de Israel«, donde enfatiza:

Todos los oficiales israelíes y personal civil de la denominada administración civil que sirvieron en Cisjordania desde los primeros años setenta estuvieron implicados, como encubridores al menos, en el robo de órganos de los palestinos, tal vez actuando en connivencia, pero más probablemente participando en el crimen organizado por dinero.

Todos los médicos israelíes y personal que trabajaba en Abu Kabir desde los primeros años setenta estuvieron implicados en el robo y venta de órganos de los palestinos.

Todos los francotiradores del ejército hebreo y otros soldados que dispararon contra los palestinos (y extranjeros) en manifestaciones pacíficas están y estuvieron implicados en la mafia que roba y vende órganos de los palestinos asesinados, recibiendo algunos de ellos dinero a cambio.

El estado mayor del ejército israelí y la mayoría de los oficiales de la cadena de mando, si no todos, saben lo que está pasando y son cómplices del robo de órganos de los palestinos que asesinan, ofreciendo planificación y logística para la comisión de los crímenes, así como haciendo que las familias de las víctimas permanezcan en silencio. Todo el estado israelí y la nación israelí que acepta la continuada ocupación militar son responsables de crímenes contra la humanidad.

La mayoría del establishment médico israelí, si no todo él, sabe lo que está pasando y mantiene silencio porque obtiene dinero o es recompensada de otras formas por su complicidad con estos crímenes. Esto está confirmado por las repetidas denuncias de médicos de otros países por el hecho de que Israel es una de las pocas jurisdicciones que no prohíben el comercio con órganos y otras partes del cuerpo humano.

El ministerio de salud israelí está plenamente informado de lo que está pasando. Esto está confirmado por las informaciones ofrecidas por los traficantes de órganos detenidos en Brasil y Sudáfrica en 2003, según las cuales “personas del gobierno israelí” les habían proporcionado “contactos comerciales” y el gobierno de Israel financiaba trasplantes de órganos.

La demencia de Israel, no tiene límites a la hora de actuar para mantener su hegemonía en contra de Gaza.

Choque de egos: Acosta versus Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Luis Valverde Morales. Periodista

Ni la contralora de la república Marta Acosta es santa paloma, ni el presidente de la república Rodrigo Chaves, el capataz de la patria, por encima de ellos está la institucionalidad del país.

Los cruces verbales y epistolares entre ambos, no presagian nada bueno para sacar al país del atascadero.

AMBIENTE DE PELEA.

En la cita de ambos jerarcas, debe haber respeto, espíritu magnánimo, altitud de miras, algo difícil, a juzgar por los entretelones, propios de combate de artes marciales mixtas.

Ni la Contraloría es infalible, ni el Presidente llega con la carga de la verdad, el encuentro no es auspicioso, ambos son empleados transitorios, el futuro de la gobernanza del país no se decidirá en el escenario de dimes y diretes.

La soberbia pareciera estar en ambas partes.

QUIRÓFANO.

El rol de la Contraloría debería revisarse en otro escenario, más académico que político, una vez alcanzado el consenso, procurar los proyectos en el parlamento para adecuarla al signo de los tiempos, no son Acosta ni Chaves los dueños de la verdad y la última palabra.

El ambiente está crispado, enrarecido, el ego de Marta Acosta, es de la altura del fortín del edificio faraónico de la Contraloría, el del Presidente Chaves, del tamaño de los señores feudales o los procónsules de los organismos financieros internacionales.

Ni el órgano fiscalizador es de Acosta, ni la presidencia del ejecutivo casa permanente de Chaves.

El país está urgido de estudio, análisis desapasionado de la realidad nacional, altitud de miras.

Dos empleados públicos en puestos efímeros mostrándose los dientes, no son buen presagio.

La grabación, en caso de concretarse la cita, será solamente un morboso radio teatro.

AVES DE PASO.

