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Hoy son visas. Mañana será nuestra voz

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa

Hay una señal peligrosa: cuando el poder deja de discutir y empieza a condicionar, la libertad y los derechos entran en riesgo.

No estamos ante un pleito más entre un gobierno y un medio que ha sido parte del establishment dominante y de cierta pluralidad a la tica. Tampoco se trata de simples visas para ingresar a un país, por importante que ese destino haya sido en la historia reciente de nuestras élites. Reducir el episodio a un trámite migratorio sería, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, cómplice. Lo que está en juego no es la movilidad de un grupo empresarial, sino el clima de libertades y el ejercicio de los derechos para todos los demás en el país.

La medida contra directivos del diario La Nación —más allá de su discutible papel histórico como vocero de sectores dominantes— introduce un elemento inquietante: el uso de mecanismos externos para dirimir diferencias internas. No es solo un gesto de represalia contra un actor poderoso; es una señal. Y las señales, en política, rara vez son inocentes. Podría tratarse también de una pugna entre distintas fracciones del mismo establishment. Hay que reconocer que el periódico ha sido crítico con el actual gobierno costarricense y, por eso, está pagando un costo. Alegrarse por ello no tiene nada que ver, en absoluto, con la transformación de las relaciones de dominación.

Lo cierto es que el gobierno de Rodrigo Chaves ya había intentado presionar a ese medio, afectando sus fuentes de ingreso —como en el caso de Parque Viva— y retirando pauta publicitaria estatal a otros. Pero ahora la lógica escala: no solo se ejerce presión económica desde dentro, sino que se activan vínculos externos. El mensaje es brutal en su simpleza: quien no se alinea, paga costos.

No sabemos si la correlación de fuerzas entre La Nación y el actual grupo en el poder ha cambiado respecto de contiendas anteriores. Ese grupo periodístico incidía, sin demasiadas mediaciones, en decisiones políticas relevantes. No era posible coincidir con muchos de sus excesos, sobre todo frente a demandas sociales legítimas. Actuaba en consonancia con otros grupos de poder económico. Hoy, esos viejos aliados guardan silencio: o les gana el miedo —y tienen mucho que perder si hablan— o calculan que tienen más que ganar si se alinean.

Lo relevante, sin embargo, no es el blanco de la medida, sino su alcance. Si esto ocurre con un actor que históricamente ha sido parte del establishment, la pregunta no es por qué le ocurrió, sino qué puede ocurrir con quienes no tienen ese poder. Ahí es donde el episodio deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. Adquiere otra dimensión política. No debería preocuparnos la suerte de los directivos en sí, sino la de todos los demás: sindicatos, universidades, organizaciones estudiantiles, intelectualidad crítica, medios independientes, alternativos y críticos y liderazgos políticos disruptivos.

Costa Rica no está sola en este giro. En Guatemala, periodistas han sido encarcelados mediante procesos judiciales cuestionados. En Nicaragua, el cierre de medios independientes eliminó prácticamente toda pluralidad informativa. En El Salvador, la presión fiscal, judicial y simbólica ha empujado al exilio a voces críticas. Son contextos distintos, pero comparten una misma lógica: no siempre se clausura la prensa; a veces basta con intimidarla. Y por ahí suelen comenzar cosas peores. Esa sombra recorre ya buena parte de América Latina.

Pero en el caso de Costa Rica hay un elemento adicional que lo vuelve más inquietante. Además de este grupo empresarial, el gobierno de Estados Unidos ha restringido el ingreso a su país a dirigentes políticos, magistrados, funcionarios públicos y a otro empresario que no son una amenaza para ese país En varios casos, según se ha señalado, a solicitud del propio gobierno costarricense. Se trata de una forma particularmente opaca de trasladar conflictos internos al terreno externo. Por eso, la pregunta que no se formula con suficiente fuerza es: ¿qué está dispuesto a dar o a conceder el gobierno de Costa Rica a cambio? No parece verosímil que se trate de simple lealtad sin costo.

Lo que comienza a perfilarse en la región no es un retorno mecánico a las dictaduras del siglo XX, sino algo más sofisticado: democracias que conservan sus formas mientras erosionan sus contenidos. Ya no se proscriben partidos ni se decreta la censura abierta; se construyen entornos donde disentir tiene costos crecientes.

En ese marco, el uso de instrumentos internacionales —como la restricción de visas— apunta a una dimensión adicional: la externalización del conflicto político y la posible articulación de afinidades más allá de las fronteras nacionales. No hace falta invocar conspiraciones para reconocer una convergencia de estilos: gobiernos que, desde distintos signos, comparten una relación cada vez más instrumental con la institucionalidad democrática y están dispuestos a violentarla.

Costa Rica, que durante décadas se pensó a sí misma como excepción, empieza a parecerse demasiado a su entorno. Y esa es, quizás, la señal más preocupante. No porque hayamos dejado de ser distintos, sino porque estamos dejando de defender aquello que nos hacía serlo.

Las visas, al final, son lo de menos. Se otorgan, se negocian o se recuperan. Más temprano que tarde, los sancionados volverán a disfrutar de sus visas. La libertad y los derechos perdidos por todos los demás, muy posible que no. Estos se ejercen o se pierden. Y cuando empiezan a condicionarse —aunque sea en los márgenes— conviene entender que el problema ya no es de quienes se quedaron sin entrada a un país, sino de todos los que aún creemos que vivir en libertad no debería tener precio.

Hoy son visas a empresarios, políticos y funcionarios. Mañana será el silencio de todos. Y cuando el silencio se vuelva costumbre, ya no hará falta prohibir nada: habremos aprendido, por nosotros mismos, a callar, algunos por miedo, otros por complicidad.

El fondo del debate —y la tentación de ignorarlo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

A una semana exacta de dejar su cargo —salvo que la política, siempre creativa, disponga lo contrario— y en pleno debate sobre el Acuerdo Transpacífico, don Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior, ha salido al paso de la homilía de monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, pronunciada el pasado 1 de mayo, día de San José Obrero; una intervención en la que el prelado se limita —con puntual fidelidad— a citar los planteamientos de la más reciente carta pastoral del episcopado costarricense.

