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Costa Rica y Estados Unidos: algunos apuntes con relación al nuevo «acuerdo migratorio» sobre deportaciones anunciado

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de marzo, se anunció la firma de una nuevo convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN). 

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. 

Este 27 de marzo, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la alta representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad). 

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado este 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos, iniciativa que examina el juez constitucional desde unas pocas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr). 

En otro ámbito, el pasado 20 de marzo, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción cuyos detalles se desconocen de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océanos Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando la muerte de los tripulantes de estas lanchas. 

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presenta como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 1). Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba años votando a favor (Nota 2). No está de más añadir que poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante las profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026).

En la región centroamericana la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe que recomienda acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital).  

En enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW). No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023).

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de enviar de vuelta a nacionales de Costa Rica capturados por Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de; 

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026). 

De lo que se trata en este caso , es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. 

No está demás señalar que se cuenta con un precedente judicial bastante reciente en Costa Rica del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos (entre las cuales 79 menores de edad) de su derecho a la libre circulación, manteniendolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes, órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Esta anomalía evidencia lo solícito y extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a las diversas solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable  para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«. 

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso». 

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se senala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga a Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde  Estados Unidos.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas, que son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta nueva solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025)

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado. Esta información sería de sumo interés en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, estas personas se quedaron en Costa Rica, emigraron a otro destino de su escogencia o bien… volvieron a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

– – Notas – –

Nota 1: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios. 

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba 

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 2Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).

Las guerras contemporáneas

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

(Una investigación con ayuda de la Inteligencia artificial. Otras veces me he confrontado con uno de los algoritmos de la Inteligencia Artificial -IA-. Hoy me valgo de su información para sentar algunas premisas.)

La guerra no parece haber acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos, pero sí emerge con fuerza cuando aparecen ciertas “ganancias” —sean estos materiales, sociales o políticas— que siempre están en disputa.

Déjenme explicar lo anterior con algo más de profundidad, porque la intuición primero y mis lecturas después me han permitido establecer las premisas que hoy sostengo. Para desarrollarlas me he formulado varias preguntas que hoy reproduzco para ustedes:

I. 1. Antes de la “ganancia”: ¿había guerra?

Esto es lo que he ido encontrando tras haberme planteado esta y otras preguntas y haber hecho la investigación de antiguas lecturas y de la IA. En las sociedades más antiguas de cazadores-recolectores (hace decenas de miles de años), los indicios de guerra organizada son escasos y discutidos. Existía violencia, claro que sí -eso es innegable—, pero:

a. era Inter personal o entre pequeños grupos.

b. No había ejércitos, ni campañas sostenidas.

c. La movilidad constante, migraciones de seres humanos, todavía cazadores que apenas empezaban a asentarse, hacía difícil acumular bienes.

Algunos hallazgos arqueológicos, como los encontrados en el sitio de Nataruk, muestran episodios de violencia colectiva, pero no prueban una guerra estructurada como la entendemos hoy; aunque en el estudio de la IA se habla de “…la guerra en la antigüedad”.

El hallazgo del sitio de Nataruk, ubicado cerca del lago Turkana en Kenia, es la evidencia más antigua conocida de una masacre prehistórica, datada hace unos 10.000 años. Arqueólogos de la Universidad de Cambridge descubrieron restos de 27 cazadores-recolectores (hombres, mujeres y niños), que, murieron violentamente, sugiriendo conflictos grupales mucho antes del sedentarismo. Los orígenes de la guerra son controvertidos: la discusión gira en torno a si la capacidad de la violencia organizada se produce profundamente en la historia evolutiva de nuestra especie o es un síntoma de la idea de propiedad que provino con el asentamiento de las comunidades humanas en posesión de la tierra y la agricultura. La masacre de Nataruk es el registro más antiguo de violencia entre grupos prehistóricos de cazadores-recolectores que permanecieron en gran parte nómadas. (Cfr. Mirazón Lahr, Marta. Directora de la Investigación, Proyecto IN-África. Revista Nature. 21.01.2016).

I. 2. El giro decisivo: la revolución agrícola

Con la llamada Revolución Neolítica (hace unos 10,000 años), ocurre algo clave

a. Aparece la propiedad privada (tierras, cosechas, animales).

b. Surgen los excedentes (es decir, riqueza acumulable).

c. Nacen jerarquías sociales y con ellos los proto-Estados.

Aquí la palabra “ganancia” comienza a cobrar pleno sentido:

“cuando hay algo que acumular, también hay algo que defender… o arrebatar.”

Desde ese momento, se construyen murallas, se organizan guerreros, la guerra deja de ser ocasional y se vuelve institucional.

I. 3. El Estado y la guerra organizada

Entonces, con el surgimiento de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, China) también ocurre lo siguiente:

a. La guerra se convierte en una herramienta política, esencial para defender la propiedad y la acumulación de excedentes.

b. Lo anterior obliga a la aparición de ejércitos permanentes, sin los cuales lo atesorado no era sostenible.

c. Más adelante, los detentadores de la riqueza acumulada luchan por territorio, tributos, rutas comerciales y poder.

Un ejemplo temprano documentado es el conflicto entre ciudades-estado sumerias, como el enfrentamiento entre Lagash y Umma.

I. 4. ¿En consecuencia, vuelvo a preguntarme, si la guerra es “natural”?

Aquí hay debate entre pensadores:

• Thomas Hobbes creía que el ser humano tiende inherentemente al conflicto (“guerra de todos contra todos”).

• Jean Jacques Rousseau por el contrario sostenía que la guerra nace con la sociedad organizada y la propiedad.

La investigación histórica y la evidencia moderna tiende a una formulación intermedia entre ambas premisas.

Con base en lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que, la capacidad de violencia es humana, pero la guerra organizada es una construcción social e histórica.

I. 5. Mi primera intuición, reformulada.

Primero me había planteado con apoyo en las investigaciones de los pensadores socialistas algo que ha llevado mucho tiempo en ser resuelto de una manera clara:

“La guerra surge cuando aparece la “ganancia”

Producto de esta pequeña revisión bibliográfica me he respondido, quedando bastante satisfecho: Sí, en gran medida.

La guerra se vuelve sistemática cuando existen:

• Bienes acumulables

• Territorios definidos

• Poder centralizado

• Desigualdad de clases

En otras palabras: la guerra no nace solo como consecuencia de la agresividad inherente en el ser humano, sino que ella nace de la estructura social que convierte la violencia en instrumento. Esto se ha vuelto crucial para mí.

I. 6. Una reflexión final a este primer capítulo:

Si la guerra no ha estado siempre con nosotros en su forma organizada, eso abre una posibilidad filosófica, histórica y politológica importante:

Lo que ha sido construido históricamente, también puede transformarse. Veamos.

II. ¿las guerras modernas (como las actuales en Medio Oriente o Ucrania) siguen respondiendo a esa lógica de “ganancia”, o hay nuevos factores?

Trato de profundizar más allá de la primera hipótesis:

II. 1. Antes de la “ganancia”: ¿había guerra?

Como ya lo dejé planteado supra, permítanme repetir ahora que: en las sociedades más antiguas de cazadores-recolectores (hace decenas de miles de años), los indicios de guerra organizada son escasos y discutidos. Existía violencia —eso es innegable—, pero:

• Era interpersonal o entre pequeños grupos.

• No había ejércitos, ni campañas sostenidas.

• La movilidad constante hacía difícil acumular bienes.

Ahora introduzco un nuevo matiz a aquel hallazgo arqueológico (como fue el sitio de Nataruk). En tal hallazgo he estudiado que se muestran episodios de violencia colectiva, pero no se prueba que se hubiese producido una guerra estructurada como la entendemos hoy, ni que se hubiesen formado como resultado de lo anterior, ejércitos permanentes, ni siquiera los primeros atisbos de Estados. De hecho, Mirazón Lahr nos habla de “guerra en pequeña escala entre las sociedades recolectoras.”

II. 2. He logrado estudiar algo que considero es el giro decisivo para hablar del inicio de las guerras como las conocemos hoy: la revolución agrícola.

Con la llamada Revolución Neolítica (hace unos 10,000 años), ocurre algo clave:

II.2. a. Aparece la propiedad privada sobre los medios de producción (tierras, cosechas, animales).

II. 2. b. Surgen excedentes (es decir, riqueza acumulable).

II. 2. c. Nacen jerarquías sociales y proto-Estados.

Aquí la palabra “ganancia” cobra pleno sentido:

Como dijimos antes: “cuando hay algo que acumular, también hay algo que defender… o arrebatar.”

Desde ese momento:

• Se construyen murallas.

• Se organizan guerreros.

• La guerra deja de ser ocasional y se vuelve institucional.

II. 3. El Estado y la guerra organizada

Con el surgimiento de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, China):

• No es sino hasta ese momento que la guerra se convierte en herramienta política y su uso se hace sistemático.

• Aparecen ejércitos permanentes.

• Se lucha (ya lo dijimos), por territorio, tributos, rutas comerciales y poder.

Un ejemplo temprano documentado es el conflicto entre ciudades-estado sumerias, como el enfrentamiento entre Lagash y Umma.

Los enfrentamientos entre Lagash y Umma (aprox. 2500-2350 a.C.) constituyeron una larga guerra fronteriza por el control de la fértil región de Gu-Edinna. Esta guerra es considerada como uno de los primeros conflictos armados documentados de la historia, incluyó batallas significativas como la victoria de Eanatum de Lagash, conmemorada en la “Estela de los Buitres”. (Cfr. https://en.wilkipedia.com).

II. 4. ¿Entonces la guerra es “natural”?

Como también dijimos antes, la capacidad de violencia es humana, pero la guerra organizada es una construcción social e histórica.

II. 5. La hipótesis la replanteo ahora mediante el siguiente modo de pregunta:

¿la guerra surge cuando aparece la “ganancia”?

Podríamos responder:

la guerra no nace solo de la agresividad, sino de la estructura social que convierte la violencia en instrumento.

II. 6. Disquisición sobre las guerras modernas

Profundizo ahora en torno a las siguientes preguntas sobre a las guerras modernas:

¿Las guerras modernas (como las actuales en Medio Oriente o Ucrania) siguen respondiendo a esa lógica de “ganancia”, o hay nuevos factores? ¿Habrá acaso nuevos elementos que ameritan que consideremos que las guerras hayan cambiado de naturaleza?

Mi respuesta honesta es compleja: la lógica de la ganancia no ha desaparecido, pero se ha transformado y sofisticado. Hoy convive con factores nuevos —tecnológicos, ideológicos y geopolíticos— que hacen de la guerra algo más difuso y, en algunos casos, más peligroso.

II. 6.a. La “ganancia” sigue ahí… pero ya no se combate solo por el territorio.

En la antigüedad, la ganancia era visible:

• tierras

• esclavos

• tributos

Hoy, en conflictos como la guerra en Gaza, o en Irán, e incluso en Ucrania, la lógica incluye:

• control geopolítico (zonas de influencia)

• recursos estratégicos (energía, rutas)

• seguridad percibida (fronteras, alianzas como el caso de la OTAN)

La ganancia ya no siempre es “poseer”, sino influir, bloquear o impedir que otro gane.

II. 6.b. La guerra como equilibrio de poder

Desde el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, emerge una lógica distinta. Por un lado, una lógica imperial, apoderarse de territorios más débiles. Las guerras son entre potencias dominantes (EE. UU., Rusia) contra territorios “más débiles” (todo el África, países de América Latina, Afganistán, Irak, Irán, Libia) para extraer materias primas, donde las potencias buscan obtener “súper ganancias” por medio de la extracción de materias primas (hidrocarburos, “tierras raras”). Por otro lado, se evitan enfrentamientos directos entre las potencias.

• Las grandes potencias evitan enfrentamientos directos, so pena de destruirse el uno y el otro, puesto que han surgido armas estratégicas como las “bombas nucleares”.

• Surgen guerras indirectas o “por delegación”.

Esto se vio durante la Guerra Fría, y aún hoy persiste.

La ganancia aquí no es conquistar, sino mantener o alterar el equilibrio global.

II. 6.c. Ideología, identidad y religión.

En algunos conflictos actuales, la motivación no es reducible solo a lo económico, concurren también nuevos factores como:

• identidades nacionales

• creencias religiosas

• narrativas históricas

Por ejemplo, en tensiones vinculadas a Irán, en Siria, o el conflicto en Gaza, intervienen:

  • seguridad

  • religión

  • memoria histórica

  • legitimidad política

Sin embargo —aquí conviene agudizar el juicio crítico— debido a que incluso estos conflictos suelen entrelazarse con intereses estratégicos y de poder.

II. 7. Nuevas formas de “ganancia”: tecnología y datos.

Hoy aparece algo completamente nuevo:

• ciberataques

• control de información

• inteligencia artificial

• dominio del espacio

Empresas como Microsoft o Google participan indirectamente en esta dimensión.

La guerra ya no ocurre solo en campos de batalla, sino en redes, satélites y sistemas digitales.

La “ganancia” puede ser ahora:

• acceso a datos

• sabotaje de infraestructura

• influencia sobre la opinión pública.

II. 8. Economía global: una paradoja.

Vivimos en un mundo global y más interdependiente que nunca, no obstante, las guerras:

• los países comercian entre sí

• las cadenas de suministro están entrelazadas

Esto debería reducir la guerra… pero no la elimina.

¿Por qué?

Porque con frecuencia, la competencia se desplaza hacia:

• sanciones económicas

• guerras comerciales

• control de mercados

A veces, la guerra militar es solo la continuación de una guerra económica por otros medios. (diferente a lo planteado por Karl Von Klawsewitz).

II. 9. Una reflexión final: ¿Estamos ante un cambio de era?

Algunos analistas sostienen que estamos pasando de la guerra “clásica” a una guerra híbrida:

• militar + económica + informativa + tecnológica, que no siempre se declara formalmente.

A veces ni siquiera es claro cuándo empieza o termina.

La hipótesis inicial podemos a su vez reformularla de la siguiente manera:

¿La guerra sigue siendo por “ganancia”?

La respuesta sería:

Sí, siempre que se considere que la ganancia ya no es solo material.

Ahora incluye:

• poder

• influencia

• seguridad

• información

• legitimidad

Y en muchos casos:

evitar perder es tan importante como ganar.

8. Una reflexión más profunda (casi filosófica)

Si en el pasado la guerra surgía cuando había algo que acumular, hoy podríamos decir:

la guerra persiste porque hay sistemas enteros que dependen de competir por poder en un mundo finito.

Esto abre una nueva pregunta inquietante:

¿Es posible una humanidad donde la “ganancia” no implique la pérdida del otro?

Conversatorio abordará la soberanía latinoamericana desde una perspectiva multipolar

Organizaciones vinculadas al Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) en Guatemala y Costa Rica invitan al conversatorio “Soberanía Latinoamericana: una mirada multipolar”, un espacio orientado a fortalecer el debate regional sobre el papel de América Latina en el actual escenario internacional.

La actividad se realizará de forma virtual el sábado 28 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m. (hora de Centroamérica), mediante la plataforma Meet, con participación abierta previa inscripción.

Según la convocatoria, el conversatorio busca generar un espacio de análisis sobre el nuevo orden global en transformación, en el que se plantea la emergencia de dinámicas multipolares y la necesidad de reflexionar sobre la soberanía de la región en este contexto.

Participación de especialistas

El encuentro contará con la participación de:

  • Tomás Creelman, abogado, consultor empresarial y analista político

  • Mauricio Núñez, profesor universitario y analista geopolítico

Ambos abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina en un escenario internacional caracterizado por la reconfiguración de poderes globales.

Debate regional sobre el nuevo orden global

De acuerdo con la información difundida, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de CICRAL por promover el intercambio y la cooperación entre América Latina y otros actores internacionales, así como por impulsar discusiones sobre un mundo multipolar.

El espacio está pensado como un punto de encuentro para el análisis político y geopolítico, con énfasis en la construcción de soberanía regional y en el rol de los países latinoamericanos ante los cambios en la correlación de fuerzas globales.

Convocatoria abierta

La actividad es de acceso gratuito con inscripción previa y está dirigida a personas interesadas en temas de política internacional, geopolítica y procesos de integración regional.

Se invita a participar destacando que el diálogo y la reflexión colectiva son parte fundamental en la construcción de propuestas para el futuro de la región.

📌 Horarios internacionales del conversatorio:

  • Rusia: 6:00 p.m.

  • Brasil: 12:00 p.m.

  • Argentina: 12:00 p.m.

  • Venezuela: 11:00 a.m.

🔗 Formulario de inscripción:
https://forms.gle/arMkDYKsP8rL1Yuj6

Ópera cotidiana: los cipayos y la genuflexión servil de sus rodillas

Tres propuestas

Por: Trino Barrantes Araya

Correo.e: camilosantamaria775@gmail.com

Primera Parte

Operación Cóndor 2.0 y la genuflexión de los cipayos

El adjetivo de cipayo resulta limitado para describir la posición de serviles, que dócilmente asumen los doce presidentes que suscriben ese instrumento, eufemísticamente llamado “Escudo de las Américas”. Así, de un vulgar plumazo, renuncian a la memoria histórica y, lo que es peor, a la soberanía del país. Pisotean a las emblemáticas figuras de Juanito Mora, del General Cañas, de Juan Santamaría y de Pancha Carrasco Jiménez.

A veces, en esas poses de genuflexión servil y sometimiento, doblan tanto su cerviz, para que el amo del norte les de su espaldarazo, que quedan en posiciones obscenas, para que el sable del imperialismo los penetre hasta donde más.

Pero su placer de lacayos es tan complaciente que, aun sabiendo la permanencia, dentro de ellos, del esclavista mayor del Norte y el servil sionista de Argentina, ellas y ellos respiran la fetidez de los últimos zarpazos del imperio yanqui y, complacientemente, ríen como estúpidas marionetas.

Su grado de alienación y alineación es tan pueril, que ninguno es capaz de defender nuestro idioma, sabiéndose el mismo como una de las lenguas universales más importantes, tanto por su riqueza cultural, por su valor identitario y como vehículo de comunicación universal y constructo de la resistencia histórica.

Así las cosas, ese remedo de un TIAR diarreico, cuya cabeza es un gobernante incapaz de reconocer la coyuntura actual y que pierde el horizonte de lo que debe ser hoy el nuevo orden mundial, miente, una vez más, con la complicidad de esos “doce mandatarios”, que no son capaces ni de manejar su propia voluntad política, mucho menos la responsabilidad histórica que les corresponde, en tanto garantes del poder ejecutivo de sus diferentes naciones.

Pero serán los respectivos pueblos, de cada uno de dichos países, que, desde la democracia de la calle, desde las comunas del poder popular y la organización de la resistencia, se verán obligados a enderezar nuestra memoria histórica por los cauces que corresponde al momento actual y que prístinamente fue dibujada por Bolívar, Morazán, Juanito Mora y Martí.

No existe un objetivo que demuestre la validez de que el “Escudo de las Américas” (Shield of de Americas Doral 2026), tenga como principio fundamental la lucha contra el narcotráfico.

¿Coalición antidrogas? La mentira ni siquiera es piadosa. Esta coalición es una alianza militar. No derivan políticas claras para erradicar el narcotráfico. El tráfico de cocaína y otras drogas, tiene dentro de esta nueva coalición a Daniel Nova y a Nasry “Tito” Asfura.

El primero denunciado porque desde sus empresas bananeras, se desplazan grandes cantidades de droga para Europa. “Tito”, como cariñosamente le dice Donald Trump, es el socio y testaferro del presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández.

¡Entonces qué!, como decían nuestras abuelas, el diez con hueco, solo ellos pueden creérselo. Mientras que el pedófilo les obliga a inclinar sus débiles y sumisas rodillas.

En el caso del presidente Rodrigo Chaves y la actual presidenta electa, que va invitada para servir como testigo de excepción, ambos violan principios esenciales de nuestro marco jurídico.

Su sola presencia, en ese adefesio llamado “Escudo de las Américas”, contraviene el Artículo 12 de nuestra Carta Magna. Pero a la vez contravienen y se irrespetan cuatro documentos base que nuestros gobiernos han ratificado y sustentado.

En primer lugar, invocamos al Tratado de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 14 de febrero de 1967), en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad (Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada, sancionada por Luis Alberto Monge Álvarez en 1983. Se fundamenta en el Artículo 139, inciso 2º de nuestra Constitución Política); en tercera instancia el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014, que declara a América Latina como Zona de Paz.

Segunda Parte

¡Bases militares no!

La paz, la democracia y la no violencia”, SÍ.

Denunciamos las dos propuestas de aventura suicida y militarista que devienen de las últimas posiciones del actual presidente y de la mandataria electa.

Solo el hecho de mencionar la instalación de bases militares extranjeras en Costa Rica, tal y como recientemente lo manifestó y propuso un asesor presidencial, es poner a nuestro país en el ojo del huracán; pero además, de una gran irresponsabilidad, esa actitud representa una amenaza directa a los pilares fundamentales de la democracia costarricense, de su memoria histórica y de su identidad nacional.

Históricamente, cuando esta ocurrencia suicida se ha manifestado en algún aventurero y guerrerista nacional, el pueblo de Costa Rica, ha sido contundente en rechazar ese exabrupto, pues la sola idea choca frontalmente con principios históricos, constitucionales, de libertad, autodeterminación y de soberanía que ha tenido el país, como pilares básico de su Estado Social y de su Estado de Derecho.

