Ir al contenido principal

Tregua Bajo Sospecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Cuando el imperio habla de “alto al fuego”, los pueblos no pueden darse el lujo de ser ingenuos, porque el imperialismo (ese viejo zorro) no se detiene, se reacomoda, no descansa, calcula; no negocia por debilidad, sino por conveniencia.

Recordemos que la historia ya nos ha enseñado (desde la Guerra de Vietnam hasta las invasiones en Irak), que muchas veces las pausas no son para la paz, sino para recargar los fusiles, reordenar tropas y afinar la maquinaria de muerte.

Hoy, en medio de la confrontación entre EEUU, Israel e Irán, nos venden un “alto al fuego” de dos semanas. Pero aquí nadie debe confundirse, esto no es paz, es pausa táctica. Dos semanas que, más que un respiro humanitario, huelen a cálculo militar. ¿Qué significa realmente este paréntesis? ¿Un camino hacia la negociación o un simple tiempo muerto para preparar el próximo golpe?

Dos semanas, tiempo suficiente para rearmarse, reorganizarse y volver a golpear, según una gran mayoría de las opiniones, hipótesis y cuestionamientos.

Porque, si algo ha quedado claro en este conflicto, es que Irán no es Irak, no es Libia, no es un país fácil de arrodillar, Irán es otra cosa.

Es un Estado con estructura, con ideología, con una base militar que, aunque golpeada, sigue operativa. Es un país que ha resistido décadas de sanciones, sabotajes, guerras indirectas y amenazas abiertas, y, aun así, no ha caído.

Incluso en medio de los bombardeos, la realidad muestra una contradicción poderosa, mientras la economía civil sufre duramente (con inflación por las nubes, desempleo y destrucción de infraestructura), su aparato militar y su capacidad de resistencia siguen funcionando.

Esto no es poca cosa. Eso significa que no estamos frente a un país derrotado, sino frente a un país golpeado, pero en pie.

Y ahí está el punto clave que el discurso occidental imperial intenta ocultar, porque, si Irán no está derrotado, entonces ¿qué significa este alto al fuego? ¿Un gesto de buena voluntad o una señal de que la ofensiva no logró quebrarlo?

Más aún, el propio contexto revela que este “descanso” no nace del humanismo, sino del miedo al descontrol. Porque el conflicto ya estaba comenzando a sacudir el corazón del sistema mundial, el petróleo.

Es obvio, el simple anuncio del alto al fuego hizo caer los precios energéticos a nivel global, mostrando hasta qué punto esta guerra amenaza la estabilidad económica del planeta, y esto no es casualidad.

Irán controla una de las arterias más sensibles del capitalismo global, el Estrecho de Ormuz. Desde ahí puede abrir o cerrar la llave energética del mundo, y ya lo ha demostrado, aplicando bloqueos selectivos y controlando el paso de buques según sus intereses.

Eso no lo hace un país débil; eso lo hace un actor estratégico de primer orden; por eso entra en escena otro jugador clave, China.

China se mueve por beneficios, y su mayor temor no es la guerra en sí, sino sus consecuencias, quedarse sin energía, ver frenado su crecimiento, perder su lugar en la disputa global.

Entonces, todo apunta a lo evidente, China empuja a Irán a negociar para salvarse a sí misma. Evitar una guerra total en el Golfo es, para Beijing, una cuestión de supervivencia estratégica.

En fin, China depende en gran medida del petróleo que llega desde esa región. Un conflicto prolongado habría significado perder casi la mitad de sus importaciones energéticas marítimas. En otras palabras, un golpe directo a su economía y a su proyecto de convertirse en la principal potencia global.

Entonces, ¿qué hizo China? Jugar al ajedrez.

Presionar a Irán para aceptar un alto al fuego no es rendirse; es evitar una guerra total que podría frenar su ascenso histórico, es decir, es estrategia.

Pero eso también revela otra verdad incómoda, Irán no negocia solo; Irán juega en bloque, y eso cambia todo.

Ahora bien, mientras unos presionan para negociar, otros se preparan para continuar la guerra, porque el imperialismo no acepta fácilmente condiciones.

Aceptar las “diez condiciones” de Irán (como se ha planteado) sería, en términos políticos, una bofetada al discurso de la supremacía imperial estadounidense. Sería reconocer que, después de sanciones, amenazas y bombardeos, no pudieron imponer su voluntad. ¿Esto es derrota? Para el relato imperial, sí.

Pero, en la práctica, el imperialismo no funciona en blanco y negro, retrocede hoy para avanzar mañana, negocia hoy para golpear después.

Por eso, este alto al fuego genera más dudas que certezas, porque, mientras se habla de negociación, la realidad interna de Irán también arde, crisis económica, tensiones sociales y medidas diversas que muestran que el país está bajo una presión brutal.

Es decir, Irán resiste hacia afuera, pero también enfrenta tensiones hacia adentro y, aun así, no se rinde, y esto es lo que más preocupa al poder global.

Porque un país que resiste sanciones, guerra y crisis interna sin colapsar es un mal ejemplo para el resto del mundo; es un mensaje peligroso para los pueblos, que el imperio no es invencible.

Por eso, este alto al fuego no debe leerse como el final del conflicto; debe leerse como lo que probablemente es, una pausa cargada de tensión, donde todos se preparan para el siguiente movimiento.

Esperando que ese “alto al fuego” no sea la antesala de una tormenta mayor; porque, si algo está claro, es esto, la paz verdadera no se construye en dos semanas, ni bajo amenazas ni bajo chantajes geopolíticos, se construye cuando los intereses de los pueblos pesan más que los negocios de la guerra.

EEUU e Israel reorganizando su maquinaria militar. China asegurando su suministro energético. Irán resistiendo, negociando, pero sin arrodillarse. Y no hemos hablado de Rusia e Israel.

Y los pueblos del mundo, una vez más, en medio del fuego cruzado de intereses que no son los suyos. Porque aquí no se está discutiendo solo un acuerdo, se está disputando algo más grande, quién manda en el mundo y hasta dónde puede resistir quien se atreve a decir que no.

Finalizando este escrito, las noticias no nos sorprenden al informarse que Israel viola el alto al fuego al bombardear lugares del Líbano; y, a la inversa, el Líbano viola supuestamente la tregua al atacar a Israel.

Y lo más inaudito, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, afirmó este miércoles que el acuerdo del alto al fuego acordado con Irán la jornada anterior, no incluye el cese de ataques contra el Líbano, calificando la situación como “un malentendido legítimo”: “Ni nosotros ni los israelíes dijimos que el Líbano fuera a formar parte del alto al fuego”, insistió.

Lo cual revela lo voluble, lo inconstante y lo impredecible de esta llamada “tregua”.

La carrera espacial no tiene un solo vencedor: desmontando el relato supremacista

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz para SURCOS

En medio de la escalada retórica de la administración de Donald Trump, ha emergido un intento por reescribir la historia de la carrera espacial, atribuyendo a Estados Unidos un liderazgo pionero absoluto —incluida la exploración de la cara oculta de la Luna y los hitos en diversidad dentro de la tripulación espacial. Sin embargo, los datos históricos y la dinámica actual desmienten con claridad esa narrativa.

Fue la Unión Soviética la que inauguró la era espacial con el Sputnik en 1957, envió al primer ser humano al espacio con Yuri Gagarin en 1961, y abrió también el camino en términos de inclusión: en 1963, la misión Vostok 6 llevó a Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio. En el terreno lunar, la sonda Luna 3 captó en 1959 las primeras imágenes del lado oculto de la Luna, seguida por el primer alunizaje suave (1966) y el despliegue del primer vehículo robótico (1970). En 1980, con la misión Soyuz 38, la URSS llevó al espacio al primer afrodescendiente, el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez.

Lejos de ese relato unilateral, la República Popular China ha consolidado una estrategia sostenida que ya produjo hitos inéditos, como el primer alunizaje en la cara oculta de la Luna en 2019. Pero más relevante aún es la lógica que subyace a su programa: planificación a largo plazo, continuidad institucional y objetivos estratégicos claros.

Como advierte el análisis publicado en Diario Red por Eduardo García Granado, la actual “carrera lunar” no se definirá por gestos espectaculares, sino por la capacidad de establecer una presencia permanente. En ese terreno, el programa estadounidense aparece atravesado por la urgencia y la incertidumbre, mientras que el chino avanza con mayor previsibilidad, financiamiento estable y una hoja de ruta coherente orientada incluso a la instalación de bases en el polo sur lunar.

En ese contexto, el lanzamiento de la misión Artemis II a inicios de abril adquiere un significado que trasciende lo tecnológico. Más allá de sus objetivos declarados, ocurre en un momento en que la popularidad de Trump no alcanza el 40%, lo que permite leerlo también como un recurso de reposicionamiento político interno. La apuesta por un hito mediático se inscribe así en un intento por contrarrestar el desgaste de su imagen, marcado por errores de cálculo en la escalada contra Irán y por las consecuencias humanitarias de la ofensiva impulsada junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Así, aunque Estados Unidos pueda lograr nuevos hitos en el corto plazo, ello no garantiza primacía estratégica en el nuevo ciclo espacial, donde la clave ya no es “llegar primero”, sino “quedarse”.

La historia —y el presente— de la exploración espacial no responde a una supremacía única, sino a una disputa prolongada entre modelos tecnológicos, políticos y geopolíticos. Reescribirla como epopeya nacional no solo distorsiona los hechos: también revela la ansiedad de una potencia que percibe en ascenso a sus competidores.