Hasta aquí, todo podría pasar por una anécdota más del siempre picante — y selectivamente distraído— debate público. Pero asoma una duda básica: ¿Se entendió de dónde provenía realmente esa posición, o resulta más cómodo responder como si fuera la opinión aislada de alguien que, casualmente, no figura en la lista de afinidades… y, por tanto, puede despacharse sin mayor trámite?

La precisión importa. El 28 de abril de 2026, la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó la carta pastoral colectiva “La paz esté con ustedes”. Se trata de un documento colegiado, fruto del discernimiento conjunto de los obispos del país.

Por tanto, cuando el arzobispo Quirós citó —incluso textualmente—no estaba elaborando una postura propia paralela, sino haciendo presente una voz compartida y publicada.

Aquí asoma la duda inevitable: si el ministro no estaba informado de una carta pastoral- entiéndase el mensaje público de un actor social con enorme presencia- que abordaba asuntos directamente vinculados a su despacho, quizá convendría revisar con cierta urgencia los canales de comunicación de su propio ministerio; y si sí lo estaba, entonces la omisión resulta todavía más… reveladora. En ambos casos, el carácter colegiado se esfuma con facilidad y el debate se reconduce hacia una personalización que, casualmente, siempre termina simplificando lo que en realidad es bastante más complejo.

La Iglesia tiene el derecho y el deber de manifestarse. El Compendio de la Doctrina Social lo establece con claridad: “La Iglesia tiene el derecho y el deber de emitir un juicio moral, incluso sobre materias económicas y sociales, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas.” (CDSI n. 81)

Es decir, no se trata de sustituir a los políticos o a los técnicos, sino de iluminar las implicaciones humanas de sus decisiones.

En esa misma línea, el papa León XIV ha insistido recientemente en que la fe no puede reducirse a un ámbito abstracto. En palabras que condensan este llamado:

“No puede haber verdadera fe donde se tolera la injusticia; la oración que no se traduce en justicia pierde su verdad.”

Cuando una política de corte económico incide en la dignidad de las personas, en el trabajo o en la equidad social, deja de ser un asunto exclusivamente técnico. Entra en el terreno moral.

Lo que vemos no es exclusivo del contexto costarricense. Días atrás, J. D. Vance —cercano al entorno político de Donald Trump— cuestionó al Papa León XIV por pronunciarse sobre temas que cruzan teología y política, sugiriendo que se limitara a lo “moral”, mientras defendía al mismo tiempo categorías como la “guerra justa”.

El paralelismo es significativo: se acepta la voz moral… siempre que no se traduzca en consecuencias concretas.

Volviendo al caso nacional, la cuestión sigue abierta: Si el arzobispo está citando un documento colegiado, ¿se está considerando adecuadamente ese contexto al responder? ¿Se trata de un simple desfase en la comunicación? ¿O hay una incomodidad más profunda cuando la Iglesia desciende del plano general al concreto?

Y aún más: si se cuestiona la intervención de la Iglesia Católica en asuntos públicos, ¿se aplica ese mismo rasero a todos los actores religiosos por igual… o hay objeciones que aparecen con una selectividad bastante oportuna?

Aquí ya no estamos ante un simple matiz, sino ante una cuestión de fondo. El país necesita un debate serio sobre su política comercial, pero ese debate pierde calidad cuando no se reconoce con precisión el derecho a manifestarse… y desde qué lugar se hace.

A diferencia de otros sectores religiosos en Costa Rica, la Iglesia no interviene como actor técnico ni como grupo de presión política. Interviene desde una responsabilidad moral que, precisamente, le impide guardar silencio frente a estructuras que pueden derivar en injusticia.

Al final, el debate no será ni técnico ni retórico, sino profundamente humano. Y es precisamente ahí donde los criterios dejan de ser abstractos, pues, como recuerda el Evangelio, el juicio no se juega en discursos, sino en realidades concretas: “Tuve hambre y me diste de comer…” (Mt 25,35).

Comunismo y democracia (4)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado
Parte 1: https://wp.me/p6rfbZ-yQy
Parte 2: https://wp.me/p6rfbZ-yRo
Parte 3: https://wp.me/p6rfbZ-yRE

Jean Jacques Rousseau, el gran mentor de la revolución burguesa, soñaba en una democracia directa, ejercida en pequeñas comunidades similares a las ciudades-estado atenienses, soberanas de pequeños territorios y conformadas por pequeñas poblaciones. Iguales a la griega, esas democracias eran directas, sin intermediarios.

Platón creía que las ideas de nuestras cabezas individuales estaban misteriosamente unidas a las Ideas, que vivían en una especie de mundo aparte. Esa unidad nuestra con esas Ideas verdaderas era los que le daba sentido de realidad al mundo. En Rousseau la voluntad del ciudadano estaba también misteriosamente ligada a una Voluntad General, que nos rodeaba de la misma forma que el Éter, esa misteriosa sustancia que según los antiguos físicos llenaba el universo entero, permitiendo su actuación, permitiendo, entre otras cosas, la trasmisión de la luz. El ciudadano, según el filósofo francés, votaba las leyes haciendo ejercicio de su voluntad particular y de esta manera haciendo realidad la Voluntad General, que nunca se equivoca. Esas leyes votadas de esa manera eran puestas en práctica por los diputados y los gobernantes, que eran los Mandatarios, no porque mandaban, sino porque eran mandados. Porque quien los mandaba era el Soberano, el pueblo reunido, ejerciendo su derecho a participar en la decisión colectiva.

Los clásicos son muy hermosos precisamente por su utopía, que se conforman de sueños irreales, pero que alumbran el camino en las cuestiones de a diario, en las sí realizables. Es la utopía que, como dice Serrat, “alumbra los candiles del nuevo día”.

