Alejandro Machado García Consultor Gestor de desarrollo, género y migraciones
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no nació como un tratado internacional jurídicamente vinculante en sentido estricto, se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales del orden internacional. Su amplia aceptación, la práctica sostenida de los Estados y su influencia en tratados, constituciones y decisiones judiciales han contribuido a que numerosos principios contenidos en ella sean reconocidos como normas de derecho internacional consuetudinario. Su importancia no es únicamente jurídica: también representa un compromiso político y ético con la protección de la dignidad humana.
En ese marco, el derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la asistencia humanitaria cumplen una función esencial: responder a las situaciones que colocan a personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, ya sea de manera temporal o permanente. Conflictos armados, desastres naturales, desplazamientos forzados, crisis económicas y persecuciones políticas pueden destruir las condiciones mínimas para una vida digna. Frente a esas realidades, la cooperación internacional procura proteger a las personas, aliviar el sufrimiento y garantizar que nadie quede excluido por su nacionalidad, situación migratoria, género, raza, religión, condición económica u opinión política.
La construcción de este marco internacional fue el resultado de un proceso doloroso. Las dos guerras mundiales demostraron el costo de dejar las relaciones entre los Estados sometidas exclusivamente a la lógica de la fuerza, los intereses geopolíticos y la capacidad militar. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, provocó aproximadamente 20 millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, dejó entre 70 y 85 millones de personas fallecidas. A ello se suma el Holocausto nazi, durante el cual fueron asesinados seis millones de judíos, además de millones de personas pertenecientes a otras minorías perseguidas.
Pero las violaciones a la dignidad humana no se limitaron a los escenarios bélicos. Durante décadas, el trabajo careció de una regulación internacional adecuada; en fábricas textiles y minas de Europa y América eran habituales jornadas de entre 14 y 16 horas. Persistían la servidumbre por deudas, la explotación infantil y diversas formas de discriminación. Las mujeres no podían votar en numerosos países ni ejercer plenamente derechos económicos básicos, como abrir una cuenta bancaria o administrar sus bienes. La creación del Sistema de Naciones Unidas y el desarrollo progresivo del derecho internacional respondieron, precisamente, a la necesidad de sustituir la imposición por reglas comunes, cooperación y responsabilidad compartida.
De esa historia surge una premisa sencilla, pero fundamental: los derechos protegen a las personas por el hecho de ser humanas, no por su riqueza, su nacionalidad, su cercanía con un gobierno o su afiliación política. La dignidad no se compra, no se vende y tampoco se obtiene como recompensa por mérito económico. No pertenece exclusivamente a quienes se ubican a la izquierda o a la derecha, ni depende de la aprobación de un partido o de un gobierno. Es inherente a toda persona.
Por eso deben observarse con preocupación las narrativas que pretenden convertir la asistencia humanitaria en una concesión política. La ayuda no puede depender de la afinidad ideológica, de relaciones de compadrazgo ni de la conveniencia coyuntural de los gobiernos. Tampoco debería utilizarse como instrumento de presión, castigo o legitimación política. Los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia establecen que la acción humanitaria debe responder a las necesidades de las poblaciones afectadas y mantener autonomía frente a objetivos políticos, económicos o militares.
La asistencia humanitaria comprende mucho más que la entrega de alimentos, medicinas o refugio. Incluye acciones de protección y promoción de derechos en contextos de emergencia, de acuerdo con la naturaleza de la crisis y las condiciones de las comunidades afectadas. Su propósito es salvar vidas, aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad.
Las narrativas de odio y polarización, nos invitan a preguntarnos: ¿Se defenderán los principios universales incluso cuando hacerlo implique costos políticos, o se optará por callar para sobrevivir frente a gobiernos poderosos? La línea entre la prudencia diplomática y la complicidad puede volverse peligrosamente delgada. El temor a represalias, a la expulsión de organismos o a la restricción del acceso humanitario no debería conducir a la renuncia de las responsabilidades internacionales, nos invita a ser valientes.
Existe un intento evidente por debilitar la confianza en el Sistema de Naciones Unidas, en el derecho internacional y en las respuestas humanitarias. Precisamente por eso es necesario señalar los incumplimientos con claridad y coherencia. Si la comunidad internacional denuncia la selectividad y la desigualdad de poder, pero guarda silencio cuando las violaciones son cometidas por gobiernos aliados o económicamente influyentes, termina atrapada en una contradicción: el sistema que debía limitar la arbitrariedad acaba otorgándole la razón al poder político y económico, y restándose credibilidad frente a la gente.
Defender la dignidad humana exige aplicar los mismos principios a todas las personas y en todos los contextos. De lo contrario, los derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios administrados por quienes tienen mayor poder. La asistencia humanitaria, el derecho internacional y la cooperación solo conservarán su legitimidad si permanecen al servicio de las personas, no de los gobiernos.
Está claro que un Estado debe ser eficiente económicamente y eso conlleva una política fiscal robusta, tanto en recaudación como en control del gasto. Pero si esa eficiencia se convierte en el único timón que guía las políticas públicas, las discusiones se concentran en cuánto darles a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades, el Poder Judicial, los CEN CINAI, entre otras. La discusión no aborda, sin embargo, la razón de ser de esas instituciones, por ejemplo, ¿cuál es el problema público que atienden? ¿si ya ese problema está resuelto? ¿qué herramientas necesitan para hacer su trabajo de manera más eficaz? ¿qué ocurriría si desaparece esa institución? ¿qué derechos se verían afectados? Si preguntas como estas no forman parte del debate público, estamos entonces ante una política centrada en discusiones presupuestarias.
Contrario a esa situación, la política social que Costa Rica impulsó entre 1940 y al menos la década de 1980, apostó por el universalismo. El Estado Social en el que crecieron quienes hoy superan los 50 o 60 años, y que le ha permitido a los más jóvenes disponer de servicios públicos como electricidad, agua potable y acceso a la salud y la educación, no fue una decisión al azar. Desde la década de 1940, las primeras instituciones autónomas creadas por las fuerzas políticas del momento apuntaron a construir la nación que aún hoy, con todo y sus problemas, tenemos los costarricenses. Y aunque esa decisión no logró eliminar las desigualdades, la evidencia muestra que sí las contuvo y permitió, vía movilidad social, disminuirlas sustancialmente.
Ese Estado Social representa el acuerdo de fuerzas políticas que decidieron mediante un “pacto social” que el Estado asumiera el deber y obligación de financiar las instituciones creadas para reducir desigualdades. Ese acuerdo permitió, por ejemplo, que el acceso a la salud y a la educación se garantizaran como un derecho para todos. Quienes integraban esas fuerzas sabían que Costa Rica ocupaba asegurarles a los trabajadores condiciones laborales justas, también reconocían la importancia de llevar agua potable y electricidad a los diversos rincones del país y asegurar el acceso al crédito oportuno, entre otras cosas. Ofrecer esas condiciones era un paso necesario para reducir las desigualdades que se venían consolidando en producto de la herencia colonial y del diferenciado desarrollo económico entre el valle Central y las zonas periféricas. Y sobre esos cimientos el Estado asumió otros compromisos, como, por ejemplo, contribuir al logro de una vivienda digna, crear rutas de acceso para diversos puntos del territorio y asegurar el desarrollo de las comunicaciones. Y como puede apreciarse, fueron tareas que no las habría resuelto el mercado ni la beneficiencia, ni las resolvería hoy la denominada responsabilidad social empresarial.
El desarrollo de esas acciones del Estado Social consolidó la característica más notoria de nuestra sociedad: la calidad democrática. Esos avances vinieron a reducir las desigualdades y ampliaron la ciudadanía y el sufragio ayudando a la estabilidad política. La inclusión de territorios periféricos a los beneficios sociales también ayudó a mejorar la integración territorial y con ello también se atendió anticipadamente diversos conflictos. Y no se está idealizando y menos insinuando que no hubo problemas. Persistieron importantes desigualdades territoriales, algunos pueblos no recibieron la misma atención, la pobreza como problema social no fue resuelto, la concentración de tierra y de bienes continuó, los pueblos indígenas quedaron excluidos en gran medida y la economía de exportación demostró sus debilidades ante escenarios de crisis, por mencionar algunos.
Lo rescatable, y hasta cierto punto irónico, es que ese Estado Social fue posible pese a un proceso de recaudación fiscal imperfecto y regresivo y a una economía exportadora altamente dependiente del mercado, aunque, eso sí, con una población aún reducida. Ese modelo entró en dificultades en la década de 1980 producto, entre otras cosas, de la crisis internacional que condujo a reformas estructurales y a la reducción del Estado. La crisis fiscal, la inflación, el endeudamiento y la baja productividad alimentaron una tensión que condujo a la adopción de nuevas medidas en un contexto de cambios demográficos significativos, pero también de orientaciones externas que exigían a Costa Rica mejorar su competitividad. Así, en paralelo con los denominados PAE´s Costa Rica empezó, progresivamente, a abandonar esa preocupación por el bienestar general de la población como una tarea del Estado y se empezó a transitar hacia un país de venta de servicios y de enclave para industrias de capital internacional, alegando criterios (válidos) como la generación de empleo.
Como puede colegirse entonces, se pasó de aquel modelo solidario (imperfecto), basado en derechos de todos los ciudadanos (universal), preocupado por la igualdad, la equidad y el bien común, a uno preocupado por la eficiencia, la competitividad, la focalización del gasto o inversión y la sostenibilidad fiscal. Y no es que el cambio hacia esos criterios estuviese mal, por el contrario, ellos pudieron haber cubierto las necesidades del modelo social, pero no lo hicieron ¿decisión política? El punto es que, tras la búsqueda legítima (y necesaria) de la eficiencia económica, en los últimos años hemos presenciado un abandono paulatino de las grandes políticas de Estado (no de gobiernos), como infraestructura, salud, seguridad ciudadana y educación. Ese abandono progresivo del Estado Social que arrancó entre 1980 y 1990 de la mano del PLN y del PUSC se incrementó en los dos gobiernos del PAC, en el Gobierno de Progreso Social Democrático y actualmente del Partido Pueblo Soberano. Particularmente en el último quinquenio se han intensificado los cuestionamientos respecto a preguntas como ¿Qué programas sociales deben financiarse por parte del Estado?, ¿Qué papel deben tener las universidades públicas?, ¿Cómo debe funcionar la política social? Etc.
