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Del enclave bananero al atraso de hoy: apuntes desde Honduras

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Óscar Ávila

Recuerdos de las fincas bananeras

Estoy recordando cuando vivía en las fincas bananeras, cuando aún era un niño que dependía de mis padres. Aunque era hijastro, mi padrastro me trató como a su hijo natural.

En ese tiempo, ser hijo de un funcionario de la empresa Tela Railroad Company (TRRCo) era un privilegio frente a los hijos de “los campeños”, los trabajadores manuales, que a su vez se clasificaban según sus actividades principales, lo que definía sus salarios.

En cada finca había clases sociales. Los hijos de empleados de confianza éramos de estirpe de alta sociedad. En nuestras casas había servidumbre: cocinera, “chinas” para cuidar a la niñez y yardero, lo que ahora llamamos jardinero. Generalmente esos oficios los ejercían personas garífunas. Muchos empleados de confianza eran extranjeros, irlandeses o escoceses, o bien hijos de terratenientes, como era mi padrastro.

Había escuelas bilingües, de inglés y español, para los hijos de los empleados de confianza. Esas escuelas estaban en la zona de la compañía bananera de El Progreso y luego pasaron a manos de los jesuitas. Cada finca contaba con escuela primaria solo hasta tercer grado. Después, las familias tenían que buscar escuelas privadas o dejar a sus hijos sin seguir estudiando. Es decir, convertirlos en fuerza laboral semianalfabeta.

Hasta el transporte estaba clasificado. El tren de pasajeros, que cruzaba la costa atlántica hasta Trujillo, tenía vagones con áreas de primera y de segunda clase. Había incluso un tren con vagones que llamaban “machangay”, que no tenía asientos: todas las personas viajaban de pie. En ese tiempo no había carretera, solo la línea férrea, así que había que viajar en tren. Por eso era común que un adolescente perdiera una o las dos piernas al tratar de subirse a un tren en marcha.

Las mulas se usaban para cargar dos y hasta cuatro racimos de banano verde, que se llevaban hasta una plataforma de cemento de unos 12 metros de largo por tres o cuatro de ancho, a la que llamaban “lavadora”. Del techo colgaban unas cadenas y tubos que giraban lentamente sin detenerse, con unos ganchos largos de metal donde se colgaba cada racimo. Así pasaban uno tras otro, hasta asegurar que todos los bananos quedaran bañados con un líquido que contenía químicos para combatir las enfermedades comunes de la fruta.

Después del baño, los racimos, muy pesados, debían trasladarse sin golpearlos a los vagones del tren estacionados, hasta llenarlos. Luego llegaba una locomotora, enganchaba los vagones y se los llevaba a Puerto Tela, a Puerto Cortés o hasta Trujillo, para embarcarlos hacia EUA.

El atraso

Aquella sociedad de clases, dirigida desde arriba, me hace pensar en cómo un país puede mantenerse en el atraso por muchos años, según las élites que lo gobiernan.

Si a quienes gobiernan no les importa un sistema democrático formalmente establecido, el de gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo, lo que ese pueblo exprese “por un oído les entra y por el otro les sale”, tal como lo acaba de decir abiertamente un presidente centroamericano. Aunque eso sea imposible por la naturaleza humana, no cabe duda de que una sociedad puede seguir en el letargo de su atraso si no reacciona colectivamente.

Un ejemplo es la renovación de la licencia de conducir. Los avances tecnológicos deberían permitir que quienes tienen su licencia vencida puedan renovarla sin tener que madrugar para hacer largas filas frente a las ventanillas de las oficinas públicas, lo que favorece a tramitadores que cobran para repartirse ese ingreso con funcionarios.

Son horas, desvelos y desgaste de miles de personas, víctimas de un sistema obsoleto que no considera a las personas adultas mayores ni a las personas con discapacidad, y que se mantiene en las sociedades atrasadas en beneficio de unos pocos, ante la mirada cómplice de una burocracia también obsoleta. Desde luego, hay unos pocos que se lucran de este sistema a costa del sacrificio de muchos.

Las playas del Atlántico

Ese abandono se ve también en lo que debería ser motivo de orgullo. Hace poco fuimos de visita a Puerto Cortés, en el Atlántico hondureño. Desde la playa pública, administrada por la municipalidad, pudimos ver a unos cinco barcos mercantes anclados a cerca de un kilómetro de distancia, esperando ser atendidos en los muelles.

En la playa había unas tres docenas de motociclistas con sus vehículos estacionados, además de una veintena de jóvenes turistas que tomaban el sol y se divertían a lo grande. Ese ambiente agradable podría no ser del todo recomendable si tomamos en cuenta la salud y la higiene de la población.

Los barcos interoceánicos tienen tanques sépticos que, al llenarse, pueden vaciarse en el mar. A eso se suman los desagües de la ciudad. Aunque no confirmamos hacia dónde corren las aguas negras de ese puerto, hay un riesgo serio para la salud pública. Supimos que también hay playas privadas, pero igual habría que saber si el agua allí está libre de desechos humanos y cumple los niveles de calidad necesarios.

Esperamos que las autoridades aclaren estos puntos, porque esas playas, que se extienden por muchos kilómetros a lo largo del Atlántico hasta Nicaragua, son sin duda un atractivo turístico.

Marlin Óscar Ávila
Honduras, 2026

De Óscar Arias (1986) a Rodrigo Chaves (2026): la ilusión de la ruptura y la liquidación del Estado Social de Derecho. Parte segunda

Por: Lenin Chacón Vargas

El debate político actual en Costa Rica suele presentarse como una confrontación radical entre el oficialismo (Rodrigo Chaves y Laura Fernández) y los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de la retórica de ruptura se esconde una profunda continuidad del régimen neoliberal. Las dinámicas fiscales, el desmantelamiento institucional y las tensiones democráticas que vive el país no son un fenómeno aislado de los últimos años, sino la profundización de un modelo económico y político de corte neoliberal implantado desde 1986: la III República Neoliberal de Óscar Arias. En esta segunda parte damos continuidad a la numeración de las secciones que desarrollé en la primera parte, la cual, puede verse en este enlace.

7. El discurso de la culpa y la estrategia de atomización política

Uno de los pilares de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández ha sido la construcción de una narrativa fundamentada en responsabilizar de manera exclusiva a las administraciones del pasado —particularmente al Partido Liberación Nacional (PLN), al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Partido Acción Ciudadana (PAC)— por los males estructurales del país.

Si bien es innegable el desgaste y los cuestionamientos éticos que debilitaron a estas agrupaciones, el uso político de este resentimiento o cólera popular ha servido para justificar un estilo de gobierno autoritario y de confrontación.

