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Ni censura ni mordaza como dice el presidente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández Naranjo

Ni censura ni mordaza, se trata de una garantía para el derecho al sufragio.

Cada vez que el presidente sale con una mentira o manipulación de información, hay una oportunidad para que las y los ciudadanos tomemos conciencia sobre las normas y valores que regulan nuestra vida democrática.

No es cierto que el TSE le pusiera una mordaza o censura al presidente a partir de que se convoque formalmente a las elecciones de febrero del 2026.

Lo que el TSE ha hecho es informar y aclarar al presidente sobre normas de las cuales él parece no haberse enterado o quiere desconocer, para desinformar una vez más a la población, a pesar de haber jurado respetarlas y cumplirlas.

Desde 1949 se establecieron en el artículo 95 de nuestra Constitución Política los principios que regulan el ejercicio del derecho al sufragio, uno de los cuales (inciso 3) dice:

“Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas”.

Es decir, las autoridades de gobierno deben guardar imparcialidad en los procesos electorales y por eso también se les prohíbe participar en actividades proselitistas partidarias.

Por otro lado, desde 1996 se estableció en el Código Electoral (artículo 85) una prohibición explícita al Poder Ejecutivo, a la administración descentralizada y a las empresas estatales de difundir informaciones sobre su gestión, salvo que se trate de asuntos técnicos, indispensables e impostergables sobre los servicios que prestan (Reforma al Código Electoral mediante Ley n.º 7653 del 28 de noviembre de 1996).

En el artículo 142 de Código Electoral aprobado en el 2009 se amplió y aclaró aún más esa disposición incluyendo a las municipalidades:

“ARTÍCULO 142.- Información de la gestión gubernamental

“Prohíbese a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos municipales, difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones. Quedan a salvo de esta prohibición, las informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política, previa resolución del TSE.” (Ley n° 8765)

Entonces no es un capricho del TSE contra el presidente actual como él lo insinúa. Es una norma que ha estado vigente desde hace mucho tiempo y que tiene como propósito resguardar una garantía constitucional para las personas electoras.

Ciertamente son normas diferentes a las que rigen en otros países donde los presidentes pueden hacer campaña abiertamente. Puede que estemos o no de acuerdo con esas reglas, pero son las que nos rigen y deben ser respetadas. Aunque ya sabemos que al actual Gobierno no le ha importado jurar primero para después desacreditar nuestro orden constitucional y legal.

El antejuicio presidencial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El pasado lunes se puso a prueba la democracia costarricense. Se puso a prueba la institucionalidad democrática. Se puso a prueba el Estado de Derecho, con su independencia de los Poderes Públicos, afirmando la exclusividad, la especificidad y la indelegabilidad de sus funciones.

Lo sucedido en la Asamblea Legislativa fue un triunfo de la Democracia Política nacional, independientemente de cómo se aprecien los resultados de la sesión parlamentaria.

El sistema democrático tiene un escudo protector sobre sus principales funcionarios públicos, los que ocupan la mayor jerarquía constitucional de la estructura de los poderes, el presidente, los vicepresidentes, los ministros, de los ministerios oficialmente establecidos por ley, los diputados, todos los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones y algunos pocos más funcionarios del Estado.

Se les protege, en lo que se llama inmunidad, contra la detención o procesamiento judicial en la vía penal, salvo que se les capture en flagrante delito. Si así fuere, se puede ordenar su detención inmediata, pero comunicando inmediatamente a la Asamblea Legislativa y a la Corte Supremo.

El propósito de esta inmunidad es asegurar que puedan ejercer su función y desempeño institucional libremente, sin temor a persecución política arbitraria, o de ser sometidos a cascadas de denuncias sin fundamento, para poder garantizar así la independencia y el funcionamiento, trabajo y desempeño de estos altos funcionarios, que impida a la vez paralizar u obstruir el funcionamiento de uno de esos poderes de la República, o que distraiga la atención de estos funcionarios de sus principales obligaciones, trabajos y desempeños.

La inmunidad de que gozan, por privilegio así establecido, no exime a estos funcionarios de su responsabilidad. Lo único que hace es retrasar, postergar procesos judiciales en su contra hasta tanto pierdan esa inmunidad que gozan, o hasta que, en nuestro caso, la Asamblea Legislativa lo autorice, en lo que se resulta un levantamiento de la inmunidad o desafuero, que es el acto por el cual se elimina la restricción procesal que impide que ese alto funcionario pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

La inmunidad asegura que los representantes del pueblo, electos popularmente, puedan ejercer sus funciones sin temor a ser víctimas de represalias y, así, mantener el vínculo entre ellos y los ciudadanos que los eligieron. Así se garantiza la representación popular. Igualmente, evita que los poderes públicos puedan utilizarse para accionar procesos penales que conduzcan a intimidar, presionar o alterar decisiones, incluso alterar el equilibrio de poderes. Con la inmunidad se garantiza también la independencia de los poderes públicos.

Lo que se discutía en el fondo de la sesión de parlamentaria del lunes era la inmunidad, no la inviolabilidad del funcionario presidente. La inmunidad para que no pudiera ser detenido ni enjuiciado penalmente mientras permanezca en su puesto. La inviolabilidad no se alteraba porque no se trataba de su libertad de pensamiento y opinión dentro del ejercicio de su cargo, como lo hace en su estilo todos los miércoles.

Así las cosas, para procesar penalmente al presidente la Asamblea Legislativa es la que debe levantar la inmunidad que le protege.

El procedimiento seguido para levantar la inmunidad, en este caso del presidente, pasa por el envío, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de un expediente que contiene la información necesaria y suficiente, para que lo diputados la evalúen y decidan si levantan o no esa inmunidad. Para ello, cuando reciben la información se nombra del seno de los diputados una Comisión evaluadora de esos documentos, los analiza y rinde un informe al pleno de los diputados, quienes en votación razonada deciden si levantan o no la inmunidad. Esto es lo que se llama un antejuicio legislativo, que no se pronuncia sobre el fondo, tan solo da o no el visto bueno para que la causa penal que se persigue pueda realizarse inmediatamente, o se posterga para cuando el funcionario pierda su inmunidad. El antejuicio así se convierte en un procedimiento penal especial establecido para proteger a los altos funcionarios públicos, de acusaciones infundadas o temerarias que puedan perturbar el ejercicio de sus funciones. Es una antesala procesal, a nivel parlamentario, del proceso judicial donde finalmente el funcionario cuestionado tendrá que enfrentar su cuestionamiento.

El antejuicio parlamentario no es un juicio político. Juicio político pueden hacer los diputados todos los días de 3 a 4 p.m., en la hora que llaman control político, que es lo que menos hacen. Los parlamentos han desarrollado este control político sobre el poder, especialmente Ejecutivo, y sobre todos los funcionarios de los poderes públicos, que juzguen someter a esa evaluación política. Es la actividad orientada a controlar el ejercicio de la Administración Pública.

El antejuicio parlamentario no es una censura, lo cual también puede hacer la Asamblea Legislativa, sin que en Costa Rica tenga mayores consecuencias. Es como un canto a La Luna. En otros países la censura puede significar la pérdida de confianza en el funcionario y puede obligar a su dimisión o renuncia, que en los sistemas parlamentarios también conduce al cambio completo del Consejo de Ministros, o del Gabinete Ministerial.

El lunes no se enjuició ni censuró al presidente. Tan solo se dispuso no someterlo por ahora a ningún proceso penal, que se le seguirá, de conformidad a su expediente, en el momento en que no esté cubierto por la inmunidad o prerrogativa que le protege por su cargo, en esta causa que conoció la Asamblea Legislativa.

El lunes, en este sentido ganó el régimen republicano, la democracia política costarricense, el sistema de pesos y contrapesos políticos, la independencia de los poderes públicos, la libertad de opinión de los legisladores respecto a la valoración de los documentos que les fueron presentados. Los diputados era natural que estuvieran fragmentados en torno a esta evaluación documental, a favor, en contra o con dudas.

El presidente no salió ganando nada. Lo que ganó fue atrasar su juicio, pero no lo canceló, no se agotó. Si la Asamblea hubiera levantado su inmunidad, su juicio se hubiera trasladado a la vía ordinaria, como la de cualquier ciudadano, y allí podría haber durado muchos meses en su trámite, y finalización de juicio.