Panel abordará situación de la prensa ante discursos de deslegitimación

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El programa radial Alternativas organiza un panel de análisis titulado “La prensa nacional y alternativa: ante la mordaza velada, bajo el estribillo de ‘prensa canalla’”, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en el contexto actual y los desafíos que enfrentan frente a discursos que buscan desacreditarlos.

La actividad se realizará el 10 de abril de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de diversas plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, YouTube y Spotify, así como por emisoras aliadas.

Un espacio para el análisis crítico

El panel propone responder preguntas clave como: ¿qué se hace, qué falta y cuáles tareas están pendientes en relación con la defensa de la prensa?, en un contexto donde se han intensificado los cuestionamientos hacia los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos.

El encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre la libertad de expresión, el rol del periodismo en la democracia y las tensiones existentes entre el poder político y los medios.

Personas panelistas

El panel contará con la participación de:

  • Martín Chinchilla Castro, periodista y comunicador social, ex presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica y excandidato presidencial.

  • Efraín Valverde Moreno, consultor internacional en derechos humanos e investigador socioambiental, con trayectoria en comunicación alternativa.

  • Rafael Ugalde Quirós, abogado, notario y periodista, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

  • Martín Rodríguez Espinoza, comunicador y analista político, secretario de comunicación del Partido Vanguardia Popular y director del periódico Libertad y Ecos del 56 TV.

Producción y transmisión

El programa Alternativas es producido por el Colectivo Reflexión-Acción y se transmite desde diciembre de 2023. Para esta actividad contará con el apoyo de emisoras amigas, entre ellas:

  • Radio Guanacaste 106.1 FM

  • Radio Soberanía

  • Radio Revolución

  • 506 Ondas Alajuelita

  • 97.3 FM Voces Libertarias

La actividad está abierta al público mediante sus transmisiones en línea, promoviendo la participación y el debate sobre el presente y futuro de la comunicación en el país.

Frente al repliegue de derechos: la interseccionalidad como estrategia política

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Rodrigo Campos Hernández

Las recientes decisiones en materia de política exterior y derechos humanos en Costa Rica no son hechos aislados. Forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración política que exige ser comprendido en toda su complejidad.

El momento político que atraviesa Costa Rica no puede ser leído únicamente como una sucesión de decisiones aisladas en materia de política pública o política exterior. Lo que estamos presenciando es, más bien, una reconfiguración del campo político y simbólico en el que históricamente se han sostenido las luchas por los derechos humanos en el país.

En este contexto, el debilitamiento de espacios internacionales de diálogo en materia de derechos, el desplazamiento de prioridades hacia agendas de seguridad y la erosión progresiva del lenguaje de derechos humanos no afectan a un solo grupo en particular. Sus efectos son múltiples, acumulativos y profundamente interrelacionados.

Es aquí donde la interseccionalidad deja de ser una categoría descriptiva para convertirse en una necesidad política.

No estamos frente a luchas separadas. Las afectaciones que hoy experimentan las personas LGBTIQ+, las mujeres, las personas trabajadoras, las poblaciones migrantes o quienes dependen de la educación y la salud públicas no ocurren en compartimentos estancos. Son expresiones diversas de una misma transformación estructural que redefine prioridades, redistribuye poder y reorganiza las condiciones de inclusión y exclusión en la sociedad.

Insistir en respuestas fragmentadas frente a procesos que son, en sí mismos, estructurales, no solo resulta insuficiente, sino que contribuye —aunque sea involuntariamente— a la reproducción de las mismas condiciones que se pretende transformar.

La interseccionalidad, en este sentido, no debe entenderse como una suma de identidades o como un catálogo de reivindicaciones particulares, sino como una forma de comprender la realidad que permite identificar los puntos de convergencia entre distintas formas de desigualdad y, a partir de ello, construir estrategias comunes.

Esto implica un desafío inmediato para las organizaciones sociales: abandonar el sectarismo como forma de posicionamiento político.

El sectarismo fragmenta, debilita y limita el alcance de cualquier lucha. En cambio, la articulación —aunque más compleja— amplía la capacidad de incidencia, fortalece la legitimidad y permite disputar el sentido de lo público desde una base más amplia.

No se trata de diluir las demandas específicas de cada grupo, sino de reconocer que ninguna de ellas puede sostenerse plenamente en aislamiento.

La historia reciente de Costa Rica ha demostrado que los avances en derechos han sido posibles cuando distintas fuerzas sociales, institucionales y políticas han logrado converger, aun en medio de diferencias. Hoy, frente a un escenario que tiende a reconfigurar esas conquistas, esa lección adquiere una renovada vigencia.

La interseccionalidad, entonces, no es solo un marco analítico. Es una estrategia.

Una estrategia que exige diálogo, apertura, capacidad de escucha y, sobre todo, voluntad de construir en común.

Si el momento actual se caracteriza por la reorganización de la hegemonía, la respuesta no puede ser la dispersión de las resistencias.

Debe ser, por el contrario, su articulación consciente, sostenida y estratégica.

Hoy más que nunca, las organizaciones sociales están llamadas a dar un paso adelante:

• a reconocerse mutuamente,

• a construir agendas compartidas,

• a coordinar acciones más allá de sus diferencias,

• y a asumir que ninguna lucha será suficiente si se libra en soledad.

El tiempo que viene no admite fragmentación. Exige claridad, compromiso y acción colectiva.

La obscenidad del poder: nuevo giro político de la dominación contemporánea

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Entre negocios, espectáculo y dominación, lo obsceno deja de ser excepción para convertirse en regla.

Hay escenas que condensan una época. Por ejemplo, una investidura presidencial en los Estados Unidos, rodeada de magnates tecnológicos y grandes fortunas no es una simple noticia ni un exceso de protocolo; es la expresión visible de una mutación en las formas de dominación contemporáneas. Esa imagen no revela solo la cercanía entre poder político y poder económico —que siempre ha existido-—, sino un cambio profundo en la forma en que el poder se exhibe, se ejerce y se legitima.

La separación ficticia, pero necesaria, entre el interés público y los intereses privados nunca fue absoluta, pero operó durante largo tiempo como principio normativo. Gobernar en democracia implicaba, al menos en el plano formal, mantener una distancia prudente respecto a la acumulación directa de riqueza, así como una moderación en las formas de ejercer autoridad, sobre todo para el beneficio privado de los gobernantes.

Hoy esos límites se han vuelto crecientemente porosos. Tanto en la política internacional como en los contextos locales, irrumpe un tipo de actor que transita con naturalidad entre los negocios y la política. No es solo el empresario que incursiona en la política, ni el político que se aprovecha de su posición para lucrar. Es una figura híbrida que convierte el poder en un recurso de valorización múltiple: económica, simbólica y mediática.

El caso de Donald Trump resulta paradigmático no porque sea único, sino porque revela cómo, según orienta el marketing político, la presidencia puede funcionar simultáneamente como plataforma política, marca personal y entorno de negocios. Pero más allá de los conflictos de interés —que no son menores—, lo que importa es su naturalización. Lo que antes debía ocultarse o justificarse, ahora se exhibe sin reservas.

La metamorfosis no es solo económica. Junto con esa nueva fusión entre poder y acumulación de riqueza, cambian también los códigos culturales del quehacer político. El poder ya no se ejerce únicamente como autoridad institucional o liderazgo programático: se despliega como espectáculo, como performance, como presencia mediática.

El precedente de Silvio Berlusconi ayuda también a entender esta deriva. Durante años, su figura articuló de manera singular poder político, imperio mediático y escándalos sexuales, en un contexto donde la cosificación de las mujeres y la banalización del poder se volvieron parte del paisaje público. Lo que entonces parecía una anomalía hoy adquiere una resonancia más amplia.

La relación entre poder y escándalo no se agota, sin embargo, en figuras individuales. El caso de Jeffrey Epstein puso al descubierto no solo una red global de explotación sexual, sino también las conexiones entre riqueza, influencia y encubrimiento que permitieron su operación. Más que episodios aislados, estos entramados revelan circuitos donde el abuso, los favores y la impunidad operan como parte de economías clandestinas que se entrelazan con espacios de poder.

Cuando estas prácticas son asumidas como un patrón del ejercicio del poder, desnudan la decadencia en las formas de dominación y subordinación. Es ahí donde la obscenidad deja de ser solo un exceso —como en el imperio de Calígula— para revelarse, no en un sentido moralista, sino como parte de las estratagemas de control: aquello que se muestra sin pudor, que rompe los límites de lo que antes debía permanecer fuera de la escena pública.

Surge así una dimensión difícil de ignorar: la creciente perversidad de la dominación. En ella puede observarse cómo ciertos liderazgos incorporan una retórica y una gestualidad donde el cuerpo, la virilidad, el insulto, la humillación y el abuso ocupan un lugar central.

La obscenidad del poder se expresa en varios registros. En el lenguaje, a través del insulto y la caricaturización del adversario. En la gestualidad, mediante la exhibición de una masculinidad amenazante que impone autoridad más por intimidación que por argumentación. Y en la cultura política, en la normalización de prácticas que trivializan la desigualdad de género y de clase, y refuerzan jerarquías simbólicas.