Esta estrategia no busca transformar las bases del sistema ni cambiar el régimen económico, sino debilitar y fragmentar a la oposición tradicional. Lo hizo cuando logró absorber y neutralizar a partidos como el PUSC o Nueva República (PNR) mediante alianzas coyunturales o la oferta de puestos estratégicos dentro del Estado, mermando así su capacidad de contrapeso en la Asamblea Legislativa y favoreciendo el voto negativo al levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves siendo presidente.

8. La complicidad histórica y la «Tercera República Neoliberal»

Contrario a la tesis de una separación absoluta, la administración de Rodrigo Chaves Robles opera, en la práctica, como continuadora y heredera de las políticas de apertura, desregulación y contención del gasto público consolidadas a partir de 1986, un proceso fuertemente impulsado en su momento por Óscar Arias Sánchez.

Bajo esta perspectiva, las tensiones actuales no representan una disputa ideológica de fondo sobre el modelo económico de desarrollo (el «capitalismo salvaje» neoliberal), sino que constituyen más bien una pugna por el control del relato y del poder político; o el poder total sobre el Estado y sus tres poderes: el Poder Judicial (incluyendo la Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Legislativo, además de la Contraloría General de la República (CGR). Chaves lo quiere todo y no lo oculta.

El discurso oficialista contra el establishment encubre la aplicación de una agenda económica compartida con los sectores patronales: los grandes empresarios y las empresas extranjeras transnacionales.

Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC, que reflejan una pobreza total estancada en el 15,2 % y un coeficiente de Gini de 0,488 (desigualdad de ingresos o riqueza de la población nacional), confirmando que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos. Además, la brecha territorial del 39 % en el ingreso promedio entre hogares urbanos y rurales evidencia el abandono crónico de las provincias costeras del país bajo este modelo de capitalismo salvaje. Aunque la presidenta Fernández afirma que quiere revertir esta situación, sus propuestas no pasan de ser paliativos y medidas manipulables que benefician a empresarios mientras debilitan la educación pública y la seguridad social. En breves líneas podemos fundamentar esta afirmación analizando el Presupuesto Nacional.

9. El debilitamiento del Estado Social de Derecho y las libertades republicanas

La verdadera crisis de este modelo radica en el impacto directo sobre la institucionalidad pública y las garantías sociales consagradas en la Constitución Política. El ataque a la educación pública es uno de los síntomas más graves: el presupuesto nacional para el sector educativo cayó drásticamente a un 5,68 % del PIB, con proyecciones a desplomarse al 4,9 %, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8 %. A esto se suma el congelamiento y el recorte de 8.048 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), asfixiando la operación, las becas y las sedes regionales de las universidades públicas.

Asimismo, los repetidos intentos del Ejecutivo por debilitar el control preventivo del gasto mediante las distintas versiones de la denominada «Ley Jaguar» evidencian el desplante autoritario que amenaza con alterar la vida democrática y constitucional de la República.

Los fallos de la Sala Constitucional, que declararon inconstitucionales las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), confirmaron que el proyecto pretendía restar competencias de fiscalización a los fondos públicos, intentando vulnerar el sistema de frenos y contrapesos esencial para las libertades republicanas.

Los recortes presupuestarios exprimiendo los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como si fuera la caja chica de un Estado que acumula una deuda de 4,46 billones de colones (aproximadamente el 9 % del Producto Interno Bruto [PIB]). Extraen de los fondos para la Caja 250.000 millones de colones que corresponden a las siguientes entidades del sector social:

Del programa de atención a personas en condición de calle (alrededor de ¢159.000 millones).

Aproximadamente ¢56.000 millones de los CEN-CINAI.

Rebajas al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Banhvi).

Reducciones menores en programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

¿Hacia dónde se dirigen? Si bien todo este dinero se redirige supuestamente a programas de asistencia e inclusión social para asegurar su sostenibilidad, está claro —como han señalado algunos diputados— que se trata de «desvestir a un santo para vestir a otro». Todo parece indicar que este tipo de maniobras responden a un populismo autoritario, inconsecuente y demagógico para confrontar a la oposición y engañar a la población pobre del país.

El tema de fondo es la desfinanciación de la CCSS mientras la deuda del Estado sigue aumentando, desprotegiendo la salud de la ciudadanía, sobre todo de los más pobres y la educación pública.

El hecho es evidente, debilitan la Caja y los controles adecuados, pero dicen que las contabilidades de la Caja están debidamente conciliadas en más del 92%; decir lo contrario según el discurso del Gobierno es mentir y que la Junta Directiva no trabaje con normalidad por la negativa de Zapote a juramentar a Rocío Alfaro como representante del sector sindical, lo que se acusa como desacato, asimismo, la Presidencia de la República continúa rompiendo el orden constitucional, lo que es motivo de alarma. Esto convoca a la ciudadanía a salir a las calles a recuperar la democracia, el orden constitucional y la justicia.

10. ¡La democracia de la calle es la alternativa y un deber patriótico!

A enfrentar la demagogia de la Presidencia cuando afirman que “es aliada de la educación superior” y no descansa de atacarla y promover recortes presupuestarios y critican el sistema de becas en la educación superior, mientras apoyan el sistema de becas en universidades privadas recurriendo a los fondos de CONAPE que son fondos públicos con intereses al 4,5% y 14 años para pagar. Los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a un justo sistema de becas.

Y la presidenta sigue cuestionando el uso de fondos públicos por parte de las universidades. Como he señalado según la Constitución el 8% del PIB es para el Presupuesto de la Educación, y este año 2027 Laura Fernández presupuestó el 4,9% del PIB el nivel más bajo de los últimos años.

El reto: una oposición coordinada y estructurada en todo el país.

El debilitamiento del Estado Social de Derecho y la mutilación de las conquistas sociales históricas continuarán avanzando en la medida en que la oposición política, parlamentaria y popular permanezca fragmentada o carente de una propuesta alternativa robusta.

Para frenar la consolidación del régimen neoliberal autoritario y recuperar la democracia institucional y social, así como el respeto al Poder Judicial, se vuelve indispensable la articulación de un movimiento civil, político y popular capaz de superar los cálculos electorales inmediatos y los prejuicios políticos. Es necesario emprender con más fuerza una plataforma enfocada en el fortalecimiento institucional democrático, la educación, la salud pública y la soberanía social y alimentaria. Se requiere fortalecer la conciencia democrática, patriótica y de compromiso con el bienestar y el progreso social del pueblo costarricense.

