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¿Qué nos espera?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Con frecuencia, en estos días oscuros, muchos que sí tememos a la dictadura y a la desaparición de jueces independientes que garanticen nuestros derechos, nos preguntamos, con angustia, qué nos espera. Intentaré resumir algunas percepciones y los fundamentos que las apoyan.

  1. Un tsunami neoliberal, reaccionario, neofascista, antidemocrático, autocrático y de extrema derecha arrasa el mundo occidental, cuna y terreno donde por algo más de dos siglos ha florecido, con grandes altibajos, la democracia liberal/republicana clásica.
  2. Este movimiento político nefasto está en su mejor momento. Lo vemos con espanto cómo ha tomado a los Estados Unidos de América y a varios países del sur del continente. También tomó a países de la antigua Europa Oriental y conforman fuertes corrientes partidarias en el occidente europeo.
  3. No obstante, hay indicios de que esas fuerzas políticas regresivas, montadas sobre las bestias del ultra-nacionalismo, el fundamentalismo religioso, la xenofobia, la represión migratoria, el antifeminismo y la agresión a las minorías identitarias, no son sostenibles en el mediano plazo. Lo evidencia el derrocamiento, en las urnas, de Orbán en Hungría, y se concretan y anuncian fuertes golpes, también electorales, contra el trumpismo estadounidense. El desastre económico del desquiciado mental de Milei en Argentina, augura asimismo un cambio más temprano que tarde.
  4. En Costa Rica, el chavismo constituye la expresión vernácula de esa oleada antidemocrática. Hemos seguido el libreto: una democracias que no le ha llegado a amplios sectores de la población, ni para brindarle servicios básicos, ni para garantizarle derechos fundamentales. A esta realidad se ha unido la corrupción público/privada de la clase política tradicional y la emergencia de la criminalidad organizada y transnacional, sobre todo del narcotráfico.
  5. El terreno estaba por completo abonado para que surgiera el chavismo, la promesa demagógica y populista, el mesianismo que nos tiene ya hace casi cinco años en la crispación y la polarización, el espectáculo politiquero y la venta de supuestas soluciones que no alcanzan a solucionar los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Los servicios siguen deteriorándose, la corrupción se agrava, los derechos se neutralizan o anulan.
  6. Idea cardinal y decisiva de este populismo de derecha que nos gobierna fue la necesidad de obtener una mayoría calificada (40 diputaciones) para poder llevar a cabo las transformaciones que propugna: una copia de lo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador: una mayoría aplastante en el Poder Legislativo que le permitiera tomar por asalto a la Corte Suprema, destituir magistrados, conformar un Tribunal Constitucional complaciente, nombrar a un amigo como Jefe del Ministerio Público; además, una supresión de las garantías propias del Estado de Derecho; una declaración –supuestamente temporal pero que ya lleva años- de un estado de sitio que se prolonga indefinidamente; y un sistema electoral que asegure el continuismo perpetuo de la élite autocrática al mando.
  7. Pero eso no sucedió en nuestro país. El Partido Pueblo Soberano, de Chaves y Fernández, aunque ganaron holgadamente, no obtuvieron la mayoría calificada a la que aspiraban. Se quedaron a siete diputaciones de poder hacer lo que les diera la gana con este Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. La consecuencia más relevante de esta realidad política y que se ha ido develando en los últimos meses es que, llevados por el triunfalismo y la prepotencia, no previeron un PLAN-B, y ahora están dando palos de ciego en casi todos los temas transcendentales para el país.
  8. Es ya patente que el show mediático con caravanas blindadas y ruido de sirenas, las conferencias-arengas de los miércoles, las supuestas conspiraciones y atentados contra los dignatarios, y los proyectos de ley en materia penal por completo inviables por inconstitucionales, no dan abasto para legitimar la ausencia de programas de gobernanza y políticas públicas eficaces. Tampoco es suficiente la estrategia de culpar al Poder Judicial y sus órganos auxiliares por el problema de inseguridad que azota al país y que, en los últimos días ha desnudado quiénes son los que realmente están penetrados hasta el tuétano –el Poder Ejecutivo y sus cuerpos policiacos- y quiénes están cumpliendo con sus obligaciones y asestando rudos golpes al crimen organizado, a saber, el OIJ, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
  9. Los escenarios que enfrenta el chavismo son básicamente tres:

    9.1. Aceptar la dura realidad de que ya no van a poder hacer aquí lo que Bukele está haciendo con el pueblo salvadoreño y, con un mínimo de sensatez y estrategia política –si es que deciden tenerlas-, aceptar que deben sentarse a negociar con el bloque democrático de oposición que se ha ido consolidando en la Asamblea Legislativa. Esto significaría, entre otros asuntos álgidos,  negociar el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, girar las partidas presupuestarias congeladas al Poder Judicial y olvidarse de nuevos recortes; archivar los impuestos a la canasta básica; devolver a los trabajadores pensionados su ROP, entre otros asuntos de urgencia. Quizá, con esa inteligencia logren obtener la aprobación de leyes y proyectos que les interesen y reconstruyan su imagen frente a quienes han confiado en ellos.