El trámite legislativo que esta causa tuvo si se politizó, desde dentro y desde fuera de la Asamblea Legislativa, entre los que querían que le levantara la inmunidad y los que se oponían, casi condenándolo de previo.

Eso puso en evidencia la fragilidad, la debilidad hoy de los partidos políticos, la volatilidad o inestabilidad de diputados. Los partidos políticos hace mucho tiempo se desdibujaron como organizaciones sólidas, poderosas, de pensamiento, de acción compartida. Sus estructuras dirigentes se debilitaron perdiendo toda capacidad de cohesión alrededor de sus comités políticos superiores, de sus dirigentes políticos, históricos, nacionales. Los partidos políticos dejaron de formar a sus partidarios y a sus militantes principales en valores, doctrinas y principios de esos partidos. Los partidos dejaron de ser opciones programáticas hacia el país y dejaron de ser alternativas de desarrollo nacional institucional y democrático.

Los partidos se han montado en ejes del desarrollo impuesto por estructuras y organismos internacionales que poco tienen que ver con los valores sustantivos de la nacionalidad y del ser costarricense. Los organismos internaciones ponen las agendas de gobiernos y obligan a que se les sigan. De allí que altos ejecutivos de esos organismos, en gobiernos, operan como si trabajaran de cola de esos organismos.

Los partidos políticos dejaron de dirigir a sus diputados hace mucho tiempo. Los soltaron y se soltaron. Los diputados de los partidos, como fracciones, asemejan la cola del perro gobernando al perro, sustituyeron a los comités políticos nacionales y a sus dirigentes. Los partidos políticos, como organizaciones, no se sienten en el interior de la Asamblea Legislativa, no emiten pronunciamientos sobre el quehacer parlamentario o nacional.

El lunes pasado como partidos coherentes, sólidos, actuaron en la Asamblea Legislativa el Frente Amplio, Nueva República y Liberación Nacional y la fracción de Pilar Cisneros, la fracción realmente de gobierno identificada plenamente con el presidente Chaves. Liberación Nacional tuvo una disidente en su votación. El Partido Liberación Nacional y su candidato a la presidencia Álvaro Ramos habían solicitado a sus diputados votar a favor del levantar la inmunidad. Hicieron un buen trabajo. Otro grupo de diputados compacto fue el de los llamados independientes, que se han salido de sus partidos. El partido Unidad Social Cristiana hizo un esfuerzo importante como partido, con su candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, como líder superior hacia la campaña electoral actuó correctamente, acompañado de su Asamblea Nacional partidaria, que no fue suficiente, habida cuenta que 5 de sus 9 diputados se enfrentaron a ellos. A mi modo de ver, Juan Carlos Hidalgo y la Asamblea Nacional de ese partido salieron ganando hacia la campaña electoral, mostrando compactación, cohesión, unidad. Los diputados van de salida.

En el trabajo político partidario con los diputados de la Unidad Social Cristiana se evidenció la poca educación, cultura, identificación y disciplina partidaria. Recuerdo dos situaciones, ajenas a nuestro medio político, de lo que son los principios. Un dirigente político, parlamentario español, en una ocasión sometido a una votación difícil. Su partido había dispuesto votar de una manera, que él no compartía. A la hora de la votación hizo una intervención haciendo la defensa de sus tesis, señalando que, a pesar de sus argumentos, votaba como había dispuesto su partido. Un alto Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, igualmente, una vez votó jurídicamente una tesis en conciencia que él no estaba de acuerdo, pero que jurídicamente había que votarla de esa manera.

El elemento alucinante del día lunes fue el anuncio de Laura Fernández advirtiendo que si gana la presidencia su ministro de la Presidencia será Rodrigo Chaves Robles. Esta fue la cereza del pastel del lunes. Si así fuera, Rodrigo Chaves prorrogaría su inmunidad, su fuero privilegiado, “de tico con corona, con privilegio”, como le gusta llamar a algunos ciudadanos. Eso lo sabremos en dos instancias. El primer domingo de febrero, si Laura gana o pasa a la segunda vuelta; y, en caso de que haya una segunda ronda electoral el primer domingo de abril. Si no gana ni pasa a la segunda ronda, hasta allí llega Rodrigo Chaves para ser perseguido judicialmente y, eventualmente enjuiciado. Mientras no haya elecciones no hay ganador. El lunes lo que hubo fue un simple trámite procesal penal.

¿Aun así, Rodrigo Chaves podría escaparse de la justicia? Sí. Si Laura pierde Rodrigo Chaves no se queda en Costa Rica. Sale en carrera, huyendo…con la cola del jaguar entre las piernas.

En 1948, a mediados de abril, terminada la Guerra Civil y en trámite las conversaciones de la Embajada de México, para entregarle al Gobierno a Otilio Ulate, que se lo dejó don José Figueres, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ya se había ido para Nicaragua, para evitar represalias y eventual apresamiento. El Lic. Teodoro Picado, presidente pidió permiso de salida del país, hacia Nicaragua, dejando la presidencia en el Primer Designado, Ing. Santos León Herrera, quien entregó el poder, al terminar el período presidencial, el 8 de mayo de 1948, no a Ulate, sino a José Figueres Ferrer. ¿El 8 de mayo del 2026, quien entregará el Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles o su vicepresidenta Mary Munive Angermüller?

Compartido con SURCOS por el autor.

Taller “Verdad, Solidaridad y Territorio”: Una apuesta por la economía solidaria

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Solidaridad informada: Comunidades que desmontan la desinformación

El próximo sábado 4 de octubre, el Mercadito Azul en Cartago será escenario de un encuentro presencial que busca fortalecer la comprensión crítica de la economía solidaria entre actores comunitarios. Bajo el título “Verdad, Solidaridad y Territorio”, el taller convoca a miembros de redes solidarias, aliados estratégicos, productores locales y personas comprometidas con la transformación territorial.

Organizado por COKOMAL – Consumo y Comunicación Alternativa, en articulación con RedESS Costa Rica, esta actividad gratuita se desarrollará de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y propone un espacio de reflexión frente a la desinformación que afecta los procesos colectivos y comunitarios.

¿Qué propone el taller?

El encuentro está diseñado para promover el análisis crítico de noticias falsas que debilitan la organización solidaria, como la idea de que el desarrollo comunitario depende exclusivamente de grandes empresas o que las asociaciones locales son obsoletas. A través de dinámicas participativas, se busca desmontar estas narrativas y reivindicar los valores que sustentan la economía solidaria: equidad, reciprocidad, sostenibilidad y transparencia.

El contenido incluye:

  • Identificación de fake news y sus impactos en las comunidades.
  • Conceptualización crítica de la economía solidaria frente al modelo de mercado.
  • Reconocimiento de prácticas locales como el trueque, fondos comunales y redes de cuidado.
  • Compromisos colectivos para fortalecer la comunicación ética y territorial.

Un llamado a la acción

Más que una capacitación, este taller es una invitación a construir comunidad informada, resiliente y solidaria. En un contexto preelectoral donde los discursos se disputan, COKOMAL apuesta por la verdad como herramienta de transformación.

El cupo es limitado y las inscripciones pueden realizarse al 8950-9945 o al 8879-3689. Para más información, se puede contactar a Carlos Hernández, referente de COKOMAL, al correo carloscokomal.p@gmail.com

Negoció por su inmunidad, pero no pudo negociar logros y resultados de gobierno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Amador.

Por José Luis Amador

Dice el señor de zapote que la parte positiva de este intento por levantar su inmunidad fue que “la patria” respetó a la gran mayoría de costarricenses (sic). La pregunta es, cuando Chaves dice, “la patria” ¿a quién se refiere? ¿Quiénes decidieron no levantar su inmunidad? ¿los traileros? ¿los maestros? ¿los programadores de cómputo? ¿o los diputados? Exacto, fue la Asamblea Legislativa la que, quiérase o no tomó esa decisión. Rodrigo Chaves pudo haber dicho, la Asamblea Legislativa decidió.