Si lo vemos desde el punto de vista de los Derechos Humanos, los argumentos en contra de esa esquizoide idea, sus argumentos se tiran al suelo. Pero si buscan un argumento de tipo legal; la propuesta resulta aún más desproporcionada, pues atenta violentamente contra el Artículo 12 de la Constitución Política.

Cuando un gobierno pierde su capacidad de asombro y se divorcia de la idiosincrasia del soberano, nos damos cuenta de lo poco que le interesa la institucionalidad del país. Pero también dibuja abiertamente el desconocimiento que, una propuesta de esta envergadura, requeriría de una sustancial reforma constitucional.

Si tratáramos, como pueblo organizado, de argumentar nuestra posición del por qué estamos en contra de una base militar, nos sobrarían argumentos:

Los principales argumentos en contra, los resumimos de la siguiente forma:

  • En primer lugar el establecimiento de una base militar, es dejar invalidado el principio constitucional que sanciona, para tales efectos el Artículo 12 de nuestra Carta Magna.

  • Significaría que quedamos expuestos a la voluntad de ejércitos extranjeros y consecuentemente a una sostenida pérdida de nuestra soberanía. Se violaría, asimismo los principios de de autodeterminación e integridad territorial

  • Implicaría, dar paso abierto a la Guerra de Baja Intensidad, con la pérdida absoluta del control del territorio nacional

  • Entregar la seguridad nacional a una potencia extranjera, es simplemente renunciar al ser costarricense, a la idiosincrasia del soberano.

  • Tal y como ha sido señalado en sendos artículos anteriores, esta medida contraviene acuerdos nacionales e internacionales que el país ha suscrito.

Creemos, como patriotas y costarricenses, que no solamente es la Constitución Política la que nos blinda contra las bases militares, sino la misma historia de nuestro suelo patrio, que como semilla de maíz, todas y todos juntos hemos sembrado en nuestro imaginario colectivo.

Digamos NO, a las bases militares, no a las embarcaciones militares que asesinan en juicios sumarios a nuestros pescadores, fuera tropas extranjeras que vienen a violar nuestra soberanía nacional. Hay principios esenciales y Derechos Humanos fundamentales que son innegociables.

Volvemos a criticar profundamente la incursión de nuestro país al “Escudo de las Américas”, en tanto que esto no es una alianza contra el narcotráficos sino una alianza militar. Además, históricamente las bases han demostrado su ineficiencia para controlar el narcotráfico, contrario sensus, han sido parte de la sostenibilidad con algunos cárteles. En Colombia, el gobierno de Uribe y Santos, en Honduras, la base militar de Palmerola, se convirtió en el más grande corredor de cocaína de Centroamérica y sostuvo al narcotraficante de Juan Orlando Hernández. En Panamá, Noriega fue un aliado de la DEA y el canal se manchó de polvo blanco. Hoy en Ecuador, la empresa bananera de Daniel Novoa, adosa las cajas de banano con montañas de polvo blanco. Así, pues, las bases militares no son ninguna garantía contra los carteles del narcotráfico.

Cantemos ufanos y recuperemos nuestra identidad: “La paz, la democracia y la no violencia”, resultan ser consignas más auténticas que la miserable idea de las bases militares.

Tercera Parte

El Escudo de las Américas y la nueva aventura presidencial en la guerra de baja intensidad

Las y los diputados, el movimiento social, los sindicatos y los partidos políticos no podemos guardan silencio ante el juicio sumario y asesinato de pescadores costarricense bajo los argumentos del necrófilo y pedófilo jefe actual de la Casa Blanca. ¡Señor presidente!, ya lo decía nuestro gigante de la Patria Grande: “Hay silencios que se guardan, parecidos a la estupidez”.

Frente a la participación del actual gobernante de la República Rodrigo Chaves Robles y la mandataria electa Laura Fernández Delgado, en la reunión convocada por Donald Trump, hacemos un llamado a la opinión nacional e internacional, de las verdaderas preocupaciones e implicaciones que ésta acción conlleva, contra el Estado Social, el Estado de Derecho y la Democracia.

Desde la mayor parte de los actores sociales honestos y patriotas, pensamos que es más responsable y respetuoso para nuestra democracia, seguir construyendo y hablando sobre la urgencia de unificar consignas en torno al pueblo costarricense a favor de: “La paz, la democracia y la no violencia.

Lo dijimos en un anterior artículo dirigido al primer magistrado de la República, en el cual, de manera sucinta llamábamos la atención en lo siguiente.

En primer lugar, invocamos el valor esencial del Artículo 12 de nuestra Constitución Política. Asimismo, en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad sancionada en el gobierno de Luis Alberto Monge, en tercera instancia hicimos referencia al valor histórico del Tratado de Tlatelolco, en un cuarto lugar al valor del uso del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) (https://g.co/gemini/share/1faebf1eabce ) , suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014.

Cada uno de estos instrumentos fortalece el derecho internacional y está en contraposición de la Guerra de Baja Intensidad que esconde el Escudo de las Américas que, por más sanamente que se le mire, no es una alianza para combatir el narcotráfico, sino por el contrario, crear un escudo militar para fortalecer la aventura pirata y de ladrón posmoderno del amo del norte.

Permítasenos tener aquí como ejemplo la amenaza militar e injerencista y los interés espurios de los EE:UU en Venezuela y el mar Caribe desde el momento en que Hugo Rafael Chávez Frías asumió el poder en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, con Nicolás Maduro Moros, elegido democráticamente por el pueblo de Bolívar el despliegue inusitado de las fuerza militar del imperialismo yanqui, se vuelve algo obsceno contra la soberanía de los Estados de América Latina. Estos actos, concluyen con una operación militar, cuyo resultado fue el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Pero la aventura desmedida de esta nueva fase de la Doctrina DONROE, es inusitada. Sus pretensiones por dominar México, anexarse Groenlandia, intervenir Cuba y usurpar la soberanía del Canal de Panamá, son más que evidentes.

La responsabilidad de los socios menores que suscriben este adefesio de derecho internacional, los hace desde ahora responsables de violar la soberanía e independencia de cada una de sus repúblicas.

Es ya un lugar común, que el mayor cartel de la droga está en manos de la DEA y que el mayor consumo de drogas, tiene como epicentro la sociedad norteamericana. Dichosamente, medio de la creciente tensión, la solidaridad se ha hecho una consigna universal a favor de esta hermana República.

Pero, el pueblo soberano, nuestro pueblo costarricense, en una sola voz, ha jurado fidelidad a la Patria, la Nación y el Estado y ha tenido como consigna básica: “La paz, la democracia y la no violencia.

¿Se está aplicando la pena de muerte en la lucha contra el narco?

Vladimir de la Cruz

El asesinato realizado por militares, en barcos armados estadounidenses, que navegan en las aguas jurisdiccionales de Centroamérica, y de Costa Rica, en el mar Pacífico, bajo la bandera del patrullaje antinarco, y del acuerdo que les permite su navegación, se ha pasado de la raya. Se aplicó una pena de muerte sin juicio de ninguna clase, en donde la pena de muerte se aplicó sin existir en el ordenamiento penal y constitucional costarricense. Las reacciones que se han hecho públicas ha obligado a los asesinos a cambiar la narrativa de lo sucedido.

La primera noticia fue un ataque a un bote tripulado por tres personas, dos de las cuales murieron y una quedó malherida. Se desconocía la nacionalidad de los que iban en la lancha. Se dijo que navegaban por una de las supuestas y conocidas rutas que usan para llevar droga de Suramérica a Estados Unidos. No fueron detenidos, ni interrogados, ni se les incautó droga de ninguna clase. Sencillamente se les disparó con misil aéreo o desde el “barco de guerra” que navega bajo el amparo de la lucha antinarco, y no una embarcación autorizada por el Tratado o Acuerdo de colaboración que señala embarcaciones “guardacostas”.

La segunda noticia fue que atacada la nave, confirmados los muertos y el herido, de ese buque de guerra informaron a las autoridades policiales navieras de Costa Rica, cambiándoles la información original, para que fueran a recoger los cadáveres de los dos fallecidos y al herido, que fue trasladado al Hospital de Golfito, en la cercanía naviera de Golfito, como se hizo. Incluso, entiendo, se cambió en la información suministrada del escenario de guerra donde se produjo el asesinato de esas dos personas y se hirió al tercero, que curiosamente no lo mataron.

De los sucesos narrados queda claro que:

1.- Las autoridades policiales y navieras de Costa Rica tienen por disposición NO MATAR a navegantes que se supone trasladan drogas. Su orden es capturarlos vivos como se ha hecho. La experiencia de los policías de la naval es que cuando se acercan a esas naves transportadoras de drogas, con navegantes colombianos o suramericanos, estos navegantes “alzan los brazos y las manos”, para señalar que no están armados, y en señal de disposición de “entregarse” sin ofrecer oposición. Su experiencia es que los que a veces les disparan son ciudadanos costarricenses que trafican drogas, sabiendo ellos que no les pueden disparar a matar. Esto lo hacen los extranjeros para que las autoridades navieras costarricenses no les disparen, porque según los capturados, cuando eso sucede en mares patrimoniales de Ecuador, Colombia o Panamá las autoridades de esos países les disparan a matar. Saben que en Costa Rica no se hace eso, y por eso se entregan si ofrecer resistencia, porque se les respeta la vida.

2.- El operativo que se realizó, que provocó esas dos muertes y ese herido, no fue hecho por autoridades ni fuerzas policiales costarricenses. Se hizo en aguas jurisdiccionales costarricenses por naves de guerra extranjeras, estadounidenses, por militares extranjeros, que así operan en “territorio” marítimo costarricense.

3.- Las naves extranjeras, aviones, buques o navíos o terrestres, para entrar al territorio nacional requieren, necesitan, permiso legislativo para volar y aterrizar o cuando por alguna circunstancia va a llegar al país una nave aérea o marítima artillada. Así, por ejemplo, si es de los ejércitos o armada de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos, comunica al Ministerio de Seguridad y la Cancillería, informando de la situación y pidiendo autorización, en la que se indica el tipo de nave y el tipo de armamento que trae, si lo trae, para que se haga la gestión ante la Asamblea Legislativa, del permiso correspondiente de llegada al puerto correspondiente, aéreo o marítimo, para su aterrizaje o su atraque.

El atraque de buques de armadas extranjeras en Costa Rica necesita esa autorización previa, solicitada a través de vías diplomáticas, cumpliendo con la visita oficial, cumpliendo además con controles sanitarios y estrictas normas de seguridad portuaria. Igualmente, deben cumplir con las regulaciones de la OMI, las normativas de la Capitanía de Puerto y contar con un representante local en la nave.

Estos permisos de atraque o aterrizaje se hacen para las misiones que se justifican de apoyo al fortalecimiento de las relaciones comunitarias de Estados Unidos en Costa Rica, cuando se brinda ayuda humanitaria, para atraque de Fragatas y buques navales escuela, buques patrulleros como el buque militar francés “La Combattante”.

Los requisitos de desembarque o atraque se les ha aplicado a buques y naves de Estados Unidos, Francia, Argentina, de Reino de los Países Bajos, de España, de, de Australia y de Uruguay, entre los permisos solicitados desde el 2022 hasta octubre del 2025. Entre ellos tuvo que pedir permiso un buque Guardacostas de los Estados Unidos el 29 de noviembre del 2022.

El trámite del permiso es por legalidad y por control político, como se realiza.

4.- Usualmente, los barcos o buques estadounidenses de guerra o de “colaboración” de la lucha antinarco en las aguas territoriales de Costa Rica, no se ha sentido. Excepcionalmente se ha informado que han colaborado en la captura de alguna nave transportadora de droga. Ahora se informa de las prácticas de disparos, de tiros al blanco, que realizan en aguas costarricenses.

El gobierno actual del presidente Trump ha puesto de relieve la lucha contra el narcotráfico. La ha colocado en una dimensión militar y no policial. La ha puesto en la perspectiva del llamado “narcoterrorismo” y, dentro de esta nueva apreciación, ha puesto todo lo que sea combatir el “terrorismo” en manos del ejército de los Estados Unidos. De esta forma, el narcoterrorismo, como categoría, es atendido por los ejércitos de los Estados Unidos, en lo que corresponda. Y el concepto se ha extendido para actuaciones contra políticos y contra países que así los califiquen.

En esta dimensión habría que discutir si lo jurídicamente establecido en Estados Unidos, como delitos, son de aplicación automática en cualquier país del mundo para a actuación de las autoridades militares y policiales de los estadounidenses. Porque lo que corresponde desde el respeto a las relaciones jurídicas y sus ordenamientos, es tramitar detenciones por la vía de juicios que conduzcan a la extradición de detenidos, como ya se está haciendo, entre Estados Unidos y Costa Rica.

5.- Desde finales del año pasado, frente a las costas de Venezuela, como parte de su política amedrentadora, y preparatoria de la acción militar del 3 de enero, para secuestrar el presidente Nicolás Maduro, las fuerzas militares de Estados Unidos se dedicaron, casi como por deporte, y para afinar el tiro al blanco, a eliminar embarcaciones que decían eran de “narcos”, que transportaban “drogas”. De esa manera asesinaron casi 150 personas, que no las recogieron del mar, no entregaron sus cadáveres ni a Colombia ni a Venezuela, ni indicaron o informaron de la droga decomisada, o eliminada. Es decir, mataron a diestra y siniestra, ejecutaron personas sin detenciones previas, sin someterlos a juicios, sin sentencias de culpabilidad, sin capturar droga. Sencillamente los ejecutaron, les aplicaron la pena de muerte porque les dio la gana matarlos… y para asustar a quienes estuvimos atentos al desenlace de este tipo de acontecimiento.

Así parece haber sucedido con esta embarcación que acaban de hundir y de “desaparecer” su supuesta “droga”, que no la decomisaron, ni la entregaron a las autoridades costarricenses. O se la fumaron en ese barco o no existía, o se la llevaron a Estados Unidos para su “comercialización” o trámites correspondientes, como se hace con la droga decomisada que de Costa Rica se lleva oficialmente a Estados Unidos, sin saberse si se regala, se vende o se cambia por otros servicios.

6.- Como evidentemente se cometió un crimen, una ejecución por sí misma, han cambiado la narrativa del evento, diciendo que pudo ser un accidente naval de esa embarcación.

7.- A las autoridades navales costarricenses solo las usaron para pedirles que se llevaran los cadáveres y al herido, porque no eran carga de su costal, y porque hubieran tenido que atenderlos en la propia nave estadounidense o llevarlos, bajo la bandera estadounidense del barco, a alguna base naval o de atraque autorizada para ello, lo que les hubiera causado otros problemas.

No se ha demostrado que el herido, el que se salvó, fuera un delincuente. Ni se capturó con droga. De esta forma, hay que considerarlo un hombre libre, sin acusación alguna de un delito cometido en Costa Rica.

En cuanto a los cadáveres que fueron traídos al país, sinceramente, hay que esperar que los análisis de las autopsias que se les practiquen no sean alterados para tratar de demostrar que no fueron brutalmente ejecutados por los militares que originalmente se dijo los habían matado.

8.- Lo sucedido ha puesto en evidencia que se ha violado la Soberanía Nacional, por el Ejército de los Estados Unidos, al haber actuado militarmente, en acción militar, contra una nave en aguas jurisdiccionales costarricenses, sin autorización legislativa, y por demostrar, de esa manera que buques armados, artillados, sin permiso legislativo navegan libremente en las aguas territoriales nacionales.

9.- Se ha puesto en evidencia que no hay coordinación de combate en la lucha contra el narco, con las autoridades nacionales, por parte de las embarcaciones estadounidenses autorizadas para ello.

10.- Se ha puesto en evidencia pública también que a las autoridades navales nacionales solo las usan para “recoger la basura que hacen” los soldados estadounidenses en esas embarcaciones, que no pueden “procesar” ellos mismos.

11.- Se ha puesto en evidencia que el mar costarricense está siendo navegado por navieras militares artilladas estadounidenses, sin los permisos legislativos.

12.- Se ha violado el principio constitucional de respeto a la vida, de su inviolabilidad.

La pena de muerte en Costa Rica fue abolida en 1882 y así se ha mantenido en el orden constitucional costarricense desde aquella fecha. Lo sucedido violentó esta tradición y esta disposición constitucional. Ni siquiera por la vía excepcional se ha mantenido la posibilidad de la pena de muerte.

13.- Respecto a los asesinados, por los militares del buque militar estadounidense, se ha actuado violando todos los principios jurídicos, locales, costarricenses, estadounidenses e internacionales, relacionados con el principio de inocencia, de considerar que toda persona se considera inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Se ha actuó contra ellos sin garantizar su vida, sin someterlos a una detención y un juicio justo, con posibilidad de garantizarles su defensa. De esa forma, se violó el principio de ser sometido a un juicio previo, con posibilidad de defensa del acusado a un juicio justo y de jueces imparciales.

14.- Se violó el principio de inviolabilidad de la vida al aplicarse la pena de muerte, por ejecución, sin juicio de ninguna clase, con tan solo la presunción de culpabilidad, sin demostrar que la droga, supuestamente existía.

Lo que se está aplicando por parte de esas prácticas de lucha contra la narco delincuencia es la ejecución extrajudicial de las personas, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo, y de pena de muerte establecida como sanción máxima en el derecho punitivo costarricense, pena que es inexistente. Si así es, y si así seguirá, lo que corresponde es discutir nacionalmente los alcances de estas políticas en la lucha contra el narco y los límites de las autoridades en la aplicación, que obligaría también a las autoridades extranjeras para que se sometan a ellas, a la legislación costarricense, para no realizar actos criminales, ni penas de muerte a diestra y siniestra en su lucha y captura contra las naves supuestamente vinculadas al narcotráfico.

15.- Debemos recordar que internacionalmente los países, que como Costa Rica, han abolido la pena de muerte, NO LA PUEDEN VOLVER A RETABLECER.

16.- Para que no se tenga dudas de lo que entiendo de la lucha contra personas, que están cometiendo un crimen, una actividad armada con la cual atacan a ciudadanos o las autoridades policiales costarricenses, a ciudadanos desarmados, que si es necesario actuar contra ellos, de manera armada, la policía está en la obligación y tiene el derecho de actuar, de manera defensiva usando sus armas oficiales, como a veces ha ocurrido.

Pero, no olvidemos tampoco, que en la lucha contra embarcaciones que supuestamente trafican o mueven drogas, los ciudadanos extranjeros que así lo hacen se entregan sin ofrecer resistencia militar, a las autoridades policiales de la naval costarricense, porque saben que en Costa Rica se les respeta la vida, aunque sean delincuentes.

La Batalla de Santa Rosa, la más importante de la Campaña Nacional

Reflexiones en el 170 aniversario de la Batalla de Santa Rosa. (Conferencia de Vladimir de la Cruz, Secretario de la Academia Morista Costarricense, el 19 de marzo del 2026, en el Club Unión, con motivo del inicio del Año Morista 2026, y por la celebración del 170 aniversario de la Batalla de Santa Rosa. Igualmente impartida, el mismo día, a las 4 p.m en la Benemérita Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”)

Los límites de Costa Rica se determinaron desde la época colonial. Al sobrevenir la Independencia, se alteraron cuando los habitantes del Partido de Nicoya tomaron la decisión de adherirse por su propia voluntad a Costa Rica, situación que incomodó a Nicaragua que se consideraba con mayor derecho, por haber sido la sede de la Diputación Provincial durante los últimos años de la colonia, resultado de las Cortes de Cádiz.

La decisión de Nicoya fue por el goce de su limitada autonomía que tenía frente al resto de los territorios de las Provincias centroamericanas, y por el papel importante que Costa Rica iba adquiriendo desde las Cortes de Cádiz, por el representante en ellas, el Dr. Florencio del Castillo, como por el papel que empezaban a tomar en esa región del Golfo de Nicoya, la apertura de los puertos de Caldera y de Puntarenas, que lograron intensificar más el comercio entre ambas regiones, así como por la estabilidad política y mejores condiciones que ofrecía Costa Rica a los nicoyanos, frente a la crisis que tenía Nicaragua.

Nicaragua no satisfecha con la decisión nicoyana, intervino ante la República Federal del Centro de América, reclamando las tierras de Nicoya, situación que no se resolvió en su favor. Los órganos de la República Federal ratificaron la decisión tomada por Nicoya y por Costa Rica, pero los sentimientos de recuperación del viejo Partido de Nicoya lo mantuvieron, hasta nuestros días, cuando en reiteradas ocasiones los gobiernos nicaragüenses, han incitado y alientan esa recuperación para consolidarse ante situaciones políticas internas que se les presentan, y usan el asunto de la recuperación de Nicoya como un gran distractor político, y de unificación popular frente a su gobierno.

La Corte Internacional nos ha dado la razón y permitido validar el Tratado de Límites de 1858, y hacer respetar el territorio nacional.

En la década de 1840-1850 esa demanda nicaragüense se mantenía y obligó al gobierno de Costa Rica a fortalecer su aparato militar. Con el ascenso de Juan Rafael Mora Porras, con gran visión política y preventiva, fortaleció la institución militar ante posibilidades de una guerra o una confrontación militar con Nicaragua.

Mientras tanto, los grupos económicos del sur de Nicaragua alentaban el conflicto. En Granada se mantenían los conservadores o legitimistas y en León los sectores más democráticos y liberales. En 1854 ambos grupos buscaban apoyos militares para sus luchas.