    9.2. Continuar con la estrategia contumaz y atolondrada de no dialogar, no negociar, pretender torcer el brazo al Poder Judicial, llevarlo al colapso, obligarlo a deteriorar sus servicios con la peregrina idea de que la gente clamará por su cierre, en fin… conducir a una situación caótica que, estoy seguro, el mismo chavismo no sabe a dónde con exactitud puede conducir. Los chavistas -dirigentes y bases sociales-, deben darse cuenta que de esta virtual “guerra civil” no saldrá nadie ganancioso. ¿Desplegarán efectivos de la Fuerza Pública alrededor del Congreso para que no sesione? ¿Perpetrarán esa maniobra en el Circuito Judicial de San José? ¿Asfixiarán presupuestariamente a la Administración de Justicia y los otros entes de control y contrapeso? ¿Cuál puede ser el desenlace de semejante maniobra?, ¿provocar un enojo enardecido de la población contra las agencias  judiciales, o se les devolverá como búmeran? ¿Serán capaces de desatar un enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial? ¿Qué diablos estará pasando por esas cabecitas?


    9.3. Otra apuesta, que puede sonar descabellada pero que nunca se  sabe, es que el chavismo continuista esté apostando a pedir intervención extranjera, para imponer un Estado de Excepción dictatorial. Ya hemos visto a Rodrigo Chaves coquetear con el ejército salvadoreño y, en la de menos, también puede estar acariciando la ilusión de que el amo supremo, Donald Trump, se apunte a la aventura. Ya lo hemos visto asimismo medir fuerzas entre número de efectivos con los que contaría versus los efectivos de la Policía Judicial. Pero en este punto hay una cuestión medular que no debe olvidarse. Hasta ahora, los entes que han contado con la confianza y apoyo de las agencias estadounidenses (CIA, DEA, Embajada, Departamento de Estado) han sido el Ministerio Público y el OIJ, y no tanto el Poder Ejecutivo y sus instancias de policía. Además, Costa Rica no tiene el peso geopolítico suficiente como para justificar una intervención tipo Venezuela. El Tío Sam tiene en estos momentos demasiados frentes abiertos en el mundo, y en este país no se vislumbra una fuerza política alternativa, de izquierda radical y antiimperialista,  que amenace la tradicional alianza con los Estados Unidos. Así que este escenario, salvo que todos se vuelvan por completo locos, es el menos probable.


    10. Seamos pues moderadamente optimistas. Confiemos en que el tsunami neoliberal de extrema derecha siga evidenciando sus alcances limitados en todo el mundo. Confiemos en que la sociedad costarricense comience a detectar el callejón sin salida en el que nos ha metido el chavismo. Confiemos en que el populismo demagógico del continuismo se ira desgastando en sus consignas y su propia incapacidad para cumplir promesas. Confiemos, en fin, en que la gente empezará a manifestarse y organizarse para salvar la aspiración democrática, pacífica y justa que supieron heredarnos los abuelos y abuelas.

OES UNA: Primeros cinco meses del año reflejan deterioro fiscal del país

Escrito en . Publicado en Análisis.

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presenta este análisis de la situación fiscal de Costa Rica con información disponible al cierre del quinto mes de 2026, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a la discusión sobre la coyuntura fiscal y su incidencia en el desempeño de la economía nacional.

El documento analiza tres componentes fundamentales de las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno Central, el gasto público y el resultado fiscal. Asimismo, presenta una actualización de las proyecciones sobre la trayectoria del endeudamiento público al cierre de 2026, elaboradas con base en la información más reciente disponible, con el fin de valorar las perspectivas de sostenibilidad fiscal en el corto plazo.

