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El proceso contra Jesús y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez[1]

Comienzo por advertir lo que esta reflexión no es. No entraré en la difícil cuestión acerca de la verdad histórica de los hechos relatados por los evangelistas, incluida la polémica interminable sobre la existencia misma de Jesús de Nazaret. Con el debido respeto a las convicciones religiosas de cada quien, ésta tampoco es, ni por asomo, una disquisición teológica, que aborde la trascendencia religiosa o espiritual de los acontecimientos y sus personajes; ni pretendo, en este sentido, convencer a nadie de nada. Por último, no puede ser éste un ejercicio que juzgue las deficiencias de un procedimiento penal realizado hace más de dos mil años, con parámetros y criterios actuales.

Sólo he tomado los relatos adjudicados a Mateo (26-1/75 y 27-1/56); Marcos (14-1/72 y 15-1/47); Lucas (22-1/71; 23-1/56); y sobre todo Juan (1-19; 11-49/53; 18-1/40 y 19-1/42)[2], en su estricta literalidad, asumiendo las muchas diferencias, diversos énfasis y hasta abiertas contradicciones que hay entre sus distintas versiones acerca de lo sucedido hace veintiún siglos, tratando de quedarme con lo esencial de lo referido, aquello que pueda tener relevancia desde una perspectiva jurídico-procesal y política, tanto para el momento en que sucedieron los hechos, como para las enseñanzas que pudiéramos sacar aplicables a los tiempos actuales.

1. Tiempos turbulentos. El escenario geográfico-temporal de los acontecimientos es la Palestina del siglo I de nuestra Era. El Imperio Romano ha sometido ese territorio y ejerce una especie de tutelaje conforme las pautas acostumbradas por Roma: para los conflictos internos (entre judíos) tolerancia hacia su cultura, religión y respeto por sus leyes y autoridades; para conflictos externos, en todo lo que amenace el dominio imperial, brutal imposición y represión. Además, es tiempo de frecuentes rebeliones y movimientos sediciosos y revolucionarios que pretenden la liberación e independencia de los subyugados. Pero también hay servilismo y complicidad, sobre todo de las élites oligárquicas judías, que buscaban mantener su estatus y ventajas complaciendo los intereses de los dominadores.

Primera enseñanza que apuntar: las cosas no han cambiado mucho en esto de complacer a los poderes imperiales por parte de las oligarquías internas, que lucen por completo colonizadas para defender sus intereses y mantener sus privilegios.

2. La conspiración de los poderosos. Queda claro, desde un inicio, que las prédicas y actuaciones de Jesús el Galileo, han provocado escándalo e indignación en la mayoría de los miembros del Sanedrín, autoridad que concentraba el poder político y religioso del pueblo judío y que estaba integrado por sumos sacerdotes, escribas y ancianos notables. Es desde esta instancia que se genera la necesidad de acusar a Jesús, buscando sobre todo señalarlo como autor de blasfemia (por decirse Hijo de Dios, el Mesías esperado), delito que conllevaba la pena de muerte. Los relatos evangélicos apuntan a toda una conspiración para capturar al sospechoso, buscar la prueba inculpatoria y esperar al momento oportuno para justiciarlo, todo a la sombra de la noche y en lugar retirado, para evitar protestas o revueltas de la gente que lo apoyaba.

Segunda enseñanza para nuestros días: el poder constituido puede encontrar en el proceso –sobre todo penal- un instrumento para deshacerse de opositores incómodos. El “Lawfare” es tan antiguo como la Biblia.

3.La traición y el abandono del procesado. En las grandes causas judiciales no es infrecuente que la traición de gente cercana al procesado se haga patente. Con excepción de las mujeres, que aparecen acompañándolo y consolándolo siempre, en este caso se describe la entrega explícita, a cambio de unas monedas, por parte de Judas Iscariote; y se registra también el abandono de sus propios discípulos al momento de ser detenido Jesús, y la negación reiterada del principal de ellos, Pedro, que declaraba no conocerlo. Se define así una desolación del perseguido penal que lo lleva al inmovilismo, la incapacidad para defenderse, -no sólo por la explicación teológica de hacer que las profecías se cumplieran-, sino por la parálisis a que puede conducir el saberse gravemente acusado.

Tercera enseñanza para todos los tiempos: la defensa frente a la persecución penal es un derecho imprescindible, un acompañamiento necesario desde los primeros pasos del proceso, dado que el desequilibrio entre el sujeto señalado y el aparato persecutor es tremendamente desigual en la mayoría de los casos.

4. Un proceso que mezcla religión y política. A lo largo de los relatos del Evangelio, lo que inicia como un proceso judicial, poco a poco se convierte en un juicio político. Las acciones de Jesús que motivan su captura y juzgamiento, son principalmente: las prédicas sobre la urgencia de la conversión y liberación según su palabra (que llevan al cargo de que solivianta e instiga al pueblo); las radicales críticas contra escribas y fariseos (que atenta contra la autoridad constituida); la expulsión con violencia de los mercaderes del Templo; y la jactancia de poder destruir ese lugar sagrado para reconstruirlo en tres días (que afecta a la clase de los comerciantes y subvierte el orden público); su proclamación como “rey de los judíos” (que contradice los poderes políticos tanto el judío como el romano); la relativización de los rituales y tradiciones religiosas, privilegiando el testimonio de vida; y, como ya vimos, la principal prédica de que él era, en efecto, el Hijo de Dios, el Cristo que comparte su naturaleza con la del Padre, cuestión que enardecía a las autoridades judías por constituir la peor de las blasfemias por ellos concebible y por lo que merecía la pena de muerte.

Cuarta enseñanza para la posteridad: estamos frente a un proceso en el que se mezclaron razones morales o religiosas con las estrictamente legales o jurídica; riesgo en el que puede caer incluso el procedimiento penal contemporáneo. Además, el simple hecho de que se enuncie la eventual existencia de graves delitos, no alcanza, por sí solo, para comprobar su existencia y, menos aún, la culpabilidad efectiva del procesado. Este principio de separar lo religioso de lo político es extensivo al sano funcionamiento general de la democracia moderna, cuestión que como sabemos, está en seria crisis en nuestros días, dada la influencia y control de movimientos religiosos sobre instituciones y decisiones políticas.

5. Las formas de penalidad en juego. Si bien desde un primer momento lo que buscan los acusadores del Sanedrín es una condena por blasfemia e imponer la pena de muerte (por lapidación según la ley judía; por crucifixión según la romana), la situación política imperante impedía que fuera el propio Sanedrín el que la ejecutara, razón por la cual Pilatos entra en escena por ser la autoridad imperial que tenía “poder sobre vida o muerte” de un acusado. Es claro que los evangelistas han querido cargar la responsabilidad de este deicidio (el asesinato de Dios), antes que en las autoridades romanas, en el pueblo judío en general. Pero es también evidente para ellos que el propósito último de aplicar la pena capital, fue acompañado, a lo largo de este proceso, tanto en el momento de la detención, como en las comparecencias ante el Sanedrín, el pretor Pilatos y el gobernador Herodes, por una andanada de bofetadas, escupitajos, golpes, burlas y humillaciones hasta que por último, sobrevino el suplicio y la crucifixión.

