Recientemente un colega periodista me hizo una observación que merece ser pensada. Si la Iglesia suele ser percibida como una institución lenta, prudente y, a veces, excesivamente cautelosa, ¿por qué con frecuencia los Papas parecen adelantarse a debates que después terminan ocupando el centro de la discusión pública?
Ocurrió con la cuestión social en el siglo XIX, cuando León XIII publicó Rerum Novarum en medio de las tensiones provocadas por la revolución industrial. Mientras muchos observaban únicamente los conflictos laborales inmediatos, el Papa comprendió que estaba surgiendo una nueva cuestión social que marcaría buena parte del siglo siguiente.
Más recientemente ocurrió con Juan XXIII. Cuando convocó el Concilio Vaticano II en 1959, no pocos consideraron que se trataba de una iniciativa innecesaria. La Iglesia parecía estable y el mundo occidental vivía una etapa de prosperidad. Sin embargo, el Papa percibió transformaciones culturales que apenas comenzaban a manifestarse y comprendió que la Iglesia debía prepararse para dialogar con una sociedad profundamente distinta.
Ocurrió también con Pablo VI. En Populorum Progressio (1967), advirtió que el desarrollo humano no podía reducirse al crecimiento económico y alertó sobre las desigualdades entre naciones. Décadas después, la globalización, las migraciones y las persistentes brechas sociales confirmaron la vigencia de aquellas intuiciones.
Algo semejante sucedió con Juan Pablo II. Mucho antes de la caída del comunismo, percibió que los sistemas políticos que negaban la libertad humana contenían contradicciones internas que terminarían debilitándolos.
Ocurrió con la ecología integral en el pontificado de Francisco, mucho antes de que numerosos actores políticos asumieran plenamente la gravedad de la crisis ambiental. Y vuelve a ocurrir hoy con León XIV y su reflexión sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana y el futuro de la civilización tecnológica.
La explicación más sencilla sería atribuirlo a la inteligencia excepcional de algunos pontífices o, para quienes somos creyentes, a la asistencia del Espíritu Santo. Sin embargo, esa respuesta tiene matices. Los Papas no son futurólogos ni disponen de una bola de cristal.
Quizá la explicación sea otra. Mientras gran parte de la política, de los medios de comunicación y de la vida pública está obligada a responder a la urgencia del día, los Papas suelen trabajar con horizontes mucho más amplios. Piensan en décadas; a veces, en siglos.
Mientras muchos observan los acontecimientos, los Papas suelen preguntarse por los procesos que los hacen posibles. Más que observar qué está ocurriendo hoy, se preguntan qué está ocurriendo con la persona humana. Y esa diferencia es decisiva.
Cuando una sociedad discute una nueva tecnología, normalmente se concentra en sus ventajas, riesgos o aplicaciones inmediatas. El Papa, en cambio, pregunta qué efectos tendrá sobre la libertad humana, sobre la verdad, sobre la dignidad de la persona, sobre la vida familiar o sobre la cohesión social. No comienza por la técnica. Comienza por la antropología. Por eso muchas veces parece llegar antes.
Existe además otro factor que suele pasarse por alto. La Iglesia está presente en todos los continentes, culturas y contextos sociales. Escucha simultáneamente las inquietudes de académicos, trabajadores, campesinos, empresarios, científicos, familias y comunidades pobres. Esa experiencia acumulada le permite percibir tendencias que a veces aún no son visibles para quienes observan únicamente una realidad local o nacional.
Paradójicamente, esta capacidad de anticipación convive con una realidad incómoda. Con frecuencia los Papas llegan antes que las propias estructuras. Las grandes intuiciones del magisterio pontificio suelen encontrar resistencias, cautelas excesivas o simples demoras en su recepción. Mientras los pontífices intentan leer los movimientos profundos de la historia, no pocas instancias eclesiales permanecen absorbidas por la administración cotidiana de problemas inmediatos.
No se trata de una crítica a personas concretas. Es una tensión inherente a toda institución. Quien debe gobernar una realidad compleja tiende a concentrarse en las urgencias del presente. Pero la historia demuestra que los grandes cambios culturales no anuncian su llegada con estridencia. Cuando se vuelven evidentes, normalmente ya llevan años actuando silenciosamente.
Tal vez por eso la pregunta correcta no sea por qué los Papas llegan antes. La pregunta verdaderamente inquietante es por qué nosotros llegamos después.
Quizá porque hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para reaccionar y una preocupante incapacidad para anticipar. Quizá porque resulta más fácil administrar lo urgente que comprender lo importante. Y quizá porque no abundan —ni en la sociedad ni dentro de la Iglesia— liderazgos con la profundidad intelectual y la libertad interior necesarias para leer los signos de los tiempos antes de que se conviertan en crisis.
Juan XXIII vio venir una transformación cultural. Pablo VI percibió las fracturas de un desarrollo económico sin suficiente justicia. Juan Pablo II comprendió la crisis de los sistemas que negaban la libertad. Francisco advirtió los límites de una cultura que trata a la naturaleza y a las personas como objetos descartables. Y hoy León XIV nos obliga a preguntarnos qué ocurrirá con la dignidad humana en una civilización cada vez más gobernada por algoritmos.
El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) invita a participar en el conversatorio “Rescate financiero de los hogares endeudados”, una actividad que busca abrir un espacio de reflexión, análisis y construcción de propuestas frente al creciente problema del sobreendeudamiento que afecta a numerosas familias costarricenses.
La actividad se realizará el sábado 20 de junio de 2026, de 9:00 a.m. a 10:45 a.m., en las instalaciones de AFS, Los Yoses, ubicadas de la Casa Italia, 100 metros al sur y 200 metros al este, sobre avenida 10.
Según la convocatoria, el encuentro abordará la pregunta “¿Se puede salir de las deudas?”, con el propósito de discutir alternativas y propuestas orientadas a rescatar financieramente a los hogares que enfrentan dificultades económicas derivadas del endeudamiento.
Las personas organizadoras destacan que el conversatorio pretende generar un intercambio de ideas sobre mecanismos para proteger a las familias consumidoras, fortalecer sus derechos y promover soluciones ante una problemática que tiene impactos económicos y sociales cada vez más visibles.
La actividad se desarrollará en el marco de la Asamblea General del Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON). Una vez concluido el conversatorio, a partir de las 11:00 a.m., la organización llevará a cabo su Asamblea Extraordinaria.
OMERCON extiende la invitación a personas interesadas en los temas de endeudamiento familiar, derechos de las personas consumidoras, economía doméstica y políticas públicas orientadas a la protección de los hogares costarricenses.
Día Internacional del Justo Proceso o Juicio Justo. Esta conmemoración se realiza en honor a Emru Timtik, abogada turca, defensora de las causas justas, fallecida tras una huella de hambre.
Nace en 1811 Harriet Beecher Stowe novelista norteamericana, autora de La Cabaña del Tío Tom.
En 1928 nace el Che Guevara.
En 1943, el Partido Comunista de Costa Rica cambia su nombre a Partido Vanguardia Popular para conseguir la inclusión de las Garantías y Derechos Sociales en la Constitución, el Código de Trabajo, el seguro social, y otros derechos fundamentales.
En 1985 muere Isaías «Cabo» Marchena, histórico dirigente sindical bananero, con quien trabajé mucho. Y en esta fecha nació Vanessa Ramos, actual secretaria general de la Asociación Americana de Juristas.
Conocí a Carazo en 1968, como Diputado y como padre de familia, sus hijos estudiaban conmigo en el Liceo de San José.
El 24 de abril de 1970 estuve a la par suya en Cuesta de Moras, vociferando contra ALCOA.
Coincidí posteriormente con su hijo Jorge en Arquis en 1974, ya fallecido, al igual que Rolando.
Volvimos a encontrarnos en San Pedro de Montes de Oca en 2006 y 2007, reunidos para luchar contra la aprobación del TLC, a la par de Rubén Pagura, doña Hilda Chen Apuy y otras figuras relevantes de la Sociedad, la Política y Academia.
Le hice entrega de 150 folios impresos con ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL y mi TEORÍA DE SÍNTESIS.
Me dijo: _»Herbert me gustó mucho tu libro…»_ Nos hicimos un par de fotos abrazados.