1. Ingresos del gobierno central

En cuanto a los ingresos del Gobierno Central, su comportamiento -expresado como porcentaje del PIB- muestra la siguiente evolución al cierre de mayo de cada año, para el período 2022-2026:

Cuadro 1

Gobierno Central: Ingresos con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

INGRESOS TOTALES

6,45%

6,42%

6,20%

6,01%

5,70%

Ingresos Tributarios

5,56%

5,74%

5,49%

5,32%

5,01%

Impuesto a los ingresos y utilidades

2,23%

2,19%

1,94%

1,89%

1,81%

Sobre importaciones

0,14%

0,14%

0,14%

0,15%

0,14%

Sobre exportaciones

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

IVA

1,95%

2,07%

2,05%

2,02%

1,87%

Interno

1,25%

1,33%

1,31%

1,28%

1,20%

Aduanas

0,70%

0,74%

0,75%

0,73%

0,67%

Selectivo de Consumo

0,17%

0,23%

0,27%

0,24%

0,21%

Interno

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Aduanas

0,16%

0,22%

0,26%

0,23%

0,20%

Otros ingresos tributarios

0,97%

1,11%

1,08%

1,02%

0,97%

Contribuciones sociales

0,46%

0,48%

0,49%

0,49%

0,49%

Ingresos no tributarios

0,40%

0,18%

0,19%

0,18%

0,17%

Transferencias

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos del Gobierno Central, medidos como porcentaje del PIB, muestran una tendencia descendente al cierre de mayo durante el período 2022-2026 (Cuadro 1). En mayo de 2026, los ingresos totales representaron el 5,70% del PIB, inferior al 6,01% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,31 puntos porcentuales. Este resultado obedece exclusivamente a la disminución de los ingresos tributarios, que pasaron de 5,32% a 5,01% del PIB, constituyéndose tanto los ingresos tributarios como los ingresos totales en los niveles más bajos del período analizado.

El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ₡106.000 millones menos. Cabe señalar que marzo de 2023 constituye el mejor referente reciente en términos de recaudación de este impuesto, por lo que la magnitud de la reducción evidencia una desaceleración significativa en el rendimiento del principal tributo del Gobierno Central.

La menor recaudación del impuesto sobre la renta se explica, principalmente, por la evolución de dos de sus componentes. Por un lado, el impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas acumuló una contracción del 2,0% al cierre de mayo, en contraste con el crecimiento del 3,0% observado en igual período de 2025. Por otro lado, el impuesto sobre remesas al exterior, aplicado a los ingresos obtenidos por personas no residentes, registró una disminución del 2,7%, comportamiento asociado, entre otros factores, a la apreciación del colón durante los primeros meses de 2026, que redujo el valor en colones de las operaciones gravadas. En contraste, la recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas permaneció prácticamente estancada, al registrar una leve disminución del 0,03%, mientras que en el mismo período del año anterior mostraba un crecimiento del 5,9%.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), su recaudación también muestra una pérdida de dinamismo durante 2026. Al cierre de mayo, este tributo representó 1,87% del PIB, inferior al 2,02% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,15 puntos porcentuales del PIB. Esta disminución refleja un menor crecimiento de la recaudación en comparación con el observado el año anterior y se manifiesta tanto en el IVA aplicado a las transacciones internas como en el recaudado en aduanas.

En términos nominales, la recaudación del IVA acumuló una contracción de 3,8% a mayo de 2026, mientras que en igual período de 2025 registraba un crecimiento de 3,5%. Como resultado, la participación del IVA interno disminuyó de 1,28% a 1,20% del PIB, en tanto que el IVA de aduanas pasó de 0,73% a 0,67% del PIB, evidenciando que la desaceleración de este impuesto responde tanto al comportamiento de la actividad económica interna como al menor dinamismo de las importaciones.

Por su parte, el impuesto selectivo de consumo también redujo su participación dentro de los ingresos tributarios. Al cierre de mayo de 2026, este impuesto representó 0,21% del PIB, frente al 0,24% observado en el mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica, principalmente, por el efecto de la apreciación del colón sobre la recaudación asociada a bienes importados y por las modificaciones introducidas en la metodología de valoración de los vehículos usados.

La disminución se concentra en el impuesto selectivo de consumo recaudado en aduanas, cuya participación pasó de 0,23% a 0,20% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras que el componente aplicado a las transacciones internas se mantuvo prácticamente sin variación.

En el rubro de otros ingresos tributarios, que agrupa diversos impuestos de menor peso relativo y dentro del cual el impuesto único a los combustibles constituye el principal componente, la recaudación también disminuyó como porcentaje del PIB. Este rubro pasó de representar 1,02% del PIB en mayo de 2025 a 0,97% en igual período de 2026.