En un tiempo nadie se acordará, ni de Acosta, ni de Chaves, es la institucionalidad quien debe ir al quirófano.

Ni la Contraloría es hoy lo que demanda la patria, ni el Poder Ejecutivo, el soberbio mandamás.

Urge un centro para el estudio de los problemas nacionales, antes que la inteligencia artificial defina el escenario.

Fotos: Internet.

Publicado en Facebook y compartido con SURCOS por el autor.

EEUU: Asesinatos, pobreza y discriminación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Pablo Ruiz*

En los grandes medios de América Latina pasó un tanto desapercibido el Informe Mundial 2024 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) la que analiza la situación de derechos humanos de más de 100 países y que, en mi opinión, los grandes medios suelen utilizar sólo cuando les conviene, en general para seguir con sus retórica contra Cuba o Venezuela, sin explicar que las sanciones económicas de Estados Unidos contra estos países generan pobreza, migración, y terminan violando los derechos humanos.

En general, los grandes medios suelen ocultar o maquillar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus propios países al mismo tiempo que, por línea editorial, defienden el sistema económico neoliberal el que permite la concentración de la riqueza para unos pocos y la pobreza (violación de los derechos humanos) para muchos.

Por supuesto, del gran hermano, de la democracia estadounidense, casi nada se divulga sobre la situación de derechos humanos en Estados Unidos y si se conocen nadie pone el grito en el cielo ni pide sanciones. Menos se critica la política exterior estadounidense que tiene consecuencias nefastas para otros países en materia de derechos humanos.

Vemos en las noticias con horror, tristeza, e impotencia la muerte de más de 24 mil palestinos, muchos de ellos niños, asesinados por Israel con armas y apoyo de los Estados Unidos.

El 11 de enero pasado en las noticias del medio alemán DW en español entrevistaron al subdirector para América Latina de HRW, Juan Pipper, y le preguntaron cómo se explica el doble discurso de EEUU que dos veces vetó una resolución, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global” dijo Pipper, agregando a continuación que la Comunidad Internacional reaccionó  de forma correcta frente a la guerra en Ucrania.

“Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, las mismas respuestas en el caso de lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán o mucho más cerca, en nuestra región, en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones a los derechos humanos que requieren que la Comunidad Internacional responda de forma clara y sin dobles raseros. Siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas”, expresó Pipper.

Anotar que en el conflicto en Ucrania la gran mayoría de los países se oponen a la guerra y han abogado por negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Mientras que EEUU y los países de la OTAN han resuelto apoyar la guerra y que se sigan desangrando ambas naciones.

El Informe Mundial 2024, de la organización internacional Human Rights Watch, señala en el apartado de la situación de los derechos humanos en los mismos Estados Unidos que “el racismo, el sentimiento antiinmigrante y las amenazas a la democracia continuaron siendo problemas apremiantes de derechos humanos en Estados Unidos en 2023”.  Veamos algunas partes del informe en cuestión.

Asesinatos policiales

De acuerdo con el informe, “hasta el 28 de septiembre, la policía había matado a más de 800 personas en 2023, cifras similares a las de años anteriores. Per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas”.

Los números de las personas asesinadas por la policía siguieron aumentando, llegando hasta 1329 en el año 2023 de acuerdo al sitio de monitoreo mappingpoliceviolence.org.

El informe de Human Rights Watch indica que “los llamamientos generalizados para reducir la dependencia excesiva de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en vivienda, atención sanitaria y educación fueron en gran medida ahogados por los llamamientos a una mayor financiación policial y a la reversión de las reformas policiales”.

Esto último, “fueron impulsados por una persistente divulgación de información errónea y narrativas engañosas sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la disminución de la seguridad pública”.

Lo mismo, sacado de manual, lo podemos ver en tantos países, donde ayudados por los grandes medios de comunicación de los grupos de poder, se siembra el miedo con el fin de seguir militarizando la vida y justificando leyes que dan más garantías e impunidad a las Fuerzas de Seguridad.