Los liberales, al estallar la guerra interna en Nicaragua buscaron apoyo extranjero promoviendo la llegada de William Walker, en 1855, ya reconocido filibustero y mercenario en el norte del continente, especialmente en México y, particularmente en Estados Unidos.

Walker había desembarcado en Nicaragua, en el puerto del Realejo en junio de 1855, con un grupo de mercenarios militares y combatientes de sus aventuras en Sonora, México, reconociéndole como “ciudadano nicaragüense”.

Allí, en Rivas, hubo una reacción contra él cuando se produjo la Primera Batalla de Rivas, el 29 de junio, en la cual las tropas legitimistas derrotaron a Walker, destacándose en esa Batalla el maestro Enmanuel Mongalo y Rubio, en un acto similar al que tiempo después haría Juan Santamaría, en Rivas el 11 de abril de 1856, con la quema del Mesón de Guerra.

El 13 de octubre de 1855, Walker ya estaba ocupando Granada, llegando el 23 de octubre de 1855 a la presidencia de Nicaragua Patricio Rivas, quien nombró a Walker General Jefe del Ejército, lo que le permitió ser el hombre fuerte de Nicaragua.

Poco tiempo después de la Batalla de Rivas, del 11 de abril de 1856, Walker llegó a elegirse Presidente de Nicaragua el 10 de junio de 1856, reconocido por el gobierno estadounidense. Fue investido como Presidente de Nicaragua el 12 de julio por el Fermín Ferrer, quien era presidente provisional, en la Plaza de Granada. En el acto de su investidura señaló su deseo de gobernar toda la América Central. Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala firmaron el Tratado de la Alianza, del 18 de julio de 1856, con el cual reconocían a Patricio Rivas, enfrentándose de esa manera a Walker, y participando más activamente en la lucha que llevaba a cabo Costa Rica contra él.

En Nicaragua, el 14 de setiembre de 1856 en la Hacienda San Jacinto, cera de Managua se libró una Batalla, de San Jacinto, en la cual s fuerzas patrióticas de Nicaragua, encabezadas por el Coronel José Dolores Estrada, bajo el llamado Ejército de Septentrión, con 60 flecheros indígenas derrotaron a 300 filibusteros de Walker, comandados por Byron Cole, quien falleció dos días después, el 16 de setiembre, a manos de un sabanero.

En febrero de 1856 Walker había obtenido una concesión para construir el canal a través del río San Juan.

En el conflicto nicaragüense, Honduras apoyó a los conservadores. Y en el contexto centroamericano Honduras se debatía entre la mayor presencia de los Estados Unidos y la de Inglaterra. Por una situación particular en 1847 asumió la presidencia Juan Lindo, liberal alineado a los Estados Unidos, quien maniobró con El Salvador y Nicaragua, para restablecer la República Federal, para lo cual convocó a la Dieta de Nacaome, que funcionaba como conferencia unionista centroamericana, en la cual estos tres países firmaron un pacto con un gobierno provisional en Tegucigalpa. Guatemala no aceptó la iniciativa y la hizo fracasar con colaboración del cónsul inglés, Federico Chatfield, extendiendo el territorio del Rey Mosquito desde el Cabo de Honduras hasta la desembocadura de la región canalera del río San Juan, lo que desconoció Estados Unidos, posesionándose el arqueólogo, cónsul norteamericano, Ephraim Squier, de la Isla Tigre.

En los días inmediatos se agudizaron conflictos entre esos países, que culminaron con el Tratado Clayton Bulwer, tratado canalero entre Inglaterra y Estados Unidos sin tomar en cuenta a los centroamericanos.

En 1852 asumió la presidencia de Honduras José Trinidad Cabañas, más liberal, quien renunció siendo sustituido por Francisco Castellón, quien no gozaba de la simpatía de los ingleses. Los conflictos regionales se agudizaron y facilitaron que el representante estadounidense, Ephraim Squier, obtuviera una concesión ferrocarrilera muy favorable a Honduras por lo que los intereses británicos fueron de nuevo traídos a ese país, provocando una lucha armada en 1855 que derrocó a Cabañas.

En febrero de 1856, los ingleses apoyando a José Santos Guardiola, se impusieron en Honduras, agudizando el conflicto con Estados Unidos. El presidente Guardiola, aliado de los ingleses se sumó a la lucha contra los filibusteros de William Walker y procuraba hacer valer la soberanía del Rey Mosquito en la costa nicaragüense.

Para esa época, al desatarse los países latinoamericanos del yugo colonial, se volcaron ávidamente sobre ellos los otros países europeos, especialmente Francia e Inglaterra, con afanes imperialistas, lo que provocó enfrentamientos inter imperialistas de esa época.

América, Asia y Africa de nuevo volvieron al escenario de la dominación internacional. En América la presencia inglesa y francesa, especialmente en Suramérica, y luego en Centroamérica, provocó el interés de los Estados Unidos a principios del siglo XIX.

Así, desde 1811, los Estados Unidos aprobó la Política del Principio de No Transferencia que pretendía detener que los territorios americanos pasaran a manos de las potencias europeas como lo pretendía Inglaterra en el Cono Sur, en esos años.

Más tarde, en 1823, el 2 de diciembre de ese año, en su sétimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, el Presidente Monroe declaró que los Estados Unidos tenían el “carácter elegido”, la “idea americana” de la “defensa” de las Américas, considerando que los esfuerzos ingleses de controlar o influir, particularmente, en Suramérica debía considerarse una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto hizo surgir la llamada Doctrina Monroe que sostenía que Europa y América debían considerarse como dos esferas de influencias separadas.

Desde los mismos días de la Independencia de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, había señalado que Europa debía mantenerse lejos de América, valorando el papel que Estados Unidos podría jugar en esa época en el plano internacional. John Quincy Adamas, presidente de Estados Unidos, también se pronunció contra cualquier intento de presencia colonial europea, luego que se fueron declarando las independencias de los países americanos.

En ese tiempo los Estados Unidos se adueñaron de la Florida, en 1819, que pertenecía a España y, en 1821, proclamaron la “defensa” arrogándose el derecho de intervenir unilateralmente en los estados latinoamericanos, convirtiéndose de hecho en sus protectores. Así, enfrentaron a Europa que quería restaurar su dominio colonial en América.

En 1845 el presidente James K. Polk afirmó, sobre la Doctrina Monroe, que ninguna nación o Estado europeo podía interferir con la expansión estadounidense que se estaba realizando.

En 1846, Estados Unidos impuso a Colombia, a la República de Nueva Granada, el Tratado Mallarino-Bidlack, con el cual se aseguró el derecho de tránsito por el istmo de Panamá a cambio de garantizar la soberanía colombiana sobre el territorio. En 1867 Rusia perdió sus posesiones americanas, adquiriéndolas Estados Unidos por compra debido, entre otras razones, al debilitamiento que tuvo en la Guerra de Crimea.

Con el desarrollo de la incipiente revolución industrial y agraria, a principios de siglo XIX, el esclavismo adquirió fuerza en los Estados Unidos, mientras en Europa daba paso a la proletarización y la liberación de la mano de obra. A mediados del siglo XIX esta postura política de los Estados Unidos cobró fuerza con el desarrollo de la doctrina del Destino Manifiesto que justificó la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, arrasando con todas las culturas originarias de esa gran nación, y se volcaron sobre los territorios de México y de Centroamérica, lo que produjo la guerra de 1856-1857, cuando los filibusteros actuaron, intervencionistamente, en posibilidad de anexar estos países y de someter a la esclavitud a los pueblos centroamericanos.

La Doctrina del Destino Manifiesto se convirtió en bandera de avance colonial esclavista, destacándose en ese proceso los llamados filibusteros, que actuaban como fuerzas mercenarias al servicio de estados, de grupos económicos de hacendados y de grupos políticos dominantes.

En la perspectiva de este desarrollo económico y político continental, del siglo XIX, se valoró la necesidad de facilitar el comercio para lo cual el Istmo Centroamericano empezó a destacar como un sitio no solo estratégico y geopolítico, sino de gran interés económico.

Centroamérica, con el río San Juan, el Gran Lago de Nicaragua y el Estrecho de Rivas sobresalían como la gran ruta interoceánica. Francia, Inglaterra y los mismos Estados Unidos miraban y deseaban la región y el control de este paso nartural.

En Estados Unidos, la expansión hacia el oeste, con el descubrimiento de las actividades mineras en California, despertó procesos migratorios violentos, de enfrentamientos con las comunidades indígenas autóctonas. La falta de un ferrocarril transcontinental, como fue llamado, terminado de construir hasta 1865, obligaba a trasladarse por la costa pacífica hasta llegar a la desembocadura del río San Juan, y continuar desde allí su travesía por la ruta natural que ofrecía el río y el Lago de Nicaragua, para cruzar por el Estrecho de Rivas, y dirigirse al norte por la costa pacífica para llegar a California.

A finales de la década de 1840, en 1849, el empresario Cornelius Vanderbilt impulsa la empresa The American Atlantic Pacific Steamship Company, interesada en construir un canal en esa región, combinándola, por razones tecnológicas, con navegación marítima y fluvial, y por vía terrestre con carruajes, para lo que fundó, en 1851, la Compañía Accesoria de Tránsito, que fue una empresa clave durante los años siguientes, que le permitió mover, desde la costa Atlántica a la Pacífica de los Estados Unidos, un flujo, según se ha dicho, de mil personas por mes. La empresa tuvo sus propios problemas y conflictos legales con el gobierno de Nicaragua por incumplimiento de contratos, disputas por la propiedad de los vapores que se empleaban y discusiones sobre la explotación de la ruta del tránsito.

La disputa por el límite sur de Nicaragua, que no estaba bien delimitado, se acentuó en esos años por parte de sectores sociales y políticos, en Nicaragua, que de paso estaban en una guerra interior.

Al contrario, la situación de Costa Rica era muy significativa y distinta a la que se vivía en Centroamérica.

Políticamente habíamos salido de la República Federal de Centroamérica desde 1838. Aún con Morazán en 1842 no se pudo reconstruir el proyecto federal. Mantuvimos el nombre de Estado de Costa Rica hasta el 31 de agosto de 1848, cuando se declaró la República de Costa Rica en el gobierno del Dr. José María Castro Madriz. En esa década, ya fuera de la República Federal, iniciamos lentamente nuestras relaciones internacionales como país independiente.

Económicamente, la expansión cafetalera tenía gran impulso hacia el oeste del Valle Central, donde también se habían desarrollado actividades mineras desde 1819 hasta 1844, que cuando se abandonaron permitió, de manera exitosa, una reinversión de ese capital minero en café y en caña de azúcar, en el norte del Valle Central. El café desde 1843 empezó a exportarse hacia Europa lo que provocó un gran salto en la economía, y abrió el país a la migración europea, con gran importancia, en la segunda mitad del siglo XIX.

Militarmente el Presidente Mora, desde 1850 fortaleció la institucionalidad militar, reorganizó el Ejército, restableció́ contingentes militares en Alajuela y Heredia. Asoció el poder de los militares y la existencia del Ejercito con la defensa y apoyo de los intereses del Gobierno.

Constitucionalmente, ya se había establecido cierto control de los poderes del Estado sobre el aparato militar y sobre la mayor incidencia del Poder Ejecutivo en el Ejército. Parte de esta reorganización fue la traída al país del militar polaco, en 1852-1853, Fernando von Salisch, para servir de instructor de alta preparación de las fuerzas militares y para ello se creó una academia militar.

En 1854 Mora reconocía cierta tensión en la relación limítrofe con Nicaragua, enfatizando que a partir de ese año la Provincia de Guanacaste “no tendría otra nacionalidad más que la costarricense, y el Partido de Nicoya no podía ser objeto de litigio, pues es propiedad nuestra, a la que tenemos indisputables derechos”, y advertía “que pueden presentarse complicaciones bastante graves”.

Con el Presidente Mora se aprueban las bases de un acomodamiento entre Costa Rica y Nicaragua, sobre límites territoriales, convenidos en Washington, por representantes de Gran Bretaña y Estados Unidos. Esta situación no estaba agotada. Se mantuvo hasta la llegada de Walker a Nicaragua, en 1855.

Los sucesos de Nicaragua y de Centroamérica, como las políticas injerencistas de la Doctrina Monroe, no eran desconocidas del presidente Juan Rafael Mora Porras.

La presencia filibustera en Nicaragua hizo que el Presidente Mora a finales de 1855, el 20 de noviembre, hiciera su Primera Proclama advirtiendo del peligro filibustero entronizado en Nicaragua, amenazando a Centroamérica, sobre todo cuando a finales de 1855, en Nicaragua se publica un mapa con la firma del Presidente Patricio Rivas y de William Walker en el cual se fija la frontera de Nicaragua, que incluía toda la Península de Nicoya, desde la desembocadura del río Tempisque hasta la desembocadura del río San Juan, lo que era una abierta amenaza de usurpación territorial, que no se podía dejar de lado. El representante diplomático de Costa Rica, en Estados Unidos, Luis Molina, tenía bien informado al presidente.

A diferencia de las situaciones políticas y militares conflictivas en Centroamérica, la de Costa Rica era bastante estable desde 1849, cuando Juan Rafael Mora asumió la Presidencia de Costa Rica, hasta cuando le derrocaron, el 14 de agosto de 1859, reconociendo el mismo Mora que tenía oposiciones políticas importantes que logró controlar hasta después de la guerra contra los filibusteros en Costa Rica y en Nicaragua. Eso permitió, quizá, el mejor manejo de la situación militar contra la presencia filibustera en la región, y permitió que el Presidente Mora se convirtiera en la figura política más destacada de esos acontecimientos, luciéndose como gran estratega y líder militar de la lucha contra la presencia y amenaza de los filibusteros en Costa Rica, Nicaragua y en Centroamérica.

El tiempo histórico de Juan Rafael Mora estuvo contenido en la Constitución Política reformada, del 30 de noviembre de 1848, promulgada en el Gobierno del Dr. José María Castro Madriz, que tuvo una vigencia de once años, hasta la caída del Presidente Juan Rafael Mora Porras, el 14 de agosto de 1859, cuando, pocos días después, se impuso la Constitución Política el 27 de diciembre de 1859. Eso permitió la estabilidad política que no existió para los gobernantes costarricenses entre 1833 y 1848, aunque tuviese el gobierno algunas situaciones tensas político militares que Mora supo controlar.

Desde el 10 de noviembre de 1855, el Presidente Mora, se dirigió a los representantes diplomáticos de Gran Bretaña, Francia y España, señalándoles el peligro que había sobre Centroamérica, solicitando apoyo moral y material para la lucha que iba a realizarse.

En esa nota diplomática el Presidente Mora advierte y destaca el interés expansionista de los Estados Unidos, señalando al filibusterismo como una “fuerza conquistadora” indicando que “la América Central hace algún tiempo es objeto de proyectos de anexión, por las riquezas del suelo y por las facilidades que ofrece para la comunicación interoceánica”. Les perfila a Walker como la persona que se presenta como “pacificador y conquistador de Nicaragua”, y les señala que “la Independencia está amenazada”, por lo que los filibusteros deben “ser vigorosa y prontamente escarmentados en la América Central”.

Preventivamente, el 2 de noviembre ordenó el Presidente Mora, que el General José María Cañas, Comandante de Puntarenas, se trasladara a Liberia para asumir la Comandancia de Armas y de Gobernación del Departamento de Moracia. A Rudesindo Guardia, Comandante y Gobernador de Alajuela, lo trasladó a Puntarenas.

El Presidente Mora había negociado con Francia y Gran Bretaña que estacionaran buques en Puntarenas, porque se consideraba un punto débil.

Por su parte William Walker tenía a Nicaragua como la puerta de entrada a Centroamérica. Tenía bien premeditado su plan, plasmado en la franja blanca de la bandera nicaragüense, donde escribió la consigna en inglés, “Five or none”, es decir, «Todas o ninguna».

El Presidente Mora estaba tomando las previsiones correspondientes.

Así, el 20 de noviembre de 1855 hizo su Primera Proclama, dirigida a todos los habitantes de Costa Rica:

“La paz, esa paz venturosa que, unida a vuestra laboriosa perseverancia, ha advertido tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión americana, no encontrando ya dónde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia.

¿Necesitaré pintaros los terribles machos que de guardar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros?

No; vosotros los comprendéis; vosotros sabéis bien qué podéis esperar de esa horda de aventureros apóstatas de su patria; vosotros conocéis vuestro deber.

¿Necesitaré pintaros los terribles machos que de guardar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros?

No; vosotros los comprendéis; vosotros sabéis bien qué podéis esperar de esa horda de aventureros apóstatas de su patria; vosotros conocéis vuestro deber.

¡Alerta pues costarricenses! No interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos, todos os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional. Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. ¡Hay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos!

Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la santa madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos.”

Unos días después el Obispo Anselmo Llorente y La fuente, se pronunció en igual sentido, llamando a apoyar al Presidente Mora, enfatizando que era una guerra en defensa de la religión católica. En la movilización a los escenarios de la guerra, la Iglesia hizo su aporte con sacerdotes formando parte del Ejército, siendo su Capellán General, el Pbro. Francisco Calvo.

En 1855 Mora consideraba que el Ejército había logrado una gran disciplina muy esmerada, que estaba bien provisto para la defensa de la República y “para refrenar cualquiera facción que pretendiese alterar la inquietud de sus habitantes”.

Para el Presidente Mora el Ejército “era obediente, ejemplar en su valor si el infortunio alguna vez trajese la guerra a la Nación y le fuese preciso defender su independencia y la integridad de su territorio”.

A mediados de febrero de 1856 Walker envió a su emisario, el coronel húngaro Louis Schlessinger, uno de sus lugartenientes más importantes, para discutir con nuestro gobierno la pertenencia de Guanacaste a Nicaragua.

El Presidente Mora, en conocimiento de que dicho emisario llegaría a Puntarenas ordenó, el 18 de febrero, que lo expulsaran de inmediato, lo que indispuso a Walker, que en Granada, al regresar Schlessinger, exclamó ante sus tropas: «Les enviamos la rama de olivo y nos devolvieron el cuchillo. Bien está. Les daremos guerra a muerte y les hundiremos el cuchillo hasta la empuñadura». Así, declaró la guerra.

Schlessinger, estaba también comisionado por el Presidente Provisorio de Nicaragua, Patricio Rivas, en ese momento, para recabar información sobre la actitud del gobierno de Costa Rica sobre el gobierno de Nicaragua.

Schlessinger se hizo acompañar del Capitán W. A. Sutter, ambos expulsados de Costa Rica, desde Puntarenas donde habían llegado. El Presidente Mora también dispuso no reconocer misión ninguna del Gobierno Provisorio de Nicaragua.

Ante esa situación, el 27 de febrero de 1856, el Congreso Nacional declaró la guerra a la presencia filibustera, para ir a esa guerra solos, o en unión de fuerzas aliadas de los demás gobiernos centroamericanos, si se sumaran a la lucha contra la opresión de los nicaragüenses, para sacarlos de América Central.

Los objetivos eran claros, redimir de la opresión a Nicaragua, arrojar a los invasores del territorio centroamericano, y asegurar la libertad de Hispanoamérica.

El Presidente Mora, con gran responsabilidad patriótica, se puso personalmente al frente del Ejército Expedicionario.

El Congreso Nacional “ante la integridad nacional amenazada reclamó a los buenos costarricenses acudir a la defensa de la Patria, para lidiar por tan justa causa, por lo que aumentó el Ejército Nacional a 9000 hombres, de todas armas y, con este fin, en cada una de las provincias de Alajuela y Heredia se organizará inmediatamente una división de mil soldados con sus correspondientes jefes y oficiales.”

El primero de marzo el Presidente Mora hace su Segunda Proclama, en tono categórico, dirigida “a los compatriotas:

“A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa Falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos.

Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. Los que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas cadenas ensangrentadas.

Corramos a romper las de nuestros hermanos y a exterminar hasta el último de sus verdugos.

No vamos a lidiar por un pedazo de tierra: no por adquirir efímeros poderes; no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos partidos.

No, vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más inicua tiranía: vamos a ayudaros en la obra fecunda de su regeneración, vamos a decirles:

Hermanos de Nicaragua, levantaos: aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a pelear a vuestro lado por vuestra libertad, por vuestra patria.

Unión, nicaragüenses, unión.

Inmolad para siempre vuestros enconos; no más partidos, no más discordias fratricidas. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra sólo a los filibusteros.

Yo marcho al frente del ejército nacional. Yo que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria.

Vuestras madres, esposas, hermanos e hijos os animan. Sus virtudes patrióticas os harán invencibles.

Al pelear por la salvación de vuestros hermanos, combatiremos también por ellos, por su honor, por su existencia, por nuestra patria idolatrada y la independencia hispanoamericana.

Todos los leales hijos de Guatemala, El Salvador y Honduras, marchan sobre esa horda de bandidos. Nuestra causa es santa, el triunfo es seguro. Dios nos dará la victoria y con ella la paz, la concordia, la libertad y la unión de la gran familia centroamericana”.

Era claro el llamado poniendo de relieve luchar para destruir a la falange impía, a lucha contra la esclavitud que se había impuesto en Nicaragua y a luchar por la libertad de los nicaragüenses, “nuestros hermanos”.

