Rafael A. Ugalde Periodista Miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.
En esta II parte, dada la ruta “globalista” trazada con prisa en los últimos 46 años, veremos con pruebas irrefutables cómo las posiciones soberanistas, independentistas y solidarias van desapareciendo de la agenda de los trabajadores y sus organizaciones de base.
En la primera parte de “Más allá de las palabras” se revela cómo, llámense “oficialismo” y “oposición”, tienen décadas de presentarse como “protectores” del pueblo, paradójicamente, para prescindir de él en proyectos claves que en octubre elevarán la temperatura en materia comercial, laboral, producción de electricidad y Crucitas.
Verán entonces cómo dichos proyectos de leyes se “ajustan” en las alturas para que más familias participen en los jugosos negocios de producir y vender electricidad usando el ICE o sean los “especialistas” quienes resuelvan los problemas creados en la Caja. Crean el problema, luego viene la “modernización” y el mercado hace el resto.
La supuesta “negligencia” y el águila.
«Yo despedí a don Manuel Tovar con mucho dolor, porque es una persona a quien conozco bien», anunciaba así la presidenta, Laura Fernández, la destitución de su canciller, el pasado 24 de septiembre. Agregó: «Fue mi compañero todo el gobierno pasado, es un profesional muy competente, pero lo que él hizo donde recibió la invitación y él se autodesignó como el representante de Costa Rica en ese encuentro. Eso es algo demasiado serio que yo no puedo pasar por alto».
Las fricciones entre los grupos encargados de posicionar los Tratados de Libre Comercio y con qué naciones comerciamos no son nuevas. Ni serán las últimas. En ocasión del TLC con Estados Unidos vimos cómo estos impusieron su agenda contra viento y marea.
Dos águilas del comercio. Un solo nido. En el nido, un huevo. Ninguna quería fallar al aguilucho mayor. Los demás pensaban que una de ellas era negligente. No importa. Los titanes del comercio son así, creen a pie juntillas que ningún Estado-nación existe sin ellos.
La gente consume. Olvida rápido. Nadie recuerda que ha habido intentos por eliminar la figura de quien ocupe la presidencia de la República y el ministro correspondiente -Poder Ejecutivo- en ciertos actos oficiales, desde aquella idea expresada por un expresidente, en torno a instaurar en Costa Rica la “democracia parlamentaria” como señal de agilidad administrativa.
Cada vez que se ha intentado ‘interpretar’ las llamadas ‘leyes secundarias’ en materia de comercio exterior o tratados internacionales, la jurisprudencia de la PGR ha mantenido que, sea la cancillería, el COMEX o cualquier otra cartera, no puede prescindirse del presidente en ejercicio ni del ministro correspondiente.
Al menos, el modelo presidencialista está garantizado por el abogado del Estado, hasta tanto la idea de la democracia parlamentaria siga dando vueltas – desde la década del setenta y reiterada en 2001. En el 2009 fue reelaborada como forma de resolver problemas de gobernanza.
Según el artículo 146 de la Constitución Política, la validez de las políticas y normativas requiere la firma conjunta del presidente de la República y el ministro del ramo. Según su ley de creación (n.º 7638), el COMEX constituye una cartera funcional del Gobierno, por lo que es constitucionalmente un órgano del Poder Ejecutivo centralizado, precisa la PGR.
De esta manera, cualquier acto oficial en que se prescinda del presidente por parte de cualquier ministro, no existió. Fue absolutamente incompleto. Diplomáticamente equivale a ausencia protocolaria.
El defenestrado canciller Manuel Tovar Rivera reapareció en redes sociales para dejar clara su valía como jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior. Siempre actué con la verdad y me siento libre, dijo parafraseando al evangelista Juan 8, 31-32.
Tanto Tovar Rivera como la gobernante disimularon estos chispazos reconociéndose los aportes de cada uno en cumplimiento de sus cargos. Pero ella no perdonó que la ausentaran de la presencia de Donald Trump, en ocasión de la 81.ª Asamblea General de la ONU.
Su periplo por tierras colombianas tampoco estuvo mal. Según diversos medios colombianos, a nuestra gobernante su colega, Abelardo de la Espriella, mandó a traerla desde Bogotá en un avión acondicionado especialmente para ella.
El jefe de Estado colombiano dio la bienvenida personalmente a su distinguida visitante. En un ambiente hospitalario, característico de Barranquilla, el mandatario recibió a la invitada con entusiasmo, coincidiendo con los días en que la ciudad registra temperaturas entre 25 y 34 grados centígrados.
Tampoco, significa que la presidenta Fernández vaya a perder la visa americana por su ausencia frente al inquilino de la Casa Blanca. Ella ha explicado que no le avisaron sobre tan importante cita. En todo caso, se reunió con De la Espriella, ciertamente no es Trump, pero es ciudadano estadounidense y habla perfectamente inglés.
Ambos dignatarios explicaron a la prensa que habían abordado “importantes” temas relacionados con migración, el combate al narcotráfico, el terrorismo, la democracia y la seguridad regional.
Temática profundizada en San José días después del encuentro entre Fernández y De la Espriella por la embajadora estadounidense en San José, Melinda ‘Mindy’ Hildebrand, en reuniones sostenidas con organizaciones o con altos representantes del Estado costarricense, sean opositores u oficialistas.
Hildebrand es enfática y concisa en cuanto el peligro que significa China, el terrorismo, los carteles de las drogas, la ciberseguridad y el comercio ilegal.
“Reafirmar nuestro compromiso de llevar ante la justicia narcotraficantes y otros criminales que amenazan la seguridad de nuestros pueblos”, dijo la diplomática durante una visita al Poder Judicial, tras delinear las tareas a cumplir, consignó el diario digital El Observador, el pasado 30 de septiembre.
Por su parte, el diario CrHoy, reseñó que el Poder Judicial reafirmó durante la cita con la diplomática estadounidense su compromiso de llevar ante la justicia a narcotraficantes y otros criminales que amenazan la seguridad de ambos países. Las instituciones continuarán colaborando en extradiciones, decomisos de drogas e investigaciones criminales, agrega.
La embajadora estadounidense, Melinda «Mindy» Hildebrand, se hizo cargo de la sede diplomática a partir del 8 de enero de 2026. El 20 de marzo fue testigo de un hito judicial e histórico: la entrega del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, quien se convirtió en el primer costarricense extraditado, tras la reforma de la Constitución Política por unanimidad en la Asamblea Legislativa.
Está vigente además hasta el 31 de diciembre de este año, el permiso de ingreso, desembarco y permanencia de tropas de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), que indudablemente facilitará el “trabajo conjunto” defendido por la embajadora Hildebrand y el Ejecutivo, encabezado por la mandataria Fernández.
En el período legislativo 2022- 2026, el Plenario dio luz verde para el desembarco de efectivos de la USCG por votación de 38 votos a favor y 5 en contra. Un total de 18 legisladores del Partido Liberación Nacional, 9 del Progreso Social Democrático, 8 de la Unidad Social Cristiana, 6 de Nueva República, 2 del Liberal Progresista y 8 declarados “Independientes”.
Los 5 sufragios “disidentes” estuvieron a cargo del Frente Amplio que entonces contaba con 6 legisladores: uno de ellos estuvo ausente ese día. Representantes de esta fracción alegaron que
la Ley 7929 y los convenios bilaterales con Estados Unidos no autorizaban el estacionamiento de militares y tropas extranjeras en territorio nacional.
El convenio llamado de “Patrullaje Conjunto” inició en 1999 durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, evolucionando hasta consolidarse hoy como parte de una estrategia regional bajo el nombre de el “Escudo de las Américas», eje aglutinador de todas las naciones de la zona, con excepción de Cuba y Nicaragua.
En este sentido, las coincidencias de la presidenta Fernández y la embajadora Melinda ‘Mindy’ Hildebrand, en cuanto a que el “Escudo de las Américas” es no solo garantía de defensa de la “institucionalidad” costarricense, son un ejemplo de cómo ese consenso trasciende las diferencias que puedan existir en una “democracia viva” – como suele explicárnoslo la moderna ciencia política – entre gobiernos de turno y “opositores”.
Europa está enojada. Los alquileres se disparan. Los precios de la energía suben, el crecimiento se estanca, los intereses de la deuda ahogan a Francia, Italia, España, Grecia; los fondos destinados a escuelas, viviendas, a compensar a los agricultores afectados por la sequía se utilizan para pagar a los acreedores. Así comienza un artículo sobre “El peligroso invierno del descontento en Europa”, publicado por la página “Politico” el pasado 22 de octubre.
Anton Jäger, autor de Hyperpolitics, dice en el New York Times que “Europa está en llamas”. Y advierte que esto va a seguir. Es la crisis postergada del capitalismo democrático, había advertido el sociólogo alemánWolfgang Streeck.
Es la misma Europa de las protestas estudiantiles, de una Europa que se debate, incierta, sobre su futuro; la misma que dice prepararse para una guerra contra Rusia que podría declararse antes del 2030. Como sabemos, una guerra como esa arrastraría a todo el mundo. Y duraría “muy poco”, como lo advirtió el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov.
Europa se retuerce, incómoda, en la camisa de fuerza en que parece haberse convertido un mundo en el que ya no se acomoda como antes. Quizás precisamente por haberse amputado una parte esencial, la de la Rusia europea, por donde circulaba la energía que la alimentaba.
Hoy, lejos de cualquier integración, predomina, de nuevo, la idea de imponer una derrota estratégica a una Rusia ajena y enemiga, algo que ya no era posible en el siglo pasado. ¿Tampoco lo es hoy algún nuevo tipo de acercamiento? Trato de acercarme a esa reflexión, pieza clave de un ajedrez cuyo tablero político se extiende al norte, sur, al este y al oeste.
Europa destina ahora miles de millones de euros a la industria de esa guerra. Esa es –desde mi punto de vista– la extrema derecha europea: la de la guerra. Como lo era la del siglo pasado.
Un orden mundial turbulento
La configuración de un nuevo orden mundial se desarrolla de manera sumamente turbulenta y espontánea. Mientras la potencia hegemónica busca preservar su hegemonía, nuevos países reivindican espacios en el escenario internacional, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en el Foro de Valdai, el pasado 1 de octubre.
Como ya es tradición, Putin pasó revista al escenario internacional en el Foro, que se celebra anualmente entre septiembre y octubre. Este año no fue la excepción. Entre su intervención y el debate posterior –una vasta sesión de preguntas y respuestas entre Putin y los participantes de cerca de 40 naciones– la sesión duró más de cuatro horas.
Evitar consecuencias irreparables
El debate se enfocó en los cambios políticos de nuestra época. La configuración de un nuevo orden mundial que calificó de “inevitable”. Nada está predeterminado, dijo Putin. El desarrollo puede orientarse en diferentes direcciones. Las principales potencias del mundo poseen armas en sus arsenales capaces de destruir toda forma de vida, de reducir la Tierra a un estado catastrófico. ¿Podemos garantizar que estas armas nunca se utilizarán? “Por supuesto que no”.
Pese a que los conflictos internacionales serán una característica de los próximos años, a medida que el mundo se aleje de la hegemonía occidental la situación mejorará gradualmente, dando lugar –en su opinión– “a un orden internacional multipolar más estable, democrático y libre”.
Es una visión optimista que el mismo Putin sabe no estar garantizada. Lograrlo implica adoptar una serie de medidas prácticas para “impedir que la humanidad sea empujada al límite de su supervivencia y a evitar consecuencias irreparables”.
La guerra de Ucrania
Es imposible detenerse aquí en los detalles de la larga exposición del presidente ruso, que está publicada íntegramente, en inglés, en la página del Kremlin.
Nos referiremos, aunque brevemente también, a otros dos temas: la guerra de Ucrania y el fin de la Unión Soviética.
Putin se refiere a las razones de Rusia para ir a la guerra. Soy consciente –afirma– “de que algunos miembros de la comunidad de expertos podrían preguntarse por qué Rusia inició la guerra mientras hablaba de paz”.
Su punto de vista –difícilmente tomado en cuenta por la prensa occidental–, es que Rusia ni quería la guerra, ni fue quien la inició. Ucrania debería “haberse abstenido de fomentar un nacionalismo agresivo y la rusofobia para convertirla en una herramienta de lucha contra Rusia”. “No se debería haber elaborado planes para crear campos de concentración destinados a la población de Donbás y Crimea. No se debería haber pasado por encima de personas desarmadas con tanques, ni haberlas atacado con misiles y bombardeos aéreos, ni haberlas quemado vivas simplemente por ser rusas. Nos empujaron a este límite de manera consciente e intencionada”.
Un punto de vista que se podrá discutir, pero que debe tomarse en cuenta si se pretende entender el conflicto y buscar soluciones.
Putin toca también otro tema, relacionado con el anterior, muy relevante y polémico: el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.
La OTAN no debería haber integrado nuestros territorios históricos en su espacio militar, ni haber planeado el establecimiento de bases allí. Recordó las palabras de Egon Bahr, dirigente socialdemócrata alemán, que ya en 1990 expresaba preocupación ante la posibilidad de que los sectores más agresivos de la OTAN no estuvieran interesados en buscar la cooperación paneuropea, una vez concluida la Guerra Fría. Disuelta la URSS, “las fuerzas predominantes en Occidente, tal como Bahr temía, mostraron poco o ningún interés en promover la cooperación paneuropea”.
Putin no menciona al diplomático norteamericano, George Kennan, embajador en la URSS durante unos meses en 1952, al final del período de Stalin –que lo declaró non grato–, cuya visión era muy similar a la de Bahr en esta materia. Es un diplomático a cuya obra me he referido ya en otras oportunidades. Estrechamente vinculado a la política de la Guerra Fría, Kennan advirtió que la ampliación de la OTAN durante el gobierno de Clinton, en 1999, con la incorporación de Polonia, Hungría y la República Checa, no iba a ser recibida por los rusos de una manera “sabia, ni moderada”.“El decidido compromiso de nuestro gobierno para empujar la expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas es el mayor error de todo el período posterior a la Guerra Fría”, aseguró Kennan.
Los líderes occidentales buscaron remodelar el mundo a su conveniencia y apropiarse de una parte —preferiblemente de una gran parte— del legado soviético. Ahora podemos ver el resultado, afirmó Putin. Desde su punto de vista, resulta evidente el papel tan destructivo que significó el colapso del sistema estatal soviético hace 35 años. No solo para el destino de la Unión Soviética, sino también para la estabilidad mundial a largo plazo.
En 2020 Putin acusó a Occidente de no hacer nada por cumplir las promesas de no ampliar la OTAN. Afirmó que el apoyo al golpe de 2014 en Ucrania y la pretensión de incorporarla a la OTAN era el mayor foco de tensión con Rusia.
“Acciones unilaterales, frecuentemente ilegítimas no han resuelto problema alguno”, había advertido Putin. Ya en 2007, en un discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin advirtió contra la idea de un mundo unipolar. Respondiendo una pregunta sobre la expansión de la OTAN, recordó que esa era una alianza militar y política. “¿Para qué necesita poner infraestructura militar en nuestras fronteras durante su expansión?”, se preguntó.
Una mentalidad militar
En los últimos años, la amenaza rusa se ha transformado en argumento para justificar crecientes gastos en materia de defensa de los países europeos.
En la visión del presidente francés, Emmanuel Macron, Rusia ha tomado una decisión estratégica: la de volver a ser una potencia imperial, de avanzar allí donde percibe debilidad. No deja de ser una afirmación contradictoria, cuando vemos los hechos. La frase sugiere la disposición rusa de seguir hacia el oeste si no encuentra resistencia. Pero no fue Rusia la que avanzó hacia el oeste. Reaccionó muchos años después de que Occidente avanzara sus tropas hasta la frontera rusa, desatando una ofensiva a lo largo de su frontera con Ucrania, después de diversas advertencias sobre lo inaceptable que resultaba eso para la seguridad de Rusia.
Siempre me ha parecido importante, para analizar estos hechos, considerar que Rusia está peleando en su frontera. El ancho del territorio de Donetsk, que Rusia ha reivindicado como parte de su territorio, es de unos 190 km. No parece tener fundamento el temor de Macron, ni el de otros líderes de Occidente, sobre una ambiciosa restauración imperial, ni un plan de avance de Moscú hacia el oeste. Ni siquiera hay capacidad militar para eso.
Macron, en todo caso, no está solo. El secretario de Defensa del Reino Unido, Wesley Streeting, advirtió que su país debe estar preparado para un escenario de guerra en mil días, argumentando que los enemigos de Londres podrían estar en posición de atacar el país para 2030. Naturalmente, se refería a Rusia.
En enero de 2025 el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a los países del bloque a adoptar una «mentalidad militar». Cuando asumí el cargo, el año pasado, “advertí de que lo que está ocurriendo en Ucrania también podría ocurrir en los países aliados». Para Rutte, el peligro ruso noterminará cuando acabe la guerra de Ucrania.
Una maligna zona gris
A principios de octubre Rutte se refirió a una “maligna zona gris”, donde Rusia libra una llamada “guerra híbrida” contra los países de la OTAN. Se trata de una serie de actos de naturaleza muy diversa, desde incidentes militares hasta informaciones de prensa, con los que Rusia los amenazaría. Actos que, sin embargo, no justificarían la convocatoria del artículo 5 del tratado, mediante el cual todos los países miembros de la OTAN deben acudir en apoyo de cualquier otro, atacado por una potencia extranjera.
El lunes, 12 de octubre, el comandante aliado supremo de la OTAN, el general norteamericano Alexus Grynkewich, presentó el plan “Theory of Victory” para hacer frente a la guerra con Rusia, basado en tres principios: bloquear, desgastar y destruir. Lo presentó en el Foro de Seguridad de Varsovia, que convoca anualmente a algunas de las voces más dispuestas a preparar Europa para la guerra. Un foro que, según Moscú, coquetea abiertamente con el autoengaño de desmembrar a Rusia.
Aunque la OTAN no ve una confrontación militar con Rusia como “inminente o inevitable”, Grynkewich estimó prudente anunciar su plan, considerando “los sabotajes, los incendios provocados, los ciberataques y la desinformación rusas”.