Otro antecedente que indica el Informe, común en muchos países del mundo, es que “la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos se niegan a proporcionar datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos de organizaciones no gubernamentales”.

Desigualdad Económica y Encarcelamientos

En Estados Unidos, uno de los países más ricos e industrializados del mundo, de acuerdo al informe, “la brecha de riqueza racial continuó siendo muy marcada: por cada dólar de riqueza de las familias blancas, las familias negras tenían apenas 24 centavos y las familias hispanas, 23 centavos, una brecha que ha cambiado muy poco en los últimos 50 años”.

“La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy alta en comparación con otros países ricos: el 10 % de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50 por ciento inferior obtiene sólo el 13 por ciento”.

El informe indica que “el índice GINI, una medida estadística de la desigualdad de ingresos, apunta que para Estados Unidos ha aumentado un 3,2 % desde 2021. La desigualdad de riqueza es igualmente marcada: el 50 % más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5 % de la riqueza privada del país”.

La pobreza, desigualdad, las grandes diferencias en el acceso a los derechos entre la población estadounidense puede explicar, en alguna medida, el aumento en la tasa de encarcelamiento, El informe de HRW dice que existen “aproximadamente 2 millones de personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional” y donde, claro, hay “una representación enormemente excesiva de personas negras en prisiones y cárceles” en los Estados Unidos.

Migrantes: Biden expulsó a 2,3 millones de personas

Este punto, la problemática de la migración hacia los EEUU, es quizás uno de los pocos temas que uno puede leer en los medios masivos. Aunque, como en muchos temas, no se abordan las causas profundas de la migración que es la pobreza, las consecuencias del neoliberalismo, el cambio climático, las sanciones a terceros países, y la militarización impulsada por los mismos Estados Unidos que son factores que explican por qué las personas buscan migrar.

El informe de HRW señala que “las autoridades estatales y federales (en Estados Unidos) continuaron aplicando políticas destinadas a disuadir a las personas de buscar asilo en el país, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente forzándolas a emprender rutas más peligrosas”.

“La política de expulsiones sumarias del Título 42 de 2020 expiró en mayo, pero fue reemplazada por una nueva regla laberíntica de asilo. Conforme al Título 42, justificado como una medida de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden expulsó sumariamente a 2,3 millones de personas sin analizar sus solicitudes de asilo”, señala HRW.

Vale recordar el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el que consagra que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” y los Estados están obligados por la Ley Internacional a tramitar sus solicitudes.

El informe recuerda que “como candidato, Biden prometió a poner fin a la detención de inmigrantes en cárceles privadas, pero en julio, el 90 % de los 30.000 extranjeros que en promedio son detenidos cada día en EE.UU. estaban recluidos en instalaciones privadas”.

La Cárcel ilegal de Guantánamo

Debemos recordar que, dentro de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, territorios que Cuba demanda sean devueltos al país, sigue existiendo una cárcel ilegal que viola los derechos humanos.

Este 11 de enero pasado, se cumplieron 22 años desde su apertura, la que fue establecida por el presidente George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La cárcel ilegal en Guantánamo ha llegado a albergar a más de 700 prisioneros.

El documento de HRW señala que “al momento de redactar este informe, 30 musulmanes extranjeros permanecían encerrados en el centro de detención militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, entre ellos cinco acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001”.

También indica que “las conversaciones sobre un acuerdo para que los acusados del 11 de septiembre se declararan culpables a cambio de cadena perpetua se estancaron, después de que el presidente Biden rechazará las solicitudes de atención de los hombres para ayudarlos a recuperarse de las torturas de la CIA y no cumplir sus condenas en régimen de aislamiento”.

Vale agregar que el documento no menciona sobre la existencia de los presos políticos recluidos en las cárceles estadounidenses como Mumia Abu Jamal o Leonard Peltier, entre otros.