Quinta enseñanza: tuvieron que transcurrir muchos siglos para que la humanidad comprendieran que acusar a alguien no significa que sea culpable; que el maltrato, tortura y humillación de los detenidos son prácticas inaceptables; que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que el silencio no puede interpretarse en su contra (es notable que Jesús en reiteradas ocasiones no responde a interrogatorios lo que es utilizado para inculparlo) y que, por último, se debe respetar la inocencia del procesado hasta que la autoridad judicial competente dicte lo contrario.

6. La cuestión probatoria. Parecen coincidir los relatos evangelistas en punto a que estamos delante de un procedimiento penal que invierte el orden natural de cualquier investigación judicial: primero se conspira y busca la pena a imponer, y luego se trata de construir los hechos y constituir la prueba que los respalde. En particular es evidente que los acusadores de Jesús anduvieron buscando testigos, aunque fueran falsos, para sostener la imputación. Como esto no lo lograron, fue mediante interrogatorios inducidos y capciosos al acusado, -ante el Sumo Sacerdote Caifás en primera instancia y luego ante Pilatos-, logrando que Jesús declare que en efecto él es “el Hijo de Dios”, confesión del delito que andaban buscando sus perseguidores y que los relevaba de procurar cualquier otra elemento probatorio.

Sexta lección para el futuro: en este punto se evidencia una práctica viciosa del proceso penal que llega hasta nuestros días: detener y acusar primero, y buscar las pruebas después. En la larga historia del derecho procesal penal, por otra parte, la confesión del acusado fue valorada como la “reina de las pruebas”. Este mecanismo para “probar” el delito endilgado, se convirtió en una obsesión de acusadores y jueces durante mucho tiempo, sobre todo porque la confesión se quiso obtener por cualquier medio, incluido el tormento o la tortura. Si el acusado aceptaba los cargos en su contra, todos podían respirar aliviados y la justicia se imponía con certeza. Hasta que Cesare Beccaria, en el siglo XVIII, se permitió señalar que la confesión mediante tortura sólo servía para absolver al culpable fuerte que podía resistir, y por el contrario, permitía condenar al inocente frágil o débil que cedía ante el dolor.

7. Las competencias y el lavado de manos. Otro tópico importante en este relato judicial es la cuestión de las competencias. A Jesús lo anduvieron de aquí para allá, unos –el Sanedrín- buscando la condenatoria más grave; otros –Pilatos- tratando de quitarse aquella braza de las manos, enviando al acusado ante Herodes, de nuevo ante el Sanedrín y finalmente lavándose las manos y entregando al acusado a sus perseguidores. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos del Sanedrín no podían permitir la usurpación de su hegemonía religiosa por parte de aquél predicador, -falso profeta-, según su criterio. Tienen claro que deben acabar con él mediante la pena de muerte, pero también saben que la ejecución de esta medida no puede ser llevada a cabo por propia mano en virtud de la naturaleza del castigo y de la competencia romana sobre esas decisiones. Por su parte, según los evangelistas, el pretor Pilatos, aunque no encuentra fundamento a las acusaciones contra Jesús y está convencido de su inocencia, termina cediendo ante el clamor de la muchedumbre (¡crucifícale!) y el argumento de que el César no va a ver con buenos ojos que se deje impune a quien cuestiona su poder político. Se produce entonces el gesto de lavado de manos para que sean otros los que asuman la responsabilidad de ese ajusticiamiento. Nótese que en ningún momento se pronunció una formal sentencia de muerte, sino sólo una entrega de facto del acusado a sus enemigos.

Sétima enseñanza: ha llegado hasta nuestros días la mala práctica de declarar incompetencias por parte de jueces que no quieren resolver el asunto caído en sus manos. En este expediente, además, lo que comienza como un proceso judicial, termina siendo un linchamiento político. La verdad, la justicia, los fundamentos de la acusación y la prueba que los respaldan, terminan sacrificados en el altar de las presiones sociales y el pragmatismo político. Esta es otra cuestión que llega intacta hasta nuestros días; sobre todo cuando la judicatura renuncia a su deber de objetividad, imparcialidad y verdad por intereses ideológicos o partidarios, para perjudicar a un ciudadano de oposición o crítico de los poderes vigentes.

8. El papel del “pueblo”: muchedumbre y manipulación. El pseudo-proceso contra Jesús conoce un momento decisivo cuando Pilatos, presionado por el Sanedrín, decide poner en práctica la costumbre de liberar a un delincuente para las fiestas de la Pascua. Acude a este mecanismo “democrático” para evitar reclamos, tanto internos como externos, y finalmente, para evadir responsabilidades por la muerte del acusado. Su posición es la del político pragmático y oportunista que procura conservar su autoridad a cualquier precio, aunque tenga que sacrificar la verdad y la justicia del caso, con tal de complacer el clamor de las mayorías y así conservar su poder. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos judíos, por su parte, convergen en el mismo objetivo: aprovechan el momento “democrático” para infiltrar, instigar y manipular a la muchedumbre convocada ante el Tribunal, cuestión que logran imponer cuando el Pretor romano les entrega a Jesús para ser crucificado.

Octava y última lección: los procesos democráticos, llámense elecciones, encuestas, sondeos, referendos, plebiscitos, etc., pueden convertirse en simples mecanismos irracionales de manipulación, cuando algunos tienen, coyunturalmente, los recursos económicos-políticos y propagandísticos suficientes para imponer sus particulares intereses.[3] Esos mismos procesos democráticos, debidamente institucionalizados y reglados, conducidos y controlados por autoridades objetivas y competentes, pueden en cambio culminar en la toma de decisiones conscientes e informadas, para el logro de una sana gestión pública, en orden al bien común y en las que las posiciones de la mayoría no impliquen el menoscabo de los derechos fundamentales de las minorías. No es posible, en consecuencia, dejar el juicio de culpabilidad o inocencia de una persona, en manos de una muchedumbre, por mayoritaria que sea. Existe en la práctica una utilización espuria de la democracia, así como una consolidación institucional de la misma según el manejo que se haga de ella. De igual manera, existen falsos demócratas, auténticos autócratas, que apelan a la supuesta voluntad del pueblo para destruir las instituciones; tanto como existen, por el contrario, verdaderos demócratas que, sin dejar de ser críticos con lo que anda mal en la democracia, proponen reformarla y corregirla para mejorarla y fortalecerla.

[1] Este artículo ha contado como bibliografía básica: Sagrebelsky, Gustavo; La crucifixión y la democracia; Editorial Ariel; Barcelona, 1996; así como: Schiavone, Aldo; Poncio Pilatro-Un enigma entre historia y memoria; editorial Trotta; Madrid, 2020; además: Piñero, Antonio; El Jesús Histórico-Otras aproximaciones; Editorial Trotta, Madrid, 2020.

[2] Biblia de Jerusalén; Editorial Española Desclée de Brouwer, S.A., Henao 6, Bilbao, 9; 1975.

[3] Recordemos, en Costa Rica, el tristemente célebre debate sobre el “SI” o el “No” en el referéndum sobre el TLC (octubre de 2007), con feroz campaña de promesas inalcanzables y memorando del miedo incluidos.