En otro orden de cosas, la leyenda negra sobre su gestión y la crisis nacional que enfrentamos tuvo tres causas estructurales:
1. La no devaluación oportuna del Colón de parte del gobierno del PLN, por razones electoreras.
2. La caída del precio internacional de nuestro grano de oro.
3. La confrontación de Macho con el FMI, al manifestarles que no acataría sus exigencias de golpear las instituciones de carácter social y por ende, al pueblo costarricense.
A pesar de las penurias económicas y penumbras sociales que sufrimos entre 1978 y 1982, este ha sido el período gubernamental que más obra pública construyó.
Después de él, solamente hemos tenido Administradores de la cosa pública o, peor aún; delegados de la Iglesia Económica Ortodoxa del Neoliberalismo (In God We Trust).
Para mí fue el último estadista, the last standing man…
Los eventos deportivos internacionales suelen presentarse como celebraciones de nuestra humanidad compartida. Su objetivo es trascender las fronteras, la política, la religión y los conflictos. Durante unas semanas, el mundo se une en torno a un lenguaje común, el del juego, donde se supone que el talento, el esfuerzo y el trabajo en equipo importan más que la nacionalidad, la riqueza o el poder.
Sin embargo, a veces estos eventos revelan más sobre quiénes somos que los valores que pretenden encarnar.
Los incidentes que rodearon la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —jugadores detenidos en aeropuertos, árbitros y delegaciones enteras a los que se les denegaron visados, aficionados a los que se les impidió el paso a pesar de tener permisos de viaje válidos— pueden interpretarse, sin duda, como fallos administrativos, medidas de seguridad necesarias o excepciones desafortunadas. Pero, vistos en conjunto, plantean una pregunta más profunda: ¿Qué supuestos culturales hacen que ciertas formas de trato desigual parezcan normales, necesarias o aceptables?
Durante la pandemia de COVID-19, publiqué The White-West: A Look in the Mirror, una recopilación de ensayos publicados originalmente en Pressenza. En esos artículos, sostuve que muchas de las tensiones que suelen explicarse a través de la política o la economía tienen su origen en algo más profundo: una formación histórica y cultural que sigue moldeando el modo en que Occidente se entiende a sí mismo y se relaciona con los demás.
Llamé a esta formación el «Occidente blanco», no como una categoría racial ni como un juicio moral sobre los individuos, sino como un panorama cultural e histórico moldeado por siglos de imperialsmo, expansión colonial, jerarquías de civilización y la convicción de que algunas instituciones poseen la autoridad para definir los términos en los que otros participan en el mundo.
Desde esta perspectiva, la Copa del Mundo no es simplemente un evento deportivo perturbado por incidentes desafortunados.
Se convierte en un espejo.
En enero de 2026, mientras aumentaban las preocupaciones en torno al torneo, defendí que el diálogo con la FIFA —y no un simple boicot— podría redefinir el papel del deporte mundial. En lugar de esperar a que surgieran las crisis, la FIFA tenía la oportunidad de iniciar conversaciones difíciles pero necesarias sobre la dignidad, la participación equitativa y las responsabilidades éticas que acompañan al privilegio de acoger un evento mundial. El aplazamiento, los acuerdos alternativos o las consultas más amplias no eran expresiones de hostilidad hacia el fútbol. Eran invitaciones a la reflexión.
Por esas mismas fechas, sugerí que la FIFA renunciara voluntariamente a la comodidad simbólica de su Premio de la Paz, no como un acto de autocondena, sino como una invitación a la humildad. La paz no es un título que se posea. Es una práctica que hay que ganarse continuamente mediante la defensa de la dignidad, la inclusión y la participación equitativa.
La intención nunca fue avergonzar a una institución. Se trataba de preguntar si el deporte mundial está dispuesto a ajustarse a los estándares éticos que tan a menudo proclama.
Estas propuestas, y otras similares formuladas por personas preocupadas de todo el mundo, fueron ignoradas.
Antes de que sonara el primer pitido, surgieron reportes de atletas, árbitros, oficiales y aficionados que se enfrentaban a obstáculos que muchos consideraban discriminatorios, arbitrarios y degradantes.
Entre los incidentes reportados se encontraban los siguientes:
El visado del futbolista suizo Breel Embolo fue sometido a revisión, lo que retrasó su llegada e impidió que se uniera a su equipo según lo previsto.
Según se informó, el jugador de la selección iraquí Aymen Hussein fue retenido para ser interrogado durante casi siete horas al entrar en Estados Unidos.
La selección iraní pasó días tramitando los visados en el consulado estadounidense en Turquía. Según se informó, solo se les permitió la entrada los días de partido, mientras que a quince miembros de la delegación se les denegaron los visados.
A Omar Abdulkadir Artan, nombrado Mejor Árbitro Africano de la CAF de 2025, se le denegó el visado y fue devuelto a pesar de viajar con pasaporte diplomático. La FIFA anunció posteriormente que no arbitraría en el torneo.
La selección sudafricana llegó más tarde de lo previsto porque a parte de su delegación no se le concedieron los visados.
Según se informó, a los miembros del cuerpo técnico de la selección de Senegal se les exigió que se quitaran los zapatos y fueron sometidos a largos registros, lo que provocó acusaciones de discriminación racial.
La selección de Uzbekistán fue registrada con perros detectores de explosivos, y las imágenes del incidente circularon ampliamente en los medios internacionales.
A algunos aficionados escoceses, a pesar de cumplir los requisitos para viajar sin visado en virtud del programa ESTA, se les revocaron las autorizaciones poco antes de la salida.
A numerosos aficionados que ya habían comprado entradas y reservado alojamiento se les denegaron las solicitudes de visado, lo que les supuso importantes pérdidas económicas.
Cada uno de estos incidentes puede explicarse de forma individual. Sin embargo, en conjunto, revelan un patrón reconocible.
Algunas personas se mueven por el mundo con confianza, mientras que otras lo hacen bajo sospecha. Algunas viven las fronteras como formalidades rutinarias, mientras que otras las enfrentan como espacios de incertidumbre, humillación y poder arbitrario. Algunas llevan pasaportes que les abren las puertas casi automáticamente; otras descubren que su dignidad es condicional, dependiente de decisiones tomadas sin explicación y sin posibilidad de apelar.
La cuestión no es si los Estados tienen derecho a proteger sus fronteras. Toda sociedad debe abordar las preocupaciones legítimas relativas a la soberanía y la seguridad pública. La cuestión más profunda es cultural: ¿Qué formas de dignidad hemos decidido que son negociables? ¿Quién se considera aceptable que sufra inconvenientes? ¿En qué momento el ejercicio de la autoridad se convierte en la normalización de la humillación?
Aquí es donde el debate se cruza con la violencia doméstica.
La violencia doméstica se entiende a menudo como una tragedia privada confinada al hogar. Sin embargo, su característica definitoria no es meramente la agresión física. Se trata de un patrón de comportamiento a través del cual el poder y el control se utilizan repetidamente para socavar la autonomía, la dignidad, la seguridad y la libertad de otra persona. Puede implicar intimidación, presión psicológica, aislamiento social, dependencia económica, vigilancia, amenazas o la erosión gradual del sentido de identidad de otra persona.
Estas dinámicas no surgen de la nada. Se desarrollan en culturas que, de manera sutil y abierta, enseñan que la dominación puede justificarse, que las relaciones desiguales son naturales y que quienes poseen autoridad pueden imponer la indignidad en pos de un supuesto bien mayor.
Esto no significa que las restricciones de visado sean equivalentes a la violencia doméstica, ni que los funcionarios de inmigración sean maltratadores. Las relaciones son diferentes y las experiencias no son las mismas.
Pero la lógica cultural subyacente merece ser examinada.
Cuando la humillación repetida se convierte en algo normal, cuando se valora sistemáticamente el control por encima de la reciprocidad, cuando la sospecha se dirige de manera desproporcionada hacia ciertos grupos, y cuando se espera que quienes son objeto de un trato desigual lo acepten en silencio como el precio de participar, estamos presenciando patrones que pertenecen al mismo ecosistema más amplio de dominación.