Una oposición fuerte en todo el país construyendo comités democráticos o comités patrióticos.

NOTA: «El capitalismo salvaje» es el calificativo al periodo neoliberal utilizado y comentado desde Roma por los últimos papas. Lo consideran así:

«Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo… sin pensar en la explotación de las personas… se ven los resultados en la crisis que estamos viviendo». El papa Francisco consideró que el capitalismo salvaje quiere esclavos …

«El capitalismo salvaje y su culto al beneficio a toda costa han provocado crisis, desigualdad y miseria, situaciones capaces de convertir al ser humano en esclavo». Papa Benedicto XVI.

«El capitalismo en algunos países del mundo aún pervive en su estado salvaje. Lo que la Iglesia critica es el espíritu contra el que el capitalismo ha alentado al utilizar el capital para someter y oprimir al hombre en una vida donde los hombres buscan su propio bien y no el bien común». Juan Pablo II..

20/10/26, Limón Costa Rica.

UCA conmemora el natalicio de Florencio del Castillo con un conversatorio sobre saberes indígenas

El escritor e investigador doctor Giovanni Beluche Velázquez participará en el webinario “Saberes indígenas para una cultura de vida”, este jueves 22 de octubre a las 5:30 p. m.

Florencio del Castillo nació el 17 de octubre de 1778 en Ujarrás y fue diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz (1810-1813), donde defendió los derechos de los pueblos indígenas.

En conmemoración del natalicio del presbítero Florencio del Castillo, considerado uno de los primeros defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, la Universidad Florencio del Castillo (UCA) invita a la comunidad universitaria y al público en general al webinario “Saberes indígenas para una cultura de vida”.

La actividad busca abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre la riqueza de los saberes indígenas y su contribución a la construcción de una cultura de vida. Participará el escritor e investigador Giovanni Beluche Velázquez.

La actividad es abierta al público. Para más información puede escribir a kortega@uca.ac.cr

Sigue pendiente el Funeral de Estado para el presidente Juan Rafael Mora Porras

Vladimir de la Cruz

El asesinato fraguado contra el presidente Juan Rafael Mora Porras, realizado el 30 de setiembre de 1860, hace 166 años, en El Jobo de Puntarenas, sigue sin que la Patria haya saldado el homenaje que se le debe como presidente de la República.

El presidente Juan Rafael Mora Porras fue el máximo héroe costarricense y centroamericano, así también reconocido en Centroamérica, el gran estratega y conductor de la Guerra Nacional Centroamericana, y de la Gesta Nacional de 1856 y 1857, contra la presencia filibustera estadounidense en Nicaragua y en Costa Rica, con el peligro que esa hueste extranjera significaba para la independencia, soberanía de las jóvenes repúblicas centroamericanas, que acababan de salir del yugo colonial español, y la libertad de los pueblos centroamericanos, de haberlos sometido al esclavismo, y la anexión a los estados sureños y esclavistas de los Estados Unidos.

El 14 de agosto de 1859 le dieron un golpe de Estado al presidente Juan Rafael Mora Porras, en su tercer gobierno legítimamente elegido. Lo expulsaron del país hacia El Salvador con el general José María Cañas Escamilla, con su hermano el general José Joaquín Mora Porras, todos héroes y grandes conductores militares de la Guerra Nacional, y otras personas muy allegadas al presidente. Allí vivieron un corto tiempo el presidente Mora y ellos.

En 1860 el presidente Juan Rafael Mora Porras se dispuso a regresar a recuperar la Presidencia que le había sido arrebatada y arrebatada. Traicionado en su intento militar, a su regreso, se enfrentó en el Combate de la Angostura, en Puntarenas, obligado por esa traición a entregarse ante las fuerzas militares del gobierno que habían sido enteradas de su regreso y que llevaban la misión de acabarlo, dándole muerte.

La rendición de Mora se hizo bajo el compromiso de respetar la vida de los que lo habían acompañado en ese intento de recuperar la Presidencia, especialmente a su hermano el general José Joaquín Mora Porras, y también a su cuñado, hermano político, el general José María Cañas Escamilla.

No había en las filas oficiales del ejército que fue enviado a enfrentarlos y juzgarlos el número suficiente de oficiales, generales, que pudieran constituirse en el Tribunal Militar que llevara su juicio. Para ello improvisaron una oficialidad sin ningún procedimiento militar de ascensos y reconocimientos pertinentes, tan solo para justificar el crimen que ya tenían planeado y ordenado.

Así, en Puntarenas se constituyó, en pocas horas, el Consejo de Guerra o Tribunal Militar que determinó la muerte por fusilamiento del presidente Juan Rafael Mora Porras, órdenes que se llevaban de San José, del propio gobierno surgido del golpe de Estado, de José María Montealegre Fernández, de su vicepresidente Francisco María Yglesias Fernández y de los generales Máximo Blanco y Florentino Alfaro, que habían sido enviados a Puntarenas jefeando la tropa gobiernista, junto al coronel Pedro García Oreamuno y a Vicente Aguilar Cubero, todos opositores políticos del presidente Mora, líderes de la élite política y económica, que veían el regreso de Mora como un serio peligro a sus negocios e intereses económicos.

Así, se consumó el asesinato del presidente. El compromiso de no fusilar a Cañas y a José Joaquín se alteró por orden del presidente Montealegre. De esa manera, el 2 de octubre fue también fusilado el general José María Cañas Escamilla. Así se produjo la página más oscura, más negra de la Historia Patria.

Los cuerpos de Mora y Cañas se ordenó tirarlos al estero de Puntarenas, con el propósito de que allí desaparecieran. Esto se evitó gracias a un grupo de entrañables amigos, y parientes, del presidente, entre ellos los cónsules de Gran Bretaña y de Francia, los señores Richard Farrer y Jean Jacques Bonnefil, junto con los yernos de Bonnefil, Santiago Constantine y Julio Rosat, y el Capitán Francisco Roger, que impidieron que los cuerpos acabaran en el estero. Recuperados los cuerpos, que habían sido protegidos, envueltos, con la Bandera de Francia, fueron enterrados en el cementerio del estero, en una fosa cavada por ellos mismos, donde les depositaron y resguardaron por los siguientes seis años.

El 20 de mayo de 1866 el cónsul francés Jean Jacques Bonnefil, nuevamente, con cuatro personas, los marineros Carlos Leonara, Enrique Ligoneff, Francisco Hervé y Guillermo Noubée, exhumaron los cadáveres, los recogieron y mantuvieron durante un breve período de tiempo en la residencia del cónsul, en Puntarenas, de donde los trasladaron después a San José, a la residencia del cónsul, que estaba frente al Hospital San Juan de Dios.