¡Ironías de la historia!

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Marielos Aguilar Hernández

La extradición hacia Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez no ha dejado indiferente a ningún costarricense. Al contrario, ha inspirado los más diversos sentimientos y opiniones y, sobre todo, nos ha dejado ver el alto nivel de corrupción que ese flagelo ha alcanzado en las diferentes esferas del Estado.

En lo personal, debo decir que desde el momento mismo en el que el nombre de Celso Gamboa comenzó a figurar en el ámbito nacional, hará unos quince o veinte años, no pude evitar que viniera a mi memoria ese mismo nombre pues me resultaba un tanto familiar. Y es que, dadas las investigaciones que he realizado como historiadora, el nombre de Celso Gamboa Rodríguez, abuelo de Gamboa Sánchez, me ha merecido gran respeto y reconocimiento. Veamos.

En momentos tan difíciles como fueron los días posteriores a la guerra civil de 1948, cuando se convocó a unas elecciones extraordinarias para integrar la Asamblea Constituyente que se encargaría de redactar una nueva Constitución, don Celso Gamboa Rodríguez jugó un papel muy respetable en la recuperación de la estabilidad de nuestro país.

Aquellas elecciones se realizaron en enero de 1949 y participaron dos partidos vencedores en la guerra civil, el “Partido Unión Nacional” dirigido por don Otilio Ulate y el “Partido Social Demócrata” dirigido por don Rodrigo Facio. Se sumaron también otros dos pequeños partidos, el” Partido Constitucionalista”, dirigido por don Celso Gamboa Rodríguez y el “Partido Confraternidad Nacional”.

A pesar de una correlación de fuerzas muy desfavorable para los sectores perdedores en la guerra civil, Gamboa Rodríguez estuvo dispuesto a conversar con algunos dirigentes vanguardistas y calderonistas y a comprometerse con la lucha para mantener en la nueva constitución el “Capítulo de las Garantías Sociales” y, con ellas, el “Código de Trabajo”.

Con ese compromiso, los calderonistas y los comunistas que pudieron votar en aquellas elecciones le dieron su apoyo a don Celso Gamboa Rodríguez, quien honró su palabra dando la lucha en el seno de la Asamblea Constituyente para evitar lo que la mayoría ulatista pretendía, a saber, eliminar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo que tanto molestaba a la oligarquía costarricense.

De manera que, en el largo recorrido de nuestra legislación social, el nombre de don Celso Gamboa Rodríguez ha ocupado un honroso lugar. Por esa razón es doblemente dolorosa la ironía de la historia cuando hoy su nieto, Celso Gamboa Sánchez, debería ser procesado por sus presuntos delitos, a la luz de la Constitución Política que su abuelo contribuyó a cimentar.

Por supuesto, su extradición a Estados Unidos modifica sustancialmente todo ese panorama.

Extradición de nacionales: renuncia del Estado a potestades indelegables de un país

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 21 de marzo del 2026

El viernes, 20 de marzo, extraditaron hacia Estados Unidos a los dos primeros costarricenses, Celso Gamboa y a Edwin López, acusados de narcotráfico, después de la reforma constitucional que levantó la norma que lo impedía, vigente hasta el año pasado.

Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, dijo algún periódico, citando a políticos nacionales. Temprano ese día, en la prensa, se podía ver la foto de los dos en manos de los agentes de la DEA norteamericana, con sus uniformes anaranjados, listos para subirse al avión que los llevaría hacia Texas.

La foto no me dejó indiferente. Decía muchas cosas. Era, para mí, la foto del Estado costarricense abdicando de una de sus funciones básicas: la de administrar justicia. Lo hacía de una manera denigrante, entregando, en territorio nacional, a dos ciudadanos a una potencia extranjera. Una que –desde luego– no entrega a un ciudadano suyo –ni el más criminal– a ningún Estado extranjero. Tampoco entrega a criminales extranjeros que han encontrado asilo allá, a tribunales nacionales que los demandan. Los hay muchos y con grandes crímenes a sus espaldas. Ya veremos si con esa medida, se logrará algún avance de la justicia. Los antecedentes nos dicen que no.

Ya volveremos sobre el tema. Por ahora, quisiera destacar dos cosas, que este caso evidencia: una es el circo para las masas, el tipo de cobertura periodística, la explotación de la tragedia humana.

La otra es que, lejos de la aplicación de la justicia, la solicitud de extradición será una poderosa herramienta política aplicada según los intereses de Washington. ¿O alguien piensa que eso funciona, allá, de forma ajena a los intereses políticos?

Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca o ninguna repercusión en el combate al narcotráfico

Costa Rica dejó de ser un paraíso para el crimen organizado, decía un medio nacional, citando a políticos locales. Atribuía la frase a Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa. No dudo que tal personaje pueda decir algo así. Pero hay que pensar un poco. No es fácil, cuando estallan los petardos, cuando todo es circo y fiesta. No es fácil, ¡pero hay que intentarlo!

Lo primero es la afirmación de que Costa Rica “es un paraíso para el crimen organizado”. ¿Es así? Si es así, ¿a quién debemos responsabilizar por lo que tenga de cierto esa afirmación (que no lo tiene, desde mi punto de vista, de una forma tan generalizada)? ¿Nada que ver con su partido (que ha gobernado tantos años el país), con su fracción parlamentaria?

Cualquier persona medianamente informada sabe que la extradición de nacionales tiene poca –o ninguna– repercusión en el combate al narcotráfico. Sobre el tema, véase la situación de México o Colombia. O, de algún modo, la situación misma de Estados Unidos, principal mercado de la droga, del lavado de dinero, donde el crimen organizado se ha movido siempre con cierta comodidad. ¿O no?

El desarrollo y la implantación del crimen organizado en nuestros países –Estados Unidos incluido– tienen muchas razones. Pero un modelo de desarrollo cada vez más excluyente –en Costa Rica, basado en la implantación de zonas francas, cuyas consecuencias sobre el creciente desempleo, sobre todo de jóvenes, y sobre el déficit fiscal son bien conocidas, estimulado por la privatización de los servicios públicos– no es uno de los factores menos importantes. Un modelo que el país viene promoviendo desde hace más de 40 años, incluyendo el gobierno actual.

Así las cosas, la extradición de nacionales seguirá siendo un circo y una herramienta política en manos de Estados Unidos, pero no un instrumento eficaz de lucha contra el crimen organizado.

¿Se ha preguntado alguien, algún medio de prensa, por qué, si la extradición de nacionales es un instrumento tan importante para el logro de la justicia, ningún otro país ha mostrado interés en su aplicación? En realidad, es una medida con destinatario cierto: Washington. Aunque no falte quienes, aquí, alaban la medida como un instrumento de la “justicia internacional”. ¿Internacional? ¡No! De los intereses norteamericanos.

La irresponsabilidad, el no cumplir con la obligación de juzgar a los delincuentes.

La imagen de los dos costarricense en manos de los agentes de la DEA en el aeropuerto internacional de San José desnudó la renuncia de un Estado de cumplir con una de sus funciones básicas, como ya lo señalamos.