La debilidad de la utopía rousseauniana es que hace abstracción de las diferencias sociales: en ella los ciudadanos son todos iguales, todos propietarios igualmente libres. Pero aun así esa utopía nos dice mucho de la realidad de nuestro mundo desigual, donde la Voluntad General alumbra solo a los ricos y no se digna a recordar a los que menos tienen.

Una de las cosas más evocadoras de Rousseau es ese mundo suyo de democracia directa, que constituye hoy un mandato cuando pensamos en nuestras tareas políticas ulteriores. Nosotros estamos condenados a vivir en un mundo donde la voluntad del ciudadano solo puede expresarse a través de los partidos. Esos entes extraños, los partidos, todos, nos piden el voto cada cierto tiempo, y después de eso no volvemos a tener contacto con ellos. Ellos hablan por nosotros, deciden por nosotros, dicen representarnos sin pedirnos permiso. Los ciudadanos no tenemos voz y nadie nos consulta. Ellos, por el contrario, son los Mandatarios, y lo son porque mandan y no porque son mandados.

La segunda gran tarea de nuestra democracia debe ser la de dejar de ser una democracia representativa y pasar a convertirse en una democracia participativa, descentralizada y directa en los asuntos fundamentales, los cuales deben discutirse en comunidad y votarse en plebiscitos que sean norma y no raras excepciones.

Digo que esta es la segunda tarea, porque la primera es cambiar el carácter de clase de la estructura estatal, desplazando del poder a Los-De-Siempre y poniendo en su lugar a Los-De-Nunca. Esa transformación del Estado de un entre represor de una minoría en un ente representante de la mayoría no es una tarea de la reforma parlamentaria sino de la revolución social y, sin ofender a nadie, de la Revolución Socialista, entendiendo por esta la primera etapa del comunismo.

“No tome el ascensor, tome el poder”, gritaban los estudiantes franceses durante las revueltas de 1968. Años antes, los rusos habían levantado una consigna similar o, al menos, con el mismo sentido: “Todo el poder a los sóviets”. Estos sóviets eran los organismos de poder directo de las comunidades trabajadoras, donde estaban no representados sino presentes de cuerpo y alma los trabajadores y las trabajadoras mismas. Eso debemos decirles a nuestras comunidades: “No tomen el bus, tomen el poder”.

En Cuba el proceso político se asienta en los organismos del Poder Popular, adonde son propuestos candidatos de las organizaciones sociales, los sindicatos las universidades o los mismos ciudadanos y donde el partido gobernante tiene prohíbo por ley proponer o impulsar candidaturas.

Venezuela venía avanzando en la instauración de la Democracia Corporativa, un modelo basado en la organización del pueblo en sus territorios a través de consejos comunales, órgano de la democracia participativa, que sustituiría a la obsoleta Asamblea Nacional, expresión de la democracia representativa heredada del pasado. Es una línea de conducta que empuja hacia la democracia directa y participativa en un país que, no está de más decirlo, ha tenido una veintena de plebiscitos, casi uno por año. No hay que olvidar tampoco que, en lo que va del siglo, Venezuela ha celebrado más elecciones populares en este siglo que ninguna otra nación en el mundo).

Ejercer el poder desde abajo, de manera directa, significa descentralizar al máximo las decisiones del Estado, eliminar la burocracia y pasar las decisiones en materia de salud, educación, tránsito, construcción de vivienda, cuidado de los bosques y tantas otras, pasar esas funciones, digo, al ejercicio de las comunidades. Hay que, hacer que los órganos estatales dejen de ser medio de enriquecimiento de unos pocos, democratizar la prensa y el derecho de cada uno a expresarse.

En estas labores descentralizadoras hay que incluir la seguridad: el cuido de la paz pública y del Estado mismo debe estar en manos de las comunidades. Esto se ha expresado muchas veces como la tarea de darle las armas al pueblo.

Hay mucho que soñar precisamente porque hay mucho que hacer. Pero no logramos nada haciendo panegíricos generales y abstractos de la democracia, esta democracia burguesa en que vivimos, ni separando a los demócratas de los comunistas. Esa separación ayuda a la unidad con las fuerzas de la reacción, pero divide a los sectores del pueblo. Hace unidad por arriba, pero divide por abajo, hace unidad por la derecha, pero divide por la izquierda. Hay que disponerse de verdad a defender nuestros derechos democráticos y a luchar por una verdadera democracia, pero alertando al pueblo que esta nunca será realidad mientras el poder del Estado y, de paso también, la riqueza social, estén en pocas manos, es decir, mientras los trabajadores seamos excluidos de la riqueza material y de la posibilidad de gobernar. Y esto una política flexible, que busca las formas de unidad, más amplia, aunque seas momentáneas, es muy loable. Pero esas unidades por lo inmediato no deben significar divisiones hacia el futuro. Ese culto por lo pragmático no debe nunca echar al bote de la basura la utopía para el futuro, porque es ella las nos alumbra como un punto omega desde adelante, la que da sentido y dirección a nuestra pequeñas acciones de hoy.

Visa para la censura: autoritarismo criollo y complicidad imperial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Instituto sindical de formación política

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

La reciente anulación de visas a los directivos del periódico La Nación marca un antes y un después en la historia de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con Estados Unidos. Lo que debería ser un trámite administrativo rutinario se ha convertido, bajo la administración de Rodrigo Chaves, en un mecanismo más de persecución política. Pero lo más preocupante no es solo la maniobra vengativa del mandatario costarricense para acallar a la prensa crítica, sino el triste y bochornoso papel de los Estados Unidos, que al prestarse a este juego se transforman en cómplices del autoritarismo tropical. El imperio que presume de ser guardián de la democracia se ha convertido, irónicamente, en notario de la represión.