Sabemos que esto no es del todo cierto, porque lo que pasó, fue que a la Asamblea Legislativa le faltaron agallas, algunas gónadas, algunas hormonas no funcionaron bien y no tomaron la decisión requerida. Pero supongamos que esta fue una decisión racional de la Asamblea Legislativa. No pensemos ni por un momento, que les torcieron el brazo a algunos, o que les ofrecieron cariñitos a otros. Entonces ¿por qué Chaves no habla con la verdad?, ¿Fue la Asamblea Legislativa, o no fue?, ¿por qué anda con eufemismos?, ¿por qué usa un lenguaje engañoso?, ¿por qué dice “la patria respetó”? Bueno, porque ese es el lenguaje engañoso del discurso chavista de siempre.

La verdad señores, es que Chaves negoció con algunos diputados. La pregunta que me hago es… Si Chaves pudo negociar con los diputados para defender su inmunidad y no enfrentar ante los tribunales la acusación de que es objeto, ¿por qué no ha podido negociar para gobernar?

¿Por qué no pudo negociar con la Asamblea para construir país? ¿Por qué no pudo negociar con sus amigos en la Asamblea, que los tiene, para erradicar corrupción? ¿Por qué no pudo negociar a lo largo de estos cuatro años, para establecer puentes entre los poderes del Estado y elevar las condiciones de vida de los costarricenses, mejorar la agobiante situación de las listas de espera en la Caja del Seguro Social, amainar la crisis del sistema educativo, o enmendar la situación del agro?

¿Por qué no ha podido negociar con los actores estatales pertinentes para enfrentar el narcotráfico, que nos está matando?

Si se ha quejado siempre, engañosamente, por supuesto, de que otras entidades no lo dejan gobernar, por qué no ha utilizado los mecanismos de negociación que utilizó esta vez para salvar su pellejo, para haber hecho un gobierno digno, con logros y resultados, y no una venta hueca y engañosa de humo y palabras.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Ganó la institucionalidad en la votación sobre la inmunidad presidencial”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El exdiputado, historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió a la reciente votación en la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Según expresó, la decisión de no retirarla representó “una victoria de la institucionalidad”.

Aguilar recordó que para levantar la inmunidad se requieren 38 votos, sin embargo, en esta ocasión solo se alcanzaron 34. “Se respeta la institucionalidad no solamente en el proceso, sino al final en esa votación. Fue un bello tapabocas al presidente de la República y a doña Pilar Cisneros, que han pasado más de tres años atacando a la institucionalidad. Ahora, esa misma institucionalidad le dice a Rodrigo Chaves que puede estar tranquilo de aquí a mayo”, afirmó.

El exlegislador señaló que “esa institucionalidad tan menospreciada le salvó el pellejo” al actual gobernante, y expresó su esperanza de que esto sirva como lección.

Por otro lado, criticó fuertemente el comportamiento de algunos diputados en el plenario. Se refirió a la fracción de Nueva República como una “manada” que votó siguiendo la línea de su líder religioso: “Parece que no andan con la Biblia debajo del brazo, sino con la chequera y el número del SINPE para ver cuándo les cae el pago”.

También cuestionó a los diputados de la Unidad Social Cristiana que desobedecieron a su candidato presidencial, a su directorio político y a su asamblea, y mantuvieron su apoyo al presidente Chaves: “Han traicionado al partido más de una vez y le asestaron un golpe de muerte a esa agrupación. Demostraron que el partido no tiene un liderazgo fuerte. Parece que el único liderazgo lo da la chequera”.

Finalmente, Aguilar calificó el resultado como un “triunfo pírrico”. Señaló que, aunque la inmunidad se mantuvo, “34 diputados demostraron que el país quiere que Rodrigo Chaves vaya a los tribunales, y lo hará. Es simplemente un paréntesis. En mayo nos vemos en los tribunales de justicia, los ciudadanos y Rodrigo Chaves”.

Añadió que los procesos judiciales no se limitarán al caso actual: “Vamos a hablar de la Caja, de los financiamientos espurios de su campaña y de muchas otras causas. En mayo nos vemos, don Rodrigo, no le quepa duda”.

Discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU – enlace

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El presidente Gustavo Petro de Colombia pronunció su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Estados Unidos de América. SURCOS comparte el enlace al discurso del presidente de Colombia atendiendo la solicitud del presidente de la Asociación Madre Tierra, Alberto Salom Echeverría.

Le invitamos a escuchar el mensaje del mandatario colombiano quien habló con franqueza sobre temas claves del desarrollo y la geopolítica.

Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.

(Intervención de Vladimir de la Cruz el 18 de setiembre del 2025, en el panel de Conferencias, organizado por la Comisión de Derecho Constitucional, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para tratar el tema de la “Necesidad o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, junto con los Drs. Fabián Volio Echeverría, Alex Solís Fallas y Oswaldo Samayoa)

Hoy, este es un tema de enorme de relevancia para ser abordado por la comunidad política nacional y, especialmente, para que el Colegio de Abogados se distinga en la generación de una opinión que pueda contribuir a enriquecer el análisis sobre la necesidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente.

La comunidad nacional en sus diversos sectores, los políticos, los partidos políticos, los sindicatos, los sectores empresariales y sociales en general, las universidades, los grupos que se agrupan alrededor de centros de pensamiento y gestación de opiniones, deben conscientemente involucrarse en este debate y análisis de su necesidad.

En mi opinión, es el Colegio de Abogados y Abogadas quien debe convertirse en el eje central de este debate, de esta reflexión y análisis, para ir más allá de esta actividad de estos dos días. Es continuar, desde ahora hasta el próximo año, con diversas actividades, como ésta, que permitan crear el ambiente nacional en capacidad de convocar a un Foro Nacional, una vez que hayan pasado las elecciones y antes de que inicie el próximo ciclo electoral, que logre el mayor consenso en la posibilidad de presionar al Poder Ejecutivo, y especialmente a la próxima Asamblea Legislativa, para gestionar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, habida cuenta que la Sala Constitucional de la República así lo ha establecido, al rechazar la convocatoria del Referéndum que el Tribunal Supremo de Elecciones había aceptado realizar.

La Asamblea Nacional Constituyente es un tema que se ha venido tocando, en distintos momentos, con distintas intensidades y pasiones, desde inicios de la primera década de este siglo XXI.

Los actuales presidentes de la República y de la Asamblea Legislativa, también lo han insinuado, en distintos momentos, como necesidad nacional, para poder modernizar el Estado y la Administración Pública.

¿Cómo debemos ver y apreciar la existencia de esta Constitución Política?

¿Cómo entender las circunstancias y sucesos históricos que condujeron al momento histórico que le dieron origen?

¿Qué valor tiene la Constitución Política actual?

¿Por qué es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente?

¿Por qué es necesaria una nueva Constitución Política?

Trataré de explicar y dar respuesta a estas y otras interrogantes.

El contexto que produjo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, que dio origen a la actual Constitución Política, fue el resultado de una grave confrontación social y política que se venía dando durante la década de 1940, a mi modo de ver, desde las medidas antinazi, en el contexto de la II Guerra Mundial que vivíamos; de la incorporación de Costa Rica, como país como aliado en esa guerra, rompiendo relaciones diplomáticas y sumándonos a la guerra contra Italia, Alemania y Japón; y por el Pacto producido, en 1943, entre el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y su Partido Republicano, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Jefe de la Iglesia Católica, su Obispo, y Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que condujo a la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales, que se incorporó a la Constitución Política de 1871, vigente en ese momento, y a la aprobación del Código de Trabajo.

A partir de esas situaciones el cuadro político nacional se alteró profundamente. Un sector político visualizó un peligro comunista en desarrollo y alcance que había que evitar, tanto por el escenario nacional en el cual los comunistas se venían convirtiendo en una fuerza electoral significativa, por su posible influencia, a partir de ese momento en el Gobierno, y, luego, por el surgimiento de una comunidad de países socialistas luego de la II Guerra Mundial, lo que provocó una nueva situación internacional de contención al avance comunista, con el rompimiento del Pacto de los Aliados antinazi y con el surgimiento de lo que se llamó la Guerra Fría; por las medidas de fuerza que se tomaron contra sectores políticos nacionales, la expulsión del país del entonces empresario José Figueres Ferrer; las elecciones de 1944, que llevaron al gobierno al Lic. Teodoro Picado Michalski, que la oposición calificó de fraudulentas; las elecciones de 1948, que fueron anuladas en el resultado presidencial que tuvieron, lo que provocó el alzamiento armado del Ejército de Liberación Nacional, encabezado por José Figueres, para garantizar el resultado electoral a favor de Otilio Ulate Blanco.