Entretanto, las demandas ciudadanas se desarrollan en un escenario dual. De un lado conviven las luchas (de algunos) para que se fortalezcan las políticas públicas que aseguren la continuidad del Estado Social que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, y de otro se redoblan esfuerzos (también de algunos) por que se atienda los derechos que derivan de los nuevos desafíos del siglo XXI. Hoy se enfrentan problemas derivados de un empleo precario, del envejecimiento de la población, la salud mental, el acceso digital, los efectos del cambio climático y de las dinámicas impulsadas por el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como la corrupción. Esta dualidad plantea, como trasfondo, un reto adicional: ¿Cómo impulsar el Estado Social en una sociedad compleja como la actual?, ¿cómo hacerlo en una sociedad que valora cada vez menos los esfuerzos del pasado por ofrecerle a los ciudadanos el acceso universal a bienes públicos o que incluso cuestionan a quienes encabezan estos desafíos? y ¿cómo lograrlo si la política asume la focalización de la inversión social en lugar del universalismo?
Por ello, hablar de ese reto tiene sentido si nos atrevemos a responder la siguiente pregunta: ¿Queremos, o no, un Estado Social que ayude a ofrecer bienes públicos a todos los costarricenses? Si la respuesta es no, entonces el camino seguramente será el dar luz verde al modelo de Estado mínimo de corte neoliberal y aceptar lo que venga, donde lo único más o menos claro son las privatizaciones. Pero si la respuesta fuese un sí, entonces es importante tener claro que la discusión actual no atañe solo a un tema de finanzas públicas o de corrupción, sino que se trata de la redefinición del pacto social que ha dado sustento a nuestra democracia y al modo de vida por el que el mundo nos reconoce. Implica tener claro que el Estado Social, más que un proveedor de bienes públicos ha sido un constructor de confianza, criterio que incluso se usa internacionalmente para promover la inversión extranjera directa. La corrupción que ha infectado parte de esta institucionalidad hay que combatirla sin duda, pero con imaginación y no destruyendo las bases del sistema social.
Refundar este pacto social implica tener claro que las instituciones, que indudablemente requieren mejoras, son más que simples espacios de gasto. Simbólicamente la CCSS, por ejemplo, no es solo atención médica, representa el mayor símbolo de solidaridad con el que cuenta el país. El acceso a educación pública no es solo un tema de superación, es la materialización de las oportunidades para todos sin distingo de etnia, región o condición socioeconómica. Las universidades no solo gradúan mano de obra, son espacios de movilidad social y de construcción de pensamiento crítico. El ICE, con todo y sus problemas, no solo ha llevado electricidad y telecomunicaciones a todos los rincones del país, sino que representa la capacidad del Estado para impulsar desarrollo. El AyA no solo lleva agua potable a los hogares del país, sino que es un punto medular en la salud preventiva. Por lo tanto, no se trata de cuánto debe gastar el Estado, sino qué derechos y formas de solidaridad está dispuesto a preservar, mejorar o abandonar la sociedad costarricense para seguir encarando el siglo XXI.
En síntesis, la discusión pendiente de la que hablamos no se enfoca en cuánto debe gastar el Estado para atender u ofrecer bienes públicos a la sociedad. Lo que está de fondo es la necesidad de decidir, conscientemente y sin ataduras políticas, qué clase de sociedad queremos ser. Cuando una familia usa sobrecitos plásticos o de papel para dividir sus ingresos y atender responsablemente sus compromisos, no está haciendo otra cosa más que determinar prioridades sobre lo que considera urgente, necesario o prescindible. Del mismo modo, detrás de cada presupuesto institucional hay un objetivo ligado al desarrollo pleno de la ciudadanía y a un criterio de solidaridad. La cuestión es entonces si apostamos por fortalecer las bases democráticas del Estado Social o si prescindimos de él. Ojalá la reflexión sobre esto nos haga conscientes de lo que asumimos como sociedad. Por delante queda un largo camino y una difícil tarea y por ello es bueno recordar que un presupuesto conlleva implícita una declaración moral sobre aquello que la sociedad considera importante de proteger.
1Profesor e investigador, Escuela de Historia de la Universidad Nacional.
En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.
Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.
Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.
La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.
Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.
Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.
Confieso que cuando vi por primera vez los videos tuve una reacción bastante poco sociológica: «¡Qué estupidez!», pensé.
Un grupo de jóvenes se enfrentaba mediante movimientos extraños, poses, miradas, caminatas, gestos exagerados y actitudes cuidadosamente despreocupadas. Todo ello para determinar quién poseía más «aura». No había premio, aparentemente tampoco una finalidad demasiado clara y, para empeorar las cosas, aquello ocurría en el Pretil de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.
Mi siguiente pensamiento tampoco fue particularmente profundo: «¿Hasta dónde hemos llegado?».
Afortunadamente, antes de escribir alguna barbaridad en redes sociales cometí el error —o quizá la virtud— de hacerme una pregunta:
¿Y si aquí estuviera ocurriendo algo más interesante de lo que parece?
El problema comenzó entonces, porque una pregunta condujo a otra y, cuando quise darme cuenta, aquellos muchachos que aparentemente estaban perdiendo treinta minutos de su vida me habían hecho perder varias horas de la mía intentando comprender qué diablos estaban haciendo. Tal vez, después de todo, habían ganado la primera batalla de aura.
Primero había que entender de qué estábamos hablando
«Farmear aura» no tiene, al menos en este contexto, ninguna relación con energías místicas, chakras ni campos electromagnéticos humanos. “Farmear” procede de la jerga de los videojuegos y alude a realizar determinadas acciones para acumular recursos o puntos. El «aura», en cambio, funciona en la cultura digital como una suerte de marcador imaginario de carisma, seguridad, estilo o presencia.
Una entrada espectacular puede significar «+1000 de aura». Tropezarse cuando todos están mirando podría significar perder unos cuantos miles.
La expresión circuló primero como meme en redes sociales y posteriormente dio un salto bastante interesante: salió de las pantallas y se convirtió en competencia presencial. En las llamadas «batallas de aura» dos personas se enfrentan mediante gestos, movimientos, poses o pequeñas actuaciones, mientras quienes observan reaccionan y terminan decidiendo, sin reglamentos demasiado sofisticados, quién ganó.
En Costa Rica el fenómeno adquirió notoriedad después de una batalla realizada el 17 de agosto de 2026 en el Pretil de la Universidad de Costa Rica. Los videos se hicieron virales y, casi inmediatamente, también lo hicieron los comentarios: vagos, ridículos, mantenidos, adoctrinados, estudiantes del Frente Amplio, muchachos que desperdician el dinero de sus padres y, por supuesto, el inevitable «¿para eso pagamos impuestos?».
El asunto se volvió todavía más curioso porque uno de los participantes contó después que originalmente había ido solamente a observar y que el encuentro, que comenzó tímidamente, terminó reuniendo, según su estimación, a unas 300 personas. Además, ya comenzaron a anunciarse nuevas batallas en otros lugares.
De pronto, el sinsentido estaba convocando gente, y esto merece atención.
Cuando una tontería produce demasiada indignación deja de ser solamente una tontería.
Podríamos aceptar, por un momento, la hipótesis más severa. Supongamos que farmear aura es una estupidez; bien, pero el problema sociológico no desaparece. Por el contrario, apenas comienza: ¿Por qué una estupidez provoca semejante reacción social?
Los seres humanos hacemos diariamente cantidades considerables de cosas perfectamente inútiles. Bailamos, coleccionamos objetos, vemos durante horas a veintidós personas persiguiendo una pelota, discutimos con desconocidos en Facebook, pagamos por escuchar a otras personas cantar canciones que ya tenemos grabadas y algunos incluso pasamos madrugadas enteras escribiendo artículos para tratar de explicar por qué unos muchachos hacen movimientos raros en el Pretil.
La inutilidad, por sí misma, difícilmente explica la indignación.
Johan Huizinga (2007) sostuvo hace décadas, en Homo ludens, una tesis bastante más seria de lo que su título podría sugerir: el juego no es simplemente una actividad residual que realizamos después de las cosas importantes. Constituye uno de los espacios desde los cuales se produce cultura. La cultura también se juega.
Quizá convenga entonces dejar de preguntar únicamente qué «utilidad» tiene farmear aura y preguntar ¿qué relaciones, símbolos, aprendizajes y significados produce mientras se juega? La respuesta empieza a complicar el asunto.
Hay que salir de Internet para farmear aura
Aquí aparece una primera paradoja. Nos hemos acostumbrado a escuchar que los jóvenes viven encerrados en las pantallas, que ya no conversan, que no salen, que perdieron contacto con el mundo real, que TikTok destruyó sus capacidades de socialización y que pronto habrá que enseñarles mediante un tutorial cómo mirar a otro ser humano a los ojos. Y entonces ocurre algo inesperado: Una práctica nacida y difundida en la cultura digital los obliga a encontrarse físicamente.
Para participar en una batalla de aura hay que estar ahí.
Hay cuerpos, miradas, gestos, proximidad, espectadores, risas, vergüenza, reconocimiento y competencia.
El circuito ya no es simplemente digital. Funciona más bien así:
red → encuentro presencial → performance → grabación → red → nuevo encuentro
La cultura digital, paradójicamente, termina produciendo presencialidad.
Erving Goffman (2009) habría encontrado el espectáculo delicioso. En La presentación de la persona en la vida cotidiana explicó la interacción social mediante una metáfora dramatúrgica: nos presentamos ante otros, actuamos, administramos impresiones y necesitamos una audiencia capaz de reconocer aquello que intentamos proyectar.
Pues bien: no se puede farmear aura completamente solo. El aura necesita ojos ajenos. Sin espectadores no hay reconocimiento y sin reconocimiento el capital acumulado resulta bastante inútil.
Bienvenidos al capitalismo áurico
Porque, además, los muchachos no se reúnen únicamente para cooperar: “Compiten”, y aquí la práctica se vuelve todavía más interesante. Durante unos minutos parecen escapar de las exigencias productivas del mundo adulto, pero inmediatamente inventan otra competencia. No compiten por dinero, por créditos universitarios, por una beca ni compiten por promedio académico; compiten por algo absolutamente inexistente y, simultáneamente, perfectamente real dentro del juego: el aura.
