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Encrucijada o ilusión

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Freddy Vargas Aguilar
8620 0780

Las últimas elecciones desnudaron por completo que nos encontramos en una encrucijada histórica, como el resto de occidente. Un camino se terminó. Lo que se llama estado social de derecho llegó a su fin como sentido social. Lo que se presenta son dos posibles caminos.

A la derecha un estado más reducido, con una economía de mayor concentración de riqueza y una educación que, manteniéndose como instrumento para preparar mano de obra e impedir que educandos y educadores aprendan a pensar, excluye más. Pero más autoritaria, avanzando hacia ser represiva.

A la izquierda la urgencia de construir un movimiento popular político, superando el capitalismo, con un Estado realmente democrático y una educación transformadora que sí enseñe a Pensar.

Pero, es posible permanecer en un estado de ilusión. Seguir creyendo que la lucha social, política, es defender este Estado social de derecho. La ilusión de no permitirse reconocer que no se trata de más financiamiento para la educación, sino crear una educación que sí lo sea. La ilusión de fantasear conque escribiendo documentos iluminados, perfectos, para pedirle a los que dirigen o quieren dirigir el Estado, que tengan la bondad de hacerlos realidad, algo va a cambiar. La ilusión de que la unidad que se necesita es de arriba, de los que ocupan los puestos de dirección.

Encrucijada o ilusión. ¿En dónde quiere estar?

“Therians: un análisis desde la sociología” será transmitido en vivo por UNA Comunica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) invita a la comunidad universitaria y al público en general a la transmisión en vivo de la charla “Therians: un análisis desde la sociología”, a cargo del Dr. Guillermo Acuña González, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales.

La actividad se realizará el viernes 20 de febrero a las 9:00 a.m., mediante transmisión en vivo a través de la plataforma Facebook Live, en el espacio de UNA Comunica, Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional.

El conversatorio propone una aproximación académica al fenómeno conocido como “therians”, abordándolo desde la sociología y el análisis de las dinámicas culturales contemporáneas. La participación del Dr. Acuña González, académico e investigador en el ámbito de las ciencias sociales, permitirá situar el tema en un marco reflexivo y crítico, propio del debate universitario.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales se promueve este tipo de espacios de diálogo público que permiten comprender fenómenos emergentes desde perspectivas científicas, contribuyendo así a la formación de criterio y al análisis informado.

La transmisión estará disponible en vivo a través de la página oficial de UNA Comunica en Facebook.

Abrir las Ciencias Sociales…30 años después

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Febrero inició para la sociedad costarricense con la confirmación de una alerta que desde hace unos años tenía sus luces encendidas: el sistema político mostraba serias fracturas, el camino democrático podría llenarse de piedras y aparecerían nuevos actores que vendrían para quedarse y enturbiar el escenario de estabilidad del que gozamos hasta hace un par de décadas.

Abordar este proceso de rápidas reestructuraciones y quiebres implica enormes desafíos en la manera como hemos venido observando los cientistas sociales esa realidad.

Es impostergable de nueva cuenta falsear los esquemas de pensamiento sobre la base de nuevas evidencias que reconozcan cada vez con mayor fuerza la necesidad de entrar en procesos de transformación en la construcción de conocimiento, no solo para generarlo, sino para que este sea útil en la vida cotidiana de muchos sectores de población.

Este 2026 se cumplen 30 años de la publicación de aquel compendio de reflexiones denominadas “Abrir las Ciencias Sociales” desarrollado por la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales y coordinado por el científico social estadounidense Inmanuel Wallerstein.

Este esfuerzo significó un punto de inflexión para las ciencias sociales de entonces: había que superar los estancos disciplinarios, acometer ejercicios de diálogo entre la historia, la cultura y la economía y avanzar hacia la consolidación de procesos más reflexivos, abiertos y globales.

Constituyó una hoja de ruta que al menos en el contexto latinoamericano ha tenido sus limitaciones: las ciencias sociales enfrentan hoy su hora más crítica dado el giro conservador en muchas propuestas sociopolíticas que las observan con recelo. Hoy la amenaza para su continuidad es real ciertamente.

Enfrentar esta hora implica revisar de nuevo el marco de acción epistemológico y político de las diversas disciplinas que la conforman. En el caso costarricense requiere señalar una hoja de ruta clara para los próximos diez años en los que se deberán ampliar los diseños interdisciplinarios, las acciones concretas de impacto en las poblaciones y comunidades e incidir en una arquitectura mucho más flexible que vuelva posible la generación de los vasos comunicantes hacia adentro y hacia afuera.