Estos elementos funcionan como medios de dominación que articulan lenguaje, cuerpo y jerarquía. El insulto no es solo una falta de respeto: es un mecanismo de anulación simbólica. La sexualización del discurso no solo es vulgar: es una forma de marcar dominio, de convertir al otro —en particular a las mujeres— en objeto, y de establecer jerarquías que desplazan el debate racional.

No se trata únicamente de una devaluación del lenguaje público, sino de la transformación de la política en un espacio donde la dominación se exhibe sin mediaciones y donde la deliberación cede ante la imposición y la teatralización de la autoridad. Lo que se exhibe sirve también como mecanismo encubridor.

Este tipo de liderazgos, que suele presentarse como “auténtico”, “directo” o “sin filtros”, funciona porque conecta con un clima social marcado por la ansiedad, la frustración, el desencanto y la ira. Allí donde amplios sectores experimentan inseguridad material y desconfianza institucional, el discurso agresivo encuentra resonancia.

Pero esa conexión no es espontánea. Se construye. La agresividad canaliza malestares difusos; el desprecio por las normas se presenta como rebeldía; y la ostentación de poder —económico o simbólico— se interpreta como eficacia.

En ese marco, la política deja de ser percibida como un espacio de mediación entre intereses diversos y pasa a definirse como el terreno del más fuerte. No del que puede convencer, sino del que logra vencer. No se trata de deliberar, sino de doblegar.

Esta mutación tiene consecuencias más profundas de lo que suele admitirse. Al desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, la autoridad política pasa a operar como un recurso disponible para la acumulación, el exhibicionismo y el encubrimiento. Al mismo tiempo, se transforman las condiciones de la vida democrática: la política deja de ser racional y el conflicto político se tramita mediante la descalificación. No estamos solo ante un cambio de estilo, sino ante una alteración en la forma en que se produce legitimidad.

Cuando la obscenidad del poder consuma la transgresión de límites —en el lenguaje, en los gestos, en la exhibición de la dominación—, lejos de debilitar a estos liderazgos, puede reforzarlos. La falta de pudor se convierte, paradójicamente, en un recurso de autenticidad.

Pero esa eficacia tiene un costo. Se erosionan los vínculos sobre los que descansa cualquier comunidad política civilizada. Cuando el autoritarismo se vuelve espectáculo, la desigualdad deja de ser un problema y empieza a ser aceptada como valor.

Por eso, el desafío no es únicamente ético y comunicacional. Es político en un sentido más profundo: remite a la manera en que se reconfiguran las relaciones entre poder, sociedad y cultura.

Frente a este escenario, la respuesta no puede reducirse a la denuncia moral ni a la nostalgia. Implica reconstruir condiciones que limiten esa captura privada y obscena del poder, pero también desmontar los códigos culturales que hoy le otorgan legitimidad.

Mientras esa forma de dominación basada en la imposición siga siendo percibida como eficacia, seguirá encontrando adhesión.

Y ahí se juega lo esencial: si el poder se ejerce como forma de apropiación privada o como servicio al bien común.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La defensa del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Corren tiempos difíciles para defender al Poder Judicial y a sus órganos auxiliares (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública). Pero tenemos que hacerlo sentando la primera diferenciación: una cosa es el entramado institucional y otra, muy distinta, las personas que circunstancialmente lo representan. Además, en un cuerpo tan amplio y complejo como el Poder Judicial costarricense, no es válido hacer generalizaciones. Hay de todo como en cualquier conglomerado humano. No creo equivocarme si digo que, a todo nivel, es más la gente íntegra y trabajadora que la corrupta o negligente.

Otra cuestión que debe quedar muy clara es que, en democracia, una cuestión es criticar las instituciones para mejorarlas, y otra, la opuesta, levantar señalamientos para demolerlas y arrasar con el sistema democrático mismo.

El primer gesto de defensa institucional consiste, entonces, en reconocer lo que ha andado mal por muchos años –nostra culpa-, esos crónicos males sin resolver, como la insostenible duración de los procesos; la pésima calidad de las investigaciones; la mediocre calidad jurídica de resoluciones y sentencias; la ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento profesional del funcionariado y las abusivas prácticas de los litigantes; la tozuda resistencia de la cúpula a impulsar las transformaciones urgentes o a soportar las evaluaciones externas. Lo anterior sólo para mencionar algunas de las cuestiones más sensibles a las que no se ha dado respuesta.

A esto hay que agregar las cíclicas crisis del sistema por escándalos de corrupción, a saber, influencia de la peor política en decisiones trascendentales (reelección presidencial, manoseo de la Constitución en leyes de implementación del TLC, impunidad en el juzgamiento de líderes políticos y miembros de los supremos poderes, para solo dar algunos ejemplos) y, ahora, la amenazante infiltración del crimen organizado en la sociedad y los poderes públicos, incluido el sector justicia.

La estrategia de quienes se sienten autorizados a cuestionar el sistema tradicional en su conjunto, sea blandiendo motosierras, lanzallamas o jaguares desbocados, han alzado la bandera de cambiarlo todo… Pero como ya sabemos, para que nada cambie.

¿Qué sentido puede tener la consigna del cambio si en el fondo se trata del adagio, tan caribeño, de quítate tú pa´ ponerme yo? ¿Qué avance significativo puede haber si no le entramos, en serio, al mejoramiento del servicio público de justicia, a las respuestas en tiempos razonables, los procedimientos interminables, la calidad de las investigaciones, el control disciplinario sobre los que no dan la talla o no consiguen tener un mínimo de destrezas en resoluciones y sentencias? ¿Qué vamos a ganar si no reconocemos que a estas alturas del sigo XXI no podemos seguir arrastrando un modelo de organización y funcionamientos del Judicial anclado en el siglo XIX? ¿Hasta cuándo vamos a deslindar, de una vez por todas, la función jurisdiccional (a cargo de los tribunales de todas las categorías), de la función de gobierno y administración (ejercido por un órgano especializado que sustituya a la Corte), fuente de toda burocratización e ineficiencia del Poder Judicial? ¿De qué nos va a servir que nuevas mayorías parlamentarias aspiren a renovar la Corte Suprema si, en lugar de los amigos de otros, van a colocar a sus propios amigos, perpetuando la mala práctica de relegar a las y los mejores para asegurar influencias en caso de requerirse?

Estamos al borde de un abismo autoritario donde el ideal transformador es Nayib Bukele, caudillo salvadoreño, es decir, un Ejecutivo que concentre todo el poder, que pueda hacer y deshacer sin controles republicanos; un régimen que no dé cuentas al parlamento y menos aún a los jueces y demás entidades contraloras; un “orden” de vida cimentado en el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales. Pero hay que reconocer, con mucha desazón, que hemos llegado hasta aquí porque por décadas no corregimos lo que anduvo mal. Estamos desmantelando el estado social de derecho a pellizcos; engendramos una sociedad cada vez más violenta, desigual e inequitativa; caímos en el dogma de la reducción del Estado y la desfinanciación de servicios públicos básicos.

Han sido muchos los expulsados del sistema escolar y quienes no gozan de garantías sociales y laborales mínimas. Las fuerzas políticas dominantes creyeron que podían hacer con las instituciones, los nombramientos y las políticas públicas lo que conviniera a sus particulares intereses, olvidándose de las grandes mayorías, los sectores más vulnerables, los marginados y desplazados, buena parte de los cuales han concurrido a votar en masa por el continuismo chavista, la voz que insulta, despotrica e injuria, pero que de alguna manera – o quizá precisamente por eso- ha logrado canalizar todo el descontento real y legítimo de la gente. Detenerse a oír las “soluciones” propuestas de la Presidenta electa, centradas en la implementación de la “mano dura”, o bien en la abrogación de derechos, libertades y garantías constitucionales, solo puede producir vértigo, ya sea por la vacuidad de las consignas, ya sea por la amenaza de vivir en una sociedad sin estado de derecho.

Cuánto tiempo proseguirán las cosas sin que nada cambie lo veremos en cuestiones muy concretas: la organización y funcionamiento del Poder Judicial seguirá siendo la misma; a las nuevas fuerzas políticas le convendrá mantener una cúpula judicial que concentre poderes, anacrónica e ineficiente, que se ponga a disposición de las mayorías legislativas y ejecutivas de última hora y a la que se le pueda echar la culpa de todo lo que no funciona; un “nuevo” Poder Judicial que le pase por encima a la Constitución y a la propia madre si con eso complace a los poderosos de turno. Ya hay un adelanto de esto si nos fijamos en el grupito de magistrados (as) que votaron en contra del pase a la Asamblea Legislativa de los casos contra Chaves.

Cuánto seguirán las cosas como están, lo sabremos cuando se entienda que la manifiesta impunidad en procesos contra gentes con poder político o económico, es un problema crónico y estructural, que juega a favor de los corruptos (empresarios en colusión con funcionarios), cálculo que ya estarán haciendo los herederos de última generación de quienes confunden la cosa pública con la privada, el interés personalísimo con el bien común, los recursos de todos con el aprovechamiento de unos pocos. Todo lo cual no es monopolio de unos u otros líderes o partidos, los tradicionales o los recién llegados, sino del modo de operar el sistema mismo, diseñado para que corrupción e impunidad se terminen consumando más allá de personajes y engranajes. La cruda verdad que tenemos que enfrentar no es que haya corruptos por aquí o por allá, lo que debemos comprender es que las reglas del sistema mismo son las corruptas: un neoliberalismo que ve oportunidades de negocio en la gestión gubernativa y en cualquier inversión con dineros públicos. Por eso su obsesión privatizadora, su famosa estrategia de alianzas público-privadas y la precarización de servicios para obligarnos a todos a pagarlos en lo privado.