Bourdieu (2008) probablemente nos permitiría cometer aquí una pequeña travesura conceptual y hablar, con todas las precauciones del caso, de una especie de “capital áurico”: un capital simbólico efímero cuyo valor existe porque otros participantes reconocen que existe.
No se puede depositar en un banco, tampoco sirve para pagar la matrícula y menos para mejorar el currículo. Pero durante treinta minutos organiza jerarquías, produce reconocimiento y establece quién ocupa la posición dominante dentro de aquel pequeño universo. Los jóvenes suspenden momentáneamente una sociedad competitiva para construir…otra competencia. Nada mal como metáfora involuntaria de nuestro tiempo.
El Pretil no es cualquier lugar
Ahora imaginemos exactamente la misma escena en una universidad privada. Los mismos movimientos, la misma ropa, las mismas risas, la misma cantidad de jóvenes, el mismo tiempo perdido. ¿Habría provocado idéntica indignación?
No podemos responder científicamente sin realizar la comparación. Pero la pregunta constituye un magnífico experimento mental. Porque desaparecería inmediatamente una acusación: «¿Para eso pagamos impuestos»? y probablemente resultarían bastante más difíciles otras: «adoctrinados», «comunistas», «Frente Amplio».
Entonces aparece la sospecha de que parte de la controversia no tiene como verdadero objeto el aura farming. Tiene como objeto la Universidad de Costa Rica, y no cualquier espacio de ella: el Pretil.
Los espacios también poseen memoria y significado. Henri Lefebvre (2013) insistió en que el espacio social no es simplemente un recipiente dentro del cual ocurren las cosas: las prácticas sociales producen espacio.
El Pretil posee una extraordinaria densidad simbólica en la historia universitaria costarricense. Allí esperamos encontrar estudiantes conversando, manifestándose, organizándose, protestando o haciendo eso que solemos considerar propio de estudiantes de una universidad prestigiosa.
La UCR, además, no es una institución académica cualquiera. En la clasificación QS correspondiente a 2026 aparece como la universidad número uno de Costa Rica y de Centroamérica, número 16 de América Latina y 499 del mundo.
Y de pronto algunos de «los mejores estudiantes del país» aparecen haciendo visajes para determinar quién posee más aura. La escena rompe el guion. Pero ocurre algo todavía más interesante: Si los estudiantes de la universidad pública protestan, para algunos están adoctrinados, si se organizan políticamente, son izquierdistas, si cuestionan al Gobierno, son revoltosos y si durante el receso hacen movimientos absurdos para divertirse…son vagos.
Entonces surge una pregunta bastante incómoda:
¿Qué se supone exactamente que deben hacer para comportarse como buenos estudiantes de una universidad pública?
Quizá el problema no sea lo que hacen. Quizá algunas personas ya habían decidido qué significa «estudiante de la UCR» antes de mirar el video.
Cada generación fabrica sus propios demonios
Nada de esto es completamente nuevo, antes fueron los hippies, después los punks, los metaleros, los emos y más recientemente, los therians.
Cambian las estéticas y los códigos, pero permanece cierta estructura de reacción:
Stanley Cohen (2017), llamó “pánicos morales” a procesos mediante los cuales determinadas personas, prácticas o grupos llegan a ser representados como amenazas para valores e intereses sociales. Su obra Demonios populares y «pánicos morales resulta sorprendentemente actual para comprender la velocidad con que una conducta minoritaria puede transformarse en síntoma de una supuesta decadencia colectiva.
Unos muchachos hacen visajes, después «los estudiantes de la UCR hacen visajes», poco después «esto es la UCR», finalmente: «Esto demuestra lo que está pasando con la educación pública». La escalada semántica merece más atención que el movimiento de brazos que inició la discusión.
También hay una pequeña pedagogía del sinsentido
Pero hay otra dimensión que fácilmente pasa inadvertida: Para farmear aura también hay que “aprender”, observar, imitar, ensayar, interpretar códigos, reconocer movimientos, comprender cuándo una pose funciona, leer las reacciones de quienes observan, modificar la actuación, competir y evaluar.
No hay profesor, no hay programa, no hay examen, no hay créditos, pero hay aprendizaje.
Estamos ante una forma elemental de educación informal: el grupo enseña, el cuerpo enseña, la observación enseña, la imitación enseña y la reacción de los demás funciona como evaluación inmediata.
Pero quizá quienes más estamos aprendiendo somos nosotros. Mi propia experiencia resulta ilustrativa:
Primero:
«¡Qué estupidez!»
Después:
«¿Qué están haciendo?».
Luego:
«¿Por qué lo hacen?».
Más tarde:
«¿De dónde salió esto?».
Después:
«¿Por qué me pareció estúpido?».
Y finalmente:
«¿Qué dice mi propia reacción sobre las categorías mediante las cuales juzgo a los jóvenes?»
En algún momento dejé de observar únicamente a quienes farmeaban aura y tuve que comenzar a observar al observador; esto también es educación y constituye, además, una saludable lección metodológica: el científico social no contempla el mundo desde ninguna parte. También lleva prejuicios, expectativas generacionales y categorías de normalidad dentro de su mochila.
Colonizar el espacio con algo que no sirve para nada
El desplazamiento de estas prácticas hacia parques, plazas y universidades agrega otra dimensión. Los jóvenes ocupan temporalmente territorios cuyo uso estaba previamente codificado. Una plaza sirve para caminar, un parque para descansar, un Pretil para… bueno, aparentemente ahora también para farmear aura. Durante treinta minutos el espacio cambia de significado.
No hay barricadas, no hay manifiesto, no hay programa político. No hace falta convertir la práctica en una heroica resistencia juvenil que probablemente sus participantes jamás imaginaron, simplemente ocurre algo mucho más modesto: Un grupo de jóvenes decide que durante media hora ese lugar servirá para otra cosa y al hacerlo produce encuentro, espectadores, reconocimiento, competencia, conversación y posteriormente conflicto público.
Una práctica puede carecer de intención política y, sin embargo, producir consecuencias culturalmente transgresoras. Esta distinción resulta fundamental.
Afirmar que aquellos jóvenes están protestando conscientemente contra el capitalismo, el Gobierno, la precarización laboral o la sociedad disciplinaria sería poner en sus bocas un discurso que probablemente nunca pronunciaron.
Tal vez, si les preguntáramos, alguno respondería: «Mae, solo estábamos vacilando» y tendría razón.
Pero nosotros tampoco estaríamos necesariamente equivocados al preguntarnos por las condiciones sociales que permiten que ese «vacilón» adquiera determinados significados.
El sentido que atribuye el actor a su conducta y los efectos sociales producidos por esa conducta no tienen por qué coincidir.
Una juventud obligada a tomarse el futuro demasiado en serio
Existe además un contexto que no deberíamos ignorar.
En el primer trimestre de 2026, el 56,6 % de la población desempleada costarricense estaba concentrada entre las personas de 15 a 34 años. Los jóvenes reciben simultáneamente mensajes que les exigen estudiar, competir, capacitarse, emprender, dominar tecnologías, aprender idiomas, construir una marca personal y prepararse para profesiones algunas de las cuales quizá serán radicalmente transformadas por la inteligencia artificial antes de que terminen de consolidarse.
Les pedimos certezas mientras les entregamos incertidumbre.
Les exigimos planificar el futuro mientras les describimos ese futuro mediante crisis climáticas, guerras, precarización laboral, polarización política, automatización y catástrofes diversas que reciben diariamente desde una pantalla.
Y en medio de todo eso algunos se reúnen durante treinta minutos para determinar quién posee mayor cantidad de una cosa que no existe. Tal vez no sea tan irracional. O quizá lo sea exactamente en la medida necesaria.
Y entonces apareció Camus en el Pretil
Albert Camus planteó en El mito de Sísifo (2021) que el absurdo surge precisamente del encuentro entre nuestra necesidad humana de comprensión y un mundo que no ofrece necesariamente las respuestas que reclamamos.
Nosotros miramos a los muchachos y preguntamos:
«¿Pero qué sentido tiene esto?»
Quizá alguno responda: «Ninguno».
Y allí comienza nuestro problema, no el suyo.
Porque somos nosotros quienes necesitamos que la conducta tenga explicación, finalidad, utilidad, proyecto y sentido. Ellos juegan, nosotros interpretamos. Ellos hacen una pose, nosotros convocamos a Huizinga, Goffman, Bourdieu, Lefebvre, Cohen y Camus.
Francamente, no tengo completamente claro quién está haciendo la cosa más extraña.
Pero quizá esa sea precisamente la enseñanza: No todo comportamiento necesita constituir una protesta para revelar algo sobre la sociedad en la cual ocurre. No toda rebeldía necesita manifiesto. No toda práctica cultural necesita convertirse en identidad permanente. Y no todo sinsentido carece de efectos sociales.
Tal vez farmear aura sea solamente un juego. Pero es un juego que consigue sacar jóvenes de las pantallas, reunir cuerpos, producir códigos, generar aprendizajes, organizar competencias, construir reconocimiento, apropiarse temporalmente de espacios públicos, provocar conversaciones entre generaciones, activar prejuicios políticos y obligar a algunos adultos a preguntarnos por qué demonios nos molesta tanto que unos jóvenes pierdan media hora haciendo algo completamente inútil.
Y entonces regreso a mi reacción inicial. Sí. Quizá farmear aura sea una estupidez.
Pero después de pensar durante varias horas sobre aquella estupidez, ya no estoy tan seguro de que los muchachos sean los únicos que estaban farmeando algo.
Ellos acumularon aura, los demás acumulamos indignación y algunos, con un poco de suerte, acumulamos preguntas.
En una sociedad obsesionada con respuestas rápidas, certezas absolutas, productividad permanente y explicaciones simples, quizá aprender nuevamente a hacerse preguntas no sea una pérdida de tiempo. Aunque para conseguirlo haya sido necesario que varios jóvenes hicieran visajes en el Pretil.
Y queda todavía una última pregunta, probablemente la más camusiana de todas:
¿qué sentido tiene el sinsentido en una sociedad que, mientras exige que todo tenga sentido, se vuelve cada día un poco más absurda?