Abrir, de nuevo, las ciencias sociales para abordar la complejidad que somos (violencias, desigualdades, exclusiones) es una tarea impostergable: así nos lo demanda el contexto actual.

La mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permite actuar con cierto autoritarismo, e imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La mayoría de los diputados, 31 de 57, que tiene el Partido Pueblo Soberano le permite holgadamente dirigir la Asamblea Legislativa.

Con 29 diputados, sin transar con nadie, de ninguna otra de las fracciones que allí van a coexistir, la de Liberación Nacional, la del Frente Amplio, la de la Coalición Agenda Ciudadana y la de la Unidad Social Cristiana, necesitan sus votos para integrar todo el Directorio Legislativo y para dominar y presidir todas las Comisiones Parlamentarias.

Los grupos opositores o minoritarios ni siquiera deben preocuparse por obtener ventaja en estas decisiones. Lo mejor que pueden hacer es apoyar todos los nombramientos que ellos quieran hacer, sin ofrecerles contrincantes. No vale la pena, ni siquiera para la foto. Que se luzcan en esos puestos los diputados de Pueblo Soberano, para ver si cómo roncan, duermen.

Así pueden elegir todo el Directorio Legislativo sin compartir puestos, y sin discutir quien preside el Poder Legislativo y quien es su secretario, que son los puestos más importantes del Congreso, y sin discutir quien preside las Comisiones legislativas.

La Presidencia Legislativa es la más importante por ejercer públicamente la dirección y representación del Poder Legislativo y por ser quien, en una situación excepcional, le correspondería asumir la Presidencia del Poder Ejecutivo, por muerte y ausencia absoluta del presidente y de las dos vicepresidencias.

En el segundo caso, ausencia de las dos vicepresidencias y del presidente de la República ya sucedió, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, asumió por unos días, la Presidencia de la República en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, que en su tercer año de gobierno se había quedado sin vicepresidentes y él tuvo que salir del país. Ha sido el único caso en el período de la Segunda República, 1949-2026, en que esto sucedió.

El secretario de la Asamblea Legislativa por ser, en la práctica, el jefe de Personal de todo el Poder Legislativo, de más de 900 empleados del Poder Legislativo, le sigue en importancia de nombramiento.

Los demás puestos son literalmente de relleno. Para figurar en el protocolo legislativo y constar en el currículum de quienes ocupen esos cargos.

El presidente legislativo tiene además la función de nombrar, él, solo él, si así quisiera, a todos los miembros de las distintas Comisiones Legislativas. Literalmente lo puede hacer cómo le dé la gana. Generalmente, se acostumbra a negociar con las otras fracciones legislativas la integración de sus diputados en las Comisiones, en la que a los partidos políticos les interesa estar.

En las últimas Asambleas Legislativas cuando no ha habido una sola fracción parlamentaria que por sí misma se imponga en los nombramientos y en las Comisiones, la negociación era obligatoria, sobre todo en los últimos tres gobiernos en que el partido de gobierno, ganador de las elecciones, no pasaba de los 12 diputados, como fue el caso de los dos gobiernos de Acción Ciudadana y el actual de Rodrigo Chaves, con el partido Progreso Social Democrático.

En ocasiones, a la fracción de gobierno, se le daba la Presidencia de la primera Legislatura, del primer año de gobierno, lo que no es obligatorio. Se ha hecho por cortesía política para el arranque del primer año de gobierno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así se hizo con el partido Acción Ciudadana.

En el caso del actual gobierno no se le dio esa cortesía en ninguna de las cuatro legislaturas, en ninguno de los cuatro años de gobierno. Quien ha presidido durante todo el período de cuatro años, y lo ha hecho muy bien, en las condiciones difíciles que se ha tenido de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, ha sido Rodrigo Arias Sánchez, diputado del partido Liberación Nacional.

Mi consejo para las diputadas de la Unidad Social Cristiana y de Agenda Ciudadana, es que no se dejen embarcar en algún nombramiento de dirección de las Comisiones. Eso es amarrarles las manos y su capacidad de discusión.