Señalaba que se avanzaba a Nicaragua pero no para adquirir tierras, ni a gobernar ese país. Se iba para estimular el levantamiento de los nicaragüenses contra sus opresores y a luchar por su Libertad. Más claro fue cuando señaló que la lucha, en Nicaragua, era para asegurar la Independencia hispanoamericana, reconociendo que también Guatemala, el Salvador y Honduras se sumaban en esa lucha por la unión de la familia centroamericana.

El 3 marzo de 1856 se reunieron en la plaza principal de San José las personas para escuchar la arenga del obispo Anselmo Llorente y Lafuente y para conformar el ejército costarricense, que se enfrentaría a las tropas invasoras del norteamericano William Walker.

La vanguardia de este Ejército compuesta por 2500 hombres estuvo al mando del General don José Joaquín Mora.

La marcha inició desde San José, en la madrugada del 4 de marzo, tras recibir el día anterior la bendición del obispo Anselmo Llorente y Lafuente.

En el camino se fueron sumando los regimientos de Heredia y Alajuela, constituyendo así el Ejército Expedicionario, que se dirigió por los Montes del Aguacate hacia Puntarenas, donde se estimaba que Walker invadiría y para continuar hasta Guanacaste. Unos lo hicieron por tierra y otros cruzaron, en barcos o en botes, el Golfo de Nicoya, y navegaron en el río Tempisque, y sus afluentes, Bolsón y Bebedero, para llegar a Liberia.

La fracción del ejército que se dirigió a Puntarenas, estuvo a cargo del General José Joaquín Mora. De allí siguieron con destino al afluente de Las piedras, conocido como Bebedero, situado en la confluencia de los ríos Las Piedras y Tenorio. El otro grupo, iba el mando del Capitán Clodomiro Escalante que se dirigió al Puerto de Bolsón y desde allí proseguir hasta Liberia.

El mando del Ejército lo asumió el Presidente Juan Rafael Mora Porras el 8 de marzo, dejando en su lugar a Francisco María Oreamuno, falleciendo como Presidente en ejercicio del país, como resultado de la peste del cólera, el 23 de mayo de 1856.

Mientras tanto, en Nicaragua, el 11 de marzo, el gobierno de Patricio Rivas declaraba la guerra a Costa Rica. El mismo 11 de marzo Walker se dirige a “los centroamericanos”, señalando que bajo su mando se encuentra la “fuerza americana” para conciliar la paz, para intentar establecer francas y amistosas relaciones con las Repúblicas vecinas, que fueron repelidas y tratadas con desprecio y desdén, por lo que le queda es tratar con hostilidad a todos los serviles de América Central y declarar enemigos a esos gobiernos serviles.

El día 12 de marzo, el Presidente Juan Rafael Mora en su ruta hacia Liberia, iba acompañado por el Subsecretario de Guerra, Rafael G. Escalante. Llegó a Puntarenas para reunirse con el resto del Ejército y las tropas del General don José María Cañas, comandante del Departamento de Moracia y del General José Joaquín Mora.

Por su parte Walker ordenó a su Ejército estar listo para enfrentarse a Costa Rica, y nombró a Schlessinger jefe de su tropa invasora, ordenándole que partiera hacía el río La Flor, que era el límite natural de Guanacaste, llegando de esa manera a la Hacienda Santa Rosa.

Este mismo día 12 de marzo, desde el puerto de Puntarenas al mando del Capitán José María Gutiérrez, con destino a las Piedras, salió un contingente de 300 hombres, que se agregaron al grueso del Ejército el día 16.

El día 15 entraron los filibusteros a La Flor, en territorio nicaragüense y el 16 de marzo cruzaron la frontera de Costa Rica, llegando a las Salinas de Bolaños, hoy conocido el sitio como Puerto Soley.

El 19 por la tarde la tropa de Walker estaba en la Hacienda Santa Rosa.

El 17 de marzo prácticamente toda la tropa costarricense se encontraba en Liberia. Allí se había sumado la caballería y los llaneros que comandaba el General José María Cañas.

La noticia de la invasión del territorio nacional llega el 17 de marzo por medio del dueño de la Hacienda Sapoá. Ante esta situación se dispone que el general Cañas se quede en Liberia con el grueso del ejército, mientras que un contingente de 500 hombres, al mando del coronel Lorenzo Salazar, reforzado por cien lanceros bajo las órdenes del mayor don Julián Arias y del capitán don Juan Estrada, salgan en la madrugada del 18 de marzo, con el objeto de ir a su encuentro.

El 19 de marzo la tropa nacional recibió el refuerzo del General Mora, y del teniente Coronel José María Gutiérrez, con 100 hombres y dos cañones pequeños.

El 19 de marzo el jefe filibustero Schlessinger había llegado a la Hacienda Santa Rosa, con casi 300 solados y combatientes.

Con conocimiento de la presencia filibustera en la Hacienda Santa Rosa, y del conocimiento que sobre la zona y de la Hacienda, por el General José Joaquín Mora, se discute escoger entre dos rutas; una, que se dirigía a la Hacienda el Pelón y, otra, a la Hacienda Santa Rosa. Se decide avanzar hacia la Hacienda el “El Pelón” que había pertenecido al suegro el General José Joaquín Mora, a Agustín Gutiérrez.

La Hacienda tenía facilidades para abastecerse de agua y sobre todo tenía, muy buena posición estratégica en caso de un ataque. A la Hacienda llegaron en horas de la tarde, después de haber recibido en el camino la arenga patriótica del capellán Manuel Vasco.

La marcha se inició el día 20 de marzo durante las horas de la madrugada. Había el rumor de la presencia del enemigo en la proximidades de los llanos del Coyol. Se envió una avanzada en misión de exploración. Los datos no resultaron verdaderos al lograr apresar un filibustero que se había quedado rezagado. Este soldado intentó engañar al ejército costarricense llevándolo en sentido contrario, pero fue descubierta su trampa. Además, Agustín Gutiérrez descubre, en uno de los senderos que conducían a la Hacienda Santa Rosa, las huellas del grupo invasor, por lo que se toma la decisión de enviar en labor de reconocimiento al teniente Macedonio Esquivel, quien en efecto pudo observar y constatar la presencia de los filibusteros en la casa de la Hacienda, para lo que se preparó el ataque por sorpresa.

La organización de las tropas de Costa Rica fue de la siguiente forma: Jefe del Estado Mayor, el General José Joaquín Mora, Jefe de División, el Coronel Lorenzo Salazar, Comandante del Batallón Guardia de la Constitución, el Mayor Clodomiro Escalante, el Jefe de la escuadra de Caballería, el Mayor Julián Arias y el Capitán Juan Estrada y el Jefe del batallón de Moracia, el Comandante Mayor Domingo Murillo.

El ejército invasor de Walker organizado personalmente poé él estaba comandado por el coronel Louis Schlessinger, militar de carrera húngaro, que dominaba varias lenguas, entre ellas el francés, alemán, español, y el inglés, lo que le posibilito formar un ejército de alemanes, franceses y norteamericanos constituido por alrededor de 300 hombres. Los jefes filibusteros eran: el Jefe De batallón, Coronel Luis Schlessinger. Su Ayudante, el Mayor J.C. O`Neal, el Jefe de la Compañía A (Nueva Orleáns), el Capitán D. W. Torpe, el Jefe de la Compañía B, (franceses), el Capitán Legeay, el Jefe de la Compañía C, (Nueva York), el Capitán Creighton, el Jefe de la Compañía D, (Alemanes), el Capitán Prange, y el jefe de la Compañía F (Rifleros californianos), el Capitán Anthony Francis Rudler.

Con motivo de la guerra el Ejército Nacional, en marzo de 1856, hizo circular el Boletín del Ejército, editado en la imprenta del Ejército Expedicionario, por el Cuartel General en marcha, con sede en Liberia. Mora de esa manera le daba un papel muy importante a la imprenta, a la prensa, como un elemento de combate, para levantar la moral de la tropa, para desalentar y engañar a los enemigos y para advertirlos sobre sus capturas. Capturado un filibustero, que manifestó que era periodista, le perdonó la vida, valorando el papel de los periodistas como corresponsales de guerra. Capturado luego como combatiente ordenó se le fusilase. En uno de sus ejemplares, por la composición de los combatientes de Walker se publicó la Proclama del Presidente Mora, en inglés, francés y alemán referida al fusilamiento de todo aquel filibustero que fuere aprehendido con armas.

El 20 de marzo por la tarde, era Jueves Santo. La organización del ataque permitió que en pocos minutos el ejército filibustero fuera derrotado.

El parte de guerra informando del triunfo se redactó entre el minuto 11 y 14 después del triunfo, una vez que se hizo el balance del combate, de manera que el enfrentamiento pudo haber durado no más de 7 u 8 minutos. El General Mora señaló que el combate duró 5 minutos.

El General José Joaquín Mora describe la Batalla de Santa Rosa así:

“El Coronel Lorenzo Salazar, con doscientos ochenta hombres, debía atacar el frente, la izquierda y el flanco derecho de la casa; seguíanle por ese lado (el más practicable) los dos cañoncitos, dirigidos por el Capitán Mateo Marín.

“El Capitán José M. Gutiérrez, con doscientos hombres, debía flanquear la izquierda por fuera de las cercas y tomar posición a la espalda de las casas, sobre la cumbre de la colina.

“El escuadrón de caballería quedo formado en el callejón hasta recibir la orden de cargar al enemigo, cuando se le desalojara de sus posiciones.

“La tropa de Moracia, en número de doscientos hombres, la formé, en batalla, en el callejón para cubrir la retirada en caso necesario.

“Listo todo, mandé a desembocar por el callejón a la tropa formada por columnas. Nuestros soldados al son de las cornetas, que tocaban a degüello, marcharon a la carrera, acudiendo cada cual al puesto señalado.

“Los filibusteros no hicieron ni un tiro…Allí murió el valiente oficial Manuel Rojas. Una vez dentro no hubo ya esperanza para los malhechores; el sable y la bayoneta los hacían trizas y ellos, aterrados, ni atinaban ofender con sus tiros… Todo esto paso en cinco minutos.

A los 14 minutos, contados desde la primera descarga, se hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posición de Santa Rosa”

Nuestros soldados y combatientes actuaron con furia, dispararon con dos cañoncitos de montaña, numerosos fusiles Minié y otros de chispa, pero también blandieron filosas bayonetas, sables y machetes en el enfrentamiento sorpresivo de luchar cuerpo a cuerpo. Schlessinger, jefe del ejército invasor, fue de los primeros en huir hacia Nicaragua, donde no le fue nada bien con Walker.

El periódico “El nicaragüense”, refiriéndose a la Batalla, dice que los filibusteros “sufrieron una terrible derrota”, “cruel y vergonzosa”, a manos del Ejército de Costa Rica que estaba compuesto de 600 a 1000 hombres. La derrota se le atribuyeron al comandante Schlessinger ya que los sorprendieron descansando.

La prensa dice “el fuego de los costarricenses fue destructor”. Los filibusteros huyeron en todas direcciones. Schlessinger y otros oficiales fueron sometidos a un Consejo de Guerra. Schlessinger fue fusilado.

El periódico, de Frank Leslie, “Ilustrated Newspaper”, del 21 de junio de 1856, concluía que la Batalla de Santa Rosa “será por siempre recordada como una de las más desastrosas que se haya sostenido bajo nombre americano en este continente”.

El Presidente Juan Rafael Mora, en el cuartel General de Liberia, el 21 de marzo se dirigió a los soldados de la División de Vanguardia. El Presidente les dijo:

“Habéis cumplido vuestro deber siendo los primeros en derrotar a los verdugos de vuestros hermanos, a los alevosos enemigos de la Independencia centroamericana, que se han atrevido a profanar el caro suelo de la Patria. Robando y asesinando. Eso esperaba de vosotros.

¡Adelante! Otro esfuerzo más: un solo tiro y a la bayoneta. Y veréis como huyen y esos son sus mejores asesinos. El triunfo es y será siempre vuestro.

Paz y gloria a los bravos que han perecido. Salud y lauros a todos los valientes vencedores.”

El mismo 21 de marzo el Presidente Mora dirigiéndose al Señor Ministro de Guerra le informa que el primer triunfo se logró el 20 de marzo en la hacienda Santa Rosa, próxima a la frontera con Nicaragua: ahí se le marcó la raya sur a las tropas del expansionismo esclavista.

Pocos días después, el 7 de abril se arrebató a los usurpadores el puerto de La Virgen sobre el Lago Cocibolca. A los tres días se cortó, en Sardinal, un avance filibustero por el río Sarapiquí, segunda victoria en suelo costarricense. Dos mil hombres marchaban de victoria en victoria en el viril cumplimiento de los deberes de su destino.

El 20 de marzo de 1856 se encontraron ambos ejércitos en Santa Rosa, descrita como una hacienda, con una plazuela, formada por un valle hondo y limpio, circundado por colinas de poca elevación, pero escarpadas, según consta en la descripción del General José Joaquín Mora, hermano del Presidente.

Allí, comentó Mora, se vio a aquellos soldados motejados de “sombras” y “enclenques”, “incapaces de valor guerrero y de valentía personal”, acometer al enemigo, al son de las trompetas que tomaban a degüello, en tal forma que, según lo menciona el propio parte de guerra, el sable y la bayoneta los hacían trizas y ellos, los filibusteros, aterrados, ni atinaban a ofender con sus tiros. Y agrega, en frase que lo dice todo por su sobriedad castrense, digna de los grandes capitanes: “Hubo entre los soldados notables rasgos de valor; pero tan comunes a casi todos, que sería imposible enumerarlos.”

Con razón, el entonces Ministro de la Guerra, decía: “No podía esperarse otra cosa del denuedo y decisión del valeroso ejército de Costa Rica, que el Excelentísimo Presidente tiene la gloria de mandar, ni puede creerse que a otro jefe le tocara la de dar el primero y más decisivo golpe al enemigo, sino al intrépido y valeroso General don José Joaquín Mora, honor y esperanza del ejército de Costa Rica.”

El 20 de marzo, sobre el Combate de Santa Rosa, el General José Joaquín Mora, escribe su Segundo Parte informativo:

Excelentísimo señor Presidente, General en jefe del ejército. –Cuartel de la división vanguardia. –Hacienda del “Pelón”, 24 de marzo de 1856. –

Tengo el placer de dirigir a V. E. parte detallado de la toma de Santa Rosa.

El jueves 20 del corriente, con noticia de haber visto a los filibusteros en el llano del “Coyol”, me puse en marcha con la columna que saqué de Liberia. Mucho nos costó conducir los dos cañoncitos de a tres, por lo quebrado e impracticable del camino.

Tomamos un filibustero que procuró engañarnos, guiándonos al enemigo por un lado enteramente opuesto a aquel en que se hallaba; pero desconfiando de él, quise, antes de seguirle, registrar el llano del “Coyol”. Seguimos la marcha y a corto trecho descubrimos huellas de botas en un camino que conduce a la hacienda de Santa Rosa. Mandé a un ayudante adelantarse para observar las casas de dicha hacienda y retornó con la razón de estar allí el enemigo.

Seguimos un callejón orillado de árboles a cuyos lados se extendían lomas de poca altura cubiertas de espesa breña. Al salir del callejón vimos tendida a nuestros pies la plazuela de dicha hacienda, formada por un valle hondo y limpio, circundado por colinas de poca elevación, pero escarpadas.

Los corrales de la hacienda, cerrados con cercas de piedra, empiezan como a la mitad de la falda de una de las colinas situada al frente del callejón hacia su izquierda y rodean las casas que ocupan la altura, pero que están dominadas por la cumbre de la colina, a corta distancia y cubiertas de breña.

Tienen las casas un gran patio también cercado: a la derecha y en la falda de la colina hay una quesera.

A continuación de la altura, ligándola con la inmediata, corre una limpia loma, al frente del camino que seguimos. La línea que debía correr mi gente, para llegar a las casas, es precisamente una milla.

En vista de la posición, di mis órdenes para el ataque, concebido ya de antes sobre el exacto plano que el Mayor Don Clodomiro Escalante me había presentado para el caso de tener que batir allí al enemigo.

El Coronel Lorenzo Salazar, con doscientos ochenta hombres, debía atacar el frente, la izquierda y el flanco derecho de la casa: seguíanle por ese lado (el más practicable) los dos cañoncitos, dirigidos por el capitán Mateo Marín.

El capitán José M. Gutiérrez, con doscientos hombres, debía flanquear la izquierda por fuera de las cercas y tomar posesión a la espalda de las casas sobre la cumbre de la colina.

El escuadrón de caballería quedó formado en el callejón hasta recibir la orden de cargar al enemigo, cuando se le desalojara de sus posesiones.

La tropa de Moracia, en número de doscientos hombres, la formé en batalla en el callejón para cubrir la retirada en caso necesario.

Listo todo, mandé desembocar por el callejón a la tropa formada por columnas. Nuestros soldados, al son de las cornetas, que tocaban a degüello, marcharon a la carrera, acudiendo cada cual al puesto señalado.

Los filibusteros no hicieron ni un tiro; nos aguardaban de cerca, con la esperanza que su primer descarga nos derrotaría. Tampoco los nuestros dispararon hasta hallarse a veinte varas del enemigo. Rompieron entonces un fuego sostenido, que duró tanto como tardaron los costarricenses en llegar a las cercas. Desde este instante, sólo los piratas dispararon. Los nuestros saltaban a los corrales sin que el mortífero fuego que sufrían bastara a detenerlos. Allí murió el valiente oficial Manuel Rojas. Una vez dentro, no hubo ya esperanza para los malhechores: el sable y la bayoneta los hacían trizas y ellos aterrados, ni atinaban a ofender con sus tiros.

Así fueron rechazados hasta las casas, donde se encerraron, al tiempo que la gente del capitán Gutiérrez, posesionada ya de la altura, los cercaba. En estos momentos pereció el capitán Manuel Quirós, herido al saltar la cerca del patio. Sus últimas palabras fueron dirigidas a sus compañeros de armas. “Entre ustedes” les dijo y espiró.

Señalóse también en el asalto del patio el ayudante del Coronel Salazar, Joaquín Ortiz, quien con su espada mató dos bandidos, teniendo la suerte de quedar ileso.

Di la orden de atacar a la caballería, pareciéndome que no tardaría tanto en llegar sino el tiempo necesario para desalojar de su guarida a los filibusteros. Pero viendo al llegar que no era tiempo aún, marchó a formarse a la loma del frente, aguardando el momento oportuno. Todo eso pasó en cinco minutos.

Ya empezaba a obrar la artillería: el capitán Marín disparó sus cañones contra el costado derecho y frente de la casa, abriendo brecha, pero esto sólo sirvió para enfurecer más a los forajidos que avivaron el fuego.

Impaciente el coronel Salazar, corrió exponiéndose a servir de blanco al enemigo, para preguntarme si para librar de ser diezmada su gente, podría poner fuego a la casa de un propietario costarricense. Inquieto al verlo venir, temiendo que estuviese herido, me adelanté a su encuentro y le di el permiso que pidió: retornó a dar la orden a sus soldados, que la recibieron con gritos de alegría. Más no hubo tiempo. El arrojado capitán Gutiérrez, olvidando la orden que tenía, entró a la casa y adelantándose hacia un establo atrincherado y erizado de rifles, con pistola y sable en mano murió desgraciada y prematuramente. La ira que su muerte causó a los soldados fue tal, que nada bastó a contenerlos.

La casa fue invadida por todos lados y los filibusteros hallando salida por la altura que debió cubrir el malogrado Gutiérrez, huyeron en tropel y aunque perseguidos y diezmados por todas partes, lograron muchos escaparse. Entonces mandé a la tropa de Moracia se dispersase en guerrillas por la colina a la izquierda del callejón, para aprisionar a los fugitivos que tomaran por allí.

Desde el principio de la acción, al ver a nuestra tropa apoderarse de los corrales, varios jefes filibusteros montaron a caballo y huyeron sin poderlos alcanzar ni dañarles.

Al dispersarse el enemigo, la caballería de Moracia anduvo tarda en perseguirle a pesar de mis órdenes y los esfuerzos del coronel Salazar. Sólo el capitán Estrada, seguido de sus pocos lanceros, le cargó, matándole un solo hombre, pues favorecido por la inacción de la caballería y lo cercano de la espesura del monte, se aprovechó de tan favorables incidentes. Considerando las dificultades que el lugar de la acción presentaba, he hallado alguna disculpa al Comandante del escuadrón.

A los catorce minutos, contados desde la primera descarga, se hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posesión de Santa Rosa.

Señaláronse en este memorable día, además de los buenos oficiales que perdimos el ya citado Joaquín Ortiz, el Mayor Clodomiro Escalante, los capitanes Carlos y Miguel Alvarado (habiendo recibido éste último tres heridas de rifle que le rompieron la ropa rozándole el cuerpo), Vicente Velarde, Mateo Marín, Santiago Millet, Joaquín Fernández, Felipe Ibarra y Jesús Alvarado, el ayudante Macedonio Esquivel y en general toda mi lucida oficialidad. Hubo entre los soldados notables rasgos de valor, pero tan comunes a casi todos que sería imposible enumerarlos.

He tomado al enemigo diez y ocho rifles, un fusil, cuatro cajas de parque (que según declaración de los prisioneros es cuanto tenían) las pistolas, paradas, piezas de equipaje, etc., que cedí a los jefes y oficiales que las tomaron, varios caballos y mulas, todos sus papeles y un grupo daguerreotipado, con los retratos de varios jefes de la gavilla de vergantes. Todo cuanto tenían, en fin, ha caído en poder de mi gente.