Resultado de este proceso fue la imposición de Figueres sobre Ulate, el 1 de mayo de 1948, que llevó a Figueres a recibir el gobierno el 8 de mayo fundando la llamada Segunda República, que alcanza hasta nuestros días, y a Otilio Ulate a esperarse hasta el 7 de noviembre de 1949, cuando le fue entregada la Presidencia ganada en las elecciones de 1948.

En el período de la Segunda República fue ilegalizado el Partido Comunista, llamado Vanguardia Popular desde 1943, ilegalización que duró hasta 1975. limitándose la democracia nacional en su aspecto electoral. Igualmente, se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que el 7 de noviembre de 1949 aprobó la actual Constitución Política.

En la Historia y el desarrollo constitucional de Costa Rica hemos tenido las siguientes 14 Constituciones:

1.- La del 1 de diciembre de 1821, El Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica.

Esta Constitución tuvo una leve reforma el 10 enero de 1822, para adaptar al país, recién independiente, a la situación de anexión al Imperio Mexicano.

2.- La del 19 de marzo de 1823, llamada Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,

3.- La del 19 de mayo de 1823, llamada Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica,

4.- La Constitución Federal de la República de Centroamérica, del 22 de noviembre de 1824,

5.- La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 21 de enero de 1825,

6.- La Ley de Bases y Garantías, del 8 de marzo de 1841,

7.- La Constitución Política del 9 de abril de 1844,

8- La Constitución Política del 21 de enero de1847,

9.- La Constitución Reformada del 30 noviembre de1848,

10.- Constitución Política del 27 diciembre de1859, resultante del Golpe de Estado del 14 de agosto de 1859, contra el Presidente Juan Rafael Mora Porras.

11.- La Constitución Política del 18 de febrero de 1869,

12.- La Constitución Política del 7 de diciembre de 1871,

13.- La Constitución Política del 8 de junio de 1917, resultante del Golpe de Estado que se le dio al presidente Alfredo González Flores, que estuvo vigente hasta la caída de la dictadura de Federico Tinoco Granados, cuando el 3 de setiembre de 1919, se restableció la Constitución Política de 1871.

El 2 de julio de 1943 fue modificada para incorporarle el Capítulo de las Garantías Sociales.

14.- La Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

La actual Constitución Política ha sufrido, junto con las 17 disposiciones transitorias que fueron derogadas, casi 70 modificaciones o reformas de los 183 artículos que fueron originalmente aprobados.

En la Asamblea Legislativa hay propuestos otro tanto, casi similar de Proyectos de Ley, orientados a realizar alguna reforma o modificación al cuerpo constitucional. Puesto así, casi dos terceras partes de la Constitución Política están tocadas o amenazadas de sufrir algún cambio.

Ante esta situación, quizá es mejor promover una nueva Constitución Política, mejor concebida para atender la realidad política de la Costa Rica actual, en el contexto histórico internacional que hoy vivimos de grandes cambios en las relaciones internacionales, en la geopolítica internacional, en la conformación dinámica de bloques comerciales que existen y están apareciendo, así como en las nuevas tendencias en el campo jurídico que se han venido impulsando, especialmente en el ámbito de Derechos Humanos, Derechos Políticos, Derechos Electorales, Derechos Económico Sociales, muchos de los cuales se amenazan con restringirlos o eliminarlos, como lo hemos estado viendo en el país en las últimas y actual Administración de Gobierno.

Todas las Constituciones constituyeron un Programa político de anhelos y propósitos de la sociedad costarricense, de su convivencia ciudadana. Todas iban expresando particularmente, en el momento en que fueron aprobadas o puestas en vigencia, el desarrollo de la estructura estatal y de la organización político-administrativa del Estado y la sociedad costarricense.

Todas las Constituciones se consideran un Pacto de Convivencia democrática.

En todas las constituciones se fueron configurando los principales valores políticos, ideológicos, espirituales, electorales, ciudadanos y las libertades básicas reconocidas.

En todas las Constituciones se afirmó la Independencia y la Soberanía Popular.

Esto es lo que la sociedad costarricense hoy necesita replantearse para el siglo XXI que vivimos.

Estos valores o los definimos nosotros, o nos lo impone el orden internacional en que nos encontramos.

Institucionalmente no creo que debamos impulsar un sistema bicameral, como lo tuvimos en las Constituciones Políticas de 1844, 1859, 1869 y 1917. Esa experiencia histórica, por breves períodos, no tuvo asidero en el desarrollo político nacional. Se le llamaba Cámara de Representantes, lo que usualmente se conoce como Senado.

En la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente, para lograr un Nueva Constitución, sí podría discutirse la necesidad de un sistema parlamentario o semi parlamentario, que sea más eficaz para la toma de acuerdos políticos gubernamentales o para una mejor gobernanza.

Algunos de los temas insustituibles, que tienen importancia hoy, para el debate, discusión y análisis nacional alrededor de una Nueva Asamblea Constituyente, entre otros están:

1.- Fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Cómo garantizar constitucionalmente la separación de Poderes? ¿Cómo asegurar el respeto a su independencia, su autonomía, su función soberana, su exclusividad, sus funciones propias, particulares, específicas, e indelegables de los Poderes del Estado, que constantemente en este gobierno son cuestionadas, creándose un clima adverso a su existencia y a sus altos funcionarios?

2.- Fortalecimiento o debilitamiento de las funciones de la Contraloría General de la República, que es un tema que se ha traído constantemente a la discusión en este Gobierno. ¿Cómo asegurar a la Contraloría General de la República como el órgano asesor que es de la Asamblea Legislativa? ¿Se debe separar a la Contraloría General de la República de esa condición y convertirla en un ente totalmente independiente de los Poderes públicos, fortaleciéndole su capacidad y función contralora?

3.-En materia judicial, ¿debemos avanzar hacia una Corte Constitucional, dándole esa autonomía y manteniéndoles sus funciones exclusivas a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se debe proceder de igual manera con el Ministerio Público?

4.- ¿Cómo fortalecer el régimen electoral del país? ¿Se deben mantener las elecciones las elecciones nacionales separadas de las municipales? ¿La elección nacional, se debe separar de manera que la elección presidencial, se realice el primer domingo de febrero, como está establecido, y la de diputados se realice el primer domingo de abril, como ya existe esa fecha para una segunda convocatoria nacional, de manera que permita compactar mejor la elección de diputados? En este caso se haría la segunda ronda presidencial y la de diputados conjuntamente. ¿Se debe discutir constitucionalmente la validez del voto de los que votan en blanco o se abstienen en la urna electoral? Esto es garantizar el derecho a no votar, como una forma de protesta ciudadana, de manera que su validez pese para el porcentaje de votos que se requieren para elegir representantes populares, lo cual obligaría a los partidos políticos a fortalecer su convocatoria a sus votantes.

5.- ¿En materia de período de gobierno, se debe prolongar a seis años, con un proceso electoral obligado de consulta popular, a mitad del período en posibilidad de revocatoria de mandato? En la Constitución de 1844 se llegó a establecer un derecho de alterar, cambiar o abolir el gobierno si no llena el objetivo de su institución, siguiendo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1789 y 1793 respectivamente.

¿Se debe avanzar a la reelección consecutiva del presidente, por uno o dos períodos, y la de los Diputados de manera abierta como existía antes de 1949? ¿Se debe establecer la figura del diputado suplente de manera real, válida y eficaz, de modo que pueda sustituir al titular ausente de su partido en la sesión que corresponda, si el diputados propietario no se presenta en los primeros 5 o 10 minutos de iniciada la sesión parlamentaria?

6.- ¿Cómo hacer que la figura del Referéndum y el Plebiscito a nivel nacional se fortalezca, de manera que pueda ser efectiva y más democrática esa convocatoria?