Tal vez no tengamos que responderla.
Por ahora podríamos simplemente sentarnos en el Pretil, observar la siguiente batalla y —por qué no— imaginar a Sísifo soltando por unos minutos la piedra.
Después de todo, hasta él tendría derecho a farmear un poco de aura.
Referencias
Bourdieu, P. (2008). El sentido práctico. Siglo XXI Editores.
Camus, A. (2021). El mito de Sísifo. Debolsillo.
Cohen, S. (2017). “Demonios populares y «pánicos morales» delincuencia juvenil, subculturas, vandalismo, drogas y violencia*. Gedisa.
Goffman, E. (2009). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu.
Huizinga, J. (2007). Homo ludens. Alianza Editorial.
Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.
Durante más de una década, Juan Carlos Monedero fue uno de los principales referentes intelectuales de la nueva izquierda española.
Como cofundador de Podemos, contribuyó a convertir la indignación social surgida tras la crisis de 2008 en un proyecto político que rompió el bipartidismo y alteró profundamente el panorama electoral.
Sin embargo, la trayectoria de Podemos también refleja las dificultades de transformar una fuerza de protesta en una organización capaz de gobernar y mantenerse unida.
Con el paso de los años, las tensiones internas, las diferencias estratégicas y la fragmentación del espacio político situado a la izquierda del PSOE fueron debilitando aquel impulso inicial.
Para algunos analistas, Monedero representó una línea política que privilegió la confrontación ideológica sobre la construcción de mayorías amplias.
Para otro, el desgaste respondió sobre todo a la polarización del sistema político, la presión mediática y las contradicciones inherentes a cualquier fuerza emergente que accede a las instituciones.
A esta crisis política se sumó el fuerte deterioro de la imagen pública de Monedero tras las denuncias por presunto acoso sexista y las medidas adoptadas por instituciones como Podemos y la Universidad Complutense.
Más allá de las responsabilidades que correspondió determinar a las instancias correspondientes, estos hechos afectaron seriamente su autoridad como referente de una izquierda que había hecho de la igualdad y el feminismo parte central de su identidad.
Ciertamente, reducir la crisis de la izquierda española a la figura de Monedero sería simplificar un proceso mucho más complejo.
No obstante, ilustra las tensiones que atraviesan hoy a muchas fuerzas progresistas: cómo combinar radicalidad y vocación de mayoría, preservar la unidad sin sofocar el debate interno y mantener la credibilidad ética cuando los liderazgos dejan de estar a la altura de los valores que proclaman.
Ese sigue siendo uno de los grandes desafíos de la izquierda del siglo XXI.
Costa Rica atraviesa un momento que merece ser observado con particular atención. No porque existan elementos suficientes para afirmar que el país haya dejado de ser una democracia, ni porque resulte razonable anunciar la inminencia de una dictadura, sino por algo quizá menos espectacular y precisamente por ello más difícil de advertir: ideas, lenguajes y posibilidades políticas que durante décadas parecieron incompatibles con nuestra propia representación de la democracia comienzan a ingresar en el territorio de lo discutible.
El fenómeno merece análisis sin alarmismos, pero también sin ingenuidad.
En las últimas semanas han aparecido discusiones relacionadas con seguridad nacional, narcotráfico, criminalidad organizada, secreto de Estado, tecnologías de vigilancia, fortalecimiento policial y nuevas formas de comprender el papel de los cuerpos de seguridad. Paralelamente, el debate político se ha endurecido y expresiones como «zurdos», «comunistas», «enemigos» y otras categorías semejantes comienzan a utilizarse para caracterizar indistintamente a sectores opositores, críticos o cuestionadores del Gobierno.
No todos estos acontecimientos poseen el mismo estatuto ni pueden ser considerados evidencia de un único proceso. Algunos corresponden a decisiones gubernamentales comprobables; otros, a declaraciones políticas; algunos son interpretaciones de sectores opositores y otros incluso rumores, sátiras o textos cuya procedencia debe ser verificada.
Confundirlos sería un grave error metodológico.
Pero ignorar la representación colectiva que comienzan a producir también lo sería.
El problema no es Cuba ni la antigua Unión Soviética
Ante algunas de estas discusiones se ha recurrido nuevamente a una comparación conocida: advertir que determinadas prácticas de vigilancia, secreto o control estatal recuerdan experiencias como las de Cuba o la antigua Unión Soviética.
La comparación puede tener algún valor histórico, pero resulta insuficiente cuando convierte determinadas experiencias socialistas en paradigma exclusivo del autoritarismo.
La Unión Soviética dejó de existir hace más de tres décadas. Cuba constituye una experiencia histórica específica, desarrollada además bajo condiciones geopolíticas extraordinarias, entre ellas el prolongado embargo estadounidense. Nada de ello impide analizar críticamente las restricciones políticas existentes en Cuba ni las prácticas represivas que caracterizaron determinados períodos soviéticos. Contextualizar no significa justificar.
El problema aparece cuando estos casos se utilizan para establecer implícitamente una equivalencia: socialismo = autoritarismo; democracia liberal-capitalista = libertad.
La experiencia histórica y contemporánea resulta mucho más compleja.
Estados capitalistas, democracias liberales, monarquías, regímenes híbridos y gobiernos autoritarios de diferentes orientaciones ideológicas han desarrollado mecanismos de vigilancia, persecución, espionaje, represión y control de la disidencia.
El Estado policial no posee una ideología económica exclusiva.
Por eso la pregunta relevante para Costa Rica no debería ser si podemos convertirnos en Cuba o reproducir la extinta Unión Soviética.
La pregunta debería ser otra: ¿bajo qué condiciones cualquier Estado consigue ampliar sus capacidades de vigilancia, secreto y coerción debilitando simultáneamente los controles democráticos sobre su ejercicio?
Seguridad y excepcionalidad
El narcotráfico y la criminalidad organizada constituyen problemas reales. Negarlo sería irresponsable. Precisamente por ser reales poseen una extraordinaria capacidad para legitimar políticamente medidas excepcionales.
Todo Estado democrático necesita investigar organizaciones criminales, proteger operaciones policiales, preservar determinada información sensible y disponer de instrumentos eficaces para garantizar la seguridad ciudadana.
La cuestión democrática no consiste en negar esas necesidades. Consiste en establecer sus límites.
El secreto de Estado, por ejemplo, no resulta en sí mismo incompatible con la democracia. Existen informaciones cuya divulgación podría comprometer investigaciones, seguridad nacional o relaciones internacionales. El problema comienza cuando la excepción amenaza con convertirse en regla y ámbitos cada vez más amplios de la actividad gubernamental pueden sustraerse del escrutinio ciudadano bajo una invocación genérica de la seguridad.
En el ordenamiento costarricense el secreto de Estado constituye precisamente una excepción al principio de publicidad y transparencia y, por esa razón, debe interpretarse restrictivamente.
La pregunta elemental continúa siendo entonces: ¿quién vigila al vigilante?
Cuando un Estado afirma que necesita mayores facultades para protegernos, una sociedad democrática no debería responder automáticamente con desconfianza, pero tampoco con obediencia. Debe preguntar cuáles facultades, durante cuánto tiempo, bajo qué controles, con qué mecanismos de rendición de cuentas y cuáles recursos existen frente a eventuales abusos.
Tecnología y poder
La discusión sobre tecnologías altamente intrusivas de vigilancia agrega una dimensión nueva al problema. Herramientas capaces de acceder clandestinamente a comunicaciones privadas poseen una enorme utilidad potencial frente al terrorismo o la criminalidad organizada. Pero exactamente la misma capacidad tecnológica que permite investigar a un narcotraficante puede utilizarse para vigilar a un periodista, un dirigente social, una persona opositora o un activista.
La tecnología carece de ideología. El poder que decide cómo utilizarla, no.
Por eso el debate sobre sistemas de vigilancia no debería reducirse a preguntar si sirven para combatir el crimen. Debe incorporar preguntas sobre autorización judicial, proporcionalidad, control institucional, trazabilidad, protección de datos, auditoría y responsabilidad política. La democracia no puede depender exclusivamente de las buenas intenciones de quien temporalmente controla una herramienta.
Las instituciones democráticas se construyen precisamente suponiendo que todo poder puede ser utilizado incorrectamente y que, por ello, necesita límites.
La construcción del enemigo interno
Existe, sin embargo, una dimensión todavía más delicada: el lenguaje mediante el cual se construyen adversarios políticos.
En democracia existen adversarios. Un adversario puede estar profundamente equivocado desde nuestra perspectiva. Podemos combatir sus ideas, movilizarnos contra sus propuestas y procurar electoralmente su derrota, pero continúa siendo ciudadano. El enemigo ocupa otra categoría.
Cuando expresiones como «zurdo», «comunista», «traidor», «enemigo» o equivalentes dejan de describir una posición ideológica concreta y comienzan a funcionar como etiquetas indiscriminadas contra quien crítica, cuestiona, protesta o se opone al Gobierno, ocurre un desplazamiento importante. Ya no se discute solamente qué dice una persona. Comienza a discutirse qué clase de persona es quien lo dice. Y una vez construido el enemigo, resulta más sencillo justificar tratamientos que difícilmente aceptaríamos frente a un adversario democrático.
El mecanismo no pertenece exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. La historia ofrece ejemplos suficientes de gobiernos de distintas orientaciones que construyeron enemigos internos para cohesionar políticamente a sus seguidores y legitimar formas extraordinarias de control. Por eso resulta peligroso analizarlo exclusivamente mediante categorías ideológicas.
La pregunta fundamental es democrática: ¿qué ocurre cuando cuestionar al Gobierno comienza a confundirse discursivamente con actuar contra el país?
De lo impensable a lo imaginable
Aquí se encuentra quizá el aspecto más profundo del problema: Las grandes transformaciones políticas no comienzan necesariamente cuando una ley modifica una institución. Muchas veces empiezan antes, cuando cambia aquello que una sociedad considera posible, puede existir una secuencia como esta:
No se trata de una secuencia inevitable: Una sociedad puede detenerla, invertirla o rechazar completamente determinada posibilidad. Pero para hacerlo primero debe reconocer que se está produciendo una disputa sobre los límites de lo aceptable.