Este año, en un documento de 87 páginas el Foro propuso términos equivalentes a una rendición rusa para poner fin a la guerra de Ucrania: sanciones permanentes, pago de reparaciones, incorporación de Ucrania a la OTAN…
Los riesgos de una guerra preventiva
El 17 de octubre la página rusa RT publicó un largo artículo firmado por el “experto militar” Dmitry Kornev. Kornev decía que la estrategia definida en la “Theory of Victory”, era una “receta para el desastre”.
Si bien no se trata de ninguna estrategia muy nueva, el documento agrega algo importante: una fecha. En 2030 Rusia estará lista para atacar Europa. En realidad, dice Kornev, Rusia no tiene ni los hombres ni los recursos para atacar la OTAN, “a menos que esté dispuesta a un ataque suicida”.
Pero al estimar una fecha para esa preparación se corre el riesgo de desatar una guerra preventiva. Si esperamos, el adversario estará mejor preparado; si atacamos podemos evitar un riesgo mayor.
Se trata, naturalmente, de una lógica peligrosa y quienes se están preparando para esa fecha no son los rusos, sino la OTAN y sus miembros. Se trata de una “situación complicada”, dijo el ministro de Defensa ruso. «La OTAN, la UE y el régimen de Kiev han venido escalando» su preparación militar. Si en 2030 están preparados, ¿podrán sentirse tentados a atacar?, se pregunta Kornev.
Como ya señalé, me parece que esas fuerzas son hoy las más peligrosas para el mundo, las que representan la extrema derecha europea. Las mismas que ya intentaron dos veces, en el siglo pasado, desmembrar Rusia (o la Unión Soviética). No se puede descartar, viendo el escenario europeo, que lo intenten de nuevo. La diferencia es que, en el siglo pasado, no existían todavía las armas nucleares. Las “no armas”, las “armas inútiles”, como las calificó el diplomático norteamericano George Kennan, hombre clave en la época de la Guerra Fría.
La guerra y la extrema derecha europea
Con Europa preparándose para una guerra (que, de ocurrir, no podrá ser más que nuclear) me parece que la extrema derecha europea es la comprometida con esa política. Tanto con financiar y armar Ucrania como con la política de rearme europeo, vinculada a los anuncios de una próxima guerra con Rusia. Hoy eso se expresa en la Comisión Europea, en el Parlamento europeo, en la OTAN y en todos sus países miembros.
Desde ese punto de vista, no hay nada a la derecha de Ursula von der Leyen, ni de la vicepresidenta Kaja Kallas, exprimera ministra de Estonia, hoy a cargo de la política exterior de la Comisión; ni del Comisario de Defensa, Andrius Kubilius, exprimer ministro de Lituania, representantes de la posición más virulenta antirrusa en Europa, junto con los polacos del liberal Tusk. Tampoco hay nada a la derecha de la fracción conservadora mayoritaria en el Parlamento Europeo, que preside la maltesa Roberta Metsola.
Es su compromiso con la guerra; la ausencia de iniciativas diplomáticas para resolver el conflicto; la apuesta por infligir una derrota estratégica a los rusos; el creciente gasto militar, indispensable (pero inútil) para ese intento; los reiterados llamados a prepararse para la guerra lo que caracteriza una extrema derecha europea. Una política que amenaza con llevar el mundo a una tercera (¿y última?) guerra.
Los dirigentes de los países bálticos, la Polonia de Donald Tusk, los gobernantes de Inglaterra o Alemania son algunas de las voces que se oyen con frecuencia advirtiendo de la posibilidad de un ataque ruso. Reiteran su disposición de apoyar a Ucrania, de hacer “todo lo necesario” para la derrota rusa.
Esos tambores de guerra no dejan oír voz alguna a favor de un acuerdo de paz que tome en cuenta las demandas de seguridad de las diversas partes, incluyendo las rusas.
¿El momento de la paz?
El pasado 16 de octubre, en reunión del Consejo Europeo, el presidente António Costa, socialista portugués, dio una breve declaración, acompañado de Zelensky y de von der Leyen. ¿Qué dijo? “Nuestro mensaje para el presidente Zelenski es muy sencillo. El apoyo de la Unión Europea a Ucrania sigue siendo tan fuerte como siempre”. “Es el momento de incrementar nuestro apoyo. De incrementar la presión”. “Es el momento de la paz”.
¿Cuál paz? Una paz entendida como el resultado de mayores presiones sobre Rusia. ¿Funcionará? ¿Ha funcionado en estos casi cinco años de guerra?
Europa sigue apostando a la posibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia, un objetivo difícil de imaginar. O, quizás de forma más realista, tratan de impedir un triunfo total de Moscú, incluyendo el control de Crimea, de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, y los territorios de Jersón y Zaporiyia, anexados en septiembre del 2022. Según fuentes rusas, Lugansk estaría controlada totalmente, mientras que, en Donetsk, cerca de 17% permanece bajo control ucraniano. Fuentes cercanas a Kiev reducen el área bajo control ruso en Donetsk a 70%. En Jersón y Zaporiyia el control sería de 75% del territorio, y no incluye la capital de ninguna de las dos regiones.
Martin Schulz, socialdemócrata alemán, presidente del parlamento europeo entre 2012 y 2017 y hoy presidente de la Fundación Friedrich Ebert, defendió el apoyo a Ucrania, en entrevista publicada en la página española Agenda Pública. “Tenemos que impedir que Rusia termine ganando porque nosotros dejemos de apoyar a Ucrania”, afirmó.
Schulz estima que Rusia no va a ganar y Ucrania no va a perder. Lo que no queda claro es lo que considera “ganar”. Parece ser que se refiere a la imposibilidad de que Rusia ocupe toda Ucrania. Algo que Moscú ciertamente no está en condiciones de lograr, ni se ha propuesto. Pero Schulz reconoce que Ucrania ya está dividida, y que no “existe ahora la posibilidad militar de recuperar Donetsk y Lugansk”.
Le preocupa que la CDU termine por pactar con lo que los alemanes llaman la “extrema derecha”, la AfD. Estima que, si sigue ese camino, se derrumbará. Prefiere que pacte con el SPD, como el gobierno actual, encabezado por el canciller Merz, empeñado en transformar el ejército alemán en “el más poderoso de Europa” y de prepararse para la guerra contra Rusia.
El jefe de la agencia de inteligencia exterior alemana (BND), Martin Jäger, estima que su país corre el riesgo de verse envuelto en un conflicto violento con Rusia. Schulz, por lo menos, habla de la necesidad del diálogo con Rusia.
El canciller alemán ha sido una de las voces decididas en la apuesta por la derrota de Rusia. El 4 de octubre, de visita a Kiev, reiteró que si no la paraban, la maquinaria de guerra de Moscú, tarde o temprano, se volvería contra ellos. Dicho por el jefe de gobierno de un país que ya se lanzó dos veces contra Rusia y que se alista para una eventual tercera guerra.
Putin ha reiterado que Rusia no tiene planes de atacar ningún país de Europa. Pero más importante que esas declaraciones –a las que se puede o no dar credibilidad– me parece el hecho de que es difícil encontrar razones para un ataque de ese tipo, que Rusia tampoco está en condiciones militares de realizar. Dirigentes como el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, o el mismo secretario general de la OTAN reconocen no haber evidencias de que Rusia se esté preparando para atacar el territorio de la OTAN.
La voz del fascismo europeo
Ucrania busca con urgencia recursos para la guerra. A mediados de octubre, la Comisión Europea apuraba los trámites para encontrar los 70 mil millones de euros extras que Kiev solicitó para financiar su presupuesto del 2027.
Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, propone usar los más de 300 mil millones de euros rusos congelados en la banca europea para eso. Elabora una sofisticada argumentación para justificar el uso de los recursos rusos, que hasta ahora la UE no ha aceptado, pese a que en agosto pasado Suecia, Holanda, Polonia y España presentaron una propuesta para discutir nuevamente el caso. No es algo sencillo. Ni siquiera los nazis lo hicieron en su guerra del siglo pasado.
Sybiha estima que el uso de los dineros rusos “podría traer resultados tangibles e inmediatos, fortaleciendo Ucrania en el frente de batalla y acercando la paz”. ¿Otra vez la paz? ¿Como decía Costa? ¿Como estiman los alemanes? ¿Como proponen Suecia, Holanda, Polonia y España, tres países particularmente agresivos en este escenario, al que se suma la España de Sánchez?
En todo caso, no nos explican cómo se dará ese fortalecimiento de Ucrania en el campo de batalla, donde, aunque lentamente, las fuerzas rusas siguen avanzando. Ni como ese eventual fortalecimiento llevará a la paz. Me parece que eso difícilmente conducirá a la paz. Por el contrario, es la voz del fascismo europeo, de la extrema derecha, la voz de una guerra que se va adueñando del escenario político europeo. Es la idea de Tusk, expresada en el Foro de Seguridad de Varsovia: es la hora de que todo Occidente muestre a Rusia y a Putin que estamos listos para una política de disuasión aplicando medidas aún más duras.
¿Más duras? ¿Hasta la guerra? ¿Medidas como las que anunció el primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, cuyo parlamento removió de la constitución la prohibición de que, en su territorio, existan armas de destrucción masiva? Para Sinkevičius “no se trata de una escalada, sino de disuasión”.
Eso no tiene sentido. Como ya dije alguna vez, si el mundo civilizado no los detiene, esa Europa nos llevará de nuevo a la guerra. Solo que esta será otra guerra….
La guerra de desinformación
En conferencia de prensa celebrada con Sinkevičius, Rutte sugirió hacer caso a Grynkewich, que había sugerido culpar a Rusia de cualquier incidente, ya sea que estuvieran seguros, o “casi seguros”, de que era culpable de los ataques híbridos. Las denuncias podían servir –en su opinión– como instrumento de disuasión ante cualquier eventual amenaza rusa.
Al día siguiente, la presidenta de Moldavia –un país con poco más de 1.200 km de fronteras terrestre y fluvial con Ucrania– Maia Sandu, afirmó que armas rusas utilizadas en un ataque a Ucrania habían violado el espacio aéreo de su país y explotado en su territorio.
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb –al que hoy consideran un posible representante europeo para negociaciones con Moscú– advirtió a España que Moscú podría intervenir en su campaña electoral de noviembre, con algún acto de sabotaje o guerra de desinformación.
Europa acusa a Rusia de una guerra de desinformación, mientras Moscú acusa a Europa de promover una histeria antirrusa, una campaña de la que se encargarían sus dirigentes políticos y sus medios de prensa. Se trata de una campaña antirrusa de la que participan prácticamente todos los medios de prensa importantes de Europa (y de Estados Unidos).
El lunes 28 de septiembre la corresponsal en Berlín del diario La Vanguardia, de Barcelona, María Paz López, publicó una nota sobre la creciente amenaza rusa contra Europa.
La nota asegura que “emerge la convicción de que los ataques híbridos rusos a países europeos … no solo aumentarán en su forma ya habitual de sabotajes, incursiones de drones, incendios intencionados, ciberataques y campañas de desinformación, sino que ampliarán su alcance y su naturaleza”.
“El incidente clave que ha consolidado esta nueva percepción es el fallido atentado con drones explosivos del 4 de agosto contra un avión de carga ucraniano en el aeropuerto de Leipzig, que el gobierno alemán ha atribuido oficialmente a Rusia”, afirmó.
El 2 de octubre (cuatro días después del artículo de María Paz) Politico, medio alemán del grupo conservador Axel Springer, publicaba una nota sobre ese incidente que merece ser leída con detenimiento.
La nota dice lo siguiente: “El 4 de agosto, un dron impactó contra el ala de una aeronave ucraniana en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania, y cayó sobre la plataforma. Sujeto a la parte inferior llevaba un recipiente metálico cargado de explosivos. El artefacto permaneció intacto”. “Esto proporcionó a los investigadores algo inusualmente valioso: la bomba en sí”. El que los explosivos no hayan detonado fue particularmente importante, pues permitió a los investigadores alemanes tener una visión más clara de lo que estimaban “una campaña rusa de ataques más amplia”.
Ese es un incidente ampliamente reproducido por la prensa europea, sin que el gobierno alemán haya presentado pruebas que lo vinculen claramente a Moscú. Cualquier periodista con un mínimo de experiencia entendería que los detalles de esa historia, relatados por Politico, hacen indispensable una investigación cuidadosa antes de dar por buena la versión oficial.
Un arma de guerra
La prensa europea hace mucho no hace periodismo en lo que se refiere a la guerra de Ucrania. En realidad, se ha transformado en un arma de guerra.
La nota de María Paz, en La Vanguardia, hace un recorrido por diversos puntos de vista europeos sobre esa “guerra híbrida”, comenzando por el primer ministro polaco Donald Tusk quien, el 17 de septiembre, presentó al parlamento polaco informes de inteligencia advirtiendo de “posibles ataques, en las próximas semanas, contra países de la OTAN, empezando por Polonia”.
En esos días el servicio de inteligencia de Dinamarca publicó un informe que advertía contra el “riesgo bajo, pero creciente” de que el Kremlin lance “un ataque militar limitado contra uno o varios países de la OTAN fronterizos con Rusia”, también recogido por la periodista de La Vanguardia. Ninguno de esos ataques ha ocurrido, ni la periodista se sintió obligada a pedir aclaraciones que dieran sustento a esas afirmaciones.
Ese mismo 1 de octubre el periodista Javier Cuesta, corresponsal de El País en Moscú, derivaba del discurso de Putin en Valdai una amenaza a Europa con una guerra nuclear. Putin había dicho que, en caso de un ataque europeo, Rusia respondería. “El punto de no retorno puede llegar muy rápidamente y de forma inesperada para todos”, dijo el presidente ruso. Además, agregó: “Independientemente del panorama general del próximo año, lamentablemente es muy probable que los conflictos internacionales continúen”. Lo que Cuesta interpretó como que Putin daba por hecho que “la invasión de Ucrania se extenderá a lo largo de 2027”.
Derecha, ultraderecha, fascismo
Claudi Pérez, exdirector adjunto de El País y hoy corresponsal político y económico del diario español, se sumó a la reflexión de la llamada “guerra híbrida”, en un artículo titulado “Escalada de amenazas en las fronteras de Europa”, publicado el pasado 5 de septiembre.
“Un ciclo electoral que medirá la marea ultra en el Este de Alemania y en Escandinavia, en Polonia y en Italia, en España y en Francia. Sobre todo en Francia”, afirma.
Quizás el más llamativo es el ciclo alemán, donde la AfD –un partido que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania (BfV) clasifica como “una organización de extrema derecha confirmada”– acaba de hacerse del gobierno del estado federal deSajonia-Anhalt. Europa se asusta con el surgimiento de esa extrema derecha.
El artículo está construido con declaraciones de diversos intelectuales europeos y norteamericanos, comenzando por el búlgaro Ivan Krastev, a quien Pérez describe como “uno de los intelectuales más brillantes en estos tiempos de venganza y fundamentalismo”. La “urgencia apocalíptica” de los fascistas hace un siglo se ha sustituido con la actual “urgencia revolucionaria” de los posfascistas.
Me cuesta entender las urgencias señaladas por Pérez, tanto la “apocalíptica” como la “revolucionaria”. Del mismo modo, me resulta extraña la calificación de los tiempos actuales como de “venganza y fundamentalismo”. En el mundo de Pérez, “Rusia está aquejada de una nostalgia posimperial extremadamente virulenta” (ya lo había dicho Macron). A China la ve con “profundos problemas económicos y demográficos” y especula que empieza a “coquetear con el expansionismo en el mar de China y tal vez en Taiwán”. Tal vez…
Pero su verdadero quebradero de cabeza es Putin. Fracasado en la guerra, en la política y en la economía, al presidente ruso le quedan “cuatro vías de escalada”: la guerra convencional; el uso (improbable, asegura) de armas nucleares tácticas; un ataque a territorio de la OTAN (también improbable); y una guerra híbrida, a la que se refiere con más detalles en el artículo Luis Simón, director e investigador principal de la Oficina del Real Instituto Elcano, de Bruselas.
El episodio mayor es, nuevamente, el “ataque fallido con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig”. El incidente del dron de Leipzig es “palabras mayores”, en opinión de Pérez, a quien le parece que fue “tranquilizadora” la respuesta de Bruselas a este incidente; y la reacción alemana, “impecable”. Se refiere, naturalmente, a la forma como presentaron el caso, atribuyéndolo a Rusia y escalando las sanciones.
Opinan, además, en el artículo de Pérez, la historiadora Margaret MacMillan; Javier Solana, el español exjefe de la OTAN; el académico canadiense Michael Ignatieff, y otros más. Muchos más. Entre ellos Dan Hamilton, exalto cargo del Departamento de Estado, quien nos asegura que “Rusia es una potencia revanchista y lo va a seguir siendo».
Un país que, en opinión de Benjamin Schmitt, analista de seguridad de la Universidad de Pennsylvania, “libra una guerra contra Europa, contra una Unión Europea que “no es consciente de que está en guerra”.
Eso dicho pese al “Plan para el rearme de Europa”, por unos 800 mil millones de euros, anunciado por von der Leyen, al que ya nos referimos, anunciado en marzo 2025. Los países de la OTAN ya estaban desplazando activamente sus tropas hacia las fronteras rusas en el marco de ejercicios y programas específicos. En agosto, el Financial Times informó que las fábricas de armamento en Europa se estaban expandiendo a un ritmo tres veces superior al de tiempos de paz, ocupando más de siete millones de metros cuadrados de nuevos desarrollos industriales. Un «rearme a una escala histórica».
Así en la paz como en la guerra
Si los tambores de guerra no dejan oír las voces de otros proyectos, tengo la impresión de que tampoco hay ninguna tratando de hacerse oír. Esa peligrosa posición de una extrema derecha guerrerista ha arrastrado a prácticamente todas las fuerzas políticas europeas, incluyendo a socialdemócratas, en Dinamarca, a los países nórdicos y a los bálticos, a Macron y a otros políticos franceses, como Raphaël Glucksmann, candidato del socialismo francés a la presidencia de la República y, de diferentes maneras, a los antiguos países del mundo socialista.