7.- ¿Se debe avanzar hacia un Estado laico? ¿Se debe separar la religión y la educación religiosa de la escuela, los colegios y de la enseñanza en general? Esto se hizo entre 1882 y 1940 y la sociedad costarricense no se hizo menos católica, ni menos religiosa, ni menos creyente, porque la educación religiosa se trasladó con más fuerza donde deber realizarse, en el hogar, en la familia y en las Iglesias.

8.- En el área del Derecho de Familia se debe fortalecer constitucionalmente lo que ya se ha avanzado por las leyes especiales relacionado, entre otros aspectos, a matrimonios del mismo sexo, uniones libres, niños, paternidad y maternidad, alimentos, protección de adultos y personas mayores, y otras obligaciones. ¿Se debe avanzar para establecer la causa de divorcio o disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes?

9.- En materia de nacionalidad se debe discutir si el naturalizado puede perder la ciudadanía costarricense por participar en organizaciones y actividades relacionadas con el narcotráfico en general, de manera que la nacionalidad costarricense no sea un escudo de protección para delincuentes internacionales.

10.- ¿Se debe avanzar para establecer la obligatoriedad constitucional de aprobar o ratificar todos los Convenios y Tratados Internacionales que tengan que ver con defensa de los Derechos Humanos, de los Derechos Socioeconómicos y Laborales, con la Paz, contra el militarismo en general y específicamente contra la producción, el comercio de armas, y por el desarme mundial?

11.- Discutir, ampliamente, en términos constitucionales sobre las jornadas laborales existentes. Fortalecer la jornada máxima de ocho horas diarias. Alrededor de este tema, discutir la posibilidad de rebajar la jornada semanal a un máximo de 40 horas, y de ser posible establecerla como ya se hace en países europeos en 36 horas semanales sin debilitar el salario. Esta jornada está amenazada para llevarla al extremo de jornadas diarias de 12 horas en términos reales, por seis o siete días a la semana. Esa es la verdad del proyecto de ley que está en trámite legislativo.

12.- La materia del Derecho Colectivo de Trabajo debe fortalecerse en materia constitucional.

13.- ¿Se debe llevar el sistema de Defensorías existentes a un rango constitucional, fortaleciéndoles sus funciones y exclusividades?

14.- Es necesario establecer como norma constitucional, lo que se había dispuesto por el gobierno en 1869, que la educación pública es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y que los gobiernos y el Estado tienen que asegurar los fondos suficientes para su mantenimiento.

15.- En materia legislativa se debe discutir constitucionalmente sobre el quorum de funcionamiento de las sesiones legislativas, de manera que solo sea necesario para abrir las sesiones y para realizar las votaciones. En caso extremo, la posibilidad de que el quorum sea necesario únicamente para abrir el período de sesiones ordinarias o extraordinarias y para las votaciones.

16.- En materia de expropiaciones, para obras públicas, se debe avanzar constitucionalmente para asegurar y agilizar su trámite pagando el valor registral y de pago de impuestos de las propiedades, de manera que cualquier otra diferencia se dirima en Tribunales, para que no se entorpezca el desarrollo y construcción de obras las públicas.

17.- Hay que establecer una norma constitucional que diga que los delitos contra el Estado son imprescriptibles.

18.- Hay que establecer el derecho de los funcionarios públicos de participar activamente en el debate nacional de los temas políticos y de gobierno, sin que ello implique comprometer fondos públicos en esa participación.

19.- En materia de división administrativa del territorio hay que discutir ante una Nueva Constitución una mejor división territorial, que también tenga efectos para la mejor escogencia de los representantes populares

Dejo planteadas estas inquietudes.

Si los grandes problemas del país, de las personas y trabajadores en general, pobreza, desempleo, vivienda, calidad de vida, transporte público, capacidad de consumo vital, salarios, pensiones e ingresos, el asegurar el apoyo estatal para los productores nacionales, especialmente del sector agropecuario, la educación, la deserción escolar, colegial y universitaria, el analfabetismo y el analfabetismo por desuso creciente, entre otros, no se atienden con políticas y ayudas estatales vigorosas, en alianza con los sectores privados, los problemas sociales y su agudización no van a desaparecer, se van a profundizar, la polarización social se va a ir acentuado y no se detendrá con mayor represión policial.

La lucha de clases, y de sus sectores sociales, adquirirá perfiles cada vez más violentos, probablemente asociados a las organizaciones narco traficantes de todo tipo.

El conjunto de Constituciones Políticas que hemos tenido ha tenido que ver también con el desarrollo del Derecho costarricense, con sus propios códigos normativos, y la promulgación de Leyes que se han realizado desde la constitución del Primer Poder Legislativo en el país, en 1825, enriquecido este proceso con la promulgación del Código General de Carrillo, del Código de Comercio de 1852, y los Códigos que resultaron de la Comisión Codificadora de 1882-1888, así como las importantes reformas legislativas que se impulsaron en el legislación nacional en la primera mitad del siglo XX, como las Reformas de 1943, el Código de Trabajo de 1943, el Código Electoral de 1946, y las reformas legales e institucionales que se han impulsado al calos de la Segunda República, a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Hoy se discute en el país si los alcances de la Segunda República siguen válidos, si esa Segunda República ya feneció en 1978, en 1982 en 1990 o, en estos años del siglo XXI. Se habla de una Tercera República, desde inicios de la década de 1990. En las elecciones de 1998 el candidato del partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales, habló de eso en su campaña electoral.

En los últimos años se ha vuelto a revivir, aunque débilmente, sin hacer un balance histórico de la Segunda República, y de la necesidad de la Tercera República. A veces, incluso, hablan de una Cuarta República, sin haber cerrado el capítulo de la Segunda República.

El Presidente actual ha hablado violentamente contra todo el significado de la Segunda República cuando afirmó, y sigue afirmando, que todos los presidentes y gobernantes de este período histórico han sido tiranos y dictadores que solo han gobernado para ciertos grupos económicos, financieros y políticos y que siempre han gobernado contra el pueblo, haciéndose ver él como el más típico representante de los sectores populares llamando constantemente a que el pueblo asuma su poder real, orientado todo a sustituir a los actuales partidos políticos, en las próximas elecciones, con mayoría ojalá no menor de 38 diputados, para poder impulsar los cambios políticos institucionales que el país necesita para una mejor gobernabilidad.

En esa misma dimensión, el presidente ha pintado a los partidos políticos que han gobernado y a los que han electo diputados como responsables de los males que él acusa constantemente a los funcionarios públicos, tanto en el aspecto administrativo institucional como de la corrupción nacional.

Si no se atiende con rigurosidad, con seriedad y voluntad política la necesidad de discutir una Nueva Constitución que replanteé el quehacer político nacional y normativo, esa nueva Constitución va a resultar de procesos violentos o de una convocatoria que, con mayoría parlamentaria, pueda realizar un gobernante autoritario, despótico, de características dictatoriales que ascienda al Poder Ejecutivo por la vía electoral, como sucedió en El Salvador.

Estamos a las puertas de un proceso electoral que pareciera no va a resultar con un o una gobernante de esas condiciones. Pero, mientras no hay elecciones no hay resultados. Esta es la única encuesta válida sobre candidatos y el gobernante de turno que asumirá el país a partir del 2026.

No le tengo miedo a una Nueva Constitución, por la vía de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

De ella tiene que resultar la sociedad costarricense que necesitamos, de sólida convivencia democrática.

De ella tiene que resultar un fortalecido Estado Social y Democrático de Derecho, un reflejo de la Costa Rica multicultural que vivimos, que responda a los problemas, necesidades, principios y valores del momento que vivimos y de la sociedad que enfrentamos para el resto del siglo XXI.

El momento electoral que vivimos hasta su culminación presagia tiempos de paz, que es cuando debemos abordar la discusión de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para una Nueva Constitución Política y un nuevo desarrollo estructural costarricense.

El año próximo es el tiempo para entrarle a esta discusión, pasadas las elecciones, que permita preparar el ambiente para esa convocatoria, del Referéndum que puede dirigir el camino de su establecimiento.

Con seguridad personal y colectiva debemos ir hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la Constitución Política de la Costa Rica del siglo XXI.