En su casa se guardaron los restos de los héroes hasta que el 13 de mayo de 1885 fueron depositados en el Cementerio general de la ciudad de San José, sin que se hubiera hecho nunca, a partir de esta fecha, ningún ceremonial oficial de Entierro de Estado, de Funeral de Estado, al presidente de la República, Benemérito y héroe de la Campaña Nacional de 1856 y 1857 contra la presencia filibustera en Costa Rica y en Centroamérica. Ni tampoco ningún acto oficial de entierro para el general José María Cañas Escamilla.

Por ello está pendiente, desde aquel asesinato de Estado, un gran acto nacional, que debe realizarse con un Gran Funeral de Estado, donde se cumpla, con el reconocimiento oficial, a la figura del presidente Juan Rafael Mora Porras, y que se realice con toda la pompa, ceremonia y desfile que merezca.

En su memoria, en el Gobierno de Federico Tinoco Granados, el 8 de diciembre de 1918, en el período de la dictadura, se erigió un monumento, en el sitio del magnicidio, en la esquina sur oeste de la actual Plaza llamada Mora y Cañas, ubicada en el Barrio El Carmen, entre avenida 1 y calle 9 de la ciudad de Puntarenas. Allí están los bustos, desde 1960, de los héroes Juan Rafael Mora Porras y el general José María Cañas Escamilla, esculpidos por Juan Rafael Chacón.

Desde aquel año, en Puntarenas se realizan manifestaciones, desfiles y actividades de recuerdo a los héroes nacionales Mora y Cañas.

El Funeral de Estado que comprende el acto, en este caso, de exhumación, de exequias o del cortejo fúnebre que debe realizarse acompañando los restos, y los actos oficiales que se realicen en su memoria en la Asamblea Legislativa, bajo capilla ardiente, u otros sitios que se dispongan a este efecto, incluyendo un acto ceremonial religioso, católico, que también se le podría tributar, por razones de su credo y de la tradición de mediados del siglo XIX, y el de nuevo depósito de sus restos en el Cementerio general, no se ha hecho.

En Puntarenas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hubo una serie de actividades programadas, como todos los años en esta fecha, que nos recordaron la egregias figuras y personalidades del presidente Juan Rafael Mora Porras y del general José María Cañas Escamilla. Las actividades en Puntarenas iniciaron con un desfile de 80 bandas musicales estudiantiles, de todo el país, que allí llegaron.

El gobierno de la República declaró tres días de duelo nacional, en su memoria, lo que se recuerda con las banderas nacionales a media asta en todo el país. Hubo también un Misa Tedeum, oficiada por el obispo de Puntarenas, y por la tarde se contó con la presencia de la presidenta Laura Fernández.

El alcalde de Puntarenas es quien ha llevado, junto a las organizaciones cívicas puntarenenses, la batuta de los actos que recordaron la memoria de los héroes Nacionales de la Guerra de 1856-1857.

El Funeral de Estado es la ceremonia pública que en Honor de la figura política del presidente Juan Rafael Mora Porras debe realizarse. Esto sigue pendiente. Hoy se hará una Honra Fúnebre, pero sigue faltando el Funeral de Estado.

Este Funeral de Estado, para el presidente Juan Rafael Mora Porras, servirá no solo para reivindicar el acto de su muerte, sino para fortalecer su memoria, el culto y el respeto al héroe, para fortalecer la identidad nacional en lo que el presidente Mora evoca y significa, para enriquecer la conciencia histórica, pero sobre todo para hacer justicia histórica con el héroe Nacional, que no tuvo su Funeral de Estado, su Funeral Oficial, con el que estamos en deuda nacional, quien le aseguró la soberanía y la independencia nacional al país, a la Patria, al pueblo costarricense y centroamericano.

Este Funeral de Estado no será de despedida, es de bienvenida y de inserción oficial a la memoria Histórica nacional.

Conversatorio analizará el proyecto que propone elevar las tasas de interés máximas para combatir el “gota a gota”

El encuentro “¡Atrapados por las deudas! ¿Cómo salir de la crisis del endeudamiento en Costa Rica?” será el sábado 14 de noviembre en el Colegio de Ciencias Económicas.

El proyecto de ley 25.728 propone elevar las tasas de interés máximas permitidas, con el argumento de combatir el “gota a gota”. Para analizarlo, se convoca al conversatorio “¡Atrapados por las deudas! ¿Cómo salir de la crisis del endeudamiento en Costa Rica?”, que se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, de 9:30 a. m. a 12:00 m., en el Colegio de Ciencias Económicas, en la rotonda de la Bandera, tercer piso.

La convocatoria plantea la pregunta de fondo: “¿Es una salida para las personas endeudadas, o corremos el riesgo de legitimar lo que hoy es delito y de endeudar más a quienes ya no pueden pagar?”. El conversatorio busca ofrecer un “análisis riguroso y propuestas concretas” sobre el problema.

Participarán:

  • Janice Sandí, diputada del Partido Liberación Nacional;

  • Jaime Ordóñez, catedrático de la Universidad de Costa Rica;

  • Luis Vargas, economista;

  • Welmer Ramos, economista.

“Detrás de cada deuda hay una familia. Enfrentar el sobreendeudamiento exige mucho más que trasladar el problema de un lugar a otro”, señala la invitación.

“Resistencias patrióticas” fragmentadas ante la ofensiva sobre la CCSS: una lectura de coyuntura

Juan Carlos Durán Castro

Juan Carlos Durán Castro
Asesor sindical ANEP-CCSS y defensor de derechos humanos

Un oficialismo golpeado, pero no derrotado

El partido oficialista quedó un tanto golpeado con dos batallas perdidas: la reelección de Carlo Díaz como fiscal general y el entierro del proyecto de la mal llamada armonización eléctrica. Ante esas derrotas, las facciones más fascistas del Partido Pueblo Soberano atacan con una narrativa anticomunista, porque parecen tener pocos argumentos. Pero mantienen su línea autoritaria y confrontativa para seguir ganando la guerra cultural en redes, ya que el oficialismo no tiene capacidad movilizadora, algo que está más que probado.

Como parte de su táctica, es previsible que el oficialismo lleve a referéndum la apertura eléctrica, pues sabe que tiene manejo de la lucha informativa y cuenta con aliados y recursos. Eso impone un reto unitario a todas las resistencias patrióticas. Es un camino que recuerda la lucha contra el TLC, y es un reto que la derecha fascista lanza a los conglomerados de resistencia, sabiendo que están fragmentados.