La extradición de nacionales acusados en Estados Unidos responde a intereses políticos, como quedó en evidencia con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la anunciada investigación, por parte del FBI, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Me parece que la de los costarricenses no está del todo alejada de esos intereses políticos. Celso Gamboa, como sabemos, tiene un alto perfil político en el país.

La reforma constitucional que permitió esa extradición fue aprobada el año pasado por unanimidad por la Asamblea Legislativa. Ni un solo diputado, hombre o mujer, dijo algo en contra.

Para mí, es un ejemplo de la falencia de un sistema político, de la pérdida del sentido de responsabilidad, de renuncia a un compromiso con lo nacional, una degradación que el gobierno de Rodrigo Chaves representa, expresada con cinismo en una declaración donde, esta semana, anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba, hecha en el marco de las amenazas del gobierno norteamericano de que asumirá el control del gobierno de ese país.

No sorprende, en todo caso, la posición del gobierno y de la cancillería. No han dado muestras de independencia alguna en sus cuatro años, que se terminan ahora el 1 de mayo, ni han aportado nada a la necesaria reflexión sobre el lugar de América Latina en la reconfiguración del orden internacional que está actualmente en desarrollo.

Las consecuencias políticas

¿Cómo extrañarse entonces de que, en ese marco de renuncia de las atribuciones y capacidades del Estado, resurjan propuestas como la de dolarizar la economía, como ya hicieron en América Latina Panamá, Ecuador y El Salvador, aliados más cercanos de Washington?

Es la ruta trazada por una política neoliberal en la que las funciones del Estado de integración social, de respuesta a las necesidades de los que más lo necesitan, van perdiendo su carácter, para concentrarse en los intereses de una minoría.

Un modelo que, en Estados Unidos, ha concedido ventajas fiscales que han disparado la concentración de la riqueza, como nos recordaba un notable reportaje del NYT, publicado el pasado 9 de marzo. “El surgimiento de decenas de nuevos multimillonarios se produjo inmediatamente después de los recortes de impuestos de 2017 impulsados ​​por Trump al comienzo de su primer mandato”, afirman. El resultado es que hoy el 1% más rico del país “controla 55,8 billones de dólares en activos, más que el PIB de Estados Unidos y China juntos”.

Creo que muchos de los que dispusieron la entrega de ciudadanos nacionales a la justicia norteamericana, los que sueñan con dolarizar la economía, no pueden imaginar destino más feliz que transformarnos en otra estrella de la bandera de los Estados Unidos. No puedo disociar la imagen de dos ciudadanos costarricenses (no diré una palabra sobre sus calidades), entregados a funcionarios de la DEA en territorio nacional, con ese desorden político en el país, con la vergonzosa unanimidad con que la medida se aprobó en la Asamblea Legislativa, con la necesidad de reivindicar las funciones de un Estado Nacional que promueva la indispensable solidaridad social, que asuma sus funciones indelegables, como la de juzgar a sus ciudadanos que deban ser juzgados, sin pretender hacernos creer que delegando esas funciones a otras naciones avanzará la justicia y avanzaremos nosotros, como nación. Será todo lo contrario.

FIN

Las necesarias reformas electorales que se deben aprobar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Recién se plantea la necesidad de volver a reunir en una sola elección la escogencia de presidente, vicepresidentes, diputados y las autoridades municipales o cantonales.

Las elecciones cantonales se habían separado desde el año 1998, proceso que se enriqueció con reformas electorales posteriores en las cuales se introdujo el vicealcalde, y estas elecciones empezaron a realizarse dos años después de las nacionales.

El propósito fue darles un papel más relevante a las elecciones municipales, de manera que no se pusieran de furgón de cola de las nacionales. Igualmente, para que las comunidades pudieran poner más atención en sus gobiernos locales y fortalecer con ello la democracia nacional, el sufragio y la participación política ciudadana.

En la realidad esto no funciona de esa manera. Los partidos nacionales no fortalecen sus estructuras partidarias a nivel cantonal. Si los partidos políticos nacionales existen en la práctica solo para las elecciones nacionales, menos existen para impulsar organización provincial o cantonal.

En general, prácticamente, la totalidad de los partidos políticos nacionales carecen de figuras políticas representativas de sus partidos, que sean reconocidas en esa escala nacional. Presidentes y secretarios generales de los partidos políticos solo existen para la formalidad legal de la existencia de los partidos.

En Costa Rica no hay vida política partidaria, puesto que los partidos políticos y por ende sus dirigentes, no existen en la realidad, no están en la discusión de temas nacionales, políticos, económicos o sociales, por citar ejemplos. Los partidos políticos no se pronuncian sobre los principales problemas del país, ni hacen propuestas importantes sobre estos problemas o sobre la agenda política nacional, que es indefinible. Los periódicos no tienen a los partidos políticos, a sus dirigentes, como actores destacados de la vida política nacional.

Los diputados de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa generalmente hablan e intervienen a título personal. Aun cuando actúan como fracción representativa de un determinado partido político, excepcionalmente en sus discursos e intervenciones lo hacen a nombre de su partido, representando a su partido, destacando que lo que dicen es la posición de su partido político. Esto sucede también porque los diputados desde su elección forman casa aparte de su partido, no coordinan ni hablan como voceros parlamentarios de las direcciones políticas de sus partidos, porque estas direcciones, o comités políticos nacionales, en la realidad no desempeñan ningún papel, y los partidos con diputados terminan existiendo porque esos diputados existen. Y, sucede porque no hay disciplina partidaria de ejecutar o apoyas líneas de partido. En la próxima fracción parlamentaria de gobierno, Nogui Acosta, su futuro jefe, ha señalado esta necesidad con sus 31 diputados.

En la realidad los diputados “dirigen”, por su existencia y debates, a los partidos, que son como la cola de un animal dirigiendo a la cabeza de ese animal. La expresión más clara de esto son los mismos procesos electorales nacionales cuando partidos que tienen diputados se llevan enormes palizas como acaba de suceder con los partidos que están actualmente en la Asamblea Legislativa, como fueron el de Fabricio Alvarado, el de Eli Feinzaig o la misma Unidad Social Cristiana. Fabricio y Eli eran el partido mismo. Ni siquiera tenían ni tienen un local político del partido abierto. Sus locales eran sus oficinas en la Asamblea Legislativa. Así no se construyen partidos políticos.

La crisis de la Unidad Social Cristiana fue impactante para sus resultados. Sin dirección política ese partido, sin disciplina partidaria, sus diputados eran como una gatería callejera, era como arriar gatos por la avenida central, todo el mundo por su lado y algunos de sus diputados claramente identificados con el presidente Rodrigo Chaves, y hasta aspirantes presidenciales del presidente Chaves en ese partido.

Solo los diputados del Frente Amplio tienen más claro su papel partidario. Actúan disciplinadamente a nombre de su partido, aunque carezcan de una organización partidaria nacional que les impide tener una mayor representación parlamentaria. El éxito que tuvieron en esta elección se debió al excelente papel que ha tenido toda la fracción legislativa del Frente Amplio, que se ganó un legítimo reconocimiento nacional y a sus próximos diputados electos, que despertaban igual confianza, dos de ellos con experiencia parlamentaria, y los otros con muy buena formación para ese desempeño. Su débil nivel partidario organizativo lo muestran especialmente en las elecciones municipales que ha habido con participación de ellos en algunos de esos cantones.