Incluso el socialista español Pedro Sánchez se ha sumado a las voces de apoyo a Ucrania, aunque se haya negado a atender la exigencia de Trump de aumentar su presupuesto militar al 5% del PIB. En plena campaña electoral española, no se oye ninguna voz sugerir alguna iniciativa de paz en Europa. ¡Una tragedia! Pero, naturalmente, no es lo mismo un Pedro Sánchez, que un Friedrich Merz. O un Donald Tusk. O un Andy Burnham.
Pedro Sánchez –que sí tiene a su derecha fuerzas bien identificadas– tampoco ha sabido proponer una visión que incorpore Rusia a Europa. Es ya una vieja y olvidada propuesta la de restaurar un mundo político desde Portugal hasta los Urales. Una Europa que incluya la Rusia europea, que es, además, la puerta de entrada más natural al Asia central. Sugerida algún día por de Gaulle, esta propuesta terminó siendo sustituida por un proyecto distinto: el avance de la OTAN hacia el este, que tanto Bahr como Kennan temían.
Falta equilibrio en el análisis
Me parece que falta equilibrio en el análisis. Hace ya unos 30 años que la OTAN inició su avance hacia el este, hasta llegar a las fronteras rusas. El mayor error de la política exterior de Washington del período posterior a la Guerra Fría, en opinión del diplomático norteamericano George Kennan.
No se oye a los políticos europeos poner atención a los reclamos rusos de seguridad ante esos avances. En medio de los preparativos de guerra, el 27 de octubre el presidente finlandés y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, conversaron con Putin por teléfono. La conversación fue recibida con desconfianza por otros países europeos, con aprobación por Zelensky y con cautela por la portavoz de la Comisión Europea. Para el politólogo ruso, Pável Selezniov, el principal objetivo de Bruselas no es facilitar una solución negociada al conflicto, sino frenar cualquier acuerdo que lo haga posible. Rusia aseguró que la conversación no había aportado nada distinto a la conocida posición europea.
Pero Stubb defendió, en una ocasión anterior, la necesidad de mantener la cabeza fría y advirtió contra una mentalidad de guerra, que haría casi imposible imaginar la paz. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, en el Foro de Seguridad de Varsovia, evitó la dicotomía entre la victoria total o rendición de Ucrania. Europa quiere sentarse en la mesa de negociaciones de paz. A la que, el portavoz del gobierno ruso recuerda, no han sido invitados.
Ahora que Rusia decidió responder con una operación militar a las amenazas en sus fronteras, las voces en Occidente apuntan a los riesgos contra la seguridad de Europa, sin que asuman ninguna responsabilidad por el origen de esa amenaza. Sobre esas bases no será posible un acuerdo para poner fin a la guerra, menos imaginar la paz. Me parece esperanzador pensar que, a su debido tiempo, aparecerá algún político europeo capaz de proponer una negociación que tome en cuenta los intereses legítimos de seguridad de todas las partes.
Sería útil también que alguna prensa europea asumiera una posición parecida. Por ahora, esa gran prensa está más comprometida con una guerra, cuyas responsabilidades contribuyen a atribuir solamente a la contraparte.
Catedrático. Docente e investigador. Jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica
Los gobiernos contemporáneos han adoptado un estilo particular cuando los gobernados critican, protestan y hacen manifestaciones contra la actuación estatal que atenta contra el interés social. Por ello, los etiquetan de izquierdistas, por cierto, un apelativo poco original, pero descriptivo y contradictorio, pues precisamente reafirman su cotidianidad contra las mayorías trabajadoras de la sociedad.
La calificación de izquierdistas rememora cómo se ubicaban físicamente las posiciones políticas con respecto del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en la Francia revolucionaria de 1789, pues a su derecha estaban los nobles, el clero y los conservadores que defendían la monarquía y el veto absoluto de Luis XVI, mientras que a su izquierda se ubicaban los burgueses de ese entonces, los comerciantes, los sectores populares y los revolucionarios (jacobinos), que pretendían limitar el poder del rey y la eliminación del veto absoluto. En el siglo XIX, la división persistía, los conservadores monárquicos y la Iglesia católica eran de la derecha política, mientras que la izquierda eran los que proclamaban el establecimiento de la república, el crecimiento del liberalismo económico y la defensa de los trabajadores y su organicidad.
Las derechas desde su denominación original hasta el presente se han identificado con las ideas más retrógradas y las prácticas contra los excluidos. Así, en el siglo XX la derecha conservando su trayectoria regresiva, ha estado asociada con el crecimiento de la clase explotadora propietaria del capital, con los efectos de la Segunda Guerra Mundial promovió la violencia política (Guerra Fría) contra la diversidad política y organicidad de los trabajadores e impulsó la industria de la guerra.
La izquierda en el XX apoyaba la consolidación de la clase obrera y la formación de sindicatos y de partidos progresistas que gestaron el derecho laboral, que aún supervive, como la jornada de ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de vida personal. Asimismo, lograron establecer sistemas de jubilación, seguros de desempleo, invalidez y de accidentes laborales, igualdad entre las personas, así como la formalización del derecho a huelga, de sindicalización y de negociación laboral, como también el derecho a vacaciones pagadas, los aguinaldos, salud y sufragio universal, así como en las movilizaciones y protestas conquistaron reivindicaciones –como la vivienda popular, educación pública gratuita y universal– que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de las familias pobres y necesitadas.
Asimismo, fueron los izquierdistas quienes con sus luchas conquistaron el derecho al voto, la igualdad social y laboral que revolucionaron las relaciones laborales y la institucionalidad global, que aún los trabajadores e izquierdistas defienden con denuedo.
En este siglo XXI, la derecha violenta la independencia de los poderes del Estado para centralizar, concentrar e intentar privatizar el poder político, a la vez que pretenden desde dentro desaparecer el Estado Social e imponer el totalitarismo fascista. Un proyecto que está destruyendo la democracia electoral con fraudes, la manipulación de leyes y engaños con troles y granjas de bots, así como apoya o es indiferente ante los genocidios contra pueblos en el mundo, que concesiona o privatiza los recursos nacionales para los consorcios empresariales mundiales y empeña la soberanía nacional y su futuro a un imperio, que se cree dueño absoluto de nuestra Latinoamérica.
La defensa y la restauración democrática, así como el respeto por los derechos ciudadanos, la soberanía nacional y la conservación del medio ambiente, son tareas necesarias y urgentes de la ciudadana y de la izquierda, como también lo son el enfrentamiento ante la privatización financiera de la jubilación de los trabajadores, contra el cierre y liquidación de las instituciones públicas y la revaloración ciudadana de los principios constitucionales violentados.
El calificativo de izquierdistas y derechistas, en este breve y simple recuento histórico, es evidencia de que las derechas políticas están conformadas por los poseedores de las riquezas y poderes de un sistema económico, social y jurídico que los amparan, a la vez empobrecen a los empobrecidos que desprecian y liquidan.
En la perspectiva del poder y los privilegios que brinda la explotación del trabajo y la apropiación de recursos de los subalternos por los propietarios del capital, en alianza con el imperio, las derechas pretenden eternizar el dominio contra las sociedades, proceso que solo garantiza el enfrentamiento clasista y la polarización social. El odio clasista de la derecha nunca podrá eliminar a los subalternos, porque de ellos depende su bienestar y riqueza privada. Es absurda, estúpida y distópica la ilusión imperialista de ser el amo y esclavizar a los trabajadores del mundo, como también es la pretensión de superar las capacidades de subsistencia, resistencia y de defensa de los subalternos.
La conformación histórica del Estado costarricense fue un proceso de unidad política de izquierda y derecha, que posibilitó la eliminación del ejército, la construcción de una sociedad democrática y pionera en derechos sociales, donde el capital no antagonizaba contra la subsistencia, la vida ni la sociedad. La expansión del poder imperial en la segunda mitad del siglo pasado paralizó dicho proceso con la agresiva intromisión política norteamericana, las ambiciones de los conglomerados empresariales y los entes financieros del sistema iniciaron la degradación política, económica y social de lo construido social e históricamente por los costarricenses.
La derecha es quien liquida los resquicios del Estado de Bienestar en Costa Rica, la gorgona Medusa, es la servidora en el poder regresivo, la que amenaza a quienes la observan y critican para petrificarlos en su nueva cárcel. La derecha es torpe y ciega que abusa con su séquito e imagina representar a un salvaje jaguar contra la historia y futuro costarricense. Pretender degradar a quienes luchan por el bien común, el bienestar y el progreso para todos, es una muestra fehaciente de la caótica incapacidad y torpeza de la derecha y sus servidores.
SURCOS comparte esta carta abierta, publicada por su autor el 28 de octubre, con motivo de la audiencia de la presidenta Laura Fernández Delgado con el papa León XIV.
San José, 28 de octubre de 2026 A Su Santidad León XIV Ciudad del Vaticano Santo Padre:
Me entero de que mañana recibirá a nuestra presidenta, Laura Fernández. Como costarricense y cristiano, considero mi deber advertirle algunas cosas. No quisiera que Su Santidad terminara recibiendo lecciones de cristianismo de una mandataria cuya interpretación del Evangelio parece haber pasado por la oficina de Donald Trump.
Le comparto diez advertencias. No son artículos de fe, aunque algunas requieren bastante fe para creerlas.
Cuidado con las Biblias.
Nuestra presidenta asegura que gobierna con la Biblia. En Costa Rica hemos descubierto que las Escrituras sirven para todo: gobernar, ganar elecciones y hasta, según denunció ella misma, para que Fabricio Alvarado intentara arrinconarla en una oficina con el pretexto de regalarle una. Él negó la acusación, pero el episodio dejó una enseñanza: no basta con llevar la Palabra de Dios bajo el brazo; importa también lo que uno hace con el otro brazo. Aquí la Biblia se utiliza para casi todo, excepto, aparentemente, para amar al prójimo.
No se sorprenda si menciona a Donald Trump.
Nuestra presidenta siente una fascinación política por el mandatario estadounidense. Suscribe sus iniciativas con un entusiasmo que haría palidecer a los propios republicanos. Quizá deba explicarle que el Sermón del Monte se pronunció mucho antes de la construcción de Mar-a-Lago y que las bienaventuranzas no necesitan autorización de Washington.
Si hablan de Irán, recuerde quién es el príncipe de la paz.
Mientras usted condena la guerra y recuerda la dignidad de las víctimas, nuestro Gobierno parece encontrar más fácil acompañar políticamente a Washington que cuestionar sus decisiones militares. Tal vez convenga recordarle que los misiles no son instrumentos de evangelización y que bombardear a un enemigo no es exactamente lo que Jesús quiso decir con poner la otra mejilla.
No acepte invitaciones a excursiones escolares.
Nuestra presidenta propuso llevar estudiantes a conocer una cárcel de máxima seguridad para mostrarles las consecuencias de delinquir. Una pedagogía inspirada en Bukele. Usted podría recordarle que Jesús enseñaba con parábolas, no organizando visitas guiadas al sufrimiento.
Pregúntele por los presos.
En nuestro país las megacárceles se han convertido en un espectáculo político. Las personas privadas de libertad aparecen como trofeos de una supuesta victoria moral. Conviene recordarle Mateo 25:36: «Estuve preso y vinisteis a verme». Jesús no agregó: «Y procurasteis que las cámaras captaran mi peor perfil».
No confunda la justicia con una escenografía.
Nuestra presidenta admira el modelo penitenciario salvadoreño. Parece convencida de que cuanto más aterradora resulte una cárcel, más virtuoso será el Gobierno. Tal vez pueda explicarle que la justicia no se mide por la cantidad de barrotes y que la misericordia no es una conspiración internacional de delincuentes contra las buenas costumbres.
Si le ofrece firmar algo, revise el bolígrafo.
En julio de 2024, cuando todavía era ministra, protagonizó una firma pública en la que el bolígrafo no tocó el papel. Después explicó que se trataba de un acto simbólico y que firmó posteriormente. En Costa Rica aquello nos recordó la multiplicación de los panes, pero sin panes. Si mañana firma un compromiso por la paz, compruebe que la tinta llegue al documento. No todos los milagros administrativos están reconocidos por el Vaticano.
No se deje impresionar por su humildad.
Nuestra mandataria probablemente llegará hablando de Dios, de la familia y de su amor por Costa Rica. Todo muy edificante. El problema es que la humildad cristiana también exige escuchar críticas, reconocer errores y admitir que el Espíritu Santo no tiene carné de ningún partido político. Sería bueno recordarle que Jesús lavó los pies de sus discípulos; no les exigió que primero reconocieran su liderazgo.
Recuérdele que Costa Rica no tiene ejército.
Lo abolimos en 1948 y durante décadas hicimos de la paz una seña de identidad. Ahora nuestra política exterior parece cada vez más seducida por las alianzas de seguridad de las grandes potencias. Sería una ironía histórica que, después de casi ochenta años sin ejército, nuestra principal contribución a la paz mundial consistiera en aplaudir las guerras ajenas.
No permita que confunda la audiencia con una canonización.
Es probable que la fotografía con usted se convierta en un importante recurso propagandístico. Comprenderá que una audiencia papal tiene un valor electoral considerable.
Santo Padre:
Le escribo con humor, pero también con preocupación. Existe una distancia enorme entre invocar el nombre de Dios para ejercer el poder y permitir que el Evangelio cuestione ese poder.
Usted ha hablado de paz, misericordia, justicia y dignidad humana. Precisamente esas palabras resultan incómodas para quienes prefieren el espectáculo del castigo, la obediencia a los poderosos y las fotografías piadosas.
No le pido que reprenda a nuestra presidenta. Solamente que le hable de Jesús. Del Jesús de los Evangelios, no del que algunos asesores de comunicación parecen haber contratado para las campañas electorales.
Y si todavía le queda tiempo, recuérdele que la Biblia no es un programa de gobierno, que la verdad no es un accesorio de la propaganda y que el prójimo incluye también a los presos, los extranjeros, los enemigos y quienes piensan distinto.
Reciba mi respeto y mis mejores deseos.
Y, por favor, Santidad, si nuestra presidenta le ofrece firmar un compromiso por la paz, asegúrese de que esta vez el bolígrafo toque el papel.
El polifacético diputado del gobierno, del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, que ha jurado lealtad absoluta al copresidente Rodrigo Chaves Robles, ha manifestado que propondrá la reforma constitucional para que Chaves pueda reelegirse en las elecciones del 2030.
No hay que sorprenderse de esta iniciativa. El diputado puede proponer la reforma constitucional. Es su derecho y es válida la tramitación legislativa que se le puede dar. No hay que sorprenderse porque han sido claras, desde el gobierno que ejerció el actual copresidente, las manifestaciones de Chaves y el interés de la reelección que él siempre declaró.
Y fue parte de esa intención que escogió a su entonces ministra de la Presidencia, a Laura Fernández, para que fuera su candidata presidencial, con el claro propósito de que ella ejerciera transitoriamente la dirección nacional del Poder Ejecutivo.
Por manifestaciones públicas del propio copresidente Chaves, como las que dio en Nicoya, y por claras declaraciones también de Laura Fernández, el que da las órdenes y dicta el camino a seguir en Zapote es Chaves.
Como lo expresó la copresidenta en Radio Columbia, en palabras más o palabras menos: Todos tienen que obedecer y acatar lo que dice Rodrigo Chaves porque él es el ministro de la Presidencia. ¡Más claro no canta un gallo ni cacarea una gallina! La verdad es que es lamentable el comportamiento público, que no controla en sus expresiones, la copresidenta Fernández.
Pero, volvamos al asunto de la reelección. La discusión del posible proyecto de ley que presente el susodicho diputado, por exigir una reforma constitucional, tiene un proceso de trámite calificado, que por su naturaleza dura dos años en la práctica para su aprobación. O sea, que para que Chaves tenga la posibilidad de reelegirse en el 2030 ese proyecto debe presentarse en lo que resta de este año al trámite parlamentario.
El proyecto puede presentarse señalando que el presidente, cualquiera que sea, tendrá un derecho a reelegirse. Esta posibilidad de reelección puede ser inmediata o alternativa, no de ocho años, como es ahora, sino de cuatro años, para poderle dar la posibilidad de reelección a Chaves en el 2030, entendiendo a la vez, que se hará de esa manera, de reelección posible a los cuatro años de haber dejado la presidencia.
Ahí encaja Chaves. Pero, veamos otra arista de esta posible reforma y de la discusión que provocará. Si se va a aprobar la reelección, ¿por qué no hacerla de manera inmediata, lo que parece más sensato, correcto y armónico con el ejercicio presidencial? Si así se planteara esa reforma, debería ir sin ningún artículo transitorio que diga que la reforma de una elección consecutiva será a partir del ejercicio presidencial del 2030.
En mi modesta opinión, si se va a discutir la reelección que se haga para que la reelección sea consecutiva a partir de este gobierno de Laura Fernández Delgado. ¿Por qué tenerle miedo a esa reelección y a esa posible candidatura de Laura en el 2030, la que podría ir nuevamente acompañada de su actual copresidente Rodrigo Chaves, que es quien aparenta ser el que por detrás de la presidenta le marca el paso de su gobierno?
Es claro que, si se permitiera la reelección consecutiva, Laura Fernández tendría su público, sus fanáticos que la acompañan a todas las recepciones en los buses que llevan, y los simpatizantes que pudiera llegar a tener, por cuenta propia, de su ejercicio presidencial. Y, si no es tonta ni tontita, porque sería la mujer más lista en ese sentido, ella misma podría pensar que ella podría ser la mejor candidata, mejor que Chaves al terminar su gobierno, en el 2029-2030. ¿Si no, para qué está gobernando? Queda claro con la propuesta del diputado alajuelense que él como parte de la bancada oficial del gobierno rema solo, con Chaves y no con ella, salvo en aquellos proyectos que considere que debe apoyar del gobierno Chaves-Fernández.