Quizás esta sea una de las lecciones más difíciles de nuestro tiempo.
La violencia no es solo un acontecimiento. También es una cultura.
Reside en los hábitos de pensamiento, en las instituciones, en las suposiciones sobre quién merece confianza y quién no, quién tiene derecho a decidir y quién debe someterse. Se reproduce cada vez que la dignidad se vuelve condicional y la humanidad se organiza en categorías de mayor y menor valor.
Si esta lógica cultural puede moldear eventos internacionales destinados a celebrar nuestra humanidad común, entonces no debería sorprendernos que también aparezca en nuestros hogares, lugares de trabajo, escuelas y comunidades.
El reto, por lo tanto, no es simplemente condenar actos individuales de injusticia. Es examinar los marcos culturales que hacen que esos actos sean imaginables y aceptables en primer lugar.
El deporte internacional ofrece una oportunidad única para practicar otra forma de convivir. Puede afirmar que la seguridad no tiene por qué requerir humillación, que la diferencia no tiene por qué generar sospecha, y que la dignidad no es un privilegio concedido a unos y negado a otros.
Si los patrones culturales que sustentan la violencia se aprenden, también se pueden desaprender.
Un espejo no acusa. Simplemente refleja.
El espejo estaba ahí en las historias que heredamos. Estaba ahí en las advertencias que se hicieron antes de que comenzara el torneo. Estaba ahí en la invitación al diálogo y en el llamamiento a las instituciones para que alinearan sus prácticas con los valores que celebran.
La tragedia no es que el espejo existiera.
La tragedia es que se ignorara.
Es posible que, en última instancia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea recordada no solo por lo que ocurrió en el campo, sino por lo que reveló fuera de él: una oportunidad para preguntarnos qué tipo de cultura estamos reproduciendo y qué tipo de cultura deseamos construir.
Porque el juego al que realmente estamos jugando va mucho más allá del fútbol.
Y en ese juego, la comunidad, la dignidad y nuestra humanidad compartida nunca podrán ganar de verdad si la humillación sigue formando parte de las reglas.
“La justicia juzga actos. La opinión pública suele juzgar personas enteras.”
Hay imágenes que una nación no debería olvidar. No para alimentar resentimientos ni para reabrir heridas, sino porque contienen lecciones que una democracia madura está obligada a aprender.
Una de esas imágenes pertenece a la memoria reciente de Costa Rica. El Dr. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República y secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), regresaba al país para enfrentar la justicia y nunca utilizó la importancia de su cargo para evadir los procedimientos judiciales.
Regresó. Y el país entero observó cómo era trasladado bajo custodia —en perrera— mientras grupos de personas golpeaban el vehículo en que viajaba, gritaban insultos y celebraban anticipadamente una condena que todavía no había sido pronunciada por ningún tribunal.
Para algunos, aquellas escenas fueron presentadas como una victoria contra la “impunidad”. La prensa, ciertamente, cumplió un papel indispensable al investigar hechos que merecían ser investigados. Precisamente por la importancia de esa función resulta legítimo preguntarse también por los límites y responsabilidades de ese poder, pues existe una diferencia fundamental entre una acusación y una sentencia, entre investigar y condenar. Cuando esas diferencias desaparecen, la verdad deja de ser el objetivo principal y pasa a serlo la satisfacción colectiva de ver a alguien caer.
La historia demuestra que las multitudes rara vez condenan por sí solas. Antes se construyó un relato, se seleccionaron los hechos que debían recordarse, se estableció quiénes serían los héroes y quiénes los villanos. La indignación colectiva suele tener arquitectos, aunque con frecuencia permanezcan fuera del foco público. Por eso toda democracia debería preguntarse no solo quién fue acusado, sino también quién tuvo el poder de moldear la percepción de quienes acusaban.
Veinticinco años después, los procesos siguieron su curso, los tribunales emitieron sus resoluciones y los expedientes se cerraron.
Por eso resulta tan pertinente la insistencia de don Miguel Ángel Rodríguez en la memoria histórica. No se trata de reivindicar privilegios. Se trata de recordar los hechos completos. Todos los hechos. No solamente aquellos que favorecían las tesis dominantes de un determinado momento.
La memoria histórica tiene una curiosa tendencia: recuerda perfectamente a los acusados y olvida con facilidad a los acusadores. Costa Rica recuerda los nombres de Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres. Pero pocos recuerdan hoy los nombres de quienes ejercían el poder de acusar, investigar, filtrar información o construir las narrativas públicas que marcaron aquellos años.
La historia exige examinar con el mismo rigor todas las formas de influencia pública. La observación no busca desacreditar a nadie. Busca recordar que acusar también es ejercer poder.
Por eso el caso de Miguel Ángel Rodríguez trasciende la figura de un expresidente, pues existe además una dimensión que suele desaparecer detrás de los expedientes y los titulares. Quien es sometido a una condena pública anticipada no enfrenta únicamente un proceso judicial. Enfrenta la sospecha permanente, el deterioro de su reputación, el silencio de antiguos amigos, el sufrimiento de su familia y una forma particular de soledad que pocas veces aparece en las crónicas.
No se trata de debilitar a la prensa- soy orgullosamente periodista-. Sería un grave error. Se trata de recordar que ninguna institución puede reclamar para sí una autoridad moral exenta de responsabilidad. Ni los políticos. Ni los jueces. Ni los fiscales. Ni los periodistas. La democracia exige rendición de cuentas para todos.
Miguel Ángel Rodríguez acudió a los tribunales. Compareció ante la opinión pública y ante el juicio inquisitorial de otros políticos. La pregunta que permanece abierta es si quienes contribuyeron a aquella gigantesca maquinaria de acusación están dispuestos a comparecer con la misma honestidad ante el tribunal de la historia.
Cuando estaba en la escuela Claudio González Rucavado, donde hice toda la primaria, en la década de 1950, con una sola maestra, como se acostumbraba, la niña Julieta de Vargas, que nunca he olvidado, que siempre la tengo presente en mi formación, se acostumbraba a llevarnos al Museo Nacional.
Una de esas visitas era para ir a visitar la parte del edificio que había que bajar, donde había, de entrada, en el sótano, unos carruajes tipo “diligencias” y pasar a un gran salón que permanecía literalmente a oscuras. Al centro del salón había una vitrina, que recuerdo tenía una luz naranja, que de esa manera se veía, custodiada por dos guardia civiles armados. En la vitrina, exhibida estaba una mata de marihuana. Allí nos explicaban brevemente el significado de la mata, su peligro, el daño y el por qué la tendían custodiada. Era una forma de advertirnos a los niños del peligro del consumo de drogas. Supongo que a jóvenes colegiales les repetían el tour al museo, con el mismo objetivo. El combate fundamental era la droga de la marihuana.
Drogas en Costa Rica existían desde mucho tiempo atrás. Así, por ejemplo, cuando trajeron chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril al Atlántico, entre 1870 y 1884, en su contrato de trabajo se les autorizaba el consumo de opio, que obviamente lo traían los contratistas. De ese modo, empresarios, cafetaleros que contrataron chinos, y los empresarios e industriales a cargo de la construcción del ferrocarril, tenían que satisfacer las necesidades opiómanas de los trabajadores chinos. Por ello, debió haber habido un negocio de drogas, controlado o no, pero lo había.
Para la década de 1920-1930 ya se hablaba de la heroína en Costa Rica. Drogas fuertes que solo ricos, o personas adineradas, podían consumir. Drogas fuertes que solo ricos, o personas adineradas, podían consumir. Si había consumo, había negocio de traer y vender la heroína, como se trajo opio o como se producía marihuana.
Cuando estaba en la Universidad de Costa Rica, en los años 1967-1972, como estudiante enfrentábamos le penetración de la marihuana, el LSD y otras drogas que metían para el consumo de los estudiantes. Eran los tiempos de la asquerosa guerra colonial e imperialista en Vietnam. A los jóvenes soldados, el ejército estadounidense, y el Estado norteamericano, les facilitaban drogas para que pudieran combatir.
Así, las drogas de este tipo se generalizaron a la sociedad norteamericana y las esparcieron a todos los conglomerados juveniles y universitarios. En los Estados Unidos impulsaron festivales contra la Guerra de Vietnam y por la Paz, donde las drogas era pan cotidiano.