Así las cosas, los partidos actuales con representación parlamentaria no tienen significado organizativo real en los cantones. Existen en el ideario colectivo nacional, político y electoral, en tanto existen en la Asamblea Legislativa. Su escenario principal es la Asamblea Legislativa.

Los diputados, que son electos por las provincias, tienen un carácter nacional, lo que permite que ciudadanos de una provincia, residentes en una ciudad o pueblo de una provincia, puedan ser candidatos a diputados por otra provincia, lo que evidencia la carencia de liderazgos reales provinciales y por ello también municipales o cantonales, y exhiben así las debilidades partidarias.

Siendo los diputados electos por el pueblo, solo el pueblo electoral que los eligió podría destituirlos. No hay otra manera. Por eso, cuando diputados disienten de los partidos, o de sus fracciones parlamentarias, y renuncian a ellas, no pueden ser despedidos por esos partidos que representan o por los que fueron electos. Este es un problema que enfrentan todos los partidos con los diputados que bajo sus banderas son electos y deciden hacer casa aparte, para llamarse “diputados independientes”. Es clara la amenaza o advertencia que ha hecho el presidente Chaves de “comprar” diputados de los otros partidos para lograr tener sus 38 votos legislativos.

Si no hay vida partidaria cantonal menos la hay a nivel provincial. Los niveles reales de elección son el nacional, que cubre a todo el país para la elección de presidente y vicepresidentes, y las municipales porque en ellas se eligen personas para constituir órganos de poder, el nacional y el municipal, para integrar el gobierno nacional y los gobiernos municipales, que son como pequeñas repúblicas.

Pues bien. La separación de las elecciones desde 1998 fue para fortalecer estas pequeñas repúblicas. Los alcaldes y los vicealcaldes son como el vicepresidente y los vicepresidentes y los consejos municipales son como el equivalente de la Asamblea Legislativa. Los alcaldes y vicealcaldes no tienen, como si lo tiene el presidente de la República, un consejo de ministros de rango municipal.

Si al presidente, a los vicepresidentes y a los ministros no se les permite actuar o identificarse en sus actos con el partido que los nominó para esos puestos, a los miembros de los Consejo Municipales no se les impide identificarse con los partidos que los eligieron. Tienen la posibilidad de actuar directamente como miembros de sus partidos como lo pueden hacer los diputados, que no tienen impedimento legal para actuar políticamente identificados con sus partidos.

A principios de este siglo fui invitado por el Partido Comunista de Portugal para asistir a su Congreso Nacional. Cuando llegué a Lisboa me sorprendió ver toda la capital embanderada con la Bandera Roja del Partido Comunista de Portugal, y mi sorpresa creció cuando entendí que el alcalde y el gobierno de la capital eran del Partido Comunista, y era natural y aceptable ver ese despliegue publicitario para el evento de la realización del Congreso del Partido.

Cuando recuerdo aquel evento pienso en qué sucedería, o qué tipo de escándalo se haría, si la municipalidad de un cantón y su alcalde embanderaran, en Costa Rica, una ciudad o un pueblo porque allí se va a realizar un congreso político del partido que gobierna mayoritariamente ese Cantón o Municipalidad.

Aquí, lo más probable, por el primitivismo político que vivimos, es que se provocaría un gran escándalo político y acusaciones de diverso tipo contra los integrantes de esa Alcaldía o Municipalidad. Para que esto se pueda aceptar se necesita cultura política, cultura ciudadana, cultura cívica, respeto por las actividades políticas de los partidos, pero sobre todo respeto por la democracia y la participación política.

La participación política, hoy pilar constitucional de nuestra democracia, es de papel, es simbólica, es solo para el texto constitucional. El referéndum y el plebiscito, claves de esta participación democrática, solo existen en la legislación como una expectativa de derecho político electoral. En la práctica chocan con el mismo Tribunal Supremo de Elecciones y con la misma Sala Constitucional, que no favorecen la convocatoria de estos instrumentos de poder político ciudadano.

Si la separación de las elecciones municipales de las nacionales fue para fortalecer los gobiernos locales, y no se ha logrado, es una falla institucional política y electoral. La culpa mayor la tienen los mismos partidos políticos. Si ambas elecciones se separaron fue para darle el realce que merece cada una de ellas.

Hoy se apunta que la separación debilitó las elecciones nacionales, y a los partidos grandes, por lo que deben reunirse nuevamente.

Las elecciones que acaban de pasar fue una gran lección política para los partidos tradicionales, para todos los que han electo diputados ahora y en el pasado, de derrota política de esos partidos. Derrota que no dependía del vínculo de ambas elecciones, si no del esfuerzo político que hay que realizar para construir partidos políticos estables, permanentes, nacionales, provinciales o cantonales, con vida política intensa.

Las elecciones que acaban de pasar las ganó “el chavismo político” que se manifestó como una corriente “de aliento”, “de aire fresco” frente a los restantes partidos políticos, frente a los partidos históricos que han gobernado y han tenido representaciones parlamentarias. No las ganó “literalmente” Laura Fernández, las ganó Rodrigo Chaves quien impulsó a Laura Fernández, quien lo representa y quien lo defiende en obra de gobierno y quien se compromete a continuar con sus políticas, y a luchar por reformar la Constitución para que él pueda seguir gobernando en el 2030. Si no se entiende esto, no se comprende el gobierno que viene, ni tampoco se ha valorado correctamente el momento político que vivimos. No es un problema de nuevos partidos o “partidos taxis”.

El Partido Pueblo Soberano es un nuevo partido. Se organizó para las pasados elecciones. No sé si va a desaparecer o no en los próximos meses.

Si Rodrigo Chaves en el próximo gobierno, o fuera de él, quiere volver a participar en la vida política, necesita crear un partido político o aprovechar el que llevó a Laura Fernández a la Presidencia. Tiene que convertirse en dirigente de ese partido o aprovechar el peso y proyección que tuvo en el territorio nacional para lograr el holgado triunfo que obtuvo. Que Laura Fernández diga que se retira de ese partido todavía no le pone la tarjeta de defunción. Ni tiene ninguna importancia que diga que se retiró, salvo que lo quiera meter en un sarcófago, para impulsar un nuevo partido para la III Republica que quieren proponer. Figueres en 1948 no tenía partido político. El Partido Liberación Nacional surgió en 1951, hacia las elecciones de 1953, usando el nombre “Liberación Nacional”, del ejército que constituyó Figueres para la guerra civil de marzo y abril de 1948.

Ese partido, Pueblo Soberano, con lo débil orgánicamente que pueda ser, fue el partido que ganó las elecciones y es el partido “propio” que se formó para ganar la elección. Pueblo Soberano más que un partido fue una corriente política, el “chavismo”. Ese es un insumo que lo pueden aprovechar. Habrá que ver cómo se desempeñará Laura en ejercicio de la Presidencia, especialmente en el campo de la comunicación pública. Me parece que mantendrá el estilo de Chaves, que lo va a tener cerquita, con mesas de prensa los miércoles o cualquier otro día, ¿o dos días por semana?, haciendo giras en la periferia del Valle Central, en todos los cantones que ganaron y especialmente volcándose en Cartago, que fue la provincia que perdieron. Y, también habrá que ver a Chaves fuera de la presidencia, o en el Ministerio de la Presidencia. ¿Habrá chavismo, laurismo, o fernandismo, a partir del 8 de mayo?