También en la práctica histórica política de este diputado así ha actuado siempre…remando solo, o respondiendo a sus particulares y personalísimos intereses. Para mí será interesante observar cómo se moverá toda la bancada de diputados del gobierno, como la recua política que aparentan ser, llevando juntos la misma carga, haciendo el mismo trabajo, o manifestando diferentes posiciones en este proyecto de la reelección. Si van a proponer la reelección, deberían atreverse, de una vez, a proponer alargar el período presidencial a seis años, con una reelección consecutiva permitida, condicionando este período a una consulta popular a mediados del período presidencial, a los tres años, preguntando a los ciudadanos sobre si continúa el presidente o no sus otros tres años. También podría pensarse que cada elección, a los cuatro, cinco o seis años en sí misma es esa consulta ciudadana que hoy se hace, cada cuatro años, para ver si un mismo partido gobernante puede continuar o no. En este caso, con esta reforma, se discute si el gobernante y su partido pueden continuar. Veremos qué leche da el diputado José Miguel Villalobos. Me parece, por ahora, que puede estar pensando en la posibilidad de llegar a ser él, en las elecciones del 2030, el que mejor pueda representar los intereses de Chaves si no se aprueba la reelección, porque Laura tampoco podría ser candidata, y esa candidatura ya se las están disputando la presidenta de la Asamblea Legislativa y el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano.
En esta ceremonia sagrada, para modificar la Constitución Política a favor del copresidente actual, Rodrigo Chaves, el diputado Villalobos ya hizo sonar las trompetas eclesiásticas que anuncian esa solemnidad, de convocar a la Asamblea Legislativa, para que le acompañen en esta ceremonia sagrada para reformar la Constitución Política, para que el pueblo pueda recibir en elecciones, como le llaman sus fanáticos seguidores y seguidoras El Mesías Chaves o el Moisés Chaves…
En esa mezcla parlamentaria político-religiosa, de la fracción de gobierno, este proyecto de ley anunciado ya ha despertado a toda la jerarquía más cercana a su Dios Chaves, a sus serafines, sus querubines, a los ángeles que gobiernan el universo político de ese movimiento, y a los ángeles más cercanos a los seres humanos, como son los príncipes, arcángeles y ángeles que en esta batalla harán su labor de troleros…
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva fue una remontada extraordinaria y una señal de que el avance de las derechas no es inevitable. En la segunda vuelta del 25 de octubre, Lula obtuvo 64.256.232 votos, el 51,79 % de los válidos; Flávio Bolsonaro recibió 59.826.041, el 48,21 %. La diferencia fue de 4.430.191 votos. Tres semanas antes, en la primera vuelta, Flávio había quedado adelante por 2.227.651 votos. Entre ambas votaciones, la ventaja relativa cambió 5,45 puntos porcentuales (Tribunal Superior Electoral de Brasil [TSE], 2026a, 2026b).
El resultado no se explica por un solo factor ni permite atribuir la victoria a un grupo específico. Sí muestra cómo una campaña puede recuperar iniciativa cuando transforma el malestar y la preocupación en organización. En las semanas previas a la segunda vuelta, las personas jóvenes ganaron presencia en las calles y en las redes. La actividad digital se conectó con el trabajo cara a cara: conversar con quienes dudaban, movilizar a quienes pensaban abstenerse y animar a más personas a acudir a votar. André Janones desempeñó un papel clave en la conducción de la campaña de Lula al encabezar la estrategia de movilización digital conocida como «Ejército de Lula». Desde ese espacio se difundieron mensajes, se animó a compartir contenidos y se llamó a más personas a participar y acudir a votar. Su trabajo conectó la organización en redes —en particular por WhatsApp— con la movilización callejera y el contacto directo con el electorado (La Base, 2026a; The Guardian, 2026; The Washington Post, 2026).
La remontada se produjo en menos de un mes. Lula partió de una desventaja de casi dos puntos porcentuales y logró superar a Flávio Bolsonaro. El aumento de su votación entre la primera y la segunda vuelta fue de alrededor de 10,4 millones de votos; esa cifra corresponde al crecimiento de los votos obtenidos por Lula, no al aumento de la participación total. La rapidez y la magnitud del cambio hablan de una campaña que volvió a movilizar a sus bases y consiguió ampliar su apoyo.
La vitalidad política de Lula se expresó en su capacidad de adaptarse a una contienda reñida y comunicarse directamente con públicos que no necesariamente se identificaban con los formatos tradicionales de la política. La experiencia acumulada importó, pero también la claridad del proyecto y el énfasis en lo que haría desde el gobierno. La campaña no se limitó a pedir un voto contra el bolsonarismo: presentó propuestas y prioridades reconocibles.
Entre ellas estuvieron los derechos laborales, la reducción de la jornada sin rebaja salarial y el fin de la escala de seis días trabajados por uno de descanso. El programa presentado ante el TSE incluyó también una agenda de cuidados y corresponsabilidad. Ese énfasis vincula la discusión sobre el empleo con una pregunta que las políticas económicas suelen relegar: quién sostiene, en los hogares y en las comunidades, el cuidado cotidiano de otras personas (TSE, 2026c).
Las mujeres y las personas jóvenes ocuparon un lugar visible en la movilización. Esa presencia no basta para afirmar que un grupo, por sí solo, determinó el resultado. Sí permite reconocer que la campaña hizo más visibles asuntos que afectan directamente a trabajadoras, trabajadores y personas cuidadoras. El cuidado, el tiempo de trabajo y la protección de derechos dieron contenido social a la disputa y ayudaron a presentar un horizonte de gobierno, además de una defensa de la democracia.
Brasil y su papel económico en América Latina
La importancia de Brasil para América Latina no es solo demográfica o diplomática; también es productiva y comercial. La región constituye un mercado significativo para su industria. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cerca del 39 % de las exportaciones brasileñas de manufacturas tenía como destino América Latina y el Caribe. La cifra corresponde a un informe publicado en 2018, no a una proporción actualizada a 2026, pero permite dimensionar el lugar que ocupan los mercados regionales para la producción brasileña. En 2024, Brasil exportó al Mercosur US$20.200 millones (CEPAL, 2018; Ministério das Relações Exteriores, 2025).
Brasil abastece a la región con algo más que productos agrícolas y materias primas. Sus exportaciones incluyen automóviles y autopartes, maquinaria, productos químicos y otros bienes intermedios que participan en cadenas productivas regionales. El comercio automotor muestra con claridad esa relación: Brasil y Argentina intercambian vehículos terminados y componentes. En 2024, Brasil exportó a Argentina autopartes por aproximadamente US$1.319 millones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que la canasta brasileña de exportación está más diversificada que la de otros países sudamericanos e incluye manufacturas con distintos niveles de contenido tecnológico (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos et al., 2021; Banco Mundial, 2024).
Pedro Silva Barros advierte que el comercio brasileño con sus países vecinos cayó un 13 % durante el actual gobierno y que, en términos reales, acumula una reducción del 34 % desde el máximo de 2011. Son cifras atribuidas a su intervención y conviene verificar la serie estadística original antes de presentarlas como datos consolidados. Su planteamiento permite señalar una contradicción: Brasil tiene escala económica para impulsar vínculos regionales, pero la fragmentación política, la falta de financiamiento compartido y la debilidad de las instituciones de integración limitan esa posibilidad (Silva Barros, 2026).
Esta preocupación atraviesa el análisis geopolítico presentado en el XXXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Una América Latina con menos comercio intrarregional, menor coordinación política y negociaciones principalmente bilaterales queda en una posición más vulnerable frente a Estados Unidos, China y otras potencias. Negociar por separado puede ofrecer ventajas inmediatas a cada gobierno, pero reduce la capacidad de los países para fijar condiciones comunes en asuntos como infraestructura, financiamiento, energía, tecnología y explotación de recursos naturales. La integración regional, por tanto, no es solo un gesto diplomático: puede fortalecer la capacidad colectiva para decidir qué se produce, cómo se financia y en beneficio de quién (Silva Barros, 2026).
La defensa de la soberanía adquiere aquí un sentido concreto. Significa que los países latinoamericanos puedan definir sus políticas exteriores, sus alianzas y sus estrategias de desarrollo sin coerciones ni subordinación a Estados Unidos. También implica proteger la capacidad de decidir sobre recursos estratégicos —agua, biodiversidad, alimentos, energía y minerales críticos— y evitar que la competencia entre potencias convierta los territorios de la región en espacios de disputa ajena. La soberanía no exige romper vínculos con Washington ni reemplazar una dependencia por otra; requiere diversificar relaciones y negociar desde prioridades propias, con acuerdos transparentes y capacidad regional, haciendo respetar la soberanía de cada país.
La Constitución brasileña incluye entre sus principios la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y la integración latinoamericana. También plantea que la seguridad brasileña y sudamericana está ligada a mantener la región como zona de paz, proteger la Amazonía y reducir dependencias estratégicas, incluso en suministros militares. La discusión sobre los BRICS añade otra dimensión: la soberanía tecnológica e industrial, la cooperación científica y la transferencia de tecnología pueden ampliar los márgenes de acción de los países del Sur Global. Sin embargo, la cooperación con China —o con cualquier otra potencia— requiere marcos regionales para que la competencia por infraestructura y recursos no profundice la fragmentación (Silva Barros, 2026; El bloque BRICS, 2026).
La victoria de Lula abre una oportunidad para que Brasil recupere iniciativa en ese terreno y contribuya a reconstruir mecanismos de integración política, productiva y financiera. Cabe esperar que su cuarto mandato defienda con mayor firmeza la soberanía latinoamericana frente a las presiones de Estados Unidos y la lógica de subordinación hemisférica. Esa expectativa deberá valorarse por sus resultados: si Brasil impulsa acuerdos regionales duraderos, financia infraestructura compartida, fortalece el comercio intrarregional y promueve posiciones comunes en política exterior y defensa.
La disputa continúa
La reacción de Flávio Bolsonaro debe describirse con precisión. Tras conocerse el resultado, anunció que no lo reconocería y que pediría anular la elección, con críticas a la ampliación del horario de votación, que ya había sido solicitada por ambas campañas. En las horas siguientes, su equipo abandonó la idea de pedir la anulación y orientó su estrategia hacia una acción electoral contra la candidatura ganadora. La impugnación inicial es significativa como disputa política sobre la legitimidad del proceso; por sí sola, no constituye evidencia de fraude (Agência Brasil, 2026; Folha de S.Paulo, 2026).
La reelección tiene implicaciones para la región, pero no significa que América Latina haya cambiado automáticamente de rumbo. Brasil puede actuar como contrapeso a las corrientes que promueven alineamientos conservadores y una mayor subordinación a Washington. Sin embargo, la victoria no fue un plebiscito continental sobre Donald Trump ni prueba que las derechas hayan perdido su base social e institucional. Casi la mitad de quienes emitieron un voto válido eligió a Flávio Bolsonaro. La disputa política continúa dentro de Brasil y en el conjunto de América Latina, pero indudablemente, el guion hoy día es otro.
La lección de estas semanas no es que exista una fórmula electoral trasladable sin más a otros países. Es que la participación puede crecer cuando las organizaciones salen al encuentro de la gente, combinan presencia territorial y comunicación digital, y explican con claridad qué derechos y condiciones de vida están en juego. En Brasil, la movilización juvenil, el trabajo cotidiano para acercar personas a las urnas y una agenda que habló de empleo, cuidados y derechos contribuyeron a devolverle energía a la campaña.
El desafío ahora es convertir esa energía electoral en organización sostenida y en mejoras concretas para la vida de las mayorías. En Costa Rica, donde hoy enfrentamos un gobierno de corte neoliberal, conservador y de derecha, esta tarea exige seguir defendiendo una mejor calidad de vida y colocar en el centro la salud, los cuidados, la educación, la recuperación de políticas sociales universalistas y una respuesta firme frente a la pobreza. No se trata de administrar la desigualdad, sino de disputar las decisiones que determinan quién accede a derechos, quién sostiene la vida y quién paga los costos de las crisis.
Brasil y México tendrán una responsabilidad particular en la reconstrucción de opciones regionales de cooperación, pero esa agenda solo será legítima si mejora las oportunidades laborales y las condiciones de trabajo de las personas jóvenes y de las mujeres. La integración latinoamericana debe traducirse en empleos dignos, protección social, servicios públicos de calidad y soberanía para decidir nuestro propio rumbo. Como ha señalado la CEPAL, el desarrollo no puede reducirse al crecimiento económico: debe orientarse a cerrar brechas y garantizar derechos (Gambina, 2025., CEPAL, 2022).
La victoria de Lula abre una posibilidad, pero no sustituye la organización ni la lucha social. En Brasil, en Costa Rica y en toda América Latina, defender la democracia significa defender también la salud, la educación, los cuidados, el trabajo digno y las políticas sociales que protegen a las mayorías. Frente al avance neoliberal y de derecha, no basta con resistir: debemos organizarnos, recuperar la política como herramienta de transformación y construir gobiernos capaces de poner la vida, la igualdad y la dignidad en el centro. Ese es el desafío y, también, la tarea urgente de nuestro tiempo.
Referencias
Agência Brasil. (2026, 25 de octubre). Flávio no reconoce la victoria de Lula e intentará anular los comicios. https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/flavio-nao-reconhece-vitoria-de-lula-e-tentara-anulacao-do-pleito
Associated Press. (2026, 25 de octubre). Lula is declared winner of Brazil’s election as Bolsonaro rejects results [Lula es declarado ganador de las elecciones de Brasil mientras Bolsonaro rechaza los resultados]. https://apnews.com/article/e2c9fe8fc4aa3e3675b9a8ec15405d93
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad. Naciones Unidas.
CLACSO. 2025, 30 de julio. BRICS – Desafíos del Sur Global pensados desde América Latina y el Caribe.
CLACSO, 2026, 11 de septiembre. Clase magistral. El bloque BRICS: Desafíos y oportunidades en un mundo multipolar.
Julio Gambina. 2025, 2 de diciembre. Reflexiones sobre la Lucha Popular y los Retos Políticos en América Latina. Transcripción de conferencia dada al Programa de Posgrado Centroamericano en Sociología
La Base. (2026a, 26 de octubre). La crisis de Milei tras el triunfo de Lula [Transcripción del programa La Base América Latina proporcionada por la autora].
La Base América Latina (2026, 26 de octubre). Lula logra el milagro. ¿Cómo remontó 10 millones de votos en tres semanas?
La Base. (2026b, 26 de octubre). Lula y Milei en discursos políticos [Transcripción del programa La Base proporcionada por la autora].
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Banco de Desarrollo de América Latina y Comisión Europea. (2021). Perspectivas económicas de América Latina 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación. Publicaciones de la OCDE. https://doi.org/10.1787/2958a75d-es
Silva Barros, P. (2026, 28 de julio). Geopolítica: Desafíos y oportunidades para la integración regional en América Latina: Reflexiones desde Brasil y Colombia [Transcripción de intervención en el XXXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología proporcionada por la autora].
La victoria de Lula y la elección brasileña. (2026, 26 de octubre). [Transcripción del análisis de Jalife proporcionada por la autora].
The Guardian. (2026, 26 de octubre). How the streets and social media drove Lula to a historic comeback in Brazil [Cómo las calles y las redes sociales impulsaron la histórica remontada de Lula en Brasil]. https://www.theguardian.com/world/2026/oct/26/lula-victory-brazil-bolsonaro-analysis
Las elecciones israelíes dejaron un Parlamento bloqueado, una participación récord y a los partidos palestinos con ciudadanía como árbitros que nadie quiere admitir como socios. La pregunta de fondo no es si Netanyahu sigue o cae, sino si alguno de los que aspiran a sucederlo está dispuesto a desmontar el régimen de ocupación y desigualdad que todos administran.
Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS
Las elecciones del 27 de octubre debilitaron a Benjamin Netanyahu, pero no pusieron en discusión lo esencial. Su coalición actual no logra reproducirse sin cambios, y aun así ninguna de las alternativas que compitieron en las urnas propuso cuestionar de fondo la ocupación ni reconocer la autodeterminación del pueblo palestino. El debate público israelí, y el internacional que lo replica, se concentra en una sola pregunta: ¿seguirá Netanyahu en el poder? Para los palestinos hay otra, mucho más incómoda: ¿qué cambiaría realmente si dejara de gobernar?
Daniel Lobato, en un artículo publicado en Diario Red antes de la votación, preguntaba quién quería manejar el «timón israelí». Más allá de sus conclusiones, la metáfora sirve: una cosa es cambiar al conductor y otra, muy distinta, cambiar el rumbo. Los resultados, y la manera en que fueron contados y comentados, confirman que lo que estuvo en disputa fue lo primero.
Un empate que no sacude al sistema
Con el escrutinio aún abierto, el recuento más reciente de medios israelíes ubica al bloque de Netanyahu entre 53 y 54 escaños y al de Eisenkot entre 48 y 49, con las listas árabes entre 17 y 19. Nadie llega a los 61. El Likud sigue siendo la primera fuerza, aunque cae respecto de los 32 escaños de 2022, y Netanyahu conserva la ventaja de su posición: sigue gobernando en funciones mientras se negocia. Como señaló el programa La Base (Canal Red), le basta con que nadie lo derrote. El bloqueo, que ya le sirvió entre 2019 y 2022, es su mejor aliado.
A ello se suma un dato que mantiene abierto el cuadro: faltan los llamados «dobles sobres», los votos de soldados en servicio, diplomáticos y personas hospitalizadas o desplazadas. Según La Base, son entre 600.000 y 650.000 sufragios, equivalentes a unos 15 escaños, que históricamente favorecen a los partidos sionistas. La foto de hoy puede moverse, y el resultado oficial no llegará hasta el viernes.
El otro dato central es la participación. Según la Comisión Central de Elecciones, citada por La Base, alcanzó el 77,7 %, la más alta desde 1999. Entre los ciudadanos palestinos de Israel habría rondado el 80 %, casi treinta puntos más que en 2022. No es un fenómeno espontáneo. Durante la jornada, Netanyahu acusó a los ciudadanos árabes de «robar las elecciones» por ir a votar, un discurso que movilizó a su base, pero todavía más a quienes señalaba. Es una movilización defensiva, frente a un sistema que los trata como una amenaza demográfica cuando votan.
La llave que el sistema fue diseñado para no usar
Con una oposición sionista que no llega a 61, los diputados palestinos de Israel quedan como la llave de cualquier alternativa. Lo revelador es que casi nadie en el sistema político quiere girarla. Netanyahu ya advirtió que un gobierno que dependa de partidos árabes sería inadmisible, y tampoco Eisenkot ni sus socios han dado señales de aceptarlos como parte de una coalición.