Es obvio que en los próximos cuatro años solo habrá presidentes electos por el Partido Pueblo Soberano. En las condiciones de ese partido, seguramente, cada año cambiarán de presidente legislativo, porque resaltará en sus filas el ego político de los diputados que querrán tener el Honor de presidir la Asamblea Legislativa. Y de la posibilidad de sustituir a Laura Fernández si así llegare a suceder, como en el gobierno de Oscar Arias.

Aparentemente, hoy no tienen condiciones para proponer un presidente Legislativo que se mantenga por los cuatro años seguidos. No es obligatorio rotarlo, cambiarlo, pero en la actual fracción mayoritaria de gobierno ya hay más caciques que indios disputándose ese galardón y ese chicharrón.

En la lucha por presidir la Asamblea Legislativa ocasionalmente, y cada vez con mayor frecuencia, ha florecido la tesis de que una mujer la presida. En las condiciones actuales la Asamblea legislativa tiene más mujeres diputadas que hombres diputados. Es la primera vez que esto sucede, reflejando también que había más mujeres votantes que hombres votantes. ¿Por qué no pensar desde ahora que sea una mujer, aunque sea de Pueblo Soberano, la que presida al Poder Legislativo, en el primer año de arranque del gobierno de Laura Fernández, la segunda mujer en presidir al Poder Ejecutivo? Sería hasta congruente que Laura Fernández impulsara esta tesis e impulsara su propia candidata.

La fracción mayoritaria de Pueblo Soberano se constituyó con el apoyo de los grupos cristianos, no católicos, que le dieron apoyo a Laura Fernández, que se lo quitaron a Fabricio Alvarado y sus grupos conservadores. Por todo el territorio nacional estos grupos así se expresaron a favor de Laura Fernández, con el empujón y apoyo que les hadado Rodrigo Chaves. En este sentido, por amplitud política Pueblo Soberano podría promover, a la Presidencia del Congreso, al diputado Gonzalo Ramírez Zamora, quien ya ocupó en una ocasión anterior la Presidencia legislativa. Tiene la ventaja de que ha sido diputado y también presidente legislativo. Para el inicio del gobierno de Laura Fernández esto puede ser importante, porque él tiene capacidad de negociación política parlamentaria comprobada. Desde el momento mismo en que fue electo presidente parlamentario demostró esa capacidad. Además, tiene buen carácter, buenas relaciones sociales, personales y políticas, lo que le ayuda mucho. Hay que tomar en cuenta que, según la experiencia y práctica parlamentaria, los diputados recién electos se llevan casi ocho meses en aprenderse los trámites legislativos y el uso del reglamento parlamentario. Ya Gonzalo lleva eso adelantado. De todos los 57 diputados, muy pocos, entre ellos Gonzalo Ramírez, han sido diputados, y conocen ese trajín parlamentario. Los otros son duchos parlamentarios y el más destacado es José María Villalta, que inicia su tercer período de diputado. El que algunos diputados electos hayan sido ministros o funcionarios públicos no les da esa experiencia, por esa razón.

Otro grupo que se mueve en el Congreso en lucha por la Presidencia es el del diputado Nogui Acosta Jaén, quien ha sido ministro de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al presidente Chaves y el de su mayor confianza. Tiene el carácter para presidir la Asamblea Legislativa, y la experiencia de su ministerio para atender situaciones complejas de sectores sociales y empresariales difíciles.

Un grupo de diputados que lucha por estar presidiendo la Asamblea Legislativa es el que reúne a todos los diputados, que son bastantes, que son imputados judiciales, que son sospechosos de haber cometido delitos, que son deudores del erario público y de instituciones como la CCSS. Es el grupo de los diputados imputados, que quieren dirigir el Congreso, que representa, a modo de imagen, a un sindicato mafioso, también por las vinculaciones de algunos de ellos, interesado en dominar el Poder legislativo. Hace algunos años un diputado de igual ralea intentó presidir el Congreso. Fue rechazado y su historia post legislativa demostró sus vínculos constantes con la narco mafia.

Las comisiones legislativas se dividen en permanente ordinaria, permanente especial, las especiales, los mini plenarios, donde también se pueden aprobar ciertas leyes.

De las comisiones legislativas, las de mayor importancia política son la de asuntos hacendarios, económicos, gobierno y administración, de control y gasto público, jurídicos, de consulta de constitucionalidad, agropecuarios y sociales y 13 comisiones más. Hay comisiones sobre Provincias, Regiones y asuntos particulares. Los mini plenarios son tres, cada uno de ellos con potestad legislativa que conocen proyectos de ley delegados por el Plenario Legislativo.