Los muertos del enemigo que pude reunir llegaron a veintiséis y muchos deben de haber acabado en lo espeso del monte. Prisioneros hasta hoy, diez y nueve. El resto hasta cuatrocientos hombres, que según los prisioneros que entraron en acción, se entregará o morirá de sed y hambre en los montes. Los persigo por todas partes y el mayor Domingo Murillo, apostado en Sapoá con respetable fuerza, les cortará el solo camino para ellos practicable.

No puede darse una victoria más completa, gracias al valor de mis soldados.

Nuestras pérdidas, según las listas, ascienden a cuatro oficiales y quince soldados muertos. Dios guarde a V. E. muchos años.

José Joaquín Mora”

El 21 de marzo de 1856 se persigue a los filibusteros por todo el territorio nacional, por el norte del país y la margen del Río San Juan.

Triunfados en la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo, murió el Capitán Manuel Quirós, miembro del Estado Mayor Militar, y tres oficiales más, junto con 15 combatientes costarricenses. Hubo 32 heridos. La tropa filibustera tuvo 26 muertos en el combate. Se le hicieron 19 prisioneros.

Inmediatamente, el Presidente Mora ordenó continuar hacia Nicaragua, el objetivo político y militar de la movilización para asegurar la derrota de los filibusteros en ese país, y expulsarlos del suelo centroamericano, trasladándose la guerra hasta 1857 en Nicaragua.

El 25 de marzo de 1856 se fusilan 18 filibusteros en Liberia, a las 4 de la tarde. La sentencia a los filibusteros capturados fue una advertencia contundente a la tropa invasora de William Walker, y a sus jefes militares, de la determinación del Presidente Juan Rafael Mora Porras, y de los altos Jefes del Ejército Nacional, de que serían pasados por las armas quienes intentaran ocupar y dominar el territorio nacional o sojuzgar al pueblo costarricense.

El 27 de marzo de 1856, el gobierno de Costa Rica recibió al General Pedro de Alcántara Herrán, quien había sido Presidente de Nueva Granada, participante en las guerras de Independencia de su país y de Perú, militar de carrera, Ministro de Guerra y de Relaciones Exteriores, diplomático activo, quien llegó para brindar apoyo y solidaridad en la lucha contra los filibusteros y mostrar la simpatía del gobierno neogranadino en esta gesta nacional y centroamericana.

El 29 de marzo de 1856 Mora declaró su objetivo de ingreso a Nicaragua:

“Paz y libertad a Nicaragua y Costa Rica, independientes y unidas como hermanas. ¡Gloria a las fuerzas aliadas libertadoras de la América Central!”

El 29 de marzo de 1856 el Ejército costarricense cruza la frontera con Nicaragua para luchar contra los filibusteros en ese país, e inicia la penetración en el territorio nicaragüense, dirigiéndose hacia la ciudad de Rivas que tomaron, para asegurar la lucha con los filibusteros norteamericanos establecidos en Nicaragua, y expulsarlos de ese territorio.

Al mismo tiempo se ordenó ocupar el Puerto de San Juan del Sur, en el Pacífico, y el Puerto La Virgen, sobre el Lago de Nicaragua.

El 29 de marzo, desde Sapoá, el Presidente Mora se dirige a los nicaragüenses indicándoles la decisión de ingresar a Nicaragua a derrotar a los filibusteros.

“Desde el seno de nuestras pacíficas montañas he oído vuestros congojosos lamentos.

Mutuos errores y una guerra fratricida os han entregado al fiero albedrío de una horda de forajidos, que llamados incautamente como amigos auxiliares de unos se han convertido en déspotas de todos.

Hoy yacéis aún aterrorizados bajo el yugo acerado de un ejército compuesto de las heces corrompidas, que arrojan de sí todas las sociedades.

¿Qué sois vosotros en vuestro propio país? ¿Qué es el esclavizado nicaragüense que llaman por befa Presidente? ¿Cuál es vuestra suerte hoy y la más fatal, que con tan cruentos amos os espera? Vosotros lo sabéis más que yo; vosotros que la sufrís y deploráis con lágrimas de sangre!.

Habéis llamado a vuestros hermanos. Vuestros hermanos todos rodean vuestras fronteras y avanzan para libertaros de esa Falange traidora.

Combatimos por vuestra salvación. Después del triunfo, paz, unión, justicia y libertad para vosotros y para todos.

Harto conocéis a los pacíficos costarricenses. También los han conocido en Santa Rosa los cobardes filibusteros. Siempre neutrales en vuestras discordias, hemos acogido con igual hospitalidad a todos los nicaragüenses.

Para vosotros no existen ni existirán jamás distinciones ni partidos. Sea lo mismo para vosotros. Que una sola bandera, una causa y un grito de concordia y progreso nos reúnan a todos como católicos, como hijos de una misma patria, como verdaderos hermanos.

Cese ya tanta postración, tanta iniquidad y servidumbre. ¿Toleraréis por un instante más tanta esclavitud, oprobio y tiranía? ¿No lidiaréis todos unidos, siempre unidos, por conquistar la libertad que os han robado?

Sí valerosos nicaragüenses. Uníos, alzaos y combatid con aquel ardiente coraje que habéis mostrado en tantas nefastas luchas. Arrojemos unidos a esa pestífera canalla; no quede uno solo de esos asesinos sobre la tierra privilegiada que os concedió la Providencia y de entre esos montones de cadáveres y ruinas que han acumulado tantos desvaríos y maldades, levantemos juntos una patria más unida, más fuerte, más venturosa y más grande.

Paz y libertad a Nicaragua y Costa Rica, independientes y unidas como hermanas. ¡Gloria a las fuerzas aliadas libertadoras de la América Central!”

La Batalla de Santa Rosa es para mí la más importante de todas las que se llevaron a cabo contra las tropas filibusteras. Lo es porque se produce en el territorio nacional, donde los filibusteros fueron derrotados, obligándose su retirada y salida del territorio costarricense. Lo es porque se le infligió una profunda derrota militar y moral a los filibusteros.

La Batalla de Santa Rosa elevó la moral de los combatientes costarricenses. Le infligió a los filibusteros un temor de combate con nuestra tropa, nuestro Ejército.

El Ejército Nacional estaba en capacidad de dar esa batalla. Tenía los hombres necesarios. Tenía los Jefes militares en capacidad de conducir el Ejército y capacidad de hacer el análisis estratégico y táctico de esa Batalla.

Fue la primer derrota del imperialismo colonialista estadounidense en el continente y golpeó la Doctrina Monroe y la del Destino Manifiesto que se levantaba por Estados Unidos, estableciendo el límite del expansionismo de los Estados Unidos.

El 20 de marzo celebramos el acontecimiento más importante de la vida nacional, la Batalla de Santa Rosa, cuando las tropas invasoras filibusteras fueron derrotadas por los costarricenses en el territorio nacional. Batalla de pocos minutos pero demoledora para los agresores.

En esta Batalla jugó un papel muy importante el Batallón de Moracia, como se conocía en ese momento la Provincia de Guanacaste, que le habían puesto ese nombre en mérito al Presidente Mora.

Los jefes militares de la Batalla Clodomiro Escalante, Lorenzo Salazar, José María Gutiérrez, Mateo Marín, Manuel Rojas, Manuel Quirós, Joaquín Ortiz, y otros, todos, se distinguieron en el combate. Varios oficiales cayeron en el combate.

Los filibusteros huyeron, 26 cayeron muertos y a otros, capturados, 19, los fusilaron. Los caídos costarricenses en la Batalla de Santa Rosa fueron 4 oficiales y 15 soldados, según el parte oficial de la Batalla.

La participación en la Guerra Nacional permitió que el Ejército, por su masividad popular tuviera un carácter nacional y libertador, con un alto grado moral.

La Guerra Nacional hizo surgir en la conciencia popular y nacional héroes de batallas y héroes nacionales. De algunos mártires, sus gestas y batallas se inmortalizaron y se reconocieron ampliamente, no sólo en el territorio costarricense sino también en el centroamericano. Así, especialmente se reconoció al Presidente Juan Rafael Mora, al General José María Cañas y a Juan Santamaría, éste último no por sus dotes militares sino por el acto del sacrificio y lo simbólico popular que su figura representa: el pueblo en la escena histórica, como actor.

También se fortalecieron los símbolos nacionales: la Bandera, El Escudo y el Pabellón Nacional, la música del Himno Nacional y las marchas militares que se desarrollaron al calor de los días de combates, las cuales regresaron entonando las tropas, como la Marcha Santa Rosa.

Siete de cada diez hogares rurales viven en pobreza digital revela estudio de la UCR

Mag Olga Marta Ramírez Hernández

Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)

  • La investigación de Posgrados de la UCR, realizada por Maricruz León Miranda, propone un índice para analizar el acceso, uso y gasto en tecnologías en los hogares del país.

En las zonas rurales, el 70% de los hogares está en pobreza digital, según se desprende en una investigación desarrollada en la Maestría Profesional en Estadística, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para acercarse a la realidad que se vive en los hogares costarricenses en el tema digital, el estudio, titulado Índice para la Medición de la Pobreza Digital de los Hogares en Costa Rica, realizado por Maricruz León Miranda de Posgrados UCR, desarrolló una herramienta estadística para identificar brechas en acceso, uso y gasto en tecnologías de información.

Desde una perspectiva territorial, los resultados de la investigación confirman la existencia de brechas geográficas. En la zona urbana, la distribución de los hogares entre los distintos niveles de pobreza digital es relativamente equitativa.

La investigación realizada por León Miranda para optar por el grado de Maestría Profesional en Estadística, parte del reconocimiento de que el acceso y uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se relaciona directamente con las oportunidades de desarrollo social y económico. En ese contexto, el trabajo propone un Índice de Pobreza Digital (IPD) que permite categorizar a los hogares según su nivel de exclusión tecnológica.

El propósito fue construir una medición que integrara no solo la tenencia de dispositivos o servicios, sino también el uso de las tecnologías y el esfuerzo económico que realizan los hogares para acceder a ellas”, explicó Maricruz León Miranda, autora del estudio.

El índice se elaboró a partir de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018 (ENIGH) y de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (ENAHO). Integra dos componentes principales: uno asociado al acceso y uso de servicios y dispositivos TIC en los hogares, y otro relacionado con el gasto mensual en tecnologías de información.

Desde el Sistema de Estudios de Posgrado siempre hemos aportado conocimiento y buenas prácticas en todas las áreas del conocimiento. En este caso, desde la estadística aplicada, se generan herramientas rigurosas que permiten comprender fenómenos sociales complejos y apoyar la toma de decisiones en política pública”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP.

El estudio evidenció que la pobreza digital se asocia con variables como la zona y región de residencia, el nivel educativo, la edad y la condición de actividad del jefe del hogar, lo que confirma la existencia de brechas estructurales en el acceso a la tecnología en el país.

Entre las principales recomendaciones, la investigación sugiere al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) considerar la incorporación del índice como un indicador de referencia para el monitoreo de la pobreza digital y su alineación con los instrumentos de planificación institucional.

Lo que revela el estudio

En términos de acceso a dispositivos, los resultados muestran importantes limitaciones: ocho de cada diez hogares no cuentan con tablet, el 85 % no posee computadora de escritorio y el 58 % carece de computadora portátil. El dispositivo más frecuente es el televisor, presente en casi la totalidad de los hogares, mientras que el radio o equipo de sonido no está presente en cuatro de cada diez hogares. (Datos ENAHO 2018).

El estudio también evidencia una diferencia marcada en el gasto en TIC entre los hogares pobres y no pobres digitales. El gasto mensual promedio estimado en tecnologías de información es de ¢49 183, con diferencias según zona de residencia: en la zona urbana el gasto alcanza ¢54 103, mientras que en la zona rural se reduce a ¢36 543.

El análisis sociodemográfico revela que el nivel educativo, la condición de actividad y la edad del jefe del hogar influyen significativamente en el nivel de pobreza digital. A medida que aumenta el nivel educativo del jefe del hogar, disminuye de forma notoria la proporción de hogares clasificados como pobres digitales. Específicamente, entre los hogares con jefatura sin estudios 9 de cada 10 son clasificados como pobre digital. En contraste, entre los hogares cuyo jefe posee educación universitaria, esta proporción se reduce a 2 de cada 10.

En cuanto a la condición de actividad, los hogares con jefatura ocupada presentan una distribución más equilibrada entre pobres y no pobres digitales, mientras que en los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral predomina la pobreza digital. Asimismo, se observa una relación con la edad del jefe del hogar. En aquellos hogares cuya jefatura está ocupada, la distribución es relativamente equitativa, 51,7% son pobres digitales y 48,3% no pobre digitales. En los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral, la mayoría se clasifica como pobre digital.

Finalmente, se evidencia una relación entre la edad del jefe y la condición de pobreza digital. Se observa que conforme aumenta la edad del jefe del hogar, disminuye la proporción de hogares pobres digitales. En general, los hogares con jefaturas menores a 25 años o mayores a 55 años presentan mayor incidencia de pobreza digital. En los hogares con jefaturas con edades intermedias se tiene porcentajes más similares entre los conglomerados pobre digital y no pobre digital.

Metodología del estudio

El componente de acceso y uso de TIC se construyó mediante análisis factorial exploratorio, mientras que el gasto en TIC se calculó directamente en la ENIGH y se estimó en la ENAHO mediante un modelo de regresión múltiple. Ambos componentes se combinaron en un índice estandarizado con una escala de 0 a 100, donde valores más altos representan mayor nivel de pobreza digital.

Los resultados estimaron una media nacional de 67,3 puntos en el índice construido con la ENIGH y de 65,9 puntos en el elaborado con la ENAHO. Además, el análisis permitió segmentar a los hogares en distintos grupos, desde hogares no pobres digitalmente hasta hogares con pobreza digital media y alta.

El trabajo aporta una base metodológica replicable y actualizable, que permite dar seguimiento a la evolución de la pobreza digital y contribuir a una comprensión más precisa de las desigualdades tecnológicas en Costa Rica.

Les compartimos la investigación: https://ucr.cr/r/dbzMo

Modelos de descentralización en América Latina: análisis comparado: México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile

Decentralization models in Latin America: comparative analysis: Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil and Chile

Modelos de descentralização na América Latina: análise comparativa: México, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colômbia, Brasil e Chile

Autor: Dr. Fernando Villalobos Chacón*

RESUMEN

Este artículo explora la regionalización en América Latina, abordando conceptos fundamentales como la descentralización y la desconcentración, y analizando sus implicaciones. La regionalización, entendida como la transferencia de competencias a niveles locales, se presenta como una estrategia para enfrentar la centralización excesiva que caracteriza a muchos países de la región. Se identifican diversos tipos de regionalización y sus clasificaciones, así como las implicaciones socioeconómicas y políticas de estos procesos. Además, se comparan experiencias exitosas y desafíos en países como México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. Comprender la diferencia entre desconcentración (delegación administrativa sin autonomía) y descentralización (transferencia de autonomía política y financiera) es crucial en este contexto, ya que ambas influyen en la participación de las comunidades y el éxito de las políticas estatales. A partir de esta base, se presentan recomendaciones para una regionalización efectiva, que incluyen fortalecer la capacidad institucional local, establecer una transferencia equitativa de recursos, promover la participación ciudadana, desarrollar infraestructura para la conectividad y adoptar políticas sostenibles y adaptadas a cada región. Este análisis sugiere que una implementación equilibrada de estos procesos podría contribuir a un desarrollo más justo y sostenible en América Latina.

ABSTRACT

This article explores regionalization in Latin America, addressing fundamental concepts such as decentralization and deconcentration, and analyzing their implications. Regionalization, understood as the transfer of powers to local levels, is presented as a strategy to confront the excessive centralization that characterizes many countries in the region. Various types of regionalization and their classifications are identified, as well as the socioeconomic and political implications of these processes. In addition, successful experiences and challenges are compared in countries such as Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, and Chile. Understanding the difference between deconcentration (administrative delegation without autonomy) and decentralization (transfer of political and financial autonomy) is crucial in this context, as both influence citizen participation and the effectiveness of public policies. Based on this foundation, recommendations for effective regionalization are presented, which include strengthening local institutional capacity, establishing an equitable transfer of resources, promoting citizen participation, developing infrastructure for connectivity, and adopting sustainable policies tailored to each region. This analysis suggests that a balanced implementation of these processes could contribute to more equitable and sustainable development in Latin America.

Palabras clave: descentralización, América Latina, análisis comparado, centralismo, regionalización.

Keywords: decentralization, Latin America, comparative analysis, centralism, regionalization.

Palavras-chave: descentralização, América Latina, análise comparativa, centralismo, regionalização.

  1. INTRODUCCIÓN.

La regionalización en América Latina tiene importantes implicaciones en diversos aspectos del desarrollo económico, político, social, ambiental y cultural. En una región caracterizada por profundas desigualdades socioeconómicas, el proceso de regionalización es visto como una herramienta esencial para reducir brechas socioeconómicas entre la periferia y la metrópoli; mejorar la eficiencia administrativa, y fortalecer las identidades locales y nacionales (Gómez, 2023; Mendoza, 2023). La importancia de este proceso se refleja en las múltiples formas en que la regionalización afecta la vida de los ciudadanos, fomentando un desarrollo más inclusivo y sostenible.

La regionalización contribuye significativamente al desarrollo económico local al permitir un reparto más adecuado de los recursos y fomentar más oportunidades en áreas previamente marginadas. Según Estevadeordal (2024), la transferencia de competencias a nivel regional puede potenciar el crecimiento económico al aprovechar los recursos específicos de cada región y promover una administración más cercana y eficaz. Por ejemplo, en países como México, la regionalización económica ha sido clave para reducir la dependencia del distrito federal, lo que ha incidido que otras regiones desarrollen sus propios mercados y oportunidades de empleo (Alonso, 2023).

Además, la descentralización facilita la adaptación de políticas económicas a las necesidades específicas de cada zona, lo que puede mejorar la competitividad y atraer inversiones extranjeras (Kotschwar, 2023). En este contexto, la regionalización económica no solo favorece el desarrollo de áreas rurales, sino que también reduce la presión sobre las grandes ciudades, permitiendo una distribución más equitativa para las personas en los territorios (Fernández, 2022).

Uno de los principales beneficios de la regionalización en América Latina es su capacidad para reducir las desigualdades sociales al mejorar el acceso a servicios básicos en áreas menos favorecidas. De acuerdo con Gómez (2023), la regionalización permite que los gobiernos locales y regionales adapten sus políticas a las necesidades de sus comunidades, lo que resulta en una distribución con mayor justicia y equidad, así como el perfeccionamiento de los servicios de salud, educación y vialidad. Esto es particularmente relevante en América Latina, donde las disparidades entre las áreas urbanas y rurales son notorias.

A través de la regionalización, se fomenta una mayor participación de las comunidades en decisiones que les atañe, esto resulta clave como estrategia de cohesión social y la integración de las comunidades (Daza, 2022). Esta descentralización facilita que las poblaciones locales tengan una mayor voz en los asuntos que les afectan directamente, promoviendo así una idea de pertenencia y de compromiso social en el desarrollo de la región (Rodríguez & Torres, 2022).

En términos ambientales, la regionalización permite una gobernanza más eficaz y sostenible de los recursos disponibles, lo cual es fundamental para enfrentar los desafíos ambientales que enfrenta América Latina, como la deforestación, el deterioro del medio ambiente y la degradación en la calidad del agua (Pérez & Cárdenas, 2023). La regionalización ambiental facilita la creación de políticas adaptadas a las condiciones ecológicas de cada región, lo que ayuda a proteger los ecosistemas locales y a promover un desarrollo sostenible.

Según Rodríguez y Torres (2022), en países como Brasil y Colombia, la regionalización ha permitido una mejor gestión de áreas críticas como la Amazonía, donde se implementan políticas de conservación y uso sostenible de recursos que buscan equilibrar el desarrollo económico con la protección

El Índice de Descentralización y Autonomía Regional (IDAR), publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evalúa cómo la descentralización de poderes en distintos niveles de gobierno afecta el desempeño y el impacto de las políticas estatales. En este índice, países como Colombia, México y Brasil muestran avances en descentralización, con sistemas federales que otorgan mayor autonomía a sus regiones. Este enfoque ha mejorado la adaptabilidad de las políticas públicas a necesidades locales, aunque también enfrenta desafíos como la gestión desigual de recursos y problemas de corrupción a nivel local (Martínez & Zárate, 2022).

En contraste, el informe del Índice de Gobernanza Global (IGG) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resalta cómo naciones con sistemas centralizados, como Perú y Bolivia, tienden a mostrar menores niveles de desarrollo en comparación con sus vecinos más descentralizados. Estos sistemas centralizados reducen la toma de decisiones en el ámbito local, lo que en muchos casos lleva a una inadecuada asignación de recursos y a una menor efectividad en la ejecución de políticas públicas (OCDE, 2023).

Asimismo, el Índice de Desarrollo Regional (IDR), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica que los países con mejores niveles de regionalización, como Chile y Uruguay, suelen obtener mejores resultados en indicadores de desarrollo social y económico. En particular, Chile ha implementado políticas exitosas en sus regiones para mejorar la calidad de vida, mientras que Uruguay enfatiza en la inclusión de programas regionales de desarrollo económico y social que han reducido desigualdades (PNUD, 2022).