La fachada del “imperio de la ley”

Washington ha justificado la medida bajo el argumento técnico del cumplimiento migratorio. Una excusa tan frágil como un papel mojado. El gobierno de Chaves, experto en disfrazar de legalidad lo que es pura arbitrariedad, ha encontrado en la desgastada “democracia” del norte un socio silencioso. Al no intervenir ni cuestionar el fondo político de la decisión, Estados Unidos valida implícitamente la estrategia de un presidente que utiliza las herramientas del Estado como látigo contra quienes denuncian sus desplantes autoritarios.

No es un hecho aislado: es la continuación de una política de hostigamiento. Recordemos que en octubre de 2025 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente por 15 denuncias de “beligerancia política”. ¿Y cuál fue la reacción de Chaves? Insultar al Tribunal, acusarlo de “parcialidad” y advertir sobre una supuesta “guerra de sangre”. La ironía es brutal: un presidente que se proclama defensor de la ley, pero que la trata como papel higiénico cuando le incomoda.

La “pedagogía de la crueldad”

¿Qué intenta esconder Chaves al atacar a medios como La Nación? La respuesta está a la vista. Detrás de la retórica populista y las estupideces histriónicas con las que entretiene a sus seguidores, se esconde una gestión marcada por la opacidad y el debilitamiento institucional. Basta con observar cómo el Poder Judicial advirtió que sus afirmaciones sobre “fiscales corruptos” allanan el terreno para prácticas autoritarias.

El presidente parece seguir un manual clásico del populismo autoritario: cuando no puede gobernar con los votos —recordemos que no logró los 38 votos para quitarse la inmunidad en el caso BCIE—, intenta destruir a quienes lo fiscalizan. La anulación de visas a los directivos de La Nación es un escupitajo a la libertad de expresión. Es el gesto desesperado de un gobernante que ya no se molesta en ocultar su desprecio por la democracia, utilizando a Estados Unidos como ariete.

Estados Unidos: ¿socio o cómplice?

El silencio de Washington es ensordecedor. Mientras predica democracia en foros internacionales, en la práctica facilita que un mandatario centroamericano persiga a la prensa crítica. Este precedente es peligroso: se le dice a la región que se puede quebrantar el estado de derecho siempre que se tenga el visto bueno de la potencia hegemónica.

No estamos ante una “cruzada contra la corrupción”, como intenta vender Chaves con sus discursos soeces llenos de alabanzas a Dios y ataques vulgares. Estamos ante una cacería antidemocrática contra quienes se atreven a señalar que el Rey va desnudo.

La historia juzgará con severidad tanto a los funcionarios estadounidenses que firmaron estas órdenes de visa, como también a Rodrigo Chaves por su afán de acabar con la libertad de expresión. Mientras tanto, los costarricenses que aún creemos en la República debemos alzar la voz: no permitiremos que nos callen con visas ni con decretos. La prensa no se rinde, y los pueblos que lucharon por sus libertades no están dispuestos a cambiarlas por el capricho de un gobernante vengativo.

Entre símbolos, poder y hegemonía: notas sobre el nuevo escenario político costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Desde el 1° de mayo vengo pensando en lo que está pasando en la Asamblea, en la prensa y en el discurso político del país. Comparto esta reflexión, no para cerrar el debate, sino para abrirlo.

La instalación de la nueva Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo institucional en Costa Rica; constituye, además, un momento privilegiado para observar las tensiones profundas que atraviesan hoy la vida política nacional. Más allá de la configuración formal de mayorías y minorías, lo que se perfila es una disputa por el sentido: por definir qué es legítimo, qué es peligroso y quién tiene derecho a ocupar el espacio de lo político.

En términos estrictamente institucionales, el panorama es claro. El oficialismo, con una mayoría simple de 31 diputaciones, ha logrado consolidar el control de los principales órganos de dirección legislativa. Frente a ello, las fuerzas de oposición —integradas por diversas agrupaciones que, en conjunto, suman 26 escaños— han optado por una estrategia de coordinación orientada a contener eventuales reformas que puedan afectar el núcleo del Estado social de derecho. Esta configuración no responde a una afinidad ideológica plena, sino a una lógica de equilibrio y defensa institucional que encuentra precedentes en la propia historia política costarricense.

Sin embargo, la lectura de este escenario ha sido rápidamente capturada por una narrativa mediática que reduce la complejidad del momento a una clave simplificada: la amenaza de un supuesto “giro comunista” en la política nacional. Esta operación discursiva ha encontrado un punto de apoyo en hechos aislados —como la utilización de símbolos asociados históricamente al comunismo por parte de una diputada, o la participación de sectores juveniles en actividades internacionales vinculadas a la izquierda— para construir una imagen homogénea y descontextualizada de actores políticos que, en realidad, son internamente diversos.

En este punto, resulta útil recordar que el discurso político no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica que contribuye activamente a su configuración. Como señala Teun A. van Dijk, “los discursos influyen en la formación de opiniones, actitudes e ideologías sociales” (Van Dijk, 2003, p. 45), lo que implica que su función no es solo descriptiva, sino también performativa. En ese sentido, la categoría “comunismo” opera menos como un concepto analítico que como un dispositivo de deslegitimación.

En este contexto, las declaraciones de Patricia Mora, quien ha reivindicado la herencia de una izquierda que en la década de 1940 contribuyó a la construcción de las garantías sociales, han sido utilizadas para alimentar la tesis de un supuesto “encubrimiento ideológico”. Esta lectura ignora una distinción fundamental: la diferencia entre identidad histórica y definición programática actual. Reconocer una tradición no implica reproducirla doctrinariamente. Como ha señalado en múltiples ocasiones José María Villalta, el Frente Amplio no se define como un partido comunista en el presente. La aparente contradicción, por tanto, no es más que el resultado de una operación de simplificación que borra deliberadamente los matices.

Este borramiento no es inocente. Forma parte de una lógica más amplia en la que el lenguaje político delimita los contornos de lo pensable. En términos de hegemonía, como advierte Ernesto Laclau, “la política consiste en la construcción de significantes que articulan demandas y producen identidades colectivas” (Laclau, 2005, p. 93). Así, la invocación del “peligro comunista” no describe una realidad empírica verificable, sino que contribuye a organizar el campo político en torno a una frontera simbólica.