Costa Rica construyó durante décadas una poderosa identidad civilista. La abolición del ejército no constituye solamente una disposición constitucional o una decisión histórica de 1948. Forma parte del relato mediante el cual el país se representa a sí mismo.
Precisamente por ello resulta sociológicamente significativo cuando comienzan a circular, aunque sea mediante rumores, sátiras o advertencias, narrativas sobre remilitarización, recuperación de rangos militares, fortalecimiento extraordinario de los cuerpos policiales o necesidad de responder militarmente frente a enemigos internos. Un rumor no demuestra que exista un proyecto gubernamental. Una sátira no constituye un proyecto de ley. Una representación exagerada no prueba que aquello que describe vaya a ocurrir. Pero su circulación puede revelar otra cosa: algo que anteriormente parecía imposible ha comenzado a poder ser imaginado. Y esto también constituye un hecho social.
La realidad política de las representaciones
Una democracia no está compuesta únicamente por leyes, instituciones y decisiones gubernamentales. También existe mediante símbolos, relatos, temores, expectativas y representaciones colectivas. Los acontecimientos producen narrativas, pero las narrativas también modifican la manera en que posteriormente interpretamos los acontecimientos. Una misma representación puede provocar reacciones distintas. Para unas personas: «Esto podría ocurrir» significa miedo y resistencia. Para otras: «Esto podría ocurrir» significa posibilidad. Y para algunas puede terminar significando: «Esto debería ocurrir».
Precisamente por eso debemos analizar cuidadosamente los discursos políticos.
Cuando se habla reiteradamente de enemigos, conspiraciones, amenazas, infiltrados, criminales, traidores o sectores peligrosos, no solamente se está describiendo una realidad. También puede estarse construyendo un determinado horizonte desde el cual esa realidad será posteriormente interpretada.
La movilización también modifica lo imaginable, pero sería un error observar solamente al poder. La ciudadanía también produce realidad política.
Las manifestaciones, organizaciones sociales, universidades, medios independientes, movimientos ciudadanos, sindicatos y demás formas de acción colectiva participan en la construcción del horizonte democrático.
Cuando una movilización multitudinaria consigue ser interpretada socialmente como capaz de influir sobre decisiones gubernamentales, independientemente de que resulte difícil establecer una causalidad directa, se produce un efecto político importante: la ciudadanía descubre o reafirma que movilizarse puede tener consecuencias.
Por eso la resistencia también transforma lo imaginable: Frente a discursos que fortalecen la autoridad puede aparecer una sociedad que reivindica los límites de esa autoridad. Frente a la descalificación de los contrapesos institucionales puede fortalecerse su defensa. Frente a la construcción de enemigos pueden reconstruirse adversarios democráticos. En resumen, no existe una única dirección histórica.
Ni dictadura inminente ni excepcionalismo costarricense
Conviene entonces evitar dos errores. El primero sería afirmar que Costa Rica se encuentra inevitablemente camino hacia una dictadura. No existen elementos suficientes para semejante conclusión y una afirmación de esa naturaleza terminaría debilitando el análisis. El segundo sería igualmente peligroso: «Eso nunca podría ocurrir en Costa Rica».
Ninguna democracia posee inmunidad histórica.
Las instituciones democráticas no sobreviven porque una sociedad haya sido democrática durante décadas. Sobreviven porque continúan existiendo ciudadanía, cultura política, instituciones y mecanismos capaces de defenderlas.
Una democracia puede conservar elecciones, parlamento, tribunales y libertades formales mientras comienzan a modificarse gradualmente los límites de aquello que sus ciudadanos consideran políticamente admisible. La erosión democrática, cuando ocurre, no necesita comenzar con tanques frente al Parlamento. Puede comenzar mediante pequeñas normalizaciones.
Una disputa por lo imaginable
Quizá parte de la coyuntura costarricense contemporánea pueda comprenderse precisamente como una disputa por lo imaginable: ¿Qué Estado queremos imaginar?
¿Uno donde la seguridad fortalezca las instituciones democráticas o uno donde permita reducir sus controles? ¿Una policía civilista o una fuerza progresivamente concebida mediante categorías militares? ¿Una ciudadanía que fiscaliza al poder o una que delega en él crecientes espacios de secreto? ¿Una oposición considerada parte legítima de la democracia o convertida discursivamente en enemigo interno? ¿Un Poder Judicial entendido como contrapeso constitucional o como obstáculo frente a la voluntad política de las mayorías? ¿Una protesta social comprendida como ejercicio ciudadano o como amenaza contra el orden?
Estas preguntas no anuncian inevitablemente ninguna catástrofe. Pero tampoco deberían parecernos irrelevantes. Porque una democracia no se pierde únicamente cuando desaparecen sus instituciones. También puede debilitarse cuando cambia silenciosamente el significado que atribuimos a ellas.
Por eso quizá la pregunta correcta no sea: ¿Nos estamos convirtiendo en Cuba, Venezuela, la antigua Unión Soviética o cualquier otro fantasma político disponible?
Esa comparación puede tranquilizar a unos y aterrorizar a otros, pero explica muy poco sobre nosotros mismos. La pregunta mucho más difícil es: ¿en qué Costa Rica estamos comenzando a imaginar que podríamos convertirnos?
Responderla exige observar al Gobierno, pero también a la oposición; analizar instituciones y movimientos sociales; distinguir hechos de rumores; separar evidencia de temor; reconocer amenazas reales sin convertirlas en justificación de poderes ilimitados. Sobre todo, exige abandonar la idea de que democracia significa únicamente celebrar elecciones periódicas.
Democracia también significa límites al poder, transparencia, pluralismo, debido proceso, libertad de expresión, protección de las minorías, independencia judicial, derecho a disentir y capacidad ciudadana de resistencia. La seguridad es necesaria. El combate contra el crimen organizado también. Pero precisamente porque ambos son necesarios debemos impedir que terminen convirtiéndose en palabras capaces de justificar cualquier cosa.
Porque la pregunta decisiva de una sociedad democrática nunca debería ser solamente ¿cuánto poder necesita el Estado para protegernos? Debe existir siempre una segunda pregunta: ¿cuánto poder estamos dispuestos a entregarle antes de comenzar a necesitar protección frente al propio poder?
En los últimos meses se ha desatado en las redes y desde el gobierno una narrativa en donde todo aquel que disiente del discurso oficial del gobierno, es enemigo, es perverso y es comunista. No cabe dentro de la mentalidad del chavismo, la posibilidad de que haya personas de bien, que puedan pensar distinto o sostener otras tesis que no sean las del chavismo. El que no es chavista, es perverso y es corrupto, y ahora, además, comunista.
No contentos con dividir el espectro ideológico en buenos contra malos, el chavismo bebe ahora de las ideologías más radicales del maniqueísmo latinoamericano y ya ni siquiera llama comunistas a los que cultivan un pensamiento diferente, sino que aprendió a llamar “zurdos” a todos aquellos que bailan otros sones, que no sean los de su flauta y su tamboril.
Estas divisiones fáciles y peligrosas que hemos conocido en otras latitudes de américa latina son las mismas que han fomentado la agresión entre hermanos, la intolerancia, la calificación del “otro” político como no humano, la represión, la cárcel y el terror político. Fantasmas que alguna vez han merodeado nuestro país, pero nunca se habían instalado, hasta ahora.
Recientemente en una rueda de prensa en Casa Presidencial el señor ministro de Justicia tuvo el desafortunado desliz de decir lo siguiente ….
“Estos zurdos, algunos de clóset, que ya los tenemos identificados, y que se reunieron todavía un día de estos…”
Quiero hacer notar que esto es más grave de lo que parece. No es cualquier hijo de vecino el que está hablando. Es un ministro de Estado de la República de Costa Rica. Pero, además, el señor ministro no está hablando en la cocina de su casa. Está hablando a todo el país y está hablando delante de la más alta jerarquía del Gobierno de Costa Rica.
En otras palabras, él lo hace porque sabe que este pensamiento, es coincidente con el pensamiento de la presidenta de la República Laura Fernández, de Rodrigo Chaves y de toda la camarilla política que lo rodea y constituye el grupo que nos gobierna.
A partir de este desafortunado comentario he visto gente haciendo bromas. Pero esto no es de bromas. Esto es gravísimo. Lo que expresa este burdo acontecimiento, es que tras bambalinas está activo un pensamiento oscuro, capaz de ejercer terror sobre la población ciudadana que piense distinto al gobierno.
Esto es más tenebroso y más real de lo que puede imaginarse y más peligroso de lo que observo que están comprendiendo los ciudadanos. Ese comentario evidencia una forma de ver la sociedad y la diversidad política. Es un peligro real y es la punta de un iceberg, no se debería permitir jamás que un funcionario hable así, mucho menos el ministro de Justicia y Paz.
El comentario del ministro deja abiertas algunas preguntas que el gobierno debería contestar. ¿Quiénes son esos zurdos a los que se refiere? ¿Por qué el ministro de Justicia y Paz asegura que se les está siguiendo desde el Gobierno? ¿Qué clase de actividad perniciosa están realizando? O por el contrario ¿en qué clase de acto ilegal está incurriendo la autoridad y el Sr. ministro de Justicia y Paz???
Esto es serio, esto no son chistes, aquí no hay broma. O hay un grupo terrorista, o hay Terror de Estado.
Debo confesar que cuando terminé de escribir estas palabras, yo mismo sentí miedo de lo que esto significa. Pero prefiero expresarlo y hacerlo público. para exorcizarlo y para que ojalá, nunca ocurra lo que quiere ocurrir. Porque, así como se habla con respecto al “otro” político, así se piensa y se actúa. Por eso da tanto miedo cuando encima de esto, declaran la actividad de estas fuerzas oscuras como secreto de estado.
Consciente o inconscientemente, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Qué clase de país están construyendo? Esta no es la Costa Rica luminosa y democrática que nos hizo diferentes en el mundo.
Y si en algún momento se cometieron errores y había que mejorar, estos oscuros caminos por donde nos llevan no son la opción de país que merecen nuestros hijos y nietos.
En estos días escuchamos muchas opiniones sobre el tema de la duración del cargo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay quienes se inclinan por un período corto (3 o 4 años), pero con posibilidad de reelección; hay quienes, por el contrario, proponen un único período, pero de 15 o 20 años; los restantes suelen moverse hacia soluciones intermedias. Pero en la mayoría o la casi totalidad de los casos no se aportan las razones que las respaldan ¿cuáles serían esas razones? ¿cuáles son los verdaderos fundamentos para una escogencia adecuada?