Igualmente, el Índice de Competitividad Regional (ICR), desarrollado por el Foro Económico Mundial, analiza la capacidad de cada país para fomentar el desarrollo económico en sus regiones. En este índice, Brasil ocupa una posición relevante gracias a sus esfuerzos de regionalización en zonas como São Paulo y Minas Gerais. No obstante, la falta de infraestructura y la desigualdad económica en otras regiones de Brasil muestran que la descentralización debe acompañarse de políticas equitativas de distribución de recursos (Foro Económico Mundial, 2023).

La desconcentración y descentralización tienen diferencias conceptuales y relación directa con el concepto de regionalización. La diferencia entre desconcentración y descentralización es fundamental para entender las dinámicas de la regionalización en América Latina. Ambos conceptos, aunque relacionados, tienen características y aplicaciones distintas, y conocer sus diferencias ayuda a comprender cómo se pueden aplicar en el contexto de la regionalización.

Desconcentración se refiere al proceso mediante el cual una autoridad central delega ciertas funciones o competencias a oficinas o agencias en diferentes regiones, pero sin ceder el control ni la autonomía política. En otras palabras, el gobierno central establece oficinas locales que pueden ejecutar funciones administrativas, pero la toma de decisiones sigue concentrada en el poder central. Así, la desconcentración permite una gestión más cercana a la población sin comprometer el control del gobierno central sobre dichas acciones (Martínez & González, 2021; OCDE, 2023). Este modelo suele aplicarse en áreas como salud, educación y justicia, donde es importante acercar los servicios a la población sin perder el control administrativo.

Por otro lado, descentralización involucra la transmisión de autoridad y responsabilidad a entes con autonomía, tanto en el ámbito local así como el regional, permitiendo a estas unidades tomar decisiones sobre asuntos que les conciernen directamente. A diferencia de la desconcentración, la descentralización concede autonomía política, administrativa y financiera, lo cual permite que las regiones gestionen sus propios recursos y definan políticas públicas acordes a sus necesidades locales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022; Rodríguez, 2022). La descentralización es un proceso más profundo y complejo que la desconcentración, ya que implica una reestructuración del poder y fomenta la autonomía regional.

En el contexto de la regionalización, ambos conceptos se vinculan en el sentido de que, aunque la regionalización requiere algún grado de descentralización para ser efectiva, en numerosas naciones de la región, se ha comenzado con procesos de desconcentración como un primer paso hacia una regionalización plena (Gutiérrez & Pérez, 2023). La desconcentración puede funcionar como una fase preliminar que permite adaptar las estructuras administrativas antes de asumir el modelo descentralizado, especialmente en países donde el centralismo ha sido históricamente fuerte y la desconfianza en la autonomía regional es elevada (López & Sánchez, 2022).

La experiencia en América Latina demuestra que, en gran parte de los países, se han experimentado proyectos de desconcentración antes de adoptar modelos de descentralización más completos. En Chile, por ejemplo, las reformas en la administración pública se encaminaron primeramente en la desconcentración de servicios de educación y de salud, lo cual permitió una mayor proximidad de estos servicios a la ciudadanía sin otorgar autonomía plena a las regiones. Sin embargo, en años recientes, se han implementado reformas de descentralización para que las regiones tengan mayor control sobre sus políticas de desarrollo (Bianchi, 2023; OCDE, 2023).

Asimismo, estudios recientes indican que la desconcentración y la descentralización, cuando se implementan en conjunto y de manera progresiva, pueden facilitar un proceso de regionalización efectivo. En Colombia, la descentralización ha permitido una administración más adaptada a las necesidades locales, lo que ha favorecido la mejora en la calidad de vida en algunas zonas. No obstante, el éxito depende en gran parte en la voluntad política y las capacidades de las autoridades locales en la adecuada gestión de los recursos (Martínez & Zárate, 2022).

Sumariamente, la desconcentración y la descentralización son conceptos que, aunque distintos, están vinculados a la regionalización en tanto que ambos procesos permiten una administración más cercana a las regiones. No obstante, para una regionalización efectiva que busque democratizar la distribución y la equidad de la riqueza, así como potenciar el desarrollo humano, es fundamental avanzar hacia una descentralización más profunda, es esencial que las decisiones se adapten mejor a las realidades locales, promoviendo un desarrollo regional más objetivo y sostenible.

  1. DEFINICIONES DE REGIONALIZACIÓN

La regionalización en América Latina es un proceso integral que involucra variadas dimensiones, desde la organización político-administrativa hasta el fortalecimiento de identidades locales.

Debido a la polisemia del término, a continuación, se presentan algunas definiciones desde distintas perspectivas recientes para comprender el alcance y los desafíos de este fenómeno en la región.

1. Regionalización como herramienta de descentralización administrativa: este enfoque define la regionalización como un proceso para distribuir de manera equitativa el poder y la administración pública. A través de esta perspectiva, se busca mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y servicios al acercar la toma de decisiones a las comunidades locales. Este concepto tiene particular relevancia en países de América Latina, donde las políticas históricamente centralistas han generado desigualdades significativas entre capitales y provincias (Estevadeordal, 2024).

2. Regionalización como integración económica y comercial: desde una visión económica, la regionalización en la región se refiere a la creación de bloques y acuerdos comerciales que promuevan el intercambio de servicios, bienes y personas entre las naciones latinoamericanas. Ejemplos de esto lo constituye el Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan fortalecer el mercado interno para competir con otras economías globales. Sin embargo, la falta de infraestructura y la fragmentación de normativas en la región limitan su éxito (Americas Georgetown, 2023).

3. Regionalización y desarrollo territorial: algunos autores argumentan que la regionalización es un medio para impulsar el desarrollo territorial, promoviendo un crecimiento más equilibrado entre regiones. Según estudios recientes, en América Latina, muchas regiones se han mantenido marginadas del desarrollo debido a la concentración de recursos en las capitales. Este tipo de regionalización apunta a reducir las disparidades territoriales promoviendo inversiones en áreas rurales y menos desarrolladas (Universidad Barcelona, 2022).

4. Regionalización cultural y fortalecimiento de identidades locales: otra perspectiva clave es la regionalización como mecanismo para fortalecer identidades culturales y locales. Este enfoque destaca la importancia de reconocer y preservar las identidades culturales específicas de cada región, permitiendo que estas sean representadas en políticas y decisiones públicas. En América Latina, este aspecto de la regionalización es crucial debido a la gran diversidad étnica y cultural que caracteriza a países como Perú y Bolivia, donde las identidades indígenas son prominentes (Kotschwar, 2023).

5. Regionalización como respuesta a la globalización: diversidad de autores ven la regionalización en América Latina como una consecuencia natural del proceso de globalización y la búsqueda de salvaguardar el mercado local. En este contexto, la regionalización no solo busca descentralizar, sino también crear un bloque económico y político cohesivo capaz de negociar en el escenario global. Este enfoque es particularmente relevante ante la creciente presión de actores globales como Estados Unidos y China en los recursos naturales de la región (Estevadeordal, 2024).

Cada una de estas definiciones muestra cómo la regionalización en América Latina es un proceso multidimensional que busca abordar tanto las necesidades de desarrollo local como los desafíos impuestos por la globalización y las políticas centralistas. Estas perspectivas proporcionan una base teórica para entender los distintos enfoques y la complejidad del fenómeno en el contexto latinoamericano.

  1. TIPOS Y CLASIFICACIONES DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La regionalización en América Latina es un fenómeno multifacético que abarca diversos tipos y clasificaciones, cada uno con enfoques y objetivos particulares. Este proceso se caracteriza por la reestructuración de los espacios económicos, sociales y administrativos de acuerdo con las necesidades y desafíos de cada país y región. A continuación, se exploran los principales tipos de regionalización: económica, política, socio-cultural, ambiental, y tecnológica, cada uno de ellos con clasificaciones específicas que reflejan los distintos contextos de los países latinoamericanos.

  • Regionalización Económica

La regionalización económica en América Latina está orientada principalmente a la creación de bloques comerciales que faciliten la integración de mercados y promuevan el comercio de servicios y bienes, entre los países. Ejemplos de esta forma de regionalización son Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan reducir las barreras comerciales y fomentar la competitividad en el contexto global (Estevadeordal, 2024; Kotschwar, 2023). Según Daza (2022), uno de los objetivos centrales de la regionalización económica es aumentar la autosuficiencia de las regiones y reducir la dependencia de mercados externos. En el caso de la región, varios países afrontan conflictos para alcanzar estos objetivos debido a la falta de infraestructura y a la fragmentación regulatoria que limita la efectividad de estas iniciativas (Americas Georgetown, 2023).

Este tipo de regionalización ha sido clasificado en dos enfoques principales: el de integración económica y el de cooperación transnacional. La integración económica implica la creación de zonas económicas especiales, áreas de libre comercio, así como alianzas en materia aduanera, como Mercosur, donde los países buscan crear un mercado único con aranceles externos comunes (Alonso, 2023). En contraste, la cooperación transnacional se centra en acuerdos menos formales que facilitan el comercio y la inversión sin comprometer la autonomía económica de los países involucrados (Georgetown, 2023).

  • Regionalización Política

La regionalización política tiene como objetivo descentralizar la autoridad del ejecutivo nacional, hacia autoridades locales o regionales, permitiendo una distribución más equitativa de los recursos y una mayor representación de las comunidades (Sánchez & Arrieta, 2022). Este tipo de regionalización es particularmente relevante en América Latina debido a las políticas históricamente centralistas que han mantenido el poder concentrado en las capitales nacionales, lo que ha generado una gran disparidad entre las áreas urbanas y rurales (Gómez, 2023).

Este tipo de regionalización se clasifica en descentralización administrativa y descentralización legislativa. La descentralización administrativa permite que las regiones gestionen sus propios servicios, como salud y educación, mientras que la descentralización legislativa otorga a los gobiernos regionales el poder de tomar decisiones políticas autónomas en ciertos ámbitos (Mendoza, 2023). De acuerdo con Sánchez y Arrieta (2022), la descentralización política en América Latina ha enfrentado numerosos desafíos, principalmente debido a la falta de recursos financieros y a la resistencia de los gobiernos centrales a ceder poder a las regiones.

  • Regionalización Socio-Cultural

La regionalización socio-cultural se centra en el fortalecimiento de las identidades y culturas locales dentro de un marco regional. América Latina, una región diversa en términos étnicos y culturales, encuentra en este tipo de regionalización una oportunidad para reconocer y promover las particularidades de cada grupo social, lo cual es crucial en países con poblaciones indígenas significativas, como Perú y Bolivia (Fernández, 2022). Este tipo de regionalización permite que las comunidades mantengan sus tradiciones y sistemas de conocimiento mientras se integran en la sociedad nacional y global (Pérez & Cárdenas, 2023).

Dentro de esta clasificación, se pueden identificar dos enfoques: regionalización inclusiva y regionalización diferenciada. La regionalización promueve la inclusión de las comunidades en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, mientras que la regionalización diferenciada reconoce la necesidad de enfoques específicos para grupos con características particulares, como las comunidades indígenas (Gómez, 2023).

  • Regionalización Ambiental

La regionalización ambiental en América Latina surge en respuesta a la búsqueda de resguardar y gestionar los abundantes recursos en un contexto de gran biodiversidad y desafíos ambientales significativos, como la deforestación en la Amazonía (Rodríguez & Torres, 2022). Este tipo de regionalización busca crear unidades territoriales que faciliten la implementación de políticas ambientales adaptadas a las condiciones específicas de cada región. Según Daza (2022), la regionalización ambiental es fundamental para la sostenibilidad de los recursos en América Latina y permita una planificación más adecuada del territorio y la gestión adecuada del ecosistema.

Este tipo de regionalización se divide en gestión de recursos naturales y protección de áreas ambientales. La gestión de recursos se enfoca en la regulación del uso y la explotación de recursos, mientras que la protección ambiental se orienta a conservar áreas críticas y a promover políticas de desarrollo sostenible en las zonas más vulnerables (Fernández, 2022).

  • Regionalización Tecnológica

Por último, la regionalización tecnológica aborda los contrastes en el acceso a la tecnología y la infraestructura digital, problemas que inciden en el progreso y la búsqueda de la tan ansiada competitividad del subcontinente (Pérez & Cárdenas, 2023). Según Mendoza (2023), una adecuada regionalización tecnológica puede reducir la brecha digital y mejorar la conectividad entre áreas urbanas y rurales, lo cual es crucial para el desarrollo socio-económico..

La regionalización tecnológica incluye la infraestructura digital y acceso a la innovación. La primera se refiere a la creación de redes y centros de acceso en áreas remotas, mientras que la segunda aboga por la inversión en tecnología avanzada y formación digital, especialmente en regiones con baja cobertura tecnológica (Gómez, 2023).

  1. CONTRASTE DE LA REGIONALIZACIÓN CON LAS POLÍTICAS CENTRALISTAS EN LATINOAMÈRICA.

Los conceptos de regionalización y centralismo han sido antagónicos en la organización territorial y política de los países latinoamericanos. Mientras que la regionalización busca una mayor descentralización para favorecer el desarrollo local y la inclusión de diversas regiones, el centralismo concentra el poder y los recursos en las capitales o centros de poder político y económico. Este contrapunto refleja tensiones profundas en la historia de América Latina, donde el centralismo ha sido un modelo predominante que, según muchos estudios, ha contribuido a perpetuar desigualdades territoriales y económicas (Sánchez & Arrieta, 2022; Rodríguez & Torres, 2022). A continuación, se examinan los distintos tipos de políticas centralistas y sus efectos en la región, así como las consecuencias de este enfoque para el proceso de regionalización.

  1. Centralismo Administrativo y Asignación de Recursos

El centralismo administrativo concentra las decisiones sobre la asignación de recursos en el gobierno central, generalmente en las capitales nacionales. En muchos países de América Latina, este modelo ha limitado el acceso equitativo a los recursos en las regiones periféricas, ya que las decisiones de inversión tienden a favorecer a las áreas urbanas más desarrolladas (Gómez, 2023; Daza, 2022). De acuerdo con Fernández (2022), la centralización administrativa en América Latina ha causado desigualdades significativas, ya que los gobiernos locales tienen poca autonomía para gestionar sus propios recursos. Este enfoque centralista ha obstaculizado la regionalización, dificultando la respuesta oportuna, necesaria y adecuada de los gobiernos locales en atender las necesidades específicas de sus comunidades.

Los efectos de este tipo de centralismo son evidentes en países como Perú y Colombia, donde las regiones rurales reciben menos inversión en infraestructura y servicios básicos en comparación con las capitales (Alonso, 2023). En lugar de fomentar una distribución equitativa, el centralismo administrativo crea una dependencia de las autoridades regionales hacia el gobierno central, limitando su capacidad de actuar de manera autónoma y adaptarse a las particularidades de su región (Estevadeordal, 2024).

  1. Centralismo Político y Concentración del Poder de Decisión

El centralismo político implica la concentración del poder de decisión en una élite política ubicada en la capital o en los centros de poder. Este tipo de centralismo ha sido una característica persistente en América Latina, especialmente en sistemas presidencialistas donde el poder ejecutivo tiene un gran control sobre las políticas nacionales (Pérez & Cárdenas, 2023; Kotschwar, 2023). La centralización política limita la contribución de los territorios con los gobiernos, en la formulación de la política pública, lo cual afecta directamente la capacidad de la población para influir en las decisiones..

Este tipo de centralismo genera tensiones con la regionalización, limita la inserción de la expresión popular en los procesos de toma de decisiones y reduce la capacidad de los ciudadanos de participar activamente en temas de su interés (Mendoza, 2023). Según Gómez (2023), la concentración del poder político en la capital provoca que las políticas nacionales no consideren las realidades regionales, lo cual aumenta la desconexión entre el gobierno central y la colectividad, perpetuando así las inequidades territoriales y políticas.

  1. Centralismo Fiscal y Limitación de Recursos Financieros

Otro aspecto fundamental del centralismo en América Latina es el control de los recursos fiscales por parte del gobierno central. En muchos países de la región, el gobierno central retiene una gran parte de los ingresos fiscales, limitando así la capacidad de los gobiernos regionales para financiar sus proyectos de desarrollo (Rodríguez & Torres, 2022; Alonso, 2023). Este tipo de centralismo fiscal impide que las regiones puedan invertir en infraestructura, salud, educación y otros servicios esenciales para mejorar el bienestar de sus comunidades.

Este enfoque centralizado ha sido criticado por expertos en desarrollo regional, quienes argumentan que limita el crecimiento de las economías locales y genera una dependencia constante de los gobiernos regionales hacia el presupuesto nacional (Fernández, 2022; Estevadeordal, 2024). En países como México y Argentina, el centralismo fiscal ha creado un sistema de dependencia en el que las regiones no pueden actuar de manera autónoma, lo que afecta su capacidad para adaptarse a las condiciones locales y fomenta una distribución desigual de los recursos.

  1. Centralismo Cultural y Homogeneización de Identidades Regionales

El centralismo cultural se refiere a la imposición de una identidad cultural dominante, generalmente asociada a la capital, en detrimento de las identidades locales y regionales. En países de América Latina con una gran diversidad étnica y cultural, este tipo de centralismo puede tener un efecto alienante, ya que impone un modelo cultural único y no permite la expresión de las identidades locales (Sánchez & Arrieta, 2022). La regionalización cultural, en contraste, busca valorar y preservar la diversidad cultural de cada región, permitiendo que las comunidades mantengan sus tradiciones y costumbres.

El centralismo cultural es particularmente evidente en países como Perú y Bolivia, donde las políticas nacionales han tendido a favorecer las tradiciones de las élites urbanas en lugar de las culturas indígenas (Gómez, 2023). Este enfoque centralista ignora la riqueza cultural de las regiones y reduce la participación de la población en la vida política y social, lo cual contradice los objetivos de la regionalización inclusiva y dificulta la integración cultural (Pérez & Cárdenas, 2023; Daza, 2022).

  1. Centralismo Educativo y Control sobre la Educación Regional

Por último, el centralismo educativo se manifiesta en la concentración de los sistemas educativos bajo la autoridad del gobierno central, lo cual limita la capacidad de las regiones para adaptar la educación a sus necesidades específicas. Este enfoque centralista impone un currículo uniforme que no necesariamente refleja las realidades locales, lo que limita el potencial de las regiones para desarrollar sus propios programas educativos y para promover la cultura e historia local (Mendoza, 2023; Rodríguez & Torres, 2022).

Según Kotschwar (2023), el centralismo educativo en América Latina ha generado un sistema poco flexible que no responde a las necesidades de las comunidades rurales ni a las particularidades de cada región. En contraposición, la regionalización educativa permite una mayor adaptabilidad en los programas de estudio y en la formación de docentes, lo cual puede contribuir al desarrollo regional y a la inserción comunal en el sistema educativo nacional.

  1. EXPERIENCIAS DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA; ANÁLISIS COMPARADO. CASOS DE: MÉXICO, COSTA RICA, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA, BRASIL Y CHILE

La regionalización en América Latina es un proceso que, aunque varía ampliamente en cada país, busca la descentralización de la gobernanza y el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. A continuación, se analizan las experiencias de siete países: México, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile, evaluando sus avances en la regionalización y su éxito en reducir el centralismo, o en su defecto, identificando los retos que enfrentan.

MÉXICO: AVANCES Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

En México, la regionalización ha sido un tema de interés desde hace varias décadas, sin embargo, se enfrenta a importantes desafíos debido al persistente centralismo que caracteriza su sistema de gobierno. Aunque formalmente es un Estado Federal, el modelo mexicano presenta una alta concentración del poder fiscal en el gobierno central. Los estados y municipios dependen en demasía de las transferencias del gobierno federal. La descentralización administrativa ha sido significativa (educación, salud), pero sin el acompañamiento de recursos suficientes. La Ciudad de México concentra gran parte de los recursos y las decisiones políticas, lo que dificulta el desarrollo equitativo de otras regiones (Flores, 2023; Hernández & Torres, 2022). No obstante, en los últimos años se han efectuado acciones orientadas a descentralizar algunos sectores, como la educación y la salud, a través de reformas de modernización del federalismo (Gómez, 2023).

Algunas iniciativas exitosas han tenido lugar en estados como Nuevo León y Jalisco, que han logrado cierto grado de autonomía en el manejo de sus recursos y en la atracción de inversión extranjera (Martínez & Sánchez, 2022). Estas experiencias demuestran que la descentralización es posible, aunque sigue siendo limitada en comparación con el control que mantiene el gobierno central (García, 2023).

COSTA RICA: MODELO DE REGIONALIZACIÓN PARTICIPATIVA CON TAREAS PENDIENTES.

Con un sistema unitario, Costa Rica ha avanzado en descentralización administrativa y fiscal, en parte gracias al impulso del Código Municipal (1998). Sin embargo, la fragmentación de competencias y la limitada capacidad institucional local restringen el impacto del proceso. Ha implementado un modelo de regionalización que se distingue por su enfoque en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Este país ha trabajado en la descentralización de funciones administrativas y en la promoción de la autonomía de sus municipios, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades de cada región (Díaz, 2022; Vargas & Solís, 2023). La creación de Consejos de Desarrollo Regional ha sido un paso significativo para coordinar los esfuerzos de desarrollo regional y buscar la distribución más justa de los recursos (Soto & Mora, 2023). Este proceso ha demostrado ser eficaz en áreas como Guanacaste, donde se ha promovido el turismo sostenible y la gestión de recursos naturales de manera local, adaptando las políticas nacionales a las necesidades específicas de esta región (Martínez, 2023). A pesar de los avances, Costa Rica aún enfrenta desafíos, especialmente en términos de financiamiento y autonomía plena para sus gobiernos locales (Solano, 2024).