La paradoja alcanza un punto especialmente revelador cuando se observa el papel de ciertos medios de comunicación. La Nación, por ejemplo, ha contribuido a posicionar esta narrativa de sospecha sobre la oposición política, al tiempo que enfrenta acciones de poder —como la cancelación de visas a miembros de su directiva sin explicaciones públicas claras— que evidencian la fragilidad de su propia posición frente a dinámicas que trascienden el control mediático. Esta situación pone de manifiesto una característica fundamental del poder contemporáneo: su carácter funcional y contingente. En contextos de alta polarización, los alineamientos no son estables, y los mismos dispositivos discursivos que sirven para deslegitimar a unos pueden volverse contra otros.

A este cuadro se suman una serie de hechos recientes que no pueden ser analizados de forma aislada: el veto presidencial a iniciativas vinculadas a derechos del magisterio, el deterioro en los indicadores de libertad de prensa, y la creciente centralidad del discurso de seguridad como eje articulador de la política pública. Lejos de constituir episodios desconectados, estos elementos sugieren la configuración de un clima político en el que la apelación al orden, la estabilidad y la lucha contra el crimen organizado funciona como marco legitimador de prácticas que tensionan los equilibrios democráticos.

En este sentido, la disputa actual en Costa Rica no puede reducirse a una confrontación clásica entre izquierda y derecha. Más bien, se trata de una lucha por la hegemonía en un contexto de reconfiguración del modelo neoliberal, donde distintos actores —no siempre claramente diferenciados en términos ideológicos— compiten por definir los límites de lo posible. En este proceso, el recurso a categorías simplificadoras como “comunismo” cumple una función estratégica: delimitar el campo de lo aceptable y excluir determinadas posiciones del debate legítimo.

Como ya advertía Antonio Gramsci, la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino por la capacidad de construir consenso y sentido común (Gramsci, 1971). En ese marco, la disputa contemporánea en Costa Rica parece orientarse menos a la eliminación del adversario que a su deslegitimación simbólica.

La historia política costarricense ofrece, sin embargo, una lección distinta. El Estado social de derecho que hoy se invoca como patrimonio común no fue el resultado de una pureza ideológica, sino de un pacto complejo en el que convergieron actores diversos, incluyendo sectores reformistas, religiosos y de izquierda. Reducir esa herencia a una etiqueta o convertirla en objeto de sospecha implica no solo una simplificación analítica, sino un empobrecimiento del debate democrático.

En tiempos de creciente polarización, la defensa de la democracia no pasa únicamente por la protección de las instituciones, sino también por el cuidado del lenguaje. Nombrar con precisión, reconocer la complejidad y resistir la tentación de la simplificación son, hoy más que nunca, actos profundamente políticos.

Porque, al final, la pregunta que subyace a todo este escenario no es quién tiene la mayoría, ni siquiera quién tiene la razón, sino algo más inquietante:

¿quién está definiendo, y con qué fines, los límites de lo que una democracia puede pensar y decir sobre sí misma?

Referencias:

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Van Dijk, T. A. (2003). Ideología y discurso. Ariel.

Festival “Grito por la Paz” recorrerá comunidades del país para promover cultura de convivencia y Buen Vivir

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Un grupo de 16 personas vinculadas a la iniciativa “Buen Vivir” se encuentra organizando el Festival “Grito por la Paz”, una propuesta comunitaria que iniciará en mayo y se extenderá durante varios meses en aproximadamente 20 cantones del país. La iniciativa busca fomentar una cultura de paz en la familia, las comunidades y la sociedad en general, mediante actividades participativas y de encuentro ciudadano.

El equipo organizador está integrado por personas de Naranjo, San Francisco de Dos Ríos, Moravia, Desamparados, Tibás, Mora y Paso Ancho, quienes han articulado esfuerzos para impulsar acciones culturales, educativas y comunitarias en distintos territorios.

Entre las actividades ya confirmadas destacan un intercambio de semillas y espacios para emprendimientos en San Ramón; una actividad cultural en el centro de San José; una peña cultural en Desamparados; y en Paso Ancho una jornada que incluirá Feria del Agricultor, talleres de pintura y macramé. Asimismo, se suma la participación de personas de Palmares en la organización general del festival.

También se prevé la realización de actividades dirigidas a personas adultas mayores, espacios de convivencia como picnics comunitarios y un “tendedero por la paz”, que se desarrollarán en lugares como la Biblioteca Emma Gamboa y el Parque Los Héroes. No obstante, aún se encuentran en proceso de confirmación múltiples grupos y comunidades que podrían integrarse a la iniciativa.

Las personas organizadoras señalan que este festival tiene como propósito central fortalecer una cultura de paz en los distintos ámbitos de la vida social, promoviendo el encuentro, la creatividad y la participación comunitaria.

Como antecedente reciente, el colectivo participó el pasado 1° de mayo en la marcha del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, donde se hicieron presentes con la bandera blanca como símbolo de paz.

Las personas interesadas en participar o conocer más sobre el Festival “Grito por la Paz” pueden comunicarse con el colectivo “Buen Vivir”.

Comunismo y democracia (3)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado
Parte 1: https://wp.me/p6rfbZ-yQy
Parte 2: https://wp.me/p6rfbZ-yRo

El socialismo, el verdadero, no el de Pedro Sánchez, siempre ha estado comprometido con los derechos democráticos y la libertad. Desde su misma cuna, Marx llamó a los comunistas a luchar por una democracia burguesa para Europa y, de hecho, los partidos comunistas (entonces llamados socialdemócratas) introdujeron en su programa una concepción de revolución por etapas, que contenía la intención de instaurar primero una democracia burguesa y, desde allí, avanzar hacia el socialismo (entendido este como esa primera etapa del comunismo). La razón es que las libertades propias de una democracia burguesa, que empezaba a despuntar en Europa, facilitaría la lucha de los partidos comunistas. No en balde el partido comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, luchó durante dos décadas para conquistar su legalidad, negada con posterioridad a la guerra civil de 1948. Esa legalidad se logró en 1976. Antes el partido había logrado participar, posiblemente de manera inconstitucional (¡vaya atentado contra la democracia!) en dos elecciones con al nombre de Partido Acción Socialista (el PASO), abrir locales sin ser molestados, tener una imprenta y un periódico legales, y más.