Confirmaremos que las cosas siguen como están cuando un día, –¡oh sorpresa!- las empresas constructoras de siempre sigan ganando los licitaciones de obra pública, por ejemplo, para construir la nefasta mega-cárcel o el complejo de la ciudad gobierno; sabremos asimismo que nada ha cambiado cuando veamos que la obra pública en salud (hospitales regionales, la Torre del Hospital de Niños), y en educación (el deterioro edilicio de escuelas y colegios), seguirán enfrentando trabas y retrasos, para crear necesidades artificiales que le permitan, a quienes ven en la sanidad y la instrucción una mercancía más, hacerse ricos mientras amplios sectores se quedan sin acceso a estos derechos indispensables. Y en fin, para no hacer la lista interminable, las cosas seguirán como están cuando los grandes financistas de campañas electorales sigan apostando al caballo ganador, o bien si la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, dicta su reglamento para hacer nombramientos de Corte y otros altos cargos, a la medida de la coyuntura que le favorece, ignorando a los aspirantes con mejores atestados y experiencia, sacrificando, una vez más, la excelencia independiente por la mediocridad servil.

No se sostiene la crítica de que los hechos irregulares o de corrupción que emergen en la Corte Suprema son responsabilidad del mismo Poder Judicial, puesto que las designaciones de magistraturas son resorte de la Asamblea Legislativa y, hasta donde lo confirman los hechos, la Corte más bien ha cumplido con los procedimientos para disciplinar y enjuiciar a los magistrados envueltos en este tipo de infracciones. Tampoco es cierto que esta cuestión sea exclusiva responsabilidad del bipartidismo PLN/PUSC, la famosa “red de cuido”, dado que desde hace 24 años han concurrido muchos partidos en la designación de miembros de Corte y, al día de hoy, la gran mayoría ya no fueron electos por esa situación política.

Tampoco puede aceptarse la crítica lanzada contra el Poder Judicial como supuesto responsable de la grave situación de violencia criminal y la consiguiente impunidad. La acusación no resiste un serio análisis porque es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Judicial, la función constitucional de mantener la seguridad, el orden público y la prevención del delito por medio de sus cuerpos policiales. Los tribunales de justicia, los fiscales y la policía técnica judicial intervienen cuando ya el hecho delictivo ha sido tentado o consumado, en una función estrictamente punitiva. Tampoco es de recibo la crítica de que la impunidad es responsabilidad del sistema de justicia en razón de que policía administrativa (Fuerza Pública) cumple con su deber deteniendo a los presuntos responsables y, en cuestión de horas, jueces y fiscales los ponen en libertad (puerta giratoria), ya que, al formularse el señalamiento, no se da ni un solo dato de, en cuántos casos ocurre esto, si el trabajo policial ha sido bien hecho respetándose derechos fundamentales, y si las razones del actuar judicial está bien o mal justificado. Esta descalificación omite, en cambio, considerar que Costa Rica, en los últimos treinta años, no sólo se ha abusado de la prisión preventiva sino que en números macro, se ha pasado de tener una tasa de prisionización de 100 presos por cada 100 mil habitantes, a una que ronda en la actualidad los casi 400 prisioneros por 100 mil habitantes. Este es un fenómeno prácticamente implosivo, que revela una deriva punitiva centrada en el encierro, que para bien o para mal, esta es una sociedad que ha apostado por encarcelar cada vez más gente y que es falsa la acusación de indolencia o alcahuetería del sistema penal. Es evidente que el frío no está en las cobijas, sino en ese modelo económico que ha abandonado el estado social de derecho inclusivo (estado de bienestar), por el excluyente y divisivo sistema de libérrimo mercado.

En fin, cuando uno oye al Presidente de la democrática República de Costa Rica, la misma que tiene más maestros que soldados, referirse a la Corte Suprema como “…un cáncer, una bolsa de pus…”, aparte de sentir que hemos tocado fondo, sólo cabe la pregunta: ¿de dónde surge tanto odio? La respuesta es muy sencilla: es el odio del autócrata que no controla a los jueces a su gusto y antojo… al menos hasta ahora.

Una última interrogante se impone: ¿hasta cuándo los demócratas auténticos impulsaremos los cambios que nos vacunen contra el reino de los tiranuelos populistas?

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar…

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Cuando la Doctrina Monroe vuelve a hablar: lenguaje, poder y soberanía en el hemisferio. A propósito del discurso del secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles del 5 de marzo de 2026.1

1 Este es un ejercicio de lectura crítica sobre el discurso de seguridad hemisférica actual.

1. Introducción: cuando el lenguaje reorganiza la realidad1

El discurso que aquí se analiza fue pronunciado por el secretario de Defensa de Estados Unidos en el marco de una convocatoria impulsada por el presidente Donald Trump en Florida, en la que participaron diversos presidentes y ministros de seguridad de América Latina y el Caribe.

El encuentro tenía como objetivo articular una estrategia regional de seguridad —incluido el denominado “Escudo de las Américas”— orientada a fortalecer la lucha contra los carteles y otras amenazas transnacionales.

El contexto no es menor. Se trata de un momento de reconfiguración geopolítica, en el que se redefinen alianzas, amenazas y marcos de acción en el hemisferio. El emisor habla desde una posición de poder estatal con capacidad de incidir materialmente en la región, mientras que los receptores —autoridades políticas y de seguridad— son potenciales traductores institucionales de ese discurso.

En este punto, una pregunta resulta inevitable: ¿qué sentido tiene realizar un análisis de este tipo?

La interrogante no es menor. A primera vista, podría parecer que se trata de un ejercicio meramente interpretativo, sin consecuencias prácticas inmediatas. Sin embargo, en contextos como el actual, los discursos no son simples declaraciones. Funcionan como dispositivos que orientan decisiones, legitiman políticas y delimitan lo que aparece como posible o necesario.

Analizar un discurso de esta naturaleza no es, por tanto, un ejercicio teórico abstracto. Es una forma de intervenir críticamente en las condiciones mismas en que se toman decisiones públicas.

Para América Latina, esta cuestión adquiere una relevancia particular. Históricamente, la región ha sido escenario de múltiples formas de influencia externa, muchas de ellas justificadas precisamente a través de narrativas que apelan a la seguridad, el orden o la estabilidad. En ese sentido, comprender cómo se construyen esas narrativas permite también reconocer sus implicaciones políticas.

En el caso de Costa Rica, el análisis resulta especialmente significativo. Se trata de un país cuya tradición política se ha construido en torno a la institucionalidad democrática, el derecho internacional y la ausencia de fuerzas armadas. La incorporación acrítica de marcos discursivos que privilegian la lógica de seguridad militarizada no es un movimiento neutro: puede implicar transformaciones profundas en la forma en que se conciben la seguridad, la soberanía y el papel del Estado.

Hay discursos que no necesitan exagerar para ser efectivos. Les basta con organizar cuidadosamente el lenguaje. No se imponen por la fuerza de sus afirmaciones, sino por la forma en que seleccionan, ordenan y silencian. En consecuencia, este trabajo parte de una hipótesis: “la eficacia del discurso analizado no radica en su contenido explícito, sino en su arquitectura semántica”.

Debemos tener claro, entonces, que hay discursos que no solo buscan persuadir: buscan reorganizar el mapa mental desde el cual una sociedad decide qué teme, qué tolera y qué está dispuesta a aceptar en nombre del orden. El discurso de Pete Hegseth pertenece a esa clase de discursos.

Su relevancia no radica únicamente en sus afirmaciones explícitas, sino en algo más profundo: en la forma en que articula una nueva gramática política para el hemisferio. Bajo el lenguaje de la seguridad, la cooperación y la defensa, se perfila una reconfiguración de las relaciones entre Estados que merece ser examinada con cuidado. Es en este sentido, que este trabajo propone una lectura distinta: no centrada en la reacción inmediata, sino en el análisis de las estructuras semánticas y discursivas que sostienen el mensaje.

2. Enfoque metodológico

El análisis se inscribe en el campo del análisis crítico del discurso. No se trata de determinar si el texto es verdadero o falso, sino de identificar: a. los nudos semánticos que organizan su coherencia, b. las operaciones lingüísticas que permiten su funcionamiento, c. los desplazamientos conceptuales que produce, d. y los silencios estructurales que lo hacen posible. En consecuencia, se procedió mediante: a. Identificación de unidades discursivas clave, b. análisis de su textura lingüística, c. reconstrucción de efectos de sentido, d. identificación de ausencias significativas y e. la confrontación con referentes empíricos

3. Nudos semánticos del discurso

Cuadro 1. Síntesis estructural

NUDO

OPERACIÓN

EFECTO

Nativos

Desplazamiento

Identidad sobre ciudadanía

Soberanía

Redefinición

Tutela implícita

Inclusión

Reconfiguración

Jerarquía

Seguridad

Expansión

Militarización

Narco-comunismo

Hibridación

Enemigo total

Víctima

Narrativa

Excepcionalidad

3.1 El sujeto que desaparece

Cuando el texto habla de “nativos de distintos estados actuando juntos por primera vez” (traducción libre del autor), no utiliza términos como “ciudadanos” o “pueblo”. La elección no es menor. La palabra “nativos”, en este contexto, remite más a origen, pertenencia y arraigo que a ciudadanía política moderna. El desplazamiento es claro: del sujeto jurídico al sujeto identitario. La comunidad deja de aparecer como una construcción política deliberativa y pasa a ser un cuerpo orgánico, definido por herencia y destino compartido. En este sentido, el sujeto del discurso no es el ciudadano deliberante, sino la comunidad cohesionada frente a la amenaza.