El partido Progreso Social Democrático que eligió a Rodrigo Chaves no era partido propio de Rodrigo Chaves. Fue literalmente el partido taxi que le permitió llegar a Zapote, que montado en él lo apropió sin poderlo escriturar a su nombre. Por ello tuvieron que crear otro partido, Pueblo Soberano, que pareciera ser del “·chavismo”, de los “jaguares”, concepto que se ha debilitado como símbolo.

La reforma que se pretende, de volver a unir las elecciones nacionales y cantonales, es un grave error político. Tan solo hay que ver estas elecciones que acaban de pasar, y todas las municipales anteriores.

Cuando Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana eran fuertes y eran partidos gobernantes, con mayorías parlamentarias, ganaban mayorías cantonales. Cuando separaron las elecciones de alcaldes para el mismo año que se hacían las presidenciales, el partido de gobierno ganaba la mayoría de las cantonales. Eso funcionó hasta las elecciones de Laura Chinchilla. A partir de los gobiernos del Partido Acción Ciudadana ya no funcionó, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y partidos cantonales empezaron a emerger con éxito. Si estos pequeños partidos exitosos perdieron y se debilitaron en parte fue por su mala praxis política cantonal, y en parte también porque muchos de esos alcaldes venían de esos partidos tradicionales repitiendo sus vicios, mañas y malas prácticas políticas.

El reto para los partidos políticos que existen hoy, y para los que sobrevivieron las elecciones pasadas, sin tener representación parlamentaria, es enfrentar las próximas elecciones municipales, en febrero del 2028. Si los partidos políticos y sus grupos dirigentes no han entendido lo que pasó el 1 de febrero, van a ser barridos en las elecciones municipales del primer domingo de febrero de 2028.

Es muy difícil que se pueda cambiar la legislación para volver a integrar ambas elecciones en una sola.

Lo que valdría la pena es cambiar la legislación electoral para modificar el sistema de elección de presidente y de diputados. Así, el primer domingo de febrero del 2030 se elija al presidente de la República siguiente y, el primer domingo de abril se elijan los diputados de la Asamblea Legislativa. Ambas fechas ya están en el calendario de la patria electoral. Esto crearía las condiciones para que la elección de diputados sea más viva, sobre el resultado de quien ganare la elección presidencial en febrero. El peso se daría en ver si se dan más diputados al ganador de febrero, para una mejor gestión de gobierno, o se dan más diputados a la oposición para una mayor gestión de control político legislativo. De esa manera también se resuelve la participación de muchos partidos políticos en las elecciones nacionales y de legislativas.

Si se quisieran unir las elecciones nacionales y las municipales, ese también sería el momento de escoger las autoridades municipales o cantonales. Si hubiera necesidad de una segunda vuelta electoral porque en la primera no se logró el 40% de los votos, en la vuelta de abril se haría el paquete completo, elección entre los dos finalistas, la elección de los diputados y si fuera del caso la de las autoridades cantonales. Las elecciones municipales son por su naturaleza multipartidistas, porque cada cantón tiene una elección separada, como ya se hace y se tiene experiencia.

A estas reformas hay que añadir la de garantizar el presupuesto electoral público para todos los partidos políticos que participen en las elecciones independientemente de si sacan el 4% de los votos o de si eligen un diputado. Si esto se garantizara se podría prohibir todo tipo de donación directa a los partidos políticos. Nadie tendría que poner un cinco, ni nadie haría fortunas con el financiamiento público a los partidos políticos. Esto lo explicaré en otros artículos.

Esto mejoraría la gestión de gobierno y la vida democrática nacional.

Tita Escalante, a su memoria

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Marcos Chinchilla Montes

Por esas gratas casualidades de la vida, las Horas Beca 11 de la Universidad de Costa Rica, me tocó realizarlas con la profesora Laura Guzmán, lo que a la postre se convertiría en un ventanal insospechado de oportunidades de conocimientos.

Realizamos muchas giras, pero también mucho trabajo de oficina; mismo que se concentraba en el cubículo A del antiguo edificio de Ciencias Sociales. Esto me permitió relacionarme no solo con asistentes de otras carreras, sino también con docentes de quienes no tenía la menor noticia de su existencia; entre ellas, Tita Escalante, socióloga, quien me resultaba una mujer muy seria, severa, pero en extremo interesante, reflexiva y crítica.

Gracias a Laura, Tita, Emilia Molina y otras docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, tomé nota de las discusiones y reivindicaciones de género y feminismo, temas que para 1989 no estaban en nuestra formación profesional de Trabajo Social. Tita era brillante, sobresaliente; con frecuencia la invitaban a debates académicos y aprovechaba para ir a escucharla, lo que implicaba que tenía que ausentarme en algunos casos de mis clases, pero las ganancias eran indiscutibles.

Si bien Tita junto a otras compañeras le dio forma a ese pensamiento crítico feminista que se iba arraigando en la academia (sin dejar de lado que fue cofundadora del PRIEG, hoy CIEM), también tenía la virtud de analizar con enorme capacidad la realidad social, fuera nacional o internacional. Para mí ella fue todo un referente, primero como estudiante, luego como docente; nunca olvidaré las conversas que dábamos entre las y los “profes” del cubículo A, cultivando una comprensión interdisciplinaria, en la cual el criterio de ella siempre tenía un enorme peso.

Su fallecimiento me ha dejado consternado; pero para alegría de ella, tengo la certeza que su semilla intelectual y su compromiso político quedó ampliamente extendido entre una gran cantidad de cientistas sociales. Honrado por haberla conocido, la recuerdo con mucho cariño.

¿Soberanía u obediencia?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Las palabras del presidente Rodrigo Chaves sobre Cuba no dejan espacio para la ambigüedad.

No solo rompió relaciones diplomáticas. Dijo que no reconoce la legitimidad del gobierno cubano, que “hay que limpiar el hemisferio de comunistas” y que “los americanos dicen enough is enough”. Con eso basta.

Porque ya no estamos ante una política exterior basada en derechos humanos. Estamos ante una toma de posición ideológica… y geopolítica.

Cuando un presidente habla en esos términos, la pregunta no es Cuba. La pregunta es Costa Rica.

¿Desde cuándo nuestra política exterior se formula en sintonía con el lenguaje de la Casa Blanca? ¿Desde cuándo “defender derechos humanos” significa repetir la lógica de confrontación de una potencia?

Porque mientras se rompe con Cuba, no se rompen relaciones con quienes bloquean, sancionan, intervienen o imponen condiciones a otros países. Entonces no es un tema de derechos. Es un tema de a quién se le aplican. Y eso tiene nombre: doble moral.