Con esa misma lectura, la derecha, dentro y fuera del Gobierno, se atreve a desafiar a las rectorías y al estudiantado con el recorte de ₡8.048 millones al FEES, y a torcerle el brazo a la diputada que “se equivocó” al votar en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Las distintas facciones de derecha también leen los rasgos de las bancadas opositoras y saben cómo mover las fichas del ajedrez.

Por eso, las resistencias patrióticas deben profundizar su análisis de coyuntura y mejorar su toma de decisiones: en este momento, los errores tácticos o estratégicos tendrán enormes costos políticos. Es claro, además, que hay sectores y dirigencias controlados por el enfoque de derecha del continuismo de una presidenta que, según parece, actúa solo en lo formal y no ostenta el poder real.

La convocatoria real a las movilizaciones la formularon las rectorías por medio del CONARE. El mejor escenario, el que debemos construir, es una fuerza mayor de los movimientos sindicales, sociales y socioproductivos. Sin embargo, no se percibe en el corto plazo un salto de calidad en la unidad de las diversas resistencias patrióticas, que el Gobierno caracteriza como fragmentadas, y algunas de las cuales podrían estar cooptadas o tener lecturas ideológicas poco profundas del contexto. Eso acarrea un riesgo alto de ser derrotados en temas país que podrían mover la aguja hacia una ruta distinta a la que se consolida en el continente, y obliga a exigir madurez política real a las dirigencias que se dicen patrióticas.

Un tanque de oxígeno para el proyecto fascista

Si las resistencias patrióticas mantienen su fragmentación, su sectarismo, su egoísmo y su chovinismo, y siguen compitiendo por la foto con una mirada corporativa y de corto aliento, no dudamos en afirmar que le están obsequiando un enorme tanque de oxígeno al proyecto fascista en desarrollo en Costa Rica. Al final del día, cada liderazgo pagará su cuota de factura política según su sector.

La deuda con la Caja: billones de razones

Sin ocultar las deudas que dejaron otras administraciones del bipartidismo y del tristemente célebre PAC, lo cierto es que en los cuatro años del gobierno de Rodrigo Chaves Robles la deuda del Estado con la Caja, en salud y pensiones, creció como nunca en los últimos once años. Todo indica que la presidenta Laura Fernández Delgado seguirá los mismos pasos.

A junio de 2025, la deuda con el Seguro de Salud ascendía a ₡3,6 billones y posiblemente ya ronde los ₡4 billones. La deuda con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se reportó en esa misma fecha en ₡770.000 millones y, según la Gerencia de Pensiones, podría estar llegando a ₡1 billón. Durante la administración Chaves Robles, la deuda acumulada sumó al menos ₡1,5 billones en salud y unos ₡770.000 millones en el IVM.

De ahí surgen consignas tácticas y estratégicas para salvar la Caja como instrumento de equidad, esperanza, paz social y distribución de la riqueza nacional:

  1. La familia laboral de la Caja tiene casi 1,5 billones de razones para salir a las calles y exigir, junto al pueblo y sus organizaciones, que el Gobierno le pague a la Caja.

  2. 1,5 billones de razones para exigir acciones reales que reduzcan los tres tipos de listas de espera en jornada ordinaria, con mejores controles institucionales.

  3. 1,5 billones de razones para exigir que mejore la productividad de las salas de operaciones en todo el país, con impacto en la gente de carne y hueso.

  4. 1,5 billones de razones para exigir que la Caja negocie una política salarial fuera de la Ley 9635 y sin regla fiscal.

  5. 1,5 billones de razones para tener a tiempo los reportes de mamografías y biopsias.

  6. 1,5 billones de razones para acceder a una cita con especialista o a un examen de diagnóstico en un tiempo razonable y humano.

  7. 1,5 billones de razones para que la dirigencia sindical de la Caja dé un paso al frente y decida acciones unitarias con las resistencias patrióticas que detengan la implosión de la Caja en el corto o el mediano plazo.

  8. 770.000 millones de razones para salir a las calles a defender el IVM, por las personas jubiladas, las que cotizan hoy y las generaciones futuras.

  9. 770.000 millones de razones para decir no a la mentira de las cuentas nocionales, las cuentas individuales, los grupos generacionales o cualquier otra narrativa falsa del gobierno del continuismo fascista.

  10. 770.000 millones de razones para luchar por una pensión y una vejez dignas.

Cinco ejes de la privatización

Antes habíamos planteado lo que llamamos la tríada de la privatización: una táctica a tres bandas del gobierno del continuismo para avanzar sobre la Caja. Ahora se suman dos elementos más:

  1. El proyecto de ley de la diputada Marta Esquivel Rodríguez presentado a la Asamblea Legislativa, que esconde un copago abierto que en realidad es un reembolso.

  2. El reglamento del Ministerio de Salud para atender las listas de espera, que entra en vigencia en febrero de 2027 y potencia la privatización abierta de esas listas.

  3. El proyecto “Unidos” del Colegio de Médicos, que se inscribe en la ruta del reglamento. Quizá busca mantener la situación actual, pero dentro de una lógica de al menos cuatro formas de pago, centradas en la jornada extraordinaria y sin controles reales. Además, deja sin explorar el análisis de las jornadas ordinarias y la productividad de las salas de operaciones.

  4. El reglamento de interoperabilidad, una pieza clave del entramado, porque da alta trazabilidad al EDUS y abre puertas que hasta ahora estaban cerradas tecnológicamente.

  5. El proyecto de ley 25.580, también de Marta Esquivel Rodríguez, que pretende desmembrar el equilibrio tripartito histórico de la Junta Directiva de la Caja. No debemos llamarnos a engaño: se trata de retrasar o impedir la juramentación de la representación sindical y tener así campo abierto para tomar acuerdos sobre el Seguro de Salud y el de Pensiones.

En resumen, son cinco ejes que impulsarán con mucha fuerza la estrategia formulada hace años por el Banco Mundial y la Cámara de la Salud Privada para privatizar los servicios de salud de la Caja. El objetivo es trasladar hacia afuera, en tiempo récord, un negocio que hoy es interno.

La urgencia de la unidad

Se impone un balance más profundo y la urgente necesidad de construir alianzas con los sectores sociales, sindicales y socioproductivos, si realmente queremos frenar el final de la Caja tal como la hemos conocido.

Ante la instrumentalización política de la Biblia y de la fe en Costa Rica

Frente a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Virginia Fernández Delgado, quien afirmó que la Biblia es un libro para gobernar, y a las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, sobre la pertinencia de considerar las Sagradas Escrituras en el estudio de proyectos de ley y en la toma de decisiones de quienes ejercen funciones públicas, consideramos necesario reflexionar sobre las implicaciones de trasladar una fuente particular de autoridad religiosa al ámbito de las decisiones que vinculan jurídicamente a toda la ciudadanía.