3.2 La soberanía que se redefine

El discurso afirma que la región debe estar compuesta por “naciones soberanas fuertes” (traducción libre del autor). Sin embargo, esa afirmación convive con la definición del hemisferio como espacio de interés estratégico de Estados Unidos. Aquí no hay una negación explícita de la soberanía. Hay una operación más sutil: Se mantiene como término, pero se redefine en su contenido, de manera que la soberanía se afirma pero dentro de un marco previamente delimitado. No desaparece, pero se condiciona.

3.3 Inclusión y jerarquía

El texto apela a fórmulas como “nuestra nación y las suyas” y a la idea de “poner a América, a los estadounidenses y a las Américas en primer lugar” (traducción libre del autor). Tampoco esta inclusión no es neutral. Los Estados Unidos se presenta simultáneamente como parte del conjunto y como su punto de referencia, ya que habla desde el hemisferio, pero también lo organiza. De esta manera, la inclusión retórica encubre una asimetría estructural.

3.4 La militarización del lenguaje

Expresiones como “paz mediante la fuerza” y la necesidad de restaurar un “ethos del guerrero” (traducción libre del autor) introducen una forma específica de comprender el orden político. Los problemas sociales se traducen en términos bélicos. Y en este desplazamiento ocurre algo decisivo: Desaparece el lenguaje civil del conflicto (salud pública, prevención, institucionalidad o desarrollo social). Si todo es guerra, lo que no es guerra deja de ser visible.

3.5 El enemigo como construcción total

El uso de categorías como “narco-comunismo” (traducción libre del autor) no describe una realidad empírica precisa. Funciona como una hibridación semántica que fusiona: crimen, ideología y amenaza externa que produce un enemigo sin límites claros. Y cuando el enemigo es total, la respuesta tiende a justificarse como igualmente total.

3.6 Victimización y excepcionalidad

El discurso presenta un escenario de asedio: crimen organizado, migración incontrolada, drogas y amenazas externas. Esto permite una operación estructural: la acción se presenta como defensa y la expansión como necesidad donde la posición de víctima habilita la excepcionalidad.

4. Lo que el discurso no dice

Cuadro 2. Lo dicho y lo insinuado

LO DICHO

LO INSINUADO

PREGUNTA

“nativos”

comunidad orgánica

¿dónde está el ciudadano?

“soberanía”

subordinación

¿quién decide?

“cooperación”

asimetría

¿entre iguales?

“seguridad”

guerra

¿qué queda fuera?

El análisis de estas ausencias permite observar que el discurso no solo organiza lo que se dice, sino también lo que queda fuera del campo de lo pensable. Desaparece el ciudadano como sujeto político central. Se diluye la complejidad social de los fenómenos. Se omiten antecedentes históricos relevantes y se reduce el campo de respuestas posibles. En conjunto, estos silencios no constituyen omisiones accidentales. Son condiciones estructurales del discurso.

5. Confrontación con la realidad

Al contrastar el discurso con referentes empíricos, emergen tensiones que permiten matizar sus presupuestos centrales.

En primer lugar, la idea de que la militarización constituye una respuesta eficaz frente a fenómenos como el narcotráfico no encuentra respaldo concluyente en la experiencia regional. Tras décadas de “guerra contra las drogas”, particularmente en países como Colombia, los enfoques centrados en la interdicción, la erradicación forzada y la cooperación militar no han logrado resolver el problema estructural de la producción y tráfico de sustancias ilícitas. Por el contrario, diversos análisis señalan la persistencia —e incluso reconfiguración— de estas economías ilícitas, a pesar de la intensificación de la presencia militar y de seguridad en la región.

En esa misma línea, la instalación de infraestructura y cooperación militar extranjera no ha demostrado efectos sostenidos en la reducción de la violencia o del tráfico de drogas. El caso de la base de Manta en Ecuador, operativa durante una década como parte de la estrategia regional antidrogas, no produjo mejoras significativas en los indicadores de seguridad, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia de este tipo de medidas.

En segundo lugar, las categorías empleadas en el discurso —como aquellas que combinan fenómenos distintos bajo denominaciones unificadas— tienden a simplificar realidades complejas. La experiencia histórica muestra que los fenómenos asociados al narcotráfico, la violencia y la conflictividad social responden a dinámicas económicas, políticas y territoriales diversas, que difícilmente pueden ser abordadas mediante enfoques homogéneos.

Finalmente, la idea de una cooperación hemisférica simétrica también encuentra límites en la trayectoria histórica de la región. Diversos episodios evidencian relaciones marcadas por asimetrías estructurales, en las que la política exterior y de seguridad de Estados Unidos ha incidido de manera determinante en los procesos internos de los países latinoamericanos.

El caso del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962 —considerado el más prolongado de la historia contemporánea— constituye un ejemplo paradigmático de relaciones estructuralmente asimétricas, con efectos sostenidos sobre la economía y la vida cotidiana en la isla.

A ello se suma una serie de intervenciones políticas y militares a lo largo del siglo XX que han incidido directamente en los procesos internos de diversos países latinoamericanos. Casos ampliamente documentados, como el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o el de Salvador Allende en Chile (1973), así como el respaldo a regímenes autoritarios en el Cono Sur durante las décadas de 1960 y 1970, evidencian una constante en la política hemisférica: la disposición a intervenir en contextos considerados estratégicos.

El caso del escándalo Irán-Contra en la década de 1980 —que involucró operaciones encubiertas, financiamiento irregular y vínculos con redes ilícitas— constituye un ejemplo paradigmático de estas dinámicas complejas.

Más recientemente, episodios como la operación militar estadounidense en Venezuela en 2026 —que incluyó bombardeos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro— evidencian el grado de conflictividad y unilateralidad que puede alcanzar la política hemisférica. La interpretación de estos hechos, sin embargo, forma parte de una disputa política y jurídica más amplia, lo que refuerza la necesidad de analizarlos críticamente.

Ahora bien, más que agotar el inventario de episodios históricos, lo relevante es advertir la regularidad de ciertas dinámicas. Las intervenciones, directas o indirectas, que han marcado la relación hemisférica no han producido, en términos generales, beneficios sostenidos para las sociedades latinoamericanas, sino que han tendido a favorecer intereses estratégicos externos y a reforzar estructuras de poder preexistentes.

Por otro lado, en un contexto global caracterizado por el desplazamiento progresivo del hegemonismo estadounidense hacia un escenario de mayor dispersión del poder, los intentos por reafirmar su influencia en el continente americano resultan, en términos estratégicos, comprensibles. Sin embargo, la forma en que dicha reafirmación se articula merece una lectura crítica.

En efecto, la apelación a la cooperación regional en materia de seguridad —particularmente en torno a la lucha contra los carteles de la droga— puede funcionar como un dispositivo de legitimación de estrategias que, en la práctica, reproducen relaciones asimétricas. La construcción de amenazas compartidas facilita la alineación política, pero también puede operar como mecanismo de reorganización del poder en el hemisferio.

Esta dinámica se vuelve especialmente problemática cuando se considera una tensión estructural difícil de soslayar: Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados de consumo de drogas a nivel global. En ese sentido, la persistencia del fenómeno no puede explicarse únicamente desde la oferta, ni resolverse exclusivamente mediante estrategias centradas en la intervención externa.

La ausencia de un abordaje integral que incluya las dinámicas internas de consumo introduce una disonancia que debilita la coherencia del discurso. En este marco, la lucha contra el narcotráfico corre el riesgo de convertirse menos en una solución estructural y más en un eje discursivo que permite articular agendas de seguridad con efectos geopolíticos más amplios.

Esta tensión adquiere una dimensión aún más compleja si se consideran las prioridades en la asignación de recursos. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha destinado sumas multimillonarias al financiamiento de conflictos internacionales y al sostenimiento de alianzas estratégicas en distintos escenarios geopolíticos.

Al mismo tiempo, persisten en su propio territorio problemáticas sociales de gran magnitud, particularmente asociadas al consumo de opioides y drogas sintéticas, que han sido calificadas como una crisis de salud pública. A ello se suman niveles significativos de población en situación de calle y acceso desigual a servicios de salud y atención social.

Sin necesidad de establecer relaciones causales simplistas, la coexistencia de estas dos dimensiones introduce una pregunta relevante: ¿en qué medida las estrategias de seguridad proyectadas hacia el exterior se articulan con —o se desvinculan de— las problemáticas internas que contribuyen a sostener los fenómenos que se pretende combatir?

Plantear esta cuestión no implica desconocer la complejidad de los escenarios internacionales, sino advertir que la eficacia de cualquier estrategia hemisférica depende también de la coherencia entre sus dimensiones internas y externas.

No reconocer esta trayectoria en el contexto actual implicaría asumir el presente como si se tratara de un punto de partida neutral. Y ese, precisamente, es el riesgo: confundir la novedad del discurso con la ausencia de antecedentes. En ese sentido, el análisis no busca clausurar posibilidades, sino evitar una forma de ingenuidad que, históricamente, ha tenido costos significativos para la región.