Costa Rica ha sido —al menos en su mejor tradición— un país de paz, de diálogo, de multilateralismo, de respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Hoy, en cambio, escuchamos un discurso que no dialoga: confronta. Que no media: se alinea. Que no construye puentes: los rompe. Y lo más grave es que no parece ser un hecho aislado. El propio presidente ha dicho que esta línea será continuada por la próxima administración de Laura Fernández.

Entonces la pregunta ya no es diplomática. Es política. ¿Vamos a seguir siendo un país que decide desde sus principios o uno que ajusta su voz al poder de turno? Porque cuando la política exterior pierde su voz propia, la soberanía no se pierde de golpe. Se cede… frase por frase.

Próximo gobierno afrontará retos que determinarán modelo de desarrollo

Escrito en . Publicado en Análisis.

UNA Comunica. La lista es extensa y los desafíos también, pero lo cierto es que el futuro hacia un modelo de desarrollo “equilibrado, resiliente y equitativo” en el país pasará por la toma de decisiones estratégicas en materia económica y social, que deberá adoptar la administración de Laura Fernández para el periodo presidencial que arrancará el 8 de mayo.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) revisó cuáles desafíos económicos enfrentará la próxima administración y enlistó propuestas de políticas públicas que podrían implementarse.

1. Reducir desigualdades, diversificar exportaciones

La realidad económica del país se basa en un sector de empresas en zona franca (régimen especial) que crece de manera acelerada, frente a un régimen definitivo (el resto de las empresas) que no crece a la misma velocidad. De 2019 a 2025 el crecimiento del régimen especial fue de un 116.8%, frente a un 14.6% del resto del parque empresarial en el país.

Ante ello, se propone profundizar los encadenamientos productivos entre compañías de zona franca y proveedores locales y modernizar y brindar más apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). También, diversificar la oferta exportadora, dar más atención a los territorios para disminuir las desigualdades y modernizar al sector agrícola, al tiempo que se fomenten las exportaciones de industrias ubicadas fuera del valle central.

2. Desdolarizar y transparentar la política monetaria

Una de las palancas que más mueve la economía es el acceso al crédito. Sin embargo, esto ocurre cuando las decisiones de política monetaria son consecuentes con la realidad del entorno. El OES determinó que en vivienda, consumo, servicios y turismo, las Tasas de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) no siempre se trasladan a las tasas de interés que cobran las entidades financieras por ese tipo de préstamos.

Mientras que la TPM se redujo 2,75 puntos porcentuales (p.p.) de enero de 2024 a febrero de 2026, la Tasa Básica Pasiva (que sirve para promediar las tasas de interés por préstamos en entidades financieras) solo bajó un 1,54 p.p. en ese lapso. Al respecto, se propone una mayor competencia en el sistema financiero y mejorar la transparencia en tasas de interés desagregadas por tipo de crédito, moneda e institución. Asimismo, avanzar hacia una “desdolarización” que incentive el ahorro y el crédito en colones.

3. Fortalecer red de cuido y bajar la informalidad laboral femenina

En cuestión de una década, Costa Rica redujo en un 5.4% la tasa neta de participación laboral femenina. Cerrar la brecha existente requiere que el gobierno expanda la red de cuido tanto para la primera infancia como para las personas adultas mayores y dependientes.

El desafío contempla además el desarrollo de políticas de empleo con enfoque de género, incentivar la formalización laboral de las mujeres, promover el acceso al crédito, el emprendimiento y los puestos de liderazgo, así como modalidades de trabajo flexibles. De parte del OES se reiteró la oposición a las jornadas laborales de 12 horas diarias (jornadas 4×3), al catalogarse como una regresión en derechos laborales.

4. Revisar regla fiscal y aumentar ingresos

“La coyuntura fiscal de Costa Rica en el 2025 muestra avances en la contención del gasto y una ligera mejora en el déficit fiscal, pero también evidencia problemas estructurales en la recaudación tributaria y en el nivel de endeudamiento público”, señala el informe del Observatorio en el apartado de sostenibilidad fiscal.

Ante este diagnóstico, la ruta a tomar, de acuerdo con los académicos de la UNA, pasa por fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, sustituir los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles que tiende a bajar, aplicar medidas que reduzcan el pago de intereses de deuda y revisar el diseño de la regla fiscal actual, para que empate la estabilidad fiscal del país con la necesidad de financiamiento a programas sociales e infraestructura.

5. Modernizar el transporte público

En cada administración siempre se habla de la necesidad de modernizar el transporte público. Pero los datos confirman la necesidad de apuntar con más precisión hacia esa meta. Mientras que la cantidad de personas movilizadas se redujo en un 42.2% entre el 2018 y el 2025 (de acuerdo con el Programa Estado de la Nación), la cantidad de automóviles creció en un 62.1% entre 2013 y 2025.

Renovar la flotilla de buses que utilicen tecnologías limpias, establecer un subsidio al transporte público, mejorar la gobernanza del sector, promover la intermodalidad (con ciclovías y terminales de buses en centros urbanos) y concretar el proyecto del tren eléctrico metropolitano, son parte de las soluciones propuestas.

6. Tren de carga y atención de rutas esenciales

Costa Rica enfrenta un rezago en su infraestructura vial y portuaria, lo que le resta competitividad frente a otros actores. Por ello, la ampliación del puerto de Caldera debe ser una prioridad en el próximo gobierno, además de la concreción del tren de carga, que conecte los principales centros productivos con los puertos del Caribe y el Pacífico.

El mismo impulso debería otorgársele al proyecto de ampliación de la ruta 27 (San José-Caldera) y de la construcción de túneles falsos sobre la ruta 32 (San José-Limón) ante los altos costos recurrentes producto del cierre de esta vía por las condiciones climáticas.

7. Fortalecer pensiones y la inserción laboral

Este gobierno debe proyectar, en sus políticas públicas, que de cara al 2050, la población de 60 años o más representará el 32.5% del total.

El acelerado crecimiento demográfico de las personas adultas mayores requiere atender la sostenibilidad del sistema de pensiones. Además, se debe promover la inserción laboral en personas mayores de 55 años, desarrollar un sistema universal de cuidados que integre servicios públicos, privados y comunitarios e incorporar el impacto del cambio demográfico en la planificación fiscal a largo plazo.

8. La educación y la necesidad de aumentar la inversión pública

La inversión en educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ha caído desde un 7.2% de 2015 hasta un 5.24% el año anterior. En términos nominales, aunque el presupuesto a educación aumentó un 24% en ese periodo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento real fue de solo un 4%.

Los desafíos requieren ampliar la inversión pública en educación y aprovechar el cambio demográfico (para aumentar la inversión por estudiante y mejorar la calidad educativa). También, fortalecer los aprendizajes básicos, la educación técnica, la actualización laboral y fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

9. Afectar la rentabilidad del crimen organizado

La semana pasada, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país hizo el vínculo entre seguridad y economía, al advertir que un agravamiento de la criminalidad puede afectar el turismo, al inversión y el comercio.

En un país que en los últimos tres años ha roto los récord de asesinatos, la OES sugiere focalizar territorialmente la política de seguridad, golpear la rentabilidad de los grupos criminales a través de incautación de activos y trazabilidad patrimonial e impulsar programas de prevención, sobre todo en la población joven del país.