VENEZUELA: UN FEDERALISMO FORMAL CON RECENTRALIZACIÓN PRÁCTICA

Venezuela se constituye formalmente como un Estado federal descentralizado, según el artículo 4 de la Constitución Política del año 1999. No obstante, en la realidad ha vivido una recentralización progresiva, especialmente desde mediados de la década de 2000. Durante los años 80 y 90, el país vivió un proceso de descentralización política, con la elección directa de gobernadores (1989) y alcaldes, además de la transferencia de algunas competencias a estados y municipios.

No obstante, con la consolidación del modelo centralista del Estado comunal muchas competencias y recursos fueron reabsorbidos por el Ejecutivo nacional, debilitando a los gobiernos locales, por lo que Venezuela al igual que la mayoría de países de la región no solo tiene una deuda pendiente en esta materia, sino que más bien sufre un retroceso hacia el centralismo del estado.

PERÚ: CENTRALISMO PERSISTENTE Y OBSTÁCULOS EN LA DESCENTRALIZACIÓN

En Perú, el proceso de regionalización ha enfrentado grandes dificultades debido al arraigado centralismo de su estructura estatal. Implementó una descentralización acelerada tras el colapso del régimen de Fujimori, creando gobiernos regionales y promoviendo participación ciudadana. Sin embargo, la falta de planificación y el clientelismo han limitado su eficacia. Aunque se han creado gobiernos regionales y se ha transferido alguna autonomía administrativa, el poder y los recursos continúan centralizados en Lima (Ríos & Vargas, 2023; Pérez, 2022). Esto ha limitado la capacidad de las regiones para gestionar sus propios recursos y ha exacerbado las desigualdades territoriales.

Un ejemplo de las limitaciones de la regionalización en Perú es la región de Cusco, donde la falta de recursos y autonomía ha impedido que el gobierno regional promueva un desarrollo sostenible y que se atiendan las demandas locales de manera eficaz (González, 2022). Aunque existen esfuerzos por fortalecer la descentralización, el centralismo sigue predominando, limitando los beneficios que podrían derivarse de una verdadera regionalización (Chávez & Ramos, 2023).

ARGENTINA: FEDERALISMO EN TENSIÓN CON EL CENTRALISMO

A pesar de su estructura federal, Argentina experimenta una asimetría profunda entre provincias, lo que genera tensiones en la distribución de recursos. El gobierno nacional ejerce una fuerte influencia sobre las provincias vía transferencias discrecionales. Es un país federal en teoría, pero en la práctica, Buenos Aires acapara la mayor parte del poder político y económico, lo que representa un reto para la regionalización efectiva. Aunque cada provincia tiene cierto grado de autonomía, el financiamiento depende en gran medida del gobierno central, lo que crea una relación de dependencia (López, 2023; Navarro, 2022). Esta dependencia limita las posibilidades de desarrollo regional y ha generado desigualdades significativas entre las provincias.

No obstante, algunas provincias, como Mendoza y Córdoba, han implementado políticas para diversificar sus economías y reducir la dependencia económica del gobierno central. Estas experiencias han demostrado que, con un manejo autónomo y adecuado de los recursos, es posible avanzar hacia una regionalización más equilibrada y menos dependiente (Ferreyra & Romero, 2023). Sin embargo, la estructura fiscal y financiera de Argentina continúa siendo un obstáculo significativo para una regionalización efectiva (Bianchi, 2022).

COLOMBIA: PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PAZ

El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. Visto de esta forma, en Colombia, la descentralización ha sido una estrategia clave para promover la paz y el desarrollo regional en municipios inmersos en la guerra entre el ejército y las FARC. La creación de entidades tales como: Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), han sido fundamentales para mejorar la gobernanza territorial y promover el desarrollo en regiones históricamente marginadas (Gutiérrez & Quintero, 2023; Rodríguez, 2022).

El caso de Antioquia y su autonomía en la gestión de planes de desarrollo local, es un ejemplo exitoso de regionalización, que ha permitido mejorar la infraestructura y reducir la distancia social entre la zona urbana y la ruralidad (Martínez & Salazar, 2023). Sin embargo, el centralismo persiste en algunas áreas, y las regiones aún son fuertemente dependientes del presupuesto asignado por el gobierno nacional, lo que limita la sostenibilidad de estos avances (Mejía & Gómez, 2023).

BRASIL: FEDERALISMO Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

Es uno de los países menos centralizados de la región. La Constitución de 1988 reconoció a los municipios como entes federados. Aun así, las disparidades regionales y la fragmentación partidaria obstaculizan la gobernanza territorial. Brasil cuenta con un sistema federal que otorga un alto grado de autonomía a los estados, lo cual ha facilitado procesos de regionalización en campos como la educación y la salud. No obstante, existen desigualdades marcadas entre las regiones, especialmente entre el sureste y el noreste, lo cual ha generado tensiones en el desarrollo regional (Silva & Pereira, 2023; Oliveira, 2022). La descentralización en Brasil ha permitido que estados como São Paulo y Minas Gerais desarrollen sus economías de manera independiente, fortaleciendo sus infraestructuras y atrayendo inversión extranjera.

Sin embargo, el gobierno central todavía tiene un papel predominante en la distribución de recursos, y el desequilibrio económico entre las regiones persiste, lo que limita el potencial de la regionalización para reducir las disparidades (Costa, 2024). A pesar de los avances, la dependencia de las regiones hacia el gobierno central representa un obstáculo significativo para una regionalización equitativa en Brasil (Fernández, 2023).

CHILE: CENTRALISMO Y TÍMIDOS AVANCES EN LA REGIONALIZACIÓN

Históricamente centralista, Chile ha iniciado recientemente un proceso de regionalización con la elección de gobernadores regionales desde 2021, aunque sin una transferencia real de competencias ni presupuesto, lo que limita su impacto. Chile es uno de los países con mayor centralismo en América Latina. Experimenta una gran concentración de poder y recursos en Santiago. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para descentralizar el país, el progreso ha sido lento y las regiones aún dependen en gran medida del gobierno central (Lagos, 2023; González, 2023). A pesar de esto, se han implementado algunas políticas de regionalización en sectores como la gestión de recursos naturales, donde las regiones del sur han logrado cierta autonomía para promover el desarrollo sostenible.

Una iniciativa destacada es el programa de fortalecimiento de las regiones, que ha permitido a algunas zonas gestionar sus recursos de manera más autónoma y adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales (Carrillo & Martínez, 2023). Sin embargo, la falta de un marco legal sólido para la regionalización y el predominante centralismo siguen siendo los principales retos para una descentralización efectiva en Chile (Fuentes, 2023).

  1. BENEFICIOS DE UNA REGIONALIZACIÓN EXITOSA: APUNTES PARA LA DISCUSIÓN.

Sin pretender terminar con la discusión; sino más bien fomentar el debate aun inconcluso; que permita dinamizar la confrontación de ideas; se esbozan a modo de resumen, algunos beneficios que podría traer a la región, una regionalización exitosa:

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional local: una regionalización efectiva requiere instituciones locales fuertes, con capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para gestionar y ejecutar políticas públicas adaptadas a las necesidades regionales. La experiencia ha demostrado que la falta de recursos y personal capacitado a nivel local limita el éxito de las políticas descentralizadas (Martínez & Zárate, 2022). Es fundamental que los gobiernos nacionales inviertan en programas de capacitación y desarrollo institucional en los niveles subnacionales para asegurar que las autoridades locales puedan tomar decisiones informadas y eficientes (Rodríguez, 2023). Según estudios del Banco Mundial, la creación de redes de colaboración entre diferentes niveles de gobierno también es esencial para facilitar el flujo de conocimientos y habilidades hacia las autoridades locales, promoviendo una mayor capacidad de respuesta frente a problemas específicos de cada región (Banco Mundial, 2023). Además, estos esfuerzos deben ir acompañados de un compromiso inequívoco de lucha frontal contra la corrupción y que potencie con especial vigor la rendición de cuentas (Gutiérrez & Pérez, 2023).

2. Transferencia equitativa de recursos fiscales: una distribución equitativa de los recursos fiscales es clave para asegurar que todas las regiones, independientemente de su nivel de desarrollo, tengan acceso a los fondos necesarios para implementar proyectos de desarrollo y mejorar los servicios públicos. Estudios realizados por la OCDE destacan que la descentralización fiscal es efectiva solo cuando se acompaña de una estructura de transferencias que considera las desigualdades territoriales (OCDE, 2023). En América Latina, países como Brasil y Colombia han implementado sistemas de transferencias que buscan corregir desigualdades históricas entre regiones, aunque todavía enfrentan desafíos para reducir las disparidades existentes (Mejía, 2023). Un enfoque recomendado es el de diseñar mecanismos de asignación de recursos basados en criterios de necesidad y rendimiento. Esto implica que los fondos se distribuyan teniendo en cuenta factores como el nivel de pobreza, el fomento distributivo con equidad de las políticas públicas así como aumentar las capacidades de las autoridades locales para ejecutar programas, de modo que se maximice el impacto social de los recursos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022).

3. Promoción de la aportación de la ciudadanía en la toma de decisiones: esto es fundamental para asegurar que las políticas de regionalización respondan a las demandas reales de la sociedad. La participación activa de la sociedad civil puede ayudar a mejorar la legitimidad de las decisiones y a reducir las tensiones políticas entre el nivel central y las regiones (López & Sánchez, 2022). Estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que los mecanismos de consulta y participación ciudadana deben integrarse en todas las fases de la gobernanza en los territorios para lograr procesos exitosos (PNUD, 2022). En este sentido, el uso de tecnologías digitales y plataformas en línea para consultas y retroalimentación ciudadana ha sido efectivo en países como Uruguay, donde la participación ha mejorado notablemente gracias a estos medios (Bianchi, 2023). Además, estas plataformas pueden ayudar a recopilar datos para mejorar la efectividad de las políticas regionales.

4. Desarrollo de infraestructura para la conectividad regional: una regionalización efectiva necesita una infraestructura sólida que conecte las diferentes regiones, promueva las inversiones, favorezca el comercio y facilite el sector servicios. En América Latina, las disparidades en infraestructura han limitado el desarrollo en las regiones más alejadas de la metrópoli. Según la CEPAL, la inversión en infraestructura vial, transporte y tecnología digital es un pilar para reducir las brechas de desarrollo y fortalecer los lazos entre las regiones y el mercado nacional (CEPAL, 2023).

Asimismo, el acceso a internet y tecnología en las zonas rurales es crucial para integrar a estas comunidades en el ámbito económico y social, permitiéndoles acceder a servicios educativos, de salud y de capacitación profesional. La inversión en infraestructura tecnológica es una prioridad para lograr que todas las regiones participen en el crecimiento económico (Navarro & Díaz, 2023).

5. Políticas de desarrollo sostenible y adaptadas al contexto local: para alcanzar mejoras sustantivas en desarrollo humano; las políticas de regionalización deben ser sostenibles y adaptarse a las condiciones ambientales, culturales y económicas de cada región. En muchos países, los modelos de desarrollo uniformes no han sido efectivos, ya que no toman en cuenta las particularidades de cada territorio. Por ejemplo, en Perú y Bolivia, los enfoques de desarrollo adaptados a las condiciones geográficas y culturales de las comunidades han mostrado mejores resultados que las estrategias generales (Chávez & Ramos, 2023).

De acuerdo con un informe de la FAO, las políticas agrícolas y de desarrollo rural deben diseñarse en función de las capacidades productivas y ecológicas de cada región para evitar problemas de degradación ambiental y garantizar la sostenibilidad a largo plazo (FAO, 2023). Esto también permite diversificar la economía en zonas que tradicionalmente dependen de un solo sector productivo, lo cual contribuye a reducir la pobreza y mejorar las oportunidades laborales en áreas menos desarrolladas.

  1. RECOMENDACIONES PARA UNA REGIONALIZACIÓN EFECTIVA

Fortalecer las capacidades institucionales locales: capacitación técnica, gestión pública profesional y planificación territorial.

Establecer esquemas de financiamiento equitativos y sostenibles: evitar la dependencia total de transferencias.

Promover la participación activa de los ciudadanos en la planificación y ejecución de planes estratégicos orientados a sus regiones.

Invertir en conectividad territorial e infraestructura básica, reduciendo la marginación rural y periférica.

Diseñar modelos adaptativos, sensibles a las realidades sociales, culturales y ambientales de cada región.

  1. REFLEXIONES FINALES.

De la exégesis de los modelos de regionalización en América Latina abarcados en este artículo, destaca la preponderancia de robustecer las políticas tendientes a fortalecer de manera vigorosa proyectos de descentralización y desconcentración administrativa y de gobernanza; como medios para fortalecer la equidad y el desarrollo humano en las regiones periféricas. La regionalización surge como una estrategia para enfrentar el tradicional centralismo que limita el desarrollo equitativo y la autonomía de las regiones, permitiendo así una mayor adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de cada área. A través del estudio de experiencias en distintos países de la región, se observa que, si bien algunos han avanzado hacia modelos de descentralización exitosos, otros enfrentan importantes desafíos debido a estructuras centralistas rígidas y a una falta de capacidad institucional a nivel local.

La diferenciación entre desconcentración y descentralización resulta fundamental en el proceso de regionalización. La desconcentración permite una proximidad operativa sin transferir autonomía plena, mientras que la descentralización conlleva una transferencia real de poder político y financiero. Ambas estrategias, aunque distintas, pueden ser implementadas de manera complementaria, dependiendo de las capacidades y necesidades de cada país.

Por último, se proponen recomendaciones específicas para una regionalización efectiva, como la inversión en infraestructura y tecnología, el fortalecimiento de capacidades locales, y la implementación de mecanismos de participación ciudadana, todo ello orientado a reducir las desigualdades territoriales. Se concluye que una regionalización bien estructurada puede ser un instrumento clave para un desarrollo más justo y sostenible en América Latina, promoviendo una gobernanza equitativa y mejorando la vida de los habitantes de las zonas periféricas, hasta ahora en desventaja con las urbanas.

  1. REFERENCIAS BIBLIORÁFICAS

Alonso, R. (2023). Desafíos del centralismo en la gestión territorial de América Latina. Revista de Economía Regional, 14(2), 50-66.

Americas Georgetown. (2023). Regionalización y comercio en América Latina: Retos y oportunidades para la integración económica. Americas Georgetown. https://americas.georgetown.edu/

Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Descentralización fiscal en América Latina: desafíos y oportunidades. BID.

Banco Mundial (2022). Gobernanza local y desarrollo territorial en América Latina.

Banco Mundial. (2023). Fortalecimiento de la gobernanza local en América Latina. Banco Mundial.

Bianchi, P. (2022). Descentralización fiscal en Argentina: un análisis crítico. Revista de Economía Regional, 15(3), 89-105.

Bianchi, P. (2023). Descentralización en Chile: de la desconcentración a la autonomía regional. Revista de Estudios Regionales, 15(2), 65-83.

Bianchi, P. (2023). Participación digital y descentralización en Uruguay. Revista de Estudios Regionales, 15(2), 84.92.

Carrillo, M., & Martínez, J. (2023). Desafíos de la regionalización en Chile: gestión de recursos naturales y descentralización. Estudios Regionales Latinoamericanos, 12(2), 78-94.

CEPAL. (2023). Infraestructura para el desarrollo regional en América Latina. CEPAL.

Chávez, R., & Ramos, F. (2023). Centralismo en Perú: obstáculos para la descentralización. Revista de Política y Sociedad, 14(1), 56-73.

Chávez, R., & Ramos, F. (2023). Modelos de desarrollo adaptado en la Amazonía peruana y boliviana. Revista de Política y Sociedad, 14(3), 78-92.

Costa, R. (2024). El federalismo brasileño y las disparidades regionales. Estudios Políticos de América Latina, 19(3), 120-134.

Daza, P. (2022). Impacto del centralismo en el desarrollo económico y social en América Latina. Economía y Sociedad, 25(4), 189-207.

Daza, P. (2022). La regionalización en el desarrollo económico de América Latina. Economía y Sociedad, 25(4), 189-207.

Díaz, M. (2022). Modelo participativo en la descentralización costarricense. Revista de Ciencias Sociales, 10(2), 102-120.

Estevadeordal, A. (2024). Consecuencias de las políticas centralistas en América Latina. Journal of Latin American Studies, 36(1), 34-52.

Estevadeordal, A. (2024). Integración regional en América Latina y su impacto en el desarrollo económico. Journal of Latin American Studies, 36(1), 34-52.

FAO. (2023). Desarrollo rural sostenible en América Latina. FAO.

Ferreyra, A.B., & Romero C.D. (2023). Políticas regionales para la diversificación económica en Mendoza y Córdoba. Revista Desarrollo Regional Argentino, 15 (2), 123-145.

Fernández, L. (2023). El centralismo y sus efectos en las desigualdades territoriales en América Latina. Estudios Sociales Latinoamericanos, 10(1), 78-95.

Flores, S. (2023). Centralismo y regionalización en México: desafíos y perspectivas. Revista Mexicana de Desarrollo Regional, 7(1), 45-62.

Foro Económico Mundial. (2023). Índice de Competitividad Regional en América Latina. Foro Económico Mundial.

Fuentes, L. (2023). El centralismo en Chile y sus efectos en el desarrollo regional. Revista Chilena de Política, 18(4), 95-110.

García, T. (2023). Autonomía local y regionalización en México. Estudios de Desarrollo y Sociedad, 5(2), 101-115.

Gómez, J. (2023). Políticas centralistas y sus repercusiones en América Latina. Revista de Ciencias Políticas, 12(3), 87-100.

González, A. (2023). Centralismo y autonomía regional en Chile: un análisis actual. Revista de Estudios Chilenos, 11(3), 87-102.

González, M. (2022). Desarrollo regional en Perú: un análisis de la región de Cusco. Revista Peruana de Desarrollo, 13(1), 54-71.

Gutiérrez, J., & Pérez, S. (2023). Transparencia y corrupción en la descentralización latinoamericana. Estudios sobre Desarrollo y Política Pública, 7(4), 120-134.

Gutiérrez, J., & Quintero, F. (2023). Políticas de desarrollo territorial en Colombia: ZODES y PDET. Revista de Economía y Desarrollo Territorial, 8(4), 150-167.

Hernández, R., & Torres, M. (2022). Desafíos del federalismo en México: una mirada desde los estados. Revista Mexicana de Ciencia Política, 15(2), 23-41.

Kotschwar, B. (2023). Desarrollo local y regionalización en América Latina. Latin American Cultural Studies, 12(3), 119-132.

Lagos, F. (2023). El papel del centralismo en el desarrollo de Chile. Revista de Política Latinoamericana, 10(1), 30-48.

López, J. (2023). Descentralización en Argentina: un camino lleno de obstáculos. Revista de Análisis Político, 9(3), 72-88.

López, J., & Sánchez, A. (2022). Gobernanza democrática y participación ciudadana en América Latina. Revista Latinoamericana de Ciencia Política, 10(1), 40-55.

Martínez, L., & González, A. (2021). Diferencias entre desconcentración y descentralización en la administración pública. Revista de Gestión Pública, 14(1), 25-41.

Martínez, L., & Salazar, F. (2023). Antioquia y el desarrollo rural: un modelo de regionalización exitosa en Colombia. Revista de Desarrollo Rural y Regionalización, 14(1), 40-59.

Martínez, L., & Zárate, F. (2022). Descentralización en América Latina: logros y desafíos en el ámbito regional. Revista de Estudios Políticos Latinoamericanos, 16(1), 40-56.

Martínez, S., & Sánchez, A. (2022). Innovaciones en la gestión regional en México: el caso de Jalisco. Revista de Estudios Mexicanos, 17(4), 123-139.

Mejía, T. (2023). Transferencias fiscales en Colombia: un análisis crítico. Revista de Economía y Desarrollo Territorial, 8(3), 89-105.

Mejía, T., & Gómez, P. (2023). La financiación del desarrollo regional en Colombia: un análisis crítico. Revista de Política y Desarrollo, 12(2), 112-129.

Mendoza, C. (2023). Regionalización y descentralización administrativa en América Latina. Revista Latinoamericana de Políticas Públicas, 9(2), 42-56.

Navarro, C. (2022). Centralismo y sus efectos en el desarrollo regional en Argentina. Revista Argentina de Ciencia Política, 22(1), 11-27.

Navarro, C., & Díaz, M. (2023). Tecnología y conectividad en el ámbito rural de América Latina. Revista de Políticas Públicas, 12(2), 110-126.

OCDE. (2023). Descentralización fiscal y desarrollo regional en América Latina. OCDE.

OCDE. (2023). Informe sobre Gobernanza y Descentralización en América Latina. OCDE.

Oliveira, R. (2022). Desafíos de la descentralización en Brasil: un enfoque regional. Revista Brasileña de Estudios Políticos, 16(3), 99-115.

Pérez, J. (2022). El centralismo en el gobierno peruano y sus efectos en las regiones. Revista de Estudios Peruanos, 14(2), 87-100.