En la Universidad, en las luchas estudiantiles que iniciábamos, tuvimos que batallar contra esta “corriente” que se introducía para desorientar y desviar a los jóvenes de las luchas políticas, introducidas para embrutecerlos, para que perdieran sus funciones perceptivas, sus estados de ánimo, su conciencia y alteraran su comportamiento. Con el padre, el sacerdote Fernando Royo, dimos parte de esas batallas.
El sociólogo comunista Miguel Sobrado elaboró un afiche muy lindo para enfrentar a quienes metían droga y para ilustrar a los universitarios en el daño que se les hacía, y el comportamiento social que exhibían.
El afiche de Sobrado era con la imagen de un mono, juvenil, que exhibía a esos jóvenes drogados y aislados de las luchas políticas estudiantiles. El afiche se titulaba “el drogomono”.
La marihuana se fue distribuyendo cada vez en mayor escala, y se ligó a una imagen de “aceptación” social. con la marihuana introdujeron pastillas depresoras, estimulantes y alucinógenas. Se oía de heroína y metanfetaminas. La LSD era corriente. El alcohol y la cerveza se introdujeron en las celebraciones de las “semanas universitarias”. En una ocasión se llegó a decir que se había vendido más cerveza en una semana universitaria que en todo el mes de diciembre del año anterior en el país. A partir de allí se empezaron a establecer más controles en estos consumos en esas “semanas universitarias.”
Durante la lucha armada en Centroamérica, como resultado del triunfo de la revolución sandinista, el Ejército de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, empezaron a distribuir drogas en la región, ya no solo marihuana, sino especialmente cocaína, y otras, para que su venta contribuyera a financiar a los grupos paramilitares y contra revolucionarios en Centroamérica. Ello provocó el escándalo que fue conocido como Irán-Contras o Irangate, como se le llamó en Estados Unidos, entre 1985 y 1986, bajo el gobierno de Ronald Reagan. Así se vendían armas a cambio de rehenes, como sucedió en Líbano, y se desviaban fondos para financiar a los grupos contra revolucionarios en Nicaragua. A cargo de esta operación de traída y venta de drogas estaba Oliver North un alto miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En lo referente a Irán era para procurar la liberación de rehenes estadounidenses que tenían en Líbano. La venta de armas la hacían a través de Israel.
El caso Irangate, o Irán contras en Centroamérica, resultó en un escándalo político que puso en evidencia acciones criminales de los Estados Unidos donde se evidenció el flujo de drogas y armas para financiar actividades políticas y militares en la región, para tumbar gobiernos y enfrentar movimientos insurgentes, y para “embrutecer” a la juventud y alejarla de las luchas políticas antiimperialistas.
La cocaína adquirió su lugar de prestigio en la región desde aquellos años. La marihuana y otras drogas se mantuvieron, empacadas “socialmente” para grupos diversos, que justificaron y toleraron su consumo. A la marihuana le atribuyeron facultades medicinales para facilitar su consumo y venta. Venta no oficial ni médicamente autorizada.
En Estados Unidos abrieron la puerta para su consumo. Hay 24 Estados, en los Estados Unidos, donde la producción de marihuana es legal. Para uso comercial y personal. Incluido el Distrito de Columbia, donde está la capital de los Estados Unidos, en Washington DC.
En los Estados Unidos cada Estado regula su forma de comercialización y producción. El consumo personal lo justifican bajo dos rubros, recreativo y medicinal. De esta forma, 40 Estados, en Estados Unidos, venden y permiten el consumo del cannabis, la marihuana, si se toma en cuenta el permiso para su uso recreativo. Si no es “medicinal” su uso se considera en los Estados Unidos como “droga peligrosa”. Aunque la marihuana se sigue considerando “ilegal” a nivel federal, su consumo está regulado legalmente.
En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay tienen regulaciones para el uso de la marihuana o cannabis medicinal. El presidente Trump ha afirmado que flexibilizará las restricciones federales sobre la marihuana para reclasificarla como una droga menos peligrosa. En los Estados Unidos la marihuana la llaman popularmente “weed”, como “mala hierba”, que es la forma más común y universal de llamarla. También la refieren como “Pot” o “Grass”.
En los países donde se permite su uso recreativo se exige inscripción en un Registro Público de consumidores, bajo control de los Ministerios de Salud, personas que pueden “autocultivar” su marihuana. En Panamá y Costa Rica se permite el uso medicinal de la marihuana. No se permite para fines recreativos.
El consumo siempre estará determinado por el hábito, el presupuesto que se tenga para pagar la droga y el método de consumo. En Costa Rica, la situación legal de la marihuana depende de su uso. El consumo personal está despenalizado, aunque a veces lo controlan policialmente. El consumo de uso medicinal está regulado y el uso recreativo sigue siendo técnicamente ilegal. El uso medicinal hay que documentarlo.
Desde que se modificaron las leyes para no tener a quien porte una cantidad mínima, que se pueda justificar para uso personal, se facilitó de manera indirecta, pero real, que se comercialice la marihuana, y con ello que se produzca para esas ventas. La marihuana no es maná que caiga del cielo. Se produce, se distribuye para la venta y se promueve el mercado de consumo. Junto con las otras drogas, como la cocaína, produce también pleitos de bandas distribuidoras por controlar mercados de venta y consumo, y por controlar regiones. Así se realiza el gran negocio de las drogas, con facilidades institucionales y con complacencia o complicidad de autoridades policiales, de seguridad y políticas del Estado y de los gobiernos.
En la Asamblea Legislativa los intereses de las drogas están bien metidos, desde la llanura como desde las alturas gubernativas, y hasta con jugadores propios. Han querido ampliar el tema de la marihuana. Ahora es el del alcohol y las bebidas alcohólicas llevándolo bajo el Caballo de Troya del patrocinio de actividades deportivas.
Ahora quieren estimular el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas y similares a todo nivel, en toda la cancha nacional, en los estadios, en todos los sitios de concentración deportiva. Quieren asociar los deportes con el alcoholismo, con la bebida de licores de distinta naturaleza. Los estadios y los espacios quieren convertirlos en “Bares públicos”, con vallas, con ofrecimiento de licores, y de bebidas alcohólicas. La palabra BAR con la que se distingue el sitio donde las personas llegan a beber cervezas y otros licores, es un anglicismo que significa “Beer and Alcoholic Room”, dicho en sencillo, “lugar para beber cervezas y bebidas alcohólicas”.
Así los emborrachadores, los que pretender vender en exceso las bebidas alcohólicas, que ya hacen grandes negocios “emborrachando” personas, con lo que existe en el país, ahora dirigirán sus baterías de propaganda de consumo de bebidas alcohólicas a todo público, hacia los niños, los jóvenes, las mujeres y varones de todas las edades, engañándolos con que esa propaganda va a servir para ayudar a “combatir” el consumo dándole “dineros” de esas ventas de propaganda a clubes deportivos, asociaciones deportivas, a deportistas que anunciarán los licores y bebidas alcohólicas, a las instituciones sociales que atienden a los “enfermos” de alcoholismo.
Hoy el “alcoholismo” tiene categoría de enfermedad y a los “alcohólicos” hay que darles el trato de “personas enfermas”.
Las cifras de alcoholismo nacional son enormes. Las cifras de personas drogadictas son igualmente enormes. Esas personas “enfermas por el alcoholismo” son una gran tragedia para miles de familias costarricenses.
Me atrevo a decir que no hay una sola familia en el país que no conozca, o tenga, o haya sufrido, una situación de estas, de tener uno de esos “enfermos” alcohólicos. Con ellos también las familias se “enferman” de diversos males. Esa es la realidad. He vivido de cerca estas situaciones y no se las deseo a nadie.
“Ebrios” o “Beodos” los llaman para disimular socialmente. Borrachos muchas veces agresores de sus parejas matrimoniales, agresores de sus hijos, de sus hermanos, hermanas y padres. No tienen control cuando adquieren esa condición de borrachos.