Míster Donald: ¡Acá no todos somos Cipayos!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Las apariencias engañan míster Trump. Es imposible negar o demeritar el triunfo obtenido en Costa Rica por tu secretario de Estado, Marco Rubio, en cuanto a “luz verde” para que la campaña intervencionista contra la “dictadura” de Maduro se extienda a México o la nación latino-caribeña que creas merece tu “civilizatoria” mediante tu campaña contra el “narcotráfico y el terrorismo”.

Puedes sacar pecho orgullosamente y sentir admiración por Rubio y tu embajada en San José. Lograste en una tarde desaparecer de un plumazo la lucha a muerte entre los exportadores e importadores criollos por la apuesta de quien maximiza mejor la ganancia sobre la miseria de las mayorías. Todo en unas pocas horas.

No fue una sola moción aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa. Fueron dos, por aquello que una fallara, o no se entendiera claro y contundente cómo, cuando los emperadores romanos Caracalla o Geta ordenaban democráticamente a sus súbditos, despojados ya de su dignidad, hacer las locuras más raras.

Costa Rica, por el contrario, cuando se disponía a celebrar 204 años de vida independiente con desfiles, tambores, cantos de no ciervos menguados, entre otros, nuestra neutralidad y presencia de más ya maestros que soldados debe, simplemente, decir sí de inmediato en el congreso, la casa presidencial o el Poder Judicial.

De esta manera, sí tu secretario encargado de buscar aliados para sus invasiones militares, llenar el Caribe de cañoneras, submarinos nucleares, aviones armados hasta los dientes y cientos de “marines” para “combatir el narcotráfico y el terrorismo” póngale la firma, míster Donald, es cierto lo que te diga Rubio, pues acá no son dos ni tres tus aplaudidores.

Pero permítame decirte para que no te equivoques, cuando Rubio te diga que hay unos cuatro gatos que no comprenden la magnitud de tu cruzada: Acá, desde 1856, cuando ustedes nos mandaron un asaltante disfrazado de abogado y periodista para enseñarnos a ser bilingües, no todos son siervos menguados, ni nacen con la cerviz fracturada, ni se les sube la presión arterial en solo pensar que la nueva Roma no les dará visa.

Tu supuesta limpieza regional de los carteles de los Soles, Jalisco Nueva Generación o Sinaloa está condenada al más rotundo fracaso, cuando nuestros pueblos, por fin, se percaten que la llamada guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” no se sostiene en sí misma y es la carta de presentación para legitimar el robo y el saqueo de los recursos en Nuestra América.

Vimos desde la nefasta doctrina Monroe y sus variaciones, como el proyecto de la vieja Agencia para el Desarrollo (AID) y oenegés contra el comunismo y el socialismo, así como proyectos tan criminales como el Plan Colombia, que llenó de bases militares a ese país, o la Operación Condor, con el cual eliminaron a las y a los jóvenes y luchadores más nobles que entonces tenían Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otros, que el fin último fue saquearnos.

Con la droga, el “Estado profundo”, aglutinado en un solo partido político estadounidense de dos cabezas de animales simbólicos, como es el burro y el elefante, hizo milagros en el pasado. Las protestas de millones de jóvenes norteamericanos en las grandes urbes, que llamaban a la paz y al amor en lugar de ir a matar vietnamitas y llenar sus poblados de Napalm, les repartían drogas masivamente para reducirlos a miseria humana y junto a sus géneros musicales, como el rock and rol, terminar por satanizarlos.

Como ayer, ahora no se conocieron los verdaderos dueños de los carteles norteamericanos encargados del negocio y la distribución masiva de marihuana, cocaína, fentanilo y pastillas alucinadoras. Y menos se conocerán los billones de dólares que ingresan diariamente a la corriente financiera procedentes de esta actividad ni los grandes bancos encargados de “blanquear” esos activos.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, precisa las millonarias perdidas económicas a su país en los intentos de matar de hambre a un pueblo durante 65 años. (F. MINREX)

Sin embargo, si podemos asegurar, que el “negocio” de las drogas es lo bastante “sostenible” como para mantener una guerra por varios años. Gracias a los aviones cargados de cocaína procedente de Suramérica, la administración de Ronald Reagan, financió desde 1985 la llamada “contra” nicaragüense o “soldados” de la libertad, desde Honduras y Costa Rica.

Con los dólares producidos por la venta de narcóticos, a vista y paciencia de la Agencia Antidrogas Estadounidense, promovida como DEA, y las autoridades locales en esos países indicados, se compraban al Sha de Irán armas de guerra que llegaban masivamente a Centroamérica. Demostrándose, hasta la saciedad, que el tráfico de drogas en el mundo, mientras no se termine con la demanda interna en la nación primer lugar en el orbe en consumo, junto al negocio de las armas y el sicariato, es cara de una misma moneda.

Cualquier relato en torno a terminar con el tráfico y consumo de droga nacionales, sin inversión social en escuelas, salud pública de calidad, salarios dignos y vivienda decorosa, entre otros, sin exigir además a las naciones compradoras reducir su demanda interna de estupefacientes, los países víctimas de este mal serán obligados a subir la represión mediante el llamado Derecho Penal de prevención general, regalar sus soberanía con Tratados de Extradición, que vienen a ratificar la sumisión ante la potencia de moda y llenar sus territorios de cárceles de máxima seguridad.

La experiencia de usar el negocio de las drogas con fines militares y político quedó plasmada en el llamado “Irancontra” o “Irangate”, deparando tal cantidad de dinero, que alcanzó para contratar periodistas costarricenses para una emisora dedicada a promover la causa de la “libertad” en Nicaragua y acabar con la “dictadura” de Ortega.

Incluso, hubo dinero a caudales, hasta para minar los principales puertos nicaragüenses, como segundo ensayo de lo que ahora realizan a placer y perfección los estadounidenses y sionistas en Gaza, pues esperaban interrumpir la llegada de alimentos por vía marítima y matar así de hambre a los sandinistas, aunque se llevaran también en banda a sus amigos democráticos y no terroristas.

Estados Unidos fue condenado por el minado de puertos nicaragüenses el 27 de junio de 1986, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Nicaragua, dictaminando que estas acciones, junto con el apoyo a los «contras», constituían una violación del derecho internacional.

En contraste, Washington, desconoce esta sentencia y, recientemente, la administración Trump impuso a los nicaragüenses aranceles de 18 % a sus exportaciones. Managua reclama una indemnización por US $12 mil millones por sus fechorías cometidas en esa nación istmeña.

El primer intento de genocidio moderno, aplicando el hambre como herramienta de guerra y delito de lesa humanidad, inició desde 1960 contra Cuba, a pesar de su férrea política contra las drogas en la ínsula antillana.

Datos dados a conocer en las Naciones Unidas revelan que del 1º de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el bloqueo comercial y financiero contra su población alcanza, por concepto de daños y perjuicios materiales, los 7 mil 556,1 millones de dólares.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla precisó que este aumento exponencial se debe fundamentalmente al incremento en las afectaciones por los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios.

Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, la cruzada contra el narcotráfico y el terrorismo enmascara otros fines concordantes con la tradicional política intervencionista de Estados Unidos en la región, así como su desprecio por el Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos. “Y Colombia no prestará su territorio para que invadan ningún país hermano”.

Para Petro el narcotráfico internacional está más activo que nunca con una Junta Mundial que funciona desde una importante nación árabe, encargada de lavar billones de dólares y euros diariamente, a la cual se integraron la mafia albanesa, la estadounidense y carteles de la región.

Según el dignatario colombiano en su país no han cesado los intentos de golpe de Estado promovido por grupúsculos estadounidenses, con influencia en el congreso norteamericano, así como representante de la rancia oligarquía colombiana, aglutinada en el llamado Centro Democrático que eligió en el pasado como presidentes a Álvaro Uribe e Iván Duque.

Según Petro, durante las administraciones de Uribe y Duque el área de cultivo de hoja de coca superó las sesenta mil hectáreas, el paramilitarismo era una realidad y la violencia era incontenible, a pesar de siete bases militares estadounidense a lo largo y ancho de Colombia, fum8igaciones masivas y daños a la ecología.