Política exterior de EEUU

El informe de HRW también analiza algunas prácticas de la política exterior estadounidense partiendo por el presente conflicto palestino-israelí indicando que el “presidente Biden criticó duramente el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, que resultó en la muerte de cientos de israelíes y otros civiles y se comprometió a aumentar el apoyo a la defensa de Israel más allá de la ayuda militar anual ya aprobada”.

Sin embargo, HRW es crítico al respecto y señala que “dicha asistencia de seguridad y transferencias de armas incumplieron las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional. Los funcionarios estadounidenses instaron pública y privadamente a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta militar y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza”.

Agregó que si bien es cierto que algunos funcionarios del gobierno de Biden hicieron ver sus preocupaciones el gobierno israelí este no cambió su política y siguió atacando a la población civil palestina la que debe ser protegida y respetada de acuerdo con la Ley Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Pese a lo anterior, Estados Unidos ha seguido enviando armas y dando asistencia militar a Israel.

Sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el informe indica que “Estados Unidos siguió brindando un importante apoyo militar y económico a Ucrania en 2023 en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022” y que “Biden aprobó la transferencia de municiones de racimo estadounidenses a Ucrania. Estas armas están prohibidas por un tratado internacional debido a los peligros que representan para los civiles, pero ni Estados Unidos ni Ucrania son partes de ese tratado”.

En este apartado no señala que también el gobierno de Zelensky incumplió “las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional”.

Sin embargo, en el capítulo sobre la situación en Ucrania señala el informe que “la Misión de Observación de la ONU también documentó 75 casos de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, en su mayoría de personas sospechosas de delitos penales relacionados con el conflicto, y el 57 por ciento de los detenidos dijeron que fueron sometidos a torturas y malos tratos, predominantemente en lugares de detención no oficiales”.

Al cierre de este artículo, en una cárcel de Ucrania murió el periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira quien antes de morir, bajo custodia del Estado ucraniano, acuso persecución, tortura, y extorsión bajo el gobierno de Zelensky.

Finalmente, el informe de Human Rights Watch, con sus acentos y silencios, nos permite ver cómo también dentro de los Estados Unidos se violan los derechos humanos. Es importante denunciar el mito de la democracia estadounidense.

* Pablo Ruiz es periodista y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

Foto: SOA Watch

Una verdadera democracia para Guatemala

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“Y de esta manera fueron vencidos los señores

de Xibalbá al ver tantas flores juntas.”

Popol Vuh.

Inicio con esta frase tan bella del Popol Vuh, nuestro Popol Vuh, que me la hizo llegar mi dilecto amigo el expresidente Luis Guillermo Solís. Yo le respondí que haría falta señalar que, con la juramentación del ahora presidente constitucional de Guatemala, Bernardo Arévalo, se ha ganado una “batalla” importante para hacer renacer una verdadera democracia en Guatemala, pero la lucha será mucho más larga y compleja.

¿A qué herencia hay que renunciar?

Guatemala es probablemente el país que posee la estructura social más oligárquica en todo Centroamérica. Y, esto es una herencia de la colonia que, las fuerzas democráticas guatemaltecas no se han logrado quitar de encima.

En la década de los años cuarenta se produjo en el más nórdico de los países del Istmo centroamericano, el inicio de la llamada “primavera democrática”. Esta “primavera” se abrió con la “revolución democrática” de octubre de 1944, encabezada justamente por el padre del actual gobernante de Guatemala, Juan José Arévalo. ¿Revolución? Sí, porque como nos dijera en una oportunidad a varios revolucionarios costarricenses, el prócer asesinado por las crueles balas del ejército y la oligarquía guatemalteca, Meme Colom Argueta: “en nuestro país (Guatemala), para impulsar reformas democráticas, así chiquititas -y nos mostró sus dedos pulgar e índice de su mano derecha casi juntos- hay que hacer una revolución así grandotota -y nuevamente nos mostró esta vez sus dos manos ampliamente extendidas para evidenciar la diferencia-“.