En los Estados Unidos tienen hospitales para atender a los soldados afectados por las guerras en que participan, pero también los hay para desintoxicarlos del consumo de drogas que han hecho en el ejército para poder mantenerse combatiendo y matando. Se les llama en Estados Unidos Instalaciones de Tratamiento Militar, MTF.
Los centros de rehabilitación de adicciones, como espacios especializados para ofrecer tratamiento y acompañamiento de estas personas enfermas por las drogas o el alcohol, no reciben el suficiente apoyo estatal. Lo que se ofrece económicamente, a favor de este tipo de instituciones, y también deportivas, por aprobar los permisos para publicitar el consumo de bebidas alcohólicas en estadios, salones deportivos y en cualquier lugar es una verdadera mentira, una gran estafa nacional.
Se está ofreciendo criminalizar a todos los ciudadanos y familias. La Asamblea Legislativa está a punto de aprobar la etiqueta criminal que es la autorización para la venta de bebidas alcohólicas en todo sitio público, deportivos y recreativos.
Solo les ha faltado ofrecer que con esas ventas de bebidas alcohólicas van a arreglar las 800 escuelas que quieren cerrar por sus pésimas condiciones sanitarias.
Solo les falta ofrecer unos dos hospitales especializados para atender a los alcohólicos y a los drogadictos, así como se tiene el Hospital Gerontológico, bastante maltrecho en sus finanzas, para atender en mayor escala a los futuros borrachos, beodos, ebrios, enfermos alcohólicos, y a sus familiares afectados por esa enfermedad del alcoholismo.
No se debe autorizar ese permiso para la propaganda masiva de consumir bebidas alcohólicas de ningún tipo. De por medio está el bien superior de la buena salud física y mental de las familias y sus integrante, esposas, esposos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, nietos, nietas, abuelos y abuelas.
La Salud de las Familias es lo primero. No se trata de la buena salud de los empresarios y empresas que producen enfermos sociales, que ellos no atienden, ni hay capacidad nacional para atenderlos. No se debe aprobar el patrocinio de bebidas alcohólicas para el deporte. Si así lo deciden por borrachera en la Asamblea Legislativa, hay que llevar el caso a las Defensorías de los Habitantes, de los niños, de las mujeres y a la misma Sala IV.
A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.
Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.
Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.
Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares sonunos$31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.
Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.
Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.
A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.
Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.
Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.
Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.
Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.
Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.
Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .
Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.
Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.
¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?
Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?
Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.
Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!
En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).
Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.
Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.
“El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.
El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.
La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.
Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.
Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.
Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.
*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.
-La verdadera preocupación no es lo que las máquinas serán capaces de hacer, sino lo que nosotros hemos dejado de hacer antes de su llegada. –
La reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV constituye una reflexión lúcida, necesaria y profundamente esperanzadora sobre los desafíos que la inteligencia artificial (IA) plantea para la humanidad. Sus implicaciones son universales. La revolución tecnológica ya está transformando el mundo y ninguna sociedad podrá permanecer al margen de sus efectos económicos, culturales, educativos y políticos.
Sin embargo, la lectura de la encíclica me llevó inevitablemente a pensar en Costa Rica. Mientras buena parte del mundo debate los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial, tengo la impresión de que nosotros enfrentamos un desafío previo. Me preocupa que estemos observando el horizonte sin advertir la fragilidad del terreno que pisamos.
La preocupación de León XIV no se limita a los avances tecnológicos. En el fondo, la encíclica recupera una pregunta tan antigua como la filosofía misma: ¿qué es el ser humano y qué necesita para vivir una vida verdaderamente humana? Porque toda revolución tecnológica termina desembocando en una cuestión antropológica. Antes o después, la pregunta deja de ser qué pueden hacer las máquinas y vuelve a ser quiénes queremos ser nosotros.
Vista desde esa perspectiva, la dificultad principal no es tecnológica. Es humana. Veo estudiantes que llegan a la universidad con serias dificultades para comprender un texto sencillo. Veo personas incapaces de sostener la atención durante unos pocos minutos sin consultar el teléfono. Veo una creciente dependencia de contenidos breves e inmediatos, acompañada por el debilitamiento de hábitos que durante siglos fueron considerados indispensables para la formación intelectual: la lectura profunda, el estudio paciente y la reflexión crítica.
No se trata simplemente de un cambio de costumbres. Se trata de una transformación cultural más profunda. Una sociedad que pierde la capacidad de pensar críticamente se vuelve más vulnerable no solo a la manipulación tecnológica, sino a cualquier forma de poder.
Lo digo porque basta observar nuestras interacciones. Cada vez parece más difícil sostener un diálogo sereno e informado sobre cualquier tema. La discrepancia se transforma casi de inmediato en descalificación, el argumento cede ante el insulto y la búsqueda honesta de la verdad es reemplazada por la necesidad de imponerse. No importa si se trata de política, educación, religión o asuntos de interés nacional. Con frecuencia asistimos a un espectáculo de ataques personales y frases diseñadas para provocar aplausos o indignación.
Esta tendencia no se limita a las redes sociales. Se ha instalado también en algunos medios de comunicación, en espacios de opinión donde la confrontación genera más audiencia que la reflexión y en programas donde el espectáculo parece más importante que la información. Se manifiesta en dirigentes que desacreditan a quienes piensan distinto antes de responder a sus argumentos, en manifestaciones donde resulta más fácil pintar una pared que construir una razón y en una cultura que parece encontrar más satisfacción en señalar culpables que en buscar soluciones. Poco a poco hemos ido aceptando como normal una forma empobrecida de debatir, donde importa más quién grita más fuerte que quién tiene mejores razones.
El ruido ocupa el lugar de las ideas. La ocurrencia desplaza al conocimiento. La polémica genera más interés que la verdad. Y uno termina con la amarga impresión de que, mientras el mundo se prepara para desafíos cada vez más complejos, nosotros seguimos atrapados entre el circo, la maroma y el teatro.
Y hay algo más preocupante todavía. Hemos comenzado a confundir la autenticidad con la vulgaridad. Pareciera que hablar “como la gente” consiste en insultar, ridiculizar o descalificar. Como si la grosería fuera una prueba de cercanía con el pueblo y la agresividad una muestra de sinceridad. Sin embargo, una cosa es utilizar un lenguaje sencillo y directo, y otra muy distinta es empobrecer la conversación hasta convertirla en una sucesión de ofensas. Cuando las vulgaridades sustituyen a los argumentos, no estamos democratizando el debate; estamos degradándolo.
Por eso la llegada de la inteligencia artificial plantea una paradoja inquietante. En nuestra sociedad estas herramientas aparecen en un momento en que parecen debilitarse precisamente aquellas facultades que deberían orientarlas.
Nos preocupa que las máquinas puedan pensar por nosotros, cuando desde hace años estamos renunciando, poco a poco, al ejercicio de pensar por nosotros mismos.
Una sociedad no pierde su rumbo cuando aparecen nuevas tecnologías. Lo pierde cuando deja de cultivar las capacidades humanas necesarias para comprenderlas, juzgarlas y ponerlas al servicio del bien común.
Por eso la discusión, al menos en Costa Rica, sobre la IA no debería comenzar preguntándonos qué harán las máquinas en el futuro. Debería comenzar preguntándonos qué clase de personas y qué clase de sociedad estamos formando en el presente.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 21 de mayo, en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por el genocidio en curso en Gaza, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una ordenanza (véase texto en francés y en inglés) en la que le fija a Sudáfrica y a Israel, los plazos para la presentación de sus respectivos escritos de segunda ronda de alegatos.
En las líneas que siguen, analizaremos los alcances de esta decisión y la estrategia legal de Sudáfrica, no sin antes recordar las reglas sobre plazos y otros detalles que establece el procedimiento contencioso en la CIJ entre dos Estados, así como el repudio generalizado que ha causado y sigue causando Israel por su accionar militar insensato, que ya no se limita al territorio palestino ocupado. Al respecto el reciente fracaso diplomático de Alemania para acceder a una silla en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es ajeno a su incapacidad de condenar claramente las acciones ordenadas por las máximas autoridades de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: se trata de un aspecto notoriamente omitido en la prensa internacional, como por ejemplo en esta nota de la DW.