Puestas así las cosas es entendible que la oposición parlamentaria tiene pocas posibilidades de estar en todas las comisiones. Liberación Nacional y el Frente Amplio son los partidos que más posibilidad tendrán de atender la mayor parte de las comisiones lo que dependerá del interés de los diputados y de las fracciones. Los diputados miembros de las comisiones actúan con derecho a voz y voto en ellas. Los otros que quieran asistir solo tiene derecho a voz.

La Comisión que estudia y atiende lo del Presupuesto Nacional ha sido usual que la mayoría de los diputados sean del partido de Gobierno, para facilitar su aprobación en Comisión y así pasarlo con votos de mayoría al Plenario para su aprobación final. En este momento, si Pueblo Soberano quisiera tener la totalidad de los miembros de esa Comisión lo podría tener. Pienso, por ahora, que allí permitirán tener un representante de cada una de las otras fracciones para guardar las apariencias, sin que ellos puedan tener capacidad de decisión sobre el diseño del Presupuesto que se prepare para su aprobación en el Plenario. En cualquier caso, en esta Comisión habrá minoría opositora. De esto no queda duda.

La Discusión fuerte en la materia hacendaria nacional será en el Plenario Legislativo, y dependiendo de los temas y partidas que se reduzcan o se aprueben, el escenario también será la calle, con movilizaciones populares, sindicales y de los distintos grupos que puedan verse afectados, sectores universitarios, de salud, de educación en general, y también de salarios.

Las luchas por la defensa de los salarios y las pensiones, las luchas por la defensa de los derechos laborales, como las jornadas de trabajo, tendrán que empezarse a mover en las calles, en el escenario público, en la conciencia ciudadana, con fuerte presión en las instancias judiciales para evitar que se lesionen derechos constitucionales, legales y los derechos adquiridos no se menoscaben y violen.

Con la mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permitirá al gobierno de Laura Fernández actuar con cierto autoritarismo político público, y por su imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa, se le facilitará su conducción política hacia el continuismo autoritarista político, al riesgo de su desviación hacia las formas tiránicas y dictatoriales de gobierno, sin descuidar el nepotismo político y la persecución oficial e institucional hacia ciudadanos disidentes y opositores en general.

Por ahora, hasta finales de abril, hay que concentrarse en las luchas que vienen por la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde las aguas del partido Pueblo Soberano se mueven agitadamente, en esas direcciones, por ahora conocidas, con iniciativas de grupos internos: las mujeres, los cristianos, los de Nogui, que son los del presidente Chaves, los de los diputados y la del sindicato de los diputados ligados a los grupos narco delincuenciales, y los que la propia Presidenta Laura Fernández impulse como su tendencia.

Recordemos sus palabras la noche de su triunfo: “los diputados electos serán disciplinados”, es decir llevarán línea de gobierno, y actuarán “disciplinadamente”, sin divisiones ni fracciones, sin negociación si es necesario …tic tac, tic tac…

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

La efectividad de la estrategia de continuidad del gobierno de Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

Mientras muchos todavía nos preguntábamos por las razones del ascenso al poder del Partido Progreso Social Democrático y luego en los meses y años siguientes íbamos tratando de asimilar un estilo de gobierno del presidente agresivo y confrontativo, el grupo político en el poder iba tejiendo su estrategia para convertir la Administración actual en la plataforma para garantizar el triunfo en las elecciones del 2026 y consecuentemente la continuidad de este grupo en otro período gubernamental.

Si atendemos al pasado reciente, podemos identificar algunas posiciones y argumentos del Presidente y su equipo de gobierno, que iban en la dirección, de no sólo gobernar en el período 2022-2026, si no proyectar lo que sería una estrategia de continuidad, que fue anunciada prácticamente desde la primeras semanas de ésta Administración y en especial en el informe de los 100 días y en los informes anuales del Ejecutivo, en la que afirmaban la dificultad de gestionar el gobierno y la necesidad de un período más amplio para concretar la reestructuración del Estado para hacerlo “más efectivo y más ligado a las necesidades del pueblo”, según lo enunciaba el Presidente en cada acto político y en sus discursos semanales.