6. Objeción: la racionalidad de la cooperación

Una objeción razonable podría formularse así: ¿qué tiene de problemático formar parte de una estructura hemisférica liderada por Estados Unidos, considerando los beneficios en comercio, cooperación, educación e intercambio cultural? La pregunta es válida, y precisamente por eso exige precisión. El problema no radica en la relación en sí misma, sino en su redefinición. Cuando la cooperación se formula en términos de seguridad estratégica, su naturaleza cambia: deja de ser relación entre iguales y adquiere una estructura jerárquica.

7. Conclusión

El riesgo no es la existencia de alianzas ni de cooperación internacional. El riesgo es la transformación silenciosa de esas relaciones en marcos donde ciertas categorías —seguridad, soberanía, cooperación— adquieren significados distintos sin ser discutidos. El desafío, entonces, no es rechazar ni aceptar de manera automática, sino comprender. Porque solo cuando se comprende cómo opera un discurso, se recupera la posibilidad de decidir frente a él.

Para Costa Rica, cuya tradición política se ha construido en torno a la paz, el derecho internacional y la institucionalidad democrática, este tipo de discursos plantea interrogantes relevantes. La adopción acrítica de una gramática de seguridad militarizada no es neutra. Puede implicar transformaciones en la forma en que se entienden la soberanía, la seguridad y el papel del Estado.

1 El planteamiento de que ciertos discursos no requieren exageración para ser efectivos puede sostenerse desde diversas tradiciones del análisis del discurso. Como ha señalado Michel Foucault (1971), el poder discursivo no reside únicamente en lo que se afirma, sino en la capacidad de delimitar el campo de lo decible y lo pensable. En esa misma línea, Teun A. van Dijk (1998), ha mostrado que la influencia del discurso se ejerce a través de la organización de estructuras cognitivas —temas, énfasis y omisiones— que orientan la interpretación del receptor. A ello se suma la noción de poder simbólico de Pierre Bourdieu (1991), según la cual los discursos más eficaces no son los más explícitos, sino aquellos que logran naturalizar sus categorías como evidentes. Finalmente, desde la teoría del framing, George Lakoff (2004), ha demostrado que quien define los marcos lingüísticos condiciona la percepción de la realidad, haciendo innecesaria la exageración. En conjunto, estas perspectivas permiten sostener que la eficacia de un discurso no depende de la intensidad de sus afirmaciones, sino de su capacidad para seleccionar, ordenar y silenciar elementos, configurando así un horizonte de interpretación.

Una sustancia peligrosa

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En la edición de 2023 de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, el país invitado fue El Salvador. Un día antes de la inauguración y de manera oficial, el gobierno homenajeado solicitó a los organizadores del evento sacar del programa la obra titulada “Sustancia de Hígado”, primer libro publicado por Michelle Recinos, escritora de aquel país.

Di con ese libro el año pasado y en estos días de descanso me dispuse a leerlo y conocer de primera mano el motivo de la censura previa.

Escrito con un lenguaje llano, directo, coloquial, el libro fusiona en 9 cuentos la realidad con la ficción y muestra la transversalizalización de la violencia en la vida cotidiana de una sociedad que bien podría ser la costarricense en la actualidad, aunque sus referencias apuntan a exponer cómo es producida desde entornos gubernamentales, privados, en organizaciones de sociedad civil, en la empresa privada.

Justamente fue el relato “Barberos en huelga” el que produjo el enojo del gobierno salvadoreño ya que en este se relataban abusos a derechos humanos por parte del Estado. Una clara muestra donde la ficción emula y supera la realidad.

No quisiera adelantarme a un escenario posible en el caso costarricense. Pero ya fue anunciado por la presidenta electa la puesta en práctica del “modelo Bukele” para contrarrestar la ola de homicidios que casualmente se dispararon en los últimos cuatro años.

Fue precisamente la aplicación de la mano dura en aquel país la que detonó la vulneración directa e indirecta de los derechos humanos de personas sin ningún vínculo con las organizaciones criminales.

Que este escenario ficcional no se convierta en una dura realidad en Costa Rica. A vigilar, monitorear y evidenciar cualquier intento por vulnerar las garantías civiles de personas inocentes.

Esa es tarea de todos, de todas.

“Gran Israel”: expansión, guerra y disputa por el orden regional en Medio Oriente

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos, para SURCOS

El proyecto del llamado “Gran Israel” (Eretz Israel) ha dejado de ser, en ciertos análisis críticos, una referencia marginal o puramente teológica para convertirse en una clave interpretativa de la política regional del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Así lo plantea el podcast La Base, que examina este concepto como eje estructurante de una estrategia de expansión territorial, control geopolítico y reconfiguración del Medio Oriente.

Uno de los elementos más controvertidos señalados en el análisis es la aprobación por parte del parlamento israelí de una ley que establece la pena de muerte para prisioneros palestinos considerados terroristas. La medida —aprobada con 68 votos a favor y 42 en contra— contempla su ejecución en un plazo de 90 días y se aplicaría exclusivamente a población palestina, en un contexto en el que se reportan más de 11.000 presos políticos.

Para el análisis de La Base, esta legislación no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una arquitectura de control sobre los territorios ocupados, que refuerza una lógica de diferenciación jurídica y política entre poblaciones bajo dominio israelí.

Expansión militar y reconfiguración territorial

En el plano regional, el foco se desplaza hacia el Líbano. Según el análisis, Netanyahu habría instruido la ampliación de la denominada “zona de seguridad” en el sur del país, con el objetivo de extender el control militar hasta el río Litani, unos 30 kilómetros al norte de la frontera actual.

Este avance se traduciría en una transformación del terreno: de cinco a dieciocho posiciones militares dentro de territorio libanés, acompañadas por el desplazamiento forzoso de cerca de un millón de personas, equivalente a aproximadamente el 20% de la población del país.

El modelo, según el podcast, busca replicar el esquema aplicado en Gaza: un control militar permanente que combina ocupación territorial, fragmentación espacial y presión constante sobre la población civil.

El concepto de “Gran Israel” se apoya en interpretaciones bíblicas que delimitan el territorio “prometido” entre el Nilo y el Éufrates. En su proyección geopolítica, esta idea implicaría —de forma directa o indirecta— la anexión, fragmentación o subordinación de territorios pertenecientes a países como Líbano, Jordania, Siria, Irak y Egipto, así como áreas de Arabia Saudí, Turquía y Kuwait.

Más allá de su viabilidad material, el análisis subraya su valor como horizonte ideológico. En septiembre de 2023, durante una intervención ante la ONU, Netanyahu exhibió mapas de un “Nuevo Oriente Medio” en los que Cisjordania y Gaza aparecían integradas dentro de Israel, sin reconocimiento de un futuro Estado palestino.

Estrategia regional: fragmentar o subordinar

El podcast identifica dos mecanismos principales de control en la región. Por un lado, la descomposición, que consiste en promover o aprovechar la fragmentación interna de países como Siria o Líbano, debilitando su capacidad estatal hasta convertirlos en territorios ingobernables. Por otro, la subordinación, aplicada a Estados como Egipto o Jordania, que permanecen formalmente soberanos pero atados a relaciones de dependencia económica y política.

Esta doble lógica permitiría, según el análisis, consolidar un entorno regional favorable a la expansión israelí sin necesidad de ocupación directa en todos los casos.

Uno de los puntos más relevantes es la afirmación de que Israel nunca ha definido oficialmente sus fronteras definitivas. Esta ambigüedad no sería accidental, sino funcional a una lógica de expansión permanente. El propio acuerdo de coalición del gobierno de Netanyahu establece el “derecho exclusivo e inalienable del pueblo judío sobre todas las partes de la tierra de Israel”, reforzando esa perspectiva.

El análisis plantea además que este proyecto geopolítico se articula con el rol de Estados Unidos en la región. Según esta lectura, la prolongación de conflictos regionales mantiene a Washington atrapado en guerras de alto costo político y económico, mientras la fragmentación territorial favorece los intereses estratégicos de Israel.

Lenguaje, medios y legitimación

En el plano comunicacional, el podcast denuncia un proceso de normalización mediática. Términos como “zonas de amortiguación” o “zonas de seguridad” serían utilizados por parte de la prensa occidental para describir operaciones que, en los hechos, implican ocupaciones militares o anexiones de territorio soberano.

Esta disputa por el lenguaje no es menor: define los marcos de interpretación desde los cuales la opinión pública global comprende —o distorsiona— el conflicto.

El análisis también establece una comparación polémica entre la doctrina israelí de la “amenaza existencial” y el concepto de Lebensraum (espacio vital) utilizado históricamente por regímenes fascistas para justificar su expansión territorial. Más allá de la controversia que esta analogía suscita, su inclusión apunta a subrayar el papel de las narrativas de seguridad como legitimadoras de políticas expansivas.

Sin embargo, el análisis introduce un elemento de contraste entre objetivos y capacidades. El analista Taer Alí sostiene que, pese a la voluntad expansionista del mando político, la realidad militar muestra límites evidentes: dificultades para controlar plenamente Gaza tras años de ofensiva y obstáculos para avanzar en profundidad en el sur del Líbano frente a la resistencia local.

Esta tensión entre ambición estratégica y capacidad operativa abre interrogantes sobre la sostenibilidad del proyecto.

¿Un horizonte sin paz?