El procedimiento contencioso en La Haya: una secuencia de plazos
Cabe recordar que ante la CIJ, el procedimiento contencioso entre dos Estados prevé varias etapas: usualmente, los Estados proceden primero a dos rondas de alegatos escritos, que son seguidas luego de las audiencias orales que se celebran en La Haya, durante las cuales también es muy usual observar dos rondas de alegatos.
En la fase escrita, luego de entregar el Estado demandante una memoria, el Estado demandado deposita su contra memoria. Siguen luego el depósito de un segundo documento denominado «réplica» por parte del Estado demandante, y de una «dúplica» por parte del Estado demandado. Con respecto a las audiencias orales, que pueden durar varias semanas, es su conclusión oficial la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).
Para cada fase de este extenso contradictorio entre dos Estados, hay que fijar los plazos de presentación de los escritos, lo cual se materializa, previa consulta con las delegaciones de ambas partes, mediante la adopción de una ordenanza por parte del Presidente de la CIJ.
Con relación a Israel y a sus múltiples exacciones en Gaza, esta misma CIJ emitió una contundente opinión consultiva dada a conocer el 22 de octubre del 2025 sobre las obligaciones de Israel en Gaza como Estado Miembro de Naciones Unidas: véase el texto en francés y en inglés, y en particular el párrafo operativo final 223, en el que la CIJ le señala a Israel (entre muchos otros puntos) que no puede usar el hambre como arma de guerra. Como lo indicábamos al analizar los alcances de esta opinión consultiva (Nota 2), es la primera vez en la historia que la CIJ le recuerda a un Estado una obligación de esta índole.
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, «How do you curate a genocide», Magazine+972, edición del 21 de mayo del 2026. Texto disponible en este enlace.
Este 4 de junio del 2026, en las afueras del Consejo de Seguridad, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Cooperación Islámica, Palestina y un nutrido grupo de representantes de diversos Estados, realizaron una conferencia de prensa (véase video), en la que denunciaron las exacciones de todo tipo de Israel en el territorio palestino registradas en las últimas semanas, aprovechando Israel el desvío de la atención internacional en razón de las fuertes tensiones en el Golfo Pérsico y así como en el Líbano.
Los plazos fijados en breve
En su ordenanza en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio en curso en Gaza (véase texto en francés y en inglés), los plazos fijados para el depósito de la réplica (Sudáfrica) y de la réplica (Israel) son:
– 22 de noviembre del 2027 para Sudáfrica
– 22 de mayo del 2029 para Israel.
En esta misma ordenanza se puede leer que mientras Israel no consideraba necesario proceder a una segunda vuelta de alegatos, Sudáfrica insistió en la importancia de mantener una segunda ronda de alegatos, pidiendo incluso un plazo bastante extenso de 18 meses para preparar su escrito, plazo que le fue concedido por la CIJ.
Como se podrá observar, se trata de un nuevo fracaso de la diplomacia israelí, al parecer extremadamente urgida en que este caso sea lo más rápidamente resuelto y archivado por parte de la CIJ (de manera a añadir una decisión más en su contra de la CIJ, irrespetada y desacatada de manera desvergonzada por Israel).
Cabe recordar que en una ordenanza similar sobre plazos de abril del 2024 entre Sudáfrica e Israel (véase texto), la CIJ había ordenado un plazo de nueve meses, plazo intermedio entre los doce meses que solicitaba Sudáfrica y los seis meses solicitados por Israel. En lo que respecta al plazo otorgado a Israel, una segunda ordenanza de la CIJ de abril del 2025 (véase texto) le otorgó a Israel una prórroga adicional, evidenciándose la improvisación y la poca preparación de Israel para respetar los plazos inicialmente fijados para la entrega de sus argumentos.
No es la primera vez que Israel improvisa sus participaciones ante los jueces de la CIJ de manera errática. En el marco esta vez del procedimiento consultivo que concluyó con la opinión de la CIJ del 19 de julio del 2024 sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino (véase texto completo), la jueza norteamericana de la CIJ notó en su opinión individual (véase texto) que:
« 4. Il est également regrettable qu’Israël n’ait pas réellement pris part à la présente procédure consultative. Celui-ci a soumis à la Cour un exposé écrit de cinq pages, assorti d’annexes. Il a choisi de ne pas participer à la procédure orale, bien que la Cour lui eût, jusqu’à l’ouverture des audiences, réservé trois heures pour présenter ses vues, soit un temps de parole égal à celui alloué à l’État observateur de Palestine et six fois supérieur à celui accordé à chacun des autres participants. La présente instance étant de nature consultative, aucun État n’avait l’obligation d’y prendre part, et Israël pas davantage qu’un autre. Cependant, la participation de ce dernier à la procédure orale eût été bénéfique pour la Cour.
../..
4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court.»
Es de notar que el pasado 28 de mayo, Israel evidenció el nivel de creatividad al que han llegado sus máximas autoridades, al decidir “romper sus relaciones” con el Secretario General de Naciones Unidas (véase nota de prensa del New York Times y tweet oficial de su aparato diplomático): salvo error de nuestra parte, se trata de una verdadera “première” en toda la historia de Naciones Unidas, al nunca haberse registrado con anterioridad a un Estado Miembro anunciando semejante “rompimiento” con el máximo representante de la organización. Al no contarse con precedente alguno, no se tiene muy claro cuáles serán las consecuencias exactas para Israel: al respecto, será de gran interés observar lo que precise, haga o bien deje de hacer, el delegado de Israel con ocasión de una próxima sesión del Consejo de Seguridad en presencia del Secretario General.
La demanda de Sudáfrica en breve
Como se recordará, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel el 29 de diciembre del 2023 por genocidio en Gaza (véase texto), acompañando su demanda de una solicitud urgente de medidas provisionales.
Esta primera solicitud urgente fue objeto de una respuesta de la CIJ, con una primera ordenanza emitida el 26 de enero del 2024 que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 3): desde enero del 2024, Israel desafía abiertamente la autoridad de la CIJ, al no haber en lo más mínimo modificado la forma de llevar a cabo sus operaciones militares en Gaza, tal como ordenado por la CIJ.
Cabe precisar que este caso contencioso que Sudáfrica a Israel ha propiciado solicitudes de intervención de varios Estados, en apoyo a la demanda sudafricana, siendo los últimos en hacerlo Países Bajos e Islandia, y que tuvimos la ocasión de detallar en cuanto a su contenido (Nota 4).
Por parte de América Latina, a diferencia de una diplomacia de Costa Rica inaudible y ausente cuando se trata de condenar las exacciones cometidas por Israel en Gaza y más generalmente, en el territorio palestino ocupado, los Estados que han presentado solicitudes de intervención en apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel son: Brasil en septiembre del 2025 (véase texto), Belice en enero del 2025 (véase texto), Cuba en enero del 2025 (véase texto), Bolivia en octubre del 2024 (véase texto), Chile en septiembre del 2024 (véase texto), México en mayo del 2024 (véase texto), y Colombia en abril del 2024 (véase texto). Es de recalcar además que el primer Estado europeo en haber presentado una solicitud similar fue España, en el mes de junio del 2025 (véase texto).
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israell, titulado “Rats, raw sewage, skin diseases: Israel’s siege is ravaging Gaza’s displaced”, Magazine+972, edición del 29 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Con relación a las tesis jurídicas de Israel aduciendo que la CIJ no tiene ninguna competencia al no observarse ningún genocidio en Gaza, Israel ha podido contar, como previsible, con las solicitudes de intervención presentadas en el mes de marzo de manera extrañamente coordinada: el mismo día el 12 de marzo del 2026 por parte de Estados Unidos (véase texto), Hungría (véase texto), Islas Fidji (véase texto), antecedidas por una solicitud remitida por Paraguay presentada el 2 de marzo (véase texto). La extrañeza resulta en la coincidencia exacta de fechas de tres Estados muy lejanos geográfica y políticamente (a saber Estados Unidos, Hungría e Islas Fidji), así como en el interés, algo súbito, en el mes de marzo del 2026, de presentar solicitudes en apoyo a Israel en el marco de un contencioso iniciado en diciembre del 2023.