Entre los argumentos esgrimidos frecuentemente por el presidente, su asesora Cisneros y los delfines formados en el proceso, entre ellos la presidente electa, se encuentran algunos que eran estratégicos para los intereses de ese grupo y los cuales fueron muy efectivos para estructurar la propuesta de continuidad que fueron consolidando durante los 4 años, entre ellos están:

El primer argumento, fue que los proyectos que no se podían concretar en el período 2022-2026, como el de la Ciudad-Gobierno, el de la marina y el puerto de cruceros de Limón, el del aeropuerto de la zona Sur, el de la carretera de San Carlos y las reformas institucionales a Ministerios como el MOPT, el MAG y el MINAE, así como las instituciones autónomas, como el ICE, Recope, el INA, JAPDEVA, INAMU, el PANI y radio nacional y canal 13 (que debían ser los canales de propaganda gubernamental), se podían alcanzar si el pueblo les daba un período más en el poder, a lo que posteriormente agregaron que también se necesitarían 40 diputados para lograr todos los cambios mencionados.

El segundo fue que la oposición tiene tomada la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República y no los deja gobernar, bloquea sus iniciativas y hace una oposición negativa frente a los intereses del pueblo que el gobierno representa, por lo que se requeriría de un período amplio de gobierno, para reformar esas instancias y ponerlas a funcionar de manera eficiente y fluida según sus necesidades y demandas.

El tercero, sería que de los mayores errores de los gobiernos de los partidos tradicionales, el más perjudicial es el abandono por parte de las instituciones estatales, tanto centralizadas como autónomas, que incluye las universidades, de la población que vive en las zonas costeras y fronterizas en términos de prestación de servicios, infraestructura y beneficios sociales, dicha población se encuentra marginada del desarrollo y de las oportunidades, de ahí que la posibilidad de revertir esa condición, está ligada a extender el período de gobierno a otros 4 años más.

El cuarto argumento es que el país está muy bien bajo este gobierno, la economía funciona muy bien, la pobreza se ha reducido, se está generando empleo, los indicadores macroeconómicos son excelentes, que hay crecimiento y prosperidad.

Los argumentos sociopolíticos y hasta psicológicos, de tenemos un proyecto de cambio que va a mejorar la situación de todas las personas, pero que no lo podemos realizar en 4 años, que somos víctimas de las instituciones del sistema político controladas por la oposición(los malos) que no nos dejan gobernar (a los buenos), que la situación del país es muy buena, por lo que no hay que hacer caso a los que señalan problemas que no existen (entre ellos las universidades y el Estado de la Nación), que sólo quieren desprestigiar la labor del Gobierno y que en el país los más perjudicados por los gobiernos de los partidos tradicionales han sido las personas pobres y marginadas de las zonas costeras, fronterizas y urbano marginales del Valle Central a los que este gobierno quiere ayudar, han sido argumentos que han calado fuertemente en las poblaciones populares que tienen mayores limitaciones de recursos e información (los “Básicos” como diría la diputada Cisneros), pero que habían apostado a un gobierno fuerte, directo, de mano dura, sin importar si eso implica un estilo autoritario y de concentración de poder.

Por su parte con respecto a las posiciones tácticas que el gobierno de turno tomó y le resultaron efectivas durante el período de gobierno, para crear las condiciones para la continuidad y como preparación para las elecciones del 2026, fueron las siguientes:

1. Promover e impulsar desde el primer día de gobierno, una campaña política a favor de la continuidad, que se reproducía semanalmente en las conferencias de prensa, en las visitas a las regiones y comunidades y en los discursos durante actos públicos diversos y el encuentro con miembros de otros poderes, que en los últimos meses del 2025, se constituyó en una campaña abierta y beligerante a favor de la candidata oficialista, que ni el TSE, ni la Asamblea legislativa lograron detener.

2. La cooptación de dirigentes locales y alcaldes de gobiernos locales, por lo general de cantones de las regiones periféricas, mediante una acción directa de la Casa Presidencial y de autoridades de instituciones del gobierno Central, para ofrecer recursos y obras para las comunidades de referencia de éstos, que generó un apoyo y un vínculo de al menos 15 alcaldías, en una labor que en el pasado era realizada por delegados presidenciales que tenían los gobiernos de los partidos tradicionales.

3. La descalificación constante de los partidos de oposición y de sus dirigentes, utilizando todo tipo de mecanismos directos e indirectos, de burla, ofensa o vocabulario “pachotero”, que el presidente y sus seguidores adoptaron, reproduciendo según ellos la forma de comunicación del pueblo y la que es de más fácil comprensión para estar en sintonía con los sectores populares.