Hoy solo quedan unas 34 mil hectáreas sembradas de hoja de coca, quienes antes sembraban esas plantas, ahora producen alimentos, cuentan con caminos, precios justos, y en lugar de apostar por la violencia y la muerte, nosotros defendemos la vida y la paz. Esto no les gusta, dijo recientemente durante un encuentro con el pueblo en el interior colombiano.

La cocaína se introduce dentro de las bananas que van a Europa y Estados Unidos. Los puertos del Pacífico ecuatorianos han alcanzado notoriedad por la captura de cientos de toneladas. (F. noticias DW)

Con este nuevo aire que toma el narcotráfico regional, mientras Estados Unidos tiene estacionado en el Caribe el destructor USNI News, unos 5.000 marines e infantes de marina, el grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima (LHD-7), acompañado por el USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17), entre otros, ninguna nación queda al margen del negocio

Un reciente informe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y el Servicio Federal de Aduanas rusos confirmaron la incautación en el puerto de San Petersburgo de 1,5 toneladas de cocaína en un barco con bananas procedente de Ecuador.

Según estas fuentes, el barco Cool Emerald había zarpado desde la República de Ecuador, desde el pasado 29 de agosto rumbo al puerto de San Petersburgo, Al hacer las inspecciones del cargamento dentro un contenedor cargado con bananos, se descubrieron 1.500 paquetes que contenían cocaína, con un peso total de 1.750 kilogramos.

En contrate, un documento denominado “Informe europeo sobre drogas 2025” – de consulta obligatoria para aquellos diputados que aprobaron mociones contra el cartel de los “Soles” – señala que las redes de tráfico utilizan múltiples rutas para aumentar el suministro de cocaína en Europa y en ninguna parte se indica la participación de Venezuela. (https://www.instagram.com/reel/DOtt_8AgoK6/).

Por otra parte, está documentado, que el 87% de la droga sale por importantes puertos del Pacifico suramericanos, al otro lado donde mandaste tus cañoneras, míster Trump, por ejemplo, terminales portuarias en Guayaquil, Manta, Esmeralda o Puerto Bolívar, este último muy utilizado por las familias ecuatorianas, exportadoras de banano, en cuenta la del mandatario Daniel Noboa.

Perdone, presidente Trump, usted se equivoca con algunos ticos; tal vez somos poquitos, cierto, como posiblemente te contó entusiasmado tu secretario Rubio, ¡pero no todos somos tarados ni cipayos!

Que te quede claro.

«Su batalla cultural y la nuestra» de Fernando Buen Abad

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Lucha Cultural.

Henry Mora Jiménez

La disputa por los significados

Hasta hace algunos días pude leer el artículo “Su batalla cultural y la nuestra”, del filósofo mexicano Fernando Buen Abad (publicado a inicios de julio pasado en LaRedH). Creo que la propuesta de Buen Abad merece al menos un comentario de nuestra parte.

¿De qué hablamos cuando hablamos de «Batalla Cultural»?

El término «Batalla Cultural» se ha vuelto central en el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales a nivel global. Originalmente, es un concepto que las derechas y los sectores conservadores utilizan para describir su lucha contra lo que ellos llaman una «hegemonía progresista» o «dictadura progre» que, según alegan, domina espacios como la educación, los medios, el arte y las leyes. Afirman estar resistiendo para defender «valores tradicionales» como la familia, la patria y la libertad, que sienten amenazados. El artículo analiza esta estrategia no como una defensa genuina, sino como una poderosa ofensiva ideológica para mantener el control sobre los significados que estructuran nuestra sociedad.

El análisis de la «Batalla Cultural» de la derecha y la propuesta de respuesta

Fernando Buen Abad explica que, desde un punto de vista de izquierdas, esta «batalla» es en realidad una disputa por el poder simbólico: es una guerra por controlar el significado de las palabras, las narrativas y las emociones que dan forma a nuestro sentido común.

¿Cómo funciona la estrategia de la derecha?

Se presentan como «rebeldes»: Aunque suelen detentar el poder económico y político, se pintan a sí mismos como víctimas de una élite cultural progresista dominante. Esto es una inversión del concepto de «hegemonía cultural» de Gramsci.

Usan palabras cargadas y emocionales: Emplean significantes como «libertad», «adoctrinamiento», «ideología de género» o «marxismo cultural» de manera flexible. Estos términos no tienen un significado fijo, sino que se llenan de contenido emocional (miedo, indignación, nostalgia) para movilizar a la gente. Por ejemplo, «libertad» puede significar para ellos libertad de mercado o de no pagar impuestos, no la libertad social o la libertad de expresión.

Construyen un «enemigo»: Crean la figura de un «Otro» negativo (la feminista, el migrante, el maestro «adoctrinador», el «comunista») que funciona como una amenaza unificadora para su base.

Dominan las redes sociales: Su batalla se libra eficazmente en plataformas como TikTok, YouTube y con memes. No apelan a la razón con datos, sino a la afectividad y las emociones con relatos simples, gestos e imágenes virales, ganando terreno especialmente entre audiencias jóvenes.

La propuesta: Nuestra batalla cultural
Frente a esto, Buen Abad argumenta que la izquierda no puede limitarse a denunciar hechos o defender instituciones. Debe aprender a disputar el sentido. Esto significa:

– Producir símbolos, relatos y prácticas alternativas y emancipadoras.

– Romper las asociaciones de ideas que impone la derecha (ejemplo: feminismo = destrucción de la familia).

– Apropiarse de los lenguajes populares y generar contra-narrativas deseables, no solo verdaderas.

– Entender que la política es, también, una lucha por los significados que organizan la vida social.

La importancia de este análisis para entender la realidad de Costa Rica

Este tipo de análisis es también de enorme importancia para Costa Rica porque nos permite decodificar la política actual más allá de la superficie. El país no es ajeno a esta «batalla cultural» global. Discusiones intensas y polarizadas sobre la educación sexual, el lenguaje inclusivo, el papel de la religión, las instituciones, la identidad nacional (Tercera república) o la figura de los sindicatos son reflejo de esta misma disputa por el sentido común.

Entender que detrás de eslóganes emocionales y campañas en redes hay una estrategia semiótica organizada para resemantizar conceptos como «familia», “liderazgo” o «libertad», nos ayuda como ciudadanos a:

No caer en polarizaciones simplistas: Permite analizar críticamente los mensajes, identificando los intereses reales que hay detrás de un discurso que se vende como «rebelde» o «antisistema».

Comprender la raíz de los conflictos: Muchas tensiones sociales no son solo sobre leyes o economía, sino sobre qué valores y significados queremos que definan nuestra sociedad.

Exigir una disputa de ideas más robusta: Empuja a quienes defienden propuestas progresistas, de justicia social o de emancipación humana a comunicarlas mejor, con narrativas potentes y emocionalmente resonantes que conecten con la gente, yendo más allá de los informes técnicos y las declaraciones académicas.

En esencia, este marco analítico nos da herramientas para ser ciudadanos más críticos de la información que nos ahoga y participantes más conscientes en la vida democrática costarricense, reconociendo que la lucha por el poder pasa, inevitablemente, por la lucha por el significado de las palabras con las que entendemos el mundo.

Tropezones lógicos en una comparecencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

De la extensa comparecencia llevada a cabo el pasado 22 de agosto del Presidente de la República y su abogado defensor, a la Comisión Especial que estudió el levantamiento de la inmunidad en el caso conocido popularmente como “BCIE-Cariñitos”, este observador deja constancia de los siguientes puntos relevantes:

  1. El método escogido por la defensa separando de entrada su exposición en una primera parte “política”, a cargo de Chaves Robles, y una segunda de carácter “técnico-jurídica” expuesta por Villalobos Umaña es, en principio, ilógica, puesto que estamos frente a un procedimiento especial (ante-juicio) contra un miembro de los supremos poderes, es decir, un funcionario público del más alto nivel, cuyo enjuiciamiento es, por naturaleza, esencialmente político y necesariamente jurídico, por el sólo hecho de ostentar un determinado cargo en cuyo ejercicio es llamado a cuentas.

Como el desarrollo mismo de la audiencia lo muestra, en realidad tanto los argumentos “políticos” como los “jurídicos” son prácticamente los mismos: acusar un supuesto montaje político; cuestionar el contenido de la acusación y la validez de la prueba ofrecida, sobre todo la credibilidad de los testigos; y sembrar dudas sobre las motivaciones últimas del procedimiento abierto contra el Presidente.