No es una improvisación de campaña, sino la consecuencia de un diseño institucional. Hasta 2014 el umbral para entrar a la Knéset era del 2 %. Una ley impulsada por Avigdor Liberman lo elevó al 3,25 %, con el propósito explícito de dejar fuera a los pequeños partidos árabes. La medida salió a medias, porque esos partidos se unieron en la Lista Conjunta y en 2015 fueron la tercera fuerza. En 2018 llegó la Ley del Estado-nación, que reserva el derecho a la autodeterminación al pueblo judío, rebaja el árabe de idioma oficial a lengua con «estatus especial» y declara el asentamiento judío un valor nacional. En setenta y ocho años, un partido árabe formó parte de un gobierno una sola vez: Ra’am, con la coalición de Bennett y Lapid en 2021, que duró apenas un año. Itzhak Rabin aprobó Oslo con apoyo árabe desde fuera, pero nunca dentro del gobierno.
La aritmética de la investidura lo vuelve explícito. Según el análisis de La Base, ni Netanyahu con 56 diputados ni Eisenkot con 48 pueden asegurarse el voto de confianza, porque la investidura exige más votos a favor que en contra, y los bloques sionistas rivales se cancelan entre sí. Eisenkot necesitaría no solo la abstención, sino el voto favorable de la Lista Conjunta, lo cual choca con sus promesas de no depender de ella. Cuando los políticos israelíes hablan de una «mayoría sionista», no están describiendo un deseo. Están describiendo cómo funciona el sistema.
La pregunta se impone: ¿qué clase de democracia es aquella en que una quinta parte de la ciudadanía puede votar, puede incluso decidir la mayoría, y a la vez su participación en el gobierno se considera ilegítima de antemano? Como se señaló en el debate del programa, pedirle el voto a un palestino es un «escándalo nacional» en Israel, mientras que bombardear Gaza se ha convertido en un consenso. Esa asimetría es el verdadero termómetro de la democracia israelí.
El «moderado» y el espejismo de la alternancia
Buena parte de la prensa occidental presentó estas elecciones como un ejercicio de normalidad democrática y a Gadi Eisenkot como la esperanza de devolver a Israel a la cordura. El perfil insiste en su discreción, su honestidad y la tragedia personal de haber perdido un hijo en la guerra. Lo que suele quedar al final, como dato circunstancial, es que él también rechaza un Estado palestino y respalda las campañas militares en Gaza, el Líbano e Irán.
La Base repasó el historial del exjefe del Estado Mayor. En 2008, al frente del mando norte, formuló la llamada doctrina Dahiya, que justifica la destrucción deliberada de barrios civiles como método de disuasión, aplicada primero en un distrito de Beirut. Entre octubre de 2023 y junio de 2024 formó parte del gabinete de guerra de Netanyahu, es decir, durante los primeros ocho meses de la ofensiva sobre Gaza. Su crítica a Netanyahu es de gestión: los rehenes, la comisión de investigación sobre el 7 de octubre, el servicio militar de los ultraortodoxos. No cuestiona la lógica de la ocupación.
No es una excepción dentro de su bloque. Naftali Bennett presidió el Consejo Yesha, la organización de los colonos, y sigue rechazando un Estado palestino. Liberman rompió con Netanyahu para exigir más mano dura en Gaza, no menos. El periodista Mehdi Hasan, en una columna citada por el programa, recordó además declaraciones de otros supuestos moderados: Benny Gantz, que presumió de haber devuelto partes de Gaza a «la edad de piedra», y Yair Golán, el «izquierdista» de la prensa occidental, que habría justificado impedir la entrada de ayuda humanitaria. Solo los Demócratas, con ocho escaños, defienden dos Estados y la derogación de la Ley del Estado-nación, y son la cuarta fuerza dentro del propio bloque opositor.
La advertencia de Hasan es la más inquietante: el peligro de Eisenkot es que sea un villano que proyecta moderación y por ello neutralice buena parte de las críticas liberales a Israel, mientras el ejército y los colonos continúan las mismas políticas de expansión y destrucción. En ese sentido, la alternancia puede cumplir una función de legitimación. Un genocida con rostro amable, o dicho con menos retórica, el mismo proyecto con mejor prensa, es funcional a un orden que necesita seguir pareciendo democrático ante el mundo. Es lo que el pensamiento gramsciano llamaría el trabajo de consenso de un bloque dominante que se renueva sin cambiar su naturaleza.
Esto no significa que las diferencias sean irrelevantes. Importan para el Poder Judicial, para el peso de los ultraortodoxos y de la extrema derecha, para la política militar y para las condiciones concretas de vida de los palestinos. Pero son diferencias dentro de un mismo marco. La oposición a un Estado palestino independiente y soberano ya no es patrimonio de Netanyahu, Smotrich o Ben-Gvir: está extendida en casi todo el espectro político judío israelí. Durante la campaña, fueron las fuerzas palestinas las que defendieron de manera explícita el fin de la ocupación y la autodeterminación.
Gaza: alivio inmediato, continuidad política
La salida de Netanyahu podría facilitar decisiones enormes para la población gazatí: más ayuda humanitaria, reconstrucción, apertura de pasos, reducción de las operaciones militares, retirada parcial de tropas o nuevos mecanismos de administración. Nada de eso debe minimizarse. Para una población devastada por la guerra, el desplazamiento y el hambre, una reducción efectiva de la violencia significa vidas salvadas. Debe decirse también, sin embargo, que la violencia no se ha detenido bajo el actual alto el fuego: La Base informó de un ataque en Jan Yunis, con varios muertos, horas antes de la votación, y de ataques de artillería continuos en el sur del Líbano, donde el número de víctimas en 2026 superaría las 4.400 personas, según la corresponsal Irene Zugasti. Son afirmaciones del programa que conviene contrastar, pero describen el escenario en que se vota.
Hay que distinguir entre cambio humanitario y cambio político. Puede mejorar sustancialmente la vida inmediata en Gaza sin que Israel reconozca el derecho palestino a decidir su futuro. Puede bajar la intensidad militar sin que termine la ocupación, y puede comenzar la reconstrucción sin reconocerse la soberanía. Un gobierno israelí menos extremo puede hacer una diferencia real en la vida cotidiana y dejar intacta la estructura que produce la subordinación. Tampoco debe olvidarse que las elecciones se celebraron un día después de que una comisión de la ONU concluyera, según recordó La Base, que Israel sigue cometiendo genocidio en Gaza. Ninguna de las fuerzas con opción real de gobernar convirtió ese hecho en eje de la campaña.
Cisjordania: el termómetro verdadero
Si hay un lugar donde medir un cambio de rumbo es Cisjordania. La expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras, la violencia de los colonos, la fragmentación territorial y los avances hacia distintas formas de anexión son tan profundos que ya no pueden leerse como excesos de unos pocos ministros. Según el programa, la base de Sionismo Religioso son los colonos mesiánicos de Cisjordania, y su plataforma incluye anexar los asentamientos. Smotrich ha reivindicado, incluso tras las elecciones, la «revolución» de los asentamientos.
Una eventual salida de Smotrich y Ben-Gvir del gobierno sería significativa. Podría reducir la velocidad de ciertos proyectos de anexión, limitar el respaldo institucional a los colonos más radicales y aliviar algunos mecanismos de presión sobre la población palestina. Pero la prueba será otra: ¿se detendrá la colonización?, ¿se devolverán las tierras confiscadas?, ¿se reconocerá la continuidad territorial palestina?, ¿se aceptará, por fin, un Estado soberano? Si las respuestas siguen siendo negativas, habrá cambiado el gobierno, pero no el rumbo.
Jerusalén Este: democracia para unos, decisiones para otros
Jerusalén Este muestra la contradicción con crudeza. Cientos de miles de palestinos residentes allí no participaron en estas elecciones, aunque las decisiones del próximo gobierno afectarán sus viviendas, sus permisos de residencia, la planificación urbana, las demoliciones y su futuro político. Israel elige, mediante elecciones, un gobierno que ejerce un poder enorme sobre una población que no participa, en igualdad de condiciones, en esa elección.
Se puede discutir sobre la independencia judicial, la corrupción de Netanyahu, el servicio militar de los ultraortodoxos o el carácter secular del Estado. Son conflictos reales, y fueron los que ocuparon la campaña. Pero hay un problema democrático anterior que quedó fuera de la discusión: millones de personas viven bajo decisiones fundamentales del Estado israelí sin disponer de los mismos derechos políticos que quienes toman esas decisiones. La lectura colonial que propone Lobato adquiere aquí todo su sentido. Las elecciones pueden expresar conflictos profundos dentro de la sociedad dominante sin que se someta a votación la relación de dominación.
Lo que dicen quienes viven bajo ese régimen
Desde el sur del Líbano, Irene Zugasti recogió el pulso de las organizaciones palestinas, entre ellas el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su lectura es que el resultado despierta poco interés: votar entre «un genocida en general y un general genocida» no cambia sustancialmente el panorama. Valoran la movilización masiva del electorado palestino dentro de Israel, un electorado deshumanizado y señalado, que hoy debe oír en la televisión pública que se discute su eliminación política, pero consideran que ello no modifica la estructura de opresión. Para ellos, el fin de la ocupación no vendrá de una fractura interna del régimen, sino de la pérdida de legitimidad internacional, la solidaridad y el trabajo de la resistencia.
Es una advertencia que debería escucharse con atención, en especial en el momento en que la política europea celebra una eventual caída de Netanyahu. En campos de refugiados donde unas 100.000 personas viven en dos kilómetros cuadrados, con un solo hospital y sin derecho a poseer propiedad, la discusión sobre quién será primer ministro se vuelve secundaria frente a una pregunta mucho más antigua: cuándo, cómo y quién articulará el derecho al retorno.
Tres escenarios, un mismo dilema
Un nuevo gobierno de Netanyahu, otra vez aliado con la extrema derecha, significaría probablemente la continuidad, e incluso la profundización, de la colonización de Cisjordania, de la anexión de facto y de la presión sobre Gaza.
Un gobierno opositor sostenido directa o indirectamente por los partidos palestinos podría traer cambios concretos: reducir el poder de Smotrich y Ben-Gvir, frenar ciertos proyectos de anexión y adoptar otra política hacia Gaza. Serían cambios importantes, pero distan de ser el reconocimiento de un Estado soberano. Y habría que ver cuánto está dispuesta a ceder una Lista Conjunta que, según La Base, condiciona su apoyo al fin del genocidio en Gaza, o un Ra’am que ya aceptó reconocer a Israel como Estado judío y democrático.
Si ninguno de los bloques acepta depender de los representantes palestinos, Israel entraría en un nuevo período de bloqueo y, eventualmente, de elecciones repetidas, como ya ocurrió entre 2019 y 2022. Sería la señal más clara de que, para amplios sectores del sistema político, es preferible la parálisis a compartir el poder con los palestinos.
Cambiar el conductor o cambiar el rumbo
Sería erróneo afirmar que Netanyahu, Eisenkot, Bennett, Smotrich y Ben-Gvir representan exactamente lo mismo. Sus diferencias pueden traducirse en menos violencia, más ayuda humanitaria o menor expansión de ciertos asentamientos, y para quien vive bajo las bombas, pierde su tierra o teme la demolición de su casa, esas diferencias no son insignificantes. Pero tampoco debe confundirse el alivio con la justicia.
La cuestión de fondo permanece intacta: ocupación, colonización, desigualdad de derechos y negación de la autodeterminación palestina. Estas elecciones decidirán quién maneja el timón israelí en los próximos años; lo que no se votó, y que ninguna de las alternativas con posibilidades reales de gobierno parece dispuesta a someter a votación, es el rumbo. Hasta que esa pregunta tenga respuesta, cualquier cambio de gobierno israelí debe juzgarse menos por el nombre de quien ocupe la oficina del primer ministro que por hechos concretos: el fin de la ofensiva contra Gaza, la reconstrucción y el retorno de su población, la paralización y reversión de los asentamientos, el fin de la ocupación, la igualdad de derechos y el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo palestino a decidir su propio futuro.
Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos
En nuestra modesta lectura política, el proyecto de ley del oficialismo sobre la reelección presidencial es un distractor de contexto, dadas las remotas posibilidades que tiene de avanzar en el plenario legislativo. Sin embargo, no debemos dejar de meditar que esta acción es una movida de ajedrez que, directa o indirectamente, está pensada para hacer avanzar y posicionar objetivos de un proceso mayor. Es decir, aun como distractor, forma parte de un plan.
De igual forma, no nos llamemos a engaño: esta acción parlamentaria retrata el enfoque autocrático de un proyecto y muestra de forma abierta la necesidad de inmunidad para la figura del señor Chaves Robles, que es quien ostenta el poder real en esta administración Fernández Delgado. Las declaraciones de José Miguel Villalobos al referirse al proyecto son parte de esa narrativa “novedosa”, de un estilo que gusta al vulgo, pues ya está bastante posicionado un nuevo ideario nacional.
Pero seamos honestos: esta acción parlamentaria forma parte de todos los pasos que nos conducen como país hacia una autocracia.
Los resultados electorales de 2028 y 2030 definirán si el proyecto de un nuevo imaginario colectivo nacional se posiciona aún más y si el actual oficialismo, con sus fuerzas aliadas, logra afianzar sus objetivos. Esos objetivos consisten en abandonar el ideario de 1948 y la Constitución de 1949, y entrar en una fase donde todo lo anterior no sirve y lo novedoso es la forma tiránica de gobernar, controlando los tres poderes de la República y eliminando así los históricos pesos y contrapesos. En ese escenario, una Asamblea Nacional Constituyente no es para nada descartable.
De ser así, estaremos avanzando como país hacia una suerte de autocracia bajo el mando del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de otras fuerzas de esa misma estirpe ideológica, que sencillamente configurarán una nueva tiquicia. Por diversos factores sociales controlados por el tecnofascismo algorítmico, entre otros elementos, habrán logrado hacerle olvidar su legado democrático, que, con sus virtudes y defectos, generó equilibrios y un grado respetable de movilidad social. No dudamos de que ese legado desaparecerá, dando cabida a una Costa Rica irreconocible, que ya se retrata en los recientes datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Esos datos, junto con otros que, según se ha cuestionado, se habría intentado modificar desde Zapote cambiando un “simple cálculo” del INEC, revelan señales poco halagüeñas en el horizonte nacional. Presuponen un canje entre la narrativa de un sempiterno caudillo o partido autocrático y una Costa Rica presa de mayor pobreza, concentración de la riqueza y exclusión social.
En ese posible escenario, en el que nos alejamos del imaginario de la sociedad construida desde 1949, las fuerzas de la resistencia deberán apostar, un día sí y otro también, por recobrar las emociones de la gente, tarde o temprano, en un terreno más complejo. Habrá más obstáculos que enfrentar en la lucha algorítmica; es decir, será una lucha cultural más cuesta arriba. Al parecer, esto se debe a no haber tenido más madurez política en momentos en los que tal vez existían ventanas de oportunidad menos complicadas, pero ganaron el egoísmo, el feudo, la mirada corporativa y demás elementos subjetivos propios de los seres humanos.
Al final del día, consideramos que aún quedan oportunidades en el presente para que se genere una alianza patriótica nacional que al menos haga brotar un respiro unitario fuerte, aunque sea coyuntural, que aspire a frenar o descarrilar la deriva fascista tica en desarrollo.
Por tanto, estas humildes líneas se traducen en un ferviente y patriótico llamado a las dirigencias que comandan la toma de decisiones en cada sector y territorio para que profundicen la lectura de coyuntura. Así será posible, al menos, alcanzar un consenso patriótico que construya un muro de contención nacional y nos permita una pausa de inhalación política unitaria. Ese consenso nos permitiría también poner las luces largas para intentar construir un imaginario distinto al que recorre los cinco continentes, del que nuestra América Latina no escapa: la nueva doctrina Monroe 2.0 y un tecnofascismo algorítmico que se puede derrotar combinando la lucha en el mundo cibernético con la movilización social.
Brasil es el ejemplo reciente de que sí se puede descarrilar una deriva fascista como la que recorre tiquicia.
El 13 de octubre de 1991 falleció Daniel Oduber Quirós, expresidente de la República, abogado, filósofo y una de las figuras más relevantes de la política costarricense de la segunda mitad del siglo XX. A treinta y cinco años de su desaparición física, su trayectoria constituye un objeto de particular interés para la historiografía nacional, tanto por las transformaciones institucionales vinculadas con su administración como por la dimensión intelectual de su pensamiento y su concepción del Estado.
Recordar a Oduber exige superar la mera evocación biográfica. Su figura debe analizarse en el contexto de una Costa Rica que, durante la segunda mitad del siglo XX, procuraba ampliar sus capacidades institucionales, fortalecer las políticas sociales, democratizar el acceso a la educación y diversificar su estructura productiva. En ese escenario, su pensamiento político estuvo acompañado por una sólida formación académica, una particular sensibilidad cultural y una visión del desarrollo que otorgaba al Estado un papel relevante en la transformación de las condiciones materiales de la sociedad.
El político formado en la filosofía
Daniel Oduber Quirós nació en San José el 25 de agosto de 1921. Su formación jurídica y filosófica contribuyó a configurar una personalidad política que encontraba en el estudio, la lectura y la reflexión histórica instrumentos para comprender los problemas nacionales.
Su paso por la Universidad McGill, en Canadá, donde obtuvo una maestría en Filosofía, y sus posteriores estudios en Europa ampliaron sus horizontes intelectuales. El contacto con la tradición filosófica occidental, particularmente con los problemas de la dialéctica, el conocimiento y la organización de la sociedad, permite comprender mejor la amplitud de sus intereses.
No se trata de establecer una relación automática entre sus estudios filosóficos y cada una de sus decisiones políticas. Sería metodológicamente improcedente atribuir a una formación académica la explicación absoluta de una trayectoria pública. Sin embargo, resulta legítimo señalar que su preparación intelectual formó parte de una identidad política en la que el conocimiento y la deliberación ocupaban un lugar significativo.