4. La sustitución del espacio comunal y político que tenían las iglesias evangélicas ligadas al partido Renovación y luego Nueva República, en las zonas costeras y fronterizas, a través de un enfoque de oferta y ejecución permanente de obras y asistencia desde el gobierno a las comunidades, frente a las ayudas puntuales a las familias de los fieles que aquellas les ofrecen.

La táctica del grupo en el poder para procurar la continuidad, no ha sido casual, ha sido bien orquestada, tanto para mantener la popularidad del Presidente como para montar la plataforma de apoyo a la candidata oficialista, que se resume en: hacer una campaña permanente desde el gobierno hacia la continuidad, captar el apoyo local y de los gobiernos locales en las zonas costeras, fronterizas y marginales, desprestigiar constantemente a los partidos y dirigentes de oposición y desplazar los simpatizantes del partido evangélico en esas zonas. Parece maquiavélico, pero definitivamente que la estrategia funcionó.

El Riesgo de un “Cambio” que desmantele el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis.

JoseSo (José Solano-Saborío)

La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.

La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?

La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.

La reelección continua: El espejismo de la estabilidad

El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.

El asalto a la Judicatura y al TSE

La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.

Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.

TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.

La “mano dura” y el Estado de Excepción

La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.

¿Qué debe hacer la oposición?

Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:

Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.

Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.

Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.

La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.

Construir hacia adelante, no perder el tiempo intentando recuperar el pasado

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Freddy Vargas Aguilar
Tel 8620 0780

Necesitamos construir Esperanza.

Necesitamos construir Rebeldía.

Necesitamos construir Humilde sabiduría.

¿Qué dejamos de hacer y, qué hicimos, que ha impedido construir un Movimiento popular?

¿Cómo es que hay divorcio entre intelectuales y movimientos sociales? ¿Entre dirigentes, políticos y afiliados, bases sociales?

¿Qué cambios en actitudes, conductas personales del tico llevan al aislamiento, a la evasión?

¿Por qué se hace difícil comprender que se está en una encrucijada que, o nos lleva a una economía de mayor concentración de riqueza y expansión de pobreza con un Estado más autoritario o, a una economía justa, solidaria, con un Estado plenamente democrático?

En Costa Rica, así como en el mundo, un modelo económico y político está llegando a su fin. No tiene sentido histórico luchar por algo que está dejando de existir. Construir otro camino pasa por el trabajo laborioso, paciente, humilde, de construir un Movimiento popular en donde, esa misma acción es la razón, el proyecto para integrar fuerzas, recursos.

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

Incendiar la casa para luego “salvarla”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juliana Martínez Franzoni

En agosto de 2025, luego de varios años de recortes presupuestarios que se tradujeron en desabastecimiento de medicamentos, denuncias de más de 300 especialistas y un crecimiento sostenido de las listas de espera, el presidente Bukele anunció “la medicina”. No era una reforma al sistema existente, sino algo distinto: una Red Nacional de Hospitales completamente separada de las instituciones públicas tradicionales, bajo control directo de la Presidencia. Esta nueva red tendría dos facultades particularmente llamativas: concesiones y asocios con el sector privado, por un lado, y la capacidad de requerir apoyo inmediato del sector público cuando así se mandatara, por el otro lado.

La promesa fue presentada como modernización, eficiencia, ruptura con la burocracia y la “ineficiencia histórica”. Sin embargo, el anuncio llegó después de años de deterioro documentado del sistema público: escasez crónica de medicamentos, tensiones laborales, migración de especialistas, y una creciente desesperación de pacientes atrapados en listas de espera cada vez más largas, todo ocurrido bajo el propio gobierno de Bukele, el administrador de la medicina.

Varios cientos de kilómetros al sur, en Costa Rica, el guion no es idéntico, pero suena inquietantemente familiar.

En mayo de 2023, el presidente Rodrigo Chaves anunció que la seguridad social estaba “quebrada”. El mensaje fue dramático: el sistema estaba al borde del colapso. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), históricamente una de las instituciones más robustas del Estado costarricense adonde cualquier persona asegurada, pague o no pague, puede recibir desde una vacuna hasta un trasplante, fue presentada como un gigante ineficiente, fiscalmente insostenible y capturado por intereses corporativos. La seguridad social había sido una bonita idea… pero de otro tiempo. Y ello a pesar de que el Presidente Ejecutivo de la Seguridad Social nombrado por el propio Cháves, el economista Álvaro Ramos, había mostrado con claridad y evidencia, que la Caja gozaba de buena salud y que estaba completamente al alcance del gobierno mediante un plan que él mismo propuso, ampliar los servicios, reducir las listas de espera, y efectivamente llegar a cada hogar costarricense.