El gobierno de Arévalo puso una detente a muchos años de regímenes militares de los más bárbaros y despóticos de la historia de los países centroamericanos. Aquellos regímenes militares estaban coludidos con la oligarquía más rica, aristocratizante y antidemocrática de los cinco países que tradicionalmente han constituido Centroamérica. Los militares eran los guardianes de la enorme riqueza amasada sobre la base de la explotación principalmente de la población originaria de Guatemala; sin duda la más extendida en todo el “Istmo”, conformada por diferentes etnias y poseedora de una rica tradición cultural: los Mayas. No obstante, no poco han ayudado los estudiantes universitarios, los intelectuales y hasta sectores minoritarios y democráticos de las fuerzas armadas a apuntalar las luchas progresistas y anti oligárquicas en Guatemala.

Y ¿cuáles fueron esas reformas “pequeñitas”, según la expresión del prócer Meme Colom? Los costarricenses sabremos aquilatar su significado, ya que la primera y fundamental reforma fue la conquista del código del trabajo en 1947. Mediante este código se puso fin a la denominada “Ley de vagancia”, mediante la que se sometió a muchas personas que vivían en el mundo de la pobreza y de la miseria a jornadas laborales extenuantes. Por medio de la seguridad social se legalizó el derecho de huelga, se le otorgó además el derecho al voto a todos los varones mayores de edad y a las mujeres que supieran leer y escribir.

Al terminar con el trabajo forzado, se desestructuró la hacienda como matriz societal de más larga duración; la cual era otra herencia funesta del período colonial, nos dice Julieta Rostica coordinadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Todos estos cambios formaron parte, en principio, de la Carta Constitucional de 1945. En ella se estampó un precepto constitucional que denominaron “la función social de la propiedad”, el cual sirvió de base para la ley de “Reforma Agraria” que se impulsó en el segundo gobierno de la “revolución democrática”, el de Jacobo Árbenz en 1952. Durante el primer gobierno de Arévalo, también se había promovido una reforma educativa, se impulsaron campañas de alfabetización, se reabrió la Universidad Popular de Guatemala, florecieron las escuelas nocturnas para trabajadores, se impulsó como nunca la educación rural y la formación de maestros. También desde el Congreso de la República Antonio Colom Argueta impulsó otras tantas reformas a la educación, entre ellas el “Escalafón de maestros”.

El gobierno de Árbenz fue más radical que el anterior del presidente Arévalo; de hecho, se ganó el mote de “gobierno comunista”, desatando con ello una marejada contrarrevolucionaria, que derivó en un levantamiento militar alentado por la siniestra CIA de los Estados Unidos, dando al traste con los gobiernos de la “primavera democrática” de Arévalo y Árbenz. La “Reforma Agraria” llevó las cosas a un punto que los conservadores sencillamente no soportaron, asimismo, para la United Fruit Co., que acaparaba el 80% de la tierra cultivable en Guatemala, la erradicación de la “Ley de Trabajo Forzado” resultó un hecho insólito e insoportable. Ambos sectores, el de la oligarquía ultraconservadora y la United Fruit Co. financiaron el levantamiento militar junto a la CIA estadounidense, a cuyo frente se colocó el coronel Carlos Castillo Armas, quien entró por la frontera desde territorio hondureño y avanzó hasta la capital, provocando la caída nueve días después de Jacobo Árbenz. (Cfr. Oliva, Ayelén. “¿Quién fue Juan José Arévalo, el padre del nuevo presidente de Guatemala que lideró la “revolución de octubre” hace 80 años? BBC News Mundo. enero 2024).