Parto de la afirmación de que la función de impartir justicia es, posiblemente, la más delicada entre las funciones del Estado, porque en ella la conjunción entre norma aplicable y verdad fáctica exige la mayor intensidad. De allí el esmero por implantaren los jueces la mayor honestidad, la mejor formación y la mayor destreza en el desempeño de su oficio; y de allí también la necesidad de una estabilidad y una duración en el cargo que conduzcan a la acumulación de experiencia y a la madurez de juicio. No hay que confundir la mera cifra de los años con rigidez y decrepitud.
La obsolescencia fulminante que observamos en la electrónica y en muchas otras tecnologías, es totalmente ajena al mundo de la experiencia jurídica. Todavía, después de dos mil años, el Derecho Romano tiene mucho que decirnos; y los actuales defensores del pueblo encontrarían utilidad en un estudio atento del régimen del tribunado de la plebe, que floreció en la República Romana. La carrera de Derecho dura cuatro o cinco años, pero el aprendizaje del oficio de juez dura la vida entera.
Por esas razones, si existen suficientes garantías institucionales de que el nombramiento recaerá en una persona honesta, culta, independiente, laboriosa e imparcial, lo más conveniente es que se prolongue hasta el límite de edad que fijaría la Constitución.
Si no es así, es decir, si una fracción mayoritaria de la Asamblea Legislativa, o toda la Asamblea, decide promover a la magistratura personas carentes de las condiciones indispensables, es decir, si vamos a tener una justicia de opereta, como Nicaragua o El Salvador, lo mejor será entonces que la duración en el cargo sea breve.
En los Estados Unidos, la historia de los grandes jueces longevos comienza con John Marshall, quien fue Presidente de la Corte Suprema durante 34 años y murió en el cargo; pero está el caso del célebre Oliver Wendell Holmes, quien estuvo 49 años en la judicatura (29 en la Corte Suprema) y se retiró, como Presidente, a los 90 años; están los casos de Louis Brandeis y Felix Frankfurter, que presidieron también la Corte y se retiraron con más de 80 años de edad. Y Learned Hand, quien para muchos ha sido el mejor juez en la historia de los Estados Unidos, vivió 89 años y ocupó su cargo en los Tribunales Federales de Nueva York durante 52. Todos esos jueces fueron progresistas y propiciaron los grandes saltos adelante dados por su País en el siglo XX.
En suma, si hay bastante acuerdo en que el límite inferior de edad de un candidato a Magistrado sea de 40 años ¿cuál sería el límite superior? Me parece que el límite superior etario de todo juez, en general, debe fijarse en una edad en la que, normalmente, las personas conservan su salud corporal y sus facultades mentales. Creo que, en la Costa Rica de hoy, la Constitución podría fijar esa edad en los 75 años, si no en los 80.
La Comunidad Buen Vivir invita a la ciudadanía al Festival Cultural «Grito por la Paz Tibás 2026», que se realizará el sábado 22 de agosto, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Biblioteca Pública de Tibás, con entrada libre. La actividad es organizada en conjunto con la Escuela de Bellas Artes Vincent van Gogh, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Sistema Nacional de Bibliotecas.
Según explican las personas organizadoras, el festival surge como una reflexión colectiva frente al dolor causado históricamente por las guerras, bombardeos, invasiones y desapariciones forzadas ocurridas tanto en conflictos mundiales —como las dos Guerras Mundiales, Hiroshima y Nagasaki, o la guerra de Vietnam— como en distintos países de América Latina, el Caribe, África y Medio Oriente. Desde esa preocupación, la Comunidad Buen Vivir ha llevado el «Grito por la Paz» a distintos puntos del país, incluyendo Paso Ancho, San Sebastián, Desamparados, Turrialba y San José, y ahora extiende la iniciativa a Tibás.
La jornada combina teatro, danza, artes visuales, música en vivo, poesía, creación literaria, tai chi chuan e instalaciones en los árboles, además de una fogata cultural, exposición de artes visuales y talleres de mandalas.
Entre las actividades programadas destacan: tai chi chuan con Reynaldo Ugalde Meza (9:00 a.m.); danza en telas sobre árboles con Kryssia Rojas (10:00 a.m.); cuentacuentos con Hillary Zúñiga Araya (10:30 a.m.); un taller de mandalas para personas adultas mayores y un taller de creación literaria de poesía para niños y niñas con Marta Rojas (10:45 a.m.); el foro de cine corto «Pachamama: la llamada» con Ronald Soto Venegas (11:00 a.m.); un círculo de percusión «Tambores para la Paz» con Jorge Guido (11:15 a.m.); el taller «Apachetas para la Paz» con Edison Valverde y una exhibición de body paint con Hommer Salazar (11:30 a.m.), junto con actividades simultáneas de dibujo bajo los árboles y el inicio de la instalación «Casa de Neón», ambas a cargo de la Escuela de Bellas Artes Vincent van Gogh.
Al mediodía se realizará la «Olla de la Paz» con Erika Cascante, seguida de una exhibición de kung fu con José Torres, del Centro de Cultura Yan Xiang de Costa Rica (12:10 p.m.), danza con Sabrina Álvarez (12:30 p.m.), teatro mimo con Reynaldo Ugalde Meza (12:45 p.m.) y un monólogo escénico de Laura Meoño (12:50 p.m.).
La tarde continuará con lecturas de «Poesías para la Paz» a cargo de Mario Zaldívar, Marta Castro, Francis Cruz, Alejandro Chinchilla, Alejandro Cordero, Catalina Gaviria Hena, Malquín González Mena y Carmen Julieta Echeverría (1:00 p.m.); los conciertos «Violines sin Guerra» con Dana Zárate (1:30 p.m.) y «Violines para la Paz» con Aristóteles Gray (1:45 p.m.); una presentación de solistas y cantautores con Falú, Mirley Vega, Andrés Prada, Navi Hernández, Ana Andrade, Hayden Ceciliano, Alonso Ferreto y Jorge Guido (2:00 p.m.); el concierto dúo Hel-Hecho Latino con Óscar Álvarez y Reynaldo Ugalde (3:00 p.m.); y los conciertos de música latinoamericana de los grupos Urgente (3:10 p.m.) y Terra Nova (3:30 p.m.). El festival cerrará a las 3:55 p.m.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
A raíz de una iniciativa planteada en un Decreto Ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial en la semana del 10 de agosto por el Poder Ejecutivo de Costa Rica, son varias las advertencias que se han dado a conocer: en esta notade la prensa radial, son diversas las fracciones de congresistas las que denuncian una extensión sumamente preocupante, así como esta otra nota de prensa del Semanario Universidad relativo a un comunicado difundido por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la UCR.
Fuera de Costa Rica, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también emitió un comunicado (véase texto) y es probable que otras instancias internacionales en materia de derechos humanos igualmente se manifiesten oficialmente al respecto en los próximos días.
El pasado 13 de agosto se informó de un primer recurso de amparo presentado ante el juez constitucional por un abogado contra varias disposiciones de este Decreto Ejecutivo (véase nota de prensa de CRHoy). El 14 de agosto, se informó de un segundo recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Sala Constitucional (véase nota de prensa de El Observador). Este 17 de agosto, en esta nota de prensa se indica que son un total de cuatro las acciones interpuestas (véase nota de Teletica): es posible que otros recursos más se interpongan además de estas cuatro primeras acciones legales.
¿Dónde acceder al texto mismo del Decreto Ejecutivo?
El texto integral del Decreto Ejecutivo 45870-MSP firmado el 27 de julio del 2026 puede ser consultado en el Alcance de la Gaceta del 10 de agosto (véase pp. 28-34 en este enlace).
Su artículo I se lee de la siguiente manera:
«Artículo 1º-. Se declara como Secreto de Estado y reserva, por lo tanto, información absolutamente de carácter confidencial y de acceso restringido exceptuada de la consulta pública, por razones de interés público, seguridad y defensa nacionales, los informes, documentos, archivos o información vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Grupo de Trabajo del Gobierno de Costa Rica denominado “Fuerza Élite”, anteriormente conocido como Task Force de Seguridad, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República, incluyendo la articulación institucional derivada del Decreto Ejecutivo N.° 39449-MPSP, Reglamento sobre la Protección de los Jerarcas del Poder Ejecutivo y Dignatarios; cuya divulgación lejos de ser de interés público, puede entorpecer y poner en riesgo la labor de las autoridades judiciales y policiales en el combate de la criminalidad, así como poner en riesgo la vida de las personas funcionarias«.
Toda persona, sin necesidad de ser especialista o experto en derecho público o en derecho a la información, detectará la inclusión de la expresión «así como cualquier otra coordinación» que claramente, abre la posibilidad de extender la noción de secreto de Estado a muchos más ámbitos a los enlistados.
Esta misma «técnica» expansiva en la formulación, aparece también en varios otros artículos de este cuestionado Decreto Ejecutivo, que, además, considera posible hacer a un lado las regulaciones existentes en materia de contratación pública a las que están sometidas las entidades del Estado costarricense, por razones que sería de gran interés conocer.
Nuestros estimables lectores podrán darse una idea de las diversas pretensiones de este texto, leyéndolo en su totalidad. Por nuestra parte, nos abocaremos en las líneas que siguen a ofrecer algunos criterios sobre la noción de «secreto de Estado» desde la perspectiva del derecho internacional público y de la práctica que se ha podido observar en otros Estados, además de Costa Rica, no sin además referir a la jurisprudencia del juez constitucional costarricense en esta precisa materia.
Los asuntos «secretos» de los Estados en líneas muy generales
En términos generales, se puede decir que algunos asuntos muy específicos y puntuales relacionados a la seguridad, a la defensa y a las relaciones de un Estado con otros Estados, pueden considerarse, caso por caso, como «secretos de Estado«.
Usualmente la información recogida por los servicios de inteligencia de un Estado (llamados inicialmente «servicios secretos» antes que un anglicismo generalizara la noción de «intelligence» al castellano) es considerada como información que no es pública: en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los informes de sus servicios secretos pueden ser desclasificados tan solo después de un plazo legalmente definido de 60 años. En el 2010, una nueva regulación en Estados Unidos (véase texto) vino a precisar las diversas modalidades aplicables a la desclasificación de documentos secretos. Excepcionalmente, el plazo puede ser menor: es así como las autoridades de Chile obtuvieron que Estados Unidos desclasificara algunos documentos relacionados al golpe de Estado de 1973 perpetrado en Santiago de Chile para los 50 años de conmemoración, hace unos pocos años (Nota 1).
En materia de derechos humanos y en particular en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido por parte de los familiares de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descartado en una multitud de casos el carácter «reservado«, o bien «muy confidencial» o de «acceso prohibido o muy restringido» de los muchos «secretos» del aparato militar de los Estados sobre las exacciones cometidas en el pasado por el aparato represivo estatal (Nota 2). Algunos esfuerzos como los observados en Chile a mediados de los años 2000 (véase sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros contra Chile del 2006, párrafos 57.40 – 57.45) no fueron considerados suficientes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sentenciar que las nuevas regulaciones vulneraron los derechos de información, en este caso con respecto al impacto ambiental de megaproyectos.
En Costa Rica son varias las entidades públicas que obligan a sus funcionarios a mantener confidencial cierto tipo de información, sea en materia de seguridad, sea en materia de defensa o de relaciones exteriores. Por ejemplo, se puede citar el carácter confidencial que tienen los informes y documentos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) al disponer el artículo 16 de la Ley General de Policía N° 7410 que:
“Los informes y los documentos internos de la Dirección de Seguridad del Estado son confidenciales. Podrán declararse secreto de Estado, mediante resolución del Presidente de la República”.
Otro ejemplo se encuentra al leerse en el Estatuto del Servicio Exterior (véase ley 3530) que los funcionarios del Servicio Exterior deben mantener confidencialidad sobre las negociaciones de su misión:
«Artículo 35. Queda prohibido a los funcionarios del Servicio Exterior: (…) d) Revelar detalles secretos sobre gestiones o negociaciones que a su Misión o Consulado le hubieren sido confiados».
Hay que distinguir siempre el derecho que todo ciudadano posee a la privacidad de sus datos, de las informaciones relacionadas a cuestiones de interés público que el Estado califica de «secreto de Estado» para no entregarlas, por razones no siempre muy claras y que usualmente despiertan fundadas sospechas: «¿Cual será el problema en que se sepa?» es una pregunta muy válida cada vez que un jerarca de una entidad pública del Estado costarricense invoca el «secreto de Estado«.
Nótese que la investigación sobre la denominada «trocha fronteriza» iniciada por Costa Rica en el 2011 en la zona fronteriza con Nicaragua, uno de los mayores escándalos de corrupción en Costa Rica aún pendiente (al 17 de agosto del 2026) de la finalización de un juicio (véase nota de mayo del 2026) y de una sentencia condenatoria (Nota 3), reveló la existencia de una «estructura paralela secreta» dentro del aparato estatal costarricense: véanse al respecto este video de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa y esta nota de La Nación del 2012, donde se lee que:
«El ministro de la Presidencia nos dijo… ― ¡Esto es secreto de Estado! No queremos que la prensa se dé cuenta de nada, sino no nos dejan hacer nada. Esto nos lo dijo Carlos Ricardo Benavides, ahí estaba Celso Gamboa y Boraschi y ahora nadie sabe nada», dijo Ramírez …/… «El que nos dio la orden fue el ministro de la Presidencia, nos dijo: ―esto es secreto de Estado, no queremos que la prensa se entere de nada porque, si la prensa se entera, no logramos hacer los caminos».
Como se puede observar en este corto extracto, la prensa pareciera haber sido, al menos en el 2012, la principal «amenaza» para las máximas autoridades costarricenses de la época, decididas a realizar una obra que a todas luces resultaba (y sigue resultando…) totalmente desproporcional e irracional, en particular con respecto a la ubicación exacta del punto geográfico en el que Nicaragua incursionó con sus fuerzas militares en el 2010.
Mapa de la «trocha fronteriza» y de las rutas de acceso al río San Juan habilitados por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua. Documento oficial presentado en Casa Presidencial (Costa Rica). Arriba al extremo derecho, Isla Portillos, punto en el que incursionó Nicaragua en el 2010 (circulo en rojo realizado por el mismo autor, ya que no se distingue mayormente en razón de la escala usada)
Una persistente indeterminación jurídica en Costa Rica
Desde la perspectiva estrictamente jurídica, cabe precisar que, en Costa Rica, el concepto de «secreto de Estado» constituye un «concepto jurídico indeterminado» en el ordenamiento jurídico costarricense: a esta conclusión llegó la misma Procuraduría General de la República (PGR) y ello desde 1983 (véase dictamen del 31 de mayo del 1983, cuya lectura completa se recomienda).
Esta indeterminación legal ha llevado a que sea precisamente caso por caso, que el juez constitucional determine lo que es (y lo que no…) un secreto de Estado en Costa Rica. Cabe recordar que un proyecto de ley (Expediente Legislativo 18.639, titulado «Ley reguladora de los Secretos de Estado») en el 2006 pretendía regular los secretos de Estado en Costa Rica, sin lograr plasmarse en una ley. Un texto similar (Expediente Legislativo 23.437) presentado en el 2022 (véase enlace) busca de igual manera un propósito similar, en tan solo cuatro artículos (Nota 4): es de notar que el plazo cuatrienal de este proyecto de ley, vence en octubre del 2026.
El derecho a la información, los principios modernos de transparencia, de publicidad y de rendición de cuentas a los que están sujetas las entidades públicas del Estado costarricense así como sus jerarcas, la trazabilidad en materia de contratación pública y de uso de los recursos públicos en Costa Rica, las reglas en materia de derechos humanos, son algunas de las herramientas jurídicas usadas ante el juez constitucional para obtener datos o informes que el Estado aduce a veces constituir un «secreto de Estado«, sin mayor fundamento.
Al ser las reglas la publicidad y la transparencia, y la excepción a éstas el secretismo, no cabe duda que las interpretaciones legales que pueda hacer el juez constitucional y sus conclusiones usualmente obligan al Estado a entregar la información solicitada.
No obstante, no siempre el juez constitucional le da la razón al recurrente y obliga el Estado a entregar esta información. Así, por ejemplo, entre algunos más, en el 2016, la Sala Constitucional consideró en una decisión (véase texto completo) que algunos informes internos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre la situación política interna en Brasil, revestían este carácter al señalar que:
» En este sentido, el resguardo obedece a ese reconocimiento como secreto de Estado de aquellos documentos relacionados con la política exterior y que pueda comprometer las relaciones internacionales del país. De tal manera, si la información así resguardada se encuentra protegida porque la misma Constitución le reconoce el carácter de «secreto de Estado», la denegatoria de suministro por parte del Ministro de Relaciones Exteriores dista de ser arbitraria, sino que se encuentra conforme con las previsiones constitucionales aquí comentadas, de donde resulta que el recurso de amparo debe ser declarado sin lugar«.
Más recientemente (julio del 2026), con relación a una persona nativa de Palestina sospechosa de pertenecer al Hamás, la Sala Constitucional fue solicitada por el recurrente para examinar si existían o no pruebas suficientes aportadas para ordenar su deportación desde Costa Rica, tal y como sostenido en sus informes por parte de las máximas autoridades de seguridad costarricenses. Estas últimas consideraron confidenciales las informaciones que les proporcionó una agencia de información de otro Estado. En su sentencia (véase texto completo), la Sala Constitucional no quiso entrar a proceder a ningún tipo de examen, ni a referir a la noción de secreto de Estado con respecto a los informes en posesión de los servicios de seguridad de Costa Rica, al considerar que:
«no compete a esta Sala desvirtuar la información remitida por Homeland Security Investigations ni determinar si existe o no un vínculo con organizaciones terroristas por parte del tutelado, únicamente es competencia de esta jurisdicción verificar que se le brinden las garantías respectivas, se proteja su derecho al debido proceso y que se actúe de conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual consta se ha realizado. Con fundamento en las razones expuestas, no se verifica lesión alguna a los derechos fundamentales del tutelado según se expuso de previo, por lo que, la actuación de las autoridades recurridas se ajusta a las disposiciones legales vigentes. En este sentido, lo procedente es ordenar la desestimación del presente recurso, como en efecto se dispone».
La indeterminación de la información exacta para considerar a esta persona como integrante del Hamás, y el hecho que la Sala Constitucional descartara exigirla, llevó a los recurrentes a señalar a órganos de derechos humanos de Naciones Unidas un caso de detención arbitraria (véase nota de prensa de ElMundo.cr). Se trata de un precedente bastante riesgoso de la Sala Constitucional, al ser muchas las personas en Costa Rica que simpatizan con la causa palestina, y al ser bastante relativa y omisa la información con la que a veces Estados Unidos o Israel consideran que una persona es «sospechosa de pertenecer al Hamás. Desde el 26 de enero del 2024, la agencia de Naciones Unidas para la Asistencia a los Refugiados Palestina (más conocida como UNRWA) y sus donantes esperan pacientemente que Israel entregue las «pruebas contundentes» que dice poseer sobre el involucramiento de funcionarios de la UNRWA con el Hamás en Gaza: véase al respecto este enlace de la misma UNRWA titulado «Facts versus claims». Desde noviembre del 2024, la ONG Central Kitchen sigue esperando que Israel le provea de «pruebas» sobre elinvolucramiento de sus integrantes con el ataque del 7 de octubre (véase nota sobre el ataque sufrido por estas entidad humanitaria de noviembre del 2024).
Una ley sobre el secreto de Estado inexistente
La situación de indeterminación jurídica del concepto de «secreto de Estado» puede resolverse, jurídicamente, mediante la adopción de una ley que así lo establezca.