Estas buenas noticias a Ramos le valieron el despido. Para la seguridad social, sin embargo, lo peor estaba aún por venir porque tras el anuncio vino algo más complejo. El Estado, no contento con que la Caja no estuviera quebrada, tomó medidas para… quebrarla. Así, en solo 3 años incrementó en un 63% su deuda con la CCSS, de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2025. Es una deuda de 850 mil colones por parte de cada una de las 5.2 millones de personas que habitan en el país. Esa deuda, en 2023 era de 500 mil colones por habitante.

Las listas de espera crecieron. Cientos de especialistas renunciaron o migraron hacia el sector privado. La narrativa del colapso comenzó a convertirse en realidad. Y mientras tanto, la proporción del dinero que destinan los hogares costarricenses a la salud privada se duplicó: de 3,3% en 2018 a 6.5% en 2024.

¿Suena familiar?

La historia en común no es solo la de dos presidentes con estilos confrontativos sino la historia de una estrategia política que se repite en distintas latitudes: permitir —o acelerar— el deterioro de un sistema público hasta que la frustración social alcance un punto crítico. Cuando la casa parece incendiada, cualquier propuesta de “cambio radical” luce razonable, incluso inevitable.

En El Salvador, “La medicina” administrada por Bukele propone hospitales concesionados, alianzas público-privadas, personal de salud contratado por servicios profesionales, todo bajo una estructura paralela a las instituciones existentes. En Costa Rica, el planteo de concesionar hospitales públicos a manos privadas laborales está a la vuelta de la esquina.

En ambos países, la pregunta no es si el sector privado puede gestionar un hospital con eficiencia administrativa y lucrar con ello. Ya existen montones de hospitales privados que lo muestran. La pregunta central es otra: ¿qué ocurre con el principio que sostiene a la seguridad social cuando los servicios dejan de financiarse desde una gran “caja común” solidaria y pasan a depender de contratos, concesiones y pagos por servicio?

La Caja funciona porque todas las personas aportan según su capacidad y reciben según su necesidad. Ese es el corazón del modelo. La persona joven y sana financia hoy a la mayor que necesita un trasplante. Quien nunca usará un servicio de alta complejidad contribuye a que alguien más pueda recibirlo mañana. Esa es la lógica del seguro social: una gran bolsa común que redistribuye riesgos y recursos.

Cuando los hospitales se concesionan o se fragmentan en asocios público-privados, esa lógica comienza a erosionarse. El financiamiento deja de ser plenamente colectivo y se vuelve contractual. El riesgo deja de compartirse de manera integral y se distribuye por servicios, por paquetes, por convenios. Y tarde o temprano aparece la constatación inevitable: es del bolsillo que hay que sacar diferencia.

Un sistema concesionado funciona más como un peaje que como un seguro solidario. Se paga por pasar. Se paga por servicio. Se paga por cada oportunidad. Incluso si el pago no es inmediato porque hay un seguro privado, termina trasladándose al bolsillo de las personas y debilitando cobertura universal. La “gran caja” pierde tamaño y capacidad redistributiva. Y cuando la caja se hace pequeña, también se hace pequeña la solidaridad.

No se trata de demonizar al sector privado sino de entender que la seguridad social es mucho más que un proveedor de servicios: es un mecanismo de redistribución de oportunidades. Si esa caja común se fragmenta, el sistema deja de poder garantizar que cada persona reciba atención independientemente de cuánto dinero aporte individualmente.

El riesgo es de principios con enormes efectos prácticos en el bolsillo y en las posibilidades reales de acceder a servicios por parte de la mayoría de la población: pasar de la solidaridad colectiva a un esquema en el que cada persona depende, directa o indirectamente, de cuándo puede pagar.

Por eso, antes de incendiar la casa para luego ofrecer el extintor, conviene preguntarse si la solución no termina desmantelando precisamente aquello que hizo posible que la casa existiera: una gran caja común que financia la salud como derecho y no como transacción.

Compartido con SURCOS por la autora y publicado también en Divergentes.