Oduber perteneció a una generación que participó en la construcción de la Segunda República y en la consolidación de nuevas formas de organización institucional. Su trayectoria en el Partido Liberación Nacional, la diplomacia, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República lo situó en el centro de los principales debates sobre el rumbo del país.
Su administración presidencial, desarrollada entre 1974 y 1978, coincidió con un periodo internacional complejo, caracterizado por la inestabilidad económica y las consecuencias de la crisis energética. En ese contexto, el Gobierno impulsó iniciativas vinculadas con la educación, la cultura, el desarrollo social y la infraestructura pública.
Entre sus realizaciones institucionales destacan la creación de la Universidad Estatal a Distancia, el fortalecimiento de la educación tecnológica mediante el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la expansión de instrumentos de política social. Estas iniciativas respondían a una concepción según la cual el desarrollo nacional no debía limitarse al crecimiento económico, sino traducirse también en mayores oportunidades educativas y mejores condiciones de vida.
La oratoria como instrumento de comunicación política
Una de las dimensiones más notables de Daniel Oduber fue su capacidad oratoria. Su dominio del lenguaje, la amplitud de sus referencias culturales y su habilidad para construir argumentos le otorgaron un lugar destacado en la tradición de la palabra política costarricense.
Oduber puede ser considerado entre los grandes oradores de la política nacional del siglo XX. Esta valoración no depende exclusivamente de la extensión de sus discursos o de la solemnidad de sus intervenciones, sino de la relación que procuraba establecer entre la argumentación política, la cultura y la interpretación de los problemas públicos.
La oratoria constituye una fuente importante para el estudio de la historia política. En los discursos de un gobernante pueden identificarse sus ideas sobre el Estado, la democracia, la justicia social, las relaciones internacionales y el papel de las instituciones. También pueden reconocerse los valores mediante los cuales procura legitimar sus decisiones ante la ciudadanía.
En el caso de Oduber, su preparación intelectual le permitió desarrollar una forma de comunicación pública en la que las referencias históricas y filosóficas podían convivir con los argumentos propios de la administración del Estado. La palabra política no era únicamente una herramienta para persuadir al electorado: podía convertirse también en un medio para explicar proyectos, defender principios y formular una determinada interpretación del país.
Su legado oratorio merece, por tanto, una investigación sistemática que examine sus discursos, sus recursos retóricos, la estructura de sus argumentos y su relación con los principales acontecimientos de su trayectoria. Tal estudio permitiría comprender con mayor precisión el papel de la palabra en la construcción de su liderazgo político.
Guanacaste: territorio, desarrollo y visión de futuro
La relación de Daniel Oduber con Guanacaste constituye uno de los aspectos más significativos de su legado. Su vínculo con la provincia trascendió el ámbito afectivo para expresarse también en iniciativas relacionadas con la infraestructura, la educación, la agricultura y las oportunidades de desarrollo regional.
Guanacaste ha enfrentado históricamente importantes limitaciones asociadas con la estacionalidad de las lluvias, las sequías periódicas y la disponibilidad de agua para las actividades productivas. Estas condiciones han influido en la estructura agraria, la organización del trabajo y las posibilidades de aprovechamiento de sus suelos.
Comprender la historia de la provincia exige reconocer que sus transformaciones no obedecen a una sola administración ni a una figura política aislada. Son el resultado de procesos de larga duración, de iniciativas estatales sucesivas y de la participación de productores, comunidades e instituciones públicas.
Dentro de esa historia, el riego agrícola ocupa un lugar fundamental.
Durante la administración Oduber se impulsaron gestiones para organizar el desarrollo de la cuenca baja del río Tempisque. En 1974 se creó la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral de dicha cuenca, conocida como CODEINTE, que promovió los estudios y la planificación necesarios para aprovechar de manera más eficiente los recursos hídricos de la región.
En aquel periodo, la iniciativa de irrigación estuvo vinculada con el denominado Distrito de Riego Moracia. La elaboración del plan maestro y los estudios técnicos constituyeron antecedentes importantes para las etapas posteriores de la infraestructura de riego guanacasteca.
Es necesario establecer una distinción histórica: el desarrollo del sistema que posteriormente se consolidaría como el Proyecto de Riego Arenal-Tempisque no fue una obra terminada durante el gobierno de Oduber. Su construcción y ampliación se extendieron a lo largo de varias administraciones, con una evolución institucional que condujo a la creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) en 1983 y al desarrollo progresivo del distrito de riego.
No obstante, la planificación impulsada durante los años setenta forma parte de los antecedentes que permiten comprender ese proceso. Su importancia reside en haber contribuido a colocar el aprovechamiento del agua y la transformación productiva de la cuenca del Tempisque entre los asuntos prioritarios de la planificación regional.
El riego no representa únicamente una solución técnica para la agricultura. Desde una perspectiva histórica y económica, constituye un instrumento de transformación territorial: permite reducir la dependencia exclusiva de las precipitaciones, diversificar los cultivos, ampliar las posibilidades de producción y generar nuevas relaciones entre la actividad agropecuaria, el empleo y los mercados.
La historia de estas obras demuestra, además, que los grandes proyectos de desarrollo requieren continuidad institucional. Una iniciativa puede comenzar con estudios y decisiones políticas, pero su materialización depende de recursos, capacidad técnica, coordinación administrativa y voluntad de las sucesivas generaciones de gobernantes.
En ese sentido, el aporte histórico de Oduber debe examinarse dentro de una secuencia de decisiones públicas que contribuyeron a modificar las condiciones productivas de Guanacaste. El aeropuerto internacional en Liberia lleva su nombre por sus aportes. La finca La Flor fue donada por su familia a la EARTH donde se ha convertido en un espacio de conservación e investigación en el Pacífico seco del país.
Su vínculo con la provincia también se expresa en el ámbito educativo. La expansión de las oportunidades de formación superior y el fortalecimiento de instituciones educativas constituyeron componentes de una visión de desarrollo que reconocía la importancia del conocimiento para ampliar las capacidades de las regiones.
La educación, la infraestructura y la transformación agrícola no deben estudiarse como ámbitos completamente separados. En conjunto, permiten analizar una concepción del desarrollo en la que las instituciones públicas podían contribuir a reducir las limitaciones históricas de los territorios y a generar nuevas oportunidades para sus habitantes.
El legado intelectual y la memoria pública
La dimensión intelectual de Daniel Oduber también puede estudiarse a partir de su biblioteca personal, cuyo patrimonio documental fue donado a la Universidad Estatal a Distancia. La colección, integrada por libros, revistas y documentos, ofrece una oportunidad para investigar sus intereses, sus lecturas y las fuentes que acompañaron su trayectoria.
Una biblioteca personal constituye mucho más que una acumulación de volúmenes. Desde la perspectiva de la historia intelectual, permite aproximarse a los horizontes de lectura de una persona, identificar autores y corrientes de pensamiento, reconstruir redes culturales y formular preguntas sobre la relación entre conocimiento y acción pública.
En el caso de Oduber, la conservación de estos materiales adquiere especial significado por su trayectoria como intelectual y por su participación en la creación de instituciones educativas. Los documentos preservados permiten que nuevas generaciones de investigadores examinen su legado más allá de las interpretaciones partidarias o de las evocaciones conmemorativas.
La historia política requiere precisamente ese equilibrio: reconocer las contribuciones de una figura pública sin convertir su memoria en una narración exenta de crítica. Todo gobernante debe ser estudiado en relación con las circunstancias de su tiempo, las decisiones que tomó, los proyectos que promovió y los límites que condicionaron su gestión.
La valoración histórica de Oduber debe incluir, por consiguiente, tanto sus aportes institucionales como los debates y contradicciones propios de la Costa Rica de los años setenta. El rigor historiográfico no disminuye la relevancia de un personaje; por el contrario, permite comprenderla con mayor profundidad.
A modo de conclusión
A treinta y cinco años de su muerte, Daniel Oduber Quirós continúa ocupando un lugar relevante en la historia política e intelectual de Costa Rica. Su formación filosófica, su capacidad oratoria, su participación en la construcción institucional de la Segunda República y su interés por el desarrollo de Guanacaste conforman dimensiones de una trayectoria que merece seguir siendo investigada.
Su legado permite reflexionar sobre una cuestión fundamental: la relación entre las ideas y la acción política. La formación intelectual adquiere verdadera dimensión pública cuando contribuye a formular preguntas, orientar decisiones y comprender los desafíos de una sociedad. Del mismo modo, los proyectos de infraestructura y desarrollo regional deben analizarse no solo por sus resultados inmediatos, sino también por los procesos institucionales que los hicieron posibles y por sus consecuencias a largo plazo.
En Guanacaste, la historia de la planificación del riego recuerda que las transformaciones territoriales son construcciones colectivas que atraviesan generaciones. En el ámbito educativo, la continuidad de las instituciones y la preservación de su biblioteca personal muestran distintas formas de proyectar el conocimiento hacia el futuro. En la tradición política nacional, su oratoria representa un campo de estudio para comprender el papel del lenguaje y de la cultura en la vida democrática.
Como historiador, considero que la mejor manera de conmemorar a Daniel Oduber Quirós no consiste únicamente en repetir sus méritos, sino en estudiar críticamente su pensamiento, sus decisiones y sus aportes al país. Treinta y cinco años después de su partida, su figura nos invita a recuperar una dimensión indispensable de la vida pública: la convicción de que gobernar exige algo más que administrar recursos o ejercer autoridad. Exige comprender la historia, interpretar el presente y construir, con visión de futuro, las condiciones que permitan a una sociedad ampliar sus oportunidades.
La memoria de Daniel Oduber Quirós pertenece a la historia costarricense; su estudio riguroso corresponde a las generaciones que desean comprenderla.
Ponencia presentada al congreso internacional “El retorno del fascio y la respuesta proletaria”.
Introducción
Las repercusiones del fascismo europeo en la América Latina de los años treinta, no llegaron a causar un impacto tan fuerte en Costa Rica como sí ocurrió en otros países de la región, sobre todo en algunos del llamado Cono Sur. Ello, pese a que para entonces nuestro modelo liberal republicano comenzaba a mostrar cierto agotamiento, agravado con los efectos de la gran depresión económica de 1929.
Sin embargo, aquel ambiente internacional, tan favorable al autoritarismo, no dejó del todo indiferente al entonces presidente León Cortés Castro (1936-1940) frente al nazi fascismo europeo. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, llegó a cerrar nuestras fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos de origen judío, especialmente de aquellos que venían huyendo de los estragos autoritarios de la Europa Central.
Unos años antes se había fundado el Partido Comunista costarricense – en junio de 1931 – lo cual produjo la esperada reacción anticomunista de los gobiernos de turno, sin que pudiera llegarse a evitar, desde el seno del Estado, la participación sindical, electoral y parlamentaria de aquella primera generación de obreros y campesinos revolucionarios. Tan temprano como 1934, el Partido Comunista logró elegir sus primeros diputados en el Congreso Nacional, a la vez que dirigió uno de los más importantes movimientos huelguísticos de Centroamérica, la histórica Huelga Bananera de 1934.
La Guerra Civil costarricense de 1948 fue uno de los primeros conflictos bélicos de América Latina, producto del anticomunismo exacerbado al terminar la II Guerra Mundial. En el caso nuestro, esa polarización fue alimentada por las diferencias ideológicas entre las fuerzas caldero comunistas, en el poder entre 1940 y 1948, y los sectores socialdemócratas, alentados también por otros líderes conservadores de larga trayectoria.
Finalmente, aquella crisis terminó resolviéndose por medio de las armas, con la derrota de la alianza caldero comunista y el triunfo de las emergentes fuerzas socialdemócratas, teñidas éstas de un gran anticomunismo, alimentado por el ambiente de guerra fría promovido por Estados Unidos.
A pesar de lo anterior, nuestro país pudo marchar hacia la construcción de un Estado de Bienestar, encabezado por el nuevo Partido Liberación Nacional (PLN), fundado en 1951. Aquella modernización económica e institucional propició un mayor desarrollo material y humano, lo cual ubicó a Costa Rica en un lugar destacado dentro de las estadísticas de crecimiento y desarrollo a nivel regional.
Posteriormente, los cambios en la estrategia económica mundial derivados de la globalización económica de los años ochenta y, particularmente, del denominado Consenso de Washington, dieron cabida a una larga etapa de austeridad en la inversión social del Estado, acompañada de una serie de reformas estructurales que acabaron poco a poco con el Estado de bienestar costarricense, brotando visiblemente la pobreza y la miseria, especialmente en algunas zonas rurales del Valle Central, en los barrios marginales de las principales ciudades y en las regiones costeras del país, fenómeno que se ha venido agudizando hasta nuestros días.
En la actualidad, en medio de una sociedad muy desigual, la ciudadanía costarricense ha llegado a enfrentarse con una experiencia inédita: el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el debilitamiento del sistema democrático dirigido por gobiernos de estilo autoritario, que han perseguido a los medios de comunicación que no controlan, que recurren a los términos más peyorativos para descalificar a los sectores políticos que se le oponen, calificándolos de zurdos, comunistas, progres, etc. Además, el anterior presidente Rodrigo Chaves Robles y la actual presidenta, Laura Fernández Delgado, han impulsado una fuerte guerra ideológica contra los movimientos de la diversidad sexual, el feminismo y las organizaciones ecologistas. Desde esta perspectiva, se ha hecho más notoria la cercanía de la élite gobernante con otros regímenes neoconservadores de corte autoritario, como los de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, Abelardo de la Espriella en Colombia o el del mismo Donald Trump en Estados Unidos.
El presente documento se sustenta en la lectura de varios autores dedicados al análisis del populismo y del posfascismo actual, cuyas obras aparecen en la bibliografía adjunta, así como en la revisión de una serie de artículos de revistas y periódicos sobre la problemática nacional en cuestión. Complementamos nuestra búsqueda con la revisión de algunas estadísticas institucionales para reconocer las diferencias sociales y regionales, en cuanto al apoyo político y electoral recibido por la actual extrema derecha en Costa Rica.
Algunos antecedentes
En los primeros años del siglo XXI, se anunciaron ciertos cambios en la estructura del Estado costarricense que no dejaron indiferente a la ciudadanía. El presidente socialcristiano, Miguel Ángel Rodríguez, decidió impulsar un proyecto de ley denominado Ley de Servicios Públicos y Telecomunicaciones. Ese proyecto contaba con el apoyo de los dos partidos mayoritarios – PLN y PUSC – producto de lo cual, a la larga, se fue gestando una profunda fractura entre las élites dirigentes de esos partidos y sus bases sociales.
En aquella coyuntura, comenzó a despertar en la conciencia popular la sospecha de un pacto bipartidista con el objeto de lograr la privatización de la energía eléctrica, pese al rechazo de las grandes mayorías. Según las encuestas del momento, al menos el 63% de las y los costarricenses estaba en desacuerdo con la apertura del mercado eléctrico (Menjívar, M. 2012). Desde su fundación, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido una institución tan arraigada en la identidad nacional que aquel proyecto de privatizarla supuso una prueba fundamental.
Finalmente, aunque ese proyecto fue aprobado en la Asamblea Legislativa a comienzos del año 2000, la oposición ciudadana fue determinante. Luego de llevarlo a consulta de la Sala Constitucional, ésta le encontró vicios de inconstitucionalidad a dicho proyecto y terminó declarándolo sin lugar, calmándose de momento la agitación nacional.
Sin embargo, lo más importante de aquella jornada de lucha, conocida popularmente como La huelga Nacional contra el Combo del ICE, fue la evidencia que dejó del debilitamiento general del bipartidismo costarricense. En adelante, se ha desencadenado un complejo proceso de reacomodo político, el cual se ha manifestado con el surgimiento de un numeroso grupo de nuevos partidos, la mayoría con una clara orientación conservadora, especialmente aquellos de tendencia neo pentecostal.
Poco tiempo después, cuando todavía se respiraba un ambiente de optimismo en la consciencia de los movimientos sociales costarricenses, se presentó un nuevo desafío: la discusión regional en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana.
A diferencia de los otros países de esta región, donde ese tratado fue aprobado en los estrados legislativos sin mayor problema, en Costa Rica la respuesta mayoritaria fue de un fuerte rechazo. Una vez más, el país se vio conmocionado por las intensas discusiones en los diversos ámbitos laborales, académicos y políticos, sobre las controversiales repercusiones que tendría el TLC para la economía y el bienestar de las grandes mayorías. En esas circunstancias, se agudizó la polarización entre las élites de los partidos tradicionales y los nuevos partidos políticos que recién comenzaban a surgir, especialmente, el Partido Acción Ciudadana (PAC), y el Partido Frente Amplio (FA), ambos opuestos a la firma del citado tratado.
Valga aclarar que el PAC, fundado en el 2000, reivindicaba los ideales de la histórica socialdemocracia costarricense, tratando de atraer a sus filas a ciertos sectores decepcionados con el PLN, mientras que el Frente Amplio, fundado en el 2004, comenzó a reunir en su seno a exmilitantes de los partidos de la izquierda costarricense, la cual también experimentaba su propia crisis: el Partido Comunista (PVP), el Partido Socialista (PS) y Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).
Aquel fue un período de un cierto auge organizativo, debido al desmembramiento de los partidos que habían dirigido los destinos del país por más de medio siglo. Se exacerbó, entonces, una movilidad nunca antes vista de líderes y militantes entre esas organizaciones y las nuevas alternativas que ofrecían el PAC y el FA. Comenzó a producirse una especie de reciclaje entre los liderazgos más destacados de los partidos tradicionales, especialmente hacia las filas del PAC, cuyos fundadores provenían, principalmente, de las huestes del PLN y del PUSC.