Pérez, M., & Cárdenas, R. (2023). Homogeneización cultural y regionalización en América Latina. Revista de Innovación Regional, 11(1), 20-36.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). Índice de Desarrollo Regional 2022. PNUD.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). Informe sobre participación ciudadana y descentralización. PNUD.

Ríos, L., & Vargas, S. (2023). Descentralización y centralismo en Perú: un análisis contemporáneo. Revista de Política y Sociedad, 14(2), 42-58.

Rodríguez, A., & Torres, D. (2022). El centralismo fiscal en América Latina y sus impactos en el desarrollo regional. Medio Ambiente y Desarrollo, 18(4), 120-139.

Rodríguez, M. (2023). Capacidades institucionales locales y descentralización en América Latina. Revista de Administración Pública, 19(2), 32-47.

Sánchez, J., & Arrieta, P. (2022). Políticas centralistas y exclusión cultural en América Latina. Revista de Ciencias Sociales, 15(3), 215-233.

Silva, M., & Pereira, D. (2023). Desigualdades regionales en Brasil: un estudio crítico. Revista de Estudios Brasileños, 19(1), 60-75.

Solano, M.E. (2024). Turismo sostenible en Guanacaste: adaptación a politicas nacionales a necesidades locales (tesis Licenciatura Universidad Nacional, repositorio).

Soto, R., & Mora, C. (2023). Consejos de Desarrollo Regional en Costa Rica: un modelo participativo. Revista de Administración Pública, 15(4), 27-41.

Universidad de Barcelona. (2022). La regionalización en América Latina y sus implicaciones socioeconómicas. UB Digital Repository. https://www.ub.edu/

Vargas, E., & Solís, F. (2023). Descentralización en Costa Rica: un análisis de los logros y desafíos. Revista Centroamericana de Política, 11(2), 34-49.

*https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026.pdf

El Escudo de la Vergüenza: Costa Rica a los pies del Trumpismo

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

La historia de Costa Rica, esa que se construyó sobre los cimientos de la paz, la neutralidad y el respeto sagrado a la dignidad humana, está siendo subastada en el mercado de la geopolítica más rancia. Lo que hoy presenciamos no es “diplomacia pragmática”; es una capitulación absoluta. Rodrigo Chaves y su heredera política, Laura Fernández, han decidido canjear la soberanía nacional por una palmadita en la espalda de la Casa Blanca de Trump, sometiendo al país a un neo-colonialismo fascista que se disfraza de seguridad.

El “Escudo” que oculta la entrega

Bajo el rimbombante y opaco nombre de “Escudo de las Américas”, el oficialismo ha sellado un pacto de sumisión que se niegan a transparentar del todo. Este acuerdo, lejos de ser una herramienta eficaz contra el narcotráfico, funciona como una correa de transmisión para las políticas represivas de Washington.

No es solo el despliegue de una retórica militarista ajena a nuestra idiosincrasia; es la aceptación de Costa Rica como el “patio de atrás” donde el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) puede descargar sus crisis humanas. La reciente noticia de que el país aceptará deportados de terceros países —seres humanos tratados como mercancía descartable— es la prueba fehaciente de que la “Suiza Centroamericana” ha pasado a ser una sucursal del sistema penitenciario federal estadounidense.

Randall Gamboa: El rostro de la traición

Mientras Chaves y Fernández sonríen en cumbres en Florida, la realidad se escribe con sangre y dolor. La memoria de los héroes nacionales, de Juanito Mora y Juan Santamaría, es insultada cada vez que este gobierno guarda un silencio cómplice ante los atropellos de sus aliados.

Pero el insulto más grave es a los vivos y a los deudos de Randall Gamboa Esquivel. Randall, un costarricense de 52 años que salió del país con salud y sueños, fue capturado arbitrariamente por el ICE.

Tras meses de detención en condiciones que solo pueden calificarse de inhumanas, fue devuelto a suelo tico el 3 de septiembre de 2025 en un avión ambulancia, en estado crítico y sin explicaciones. Su fallecimiento el 26 de octubre es un recordatorio brutal de lo que significa ser un “aliado” de una potencia que no distingue entre aliados y vasallos.

¿Dónde estuvo la cancillería? ¿Dónde estuvo la “mano dura” del Ejecutivo para exigir justicia por un compatriota torturado por el sistema migratorio al que hoy le rinden pleitesía?

Una quimera llamada rectificación

La presidente electa, Laura Fernández, ha dejado claro en sus intervenciones de febrero que su hoja de ruta es la continuidad del autoritarismo y la genuflexión. Su promesa de profundizar la “mano dura” y su alineamiento incondicional con las políticas de Washington sugieren que la dignidad nacional seguirá en ‘el cuarto de San Alejo’ como dicen en Colombia.

Esperar que Fernández rectifique esta errática y vergonzosa política exterior parece, hoy más que nunca, una quimera. Sin embargo, la historia no olvida a quienes, por un destello de poder efímero, entregan el honor de una República que una vez fue ejemplo de paz para el mundo.

Chaves pasa de ser un Jaguar —matón de barrio bajo— qué insulta a diputados, magistrados y periodistas, a un simple gatito sumiso ante las imposiciones del convicto presidente naranja de la decadente potencia. Su lacayismo es tan grande como su desdén por nuestra historia democrática.

¡La soberanía no se negocia!

¿Cumbre de las Américas, de Alto o de Bajo Nivel?

La nueva arquitectura política y militar que Trump intenta imponer en el continente

Vladimir de la Cruz

Hace pocos días, el 7 de marzo, el presidente de los Estados Unidos se reunió, con varios presidentes de América Latina y el Caribe, en lo que denominó “una cumbre de alto nivel” para tratar con ellos asuntos de “seguridad regional”, “enfrentar bandas narcocriminales” en el continente, “reducir la migración ilegal” y, especialmente, imponer límites a la “influencia de China en América Latina”. También se trataron temas de “inversión”, “promoción de los intereses estadounidenses”

Doce presidentes del continente asistieron a su convocatoria. Ellos fueron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura, de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Panamá, José Raúl Mulino; de Guyana, Irfaan Ali; de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. A esta reunión Trump no invitó a la presidenta recién electa de Costa Rica, Laura Fernández, aunque sí la recibió aparte con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves.

La reunión de la llamada “Cumbre de alto nivel” no fue en Washington, en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado. Fue sencillamente en el Club y campo de golf, en el Trump National Doral Hotel, en Miami, quizá con una visita obligada a Mar-a-Lago, a su sitio de placer y descanso, en el Estado de Florida, en lo que pudo ser una reunión de placer con la sesión de “trabajo” para oír al Presidente Trump imponiéndoles su agenda, diciendo tonterías, expresando amenazas contra países, y sometiéndolos en su ruta geopolítica, aparte de recibirlos escupiéndoles en la cara, indicándoles que no les hablaría en “su maldito idioma español”, lo que generó risueñas manifestaciones gestuales en los rostros de los invitados. Solo les faltó aplaudir.

Entre las tonterías que dijo Trump fue que “entre las cosas buenas que le está pasando a Venezuela es que podría llegar a ser el Estado 51 de la Unión Americana”, después de la intervención militar que realizó el 3 de enero y del Protectorado que ha impuesto en ese país. Después de esa introducción todos empezaron a hablar en inglés.

El jefe de la diplomacia estadounidense, como un gesto de buena voluntad y quizá para igualar los ánimos expresados en los gestos, Marco Rubio, nacido en Estados Unidos, de padres cubanos emigrados antes de la Revolución Cubana, antes de 1960, se dirigió al presidente Trump, “pidiéndole permiso” para hablar en “español” ante los latinoamericanos que había convocado. Trump por su parte enfatizó que a él le traducían si fuera necesario.

Mínimo decoro, mínima decencia, mínima dignidad, y mínimo sentido patriótico y nacional, hubiera sido que todos los invitados a ese “week end florideño”, donde quizá les mostraron, en ese mismo lugar, las andanzas de Jeffrey Epstein, con el mismo Trump, con su corte de jóvenes adolescentes, muchas se dice, menores de edad, situación escandalosa y parlamentaria en Estados Unidos, que trata de ocultar con su criminal guerra en Irán y en el Medio Oriente, donde no le está yendo tan bien.

Evidentemente, ese sentimiento y orgullo patriótico latinoamericano no apareció por ningún lado. Todos ellos, como agentes vendedores de las riquezas naturales de sus países, vendedores de las soberanías nacionales, y como representantes de los intereses extranjeros estadounidenses en sus países, se alinearon con los elementos geoestratégicos y geopolíticos de Trump hacia el continente, para ver quien sacaba más, en medio de las posiblemente “ricas atenciones” que disfrutaron en los sitios de reunión donde los tenían concentrados.

Doce países de 34 que tiene oficialmente la Organización de Estados Americanos, es lo que llamaron “Cumbre de Alto Nivel”. Doce países que no representan ni el 25% de la población de toda Latinoamérica y el Caribe.

No fueron invitados, ni tomados en cuenta los países pequeños del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Tampoco invitaron a Surinam, ni a Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay, así como tampoco a Venezuela, Nicaragua, Canadá, ni a Cuba, que para todos los efectos ya forma parte como país membro de la OEA, aunque Cuba desista en participar de ese organismo continental.

¿Cómo puede entenderse una “Cumbre de Alto Nivel” de América Latina si no están allí, al menos, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay? Se puede comprender que Venezuela, Nicaragua y Cuba no hubieran sido tomados en cuenta.

Los que llevaron a Miami eran sencillamente los fieles representantes de los países felpudos de la política exterior de los Estados Unidos en el continente. Esa fue una “Cumbre del más Bajo Nivel” de los países seleccionados para decir “yes man”…ante las acciones agresivas, injerencistas e intervencionistas que pueda realizar Trump em Cuba, Nicaragua, Colombia o cualquier otro país que se le ocurra calificarlo de narco Estado, narco Fallido, para indicar la necesidad de decir y reclamar por un “Estado ocupado” …

Es natural la reunión con los convocados porque Trump todavía abriga los deseos intervencionistas en Groenlandia; en Canadá, de quien ha planteado que pueda ser parte de la Unión Americana; en México de intervenir en toda la frontera común con su ejército para enfrentar las bandas narcodelincuentes que allí existen; en Panamá, donde ya plantó nuevamente su bota opresora en el control del Canal transístmico; em Colombia donde trató de vincular al presidente Petro con la narcodelincuencia y el narcoterrorismo, en Nicaragua y Cuba donde ha señalado que deben constituirse gobiernos, como el de Venezuela, después del secuestro del presidente Maduro, totalmente alineados a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos, especialmente en lo referente a la presencia continental de Rusia, la República Popular China e Irán, y de agudizar el bloqueo a Cuba, procurando con él un levantamiento de la población contra su gobierno acusándolo de ser el culpable de la mala situación social y económica que viven los cubanos.

Si en Cuba hay mala situación no es por el gobierno, es por el criminal e infame bloqueo de más de 60 años.

En el caso cubano Trump está yendo más lejos. Amenaza con una intervención militar directa, para la cual hasta ha hecho el anuncio de un posible Gobierno que ya tiene formado con cubanos de Miami, y hasta con el mismo Marco Rubio. Pero, cuidado, Cuba no es Venezuela ni La Habana es Caracas. Cuba asemeja un portavión gigante a pocas millas de Estados Unidos. Con lo que vemos de la guerra contra Irán, y su capacidad defensiva, podemos entender por qué Trump no quiere que Cuba socialista exista a 90 millas de sus costas.

Con la celebración de esa “Cumbre de Bajo Nivel”, Trump ha dado un golpe a la Organización de Estados Americanos. Ha propuesto de hecho un nuevo escenario de relación continental de los Estados Unidos con Latinoamérica.

La Organización de Estados Americanos es hoy un organismo político continental debilitado. Ni siquiera opera ya como el clásico organismo de colonias que tenía Estados Unidos en su política continental.

La nueva relación establecida por Trump está bajo el diseño de un nuevo concepto actualizado de la vieja Doctrina Monroe, de 1823. En sus relaciones con América Latina definieron, desde aquella época, la política de que el continente americano debía estar al margen de las expansión imperialista y neocolonial que impulsaban países europeos como Inglaterra y Francia, presentándose los Estados Unidos como el país guardián, ante esas amenazas, y como el país que respetaba la Independencia, la Soberanía y la Libertad de los países que acababan de romper con el yugo colonial español.

Estados Unidos impulsó en el continente, desde 1811, la Política del Principio de No Transferencia que pretendía detener que los territorios americanos pasaran a manos de las potencias europeas como lo pretendía Inglaterra en el Cono Sur, en esos años

Los años siguientes, en el continente, Estados Unidos desarrolló la Doctrina Monroe. El 2 de diciembre de 1823, en su sétimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, el presidente Monroe declaró que los Estados Unidos tenían el “carácter elegido”, la “idea americana” de la “defensa” de las Américas, considerando que los esfuerzos ingleses de controlar o influir, particularmente, en Suramérica debían considerarse una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Luego siguieron con la doctrina del Destino Manifiesto, en la segunda mitad del siglo XIX, que permitió la expansión de los Estados Unidos con la usurpación de los territorios de México. En 1846 Estados Unidos impuso a Colombia el Tratado Mallarino-Bidlack, con el cual se aseguró el derecho de tránsito por el Istmo de Panamá a cambio de garantizar la soberanía colombiana sobre el territorio. Poco tiempo después, con los filibusteros en Centroamérica, intentaron adueñarse, en 1856-1857, de todos los países centroamericanos. También la expansión con la compra de los territorios de la Luisiana francesa, la Florida española, en 1819, el Alaska ruso, en 1867, y la usurpación de las tierras indígenas de la América estadounidense en su proyección hacia el oeste, con motivo de la extracción minera de California, así como con la Guerra Hispano Estadounidense, a finales del siglo XIX, que proyectó a Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico, Filipinas. De esa guerra se quedó con la región de Guantánamo en Cuba, estableciendo en Cuba durante 1901-1902, la llamada República Plattista, resultante de la Enmienda Platt que le fue incorporada, por imposición, a la Constitución cubana de esos días. Igual fue su participación intervencionista para la segregación de Panamá, de Colombia, con la intención de quedarse con el dominio de la construcción del canal interoceánico.

A finales del siglo XIX, los Estados Unidos impulsaron la Doctrina Monroe bajo el concepto del Gran Hermano, tratando de unir a los países del continente alrededor de su mercado y de sus políticas comerciales, y proyectándose como mediador de conflictos fronterizos, como lo fue el de Esequibo que enfrentó a Venezuela con Inglaterra, que se sigue manteniendo entre Venezuela y la Guyana, hoy disputando franjas petroleras y mineras, o el conflicto fronterizo de Nicaragua y Costa Rica. Así fue la intervención militar en 1902-1903 en Maracaibo, Venezuela.

A principios del siglo XIX impulsaron la política del Gran Garrote, que les permitía y justificaba intervenir en países, especialmente del Caribe. La Doctrina del Gran Garrote garantizaba que los países cumplieran con sus obligaciones con los acreedores internacionales y no violaran los derechos de Estados Unidos, ni invitaran a una «agresión extranjera en detrimento de todo el conjunto de las naciones americanas». Igualmente ejercían control de aduanas. Con ello también buscaban restablecer estabilidades internas en las regiones o países que intervenían. Los mismos argumentos que hoy emplea Trump.

Roosevelt, como lo hace Trump, declaró que Estados Unidos podría “ejercer poder policial internacional en “casos flagrantes de tal irregularidad o impotencia”. De esa manera intervino en Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana.

Roosevelt afirmó: «No garantizamos a ningún estado contra el castigo si se comporta mal», nada alejado de las frases y expresiones que Trump acostumbra a manifestar como amenaza a quien no se le someta, asegurando de esa forma el derecho de Estados Unidos a intervenir en Latinoamérica en casos de «faltas flagrantes y crónicas por parte de una nación latinoamericana» para evitar la intervención de los acreedores europeos.

También se impuso la llamada Diplomacia del Dólar: lo que no podían hacer a la fuerza lo harían mediante las intervenciones e inversiones económicas, facilitando que las corporaciones que se beneficiaban colaboraran de esa manera con la seguridad nacional estadounidense, evitando la presencia financiera y económica de países europeos.

Trump está reinterpretando en tiempo actual la Doctrina Monroe, actuando directamente, por la fuerza allí donde lo considere necesario, en su visión global, en cualquier parte del mundo. Para eso tienen más de 800 bases y emplazamientos militares en más de 100 países.

En el ambiente de la II Guerra Mundial desarrollaron la política de Buena Vecindad. Pero, al terminar la II Guerra Mundial, junto con Inglaterra, Estados Unidos impulsó la Guerra Fría y de nuevo políticas agresivas. El mundo fue dividido en los países que estaban detrás de la llamada Cortina de Hierro, en Europa, y detrás de la llamada Cortina de Bambú, en el Asia, con motivo del surgimiento de nuevos países socialistas. Al interior de los Estados Unidos durante la década de 1950-1960 las políticas macartistas definieron las políticas internas represivas, y a nivel continental desde finales de la década de 1940, se impulsaron las doctrinas económicas de Plan Clayton y de las doctrinas militares del presidente Truman. Con estas se fortalecieron regiones agrícolas para evitar guerrillas campesinas. Con la doctrina Truman se le dio impulso a las bases militares en el Canal de Panamá para preparar los ejércitos de los países latinoamericanos en su lucha anticomunista y de contrainsurgencia guerrillera.

A nivel de América y de Centroamérica, con motivo del triunfo de la Revolución Cubana se impulsó el Plan de la Alianza para el Progreso, y a nivel militar el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que unía a los ejércitos de Centroamérica.

De esta Doctrina de Truman surgió el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con la intención de crear una Fuerza Interamericana de Paz, un ejército continental en capacidad de enfrentar cualquier expansión soviética al continente, o cualquier amenaza extracontinental a cualquier país latinoamericano, obligando a su segura defensa hemisférica, lo que no sucedió en la Guerra de las Malvinas, ni con las intervenciones de los Estados Unidos en 1965, cuando invadió República Dominicana, resultado un gobierno militar 13 años, o cuando el gobierno democrático del Estado Socialista de la isla Granada, en el Caribe, que dirigieron en sus dos gobiernos, Maurice Bishop y Bearnard Coard, quien fue derrocado por una intervención militar estadounidense en 1983.

Con la doctrina Truman se impulsaron dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y despóticos, persecuciones y represiones anticomunistas en el continente.

Con el gobierno de Trump, en este segundo período, se proyecta su doctrina política y militar de modo más agresivo. Haciendo guerras, interviniendo países, secuestrando presidentes y amenazando con hacerlo si es necesario a sus intereses de seguridad nacional. Los objetivos de la acción militar Trump los podemos ver así, como ha sucedido con Venezuela:

Primero: control de las relaciones internacionales de Venezuela en el contexto mundial, considerando esa proyección dentro de esas relaciones de Estados Unidos. Debilitar y quebrar las relaciones con Rusia, con la República Popular China, con Irán, con Cuba principalmente.

Segundo: ejercer control de la producción petrolera venezolana, considerada una de las reservas mundiales más importantes. Las primeras acciones después de la intervención militar y de las relaciones que han establecido con las autoridades a cargo del gobierno venezolano así lo demuestran. Control de otros minerales que consideren importantes, oro y las llamadas tierras raras.

Tercero: informar al mundo que Estados Unidos no acepta países latinoamericanos disidentes de su esquema de política exterior, en el contexto mundial de países que surgen como rectores hegemónicos mundiales, como son Rusia y China particularmente. De manera especial China que se proyecta como la principal economía del mundo a partir del 2030.

Cuarto, establecer bien claro el Meridiano que separa al continente de Europa.

A la par de la llamada “Cumbre de Alto Nivel” Trump también hizo una Mini Cumbre de Ejércitos del continente. La llamó “Conferencia de las Américas contra los Carteles. Declaración conjunta de Seguridad”. Tiene más de aspectos políticos, económicos que militares. Trump, en ese diseño geopolítico, ha impulsado la llamada Junta de la Paz, casi sustitutiva de la ONU.

En el continente, el presidente Donald Trump reunió el pasado 4 y 5 de febrero, antes de la reunión con los presidentes felpudos, también en Miami, en su club familiar de Mar-a-Lago, a representantes de los Ministerios de Defensa y de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con el propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

A esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, fueron invitados Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, la Republica Cooperativa de la Guyana, Jamaica, la República de Trinidad y Tobago, Las Bahamas, Belice y Costa Rica, que no tiene ejército por prohibición constitucional.

No invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que solos ellos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes, en ese organismo que ha creado, donde él gobierna y manda, y los ministros, y presidentes, de esas pequeñas naciones obedecen.

La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente, Trump ha creado un círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump.

Esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios de materias primas que esas guerras produzcan.

Esta iniciativa militar “liquida” al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA. Impulsa un grupillo de países con poca capacidad militar para justificar, bajo la jefatura del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos acciones militares en el continente, cuando así lo decidan y declaren de conformidad a lo acordando el 4 y 5 de marzo en Doral, Miami, frente a las amenazas que enfrenta el Hemisferio Occidental, para combatir el narcoterrorismo, fortalecer la seguridad hemisférica y las esferas que se determinen mutuamente, para “promover la paz a través de la fortaleza”, quedando al frente de esta alianza militar Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos.