La gente común de nuestros pueblos latinoamericanos ya no habla de China solamente como un país lejano que compra petróleo, hierro o soya, ahora se habla de una potencia que se está metiendo “hasta la cocina” en América Latina, y no solo en comercio, también en tecnología, puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones, inteligencia artificial, vigilancia digital y hasta en el juego político de la región.
En 2026, China dejó de ser simplemente “un cliente grande”, hoy es uno de los actores más poderosos dentro de América Latina y está peleando cara a cara con EEUU y Europa por el control económico y estratégico del continente.
Y la verdad es que esto no pasa de la noche a la mañana; mientras América Latina se hunde entre deuda, crisis económicas, corrupción, industrias quebradas y gobiernos desesperados buscando financiamiento, Beijing llega ofreciendo plata rápida, obras gigantescas y tecnología sin sermones políticos ni condiciones incómodas.
Ahí fue donde China encuentra la puerta abierta, lo que hace veinte años parecía un simple negocio comercial, hoy es una transformación completa del mapa de poder latinoamericano.
China ya controla o participa en puertos, redes eléctricas, minas, telecomunicaciones, proyectos energéticos, satélites y sistemas tecnológicos sensibles; su influencia se mete desde las calles de Bogotá hasta las minas de litio en Bolivia, pasando por el petróleo venezolano y los puertos gigantes del Pacífico.
Y mientras muchos gobiernos celebran inversiones y acuerdos, otros advierten que la región podría estar entrando en una nueva forma de dependencia extranjera; porque sí, cambió el jugador, pero el riesgo de subordinación sigue allí.
El comercio es probablemente la cara más visible de esta expansión, china ya es el principal socio comercial de varios países sudamericanos, compra cantidades cuantiosas de soya, cobre, hierro, petróleo, carne y litio, mientras inunda la región con maquinaria, tecnología, paneles solares, productos industriales y vehículos eléctricos.
Hoy el comercio entre China y América Latina supera el medio billón de dólares al año, una cifra que hace dos décadas parecía pura ciencia ficción.
Pero detrás de estos números bonitos aparece una realidad incómoda; América Latina sigue exportando materia prima barata e importando productos industrializados, o sea, seguimos jugando el viejo papel de proveedores de recursos mientras otros se quedan con la tecnología, la industria y las ganancias grandes.
Brasil es uno de los mejores ejemplos. China se convirtió en el principal comprador de soya brasileña y también absorbe enormes cantidades de hierro, petróleo y carne; hay regiones enteras del agro brasileño que dependen directamente de lo que decida Beijing. Si China compra más, la economía rural respira, si China baja las compras, miles de productores tiemblan. Este nivel de dependencia ya preocupa dentro de sectores industriales brasileños, especialmente porque productos chinos mucho más baratos están golpeando fábricas locales y aumentando la vulnerabilidad económica.
Mientras tanto, empresas chinas avanzan sobre redes eléctricas, energía, puertos y telecomunicaciones. Huawei prácticamente se volvió protagonista del despliegue tecnológico brasileño y juega fuerte en las redes 5G.
Además, marcas chinas de vehículos eléctricos están entrando agresivamente al mercado latinoamericano, desplazando poco a poco a fabricantes occidentales. Y aquí es donde la pelea geopolítica se pone seria, porque el 5G no es solamente internet rápido, aquí también se juega inteligencia artificial, automatización industrial, vigilancia urbana y control de infraestructura crítica.
Washington lo sabe perfectamente, por esto Estados Unidos lleva años presionando a gobiernos latinoamericanos para frenar el avance tecnológico chino.
Argentina enfrenta otro escenario delicado. El país tiene una de las mayores reservas de litio del planeta, un recurso fundamental para baterías, autos eléctricos y toda la transición energética mundial. China ya se está posicionando fuerte dentro del llamado “triángulo del litio”, compartido con Bolivia y Chile. Pero además del litio, Beijing financió represas, ferrocarriles y proyectos energéticos argentinos. Y el punto más sensible sigue siendo la estación espacial china instalada en Neuquén, en plena Patagonia. Oficialmente es una base científica.
Extraoficialmente, muchos en Washington sospechan posibles usos militares o de inteligencia. Esto demuestra que la competencia entre China y EEUU ya no ocurre solamente en Asia o en el Mar del Sur de China, la batalla también se está jugando en territorio latinoamericano.
Chile ocupa otro lugar clave porque controla algunos de los minerales más importantes para el futuro energético global. El cobre chileno es vital para industrias tecnológicas y eléctricas, mientras el litio se vuelve prácticamente oro moderno; China ya participa en minería, energía y telecomunicaciones chilenas.
Y EEUU mira con preocupación proyectos relacionados con cables submarinos, centros de datos y redes digitales estratégicas, porque quien controle los minerales críticos y la infraestructura digital del futuro tendrá una ventaja brutal sobre la economía mundial.
Perú se ha convertido en uno de los principales laboratorios de expansión china en infraestructura; empresas chinas tienen enorme presencia en minas de cobre y oro, pero el proyecto que más preocupa a Washington es el megapuerto de Chancay. Este puerto, financiado con capital chino, podría cambiar completamente las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia. Para Beijing, es una pieza estratégica dentro de su expansión marítima global, para EEUU, es otro punto de influencia china creciendo en el Pacífico latinoamericano.
Bolivia también entró de lleno en el tablero geopolítico gracias al litio. Durante años el país tuvo dificultades para industrializar sus reservas, y ahí apareció China ofreciendo financiamiento, tecnología y acuerdos industriales. Además, crecieron convenios relacionados con satélites, telecomunicaciones y vigilancia digital. Muchos ya llaman al litio “el petróleo del siglo XXI”, y no es exageración. El país o bloque que domine ese recurso tendrá poder enorme sobre la economía energética del futuro.
Venezuela representa probablemente uno de los vínculos más profundos entre China y América Latina. Durante años, Beijing prestó miles de millones de dólares respaldados con petróleo venezolano, incluso después del colapso económico, China mantuvo apoyo financiero, tecnológico y diplomático al gobierno venezolano. Empresas chinas participaron en telecomunicaciones, sistemas de monitoreo estatal y vigilancia digital, y esto encendió todas las alarmas en Washington. Porque para EEUU no se trata solamente de negocios, también ven una expansión de modelos de control político apoyados en tecnología china.
Colombia muestra otro fenómeno interesante, aunque históricamente fue uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Sudamérica, China logró avanzar fuerte en infraestructura y tecnología. El metro de Bogotá, construido por un consorcio chino, es uno de los símbolos más visibles de ese avance. Incluso empresarios colombianos comenzaron a mirar más hacia Asia mientras algunos mercados occidentales se desaceleran; esto manda un mensaje clarísimo, hasta los aliados tradicionales de Washington están buscando diversificar relaciones.
México vive quizás el equilibrio más complicado de todos, su economía depende profundamente de EEUU, pero China ya se volvió clave en manufactura, electrónica y vehículos eléctricos. Washington acusa constantemente a empresas chinas de usar territorio mexicano para esquivar aranceles y entrar indirectamente al mercado norteamericano. Mientras tanto, fabricantes chinos siguen creciendo gracias a precios más baratos y producción masiva; México intenta jugar en ambos bandos sin romper con ninguno.
Panamá sigue siendo una joya geopolítica por el canal interoceánico; China entendió hace años que controlar rutas logísticas globales vale tanto como controlar petróleo o minerales. Empresas chinas participaron en puertos, infraestructura marítima y proyectos estratégicos vinculados al comercio internacional, y claro, EEUU no piensa quedarse tranquilo viendo cómo Beijing gana terreno en uno de los puntos más sensibles del continente.
Ecuador también recibió una ola fuerte de capital chino en hidroeléctricas, minería y petróleo, pero varios proyectos terminaron cuestionados por sobrecostos, fallas técnicas y dependencia financiera. Ahí nace otra discusión cada vez más fuerte en América Latina; ¿China realmente ayuda al desarrollo o simplemente está construyendo una nueva forma de dependencia?
Uruguay intenta mantener el equilibrio, comercia cada vez más con China, vende productos agrícolas y fortalece acuerdos tecnológicos, pero sin romper totalmente con Occidente.
Costa Rica tiene un peso simbólico importante porque fue uno de los primeros países centroamericanos en romper relaciones con Taiwán para reconocer oficialmente a China, desde entonces crecieron inversiones, cooperación tecnológica e infraestructura. Pero también aparecieron investigaciones sobre minería ilegal y tráfico de oro vinculadas a cadenas internacionales conectadas, supuestamente con el mercado chino. Esto demuestra la posibilidad que la expansión económica también puede mezclarse con redes criminales, corrupción y destrucción ambiental.
En Cuba y Nicaragua, la relación con China tiene además un componente político clarísimo, ambos gobiernos ven en Beijing un aliado frente a sanciones y presiones occidentales; China participa en telecomunicaciones, infraestructura y financiamiento estatal.
En Nicaragua, el acercamiento explotó después de romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Y mientras eso ocurre, países como Paraguay enfrentan presiones económicas internas para acercarse también a Beijing.
La pelea diplomática entre China y Taiwán ya aterrizó de lleno en América Latina.
Uno de los sectores donde China avanza más rápido es el de vehículos eléctricos, marcas como BYD, Chery, Geely y MG están entrando con fuerza gracias a modelos más baratos y agresivos que muchos competidores occidentales, en este sentido, Brasil, México, Chile y Colombia son mercados prioritarios.
Esto acelera la transición energética, sí, pero también aumenta la dependencia tecnológica de cadenas industriales controladas por China. Huawei sigue dominando buena parte de las telecomunicaciones latinoamericanas pese a toda la presión de Washington, y aquí ya no estamos hablando solamente de celulares o internet, estamos hablando de inteligencia artificial, automatización, vigilancia urbana y seguridad nacional.
EEUU teme que China termine obteniendo acceso privilegiado a infraestructura crítica latinoamericana mediante estas tecnologías.
El espacio también entró en la pelea. China desarrolla cooperación espacial con Argentina, Bolivia, Venezuela y Brasil, oficialmente son proyectos científicos, pero Washington sospecha posibles usos militares duales. La competencia espacial ya dejó de ser cosa exclusiva de las superpotencias tradicionales.
América Latina ahora forma parte del tablero geopolítico; las críticas al avance chino son cada vez más fuertes. Muchos economistas creen que la región corre el riesgo de hundirse otra vez en el viejo modelo extractivista, que es, exportar recursos baratos mientras otros desarrollan industria y tecnología. Otros alertan sobre deuda, pérdida de soberanía y dependencia tecnológica.
Además, comunidades indígenas y grupos ambientalistas denuncian contaminación, destrucción ecológica y conflictos sociales relacionados con proyectos extractivos impulsados por empresas extranjeras, incluidas compañías chinas.
Pero al mismo tiempo, muchos gobiernos responden con un argumento sencillo, occidente nunca ofreció el nivel de financiamiento e infraestructura que ahora ofrece China, y aquí está la gran contradicción del asunto; para algunos, Beijing representa una oportunidad histórica de crecimiento, desarrollo, modernización y diversificación económica. Para otros, representa el nacimiento de una nueva dependencia extranjera disfrazada de cooperación.
Lo cierto es que en 2026 América Latina ya no es un simple espectador del conflicto global, ahora es uno de los campos de batalla más importantes de la disputa entre China y EEUU por recursos, tecnología, energía y control económico. China ya no es solamente un comprador de materias primas, se convierte en un actor profundamente metido en sectores clave de la región, como el litio, cobre, puertos, telecomunicaciones, inteligencia artificial, minería, energía, vigilancia digital y movilidad eléctrica.
La gran pregunta es si América Latina logrará usar esta relación para fortalecer industrias propias y ganar soberanía económica y desarrollo, o si terminará atrapada en un modelo de dependencia, deuda y control tecnológico extranjero. Porque la pelea por América Latina ya inició, y lo que pase en esta región durante las próximas décadas, podría definir buena parte del nuevo equilibrio mundial.
En el marco del programa Alternativas, realizado recientemente bajo el tema “Más allá de las etiquetas: el lenguaje ideológico que oculta la desigualdad y la acumulación de riqueza en el sistema capitalista”, la socióloga, trabajadora social y presidenta de ACODEHU Ana Cecilia Jiménez Arce presentó una reflexión crítica sobre el uso de etiquetas ideológicas como instrumentos de descalificación política y construcción de discursos de odio.
El texto desarrollado por la autora, titulado “Estereotipos, etiquetas, el macartismo ideológico”, analiza cómo determinados conceptos y símbolos políticos son utilizados desde estructuras de poder mediático, político e ideológico para simplificar, estigmatizar y desacreditar a personas, movimientos sociales y corrientes de pensamiento.
Jiménez parte de una referencia al discurso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una cumbre de líderes progresistas realizada en Barcelona el 18 de abril de 2026. Allí, Sánchez reivindicó públicamente términos utilizados históricamente de forma peyorativa contra sectores progresistas, feministas, ecologistas o de izquierda.
La autora rescata especialmente la frase:
“Nunca te avergüences de tus ideales… el mundo necesita más gente como tú”.
A partir de ese punto, sostiene que las etiquetas ideológicas funcionan frecuentemente como mecanismos de “desdibujamiento del otro”, orientados a desacreditar adversarios políticos y construir imaginarios de amenaza social.
El documento plantea que expresiones como “zurdo”, “rojo”, “progre”, “verde” o “comunista” adquieren significados específicos dependiendo del contexto histórico y cultural donde son utilizadas. Según Jiménez, estas palabras dejan de ser simples categorías descriptivas y pasan a convertirse en instrumentos de confrontación política y exclusión simbólica.
En su análisis, la autora afirma que la prensa mediática y los sectores de ultraderecha utilizan frecuentemente discursos de odio y estrategias de simplificación ideológica para generar confrontación social y legitimar posiciones autoritarias.
Como ejemplo, menciona declaraciones y discursos políticos recientes en Costa Rica y América Latina, vinculados con la idea de “limpiar de comunistas” determinados espacios sociales o institucionales.
Jiménez sostiene que las etiquetas operan como “mapas simbólicos” cargados de contenido histórico, religioso, cultural e ideológico. Bajo ciertas condiciones políticas, afirma, esas etiquetas son utilizadas para menospreciar, deslegitimar y generar ambientes de agresividad irracional contra personas o colectivos.
El texto también analiza ejemplos históricos relacionados con el color rojo asociado al comunismo, la revolución y la amenaza durante la Guerra Fría, así como el uso del color verde para referirse a movimientos ecologistas, frecuentemente descalificados desde posiciones desarrollistas o extractivistas.
En esa línea, la autora cita al lingüista y analista político Noam Chomsky, señalando que el problema surge cuando las etiquetas “congelan significados” y reducen realidades políticas complejas a categorías simplificadas.
Jiménez concluye que las etiquetas, utilizadas desde grupos de poder en contextos históricos determinados, suelen asociarse a memorias de violencia política y mecanismos de persecución ideológica.
El documento cierra con una reflexión sobre las funciones simbólicas y prácticas de las etiquetas políticas, entre ellas la identificación rápida, la construcción de identidad colectiva, la simplificación mediática y la movilización emocional.
Como anexo, la autora incorpora además un comentario crítico sobre las tensiones entre el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente Rodrigo Chaves respecto al Poder Judicial, utilizando ambos casos para contrastar actitudes frente a la institucionalidad democrática y la rendición de cuentas.
La participación de Ana Cecilia Jiménez formó parte del espacio de análisis impulsado por Alternativas, dedicado a discutir el lenguaje ideológico y las formas discursivas utilizadas para ocultar desigualdades estructurales y procesos de acumulación de riqueza en el sistema capitalista.
En mayo del presente año 2026, la organización estadounidense RAND Corporation publicó un informe que prendió las alarmas en América Latina. El documento, llamado “Multiplicadores de poder en las Américas”, dice que Estados Unidos debe aumentar su presencia militar, política y de inteligencia en la región para frenar el avance de China, Rusia e Irán.
Aunque el texto habla de apoyo a fuerzas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a la corrupción, el mensaje de fondo parece otro, Washington quiere recuperar más control e influencia sobre América Latina.
RAND no es cualquier centro de estudios; desde la Guerra Fría ha trabajado muy cerca del Pentágono y de la política exterior de EEUU. Muchas de sus ideas terminan convertidas en decisiones reales del gobierno norteamericano. Por eso, cuando RAND habla de fortalecer operaciones militares, ampliar la cooperación de seguridad y aplicar estrategias de “guerra irregular”, no se siente como simple teoría, suena más bien como una advertencia política.
Además, el informe aparece en un momento delicado; el gobierno de Donald Trump ha endurecido nuevamente su discurso hacia América Latina, retomando ideas muy parecidas a la vieja Doctrina Monroe, América bajo la influencia de Washington.
En discursos recientes, funcionarios estadounidenses han dicho que China representa una amenaza para el continente y que América Latina debería volver a alinearse con EEUU.
Aunque el informe menciona varios países, Cuba y Venezuela aparecen otra vez como objetivos principales, no es casualidad, ambos gobiernos han mantenido relaciones cercanas con Rusia y China, además de buscar mecanismos económicos alternativos al sistema financiero dominado por EEUU.
RAND señala directamente que Rusia mantiene presencia política y militar en Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras China sigue creciendo mediante inversiones, infraestructura y acuerdos estratégicos.
Pero aquí aparece una contradicción clara; mientras Washington acusa a China de expandir su influencia, EEUU lleva décadas teniendo una presencia mucho más grande en la región, bases militares, cooperación militar, presión económica y acuerdos políticos.
En el caso de Cuba, el tema tiene un peso simbólico enorme; desde 1959, la isla ha sido uno de los pocos proyectos políticos latinoamericanos que ha resistido abiertamente la influencia estadounidense. El bloqueo económico ha golpeado fuerte a la población cubana, especialmente en los últimos años, pero aun así Cuba sigue siendo una referencia política para sectores de izquierda en América Latina.
En marzo de 2026, crecieron rumores sobre posibles acciones militares estadounidenses alrededor de la isla, aunque el Comando Sur negó planes de invasión, reconoció que mantiene capacidad militar activa cerca de Cuba y en la base de Guantánamo.
Eso deja claro que, aunque Washington no hable abiertamente de intervención, la presión militar sigue presente.
El caso venezolano es todavía más complicado; durante años, Venezuela fortaleció sus relaciones con China y Rusia en áreas como petróleo, defensa e infraestructura, esto convirtió al país en un punto clave de la disputa global entre Washington y sus rivales.
Medios internacionales reportaron que, después de operaciones estadounidenses realizadas a comienzos de 2026, contra el liderazgo venezolano, aumentó la presión política y militar sobre el país.
El informe de RAND encaja perfectamente en este escenario; el documento dice que hoy las diferencias entre amenazas estatales y grupos criminales son “difusas”, y esta idea preocupa, porque históricamente ese tipo de discurso ha servido para justificar sanciones, operaciones encubiertas e incluso intervenciones militares.
Esto ya pasó antes en América Latina; durante décadas, EEUU utilizó el argumento de la “seguridad nacional” para intervenir directa o indirectamente en países considerados contrarios a sus intereses. Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Panamá en 1989 y las guerras en Centroamérica durante los años 80 son ejemplos claros.
Hoy el lenguaje cambió, ya no se habla tanto de comunismo, sino de narcotráfico, terrorismo, corrupción o influencia china o rusa; pero la lógica política se parece bastante, presentar una amenaza para justificar más control y presencia militar.
Otro de los temas centrales del informe es China; RAND deja claro que para EEUU el problema ya no es solamente el narcotráfico, sino también el crecimiento económico chino en América Latina.
Según declaraciones recientes del Comando Sur, Washington vigila puertos, proyectos espaciales e infraestructuras ligadas a empresas chinas en varios países latinoamericanos.
Estados Unidos dice que muchas de esas inversiones podrían tener uso civil y militar al mismo tiempo; este discurso recuerda bastante al que se utilizaba durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética.
Pero para muchos gobiernos latinoamericanos, China representa otra cosa, financiamiento, comercio e inversiones sin las condiciones políticas tradicionales de Washington o del Fondo Monetario Internacional. Países como Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela han aumentado mucho sus relaciones con Beijing en los últimos años.
Obvio que China busca influencia, recursos y mercados, pero varios gobiernos de la región consideran que tener relaciones con distintas potencias les da más independencia y reduce la dependencia histórica de EEUU.
Aquí aparece otro tema sensible, la desdolarización. El crecimiento de mecanismos comerciales fuera del dólar preocupa mucho a Washington. Los BRICS y otros espacios internacionales impulsan alternativas financieras que podrían reducir el peso mundial de la moneda estadounidense.
Por eso RAND, insiste tanto en que el Pentágono debe responder también frente a la “presión económica” china y rusa. El problema es que esa lógica puede abrir la puerta a justificar acciones políticas o militares por motivos económicos.
Quizás lo más preocupante del informe es su tono; RAND dice que EEUU debe prepararse para actuar en escenarios de competencia, crisis y “guerra irregular”. También propone aumentar el uso de fuerzas especiales, cooperación militar y mecanismos de seguridad regional.
Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses han dicho recientemente que los carteles del narcotráfico solo pueden enfrentarse con fuerza militar.
Este discurso genera preocupación porque América Latina conoce muy bien las consecuencias de la militarización. La llamada “guerra contra las drogas”, impulsada durante décadas, dejó miles de muertos en países como México y Colombia sin resolver realmente el problema del narcotráfico.
Además, usar el crimen organizado como argumento para aumentar presencia militar extranjera puede terminar debilitando la soberanía de los países de la región.
Muchos analistas creen que detrás de todo esto hay una pelea mucho más grande, el control político y estratégico del continente en medio de la competencia mundial entre Estados Unidos y China.
Lo que está pasando se parece cada vez más a una nueva Guerra Fría, ya no entre capitalismo y socialismo, sino entre un mundo dominado por EEUU y otro más multipolar.
En esta disputa, América Latina vuelve a convertirse en una región estratégica; petróleo, minerales, rutas comerciales, telecomunicaciones y mercados hacen que el continente tenga un valor enorme para las grandes potencias.
Cuba y Venezuela aparecen como símbolos de resistencia frente a la influencia estadounidense, mientras China y Rusia aprovechan las tensiones históricas entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos para ganar espacio.
La gran pregunta es si América Latina podrá mantener cierta independencia o terminará atrapada otra vez entre potencias mundiales.
El informe de RAND deja claro que sectores del poder estadounidense creen que llegó el momento de recuperar influencia política y estratégica en el continente, pero América Latina ya no es la misma de hace décadas, hoy existen gobiernos, movimientos sociales y alianzas internacionales que buscan más autonomía.
Por eso, cualquier intento de imponer presión extrema o soluciones militares podría aumentar todavía más la tensión y la inestabilidad en la región.
Al final, detrás de términos técnicos como “asistencia de seguridad”, “guerra irregular” o “multiplicadores de poder”, aparece una realidad vieja y conocida, la pelea por el control político y económico de América Latina sigue viva, y Cuba y Venezuela continúan estando en el centro de esa disputa.
Más de 71.000 millones de colones fue lo recaudado por los partidos políticos en la pasado contienda electoral. Eso es casi el doble de lo que el TSE tenía previsto como deuda política para este proceso.
Solo el partido oficialista colocó en bonos la suma de 3.481 millones de colones después de las elecciones, es decir, el 22% del total de la gigantesca suma gastaba por esa entidad política. Tres inversionistas, tres personas físicas, adquirieron bonos por 556 millones, un 64% de los colocados en febrero y marzo.
A este mismo partido 10 inversores le aportaron 2.000 millones de colones. De esos, cuatro aportaron 1.262 millones.
Otros montos de la campaña dejan mucho que pensar. Por ejemplo, de la veintena de partidos participantes, solo cinco se repartieron esas sumas gigantescas. Los demás, chitón y tragar pa’adentro.
En la elección presidencial cada sufragio les costó 5.527 colones. Fue una elección de y para los ricos.
Esos datos solos, así de fríos, son capaces de hacernos pensar acerca de la calidad democrática de nuestro sistema electoral y, en general, de nuestro sistema político. ¿Es nuestra democracia tan democrática como se obstinan en repetirnos?
Lo cierto es que la campaña electoral, los representantes electos y la democracia misma tienen dueños: son 292 financistas y 23 medios de comunicación (entre ellos Trivisión y Repretel, que aportaron al PSSO 131 y 126 millones, respectivamente), los cuales pusieron la mayor cantidad de dinero y además se repartirán 12.827 millones de la deuda política. Y esos financistas no son filántropos: ellos cobran unas tasas de redescuento altísimas, a veces de un 40%, es decir, que el partido les vende bonos por 100 pero estos solo reciben 60. Lo otro es ganancia neta del financista y a costa de su dinero y el mío, pues el estado es el que al final paga a través de la deuda política.
Los que no estamos en ese grupo de elegidos no tenemos ninguna posibilidad de elección y menos de hacer escuchar nuestra voz. Ellos son los que mandarán en los próximos cuatro años y no sabemos por cuántas décadas más.
“La ley se estira y se encoge según a quien se le aplica, esto pasa en todas partes, pero más en Costa Rica”, decía Aquileo Echeverría. Pues lo cierto es que nuestra santa democracia no ha sido ni tan santa ni tan democracia como nos la pintan. Así, con marca de gamonal, vendiéndose al que mejor paga, así ha andado esa señora desde que era joven.
En la primera mitad del siglo pasado el fraude era santo y señor. Los partidos tenían unos tipos sagrados que, al decir de la gente, “lo sabían hacer”, es decir, eran maestros en el fraude. Y no se crea que por eso los despreciaban. Al revés, eran muy respetados no porque hicieran buenos negocios, que también los hacían, ni porque desfalcaran al fisco, que también lo desfalcaban, sino simplemente “por lo sabían hacer” y por eso había que estar bien con ellos.
El fraude, además, tenía otros ropajes. Ricardo Jiménez Oreamuno fue obligado a dejar su cuarta y última postulación a punta de cruceta, es decir, a punta de garrote. Don Ricardo, el viejo liberal, se había aliado entonces con los comunistas y el presidente León Cortés mandaba a sus matones a deshacerle por la fuerza sus mitines. Don Ricardo, ya muy viejo, renunció y se fue para su casa y las elecciones las ganó cómodamente Calderón Guardia.
Así transcurrió el siguiente proceso electoral, en que resultó electo Teodoro Picado, y el siguiente, supuestamente ganado de Otilio Ulate. Para entonces el poder electoral lo manejaba la oposición.
Algunos políticos de alto ruedo habían llamado ya al cambio de la institución electoral y habían propuesto un tribunal electoral no dependiente ejecutivo, sino otro similar al que tenemos hoy en día, disimuladamente neutral. La propuesta vino de Fernando Soto Harrison, que fue fundador del partido de Calderón Guardia y ministro de calderonismo. Cuando su propuesta fue rechazada y arrolló sus bártulos y se fue tranquilo a vivir a Estadios Unidos. Él mismo fue el que, poco antes de morir, me contó muchas de las cosas que aquí he narrado.
Entonces el poder electoral siguió controlado por el ejecutivo, quien lo puso en manos de la oposición después de la huelga de brazos caídos. Ese tribunal permitió el fraude en favor de Ulate. Los resultados fueron anulados por la Asamblea Legislativa, quien llamó a nuevas elecciones. Entonces esa anulación sirvió de excusa para que Figueres se lanzara a la guerra civil. Prefirió la guerra fratricida a unas nuevas elecciones, y así pasó a la historia como el apóstol de nuestra democracia.
Luego vinieron 18 meses de gobierno de facto, luego un gobierno de Otilio Ulate que no eligió nadie, y más tarde el primer gobierno constitucional de José Figueres Ferrer, electo en una contienda en que los dos principales partidos de oposición, el calderonista y el comunista, estaban fuera de ley y sus líderes en el exilio.
Pasaron dos largas décadas de ilegalización y persecución de los partidos de izquierda. A costarricenses ilustres se les negaron los derechos políticos, entre ellos a Joaquín García Monge, a Enrique Obregón Valverde, a Víctor Manuel Arroyo y, por supuesto, a Manuel Mora Valverde y sus compañeros.
No fue sino hasta 1970 que el partido de los comunistas pudo participar en elecciones y lo hizo gracias a un truco parlamentario. Sucede que Vanguardia Popular había tratado de inscribir el Partido Acción Socialista (PASO). Como al partido lo ponían fuera de ley con cualquier excusa, entre ellas la de que su bandera se parecía a la de Tanzania, Vanguardia propuso la bandera de los cuatro colores: negro, azul, rojo y verde. Nosotros decíamos que era la bandera de los cinco colores: lo cuatro del trapo y el que se daba uno cuando la llevaba.
Pues bien, el TSE puso a este partido y a su horrible bandera fuera de ley. Pero resulta que la prohibición tenía que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. Diputados amigos hicieron largas, llegó el día del receso parlamentario y entonces, con la asamblea en receso, la prohibición del TSE no se pudo aplicar. Un mes tuvo el partido para armar su campaña electoral, enero, y con esa corta campaña eligió dos diputados, a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz.
Años más tarde, en 1984, el TSE volvió a ilegalizar un partido que intentó inscribirse con el nombre de Partido Comunista Costarricense, pero esa es otra historia.
Ahora volvemos al presente con el panorama descrito al comienzo. Las delegaciones de la OEA y de la Unión Europea hicieron señalamientos serios sobre esta situación. Dijeron, por ejemplo, que había fuertes indicios de que la campaña había sido financiada con dinero más habido, posiblemente proveniente del narcotráfico. Nuestra financiación, dice la comisión de la UE, es “ampliamente considerada susceptible de ser utilizada para el blanqueo de capitales procedentes de fuentes ilícitas”.
Llamaron a establecer un sistema de financiamiento “que garantice recursos oportunos para todos los partidos políticos —nacionales, provinciales y cantonales— y reduzca la dependencia del financiamiento privado”.
Propusieron abrir espacios en los medios de comunicación para todos los partidos, grandes y pequeños. Ambos llaman a establecer límites a aportes privados.
Yo siempre he creído, y he propuesto muchas veces, que el Estado, que de todos modos es el que va a pagar los gastos, mantenga los millones correspondientes a la deuda política en líquido, y que los ofrezca a los partidos con tasas de redescuento muy bajas o con ninguna, con el fin de evitar que los partidos recurran al inversor privado. Sería un gran ahorro para todos, pero, claro, una enorme pérdida para los inversores.
La democracia costarricense es un sistema de poder de una clase, es un instrumento al servicio de la oligarquía nacional, íntimamente emparentada con el capital extranjero. Es un instrumento de opresión sobre las clases populares. Eso no va cambiar con reformas. Para que haya un verdadero giro de timón debe haber antes un cambio de timonel. Para que sea una democracia para todos, habrá que quebrar ese sistema de dominio de la oligarquía y sustituirlo por el sistema de dominio del pueblo trabajador. Denunciar esto es lo más útil y lo más importante.
No obstante, se pueden proponer reformas, como esas adelantadas por las comisiones de la OEA y la Unión Europea. ¿Habrá quien le ponga el cascabel al gato? Esa llamada alianza opositora, ¿se atreverá a tocar los grandes intereses que los financistas o les dará miedo quedarse sin ayuda de ellos en las próximas elecciones? Cada uno tiene el derecho a tener su opinión. Yo apuesto a que no se van a atrever a mover un dedo y que en cuatro años estaremos repitiendo lo mismo que hoy.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho, UCR) nboeglin@gmail.com
Incitar al odio a través de un discurso, de una narrativa, o mediante declaraciones hechas públicas, cual sea su autor, constituye en muy diversas latitudes, un delito debidamente tipificado en el derecho penal.
No es el caso en Costa Rica, en el que persiste, hasta la fecha, una laguna legal al respecto, al no contar con una tipificación de este delito expresamente prevista en su Código Penal. Un primer proyecto de ley presentado en el 2014 fue rechazado en el 2017 (véase texto del dictamen negativo unánime). Un segundo texto ha sido propuesto, sin alcanzar su adopción: véase el Expediente Legislativo 20.174, cuyo texto no es exento de algunas muy fundadas críticas hechas en su momento (Nota 1). Al haber seriamente decaído la agenda en derechos humanos en materia legislativa en el período 2022-2026, es probable que haya que reiniciar nuevamente un trámite legislativo en el marco de la nueva legislatura 2026-2030 que inició el pasado 1ero de mayo.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer las herramientas legales con las que ya se cuenta en América Latina y en Europa, así como en un segundo momento, las diversas alertas que una y otra vez ha recibido Costa Rica para frenar la incitación al odio, para luego interesarnos al contenido de un reciente informe sobre las amenazas e intimidaciones que sufren los periodistas en Costa Rica.
Una tipificación ya existente en otras legislaciones penales
Contrario a lo que se observa en Costa Rica, son varias las partes de América Latina y de Europa en las que se registran las diversas penas previstas en la legislación penal en caso de incitación al odio, debidamente tipificada como delito (Nota 2).
La pequeña lista de Estados citados a modo de ejemplos (lista que no pretende ser exhaustiva) no corresponde a Estados en los que se limite la libertad de expresión: se trata de un argumento agitado a veces por algunos sectores cuando se busca legislar en aras de sancionar penalmente la incitación al odio. Cabe señalar que algunos de los asesores legales de estos sectores se identifican plenamente con el debate en Estados Unidos sobre la libertad de expresión. Un artículo sobre la jurisprudencia norteamericana publicado en Francia señala en su conclusión la especificidad del modelo norteamericano, al precisar que:
«Si le droit de la liberté d’expression États-Unien trouve ses racines dans l’histoire européenne, les États-Unis en ont visiblement tiré des conclusions très différentes, conclusions qui viennent nourrir de manière pas toujours très heureuse cet « exceptionnalisme américain [46]», qu’il vaut mieux regarder de loin» (Nota 3).
Esta peculiaridad de Estados Unidos explica la actual arremetida de la administración norteamericana en contra de la Unión Europea (UE), partidaria de establecer reglas mucho más elaboradas sobre el contenido que ofrecen las redes sociales y las plataformas en el mundo digital moderno, protegiendo a los usuarios de la incitación al odio y de la desinformación: estas regulaciones entraron en vigor en el 2023 con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (véanse esta nota oficial informativa de la UE y este artículo de corte académico al respecto publicado por el Real Instituto El Cano en España).
En la materia más específica de la lucha contra la incitación al odio, el continente europeo cuenta desde el 2008 con una decisión marco del Consejo Europeo (véase texto) cuyo artículo I define el alcance la definición de los «Delitos de carácter racista y xenófobo» y refiere a las distintas medidas que deberían de poder trasladar en el ámbito de su legislación penal, los Estados Miembros de la UE.
Este muy detallado artículo del 2026 sobre las desavenencias de una turista argentina en Brasil debido a expresiones racistas que usó, evidencia que en Brasil, las expresiones de carácter racista son penadas de manera mucho más severa que en muchas otras latitudes, en razón del contexto histórico y cultural propio de Brasil.
En este estudio publicado en Chile, se procede a un muy completo análisis de derecho comparado, que permite un mejor entendimiento de las diferencias que pueden existir en materia de legislación nacional y de jurisprudencia al respecto en los Estados de América Latina.
En este otro estudio de legislación comparada de julio del 2017, preparado por el Congreso de Chile, se lee con relación a las penas previstas en la legislación penal que (página uno): «8. Penas aplicables: El rango de pena más alto se da en Alemania: privación de libertad de 3 meses a 5 años; el rango más bajo se da en Alemania y Uruguay, en que la pena tiene un mínimo de 3 meses. Alemania, Brasil y España aplican penas combinadas, de privación de libertad y/o multa«.
Incitar al odio en Costa Rica: alertas y recomendaciones desoídas
Como bien se sabe, la incitación al odio es usualmente seguida de alguna forma de violencia física o de otra índole.
En el caso de Costa Rica, en el mes de febrero del 2018, se pudo constatar un aumento significativo de actos de violencia contra la población costarricense sexualmente diversa, consecuencia de un discurso en su contra (y en particular de sus derechos) por parte de uno de los contendientes durante la campaña electoral en Costa Rica del 2018: véase al respecto este artículo del Semanario Universidad del 28 de febrero del 2018.
Siempre en el año 2018, con ocasión de una inédita marcha en el centro de la capital costarricense convocada por un grupo de ciudadanos costarricenses en contra de la presencia de migrantes venidos masivamente desde Nicaragua, tuvimos la ocasión de señalar los vacíos legales, pese a varias recomendaciones hechas desde Naciones Unidas, con respecto a un discurso xenófobo, y muchas veces denigrante, que sufren en Costa Rica los migrantes en proveniencia de Nicaragua (Nota 4). Dicho sea de paso, nos permitimos reproducir en este 2026 algunas de las interrogantes hechas en el 2018:
“Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?”.
En el 2023, un informe de Naciones Unidas sobre la incitación del odio hacia los migrantes en Costa Rica generado por las mismas autoridades costarricenses originó esta muy completa nota del programa La Voz de América (VOA), en la que se lee que: «La VOA contactó al gobierno en busca de comentario pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición«.
Los recientes actos de violencia observados contra una jueza ejecutora de la pena, con una violencia inducida esta vez por una narrativa oficial cuestionando la imparcialidad de esta jueza y más generalmente la del Poder Judicial (véase al respecto esta nota del Semanario Universidad del 20 de abril del 2026), nos vienen a recordar que en Costa Rica, la incitación al odio como tal no puede derivar en algún tipo de acusación ante los tribunales, al no existir tipificación penal alguna.
La deriva discursiva de algunos sectores contra otros sectores, y, desde la misma narrativa oficial, en contra de los órganos de justicia y más generalmente, en contra de los mecanismos de fiscalización existentes dentro del ordenamiento jurídico costarricense, es relativamente reciente en Costa Rica.
Es una tendencia discursiva que no debe sorprender, al registrarse en otras partes en América Latina y en el mundo, pero que debería llamar a algunos sectores a ponerle un freno de una u otra manera, proponiendo, por ejemplo, una revisión del marco normativo costarricense existente.
Este discurso viene usualmente a acompañar la tendencia actual “anti derecho” a la que asistimos en varias latitudes el planeta. Una ONG de gran trayectoria como Amnistía Internacional no dudó en titular su comunicado oficial del pasado 21 de abril de la siguiente manera (véase texto integral, de lectura recomendada): “Amnistía Internacional pide a los Estados que impidan que el orden depredador antiderechos se imponga en un momento trascendental para la humanidad”. Nuestros estimables lectores podrán por sí mismos revisar cuál ha sido la difusión de esta alerta lanzada en este comunicado por parte de Amnistía Internacional en los grandes medios de prensa internacionales y los medios nacionales en Costa Rica: si encuentran lo mismo que nosotros (nada), posiblemente afloren las mismas dudas e interrogantes sobre las agendas informativas de algunos.
Con relación a la narrativa oficial del Poder Ejecutivo escuchada en los últimos cuatro años en Costa Rica, esta no solamente se ha expresado en contra del Poder Judicial, sino también en contra de muchos otros sectores que por alguna razón, cuestionan algunas decisiones gubernamentales: los periodistas, los sindicatos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los universitarios de las universidades públicas, las organizaciones ecologistas, así como algunos jerarcas de entidades fiscalizadoras costarricenses han visto su nombre o su entidad fuertemente cuestionados, a partir de esta misma narrativa oficial.
A modo de ejemplo reciente, la entonces Presidenta electa aún no en funciones, designó como “personas radicalistas” (sic.) en el Golfo de Papagayo (véase nota del Semanario Universidad del 23 de abril del 2026) a organizaciones ecologistas por oponerse a la tala de árboles y por lograr obtener una resolución de la Sala Constitucional suspendiendo dicha tala: ¿debemos entonces entender con esta expresión usada que la defensa del ambiente a partir de las reglas que establece expresamente el mismo ordenamiento jurídico costarricense, … nos convierte a muchos en Costa Rica, en “personas radicalistas”?
Cabe recordar que en agosto del 2022, un congresista costarricense denominó «terroristas» a ecologistas en el Caribe Sur de Costa Rica, causando el asombro de muchas organizaciones sociales costarricenses (véase nota de SURCOS Digital): dejó su cargo el 1ero de mayo del 2026 sin que se sepa si fue objeto (o no) de alguna sanción o reprimenda por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa o por parte de su fracción. El Caribe Sur de Costa Rica es una zona que vive una extrema tensión: en julio del 2024, se hicieron públicas intimidaciones sufridas por un reconocido luchador y dirigente de la zona (véase nota) y en agosto del 2024, se hicieron públicas amenazas de muerte contra varios grupos ecologistas (véase nota del Semanario Universidad). Esta nota del Semanario Universidad de mayo del 2025 compila varios relatos de defensores del ambiente costarricenses y de lideres de pequeñas comunidades indígenas, y del tipo de amenazas e intimidaciones que reciben por sus denuncias, así como su total desprotección: se trata de una situación que revela la otra cara de la «Costa Rica Verde» que tanto promueve el país en el exterior.
Un discurso presidencial del 2011 en San Carlos, ante una audiencias de empresarios, con una fuerte carga con voz femenina en contra de las organizaciones ecologistas, constituye uno de los hechos más insólitos (y a la fecha inexplicados) en Costa Rica en el período correspondiente a la administración (2010-2014): se puede escuchar un extracto de este discurso en el documental «El Oro de los Tontos«, disponible aquí, a partir del minuto 25:11. A casi 15 años de pronunciada semejante arenga presidencial, una rectificación o aclaración de parte de su autora, no sería de más, así como el hecho de tildar de «malos costarricenses» – también en el 2011 – a reconocidos abogados ecologistas que exigen el respeto a la legislación ambiental vigente (véase nota del programa radial Amelia Rueda).
Estigmatizar e incitar al odio contra las organizaciones ecologistas o sus abogados en Costa Rica es una alerta que fue dada por Naciones Unidas desde el 2013 (Nota 5), y muchas otras se han hecho desde diversos órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos al Estado costarricense en aras de proteger y de resguardar a otros sectores o a ciertas poblaciones particularmente vulnerables en Costa Rica: mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes, personas indígenas, personas afrodescendientes, población sexualmente diversa, personas privadas de libertad, y/o, en su momento, portadores del VIH-Sida, entre muchas otras. En el caso específico de las luchas ecologistas en Costa Rica, esta obra publicada en el 2020 hace un repaso de los 30 años de amenazas, intimidaciones y de muertes que ha sufrido el movimiento ecologista costarricense. Este video realizado por la UCR sobre el Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente por su parte, entrevista a algunas personas que han sufrido amenazas e intimidaciones en Costa Rica. Dicho sea de paso, el Acuerdo de Escazú ya cuenta con 19 Estados Partes, sin Costa Rica, pese a haber sido de los primeros Estados en firmarlo en septiembre del 2018 (véase estado oficial de firmas y de ratificaciones)
Con relación a las comunidades indígenas, esta reciente tribuna escrita por un reconocido líder brörán en Costa Rica (véase artículo publicado en el Semanario Universidad el 15 de mayo del 2026) pone en evidencia el gran desconocimiento de la problemática indígena en Costa Rica por parte de su clase política.
Una muy completa recopilación hecha por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2024 con ocasión del denominado “Examen Periódico Universal (EPU) de Costa Rica – 2024” (véase enlace) da cuenta de una serie de recomendaciones hechas por diversas instancias de derechos humanos de Naciones Unidas, las cuales, en su gran mayoría, no han dado pie a medidas y/o a modificaciones de las regulaciones internas para su correcta implementación en Costa Rica.
En cambio, este enlace oficial en el Reino Unido remite a las diversas regulaciones adoptadas a partir de las recomendaciones hechas desde diversos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en materia de incitación al odio.
Criminalización de la protesta social en Costa Rica: casos recientes de intentos (bastante burdos)
Nótese que los intentos por criminalizar la protesta social en Costa Rica cuentan con dos nuevos episodios muy recientes (2026), en los que la actuación de las autoridades nacionales merece una mención particular:
– durante el reciente traspaso de mando en Costa Rica, el pasado 8 de mayo, dos estudiantes fueron apresadas y colocadas en celdas una noche por llevar con ellas banderas de Palestina (véase nota de prensa sobre su liberación): tal y como señalado por su abogado, no cometieron delito alguno conocido, ni opusieron resistencia alguna a las fuerzas de seguridad, contrariamente a lo afirmado por las autoridades policiales a la Fiscalía: véase enlace de Spotify a entrevista realizada en Interferencia el 14 de mayo del 2026 en la emisión titulada: «Hay banderas prohibidas en Costa Rica?«. La demanda interpuesta en este caso merece seguimiento al evidenciarse probables instrucciones superiores ilegales con respecto a la garantías que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense en materia de libertad de expresión y de manifestación pacífica. Como tuvimos la oportunidad de analizarlo, llegó para este acto de traspaso el presidente de Israel en persona, un hecho singular en la medida en que nunca se observó asistiendo en actos de traspasos recientes en América Latina (Nota 6). En esta nota de ElPais (España) del 16 de mayo del 2026, se detalla la clara alineación de las pasadas y nuevas autoridades Costa Rica con Israel: con en la mira, el próximo traslado de la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso internacional existente desde 1947 sobre el estatuto particular de Jerusalén;
– en enero del 2026, en la recta final de la campaña electoral en Costa Rica, una reconocida activista en derechos humanos costarricense fue objeto de lo que parece ser un burdo montaje por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), una dependencia de la Casa Presidencial (véase nota sobre las denuncias que presentó del Semanario Universidad y una nota anterior sobre los cargos que se le imputaron). Un dato de interés resulta el hecho que la empresa norteamericana Google suspendió una campaña de recolección de firmas en su favor (véase nota del Semanario Universidad), lo cual no deja de plantear algunas interrogantes muy válidas. Aquí también, las demandas interpuestas ante los tribunales de justicia deberían evidenciar el montaje del que fue víctima esta experimentada y muy reconocida activista costarricense en favor de los derechos humanos.
Foto extraída de artículo del Semanario Universidad del año 2015 (que ya no está disponible en la red) para ilustrar unas reflexiones anteriores nuestras tituladas «Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica», publicada en el medio digital SURCOS Digital, edición del 11 de junio del 2017, cuyo texto está siempre disponible aquí.
En estos dos casos recientes observados en Costa Rica, la forma de actuar de las autoridades plantea serias interrogantes y será de interés conocer el origen exacto de las instrucciones dadas a las fuerzas policiales: este artículo publicado en Guatemala titulado «Defender a quienes defienden: la criminalización de defensoras y defensores de DDHH como estrategia de miedo» ofrece algunas pautas sobre un ministerio público como el de Guatemala, empecinado desde varios años en usar todo el arsenal de la legislación penal guatemalteca a su disposición para intimidar a líderes sociales y a activistas en derechos humanos.
El informe del IPLEX en Costa Rica
Recientemente, se dio a conocer un informe en Costa Rica elaborado por investigadores del Instituto de Prensa y de Libertad de Expresión (IPLEX) sobre el discurso oficial en contra de periodistas y los efectos observados, con una aumento creciente de actos de violencia contra comunicadores costarricenses.
Este informe está disponible en este enlace y merece una lectura detallada, y no solamente por parte de comunicadores y de profesionales de la información. En efecto, es intimidando a la prensa y controlándola que inician las experiencias de corte autoritario (Nota 7): en Centroamérica, si los periodistas salvadoreños de un medio como El Faro decidieron en el 2023 trasladarse a Costa Rica (véase nota de prensa de Delfino.cr) es en razón del hostigamiento y de las intimidaciones de todo tipo que recibieron para no continuar con sus valiosas investigaciones periodísticas. Dicho sea de paso, estas intimidaciones y el rastreo a su labor como comunicadores se han visto facilitadas por la cercanía con Israel de las actuales autoridades salvadoreñas y la compra de modernos programas israelíes de espionaje informático (véase reportaje de ElFaro del 12 de mayo del 2026 y otro valiosa investigación del 30 de enero del 2023).
Con relación a la incitación al odio, este informe del IPLEX explica la mecánica que opera cuando, desde las más altas esferas nacionales costarricenses, una narrativa reiterada y recurrente designa a un sector de la prensa con adjetivos y expresiones tendientes a desacreditar su labor y a estigmatizar a sus profesionales, con una correlación casi automática con respecto al aumento de la violencia contra periodistas registrado años después. Mientras que al inicio este discurso oficial y esta violencia se circunscribieron al aparato estatal, paulatinamente esta violencia se fue liberando del aparato estatal y logró encontrar ecos fuera del mismo.
El informe indica que:
“En comparación con el primer informe publicado en 2022, se mantiene una preocupante tendencia en la persistencia de vulneraciones a la libertad de prensa, las cuales se manifiestan a través del discurso estigmatizante, el uso abusivo del poder estatal y la restricción al acceso a la información. Estas formas de violencia institucional han ido consolidando un entorno hostil para el ejercicio del periodismo en Costa Rica. No obstante, un aspecto particularmente alarmante es la identificación, en el año 2023, de la primera agresión física documentada en los reportes, lo que representa un punto de inflexión en la evolución de los ataques contra la prensa. Dicha agresión no constituyó un caso aislado, sino que marcó el inicio de un aumento sostenido en la frecuencia y gravedad tanto de agresiones físicas como verbales, fenómeno que se ha intensificado durante el año 2024” (página 9).
Además, el informe señala el verdadero «incentivo» que genera, en algunos sectores de la población costarricense, una narrativa oficial estigmatizante:
“Este escenario se ve exacerbado por la legitimación del discurso presidencial, el cual ha evolucionado progresivamente hacia una narrativa que deslegitima la labor de diversos sectores del periodismo. La constante estigmatización y señalamiento por parte del Ejecutivo no solo ha incentivado agresiones contra medios de comunicación y reporteros, sino que también ha propiciado la extensión de estas agresiones a perfiles tradicionalmente menos expuestos, como editores y productores de contenido. Esta transformación en el discurso oficial ha generado un clima de hostilidad que legitima implícitamente la violencia contra la prensa, facilitando que nuevos actores dentro del ecosistema mediático sean objeto de ataques sin que existan consecuencias claras para los perpetradores” (pp.13-14).
Este análisis del IPLEX es reciente y permite entender mucho mejor cómo la violencia verbal discursiva en Costa Rica se torna con el simple paso del tiempo en violencia física en contra de comunicadores: una violencia cuyos autores se sienten legitimados, precisamente en razón de la recurrencia de la narrativa oficial y la falta de sanción.
Posiblemente existen otros sectores, víctimas de un discurso estigmatizante o denigrante por parte de las autoridades nacionales, que han experimentado en estos últimos años en Costa Rica, actos de violencia en contra de sus integrantes o alguna forma de intimidación o amenazas: estos actos de violencia ameritarían un ejercicio de sistematización y de análisis muy similar, de manera a verificar esta correlación existente entre el verbo y el acto violento inducido por el primero.
Se trata de una nueva alerta a la sociedad costarricense sobre los riesgos de no frenar la incitación al odio, en este caso, proveniente del mismo Poder Ejecutivo.
Esta violencia verbal cuenta con un amplificador desregulado, que fomenta la polarización y la estigmatización, así como el discurso de odio: las redes sociales. A este respecto, una alerta hecha pública desde Naciones Unidas en septiembre del 2026 (véase comunicado oficial) da cuenta del costo a futuro para la sociedad costarricense si permanece sin acciones concretas, haciendo eco a una alerta muy similar hecha en julio del 2024 de Naciones Unidas (véase comunicado).
A modo de conclusión
La agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica ha sido descuidada en los últimos años, tal y como tuvimos la ocasión de detallarlo para el 10 de diciembre del 2024: una fecha de conmemoración del día internacional de los derechos humanos, pasada totalmente desapercibida en Costa Rica (Nota 8).
En parte, esta agenda descuidada y el desinterés de distintos sectores en la sociedad costarricense al respecto pueden explicar el hecho de que, pese a reiteradas advertencias hechas desde Naciones Unidas, Costa Rica no cuente aún con herramientas para frenar la incitación al odio.