“Atender estos desafíos requiere una agenda de política económica integral que combine estabilidad macroeconómica con inversiones estratégicas en capital humano, infraestructura y capacidades productivas. Esto implica impulsar reformas graduales pero sostenidas que fortalezcan la competitividad del país, amplíen la participación y anticipen los cambios tecnológicos y demográficos que marcarán las próximas décadas”, señala el informe elaborado por los académicos Roxana Morales (coordinadora del OES), Fernando Rodríguez y Javier Rodríguez.

Le invitamos a descargar desde SURCOS el documento con el análisis, así como la presentación

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/OES-UNA-Desafios-economicos-documento.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/OES-UNA-Desafios-economicos-presentacion.pdf

Una dura lección para India

Escrito en . Publicado en Análisis.

Martín Rodríguez Espinoza

Lo ocurrido con India no es un simple episodio comercial, es una radiografía brutal de cómo opera el poder imperial: presiona, impone, y cuando le conviene… cambia las reglas sin ningún pudor.

En el gran tablero del ajedrez mundial, hay jugadas que parecen maestras y otras que terminan siendo lecciones extremadamente costosas. India acaba de aprender una de las más duras, en la geopolítica, el que duda, paga. Como dice el viejo refrán, el que pestañea, pierde.

India cedió parcialmente ante Washington, redujo compras de petróleo a Rusia y buscó acomodarse, pero terminó atrapada en una crisis energética y dependiendo otra vez de Rusia, ahora en peores condiciones y sin los beneficios que antes tenía antes de ceder ante los yanquis.

Y mientras tanto, Estados Unidos giró su política porque creyó que la agresión criminal que perpetró con el sionismo de Israel contra Irán sería muy fácil y rápida. De nuevo, ante la crisis generada, permitió nuevamente a India esas compras, pero bajo sus términos y por tiempo limitado.

India disfrutaba de una posición envidiable. Mientras el mundo sufría por los precios del crudo, lograba comprar petróleo ruso con descuentos históricos. Era el negocio del siglo. India, socio del BRICS, parecía tener lo mejor de ambos mundos… hasta que sonó el teléfono en Washington, le dio órdenes que servilmente obedeció.

Cuando India regresó a tocar la puerta de Rusia, la respuesta fue fría: «Venderemos, pero ahora a precios de mercado y sin los descuentos anteriores». Rusia no perdona la falta de lealtad en momentos críticos. El «amigo» que se fue bajo presión de los yanquis, ahora regresa como un cliente desesperado.

La lección es clara, en la geopolítica imperialista no hay “aliados”, hay intereses. Y quien renuncia a su soberanía para obedecer, termina pagando más caro.

EEUU no solo actúa como potencia dominante, sino como un actor que desestabiliza y luego se presenta como árbitro. Y sus “socios” que aceptan ese juego, tarde o temprano descubren que en ese tablero no son jugadores… son piezas reemplazables. Lo han vivido títeres de EEUU en el mundo entero, pero también en Costa Rica, así que Chaveto, ya sabes, Laura, ya sabes, el pueblo costarricense no tiene por qué sufrir las consecuencias de su incapacitada, sumisión y corrupción.

Quien se arrodilla ante el imperialismo, no gana favores… pierde dignidad, pierde ventajas y termina perdiendo siempre.

Se busca un juez

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillon

Hace más de veinte años, a quien pasara a altas horas de la noche frente al edificio de la Corte Suprema le era dado ver, invariablemente, una luz encendida en lo alto. Era la luz de la oficina del presidente don Fernando Coto Albán, un juez que durante su vida padeció hambre y sed de Justicia, y contribuyó decisivamente a que la Justicia fuera augusta y venerada en Costa Rica.

Apegados a la esencia de su ministerio, jueces como él, o como don Ulises Odio, se cuidaron de comprometer al Poder Judicial en convenios o acciones conjuntas con los otros poderes; porque tenían muy claro que la función de todo juez se concreta nada menos que en juzgar con equidad e imparcialidad los conflictos pendientes entre las personas (con mayor razón si entre estas personas están los miembros de los Supremos Poderes u otros altos funcionarios); y que era vital para la Democracia hacer respetar la sagrada investidura del juez, manteniendo entre éste y los representantes de los poderes fácticos y políticos la distancia suficiente que le permitiera, si el caso se daba, aplicarles el rigor de la ley.

Así debe ser, y por ello es preciso que la Corte, como órgano y cabeza de la Judicatura, vuelva a sentir hoy aquella hambre y aquella sed de Justicia, y recupere esa distancia crítica frente a la voracidad y el frenesí de los poderes; porque la Justicia es, por esencia, un contra-poder social: es la afirmación incondicional de lo justo frente a todo cálculo oportunista y utilitario de algunos.

Porque, en efecto, la mejor política judicial es la que conduce a una justicia independiente, docta e imparcial para todos. Y en ese contexto, es razonable pensar que el buen gobierno de un País requiere jueces cuya actuación recta y oportuna, sumada a otros factores, contribuya a propiciar “un buen clima de negocios”, siempre que se trate de negocios honestos, equitativos y respetuosos de la legalidad; pero esto sólo se puede lograr instaurando un sistema en el que la independencia de cada juez esté asegurada institucionalmente; y no, como da a entender cínicamente un diputado, eligiendo magistrados domesticados, obsecuentes y sometidos a la voluntad y a las políticas entreguistas de un gobierno neoliberal.

Ese diputado y muchas otras personas tienen la idea de que el Judicial es un Poder de rango inferior a los otros, con el peregrino argumento de que la elección de los miembros de la Corte no proviene de las urnas. Pero ¿no se percatan estos señores de que su argumento contradice la Constitución, cuyo artículo 9 confiere el mismo rango a los tres Poderes?

El sistema costarricense de Justicia debe ser guiado por el camino de la dignidad y la independencia; y a ello contribuirá decisivamente un presidente de la Corte cuyo desempeño anterior como Juez y Magistrado constituya una clara y firme garantía de responsabilidad, buen criterio jurídico, firmes convicciones y, sobre todo, de no sometimiento frente al Gobierno, frente a la Asamblea Legislativa, frente a las cúpulas políticas y financieras. Un presidente de la Corte no necesita ser amigo ni tener afinidades con los otros Poderes; y no someterse a ellos tampoco significa que sea su enemigo. Para mantener unas relaciones respetuosas con dichos poderes basta con que sustente ideas y convicciones realistas y claras acerca del papel y el rango de la Justicia dentro del Estado costarricense del Siglo XXI, y las exponga con lealtad y firmeza.

Por lo dicho, y sin que ello signifique demérito alguno para los otros Magistrados de la Corte, muchos de los cuales me honran con su amistad, la persona que, en mi modesto criterio, muy por encima de los cálculos mezquinos y las arteras componendas de los politicastros, reúne las mejores condiciones para presidir la marcha de la Judicatura costarricense en los años venideros, es el juez don Fernando Cruz Castro.

Nota de SURCOS: Este texto fue escrito y publicado por don Walter hace 13 años; lo publicamos hoy a solicitud del autor en homenaje a quien, «contra viento y marea, ha mantenido su independencia y su dignidad en el cumplimiento de su sagrada misión».

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.