A modo de ejemplo, entre muchos más, se puede citar esta ley de 1968 siempre vigente en España (véase texto) o bien la ley 18.381 en Uruguay (véase texto). Nótese que el enlace anterior refiere a algunas disposiciones de la Ley 18.821 del 2008 sobre el derecho al acceso a la información pública (véase texto integral y el artículo 9 sobre información que no se considera pública). De ser objeto de alguna tipo de legislación en Costa Rica, la noción de «secreto de Estado» debería considerarse desde esta misma perspectiva: una única excepción que permite al Estado sustraer del escrutinio público algunos informes y datos a partir de un marco legal claramente definido, incluyendo el plazo a partir del cual esta información podrá ser desclasificada. En el caso de España, este muy interesante estudio publicado en la Revista Española de Transparencia (RET) en el año 2021 explica la necesidad de actualizar el marco legal español con una ley mucho más moderna que promueve el Grupo Vasco en España: se titula «El abuso del secreto de Estado en la ocultación de las actuaciones ilegítimas de los poderes públicos«. Este título sugestivo invita a que otros juristas e investigadores realicen un análisis muy similar en otras partes del mundo, dada la cantidad de «secretos» estatales que, en diversas latitudes, impiden acceder a una información sobre temas de indiscutible interés público.
No obstante, las experiencias de legislaciones existentes sobre secretos de Estado, en vez de proponer un proyecto de ley, ha sido otra la opción escogida por las actuales autoridades de Costa Rica, al parecer algo urgidas (por razones que sería de sumo interés conocer).
La simple lectura de este Decreto Ejecutivo denota una clara intención de expandir la noción de «secreto de Estado» a entidades del Estado, a funcionarios y a actividades de diversa índole como las contrataciones públicas que no resultan del todo acorde ni con la legislación costarricense en materia de contratación, ni con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ni tampoco con la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o con la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido enfática en el punto siguiente: todo «secreto de Estado» declarado como tal debe ampararse en una ley que se conforme a los parámetros del sistema de protección de los derechos humanos.
Las actuales autoridades de Costa Rica deberían desde ya prepararse a una declaratoria de inconstitucionalidad de este Decreto Ejecutivo por parte del juez constitucional: una suerte bastante similar a la de una gran cantidad de «Executive Orders» firmadas por el actual ocupante de la Casa Blanca desde su llegada a la Casa Blanca en enero del 2025, declaradas inconstitucionales e ilegales en su gran mayoría por la justicia norteamericana (Nota 5).
A modo de conclusión
Esta última iniciativa del Poder Ejecutivo costarricense se enmarca en una deriva bastante notoria de ignorar las garantías fundamentales y la jurisprudencia así como la práctica de los órganos encargados de fiscalizar al aparato estatal en Costa Rica: sea la Sala Constitucional, sea el Fiscal General de la República, sea la Contraloría General de la República, sea la Defensoría de los Habitantes, u otros órganos, la narrativa populista y de «mano dura» busca desacreditar la labor de estos órganos de control. Recientemente un grupo de más de 50 profesores de la Facultad de Derecho de la UCR suscribimos un pronunciamiento en defensa del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial.
El pasado 10 de agosto, un proyecto de ley que establece que la designación del Fiscal sea, a futuro, una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa (y no del Poder Judicial) fue fuertemente cuestionado por el Poder Judicial y por especialistas en la materia (véase nota del Semanario Universidad), confirmándose la inusual arremetida que sufre el Poder Judicial costarricense por parte del actual Poder Ejecutivo, y que bien resume un magistrado constitucional en esta entrevista publicada el pasado 12 de agosto por el Semanario Universidad, al señalar que:
«Somos víctimas de constantes ataques, es una realidad y lógicamente esta sentencia hace que los ataques sean fuertes contra la Sala Constitucional como parte de la institucionalidad de un Estado de derecho«.
Simple coincidencia en el tiempo (¿o no?), este domingo 16 de agosto, un artículo revela en Costa Rica el uso del programa informático israelí «Pegasus» (véase artículode La Nación): un programa espía que se ofrece a las autoridades de los Estados que consolidan sus relaciones con Israel y que bien conocen activistas en derechos humanos, universitarios, sindicalistas pero también sectores de la oposición política y periodistas críticos en Estados tan diversos como Arabia Saudita, Bahrein, Brasil durante la época de Jair Bolsonaro (Nota 6), Egipto, El Salvador (Nota 7), Emiratos Arabes Unidos y Marruecos. En junio del 2025 un acuerdo estratégico firmado entre Argentina e Israel augura para muchos en Argentina problemas similares a los vividos por sus homólogos en los Estados antes citados (véase enlace oficial).
En mayo del 2025, los fabricantes de este programa espía israelí fueron condenados por la justicia norteamericana (véase nota de Amnistía Internacional) al tiempo que un colectivo de periodistas elaboró una guía para que los comunicadores y los analistas puedan seguir investigando temas sensibles sin ver «hackeada» la información recibida, rastreadas sus fuentes e identificados sus contactos (véase guía).
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «La reciente «desclasificación» de documentos secretos por parte de Estados Unidos a 50 años del golpe militar de Chile de 1973: algunas reflexiones», 11 de septiembre del 2023. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a Brasil (caso Gomes Lund y otros «Guerilha Araguaia»), se lee en el párrafo 211 que: «211. A criterio de este Tribunal, el Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados, sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existía. Resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial del presente caso. Alegar ante un requerimiento judicial, como el aquí analizado, la falta de prueba sobre la existencia de cierta información, sin haber indicado, al menos, cuáles fueron las diligencias que realizó para confirmar o no su existencia, posibilita la actuación discrecional y arbitraria del Estado de facilitar o no determinada información, generando con ello inseguridad jurídica respecto al ejercicio de ese derecho. Cabe destacar que el Primer Juzgado Federal ordenó a la Unión el 30 de junio de 2003 la entrega de los documentos en un plazo de 120 días, pese a lo cual pasaron seis años, en los que la Unión interpuso varios recursos, hasta que la misma se hizo efectiva lo que resultó en la indefensión de los familiares de las víctimas y afectó su derecho de recibir información, así como su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido».
Nota 3: Nos permitimos reproducir al respecto la cita en conclusión de un artículo nuestro publicado en el 2013 (véase enlace), que señala que: » Desde un punto de vista estrictamente político, nos permitimos citar a modo de conclusión al ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica (2006-2010), Bruno Stagno, para quién la “trocha fronteriza” es un proyecto “con fines mediáticos” cuando escribe que: “La trocha fronteriza ha resultado ser una obra con claros fines mediáticos internos y no una manera tangible de reforzar nuestra soberanía frente a un vecino más que incómodo. Ante las denuncias y evidencias relacionadas a la falta de planificación, coordinación, supervisión y mitigación de la obra, la importancia supuestamente estratégica que la administración Chinchilla Miranda le asigna (ba) a esta ruta no es en nada congruente con la realidad. Hasta prueba de lo contrario, parece que en realidad nunca fue más que un andamio de emergencia para contener la precipitosa caída en imagen del gobierno” (Stagno, 2012)»
Nota 4: Los únicos cuatro artículos de este proyecto de ley 23.347 se leen de la siguiente forma:
«ARTÍCULO 1- Podrán ser declarados como secreto de Estado los documentos, informaciones y datos cuya revelación pueda perjudicar de forma sensible la seguridad interna o externa de la Nación, la defensa de la soberanía nacional y las relaciones internacionales de Costa Rica. La publicación del decreto respectivo podrá omitir aquellos aspectos cuya revelación sea considerada contraproducente por el Poder Ejecutivo para los fines señalados en el párrafo anterior. ARTÍCULO 2- La declaración de documentos, informaciones y datos como secreto de Estado podrá tener una vigencia por hasta 20 años. ARTÍCULO 3- No podrá declararse como secreto de Estado aquella información que evidencie actos que lesionen los derechos humanos, cometidos por funcionarios públicos o fuerzas del orden nacionales o extranjeras, en el territorio nacional. ARTÍCULO 4- Adiciónese un artículo 32 bis a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, N.º 7135, de 11 de octubre de 1989, cuyo texto será el siguiente: Artículo 32 bis- Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. La documentación será remitida de forma confidencial únicamente a los magistrados que deban resolver. Tanto las resoluciones como los expedientes donde se tramiten estos asuntos deberán omitir cualquier referencia a la información que se considere válidamente declarada secreto de Estado. La violación de lo dispuesto en el párrafo anterior será considerada Revelación de Secretos, según lo dispuesto en el artículo 293 del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas. Rige a partir de su publicación».
Nota 5: Sobre las numerosas «Executive Orders» firmadas en la Casa Blanca que terminan siendo declaradas ilegales por los mismos tribunales norteamericanos, véase este interesante compendio realizado por autores del sitio JustSecurity, y titulado «The “Presumption of Regularity” in Trump Administration Litigation (4th edition)«.
Nota 6: En el caso de un Estado como Brasil que se mostró sumamente cercano a Israel en años recientes, sus servicios de inteligencia descubrieron la existencia de una nube electrónica que está albergada en un servidor en Israel con datos privados de más de 30.000 brasileños (véase esta nota de prensa de ElDiario /Argentina, del mes de enero del 2024): se trata muy probablemente de uno de los efectos de la denominada «asociación estratégica» con Israel anunciada en el 2018 por el entonces mandatario brasileño al iniciar su mandato (véase nota de France24). En este reportaje de la BBC, cuya lectura completa se recomienda, se detalla el tipo de relaciones existentes hasta el 2022 entre los servicios de inteligencia de Brasil y algunas empresas israelíes. Este otro artículo explica la importancia de la ciberseguridad ofrecida por Israel a los Estados que han aceptado suscribir los denominados «Acuerdos de Abraham«, fomentada por los mismos Estados Unidos (véase comunicado oficial del 2023).
Nota 7: Fue desde la misma Israel que se denunció el uso del programa espía israelí Pegasus en el 2022 en El Salvador contra líderes sociales, periodistas y activistas salvadoreños (véase nota del Timesof Israel precedida de este informe de Amnistía Internacional): este largo reportaje publicado por El Faro en El Salvador en el 2023 detalla el peso que actualmente poseen las empresas israelíes en materia de seguridad en El Salvador (las cuales no pudieron impedir el hackeo de los datos biométricos de más de 5 millones de salvadoreños en mayo del 2024 – véase nota de Resecurity). Debido al hostigamiento cotidiano de sus integrantes, y a la vigilancia constante sobre sus investigaciones y sus fuentes, el equipo de periodistas salvadoreños de El Faro optó por exiliarse en el 2025 (véase nota de julio del 2025, cuya lectura y relectura se recomiendan).
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