El riesgo de continuar con una retórica oficial desde el Poder Ejecutivo similar por cuatro años más contra la prensa y contra el Poder Judicial, pero también contra muchos otros sectores o grupos de personas, es el de ir sembrando cada vez más odio y ver aumentar paulatinamente la violencia en contra de distintos sectores de la sociedad costarricense o en contra de sus representantes.
Ello sin hablar del riesgo siguiente: el que esta narrativa de las autoridades sea replicada por algunos sectores para emprenderla ellos mismos contra otros sectores.
Tipificar como delito penal la incitación al odio en Costa Rica puede contribuir a frenar en parte esta peligrosa tendencia: requiere, esto sí, que diversos sectores unan sus esfuerzos en aras de resguardar a Costa Rica de esta creciente violencia verbal que impera en diversos espacios públicos costarricenses.
Esta publicación editada en Costa Rica en el 2022 por el Colegio de Abogados y Naciones Unidas ya concluía, luego de repasar las diversas obligaciones internacionales de Costa Rica, en la imperiosa necesidad de elaborar normas específicas con relación a la incitación al odio.
Notas:
Nota 1: Véase al respecto CHINCHILLA CALDERON R., «Crímenes de odio«, Delfino.cr, edición del 5 de junio del 2019. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En la legislación penal de Uruguay, por ejemplo, se indica que: «ARTÍCULO 149 bis. (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas).- El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión» (véase texto de Ley 17.677). En la legislación de la prensa en Chile se señala que: “Artículo 31.– El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales” (véase texto integral de la Ley 19.733 del 2001). Un proyecto de ley del 2017 para modificar el Código Penal chileno señala que: “el que públicamente incitaré al odio o al empleo de violencia contra personas por su raza, etnia o grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, nacionalidad, filiación política o deportiva, o la enfermedad o discapacidad que padezca, será castigado con presidio menor en su grado medio” (véase documento del Instituto Nacional de los Derechos Humanos que lo cita, página 4). En el Código Penal de Ecuador (véase texto), el Articulo 177 se lee como sigue: “Artículo 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. La reforma en España del Código Penal ha dado pie a un Artículo 510 que merece una lectura detallada, y que debería de poder interesar a muchos otros legisladores en diversas partes del mudo. El extenso artículo 510 del Código Penal de España está disponible en este enlace, al tiempo que un valioso estudio pormenorizado de cómo se llegó a la necesidad de llegar a su actual redacción en el 2015, se encuentra disponible en este enlace. En el mundo anglosajón, podemos de igual manera referir a la legislación de Canadá sobre el «Hate Speech» (véase disposición de su código penal desde 1985). Este enlace refiere a las diversas legislaciones penales sobre incitación al odio que se encuentran vigentes en algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE).
Nota 3: Véase CABON S.-M., «Discours de haine et droit pénal aux États-Unis : de quelques rares limites à la liberté d’expression«, Revue des Droits et Libertés Fondamentaux, 2024, Chronique 28. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «El derecho internacional ante la xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica«, Sección Voz Experta, Portal de la UCR, edición del 30 de agosto del 20218. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: A raíz de su visita en Costa Rica en el 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente recomendó en su informe A/HRC/25/53/Add.1 (véase texto completo) que: «Punto 67. /…/, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica”. En el Punto 68, el experto «recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos». Como ocurre a menudo en Costa Rica, 17 años después de emitidas estas recomendaciones, los activistas ecologistas continúan siendo objeto de intimidaciones sin que el marco legal costarricense haya sido modificado para prevenirlas. En el mes de febrero del 2023, se presentó un repentino proyecto de ley, bastante incompleto e improvisado, y fuertemente cuestionado por diversos especialistas de la UCR (véase informe a la Directora del Consejo Universitario de la UCR de junio del 2023).Tuvimos la ocasión de explicar a qué pudo haber respondido este súbito interés en presentar un proyecto de ley tan pésimamente redactado: véase nuestras conclusiones en BOEGLIN N., “El proyecto de ley «para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente» (expediente 23.588): algunos apuntes”. Texto disponible en este enlace de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica / Israel: ¿Benjamín Netanyahu … asistiendo al próximo acto de traspaso de poderes en Costa Rica?«, 30 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: Es usualmente con un discurso de intimidación en contra de la prensa que se han originado todas las derivas autoritarias observadas en las más diversas latitudes del mundo. Intimidar y controlar primero a quienes informan a la opinión pública son un objetivo prioritario para todos los que comulgan con una forma de gobierno autoritario. Recuerdan como, en su momento, los partidarios de los golpes de Estado militares en América Latina (y en otras partes del mundo) establecían, como primeros operativos, la toma de los edificios de radio y televisión y la captura de los directores de medios de prensa: esta nota de prensa peruana recuerda cómo inició el denominado «autogolpe» en 1992. En la época más contemporánea, una experiencia reciente de corte autoritario en Europa merecería una detallada investigación: en efecto, los medios de prensa y los periodistas en Hungría saben bien que así fue como todo inició a partir del 2010, de una manera más sutil y planificada. Esta nota de prensa del 2024 da cuenta del aparato de propaganda oficial que se instaló en Hungría. Es de esperar que con los resultados de las elecciones del pasado 12 de abril del 2026, se inicien investigaciones de manera a conocer con mayor detalle cómo comenzó esta estrategia, cómo logró plasmarse en una campaña de polarización y de desinformación gracias a las redes sociales, y cómo los efectos fueron paulatinamente surtiendo efectos en Hungría de manera a socavar las bases del Estado de Derecho.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada«, 10 de diciembre del 2024. Texto integral disponible en este enlace.
Es conocida mundialmente la determinación de la FIFA de obligar al equipo de fútbol de la Unión Soviética, a jugar el “Partido Fantasmas”, en el mítico Estadio Nacional el 21 de noviembre de 1973. Si, justamente el mismo donde se torturó y asesinó a miles de personas a partir del Golpe de Estado del 11-09-1973 dado a la Unidad Popular. Golpe organizado y financiado por el gobierno de los EE.UU., según los propios documentos desclasificados por sucesivos gobiernos norteamericanos años después.
Ante la negativa del equipo de la Unión Soviética de presentarse a jugar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, fue eliminado del Mundial de Fútbol en Alemania y el equipo chileno se “clasificó por walkover”, en un simulacro de partido de un solo equipo que hizo un gol simbólico. Bueno ese día fue solo ese gol y ninguno más ya que Santos FC que si jugo, goleó 5-0 a la Selección Chilena.
Por años el Estadio Nacional de Santiago de Chile quedó marcado por los asesinatos y torturas, esto fue tan fuerte en su historia que uno de los primeros gestos al regreso de la democracia fue “limpiar” el Estadio. En un acto multitudinario con el presidente de Chile, el gobierno en pleno y las más importantes organizaciones de DD.HH., Familiares Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, de ex Presos Políticos, etc. Ahí el país entero pudo ver “la cueca sola” hoy famosa mundialmente, el baile que hace una mujer sola, resaltando la ausencia de su ser querido desaparecido por la dictadura.
Hoy el Estadio Nacional es un Monumento Nacional en calidad de Sitio Histórico y la “Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional”, administra este monumento realizando una permanente actividad de concientización para impedir que nunca más se use como lugar de detención, tortura y muerte.
Como podemos ver en esta foto más abajo, esto cambió y fue noticia mundial cuando en julio del 2015 salimos campeones de América, se pudo leer a lo ancho de la foto aquí más abajo: “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro” y los jugadores chilenos corriendo a celebrar el penal convertido por Alexis Sánchez que nos daba por primera vez la copa en la historia de nuestro fútbol. La frase del memorial del sitio.
La FIFA es una de las instituciones más desprestigiada del mundo, junto con el Comité Olímpico Internacional. Las reiteradas condenas y expulsiones de países que no cuentan con la simpatía y el beneplácito de EE.UU. No es raro que se deje afuera a países como la Federación Rusa y a Bielorrusia por motivos absolutamente no deportivos.
Los argumentos son variados, pero el principal es el conflicto en Ucrania. Lo increíble es que, en estas instituciones, nadie ve los bombardeos brutales de Gaza con el asesinato de miles de niños por parte de Israel apoyado por EE.UU. que también bombardea desde hace un mes a Irán. Bombardeo iniciado en medio de las negociaciones por el programa nuclear iraní.
La situación es de una injusticia brutal y sin argumentos. La FIFA no dejará fuera a EE.UU., país que junto con Canadá y México serán los anfitriones del próximo mundial en junio.
Todo lo contrario, han acordado dejar fuera a Irán, ya clasificado para el mundial y como el mundo entero sabe, es el país agredido. Los mandamases de la FIFA ya barajan eventuales reemplazantes y se escucha el nombre de Italia que fue eliminada en los últimos tres mundiales justamente por falta de calidad de su fútbol.
Protestamos enérgicamente desde esta modesta tribuna, ante estos “matones” que toman decisiones tan arrogantes y tan injustas.
Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida democrática reciente. La creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el desgaste de los partidos tradicionales, la inseguridad, el deterioro económico y el cansancio social han creado un clima político marcado por el desencanto y la polarización. En ese contexto, las recientes decisiones tomadas en torno al caso del exdiputado Fabricio Alvarado no deberían analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica o partidaria. Lo ocurrido revela algo más profundo y quizá más preocupante: una transformación cultural en la manera en que la sociedad costarricense comprende la ética pública, la responsabilidad política y la propia democracia.
El archivo de la eventual sanción ética contra el exdiputado ha sido defendido por algunos sectores bajo argumentos procedimentales: que la Asamblea Legislativa perdió competencia al dejar el denunciado su condición de diputado, o que corresponde exclusivamente a los tribunales conocer el caso. Sin embargo, reducir el debate únicamente a la dimensión penal o procesal resulta insuficiente. Las democracias no funcionan solo mediante sanciones judiciales. También descansan sobre responsabilidades éticas, mensajes simbólicos y estándares mínimos de conducta pública.
Precisamente por ello, el problema no radica únicamente en si existía o no competencia jurídica para continuar el procedimiento legislativo. El verdadero problema es el mensaje político y cultural que se transmite a una sociedad profundamente afectada por la violencia y el hostigamiento contra las mujeres. Costa Rica no discute este tema en abstracto: lo hace en medio de una realidad donde miles de mujeres enfrentan acoso, violencia psicológica, agresiones sexuales y múltiples formas de silenciamiento cotidiano.
La contradicción se vuelve aún más significativa cuando se recuerda que la propia presidenta de la República manifestó públicamente haber sido víctima de conductas de hostigamiento por parte del mismo actor político involucrado en este caso. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, resulta legítimo preguntarse qué tipo de señal institucional se transmite cuando un gobierno que afirma representar una ruptura ética con “la vieja política” termina impulsando —o al menos permitiendo— decisiones percibidas por amplios sectores como mecanismos de protección o impunidad.
No se trata aquí de afirmar culpabilidades penales anticipadas ni de desconocer el principio de inocencia, indispensable en cualquier Estado democrático de derecho. Se trata de reconocer que las instituciones también educan simbólicamente. Sus acciones, silencios y omisiones construyen mensajes sociales. Y cuando una denuncia de esta naturaleza termina subordinada a cálculos políticos, pactos coyunturales o disputas partidarias, el efecto pedagógico puede ser profundamente dañino.
Más preocupante aún es la reacción de una parte importante de la ciudadanía frente a estos hechos. Muchos comentarios públicos no negaron necesariamente la gravedad del hostigamiento sexual; simplemente lo relativizaron frente a otras prioridades: “hay cosas más importantes”, “eso le corresponde a los tribunales”, “la Asamblea no debe perder tiempo en eso”. Esa respuesta revela una transformación cultural inquietante: la progresiva pérdida de relevancia de la ética pública dentro de la vida democrática.
La situación adquiere todavía mayor complejidad si se observa que el actual oficialismo ha construido buena parte de su legitimidad sobre una narrativa de pureza moral y regeneración ética del país. El discurso contra “la corrupción”, “los chorizos” y “la casta política” ha sido central en su identidad pública. Sin embargo, las contradicciones acumuladas entre discurso y práctica comienzan a generar una peligrosa erosión de credibilidad. Y esto no afecta únicamente a un gobierno o a un partido: afecta la confianza misma en la posibilidad de una política democrática coherente.
El problema de fondo quizás no sea solamente que existan contradicciones —las ha habido históricamente en múltiples fuerzas políticas—, sino que una parte creciente de la sociedad parece haber comenzado a normalizarlas. Ese fenómeno merece una reflexión seria. Porque cuando las democracias entran en escenarios de fatiga institucional, precariedad económica y polarización permanente, la ciudadanía puede empezar a tolerar prácticas que anteriormente habrían generado mayores costos políticos o éticos.
En ese contexto, la política deja de evaluarse por su coherencia moral y comienza a valorarse principalmente por su capacidad de confrontación, eficacia inmediata o identificación emocional. El riesgo es evidente: el deterioro gradual de la cultura democrática y la consolidación de un clima social donde todo parece justificable si favorece al propio grupo político.
Por eso este debate trasciende a una figura específica o a una coyuntura legislativa. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que Costa Rica desea construir. Una democracia saludable no se sostiene únicamente con elecciones periódicas ni con crecimiento económico. Requiere ciudadanía crítica, instituciones confiables, educación humanística, deliberación pública y una ética mínima compartida capaz de reconocer que ciertos temas —como la violencia contra las mujeres— no pueden relativizarse según conveniencias políticas.
Aun así, no todo está perdido. El hecho mismo de que estas discusiones sigan generando indignación, debate público y reflexión crítica demuestra que la sociedad costarricense todavía conserva reservas democráticas importantes. Quizá el desafío más urgente no sea únicamente cambiar gobiernos o partidos, sino reconstruir una cultura política capaz de reconciliar democracia, ética pública y ciudadanía crítica en tiempos de desencanto.
Porque el mayor peligro para una democracia no es únicamente la corrupción o la contradicción política. El verdadero peligro aparece cuando la sociedad deja de percibirlas como problemáticas.
El Programa Kioscos Socioambientales y el Observatorio de Bienes comunes de la Universidad de Costa Rica, junto al Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) realizarán el conversatorio “Educación popular en tiempos de reconfiguración del poder”, un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos contemporáneos de la educación popular en América Latina.
La actividad se efectuará el martes 19 de mayo y contará con transmisión mediante Facebook Live, además de acceso virtual por Zoom.
Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca propiciar diálogo, organización y construcción colectiva frente a los retos sociales, políticos y culturales que atraviesan los territorios latinoamericanos.
Participarán:
María Rosa Goldar, de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y CEAAL.
Rosaluz Molina, de la Universidad de Puerto Rico.
Jorge Osorio Vargas, de la Universidad de Valparaíso y CEAAL.
Como invitado especial participará Oscar Jara, sociólogo y educador popular ampliamente reconocido en América Latina.
La moderación estará a cargo de Dylanna Rodríguez, de Kioscos Socioambientales.
El académico y analista internacional Mauricio Ramírez Núñez afirmó que la dinámica geopolítica actual demuestra que las grandes potencias continúan recurriendo al diálogo y la negociación estratégica, incluso en medio de fuertes tensiones internacionales.
Ramírez señaló que existe una “paradoja geopolítica evidente” en torno al debate internacional sobre Taiwán y China. Según explicó, mientras numerosos discursos presentan a Taiwán como el centro de la confrontación global, las decisiones reales de poder terminan concentrándose en Beijing.
“Donald Trump visita a Xi Jinping. No va a Taiwán a discutir el equilibrio del sistema internacional, porque en el fondo entiende perfectamente dónde está el verdadero centro gravitacional de la cuestión China”, expresó.
El analista considera que Taiwán es utilizado frecuentemente como una herramienta geopolítica y como pieza de presión estratégica dentro de una competencia más amplia entre potencias mundiales.
A partir de ello, sostuvo que el escenario internacional contemporáneo ya no puede interpretarse mediante las viejas lógicas rígidas de bloques geopolíticos propias del siglo pasado.
“El mundo multipolar de hoy no puede seguir atrapado en esquemas binarios ya superados”, indicó.
Ramírez enfatizó que la realidad internacional actual es mucho más compleja e interdependiente, razón por la cual las grandes potencias continúan reuniéndose, negociando y cooperando pese a sus diferencias y rivalidades.
Según explicó, la cooperación estratégica, el diálogo y el pragmatismo dejaron de ser opcionales y se han convertido en condiciones necesarias para la estabilidad global.
Finalmente, planteó que el mundo multipolar exige capacidad de relacionarse con distintos polos de poder, inteligencia estratégica y equilibrio político, en lugar de alineamientos automáticos.
El Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica realizó la conferencia “Entre continuidad y ruptura: ¿Hacia dónde se encamina Costa Rica con la administración Fernández Delgado?”, un espacio de análisis de coyuntura nacional.
La actividad se llevó a cabo el jueves 14 de mayo de 2026 a las 5:30 p.m., en modalidad presencial, en la Sala Multimedia, piso 1, Torre C de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Ciudad de la Investigación de la UCR. Puede verla en YouTube (enlace al final de la nota).
La conferencia contó con la participación de:
Randall Blanco Lizano, profesor jubilado de la Escuela de Sociología y exdirector del Posgrado Centroamericano en Sociología de la UCR.
Viviana Guerrero Chacón, filósofa y politóloga por la UCR, docente de la Escuela de Filosofía e investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR).
La moderación estuvo a cargo de Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología y profesora-investigadora de la Escuela de Sociología de la UCR.
La actividad fue organizada por el Sistema de Estudios de Posgrado, el Programa de Posgrado en Sociología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