La fe de un pueblo es su motor ético más profundo, no una herramienta de mercadeo electoral. En las últimas décadas, y de manera más evidente en los procesos electorales recientes, Costa Rica ha sido testigo de una tendencia creciente: la utilización de la fe como plataforma de conveniencia política, que transforma el dogma religioso en una estrategia de movilización, polarización, control y legitimación.

Por eso es importante recordar que la Biblia es una biblioteca de textos escritos en diversos momentos históricos, desde distintas experiencias comunitarias de fe, y en contextos sociales, políticos y religiosos diferentes. Sus interpretaciones han inspirado la defensa de la vida, la búsqueda de la liberación y la justicia, pero también han servido para justificar prácticas de dominación, exclusión y violencia. Esta pluralidad de voces y perspectivas hacen problemático convertirla en un código único y directamente aplicable a la legislación o al ejercicio del gobierno.

La alianza entre Biblia y gobierno es tan peligrosa que, la primera vez que alguien decidió gobernar en Centroamérica con la Biblia en la mano, decenas de miles de personas, en su mayoría indígenas, fueron asesinadas por el ejército y cientos de miles tuvieron que huir. El gobernante se llamaba Efraín Ríos Montt, general del ejército y líder de la Iglesia del Verbo, quien gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, uno de los períodos más intensos de violencia estatal del conflicto armado guatemalteco.

En otros países centroamericanos, como El Salvador y Nicaragua, las alusiones frecuentes a Dios en los discursos de quienes gobiernan tienen lugar mientras crecen las denuncias por violaciones a los derechos humanos (muertes en cárceles, limitaciones a la libertad de prensa, exilio de personas defensoras de derechos humanos).

La Constitución Política constituye el marco jurídico fundamental que organiza el ejercicio del poder público y reconoce los derechos y libertades de quienes habitan Costa Rica. La Biblia, en cambio, constituye una fuente religiosa y espiritual para las personas y comunidades que la reconocen como autoridad. Por lo tanto, este texto no puede convertirse en fundamento de decisiones políticas que afectarán a todas las personas. Tomar de la Biblia criterios para la legislación o para el ejercicio del poder político constituye una forma de violencia religiosa que desconoce las diversas culturas religiosas del país, así como la existencia de personas que no tienen la Biblia como texto de referencia.

Los tres poderes del Estado tienen en la Constitución Política el referente principal y obligatorio para su trabajo. En caso de conflicto entre la Constitución o la legislación y los dogmas religiosos, los funcionarios públicos deben dar prioridad siempre y sin excepción a la Constitución y la legislación costarricense. En Costa Rica hay iglesias, pero Costa Rica no es una iglesia.

Una lectura literalista y descontextualizada de los textos bíblicos puede llegar a legitimar prácticas incompatibles con los derechos humanos contemporáneos, como la esclavitud, distintas formas de violencia, la subordinación de las mujeres y de la niñez, la persecución y el exterminio de personas con otras espiritualidades. En la época en que se escribieron algunos textos bíblicos primaban otras leyes religioso-políticas que hoy han sido sustituidas por un sistema político democrático, que resguarda las garantías individuales y sociales, los derechos humanos y la paz social. En el caso de Costa Rica, ese sistema está plasmado en la Constitución Política.

Por otro lado, no es de recibo que se utilice la Biblia como un recurso retórico mientras se hacen recortes en salud, educación, seguridad y cultura que golpean principalmente a quienes tienen menos posibilidades. ¿Acaso esos recortes se inspiran en la Biblia? ¿Se inspiran en la Biblia los discursos violentos, altaneros, y deslegitimadores de quienes nos gobiernan?

La Biblia contiene numerosas expresiones de preocupación por las personas empobrecidas, extranjeras, viudas y huérfanas (Dt. 10:18; Sal 146:9). Sin embargo, el Estado costarricense no necesita recurrir a la Biblia ni siquiera para justificar el desarrollo de políticas sociales, ya que Costa Rica cuenta con una consistente tradición de respeto a la libertad de conciencia y de legislación en materia social.

Por lo anterior, hacemos un llamado:

A los líderes políticos: ejercer la función pública con base en la ética, la transparencia y la eficiencia técnica, y evitar el uso de los textos sagrados o de lecturas sesgadas de ellos, para evadir la rendición de cuentas o legitimar decisiones partidarias.

A las comunidades de fe y a las y los líderes religiosos: resguardar la santidad y la independencia de sus púlpitos, promoviendo el discernimiento libre de las y los creyentes y rechazando cualquier intento de coacción o endoso político institucional.

A la ciudadanía costarricense: mantener una postura crítica y evaluar los planes de gobierno, la trayectoria de los representantes políticos y el cumplimiento de la ley por encima de la retórica religiosa utilizada en los discursos.

La Palabra de Dios no es un escudo político; la fe no es una mercancía electoral.

La fortaleza de Costa Rica reside en su capacidad para convivir en paz, entre diversos grupos y comunidades religiosas, respetando tanto la libertad religiosa de sus ciudadanos como la neutralidad e integridad de sus instituciones democráticas.

Pronunciamiento
7 de octubre de 2026

Personas, organizaciones e instituciones firmantes

CECATS
Codehuca
Frente Macroecuménico del Partido Frente Amplio.
Adam Álvarez Calderón, director del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
Álvaro Carvajal Villaplana, Acofi
Ana Carcedo Cabañas, presidenta del Centro Feminista de Información y Acción CEFEMINA
Ana Victoria Rodríguez Badilla, ciudadana independiente
Antonio Sandoval Poveda
Arq. Dinorah Bejarano
Carmen Brenes Sáenz, Partido Acción Ciudadana y Parlamento Cívico Ambiental
Elda Aurora Gutiérrez Gutiérrez
Eugenia Salazar
Giselle Zamora Arroyo
Isaac Montero Solera
Isela Loría Ulloa
Karen Mamani Torrez
Kattia Herrera Rivas
Leila Marcela Sánchez Cortés
Luisa López A.
Margarita Brenes coordinadora de Comunicación Política de la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social
Marta Arroyo Bonilla
Mary Paz Solano Vega
Natalia Solano Corrales
Sandra Araya Umaña, Alianza de Resistencia Independiente por la vida de las Mujeres
Sharo Rosales Arce
Silvia Bejarano
Silvia Porras Jiménez
Silvia Regina de Lima Silva

Puede descargar el documento original desde SURCOS:
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Francia: lo que se oculta detrás de las protestas

Juan Carlos Cruz Barrientos, para SURCOS

Reducir las movilizaciones francesas a incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía oculta sus causas sociales. En Costa Rica, esa imagen parcial está siendo utilizada para desacreditar la protesta y presentarla como una amenaza al orden público. Las protestas que sacuden Francia llegaron de pronto al debate político costarricense, no para intentar comprenderlas, sino para convertirlas en advertencia.