La conclusión del análisis es contundente: bajo las condiciones actuales, no existirían posibilidades reales de una solución pacífica. Mientras el Estado israelí mantenga —según el invitado— principios estructurales excluyentes, el conflicto tendería a reproducirse. En ese marco, se plantea que la resistencia palestina se mantendrá como un factor persistente del escenario regional.

Más allá de la carga valorativa de esta afirmación, el diagnóstico apunta a un punto central: el conflicto ya no puede entenderse únicamente como una disputa territorial, sino como una confrontación estructural sobre modelos de Estado, legitimidad política y orden regional.

Fuente principal:

  • La Base. Análisis sobre el proyecto “Gran Israel” y la política regional del gobierno de Netanyahu.

Cuba y Venezuela: ¿sobrevivir, adaptarse o transformarse?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Compañeras y compañeros, cuando hablamos de Venezuela hoy, no estamos hablando solo de un país, estamos hablando de un momento histórico para América Latina.

Porque lo que ocurre en Venezuela hoy es el resultado de tres procesos que se cruzan al mismo tiempo: una crisis económica profunda, una disputa geopolítica internacional y un debate dentro de la propia izquierda latinoamericana.

Por eso, reducir lo que ocurre a una simple “crisis del socialismo” o a un “problema de gobierno” es una simplificación, lo que estamos viendo es algo mucho más complejo.

Estamos viendo la crisis y transformación de uno de los proyectos políticos más importantes de América Latina en el siglo XXI. Y la pregunta que hoy está abierta es clara: ¿qué está pasando realmente con el proceso bolivariano? ¿Está resistiendo? ¿Está transformándose? ¿O está entrando en una etapa completamente distinta? Para responder esto, primero tenemos que mirar de dónde viene este proceso.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, planteó un proyecto político ambicioso. La llamada Revolución Bolivariana y tenía tres objetivos centrales:

Primero: recuperar el control del Estado sobre los recursos estratégicos, especialmente el petróleo.
Segundo: reducir la desigualdad social a través de grandes programas sociales.
Y tercero: construir una integración latinoamericana alternativa al neoliberalismo.

En ese momento surgieron iniciativas regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la Unión de Naciones Suramericanas, entre otros mecanismos de integración.

Durante los primeros años del siglo XXI, Venezuela se convirtió en un símbolo del llamado “giro a la izquierda” en América Latina. Muchos pensaban que se estaba abriendo un nuevo ciclo político en la región, pero este proyecto tenía una debilidad estructural muy fuerte.

Una debilidad que venía desde mucho antes, la economía venezolana dependía casi totalmente del petróleo y esa dependencia iba a marcar el futuro del país.

Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero esa riqueza también generó una economía muy particular, una economía llamada rentista. ¿Eso qué significa? Que el Estado obtiene la mayor parte de sus ingresos vendiendo petróleo y, con ese dinero, financia el gasto público. Durante años, eso permitió financiar educación, salud, subsidios, programas sociales, entre muchos otros.

Pero también generó varios problemas: poca diversificación económica, baja producción industrial y dependencia de los precios internacionales del petróleo. El corazón de este modelo es la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Cuando los precios del petróleo bajaron y comenzaron las sanciones internacionales, principalmente de EEUU, este modelo empezó a entrar en crisis.

Y aquí aparece otro elemento clave: la dimensión geopolítica.

Durante años, Venezuela ha enfrentado sanciones económicas impulsadas principalmente por Estados Unidos. Estas sanciones afectaron, sobre todo, el sistema financiero, el comercio internacional y la industria petrolera. Incluso algunos analistas críticos del gobierno reconocen algo importante, las sanciones agravaron la crisis económica.

Pero, además, Venezuela se convirtió en una pieza dentro de una disputa internacional más amplia; en ese tablero también están actores como China, Rusia, entre otros. Es decir, la crisis venezolana no es solo interna; también forma parte de una competencia global por recursos, energía e influencia política.

La situación se volvió aún más incierta tras la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Después de ese hecho, el poder quedó temporalmente en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y esto abrió una etapa completamente nueva.

Hoy vemos, al mismo tiempo, negociaciones internacionales, cambios en la política petrolera, protestas sociales y tensiones dentro del propio chavismo.

El gobierno intenta atraer inversión extranjera para recuperar la economía, pero esto ha generado un debate muy fuerte dentro de la izquierda, tanto nacional como internacional.

En el caso actual de China y Rusia, la crisis venezolana también forma parte de una competencia global por energía, influencia política y recursos estratégicos. Y, en este sentido, con aire de vencedor, Trump había anunciado que el petróleo venezolano bajo control estadounidense se lo vendería a Rusia y a China. Pero resulta que Rusia y China se niegan a comprárselo, y no es un detalle menor, es el centro de toda la jugada.

China ha dado instrucciones a sus operadores para que no adquieran crudo venezolano bajo control estadounidense. Los envíos que antes cubrían la deuda de 15.000 millones de dólares que Venezuela mantiene con Pekín simplemente se han detenido.

Lo más revelador es que hay unos 40 millones de barriles de crudo sancionado (de Rusia, Irán y Venezuela) flotando en tanqueros frente a las costas de China, esperando; ese petróleo está ahí, inmóvil, como un ejército de barcos fantasmas que nadie descarga.

Es decir, hay un elemento nuevo que antes no teníamos: China y Rusia han contraatacado con una resistencia silenciosa pero efectiva. Al negarse a comprar el petróleo venezolano bajo control estadounidense, están estrangulando al imperio con su propio botín, los barcos flotan, el petróleo se acumula y el tiempo corre en contra de Washington.

A su vez, hoy no existe una sola interpretación sobre Venezuela. Dentro de la izquierda latinoamericana hay, por lo menos, tres grandes posiciones.

Primera posición: la izquierda chavista. Esta corriente defiende el proceso bolivariano y sostiene que la crisis se explica principalmente por las sanciones internacionales, la presión geopolítica y lo que llaman una “guerra económica”. Para ellos, Venezuela sigue siendo un símbolo de resistencia frente al poder de Estados Unidos.

Segunda posición: la izquierda progresista crítica. Esta corriente reconoce que el chavismo tuvo logros importantes, como la reducción de la pobreza, la expansión de políticas sociales y la inclusión política de sectores populares, pero sostiene que, con el tiempo, el sistema se deterioró. Sus críticas principales son las instituciones debilitadas, la polarización política y la dependencia del petróleo; por ello, proponen una transición democrática que preserve las conquistas sociales.

Tercera posición: la izquierda socialista crítica. Aquí aparecen sectores como el Partido Comunista de Venezuela. Estos sectores sostienen que el gobierno terminó reproduciendo estructuras capitalistas. Sus críticas incluyen la apertura económica al capital privado, el debilitamiento de los sindicatos y la concentración del poder en el Estado; para ellos, el proyecto bolivariano se alejó del socialismo original.

Este debate se resume hoy en una discusión muy importante dentro de la izquierda: la diferencia entre antiimperialismo ideológico y antiimperialismo pragmático.

El antiimperialismo ideológico dice: no se negocia con el imperialismo bajo ninguna circunstancia.
El antiimperialismo pragmático dice: un país puede negociar incluso con adversarios si eso permite sobrevivir económicamente.

Muchos analistas consideran que el gobierno actual de Venezuela está adoptando esta segunda estrategia, es decir, negociar para sobrevivir. Pero esta estrategia genera tensiones dentro del propio campo revolucionario.

Y plasmemos aquí algunas de las teorías más radicales:

La teoría del “golpe pactado”, que indica que EEUU. no tumbó al chavismo, sino que ayudó a reconfigurarlo con una figura más manejable.

La teoría del “chantaje judicial”, indicando que Washington tendría expedientes listos contra figuras del poder para presionar decisiones políticas.

La teoría del “cambio controlado”, señalando que no podían imponer a la oposición, así que prefirieron negociar con una élite chavista.

La teoría del “nuevo modelo tipo Bukele”, donde hay una autoridad fuerte, pero alineada con intereses económicos globales.

A la fecha de la publicación de este artículo, han surgido más teorías radicales, que rayan en hipótesis, especulaciones y probabilidades, muchas de ellas sin pruebas factibles.

La teoría del “pacto con EEUU.” plantea que sectores del poder negociaron la salida de Nicolás Maduro con Estados Unidos, e indica unos contactos previos entre actores venezolanos, donde es evidente que existen intereses energéticos claros de Estados Unidos en Venezuela. Ahora, no está demostrado un acuerdo directo documentado para “entregar” el poder.

Y algunos se preguntarán: ¿y el pueblo dónde queda en todo esto?

Señalamientos: el pueblo está en pausa; se apagó la calle, ya que hay menos movilización, menos discurso ideológico y más sobrevivencia. Líderes como Diosdado Cabello han apagado su verbo incendiario antiimperialista, por ahora, según se cree.

Otros indican que el pueblo sigue organizándose en consejos comunales, comunas y otros tipos de organizaciones, cumpliendo con el mandato del presidente Hugo Chávez, para resistir y sobrevivir.

Otros señalan que hay menor intensidad de movilización política y mayor foco en la supervivencia económica. Hay interpretaciones posibles como el cansancio social, el control político más centralizado y la pérdida de narrativa movilizadora.

Aquí aparece un ejemplo interesante en la región: el caso de Miguel Díaz-Canel en Cuba. El gobierno cubano ha confirmado conversaciones con Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, ha dejado claras varias condiciones: el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención en asuntos internos. La lección política aquí es importante.