A partir de ese momento, la represión desatada por los militares contra los sectores populares se tornó sumamente violenta, derivando en consecuencia, en una ola de asesinatos y cárcel contra todo el que se insubordinaba, el proceso en su integralidad estuvo exento de juicio previo. Todavía después de Castillo Armas, prosiguieron los crímenes y las desapariciones, que se han llegado a contabilizar en 200.000 personas entre 1978 y 1990. Es pues a esta herencia de latrocinio y arbitrariedad por parte del Estado guatemalteco, a la que se debe renunciar, y es debido a ello que, al actual mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo le costó tanto ser juramentado el 14 de enero, pasada la medianoche.

Bernardo Arévalo: por la verdadera democracia.

El actual presidente Arévalo, fue juramentado pasada la medianoche, junto a su vicepresidenta Karin Herrera, hecho que se efectuó simbólicamente en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esta juramentación se llevó a cabo, no sin que antes se hubiese escenificado un intenso debate entre diputados oficialistas y miembros de la oposición, próximo a enfrentamientos violentos entre los representantes del pueblo. En contrapartida, en las calles aledañas al Congreso también se encontraron las fuerzas policiales de la represión en la capital guatemalteca y las fuerzas populares que desde temprano inundaron las calles del centro de la capital y en los alrededores del Congreso.

Con antelación la fiscalía de la Nación había iniciado un espurio proceso contra el ahora presidente constitucional de Guatemala. Este proceso llevaba la intención de impedir que Arévalo y Herrera asumieran el poder político. Arévalo en varias ocasiones y en distintos foros denunció que se fraguaba en su contra un “golpe de Estado”. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral se pronunció validando el proceso electoral como legítimo, consagrando así, el triunfo de Arévalo y Herrera en las urnas electorales por un porcentaje de votos superior al 60%. Asimismo, la Corte Constitucional rechazó todos los recursos de amparo presentados por políticos de la oposición contra el proceso electoral, pretendiendo tacharlo de fraudulento. Todo esto preconiza las difíciles condiciones en medio de las cuales le corresponderá desenvolverse al actual gobierno, cuya misión política fundamental estriba en reestructurar el sistema democrático guatemalteco. El apoyo popular recibido será el principal bastión con que contará Bernardo Arévalo en el tanto que él, su vicepresidenta y el enorme movimiento popular que ahora los apoya, conserven esa unidad férrea de contenido anti oligárquico, antimilitarista y por una democracia verdadera.

Los enemigos que tienen enfrente no pueden ser subestimados; en esencia, son los mismos que intentaron tantas veces sabotear al Gobierno Constitucional de Juan José Arévalo, padre del actual mandatario y que le propinaron un golpe de Estado al siguiente gobierno del coronel progresista Jacobo Árbenz Guzmán, desatando la contrarrevolución y una represión generalizada contra el pueblo guatemalteco, “los de a pie” como se les dice tradicionalmente. Son los mismos enemigos, excepto uno, por ahora: el gobierno de Los Estados Unidos, encabezado por su presidente Joe Biden, quien ha estado apoyando en todo momento que se llevara a cabo el traspaso de poderes de una manera pacífica. De igual manera, esta vez la Organización de Estados Americanos, OEA, que preside Luis Almagro, ofreció su apoyo irrestricto al presidente electo. Ya era hora que la OEA se apuntara a favor de una causa justa para el pueblo.

Así quedó finalmente constituido el nuevo gobierno democrático de Guatemala, en una larga, aunque fructífera noche. Su objetivo cardinal, la consecución de una democracia verdadera en Guatemala será una tarea harto compleja, jalonada de muchos riesgos en el camino; la solidez democrática, el apoyo popular y la legitimidad que ha ganado el gobierno que recién asumió el mando de la Nación, hacen pensar que esta vez, el movimiento popular se puede solidificar junto a su gobierno con el objeto de poder cumplir así una tarea de gran trascendencia y calado en Guatemala y en todos los países del Istmo centroamericano. Es una responsabilidad histórica.

 

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