La diputada oficialista Kattia Calvo acusó a Ariel Robles, exdiputado del Frente Amplio, de promover la “sedición” por llamar al estudiantado costarricense a seguir el ejemplo de las movilizaciones en Francia y España. Calvo recordó los saqueos, incendios y actos de violencia ocurridos en Francia y responsabilizó anticipadamente a Robles por eventuales hechos vandálicos que pudieran producirse en una manifestación estudiantil en nuestro país.

Es cierto que en las movilizaciones francesas se han producido hechos de violencia. Negarlo no ayudaría a comprender lo que está ocurriendo. Pero tampoco se comprende una protesta social seleccionando las imágenes más espectaculares y suprimiendo todo lo que ocurrió antes de ellas.

¿Por qué protesta el estudiantado francés?

Un seguimiento más o menos regular de la prensa crítica europea permite reconstruir un panorama más completo de lo que está ocurriendo. Las movilizaciones comenzaron a finales de septiembre en institutos franceses y rápidamente se extendieron. Las y los estudiantes denunciaban falta de docentes y personal sustituto, aulas saturadas, deterioro de los edificios, carencia de personal de apoyo y reducción de recursos, problemas particularmente graves en centros situados en los barrios populares.

Algunos testimonios hablan de goteras, servicios sanitarios en malas condiciones y hasta presencia de ratas, ausencia de ventilación en el verano y de calefacción en el invierno. Es decir, los estudiantes no salieron inicialmente a las calles para enfrentarse con la policía. Salieron a reclamar mejores condiciones para estudiar. Pero el problema no termina en las aulas.

El economista y profesor Sebastián Irigoyen, en un análisis publicado por Diario Red, vincula el deterioro de la educación pública con una discusión mucho mayor: las políticas de austeridad y la manera en que se distribuye el costo del ajuste fiscal.

Mientras el Gobierno francés invoca el endeudamiento público para justificar restricciones presupuestarias, crece el cuestionamiento a las políticas fiscales que durante años han favorecido a los sectores de mayores ingresos. De manera que detrás de la protesta estudiantil está la pregunta: ¿quién termina pagando el ajuste?

Cuando el malestar se extiende

Las protestas estudiantiles comenzaron a encontrarse con otras demandas por parte de trabajadores, sindicatos, agricultores, activistas y otros sectores que se movilizaron contra el aumento del costo de la vida, por mejores salarios y en defensa de los servicios públicos y lo que inicialmente parecía un conflicto educativo empezó a mostrar un malestar social mucho más amplio.

A ello se sumó la actuación policial. Las intervenciones contra bloqueos y manifestaciones, las detenciones y las denuncias de agresiones contra menores introdujeron otro elemento en el conflicto. Amnistía Internacional expresó preocupación por la seguridad de los jóvenes participantes y reclamó a las autoridades francesas que garantizaran el derecho a manifestarse.

Y entre medio se han sucedido actos de violencia que si bien son condenables, para nada pueden usarse para restarle legitimidad a las causas que han llevado a la movilización.

Una imagen útil para el poder

Si de todo lo ocurrido en Francia se seleccionan únicamente automóviles incendiados, enfrentamientos y escaparates destruidos, se obtiene una imagen muy eficaz: la protesta aparece asociada al caos. Aquí es donde el episodio francés adquiere interés para Costa Rica.

Y si esa imagen se traslada al debate costarricense, el siguiente paso resulta sencillo. Quien convoca a protestar estaría convocando al desorden; quien llama a los estudiantes a movilizarse podría estar promoviendo la violencia. Así llegamos a una palabra mucho más grave: sedición.

La operación política consiste en desplazar la discusión. Ya no hablamos de las razones por las cuales determinados sectores podrían querer manifestarse. Hablamos del peligro que representarían quienes los convocan. La secuencia es conocida: protesta, desorden, violencia, amenaza al país y en algún momento de ese recorrido desaparece el derecho a protestar.

La democracia también ocurre en la calle

Conviene recordar algo elemental. En una democracia el conflicto social no constituye una anomalía. Las elecciones son fundamentales, pero la democracia no termina cuando se cierran las urnas. Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, universidades, asociaciones comunales y ciudadanos tienen derecho a organizarse, reclamar y manifestarse contra decisiones que consideran injustas. Eso también es democracia.

Por eso resulta preocupante que desde el Partido Pueblo Soberano y su enjambre de medios afines, troles e influencers, se instale una narrativa en la que cuestionar al Gobierno se aproxima cada vez más al desorden, convocar a una manifestación puede convertirse en instigación y llamar a protestar termina asociado con la sedición.

Francia merece ser observada con mayor cuidado.

Sus protestas no demuestran que toda movilización social conduce al vandalismo. Muestran algo bastante distinto: los conflictos que no encuentran respuesta política no desaparecen por decreto. Se acumulan.

Primero faltan profesores. Después se deterioran los centros educativos. Se encarece la vida, aumenta la precariedad y se debilitan los servicios públicos. Hasta que personas que parecían vivir problemas separados descubren que existe algo común entre ellos. Entonces la juventud estudiantil de toda Francia sale a la calle.

Y una democracia debería preocuparse no solamente por el desorden que eventualmente ocurre durante una protesta, sino por los problemas estructurales que padece la sociedad francesa desde hace varios años y que han dado lugar a grandes protestas sociales, por ejemplo: la Ley del Trabajo (2016); el movimiento de los Chalecos Amarillos (2018-2019), así como las revueltas de las periferias (2023).

Entre todas ellas hay un hilo conductor: la resistencia a las consecuencias sociales de las políticas de austeridad y liberalización, la defensa de los servicios públicos y del Estado social, la percepción de desigualdad y abandono de determinados territorios y sectores sociales y, progresivamente, el cuestionamiento de un sistema presidencial considerado excesivamente vertical.