En un momento político tan convulso y ante la falta de consenso para la aprobación del TLC, la Asamblea Legislativa se vio obligada a recurrir, por primera vez en la historia costarricense, a la convocatoria de un referéndum. La preparación de éste conllevó una experiencia nacional muy interesante pues se convirtió en una coyuntura de intensas discusiones sobre esa cuestionada propuesta. Quizá, lo más destacado de aquel momento fue la gran participación de la mayoría de sectores de la sociedad costarricense opuestos a ese tratado: sindicatos públicos y privados, organizaciones estudiantiles de enseñanza secundaria y universitaria, colegios profesionales, asociaciones de educadores y comunidades urbanas y rurales, fenómeno que dio luz al surgimiento de los llamados Comités Patrióticos a lo largo y ancho del país, una novedosa forma de organización popular que, lastimosamente, no ha sido posible preservarla. En ellos se reunían vecinos, vecinas, educadores, estudiantes, comerciantes locales, representantes de la juventud, sectores organizados del catolicismo, representantes sindicales de las instituciones autónomas del Estado, etc.
El aporte más importante de aquellos Comités Patrióticos, convertidos en centros de estudio de la problemática nacional, fue ofrecerle a la ciudadanía la claridad ideológica necesaria para rechazar la firma del TLC con Estados Unidos. La consigna nacional llegó a ser una: ¡NO AL TLC!
En medio de aquellos días tan agitados, sucedió un acontecimiento que polarizó aún más el ambiente nacional. Trascendió a la luz pública el texto de un polémico memorándum, enviado al entonces presidente Oscar Arias Sánchez por parte de su vicepresidente, el abogado Kevin Casas Zamora, en el cual se recomendaba tomar una serie de medidas muy autoritarias – de corte fascista, podríamos decir – para obligar a la mayoría de los sectores más empobrecidos del país a apoyar con su voto al TLC.
En dicho memorándum se proponía, por ejemplo, aplicar un “chantaje” a los alcaldes del oficialismo liberacionista en las comunidades cantonales, haciéndoles ver que, si en su comunidad ganaba el NO al TLC, no recibirían más apoyo financiero para sus proyectos de mejoras comunitarias, perjudicando así sus aspiraciones personales de ascenso político, a menudo motivado por la conquista de una candidatura parlamentaria.
Por otra parte, los autores del citado memorándum del miedo, proponían estimular el temor en el seno de la clase trabajadora de cuatro formas distintas: a) miedo a la pérdida del empleo; b) miedo al ataque a las instituciones democráticas, haciendo ver que el movimiento del NO al TLC era un movimiento violento y desleal con la democracia; c) miedo a la injerencia de la izquierda extranjera en el movimiento del NO (particularmente, de parte de Cuba y de la entonces Nicaragua sandinista) para sembrar temor en los sectores sociales más humildes del país, que eran quienes más dudaban en apoyar con su voto al TLC. Por último, ese memorándum anunciaba el advenimiento de una crisis de gobernabilidad, en caso de que la administración Arias Sánchez fuera derrotada en aquella consulta popular, con las consiguientes consecuencias de inestabilidad económica y política en todo el país (Universidad, setiembre 13, 2007).
Faltando poco menos de un mes para la celebración de aquellas históricas votaciones, el memorándum del miedo encendió los ánimos: en las llamadas zonas francas, enclaves de capital extranjero, se comenzó a presionar a los trabajadores para llevarlos a votar en contra del TLC y se amenazaba a los sindicatos del sector privado con la implementación de desempleos masivos en caso de un triunfo del NO. Asimismo, la prensa al servicio de las cámaras empresariales intensificó sus publicaciones reproduciendo el “discurso del miedo” del gobierno de Arias Sánchez.
En ese contexto de temor generalizado, a pesar de aquel gran esfuerzo nacional, fue imposible evitar el triunfo de las cámaras patronales y de las grandes empresas estadounidenses establecidas en el país. El PLN en el poder, con Oscar Arias Sánchez como presidente, terminó experimentando un triunfo pírrico, pues el 51,6 % dijo sí y el 48,4% dijo no, con una abstención del 40% de la ciudadanía (ActaN.º 2944-E-2007. Tribunal Supremo de Elecciones).
En ese contexto, un profundo sentimiento de derrota nacional se apoderó de grandes sectores de la población, sentimiento que, en cierta medida, se ha extendido durante las últimas dos décadas, con las consiguientes secuelas políticas e ideológicas.
Pareciera comprensible que aquellos acontecimientos tan controversiales hayan marcado el rumbo político e ideológico del país hasta nuestros días. Los partidos tradicionales continuaron debilitándose a tal punto que han sido derrotados, continuamente, desde el año 2014. Una parte de sus militancias, en principio, decidieron trasladarse a las filas del PAC y otras han terminado engrosando a los partidos neo pentecostales inspirados en la Teología de la Prosperidad. Estos, como veremos más adelante, han sido los más favorecidos con aquella debacle histórica en la vida política costarricense.
El surgimiento de nuevos partidos políticos
En un marco histórico de tanta incertidumbre nacional, fue el PAC la organización que, en primera instancia, recogió los principales dividendos políticos de aquella crisis, a pesar de que ese partido no significara una renovación ideológica más integral. Aquellos fueron tiempos de una gran incertidumbre pues los paradigmas históricos de cambio social brillaban por su ausencia. Lo único cierto fue el notable crecimiento de aquel nuevo partido, debido a su destacado desempeño durante las luchas contra el TLC. El PAC se convirtió, entonces, en una nueva esperanza para ciertos sectores de pensamiento reformista e, incluso, para un pequeño sector de la izquierda costarricense proveniente, en muchos casos, de los ámbitos universitarios y profesionales.
La rápida expansión del PAC contribuyó a marcar un antes y un después en la vida política nacional, logró ganar las elecciones en dos períodos consecutivos (2014-2018 y 2018-2022), pero, finalmente, los resultados de su desempeño no fueron los esperados. La herencia de los partidos tradicionales en el seno del PAC se impuso y, a pesar de algunos esfuerzos, las cámaras patronales y las élites provenientes de los viejos partidos lograron mantener sus añejos métodos y estrategias para su beneficio.
Durante la primera administración del PAC, encabezado por el presidente Luis Guillermo Solís, quien se había desempeñado antes como un destacado militante del PLN, los destinos nacionales transcurrieron con cierto optimismo, sin grandes sobresaltos, en especial porque ese gobierno hizo algunos esfuerzos por cumplir los acuerdos pactados con las organizaciones sindicales para realizar reformas importantes al Código de Trabajo.
Sin embargo, en el segundo período de la gestión del PAC, en manos del presidente Carlos Alvarado Quesada, los sectores populares presenciaron, con gran asombro, cómo ese partido terminó llevando a la práctica medidas tan reaccionarias como una nueva reforma fiscal que lesionaba los intereses populares y, más grave aún, ilegalizó el derecho de huelga de los trabajadores del sector público (Ley No.9808, enero 2020. MTSS).
Valga aclarar que el sector público había sido el más organizado de la clase trabajadora costarricense y que, como resultado de esa nefasta medida, actualmente no puede recurrir a su derecho de huelga, lo cual ha redundado en una profunda crisis del sindicalismo estatal.
Por otra parte, el Frente Amplio, un partido que se ha definido como de izquierda democrática, fundado en octubre del 2004, se había convertido en otro gran protagonista en favor de las luchas contra el TLC. En realidad, el FA logró escalar a nivel nacional como el principal representante de los diversos sectores de la izquierda nacional y, desde entonces, ha mantenido su representación en la Asamblea Legislativa. En su seno convergieron sectores provenientes de los tradicionales partidos de la izquierda costarricense – el Partido Comunista y el Partido Socialista – sumándose también representantes de algunos movimientos sociales como el feminismo, el ambientalismo y el colectivo de la diversidad sexual, pero con escasa participación de los trabajadores organizados sindicalmente.
Sin embargo, el FA mantiene un perfil relativamente alto, en parte por la destacada lucha parlamentaria que ha protagonizado frente a las últimas dos administraciones de la extrema derecha, la del expresidente Rodrigo Chaves Robles y la de la presidenta en ejercicio, Laura Fernández Delgado.
El auge de los partidos neo pentecostales en Costa Rica y el fortalecimiento de la extrema derecha
La problemática socio política arriba descrita quedaría incompleta si no nos referimos a uno de los fenómenos más sobresalientes en el panorama político costarricense de las últimas décadas. Hablamos de la notable expansión que han experimentado las nuevas corrientes religiosas evangélicas inspiradas en la Teología de la Prosperidad, llegadas desde Estados Unidos como una nueva estrategia de dominación hacia los países latinoamericanos.
La crisis paradigmática del Estado de Bienestar costarricense, sumada a las repercusiones del fracaso socialista de la antigua URSS, al finalizar la década del ochenta, también contribuyeron a promover una notable expansión de los movimientos religiosos neo pentecostales. Aquel vacío dejado por las propuestas social demócrata y socialista, pronto fue llenado con los mensajes mesiánicos de los llamados teólogos de la prosperidad.
Aunque los primeros cristianos protestantes habían arribado a Costa Rica desde el siglo XIX, fue en la pasada década del ochenta cuando llegaron nuevos evangelizadores desde Estados Unidos, la mayoría de orientación neo pentecostal. Ello fue posible, además, por el debilitamiento que ha venido sufriendo la Iglesia Católica, a pesar de que Costa Rica se define como un Estado confesional(Artículo 75, Constitución Política de CR). A la larga, esta disposición constitucional también ha venido a incidir en la expansión de la religiosidad neo conservadora en este país, con evidentes repercusiones en la expansión de la extrema derecha.
Un aspecto que debemos señalar son las diferencias entre los propósitos espirituales del protestantismo histórico y los del movimiento neo pentecostal, hoy extendido en algunos sectores de la sociedad costarricense. Mientras los primeros se han concentrado, principalmente, en sus tareas de adoctrinamiento espiritual, los segundos han propiciado la creación de grupos político-religiosos dispuestos no solo a evangelizar a las masas sino también a disputar el poder del Estado. Su filosofía, conocida como la Teología de la Prosperidad, consiste en una perspectiva religiosa que considera el bienestar económico personal, el éxito financiero y la buena salud física como bendiciones otorgadas por Dios a sus seguidores. Como señala una historiadora costarricense, se supone “… que de una buena relación con Dios se establece una prosperidad (terrenal) bendita”. (Ulloa, 2022, p.182). Lo anterior implica un cambio radical en los postulados cristianos porque desacredita la distinción entre autoridad civil y responsabilidad espiritual.
Todos esos cambios en el ámbito religioso coincidieron con el paulatino proceso de descomposición organizativa que afectó al histórico sistema de partidos políticos, incluyendo a los de la izquierda. Con respecto a ésta última, debemos de tener presente, además, las repercusiones de los conflictos armados de los años ochenta en el istmo centroamericano, especialmente en el PVP, el PS y el MRP. De una u otra forma, aquellos partidos se vieron involucrados en tales conflictos, en particular, en los de la revolución nicaragüense. Tengamos presente, además, que todo ello coincidió con el derrumbe de la revolución soviética y sus innumerables repercusiones mundiales.
En medio de aquella coyuntura tan cambiante, justo en 1986, apareció el primer partido confesional en Costa Rica denominado Alianza Nacional Cristiana (ANC), cuyos mensajes dejaban claro su propósito de impulsar “una renovación moral de la política” (Ulloa, op. cit p.152). En otros términos, se pretendía evangelizar también por medio de la participación política y electoral. Desde entonces, esos partidos han concentrado su energía en acercarse a otros sectores como son los hombres de negocios, los operadores políticos y, especialmente, con ciertos comunicadores de alto perfil nacional.
Toda aquella estrategia se proponía llevar adelante un proyecto transformador del panorama político y religioso del país. Comenzaron, entonces, a fortalecerse algunas corrientes políticas de nuevo tipo, cada vez más inclinadas hacia la extrema derecha, con un discurso que se teñía de anti comunismo, anti feminismo, anti ecologismo, en favor de la familia tradicional y, sobre todo, con un profundo odio hacia la diversidad sexual. Tales mensajes iban dirigidos con especial énfasis a los sectores sociales más empobrecidos, víctimas de la falta de mejores oportunidades laborales, de la reducción sistemática de los recursos para la educación, de la pauperización del sistema de salud pública y, en general, del achicamiento del papel social del Estado.
Es importante hacer notar que el derrumbe del partido comunista costarricense – Partido Vanguardia Popular – les permitió a los nuevos grupos evangélicos neo- conservadores llenar, en parte, el vacío organizativo dejado por el debilitamiento del tradicional sindicalismo agrícola. Este fenómeno se ha observado, más claramente, en las zonas donde ese partido tenía más presencia sindical como lo eran las zonas bananeras de las regiones costeras, tanto en el litoral atlántico como en el pacífico. La nueva propuesta para los trabajadores, de parte de aquellas sectas cristianas neo conservadoras, implicaba también dejar atrás los tradicionales instrumentos de lucha sindical que, según su discurso, tanto sufrimiento les había provocado. Así, las iglesias neo pentecostales comenzaron a “evangelizar” a los sectores más desposeídos del país, sumergidos en una gran confusión político-ideológica y en una crisis material y organizativa que los tomó por sorpresa.
Frente a ese nuevo fenómeno, la Iglesia Católica intentó ensayar su propia propuesta de organización laboral para reemplazar a los sindicatos, por medio de las llamadas asociaciones solidaristas, inspiradas en la doctrina social de la Iglesia Católica, desarrollada por el papa Juan XXIII. Así, el Movimiento Solidarista logró penetrar algunos sindicatos bananeros de la zona atlántica del país, pero su éxito fue muy relativo. La propia crisis del catolicismo también quedó manifiesta en aquellas circunstancias.
Para entonces, se hacía cada vez más palpable la presencia de las nuevas corrientes evangélicas, convertidas ahora en opciones político-religiosas, capaces de atraer a los sectores empobrecidos y de llenar sus iglesias de fieles que pronto llegarían a convertirse en militantes de sus dogmas mesiánicos. El paso siguiente consistió en hacer que aquellas primeras organizaciones neo pentecostales comenzaran a promover movilizaciones de masas para tomarse espacios públicos estratégicos desde donde lograron integrar el mensaje religioso y el discurso político, hablando de “exorcizar a la nación” para, supuestamente, combatir los grandes problemas de corrupción que aquejaban a nuestro país.
Simultáneamente, se fue creando una pequeña élite de supuestos pastores del evangelio, algunos de ellos provenientes de los mandos medios de los viejos partidos políticos y, otros, habían emigrado desde las carpas católicas. Ellos se encargaron de denunciar, desde púlpitos y plazas públicas, problemas nacionales tan graves como la malversación de fondos públicos y las distintas formas de abusos de poder de parte de las “élites” gobernantes. Se iniciaba así una especie de batalla político-espiritual protagonizada por amplios sectores de la sociedad. El paso siguiente sería la toma del poder del Estado (Ulloa, op. cit. p.156).
Aunque en las elecciones de 1986 se había inscrito el primer partido neo pentecostal – la ANC – no fue sino hasta el año 1998 cuando llegó, por primera vez, un diputado evangélico a la Asamblea Legislativa costarricense. Desde entonces, las organizaciones religiosas neo pentecostales han mantenido, ininterrumpidamente, su representación parlamentaria. Su momento de mayor auge electoral se dio en el año 2018, cuando lograron elegir, por medio del Partido Restauración Nacional (PRN), catorce diputados confesionales (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).
En las elecciones de febrero de 2018, Costa Rica fue testigo de una cruda realidad: los partidos tradicionales – PLN y PUSC – forjadores de los destinos nacionales de los últimos tres cuartos de siglo, habían quedado fuera del poder. Y lo más interesante, el PRN, cuyo candidato presidencial era Fabricio Alvarado Zamora, un conocido periodista, estaba ligado a uno de los movimientos confesionales más poderosos internacionalmente, el llamado Ministerio de Avance Misionero Mundial.
La mayor sorpresa en aquella contienda electoral fue el triunfo, en primera ronda, del candidato neo pentecostal Fabricio Alvarado, al obtener un 24,9% de los votos válidos. Era el resultado más alto, pero no suficiente para ser declarado presidente. Su contendor, Carlos Alvarado Quesada, candidato del PAC, quedó en segundo lugar con el 21,6% (TSE, elecciones, 1ª. Ronda, febrero de 2018). Sin embargo, este último se impuso en la segunda ronda con el 60% de los votos, gracias a una alianza transitoria entre las viejas bases del bipartidismo. Por su parte, el PRN obtuvo, finalmente, el 39% de los votos, una cifra muy considerable (TSE, elecciones, 2ª. Ronda, abril de 2018).
En todo caso, el neo pentecostalismo salió muy fortalecido de aquellas elecciones, pues logró elegir catorce de los cincuenta y siete diputados que conformarían la Asamblea Legislativa (TSE, elecciones legislativas, febrero de 2018).
Las elecciones de 2022. Rodrigo Chaves Robles presidente
Uno de los aspectos más sorprendentes del resultado electoral del año 2022 fue el triunfo de un candidato a quien la sociedad costarricense, prácticamente, desconocía. Rodrigo ChavesRobles había emigrado hacia Estados Unidos en los años ochenta, luego de fracasar en el intento de ingresar a Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica. Años después, logró graduarse en ese mismo campoen la Universidad Estatal de Ohio (Wikipedia, Curriculum R. Chaves R.)
Antes de regresar a su país de origen, Rodrigo Chaves había sido representante del Banco Mundial, por casi tres décadas, en varias regiones del mundo. Primero, había representado por algún tiempo a esa institución en Turquía y, luego, había sido asesor para el desarrollo del sector privado y financiero en Europa del Este y en Asia Central, luego del derrumbe del socialismo en esas regiones (Curriculum Ibidem).
Posteriormente, había regresado a América Latina, siempre como funcionario del Banco Mundial, con el objeto de emprender aquí la privatización del sector público, monitorear la macroeconomía y desarrollar las tecnologías de la información (Ibidem).
En el año 2013, de nuevo abandonó América Latina y se trasladó a Indonesia con el objeto de fortalecer la inversión privada en el sector energético y eliminar los subsidios a los combustibles en ese país (Ibidem).
Por problemas de acoso sexual a algunas de sus colaboradoras, en el año 2019 Chaves Robles fue sancionado en el Banco Mundial (La Nación, 19 oct. 2021). Coincidió con esa situación el llamado del presidente Carlos Alvarado Quesada – quien afirmó luego desconocer dicha denuncia – para que se hiciera cargo del Ministerio de Hacienda, en vista de que la anterior ministra había sido cuestionada por la Contraloría General de la República.