Lo que ocurre es que la lucha obrera por tal democracia siempre ha sido respondida con la represión más extrema por parte de la derecha. Y lo que ocurre también es que las libertades democráticas deben ser defendidas con todos los recursos. Un gobierno popular que no sabe defenderse no vale nada. Eso fue lo que ocurrió con el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París de 1871. En sus 70 días, ese gobierno intentó estructurar la Francia más democrática de la historia, pero no supo defenderse. La Comuna cayó porque los comuneros, por su fe pacifista, no atacaron con tiempo a la reacción atrincherada en Versalles y porque esos mismos comuneros, confundidos por los discursos de defensa de la legalidad, no quisieron confiscar el Banco de Francia, dejando los recursos financieros del estado en manos de la reacción versallista.

La Comuna cayó por la indecisión de sus dirigentes, y a la Comuna siguió no un régimen democrático de los que defiende el diputado Villalta, sino una feroz dictadura que produjo en Francia un verdadero genocidio.

A propósito, ¿qué creen ustedes que seguiría a la caída de la Revolución Bolivariana en Venezuela? ¿Un gobierno como el de Carlos Alvarado? De ninguna manera. La reacción espera poder desplegar todo su poder criminal para acabar con el chavismo desde sus raíces. Esa oposición ya ha dado muestras de ellos. Será Una Comuna de París II, un nuevo Chile de Pinochet. No cabe duda. Poor esa razón, además de muchas otras, hay que cerrarle el paso a la oposición venezolana (debería decirse antivenezolana) a la que de manera tan tierna le pide afiliación el candidato del Frente Amplio. Es por defender las reformas económicas y sociales de dos décadas, pero también para defender los derechos humanos de los luchados sociales, de los patriotas.

La historia muestra que, una vez conquistado el poder en 1917, se estableció un régimen de libertades públicas como nunca se habían visto en Rusia. Pero de nuevo sobre la joven república de los sóviets cayó la agresión oligárquica nacional de internacional. Catorce ejércitos extranjeros y una poderosa unidad de fuerzas antisoviéticas sumieron al país en una espiral de muerte y destrucción que duró hasta 1923.

Diez años más tarde (durante los cuales la joven república tuvo que enfrentar la agresión japonesa) Hitler toma el poder en Alemania, dando origen a una nueva etapa de amenazas, sabotaje, espionaje y preparación de la población y el aparato militar para la guerra de defensa.

La guerra terminó en 1945 con una Rusia diezmada, destruida económicamente y con 20 millones de personas, sobre todo jóvenes, menos.

Durante todo ese periodo, desde 1917 hasta 1945, se constituyó en la Rusia Soviética el gobierno más democrático y participativo de la historia. Pero demás está decir que en esas condiciones de guerra extrema exigir una mayor democrática era pedir demasiado. Las libertades ciudadanas se vieron mermadas en todos los países y, como mucha más razón, en una nación tan agredida como la joven república soviética. Pero esa restricción afectó en primer lugar a los enemigos de la revolución. Las clases populares disfrutaron siempre de más libertades que las que tuvieron nunca antes en la historia, bajo el poder de los oligarcas y el zarismo. Y ello en un contexto de grandes avances sociales, de la conquista de derechos de que no disfrutan ni disfrutan hoy los trabajadores de otras partes del mundo.

Pero esa restricción de las libertades públicas fue sobre todo la tónica de los países de Europa y América. ¿Tendré que recordarles a los olvidadizos que “gobiernos democráticos” no existieron en Europa sino hasta bien entrado el siglo XX y gracias, en inmensa parte, el impacto producido por la Revolución bolchevique de 1917? ¿Habrá que recordar que la revolución “americana” tardó dos siglos para instaurar algo parecido a los derechos de la minoría afrodescendiente, que en ese país la esclavitud de los negros, o formas parecidas a ella, pervivieron cien años después del triunfo de Abrahan Lincoln en la guerra de secesión de 1865?

La “democracia”, entendida como el régimen de sufragio y libertades públicas, esa que defiende como prototipo de gobierno ideal para todo el mundo, esa democracia abstracta y formal, asomó sus orejas en algunos países a finales del siglo XIX, pero tampoco duró mucho en Europa. En 1942, el Reino Unido y la Unión Soviética eran las dos únicas naciones libres del nazismo. Con Hitler se alineaban, más o menos claramente, más o menos voluntariamente, todas las demás. Y ese bloque del terror nazi, que no era otra cosa que el régimen del terror de los grandes capitalistas europeos, se había apoderado en primer lugar de Alemania, la nación más rica y poderosa del continente, y había ungido a su caravana a las dos Francias, la ocupada y la de Vichy, a Italia, España y Portugal, a Hungría y Austria, a los Balcanes, Bulgaria y Rumanía, a Grecia y a Finlandia, los Países Bajos, Bélgica, Noruega y otros, que ya es mucho citar. Esa es la democracia con que amenazan. Mucho tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial las dictaduras pululaban todavía en Europa. Bajo regímenes autoritarios (como suele decirse de manera apologética) se mantuvieron por muchos años Portugal, España, Grecia. La misma Alemania occidental sufría de un régimen fuertemente restrictivo. Ni qué decir en Estados Unidos y en casi todo el resto del continente.

Verdades muy simples, elementales, dirán ustedes, y yo coincidiré con los que lo piensan o lo dicen, pero es que pareciera que la madurez política en nuestro país se mantiene todavía a ese nivel, es decir, en pañales.