A pesar de esta reducción agregada, el impuesto único a los combustibles —que aporta aproximadamente el 64% de la recaudación clasificada en este rubro— mostró un comportamiento relativamente favorable. Su recaudación alcanzó el 0,53% del PIB al cierre de mayo de 2026, superior al 0,51% del PIB registrado un año antes. No obstante, el ritmo de crecimiento de este impuesto se desaceleró de forma importante: mientras que en los primeros cinco meses de 2025 aumentaba un 20,2% interanual, en el mismo período de 2026 el crecimiento fue de apenas 8,0%.

El segundo componente más relevante de este grupo corresponde al impuesto sobre la propiedad de vehículos, cuya recaudación pasó de 0,13% del PIB en mayo de 2025 a 0,09% del PIB en mayo de 2026. Esta disminución responde, principalmente, a la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, la cual redujo la carga tributaria asociada a este gravamen. Como resultado, aunque las importaciones de vehículos han mantenido un fuerte crecimiento en los últimos años, ello no se ha traducido en un aumento proporcional de la recaudación de este impuesto.

En términos nominales, el impuesto sobre la propiedad de vehículos registró una contracción interanual del 33,1% al cierre de mayo de 2026, en contraste con el crecimiento del 33,1% observado en el mismo período del año anterior. Este cambio refleja el impacto de la reforma tributaria sobre el rendimiento de este gravamen y explica parte de la reducción observada en el rubro de otros ingresos tributarios.

El OES complementa el análisis de los ingresos tributarios mediante el seguimiento de la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos doce meses de los distintos tipos de impuestos. Este enfoque permite identificar con mayor oportunidad los cambios en la dinámica de los ingresos fiscales y anticipar posibles efectos sobre las finanzas públicas antes del cierre del ejercicio presupuestario.

Como se observa en el Gráfico 1, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios comenzó a desacelerarse a partir de abril de 2025 y, desde marzo de 2026, las tasas de variación interanual pasaron a ser negativas, lo que significa que la recaudación tributaria es inferior a la registrada en los mismos meses del año previo. Si bien una situación similar se presentó entre marzo y julio de 2024, en aquella ocasión estuvo explicada principalmente por la menor recaudación del impuesto sobre la renta y por la fuerte contracción del impuesto sobre la propiedad de vehículos.

En contraste, la desaceleración observada en 2026 tiene un origen más amplio, ya que responde simultáneamente a la disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto selectivo de consumo, es decir, tres de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Central.

De mantenerse esta tendencia durante el resto de 2026, es previsible una nueva reducción de la carga tributaria al cierre del año, al igual que ocurrió en 2025. En consecuencia, el Gobierno Central enfrentaría menores ingresos en relación con el tamaño de la economía, lo que presionaría al alza el déficit fiscal, reduciría el superávit primario y limitaría la velocidad de disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB, e incluso podría traducirse en un incremento de esta relación si el deterioro de los ingresos no es compensado por una reducción del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Al analizar el comportamiento interanual de los principales impuestos se observa un deterioro generalizado en la dinámica de la recaudación, aunque con diferencias importantes entre los distintos tributos.

En el caso del impuesto sobre la renta, la desaceleración de la recaudación se ha intensificado desde marzo de 2026, reflejando un menor dinamismo de las utilidades gravables y un deterioro en el rendimiento del principal impuesto del Gobierno Central.

Por su parte, el IVA evidencia un comportamiento aún más preocupante. Además de la desaceleración observada desde mediados de 2025, el tributo acumula seis meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido. Esta pérdida de dinamismo se presenta tanto en la recaudación del IVA sobre las transacciones internas como en la correspondiente a las importaciones.

El impuesto selectivo de consumo también mantiene una trayectoria descendente. Desde junio de 2025 registra caídas interanuales de forma prácticamente continua, luego de varios años de un sólido crecimiento. Este comportamiento está estrechamente vinculado con la desaceleración de las importaciones de vehículos, actividad que perdió dinamismo durante 2025 y continuó mostrando un menor ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2026, reduciendo la base imponible de este gravamen.

En contraste, el impuesto sobre la propiedad de vehículos ha mantenido tasas de crecimiento interanual positivas durante los primeros meses de 2026. No obstante, el ritmo de expansión ha comenzado a moderarse gradualmente, por lo que será necesario observar su evolución durante el resto del año para determinar el impacto final sobre la recaudación anual, especialmente considerando los efectos de la reforma aplicada a este tributo en 2023.