En ese cargo, Chaves Robles se desempeñó solo durante seis meses. Fueron varias las razones que obstaculizaron su buen desempeño con el gobierno de Alvarado Quesada. Pareciera que el desarraigo por tantos años de nuestro país y su larga trayectoria como funcionario del Banco Mundial, lo habían convertido en una especie de extranjero en su propia tierra, lo cual le impedía sopesar las verdaderas repercusiones nacionales de sus propuestas. Por ejemplo, la creación de un impuesto temporal a los salarios de más de 500.000 colones (unos 800 dólares), para auxiliar a los trabajadores desempleados durante la pandemia del COVID, fue muy mal recibida por los sectores más empobrecidos. Por otra parte, sus objeciones al sistema de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), institución pública encargada de atender la salud de toda la población, puso en evidencia su intención de iniciar la privatización de aquellos servicios, lo cual provocó una mayor inconformidad en el país con el gobierno de Alvarado.
No obstante, el clímax del conflicto llegó cuando Rodrigo Chaves, como ministro de Hacienda, se opuso a una ley aprobada en la Asamblea Legislativa para excluir a las municipalidades de la aplicación de una nueva regla fiscal, la Ley 9635, aprobada desde 2018. La ruptura definitiva se produjo cuando el presidente Alvarado se negó a vetar aquella ley. Así, su colaboración como ministro fue muy efímera, tan solo de seis meses, pero las repercusiones de su regreso a Costa Rica han sido muy serias y, peor aún, con una proyección temporal de larga duración.
Con el retorno de Chaves Robles a Costa Rica también comenzó a vislumbrarse la sombra de la extrema derecha internacional en nuestro país, y con su salida del gobierno de Carlos Alvarado así se comprobó. Comenzó a promover, más temprano que tarde, un nuevo movimiento político en el país, de fachada populista, que pronto fue bautizado como el chavismo costarricense.
Pronto, Rodrigo Chaves comenzó a gestionar su candidatura presidencial, por medio de uno de los tantos partidos de reciente creación – partidos taxi se les ha llamado frecuentemente – los cuales habían comenzado a proliferar con la agonía del bipartidismo y la expansión de la corriente neo pentecostal. Así, en julio de 2021 se anunciaba, oficialmente, su candidatura a la presidencia de Costa Rica como candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), junto a veinticuatro candidatos más.
La política de alianzas del nuevo PPSD pronto dio sus frutos. El apoyo a la candidatura de Chaves Robles de parte de algunos sectores empresariales, especialmente de los importadores, y de algunos grupos evangélicos afines a la teología de la prosperidad, resultó esencial para que el chavismo adquiriera fuerza suficiente y alcanzara el segundo lugar en la primera ronda electoral, en febrero de 2022. Dos meses después, en la segunda ronda, Rodrigo Chaves resultaba electo presidente con el apoyo del 52,8% de los votos frente al 47,2%recibido por su opositor José María Figueres Olsen (TSE, elecciones 2ª. Ronda, abril 2022).
Estos resultados fueron posibles, además, gracias al arribo de un buen número de ex dirigentes del bipartidismo a las filas chavistas, quienes pusieron a su servicio toda su experiencia en el manejo partidario de los procesos electorales. No faltó, además, algún que otro académico o funcionario de la izquierda histórica que se pusiera al servicio del proyecto neoconservador de Rodrigo Chaves.
Aquellos hechos han marcado un antes y un después en la vida política costarricense. Desde entonces, se ha implantado un estilo de gobiernoautocrático y confrontativo, marcadamente anticomunista y machista, propio de los líderes de la nueva derecha internacional. En ese sentido, la personalidad del presidente Chaves ha sido determinante. En la televisión alemana, por ejemplo, lo han definido como: “… una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia” (DW. Günther Maihold, 06/08/2026).
Ese complejo perfil del ahora expresidente Chaves, también se expresó en su reiterada confrontación con algunas instituciones públicas. En ese ámbito, quizá lo más preocupante fueron las amenazas de irrespeto a la división de poderes de la nación, especialmente respecto al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones (Lissidini, A. “Así nos ven desde Uruguay”. La Diaria, 3 de setiembre, 2026).
Por otra parte, no han faltado los conflictos con instituciones como la Defensoría de los Habitantes y, particularmente, con la Contraloría General de la República, a la cual se ha tratado de despojar de sus funciones contraloras por medio de un proyecto que él mismo ha denominado Ley Jaguar (Telediario cr. 5 de junio, 2024).
No obstante, uno de los aspectos más delicados durante la administración de Chaves Robles fueron sus reiterados conflictos con los medios de comunicación. En un estudio realizado por el Programa de Libertad de expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la UCR, se constató que el 99% de las intervenciones del presidente Chaves en sus conferencias de prensa, tenían connotaciones negativas referidas a algunos medios nacionales de comunicación –prensa canalla denominaba a la mayoría – o con respecto a determinados periodistas (Universidad, 14 de julio, 2024).
Dicho estudio, realizado a dos años del inicio del gobierno de Chaves, demostró también que el 65, 5% de los entrevistados coincidía en señalar que la libertad de prensa en nuestro país estaba en peligro. Además, el 53% reconoció que existían limitaciones para la libre expresión (Ibidem). Subrayaba también el incremento general del discurso de odio a través de las redes sociales, todo lo cual estaba causando gran inestabilidad en el ambiente nacional.
También cabe subrayar que el expresidente Chaves Robles les ha declarado una guerra frontal a las universidades públicas, especialmente a la Universidad de Costa Rica. Sus armas principales han sido los recortes presupuestarios y, particularmente, el desprestigio promovido, desde sus conferencias de prensa, respecto al mundo del trabajo académico y de los intelectuales, en general.
En medio de un clima de tantos conflictos, la situación personal de Chaves es sumamente compleja. Actualmente, tiene más de cuarenta causas penales en los Tribunales de Justicia, relacionadas con acusaciones como: financiamiento ilícito de su pasada campaña presidencial, prevaricación, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, abuso de autoridad, legitimación de capitales, etc. (El financiero, 4 de julio, 2026).
Sin embargo, el apoyo recibido por las administraciones de Chaves y Fernández, por parte del capital nacional y transnacional, así como la estrecha alianza con gobiernos de su mismo modelo, como el de Nayib Bukele de El Salvador y, especialmente, con la actual administración estadounidense de Donald Trump, ha sido una de sus aparentes fortalezas. Casi al final de su período de gobierno, en el marco de una reunión de la Cumbre de las Américas, el presidente Chaves suscribió el Acuerdo del Escudo de las Américas, una coalición multinacional de cooperación militar impulsada por el gobierno norteamericano para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio occidental. De manera que, aunque nuestro país no cuenta con un ejército desde el año 1948, hemos asumido compromisos militares de gran envergadura.
Por último, debemos señalar que la expansión del narcotráfico durante los últimos años en Costa Rica ha sido muy significativa. Pese a las medidas nacionales e internacionales para contrarrestarla, esa problemática no deja de expandirse, llegando a extender sus tentáculos hasta ciertas estructuras del Estado y de ciertos partidos políticos.
El propio partido en el poder, el PPSO, enfrenta actualmente serias denuncias por las relaciones de algunos de sus dirigentes con un supuesto lavador de dineros del narcotráfico, un ciudadano nacido en China y nacionalizado costarricense, el señor Goubin Tam Shang. Actualmente, éste espera en una cárcel costarricense para ser extraditado a Estados Unidos (CrHoy.com, 5 de octubre de 2026).
Los comicios electorales de febrero de 2026. El continuismo chavista
Podríamos decir que la trayectoria política de la presidenta Laura Fernández, con tan solo cuarenta años de edad, en buena medida resume el recorrido político-ideológico de nuestro país durante las últimas décadas. Como estudiante de Ciencias Políticas de la UCR, comenzó a acercarse a ciertos círculos políticos del bipartidismo. Fue así como se convirtió en asistente en Casa Presidencial, durante la segunda administración del presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010), electo por el PLN. En esa ocasión, a ella le correspondió estar muy de cerca de la toma de decisiones sobre las cuestionadas estrategias de aquel gobierno para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue en aquella coyuntura, precisamente, cuando se elaboró el tristemente famoso Memorándum del Miedo, al cual nos referimos en páginas anteriores.
Posteriormente, fue contratada como funcionaria en el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), para trabajar en las tareas de la reforma del Estado, siguiendo las políticas dictadas por organismos internacionales en aquel momento.
Luego, alejada de las tiendas liberacionistas, se sumó al proyecto de un nuevo partido conservador denominado Alianza Demócrata Cristiana (ADC), dirigido por el exdiputado social cristiano Mario Redondo. A partir delaño 2014, reelecto éste último como legislador, Laura Fernández se convirtió en su jefa de despacho en la Asamblea Legislativa, vitrina idónea desde donde comenzó a trazar su proyecto personal de ascenso político. En las siguientes elecciones, se convirtió en candidata a la primera vicepresidencia de ese mismo partido (ADC), sin resultados positivos, pero al retornar como funcionaria del MIDEPLAN le tocó coincidir con el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Así se fue gestando aquella particular alianza, la cual hoy día amenaza seriamente la estabilidad social y política de Costa Rica.
Cuando Rodrigo Chaves ganó la presidencia en abril del 2022, nombró a Fernández como ministra de Planificación, primero, y luego como ministra de la Presidencia. Los escalones hacia su candidatura presidencial comenzaban a perfilarse.
Por disposición constitucional, en Costa Rica no existe la reelección presidencial consecutiva, debe esperarse, al menos, un lapso de ocho años. Esa fue la razón que llevó al presidente Chaves a recurrir a su ministra de la Presidencia para que ocupara, transitoriamente, la silla presidencial. Así, en febrero del presente año, Laura Fernández resultó electa presidenta con un 48,3% de la votación, frente a un 33.4% recibido por el candidato del viejo PLN, el Dr. Álvaro Ramos(La Nación, 2 de febrero, 2026).
Habría que agregar un hecho relevante para que se dieran esos resultados tan favorables y fue el apoyo recibido por Fernández de parte del Foro Mi país, una organización que integra a la mayoría de las iglesias neo pentecostales costarricenses, el cual se comprometió, públicamente, a garantizar el voto de sus fieles por el PPSO (El MUNDO,15 de enero, 2026).
Actualmente, Costa Rica vive momentos de gran tensión política, pues el control que ejerce el “super ministro” en los diversos ámbitos del Estado, altera con frecuencia la vida política de nuestro país. Incluso, Fernández, sin que parezca que ese sea un rasgo distintivo de su personalidad, también recurre, a menudo, a un tono muy confrontativo y autoritario, al estilo de Chaves, utilizando un lenguaje tan grotesco que riñe con su apariencia de mujer refinada.
Pasemos ahora a observar los dos cuadros siguientes. Ambos pueden ilustrarnos las diferencias económicas, regionales y electorales, a partir de los resultados de las últimas elecciones, en las cuales resultó electa Laura Fernández. Así mismo, pueden sugerirnos algunas inferencias de interés.
CUADRO No. 1
Costa Rica. Resultados electorales por provincias. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (resultados 1º. de febrero de 2026).
Si observamos el cuadro anterior, podemos notar que, con la excepción de la provincia de Cartago, el chavismo ganó las últimas elecciones en las restantes seis provincias. Además, donde más apoyo obtuvo fue en las provincias de las zonas costeras, donde se encuentran las zonas más empobrecidas de Costa Rica.
CUADRO No. 2
Costa Rica. Índice de pobreza por regiones de Costa Rica. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (Costa Rica, año 2025)
Por su parte, el cuadro No.2, nos muestra los porcentajes de pobreza distribuidos por las diferentes regiones del país. En este caso, debemos aclarar que a las regiones denominadas Chorotega, Pacífico Central y Brunca les corresponden, geográficamente, las dos provincias costeras del Pacífico que son Puntarenas y Guanacaste. Como se observa, ambas se encuentran entre las más empobrecidas del país, sin embargo, fueron dos de las provincias donde la candidata Laura Fernández recibió un mayor porcentaje de votos.
Por otra parte, la región Huetar Caribe, la cual coincide geográficamente con la provincia de Limón, siendo la más pobre de Costa Rica, fue donde el chavismo recibió la mayor cantidad de votos de todo el país.
Por su parte, la situación de las provincias de la zona central, según las cifras de ese cuadro, estuvo menos polarizada en las recientes elecciones, fenómeno que se explica, en buena medida, porque ésta ha sido la región más beneficiada con la redistribución de los recursos del Estado. Esto les ha deparado una mejor calidad en los servicios públicos – educación y salud, principalmente – por lo cual aquí se concentra la mayor parte de la clase media y profesional.
Retos actuales para la izquierda costarricense
Resulta materialmente imposible abordar este complejo tema en pocos párrafos, de manera que haremos tan solo una enumeración de los aspectos que podrían ser tomados en cuenta si la izquierda costarricense se propone recuperar las bases sociales que, en otros momentos, les dieron sustento a sus luchas más relevantes.
Las organizaciones de la izquierda costarricense han experimentado una crisis de larga duración. Factores externos incidieron en ese fenómeno:
a) Su desgaste a lo largo de los años setenta y ochenta, acompañando a los grupos político-militares nicaragüenses y salvadoreños en sus luchas para la toma del poder. A la larga, el fracaso de esos proyectos históricos también ha venido a contribuir con el debilitamiento de las organizaciones de la izquierda nacional.
b) El derrumbe del socialismo en la antigua URSS a fines de la década del ochenta. En ese sentido, la organización más afectada, aunque no la única, resultó ser el Partido Comunista (PVP) al entrar en una etapa de decadencia ideológica y organizativa que pareciera irreversible.
c) Por efectos de dicha crisis, en el interior del país se dio un enorme debilitamiento del movimiento sindical del sector privado, especialmente en las áreas bananeras de las regiones periféricas del país. En este momento, como antes mencionamos, son esos los sectores geográficos donde se ha implantado con más éxito el movimiento religioso neo pentecostal. Así, las iglesias trataron de sustituir a las organizaciones sindicales como elementos de cohesión social, sin embargo, la estrategia para recuperar la organización política de esos sectores aún no parece visualizarse.
d) Otroaspecto de gran complejidad que comienza a percibirse, es la intervención del chavismo en algunas organizaciones sindicales del sector público, especialmente en el sector magisterial. Este fenómeno es el resultado de la cooptación, por parte del chavismo, de un sector de los empleados públicos, quienes también lo han apoyado electoralmente. Su discurso en contra de las “élites corruptas” ha resultado muy efectivo, en tanto le da sentido al resentimiento de los funcionarios del Estado por la pérdida de algunas de sus conquistas sociales esenciales, como su derecho a la huelga y el congelamiento de sus salarios.
e) El Frente Amplio está haciendo grandes esfuerzos, especialmente en el ámbito parlamentario, para recuperar el rol histórico de la izquierda costarricense. Sin embargo, sus esfuerzos de reorganización a nivel nacional aún no dan todos sus frutos. Su fortaleza se concentra en el Valle Central y disputarle el apoyo al chavismo en las regiones periféricases uno de sus mayores retos.
A manera de epílogo
El perjuicio del chavismo en nuestro país se puede constatar en diversos ámbitos. Por ejemplo, está contribuyendo a opacar la imagen internacional de la que, hasta hace poco, gozaba nuestro país como una democracia más abierta y madura con respecto a otros países latinoamericanos. En ella habíamos podido convivir, pacíficamente, diversas corrientes de pensamiento, credo y visiones de mundo.
Un segundo aspecto muy preocupante es la restricción a la libertad de expresión de algunos sectores de la oposición. Inclusive, las acciones coercitivas contra algunos comunicadores y opositores del chavismo han comenzado a trascender internacionalmente.
En los últimos tiempos han salido a la luz pública diversas denuncias de acoso policial en contra de algunos periodistas o activistas de la oposición. Inclusive, algunos comunicadores han decidido exiliarse en el extranjero para protegerse de eventuales agresiones de parte de activistas del chavismo y, particularmente, de los seguimientos policiales desde Casa Presidencial. Dos casos ilustran esa grave problemática, el de la activista Silvia Ziesing y el del comunicador Eric Sojo, director de la emisora Radio Zurquí. Ambos han recibido, incluso, amenazas de muerte de manera anónima. Por su parte, el cantante Kevin López – conocido como Kevlo – también ha tenido que acogerse a un programa especial de protección debido a sus publicaciones en las redes sociales con críticas hacia el chavismo(Universidad, 30/setiembre/2026).
Otro de los casos más conocidos es el de la comunicadora Stella Chinchilla quien ha sido denunciada, junto a otros comunicadores y activistas, ante la Fiscalía General de la República, como sospechosa de participar en un presunto plan para asesinar al ex presidente Rodrigo Chaves(Repretel/14 de enero/2026). Fue denunciada por la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS), adscrita a la Casa Presidencial, con base en seguimientos de supuestas conversaciones digitales. Chinchilla se ha distinguido en nuestro país por haber estado siempre ligada a la protesta social.
Sin embargo, ciertos sectores han dejado el temor de lado y han comenzado a manifestarse en contra de los abusos del chavismo. Hasta ahora, la respuesta más contundente ha sido una gran manifestación realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, en la ciudad capital. El objetivo principal fue expresar el descontento ciudadano por las intromisiones del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial, y, en general, contra el autoritarismo manifiesto desde la Casa Presidencial. Ese plantón se hizo extensivo a otras regiones del país y su gran éxito ha sido un estímulo para los movimientos opositores (www. La Teja.cr). Este ha sido uno de los primeros pasos, entre otros, que está impulsando la organización popular para promover nuevas movilizaciones en contra del autoritarismo que hoy amenaza a la sociedad costarricense.
Lo planteado en estas páginas constituye tan solo una primera aproximación para tratar de comprender cómo los fenómenos aquí señalados se han entrelazado para dar cabida al surgimiento de una nueva etapa en la historia costarricense. Ello, en un contexto internacional caracterizado por la hegemonía de la extrema derecha, o aún más, como señala el historiador Enzo Traverso, por el arribo del posfascismo del siglo XXI (Traverso, 2025).
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