Y esa es una de las enseñanzas socialismo y consiste en constatar que los derechos democráticos siempre se ven afectados por las agresiones tanto internas como externas. Así ha sucedido siempre. Y es que las revoluciones tienen la obligación de defenderse. Muchos sueñan con mayor libertad de prensa en Cuba, pero no se paran a pensar en que la más mínima apertura de la legislación en este sentido permitiría que la isla se convirtiera en un altavoz de las grandes cadenas de radio, televisión, libros y periódicos. Porque a propaganda en esta materia no es neutral, sino que está inserta en un estado de guerra que esta pequeña nación sufre desde hace 70 años. Cuba tiene una pesadísima espada de Damocles sobre su cabeza, la más grande y pesada del mundo, y cualquier persona sensata y responsable comprende que muy mal haría en descuidarse, en no defenderse.

Como decía un comentarista del diario El Siglo del Partido Comunista de Chile: “Llamar dictadura a Cuba no es un análisis. Es una consigna. Y como toda consigna, sirve más para clausurar el debate que para comprender la realidad. Quienes desde la izquierda repiten ese rótulo sin cuestionar el contexto, el bloqueo y la violencia estructural que pesa sobre la isla, no están ampliando la defensa de los derechos humanos. Están, una vez más, alineándose con el relato del poder hegemónico. (Adrián Prieto, 27 de febrero de 2026).

Comunismo y democracia (2)

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado
Parte 1: https://wp.me/p6rfbZ-yQy

Un político o un comunicador responsable debe saber explicarles a sus interlocutores que la democracia pura o democracia a secas no existe más que en nuestra mente, porque ella es una abstracción. No existe como no existen las frutas. Nosotros desayunamos bananos, o mangos o naranjas, pero frutas jamás. Ellas solo tienen existencia en nuestros sueños.

La democracia tiene nombres y apellidos. Entonces hay que referirse a ella con esos nombres y esos apellidos, y evitar así un posible enredo de identidades (la verdad es que hay muchos apuestan por el enredo, precisamente porque rehúsan la claridad, precisamente porque el enredo les salva la vida o la silla; su enredo es, pues, calculado).

Efectivamente el capitalismo ha construido un régimen político que los malos políticos aceptan como el sumun de la democracia. La democracia es esta en que vivimos, según ellos. E identifican la democracia con dos cuestiones: que haya elecciones aceptablemente libres, decir, que los oligarcas quiten o pongan a sus gobernantes para que les dirija su finca y que lo hagan de manera más o menos pacíficas, sin aspavientos que dañen los negocios, y que todos los habitantes disfruten, más o menos y en abstracto, de los mismos derechos. Sobre esto último está claro que un hijo de la gran oligarquía no tiene o los mismos derechos que un desempleado de los sectores más desfavorecidos, o de un vendedor ambulante. Pero, además, lo normal, lo cotidiano, es que a los trabajadores se les hayan negado, salvo pequeñas épocas, de todos sus derechos: su derecho al voto, su derecho a formar partidos políticos independientes, su derecho a formar sindicatos que los defiendan y, por último, su derecho a la vida. Los tiempos de “democracia” han sido los menos en estos dos siglos y resto de capitalismo maduro.

Olvidan de decir, por cierto, que el capitalismo ha pasado muchos más años en regímenes muy “antidemocráticos” que ellos llaman “democráticos”. El régimen capitalista se asentó primero en un estado de amplias desigualdades y prohibiciones en Inglaterra o en Francia, donde solo una mayoría disfrutaba de los derechos políticos. Estos se les negaban, primeramente, a las mujeres. Ni qué decir que los habitantes de las colonias, plagadas de esclavos, desconocían del todo esos derechos democráticos.

Una revolución de masas, de obreros, campesinos, artesanos, pequeños y medianos propietarios, acabó con la monarquía y dio origen a la revolución francesa, Algunos derechos fueron arrancados a la oligarquía por algunos, pero aquello fue flor de un día. Pronto Francia y su revolución entraron en un periodo de restauración, es decir, de vuelta al pasado. Para citar solo un aspecto, a partir de 1789, año de la toma de la Bastilla, la monarquía se mantuvo con uno u otro disfraz, con uno u otro tropiezo, a lo largo de todo un siglo, hasta que en 1870 el proletariado parisino la enterró para siempre en la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia.

Bajo la consigna de defender la democracia, imperio y oligarcas locales han derribado por la fuerza a muchos presidentes constitucionales. Mencionemos a Madero en México, Joao Goulart en Brasil, Rómulo Gallegos en Venezuela, Juan Bosch en República Dominicana, Jacobo Árbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, Manuel Zelaya en Honduras. En total, entre 1898 y 1994, suman son 41 intentos de EE. UU. por derrocar gobiernos en América Latina, todos acusados de no ser democráticos. Y a esas experiencias “no democráticas” siguieron periodos de gran maltrato a los derechos humanos, periodos de decenas de miles de muertos, torturados, exiliados y otros.

¿Puede ser realmente “democrática” esta democracia sustentada sobre la desigualdad? Claro que no. No se puede someter a las mismas reglas a personas o colectivos desiguales y, menos aún, tan desiguales. No puede ser democrático un país donde los que quitan y ponen presidentes y diputados son los grandes millonarios, donde los que definen quién tiene dinero y quién no, más que el TSE, son los bancos privados.

Durante la pasada campaña, 317 beneficiarios, entre personas físicas y jurídicas, se adueñaron de 12.827 millones de colones de la deuda política correspondiente a cinco partidos políticos: Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio.

(Durante años he sostenido que este sistema de deuda política en que la banca privada es quién presta—por cierto, a cambio de un altísimo descuento o ganancia para el banco, que en algunos casos ha llegado al 40%—debe ser modificada, y que el gobierno debe reservar el dinero suficiente para hacerla efectiva. Por supuesto que los que realmente gobiernan, el capital financiero y bancario, se oponen férreamente y amenazan a los partidos que quisieran levantarla. Y la amenaza no ha sido inútil: los asustan con la posibilidad de dejarlos sin dinero o entregarles solo algunos centavos a destiempo, en las últimas semanas previas a febrero).

El diputado Villata posiblemente recordará aquello que dijeron los personeros de UCCAEP a partidos en una de las campañas: “En este país se gobierna con nosotros o no se gobierna”.

¿Puede haber democracia, esa democracia neutra y abstracta, en un país donde la libertad de prensa está atosigada, tomada del cuello, en un reducidísimo número de medios que a su vez representan a un reducidísimo y riquísimo grupo de personas? Se me dirá que de nuevo recurro a la sabiduría de Perogrullo. Pues, precisamente.

¿Puede haber una democracia pura y neutra en un país donde la quinta parte más pobre de la población se las agencia con el 6 % de la riqueza nacional mientras uno cuantos miles viven como reyes? Otra verdad de Perogrullo. Un tratamiento igual, un derecho igualmente repartido entre personas diferentes o, como en nuestro caso, extraordinariamente diferentes, no puede calificarse de un trato democrático.

La “democracia” es una forma de Estado, es un instrumento en manos de las fuerzas (léase clases sociales) que tienen el poder real, el poder económico, que es en definitiva el que define todos los demás aspectos de la sociedad. Y cuando se dice poder económico lo que quiere decirse es la propiedad de los medios de producción y distribución de esa sociedad.

Un grupo reducidísimo de personas y empresas, nacionales y extranjeras, son dueñas de las tierras, las fábricas, los bancos, los medios de comunicación. Y es esa minoría la que ha sustentado esa democracia, es decir, ese poder estatal, para mantener su régimen de producción y someter a las otras clases, a la mayoría de la población, que no posee medios y que vive del salario algunas veces, y otras ni siquiera de eso.

A través de Estado, de esa democracia, ellos hacen las leyes en una Asamblea Legislativa que manejan a su antojo, nombran directa o indirectamente al poder judicial, crean y mantienen las cárceles y la policía, es decir, tienen en sus manos el poder efectivo. Eso es así aquí y en la Cochinchina, lo es hoy y lo fue desde el tiempo de Upa, y no se va a cambiar con promesas de buena conducta. Se trata ni más ni menos que de una dictadura, una dictadura de clase, disfrazada y hermoseada por coloridas elecciones y bellos discursos de tirios y troyanos. Las oligarquías, nacionales y extranjeras, ejercen el poder por medio de esa democracia tan elogiada.

Decía Claudia Sheinbaum en la reciente Cumbre de Barcelona que “no hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”. Y eso está claro. Las democracias, en buena parte del mundo, esconden un sistema de desigualdad y explotación de los pobres y los desposeídos. Y entonces defender la democracia debe pasar de dejar una simple frase y operacionalizarse en un proceso de lucha por la verdadera democracia, una que no existe y no puede existir en el presente, pero que es real en el futuro, una democracia popular. Solo entonces la lucha por la democracia puede convertirse en un instrumento en favor de los trabajadores, en favor de las masas populares y no un instrumento para apalear y domesticar al pueblo.

¿Hay alguna alternativa? Sí, sí la hay. Y consiste en que esta democracia debe desaparecer y, en lugar, debemos crear otra democracia, una que sea de los trabajadores, con otras normas y contra otras instituciones. Pero sobre este regresaremos más tarde.

Conversatorio analizará el papel de la justicia y los controles institucionales en la democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El próximo miércoles 6 de mayo a las 7:00 p.m. se realizará el conversatorio “Contra la justicia: ¿ni jueces, ni contraloras, ni tribunales?”, un espacio de reflexión crítica sobre el rol de las instituciones encargadas de la justicia y el control en el contexto actual. La actividad contará con la participación de Agustín Gutiérrez, José Manuel Arroyo e Ilka Treminio, y se enmarca en iniciativas de mediación cultural que buscan promover el análisis público de temas clave para la democracia.

El evento es organizado en conjunto con el Centro Cultural de España y cuenta con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Costa Rica, la Editorial de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Filosofía de la UCR. Además, se retransmitirá en vivo a través del Facebook del Centro Cultural de España, ampliando el acceso al diálogo más allá del espacio presencial.

Este conversatorio propone abrir preguntas fundamentales sobre la independencia judicial, el papel de las contralorías y la vigencia de los mecanismos institucionales en la garantía del Estado de derecho.

Voces diversas marcharon con sus mensajes este 1º de Mayo

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural, Portada.

Este viernes 1º de Mayo cerca de 7 mil personas llenaron de vida, música, baile, arte y resistencia la Avenida Segunda de San José para conmemorar el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Mujeres, juventudes, personas trabajadoras, estudiantes, sindicatos, universidades públicas, organizaciones sociales, ambientales, defensoras de derechos humanos, colectivos en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, AyA, ICE, Banco de Costa Rica, etc. y partidos políticos caminaron juntas para decir con fuerza que en Costa Rica no aceptamos retrocesos en derechos, democracia ni soberanía.

El Primero de Mayo nace de las luchas históricas de las personas trabajadoras que dieron su vida por jornadas dignas, salarios justos y condiciones humanas. Gracias a esas luchas, hoy muchos derechos laborales son también derechos humanos fundamentales. Esta fecha también reconoce el trabajo de las mujeres, muchas veces invisibilizado, y la resistencia colectiva de quienes históricamente han sostenido la vida y las comunidades.

Esta colección de fotografías registra la memoria viva de una jornada amorosa, diversa y profundamente democrática. Un pueblo que marchó con alegría y esperanza para defender las instituciones públicas con sentido social que han hecho hermosa a Costa Rica, y para recordar que la dignidad, la justicia y los derechos se conquistan y se defienden en colectivo.

Este es un fotoregistro de Nayla Carvajal Sancho de Hablemos de Derechos Humanos para SURCOS Digital.