Finalmente, la recaudación del impuesto único a los combustibles muestra una recuperación durante 2026, tras el deterioro experimentado a lo largo de 2025. Este comportamiento podría estar asociado a un aumento en el consumo de combustibles, que habría compensado parcialmente la volatilidad observada en los precios internacionales del petróleo, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, será necesario dar seguimiento a este impuesto en los próximos meses, dado que su evolución dependerá tanto del comportamiento de la demanda interna como de las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

1. Gasto público

El comportamiento del gasto público durante los primeros cinco meses de 2026 muestra una dinámica distinta a la observada en los años previos. Aunque el gasto continúa creciendo, su ritmo de expansión se ha moderado y se observa un cambio en la composición de los rubros que impulsan dicho crecimiento. En particular, el gasto en remuneraciones mantiene un crecimiento contenido, las transferencias corrientes muestran una reducción tanto hacia el sector público como hacia el sector privado, el gasto de capital presenta escasas variaciones y el pago de intereses de la deuda vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales factores de expansión del gasto.

Este cambio resulta relevante porque el gasto por intereses fue el componente que registró la mayor reducción durante 2025 y, sin embargo, en 2026 ha retomado una trayectoria ascendente. De mantenerse esta tendencia durante el resto del año, el pago de intereses aumentaría como porcentaje del PIB, lo que ejercerá una mayor presión sobre el déficit financiero y limitará el margen de maniobra de la política fiscal.

En el caso del gasto en remuneraciones, su participación con respecto al PIB muestra una ligera disminución al cierre de mayo de 2026. Mientras que en igual período de 2025 este rubro representaba el 2,36% del PIB, en 2026 alcanzó el 2,35%, variación que podría estar asociada, entre otros factores, al proceso de migración de funcionarios al esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público. No obstante, en términos nominales el gasto en remuneraciones acumuló un crecimiento interanual del 3,0%, superior al 0,9% registrado en los primeros cinco meses de 2025, lo que refleja que el menor peso relativo sobre el PIB también responde al crecimiento de la economía nominal.

Por su parte, el gasto por intereses de la deuda volvió a incrementarse como porcentaje del PIB al cierre de mayo de 2026. Este rubro alcanzó el 1,83% del PIB, frente al 1,79% observado en el mismo período del año anterior. Asimismo, su crecimiento interanual pasó de una contracción del 5,2% en mayo de 2025 a un aumento del 6,0% en mayo de 2026, confirmando un cambio de tendencia respecto al año previo.

Al desagregar el pago de intereses según el origen de la deuda, se observa que el aumento proviene exclusivamente del servicio de la deuda interna. Los intereses pagados por este concepto pasaron de 1,38% a 1,47% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En contraste, los intereses correspondientes a la deuda externa disminuyeron de 0,41% a 0,36% del PIB, favorecidos por la apreciación del colón registrada durante los primeros meses de 2026, la cual redujo el costo en colones del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. En consecuencia, el incremento del gasto total por intereses responde al mayor costo del financiamiento interno, mientras que la evolución del tipo de cambio contribuyó a contener el gasto asociado a la deuda externa.

Cuadro 2.

Gobierno Central: gasto público con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

GASTOS TOTALES

7,21%

7,26%

7,55%

7,10%

6,98%

Gastos totales sin intereses

5,41%

5,36%

5,55%

5,31%

5,15%

Gastos corrientes

6,85%

6,84%

7,08%

6,68%

6,53%

Remuneraciones

2,48%

2,40%

2,47%

2,36%

2,35%

Bienes y Servicios

0,22%

0,21%

0,20%

0,20%

0,21%

Intereses

1,81%

1,90%

1,99%

1,79%

1,83%

Deuda Interna

1,51%

1,53%

1,52%

1,38%

1,47%

Deuda externa

0,30%

0,37%

0,47%

0,41%

0,36%

Transferencias

2,34%

2,33%

2,41%

2,32%

2,13%

Sector Privado

0,84%

0,80%

0,78%

0,74%

0,71%

Sector Publico

1,50%

1,48%

1,63%

1,57%

1,42%

Sector Externo

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Gastos de Capital

0,36%

0,41%

0,46%

0,41%

0,45%

Inversión

0,14%

0,20%

0,15%

0,13%

0,12%

Transferencias

0,22%

0,21%

0,31%

0,28%

0,33%

Transferencias con recurso externo

0,06%

0,00%

0,02%

0,04%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

La partida de transferencias corrientes es la que registra la mayor variación dentro del gasto público durante 2026. Al cierre de mayo, este rubro representó 2,13% del PIB, inferior al 2,32% del PIB observado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,19 puntos porcentuales del PIB. En términos nominales, las transferencias corrientes acumularon una disminución interanual del 5,0%, mientras que en igual período del año anterior registraban un crecimiento del 1,7%.