  1. Existe un argumento cardinal en la exposición de Chaves Robles: este proceso es un montaje político, un show mediático para perjudicar su imagen, orquestado por el Fiscal General Carlo Díaz y una mayoría de magistrados (as) de Corte Plena, dadas las denuncias y cuestionamientos que él “valientemente” ha señalado, como ningún otro Presidente se ha atrevido a hacerlo, por la responsabilidad del Poder Judicial en el tema de inseguridad que padece el país y, particularmente, por haber denunciado el abuso de poder de Díaz al promover laboralmente a una subalterna con la que mantenía una relación sentimental.

El alegato serviría para un ejemplo de falacia ad hominem de cualquier Introducción a la Lógica. Una falacia es un argumento incorrecto con apariencia de ser correcto. En el supuesto de la falacia ad hominem, se trata de descalificar el discurso del oponente, no desvirtuando sus razones, sino descalificando a su persona. Así, decir por ejemplo: el hecho cierto de que esta mujer ejerce la prostitución, necesariamente la convierte en una mala madre; o bien, al ser este hombre un migrante indocumentado, lo convierte necesariamente en un delincuente. La evidencia de la falacia de Chaves cae por su propio peso: el hecho cierto de que el Fiscal Díaz cometiera una conducta indebida al no inhibirse por conflicto de intereses en el caso de la subalterna, no implica necesariamente (ni mucho menos) que las denuncias planteadas contra Chaves Robles y alguno de sus allegados carezcan por completo de fundamento, que no debieran investigarse, o que no pudieran ser elevadas al trámite de antejuicio, primero ante la Corte y luego ante la Asamblea Legislativa. Pero además, el argumento falaz omite un aspecto fundamental referido a la temporalidad de los acontecimientos, a saber, cuáles hechos son antecedentes de cuáles consecuentes. La arremetida del Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público se exacerba después de que las denuncias en su contra son admitidas a trámite. En particular, esto es evidente respecto de la acusación que hace el Presidente contra el Fiscal Díaz. Por tanto, afirmar que las actuaciones de la Fiscalía son una mera vendetta carece de fundamento. De igual manera la afirmación de que la mayoría de la Corte está motivada en revanchismo dadas las críticas de Chaves, no es ni siquiera un argumento, es una mera suposición. Habría que darle al Presidente la bienvenida al Estado de Derecho y al debido proceso, puesto que la Corte está en la obligación legal de conocer la solicitud que le hace el Jefe del Ministerio Público y no puede inhibirse ni renunciar a sus competencias. Por último, tenemos décadas de que Presidentes de la República, cada vez que el tema de seguridad se les va de las manos, empiezan a culpar al OIJ, a los fiscales y a los jueces. Es cuestión de visitar la hemeroteca de lo que han dejado constando los medios de comunicación en este sentido.

  1. En determinado momento de la comparecencia, el defensor Villalobos se encarga de comunicarle al país que Chaves Robles no sólo es economista, sino también filósofo y de ahí, la “aplastante” lógica de su dialéctica. Confieso estar en el bando de los inocentes sorprendidos con esta revelación. Para demostrar su pericia en el campo de la lógica, conforme al argumento “estrella” de que la acusación no puede sostenerse porque la entrega de dinero que Chaves “obligó e indujo” a Bulgarelli a dar a Cruz, se concretó cuatro meses después de otorgado el contrato, el señor Presidente debuta como filósofo de la lógica interrumpiendo a su defensor y diciendo: “…o sea, para entender yo, el Fiscal argumenta que nosotros fuimos a cerrar el corral después de que se había salido el ganado…se salió el ganado y vino a cerrarse el corral después…” ¿Que qué?. Semejante calistenia intelectual puede dejar pasmado al mismísimo Aristóteles. El difícil momento obligó a don José Miguel a continuar rápidamente con su propio discurso.

Pero en todo caso estamos ante otra falacia de Manual. Esta vez, la falacia ad baculum, es decir, aquella que apela a un argumento de autoridad. Así tendríamos que: como lo dice el Pastor… como lo dice el Entrenador… como lo dice el Presidente… debe darse por cierto. Pero todos sabemos que por el solo hecho de que alguien haya estudiado medicina, no necesariamente es un buen médico; tampoco tener el título de Licenciado en Derecho, necesariamente hace a nadie un buen abogado, etc., etc. Por tanto, el haber estudiado Economía Agrícola no hace a alguien un buen economista y muchísimo menos, haber estudiado Filosofía lo convierte en un filósofo, y menos que menos lo convierte en un buen gobernante.

  1. Los argumentos técnico-jurídicos, debe reconocerse, tienen un mejor desempeño. No sólo por la retórica del defensor Villalobos, sino porque tocan aspectos decididamente relevantes, aunque, en mi criterio, inoportunos e impertinentes. Sobre la misma base de la conspiración política contra el Presidente, la Defensa cuestiona, en primer lugar, la naturaleza del pronunciamiento que debe emitir la Asamblea Legislativa. Dice que debe desecharse una primera tesis o posición “extremista” que consistiría en que la Asamblea sólo compruebe la existencia de ciertos requisitos formales y autorice el levantamiento de la inmunidad. También señala que una segunda tesis “extremista” consistiría en evacuar y valorar la prueba, y prácticamente dictar sentencia, lo cual también es improcedente. Por último, el señor defensor dice que hay una posición intermedia que es la que debe prevalecer, a saber, que la Comisión debiera revisar la acusación, determinar si los hechos pueden configurar delito, si la prueba ofrecida respalda la acusación y si la acusación es coherente. Pero ciertamente, entrar a todos estos aspectos –como en efecto lo hace el Lic. Villalobos- significa valorar la prueba ofrecida y confrontarla con los hechos, todo lo cual es propio de la competencia jurisdiccional, por lo que al final, el argumento de la Defensa cae en uno de los extremos que afirma rechazar. En fin, para desvirtuar esa acusación no se puede ni debe descender al análisis de fondo sobre todos y cada uno de los elementos probatorios ofrecidos por el Fiscal General. Y ese es precisamente el gran error en que incurre la defensa, entrar a una argumentación del fondo del asunto. De paso el señor defensor incurre en una que otra falacia también muy frecuentes en el mundillo del litigio. Se trataría ahora de una clásica falacia de conclusión inatingente puesto que del hecho que en una grabación telefónica y en una entrevista policial no conste que la testigo Navarro haya expresado que el Presidente “obligó e indujo” a Bulgarelli a entregar dinero a Cruz, no puede necesariamente deducirse que tal manifestación no se hiciera, o no pueda establecerse, por otros medios, la posibilidad de esclarecer el punto.

En definitiva, es inválido desde la perspectiva de una sana argumentación jurídica, en el momento procesal de que se trata, caer en un ejercicio en el que se pretende evidenciar supuestas contradicciones de los testigos clave; hacer un cuestionamiento genérico acerca del instituto procesal del Testigo de la Corona; realizar un cuestionamiento de la credibilidad que ofrece el señor Bulgarelli y otros declarantes; afirmar una supuesta imposibilidad de que el tipo penal se haya configurado, y otra serie de elucubraciones que no corresponde hacer al cuerpo de diputados (as), por dos razones principales: (a) el momento procesal en que está el expediente (cuestión de oportunidad); y (b) el alcance de la valoración que pueda hacer la Comisión y el Plenario de la Asamblea (análisis a fondo de la masa probatoria disponible). Esto último corresponde a un Tribunal de Justicia, en este caso, la Sala Tercera de la Corte, si es que se remite el trámite para continuarlo en esta instancia. En síntesis, por ser el ejercicio de la defensa técnica un examen de la calidad y pertinencia de los elementos probatorios disponibles, la coherencia y razonabilidad de sus argumentos, a saber, la existencia o no de falacias relevantes, va a depender del sustento fáctico que una valoración jurisdiccional integral dé, sea para concluir que se trata de meras conjeturas espurias, o de razonamientos válidos y pertinentes. Sólo entonces podrá establecerse la verdad judicial, absolviendo o condenando a los imputados.