El pasado 2 de junio del 2026, se informó de un intercambio de palabras bastante inusual entre el actual ocupante de la Casa Blanca y el Primer Ministro de Israel (véase nota de The Guardian) que pone en evidencia que todo tiene un límite en este bajo mundo (incluyendo la tolerancia del ocupante de la Casa Blanca ante las acciones insensatas del aparato militar de Israel): en esta entrevista de la cadena gala France24, se detalla la secuencia de fracasos de Israel de la que pareciera quererse ahora desmarcar el precitado ocupante.
En el caso específico de Costa Rica, cabe señalar una nueva incoherencia con respecto a los principios defendidos tradicionalmente en el ámbito internacional, relacionada esta vez a una muy cuestionada ley sobre la pena de muerte adoptada en Israel en el mes de marzo del 2026 (Nota 5): esta nueva inconsistencia, bastante notoria, se explica en razón del verdadero «alineamiento» de Costa Rica con Israel detallado en este artículo publicado el pasado 15 de mayo en El País (España), en el cual se indica la disposición de la nueva Presidenta de Costa Rica para el período (2026-2030) en trasladar la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén: de materializarse el traslado de su embajada, Costa Rica estaría violando abiertamente el consenso internacional acordado desde 1947 sobre el estatuto internacional particular de Jerusalén. Al respecto, no está de más indicar lo que se lee en el capitulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv y el reconocimiento de Palestina como Estado, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010). Al concluir este capítulo, cuya lectura completa se recomienda, al pasar en revista todas las resoluciones de Naciones Unidas que Costa Rica violó desde 1982 (año en que decidió trasladar su embajada de Tela Aviv a Jerusalén), el autor indica que:
«Al concluir el acto protocolar, me encontré rodeado de distintos miembros de la comunidad que venían a saludarme y felicitarme por mis palabras, mi valor y mi candor. Algunos no estaban necesariamente de acuerdo con mis planteamientos, pero respetaban nuestro modo de pensar. Otros se expresaron a favor, e incluso unos cuantos me abrazaron y dos lloraron sobre mis hombros. Fue un momento de catarsis. Al Ex–Presidente Monge no lo volví a ver, ni tenía muchas ganas de verlo. El 20 de mayo, sin embargo, publicaría un artículo en el cual, desprovisto de argumentos, arremetería contra los “neo-nazis” de la administración Arias Sánchez (Nota 27). Supongo que mis palabras no fueron de su entero agrado” (Nota 6).
Sudáfrica: una hábil estrategia legal ante la CIJ
Más allá de las incoherencias a las que Costa Rica se ha prestado en los últimos cuatro años cuando de proteger a Israel se trata en el ámbito internacional, poniendo en entredicho la imagen internacional que ha forjado en los últimos 60 años (Nota 7), es de saludar la ejemplar actitud de Sudáfrica, y ello desde que inició este procedimiento contencioso contra Israel ante la CIJ. Así como el apoyo recibido a su gestión por parte de varios Estados de América Latina, África y Europa (al que podrían sumarse más dada la pérdida de toda credibilidad de Israel y el repudio generalizado que ha provocado en el mundo la insensatez de su accionar en Gaza, pese al incondicional apoyo que ha recibido Israel por parte de Estados Unidos). Cabe señalar que previamente a la solicitud de intervención de Palestina del 31 de mayo del 2024 (véase texto en francés y en inglés), habían presentado su solicitud de intervención México (24 de mayo del 2024), Libia (10 de mayo) y Colombia (5 de abril).
En un primer momento (diciembre del 2023), Sudáfrica se empleó a encontrar la manera de frenar el ímpetu destructor e insensato del aparato militar de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, logrando obtener en tres ocasiones por parte de la CIJ (entre enero y mayo del 2024) medidas provisionales de carácter urgente ordenadas por la CIJ a Israel: se trata de tres ordenanzas que fueron una tras una, objeto de un desacato desvergonzado por parte de Israel, que no encontró mejor argumento que tildar de «antisemita» a la CIJ (véase nota de prensa del Jerusalem Post del 2024). Se recomienda, en particular a quiénes consideran en sus columnas de opinión que Israel respeta las reglas del derecho internacional, leer y si es del caso volver a leer;
– el párrafo operativo 86 de la ordenanza del 26 de enero del 2024 (véase texto);
– el párrafo 51 de la ordenanza del 28 de marzo del 2024 (véase texto) y;
– el párrafo operativo 57 de la ordenanza del 24 de mayo del 2024 (véase texto).
A partir de esta actitud de Israel consistiendo en desafiar abiertamente a la autoridad del máximo órgano judicial de Naciones Unidas, Sudáfrica ha optado por extender el procedimiento en el tiempo, de manera a exponer ante el mundo a Israel, y mantener al aparato diplomático de Israel con un incómodo «asunto pendiente por genocidio en Gaza» ante la justicia internacional de La Haya.
Esta exposición en el tiempo de Israel sobre lo que es capaz de hacer Israel en Gaza, y más generalmente en el territorio palestino ocupado, no invalida los hallazgos que puedan hacer otras entidades de Naciones Unidas. Más bien, puede incitar a mayores investigaciones sobre el drama indecible que vive Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, que permitirán a los jueces de la CIJ tener un panorama mucho más completo a la hora de dictaminar su decisión sobre el fondo.
A modo de ejemplo, el pasado 20 de abril se dio a conocer un informe del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) que cuantifica en más de 71.000 millones de US$ la destrucción causada por Israel en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
En esta entrevista de Democracy Now a uno de los mas renombrados expertos sobre el Holocausto realizada el 19 de mayo, se detalla la deriva genocida y supremacista que Israel ha emprendido en los últimos años y que debiera interpelar a muchos, incluyendo a los integrantes de la comunidad judía en todo el mundo: al respecto, resulta de cierto interés observar que un sector de la comunidad judía ha desarrollado una campaña mundial denominada «Not in our Name» (véase enlace), al tiempo que otras organizaciones judías como la UJFP en Francia han condenado a Israel por sus exacciones en Gaza (véase sitio), así como la Jewish Voice for Peace (véase sitio), y que se ha observado una importante cantidad de personas de ascendencia judía en las multitudinarias marchas de protestas en favor de las víctimas palestinas en Gaza en las principales capitales europeas, en Canadá y en Estados Unidos. No obstante, en otras latitudes, no se ha registrado crítica alguna a Israel ni manifestaciones colectivas de repudio: una de las pocas voces judías críticas en Costa Rica es la de una joven estudiante de la Facultad de Derecho de la UCR (véase su artículo titulado «No en nuestro nombre» publicado en septiembre del 2024 y uno anterior sobre el uso del «antisemitismo» en Costa Rica para intentar descalificar a quienes exigen a Israel respetar las normas del derecho internacional).
Con relación al calificativo de «antisemita» agitado por Israel, cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, el primer ministro y el ministro de Defensa en Israel no encontraron mejor argumento que el de descalificar a la CPI indicando que es «antisemita» (véase la nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters). Ello como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí cuando fracasa, y que ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos.
El 1ero de junio del 2026, un comunicado oficial conjunto de varios expertos de Naciones Unidas denuncia la «política de terror» que fomenta Israel en todo el territorio palestino ocupado, Jerusalén Oriental incluida (véase texto del comunicado). Es de notar que Israel ha aprovechado también de la confrontación contra Irán iniciada conjuntamente con Estados Unidos el 28 de febrero, para expandirse como nunca en el Sur del Líbano, con acciones que califican como crímenes de guerra y debieran poder interesar a la justicia penal internacional, si es que las actuales autoridades del Líbano así lo quisieran (Nota 8): en esta nota de prensa del 29 de mayo del 2026, el número de personas fallecidas en el Sur del Líbano desde inicios del mes de marzo del 2026 asciende a 3324, de las cuales 55 son menores de edad, con 15 de ellos habiendo sido ultimados por el ejército de Israel en una sola semana. Esta otra nota refiere a más de 10.000 personas heridas en el Líbano en razón de las acciones militares israelíes. Este 5 de junio, un colectivo de juristas en Francia denunció la estrategia de asesinatos deliberados de periodistas libaneses por parte de Israel, tendiente a evitar que el mundo esté informado de su accionar en el Sur del Líbano (véase comunicado). En esta entrevista de France24 del 6 de junio, se detalla la destrucción deliberada de sitios declarados patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO por parte de Israel en el Sur del Líbano.