Negociar no significa rendirse. La pregunta clave siempre es desde qué posición se negocia y qué se está dispuesto a ceder.

El analista cubano José Carlos Vinasco señala que “en Venezuela, las concesiones llegaron primero. El petróleo fluyó, las leyes cambiaron, los presos fueron liberados. Luego vinieron las conversaciones. En Cuba, primero están las conversaciones. Las concesiones, si llegan, serán después y con condiciones”.

Ampliemos más sobre Cuba. ¿Es un espejo o una advertencia? Es ambas cosas. Cuba es como ese espejo que nadie quiere mirar demasiado tiempo, porque devuelve una pregunta incómoda: ¿hasta dónde aguanta un proyecto cuando vive bajo presión permanente?

Porque Cuba no es solo resistencia heroica; también es desgaste acumulado. Décadas de bloqueo, crisis internas, ajustes económicos y, aun así, el sistema no se cayó.

Pero tampoco está igual que antes. Cuba cambió, y eso hay que decirlo sin romanticismo. Hoy hay apertura económica, hay un sector privado en crecimiento y hay desigualdad que antes no se veía tanto, y eso genera tensiones internas fuertes.

Entonces aparece la misma discusión que en Venezuela: ¿esto es adaptación o es el inicio de otra cosa? ¿Y cuál es la diferencia clave entre ambos procesos?: El ritmo y el control. Cuba cambia lento, midiendo cada paso, tratando de no perder el timón. Venezuela, en cambio, está en una dinámica más brusca, más atravesada por crisis y presión externa directa.

Pero atención con esto, ambos están enfrentando las mismas preguntas de fondo: ¿cómo sobrevivir sin dejar de ser lo que son? ¿Y lo estarán logrando?

Porque resistir no es solo aguantar; también es saber hacia dónde se va. Y ahí es donde muchos empiezan a preguntarse si el rumbo sigue claro o si se está improvisando sobre la marcha.

Entonces, ¿Cuba es futuro o advertencia para Venezuela? Podríamos decir que es una advertencia con experiencia, muestra que se puede resistir décadas, pero también que cada concesión deja marca, y que los cambios, aunque sean necesarios, nunca son gratis.

Veamos otras experiencias históricas.

La idea que un proyecto político puede mantenerse intacto frente a condiciones extremas es, históricamente, difícil de sostener. En contextos de guerra, aislamiento o crisis profunda, los liderazgos revolucionarios han tenido que tomar decisiones que, en otro momento, habrían sido impensables.

Los casos de Vladimir Lenin, Mao Tse-Tung y Fidel Castro no solo ilustran esto, sino que permiten entender cómo funciona la política bajo presión extrema.

Lenin: negociar para no desaparecer (Tratado de Brest-Litovsk, 1918)

Tras la Revolución de octubre de 1917, el nuevo gobierno bolchevique heredó un país devastado por la guerra, el hambre y el colapso del Estado zarista. Rusia seguía involucrada en la Primera Guerra Mundial, pero el ejército estaba desintegrándose.

Lenin enfrentaba una disyuntiva brutal, continuar la guerra, arriesgando el colapso total del nuevo gobierno, o firmar la paz con Alemania, aun en condiciones humillantes.

La decisión fue el Tratado de Brest-Litovsk. Las condiciones fueron extremadamente duras, Rusia perdió vastos territorios (Ucrania, Polonia, los países bálticos), cedió recursos estratégicos y población, y fue visto por muchos revolucionarios como una traición.

Dentro del propio partido bolchevique hubo una fuerte oposición; algunos proponían una “guerra revolucionaria” en lugar de negociar. Pero Lenin insistió en una idea clave, “sin Estado no hay revolución que defender”.

Su apuesta fue estratégica, sacrificar territorio para ganar tiempo, consolidar el poder interno y reorganizar el Estado y el Ejército Rojo.

A corto plazo, fue una concesión enorme. A mediano plazo, permitió que el gobierno sobreviviera a la guerra civil.

Aquí hay una lección histórica, la negociación no fue una renuncia ideológica, sino una decisión para evitar la derrota inmediata.

Mao Tse-Tung: alianzas con el enemigo (Frente Unido con el Kuomintang)

La trayectoria de Mao Tse-Tung muestra uno de los ejemplos más claros de flexibilidad estratégica. Durante la primera mitad del siglo XX, el Partido Comunista Chino enfrentaba dos amenazas simultáneas: la represión del Kuomintang (nacionalistas) y la invasión japonesa.

En ese contexto, Mao impulsó una decisión altamente controversial, formar una alianza con el mismo Kuomintang que había perseguido y masacrado a los comunistas. Este acuerdo dio lugar al llamado Segundo Frente Unido (1937–1945) en el marco de la guerra contra Japón.

¿Por qué fue una decisión tan contradictoria? Porque implicaba colaborar con un enemigo interno, suspender parcialmente el conflicto de clases y priorizar la lucha nacional sobre la revolución inmediata. Muchos dentro del movimiento comunista veían esto como una desviación.

Pero Mao interpretó la correlación de fuerzas de otra manera, sin derrotar a Japón, no habría condiciones para ninguna revolución. La supervivencia del movimiento requería replegarse, reorganizarse y ganar legitimidad nacional.

El resultado fue decisivo: el Partido Comunista se fortaleció durante la guerra, expandió su base social y llegó en mejores condiciones a la guerra civil posterior, que terminaría ganando en 1949.

Otra lección histórica: la alianza no fue una claudicación, sino una forma de cambiar el orden de las prioridades estratégicas.

Fidel Castro: resistir adaptando el modelo (Período Especial, años 90)

El caso de Fidel Castro es distinto, porque no se trata de una negociación puntual, sino de una adaptación prolongada. Durante décadas, Cuba dependió económicamente de la Unión Soviética. Cuando esta colapsó en 1991, la isla perdió su principal socio comercial, el suministro de petróleo subsidiado y el apoyo financiero clave. Esto dio inicio al llamado “Período Especial”.

Las consecuencias fueron dramáticas: la caída del PIB, la escasez de alimentos, energía y transporte, y el deterioro de las condiciones de vida.

En ese contexto, el gobierno cubano tomó medidas que antes habrían sido impensables dentro de su modelo, como: la apertura limitada al turismo internacional, la legalización del dólar en la economía, la autorización de pequeños emprendimientos privados y la búsqueda de inversión extranjera.

Estas decisiones generaron tensiones ideológicas importantes: ¿era esto una concesión al capitalismo? ¿Un retroceso del proyecto socialista? Sin embargo, la dirección política defendió estas medidas como necesarias para la supervivencia del sistema. La lógica fue clara, sin ajustes económicos, el colapso era probable; sin Estado, no habría proyecto socialista que sostener. Cuba no abandonó su modelo político, pero sí lo modificó en aspectos clave.

Lección histórica: adaptarse no significó rendirse, sino reconfigurar el proyecto para evitar su desaparición.

Estos tres casos muestran un patrón común, ninguno de estos líderes actuó en condiciones ideales; todos enfrentaron escenarios donde las opciones eran limitadas. En todos los casos, se tomaron decisiones que tensionaron la coherencia ideológica.

Pero también revelan algo más profundo: la “pureza política” es más fácil de sostener en el discurso que en la historia real.

Cuando un proyecto enfrenta amenazas existenciales, las decisiones dejan de ser entre “correcto” e “incorrecto” y pasan a ser entre sobrevivir o desaparecer, avanzar o replegarse, resistir o colapsar.

Lenin cedió territorio para salvar el Estado. Mao pactó con su enemigo para ganar tiempo. Fidel reformó su modelo para evitar el derrumbe.

En los tres casos, lo que estaba en juego no era solo la coherencia ideológica, sino la continuidad misma del proyecto político.

Y esa es, quizá, la enseñanza más incómoda de la historia, en momentos críticos, la política no premia la pureza; premia la capacidad de seguir existiendo.

Lo único claro es que el país sigue siendo un laboratorio político en tiempo real, donde se ensayan (con altos costos) distintas formas de resistir en un mundo en disputa. Y, mientras ese experimento continúe, el desenlace seguirá abierto. Porque, en política, como en la historia, lo decisivo no es lo que parece inevitable, sino lo que todavía puede cambiar.

Hoy Venezuela vive una coyuntura completamente abierta. Lo que vemos es una combinación de crisis económica estructural, presión geopolítica internacional y conflictos dentro de la propia izquierda. Por eso, el futuro del proceso bolivariano todavía no está definido, puede transformarse, puede adaptarse o puede entrar en una etapa completamente distinta.

Es decir, la gran pregunta no es si Venezuela va a cambiar, porque eso ya está pasando; la pregunta real es cómo cambia, quién gana con ese cambio y qué queda del proyecto original. Y esta es la discusión que hoy divide a toda la izquierda. ¿Qué nos dicen, además, los anteriores casos? Que la política real no se mueve en blanco y negro.

Pero algo es seguro, la historia de América Latina nos enseña que los procesos políticos no avanzan en línea recta; avanzan con progresos, retrocesos y contradicciones. Y, en medio de esas contradicciones, sigue abierta una disputa fundamental, la disputa por la soberanía, por la justicia social y por el futuro político de nuestra región. Y esa discusión, compañeras y compañeros, no ocurre solo en Venezuela; también nos interpela a todos nosotros en América Latina.

En fin, y reiteramos Venezuela esta en un momento coyuntural abierto.