De manera que Francia no estaría simplemente atravesando una nueva protesta estudiantil; estaría entrando en una nueva fase de un ciclo de conflictividad social iniciado hace aproximadamente una década. Lo novedoso de 2026 es que una generación que era niña cuando surgieron los Chalecos Amarillos está entrando directamente en escena política. Además, la crisis fiscal actual —con una deuda cercana al 119 % del PIB y un proyecto presupuestario que contempla fuertes ajustes— reduce considerablemente el margen del Estado para responder mediante mayor gasto, como ocurrió ante crisis sociales anteriores.

Fuentes consultadas

Diario Red:

  • Sebastián Irigoyen, “La disputa educativa en Francia: ultra ricos blindados, estudiantes precarizados”, 8 de octubre de 2026.

  • “Los jóvenes del mundo se levantan”, 9 de octubre de 2026.

  • Chloe Arús, “Manifestaciones en Francia: Amnistía Internacional denuncia la inseguridad de los menores frente a la violencia policial”, 9 de octubre de 2026.

  • Benjamín Gutiérrez, “Obreros y estudiantes unidos, ¡adelante!”, 4 de octubre de 2026.

  • “Más de 500.000 personas se manifiestan en toda Francia contra el Gobierno, las subidas de los precios y el deterioro de los servicios públicos”, 19 de octubre de 2026.

El Mundo CR, “Kattia Calvo acusa a Ariel Robles de sedición por llamar a seguir el ejemplo de las protestas en España y Francia”, octubre de 2026.

Imagen: Manifestación de estudiantes en Toulouse, 14-10-2026 (foto de Mathieu Pinard Baillet / Le Pictor / DPA).

Carta abierta al sector productivo nacional y a la ciudadanía costarricense

Es tiempo de rescatar la vía costarricense

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico y especialista en política internacional y desarrollo

A las cámaras empresariales, a los líderes del sector productivo, a los sectores sociales y a toda la ciudadanía de Costa Rica.

Históricamente, Costa Rica ha sido reconocida en el mundo no por la fuerza de sus armas, sino por la sabiduría de su pacto social. Hemos construido una nación bajo la premisa fundamental de que aquí nadie sobra. Sin embargo, hoy nos encontramos atrapados en una peligrosa deriva: una polarización estéril donde algunos parecen apostar por una lógica de suma cero, creyendo falsamente que el país avanza si un bando destruye al otro.

Como académico y estudioso del desarrollo y la política internacional, debo decirlo con absoluta claridad: la vía costarricense nunca ha sido la de que un bando gana y otro pierde sobre las ruinas del adversario. Pensar que se puede echar a unos por la borda, ya sea asfixiando lo público por mero capricho ideológico o ignorando las necesidades de dinamismo económico del sector productivo, no es una victoria política, es un suicidio nacional a largo plazo y un retroceso imperdonable en nuestra prosperidad y bienestar común.

No podemos tolerar, bajo ningún criterio de sensatez, posturas tan miopes como aquellas que celebran los recortes a la educación pública simplemente porque no se aprobó un proyecto de privatización eléctrica o cualquier otro argumento. Esa mentalidad vengativa, pobre y egoísta debe ser superada de inmediato. ¿Cómo pretende el sector productivo competir en los mercados internacionales del mañana si aplaude o calla ante el debilitamiento del semillero de nuestro talento humano? Los estudiantes de hoy son la mano de obra calificada, los ingenieros y los científicos que las empresas van a necesitar para sobrevivir.

Ver la educación como un gasto prescindible es una muestra de ceguera imperdonable y de fanatismo ideológico. Pero el desarrollo tampoco se construye desde el resentimiento ni desde la trinchera permanente. Costa Rica necesita ambas cosas y las necesita juntas: necesitamos una educación pública robusta y bien financiada, y al mismo tiempo necesitamos energía abundante y a mejor precio, competitividad, paz social y empleo digno para todos.

La verdad más elemental, que a menudo se nos olvida en medio de las disputas ideológicas, es que nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros. Ningún sector puede prosperar de manera sostenible sobre la miseria o la exclusión del otro. Por esta razón, hago una excitativa vehemente al sector productivo nacional y a todos los actores sociales: es hora de dejar de lado el egoísmo, salir de las trincheras y unirse para construir una agenda país conjunta.

Conversemos con altura, depongamos los odios sectarios y entendamos que en Costa Rica o ganamos todos, o perdemos todos.

Convirtamos este momento de quiebre en la oportunidad para demostrar que nuestra democracia sigue siendo capaz de encontrar acuerdos superiores.

Alternativas dedicará su programa a Francisco de Asís y su legado de paz en un mundo conflictivo

El programa del Colectivo Reflexión-Acción se transmitirá en vivo el viernes 23 de octubre a las 6:00 p. m.

El programa Alternativas, del Colectivo Reflexión-Acción, presenta el viernes 23 de octubre de 2026, a las 6:00 p. m. (hora de Costa Rica), el espacio “Francisco de Asís: el legado vivo de la paz y la armonía en un mundo conflictivo”. En 2026 se cumplen 800 años de la muerte de Francisco de Asís, ocurrida en octubre de 1226.

Panel invitado

  • Maricela Pleités Díaz: máster en Recursos Humanos por la Universidad María Cristina Aguilera de España; licenciada en Administración Educativa por la UNED y en Docencia por la Universidad de San José, y bachiller en Educación Religiosa por la Universidad Católica. Es psicóloga en formación y docente universitaria.

  • Luis Ángel Salazar Oses: profesor jubilado de Filosofía y Educación de la Universidad de Costa Rica y de la UNED.

  • Kevin Rodrigo Sánchez Rodríguez: máster en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa. Cursa estudios doctorales en la Universidad Católica de Costa Rica. Su formación y su experiencia en el Colegio María Inmaculada de San Carlos lo acercaron a la espiritualidad de san Francisco y santa Clara de Asís, que ha marcado su trayectoria personal y profesional.

  • Edgar Solís Barquero: máster en Administración Educativa, licenciado en Educación Religiosa y diplomado en Pastoral Educativa. Coordina la Pastoral Educativa de la Diócesis de Alajuela, es miembro de la Comisión Nacional de Educación de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y de la red latinoamericana de Pastoral Educativa del CELAM. Es docente universitario.

Dónde seguirlo

El programa se transmitirá en vivo por Facebook Live, YouTube y Spotify, y por las emisoras amigas:

  • Guanacaste 106.1 FM;

  • Radio Soberanía;

  • Radio Revolución;

  • 506 Ondas de Alajuelita Radio, que lo retransmite los sábados a las 6:00 p. m.;

  • Voces Libertarias, 97.3 FM.

Alternativas es un programa elaborado por el Colectivo Reflexión-Acción, que se transmite desde el 12 de enero de 2020 con el lema “Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores”.