Con relación a Gaza, resulta oportuno recordar que en septiembre del 2025, una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó a la perpetración de un genocidio en Gaza, siempre en curso (véase el texto completo de este informe y el comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas). Este informe de septiembre del 2025 confirmó los hallazgos anteriores de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, en su informe (véase texto) titulado «Anatomía de un genocidio» presentado en julio del 2024. Imperturbable, pese a sufrir una fuerte campaña de desprestigio en su contra propiciada por Israel, Estados Unidos (y por los círculos de influencia que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en todo el mundo) con incluso sanciones en su contra ordenadas por Estados Unidos y, en febrero del 2026, aparatos diplomáticos en Europa extremadamente hacendosos para desacreditarla (Nota 9), en el mes de marzo del 2026 esta valiente jurista italiana presentó un informe adicional, titulado «Tortura y genocidio» (véase texto).
Con respecto a Costa Rica, resulta oportuno señalar que, al finalizar el mes de febrero del 2026, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el otorgamiento de su máxima distinción académica a Francesca Albanese (véase anuncio oficial de la UCR): un apoyo a su valentía y a su labor que bien podría replicarse en otros recintos universitarios. El pasado 2 de abril, se informó que esta valiente jurista recibió también la máxima distinción académica remitida por tres universidades en Bélgica (véase nota de prensa). En Costa Rica, personalidades e intelectuales han saludado esta llamativa iniciativa de la UCR (véase artículo de opinión publicado el pasado 29 de marzo en La Extra y este otro publicado con anterioridad en Delfino.cr, entre muchos más), al tiempo que otros han considerado oportuno repetir en artículos de opinión el guion del aparato diplomático israelí y las falacias que ha difundido en contra de Francesca Albanese, y ello desde su primer informe antes mencionado y titulado «Anatomía de un genocidio«, cuya lectura integral se les recomienda.
Como parte de esfuerzos (no gubernamentales) para dar a conocer a la opinión pública de Costa Rica lo que ocurre en Gaza, la película La Voz de Hind Rajab, ganadora de varios premios internacionales, se presentó en Costa Rica por vez primera, a partir del 5 de junio del 2026 en el Cine Magaly (véanse enlace de anuncio del Cine Magaly, así como este video de la larga ovación vivida durante la presentación de esta conmovedora película durante el Festival de Venezia, así como esta nota de prensa). En este enlace de una fundación que lleva su nombre, el detalle del asesinato de esta niña palestina ocurrido el 29 de enero del 2024 en Gaza permite entender mucho mejor las razones por las que esta película ha conmovido a tantas personas en todo el mundo. En este otro enlace de una fundación que lleva su nombre, se enlista parte de los 24 militares israelíes involucrados en el asesinato de Hind Rajab y de su familia, así como el de dos socorristas cuya ambulancia fue bombardeada horas después de llegar cerca del vehículo en el que se encontraba esta pequeña niña palestina aún en vida.
A modo de conclusión
Ante el drama indecible que se vive en Gaza desde hace más de dos años y medio, y la extrema urgencia de la situación para muchas familias palestinas, la justicia internacional de La Haya cuenta con un procedimiento contencioso que no hay cómo modificar, alterar o agilizar.
Este procedimiento contencioso se extiende durante varios años, en razón de las reglas procesales aplicables: como muchas veces ocurre con la misma justicia a nivel nacional, la justicia internacional puede llegar en algún momento, pero no es necesariamente una justicia pronta, como se quisiera. Desde este punto de vista, la justicia internacional no escapa a lo que pareciera ser una verdadera patología de la justicia en el plano nacional.
Ahora bien, desde el 26 de enero del 2024, fecha de la primera ordenanza de la CIJ, fueron en total tres los intentos de Sudáfrica de solicitarle medidas urgentes a la CIJ sobre el genocidio en curso en Gaza, siendo la última la ordenanza de la CIJ del mes de mayo del 2024, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 10): conforme pase el tiempo, y se registren más exacciones de Israel en Gaza, la actitud desafiante de Israel puede contribuir a garantizarle a Sudáfrica una futura sentencia de la CIJ particularmente contundente y ejemplarizante. Paralelamente, los diversos informes de Naciones Unidas ya elaborados (y por elaborar) así como otros informes preparados por otras entidades de la sociedad civil, como por ejemplo uno reciente elaborado sobre lo que viven las personas palestinas detenidas en las cárceles israelíes (Nota 11), permitirán, sin lugar a dudas, a los jueces de la CIJ contar con elementos adicionales para condenar con mayor dureza a Israel como Estado: desde este preciso punto de vista, hay que saludar la magistral estrategia legal de Sudáfrica contra la que no pueden hacer mayor cosa, ni Israel, ni sus influyentes círculos de influencia, como tampoco su incondicional aliado norteamericano.
Este último por cierto, no encontró nada mejor que atacar conjuntamente con Israel a Irán, el 28 de febrero del 2026, tres días después de haber sido notificado por la CIJ de la apertura de la fase de compensación en el marco esta vez de otro caso: la demanda interpuesta por Irán contra Estados Unidos en el 2018 relativa al secuestro ilegal de sus activos bancarios en Estados Unidos (véase texto en francés y en inglés de la ordenanza de la CIJ del 25 de febrero del 2026).
– Notas –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 26 de enero del 2024. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Países Bajos e Islandia solicitan intervención en el marco la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza», 11 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: En efecto, en marzo del 2026, mientras que toda la comunidad internacional repudió la adopción de una polémica ley en Israel instaurando la pena de muerte de manera discriminatoria, al ser aplicable únicamente para condenados palestinos (véanse entre muchos comunicados oficiales, el de España, de Francia, de la misma Unión Europeay el comunicado conjuntode Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido así como este comunicado de varios expertos de Naciones Unidas), el aparato diplomático costarricense se mantuvo totalmente omiso y enmudecido. En este comunicado, un colectivo de juristas en Francia denominado JURDI concluye de manera muy certera, que:»La loi israélienne du 30 mars 2026 ne constitue pas une simple modification de politique pénale. En réintroduisant la peine de mort dans un système marqué par l’occupation, la colonisation, la ségrégation raciale et l’apartheid, mais aussi un génocide à Gaza, elle contrevient aux exigences fondamentales du DIDH, du DIH et du droit international pénal. Elle s’analyse moins comme une réponse au « terrorisme » que comme un instrument d’aggravation de la répression exercée contre le peuple palestinien, renforçant un régime de domination institutionnalisée«. Mientras el repudio ha sido generalizado con respecto a esta ley votada en Israel el 30 de marzo del 2026, … resulta oportuno leer lo que decía el comunicado oficial de Costa Rica en el año 2024, para conmemorar el día internacional de la abolición de la pena de muerte: reafirmaba entonces su defensa de los principios … pasados completamente por alto tratándose de Israel en este 2026 con relación a la penal capital.
Nota 6: Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 74-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas«, 22 de diciembre. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 8: Véase al respecto BOEGLIN N., «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, 11 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace .
Nota 9: Véase al respecto este comunicado de febrero del 2026 de Amnistía Internacional denunciando el burdo montaje a partir del cual Austria, Francia y República Checa pidieron sanciones contra Francesca Albanese. El 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo y grosero que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre su capacidad de lectura y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del Presidente de la ONG francesa JURDI con fecha del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian la maniobra de la que fue víctima Francesca Albanese. Se recomienda leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y (cuyo texto integral esta disponible desde el 1 ero de abril del 2026).
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas «. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 11: Véase el informe presentado por una ONG en Ginebra en abril del 2026 titulado «Another genocide behind walls”: New report documents testimonies of rape and sexual violence in Israeli prisons«. En materia de tortura, el pasado 16 de mayo, fue el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura el que envió una misiva urgente a Israel (véase carta), objeto incluso de un comunicado oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado del 19 de mayo del 2026 titulado “Special Rapporteur on torture warns of persistent risks for Palestinian detainees, implores Israel to change course”). Como ya viene siendo costumbre desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, este comunicado de prensa no fue referenciado en prácticamente ningún medio de prensa internacional ni nacional en Costa Rica, por razones que sería de sumo interés conocer.
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