La reducción se explica tanto por el comportamiento de las transferencias al sector privado como por las destinadas al sector público. Las transferencias corrientes al sector privado, integradas principalmente por el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, disminuyeron de 0,74% a 0,71% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Esta tendencia responde al efecto de las reformas aprobadas en años anteriores para limitar el crecimiento de las pensiones financiadas con recursos del presupuesto, cuyos efectos continúan reflejándose en la evolución de este componente del gasto.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público, que comprenden los recursos que el Gobierno Central transfiere a instituciones descentralizadas y otros entes públicos para financiar el funcionamiento y diversos programas sociales, registraron una reducción aún más significativa. Su participación pasó de 1,57% a 1,42% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Este comportamiento refleja el efecto de las medidas de contención del gasto implementadas en los últimos años y evidencia las restricciones que enfrenta el financiamiento de programas públicos y sociales bajo el actual marco de consolidación fiscal.

En cuanto al gasto de capital, este mostró una leve recuperación respecto al año anterior. Al cierre de mayo de 2026 alcanzó el 0,45% del PIB, superior al 0,41% registrado en el mismo período de 2025, aunque todavía ligeramente inferior al 0,46% observado en 2024. En términos nominales, el gasto de capital acumuló un crecimiento interanual del 13,2%, contrastando con la contracción del 5,3% registrada un año antes.

A pesar de esta recuperación, la inversión pública continúa representando una proporción reducida del PIB, lo que limita su capacidad para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país. Además, este componente del gasto mantiene una elevada volatilidad, asociada a los distintos ritmos de ejecución de los proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito vial. De cara a 2027, la aplicación de la regla fiscal podría volver a restringir el crecimiento de la inversión pública, limitando el margen para incrementar el gasto de capital.

Al igual que en el caso de los ingresos, el OES complementa el análisis del gasto público mediante el seguimiento de la evolución del gasto acumulado de los últimos doce meses. Este enfoque permite identificar con mayor claridad los cambios en la tendencia del gasto, reduciendo la volatilidad propia de la ejecución mensual.

Como se observa en el Gráfico 3, el gasto público inició un proceso de desaceleración a partir de abril de 2025, llegando incluso a registrar tasas de crecimiento negativas durante algunos meses de ese año y en el primer trimestre de 2026. No obstante, en abril y mayo de 2026 esta tendencia comenzó a revertirse, debido principalmente a la recuperación del gasto de capital y al repunte del pago de intereses de la deuda interna, componentes que explican la aceleración más reciente del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en el comportamiento observado durante los primeros cinco meses del año, se estima que el gasto público crecerá a un ritmo inferior al del PIB nominal en 2026. En consecuencia, su participación relativa dentro de la economía volvería a disminuir al cierre del año. Esta evolución contribuiría a contener el déficit financiero y favorecer el mantenimiento del superávit primario. Sin embargo, este efecto positivo sería parcialmente compensado por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios, por lo que la evolución final del balance fiscal dependerá, en buena medida, del comportamiento que mantenga la recaudación durante el segundo semestre del año.

La evolución interanual de las principales partidas del gasto público evidencia comportamientos diferenciados durante los últimos meses. En el caso de las remuneraciones, el ritmo de crecimiento se ha acelerado con respecto a los primeros meses del año, aunque continúa siendo moderado en comparación con otros períodos. Por su parte, el gasto por intereses mantiene una tasa de variación interanual inferior a la observada en años anteriores; sin embargo, su crecimiento ha venido recuperándose gradualmente tras la fuerte contracción registrada en 2025. En contraste, las transferencias corrientes presentan tasas de crecimiento interanual negativas desde el inicio de 2026, lo que ha reducido progresivamente su participación dentro del gasto total del Gobierno Central.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en las tendencias observadas hasta mayo, se prevé que al cierre de 2026 tanto el gasto en remuneraciones como las transferencias corrientes reduzcan ligeramente su participación con respecto al PIB. En el caso del gasto por intereses, la trayectoria apunta a un aumento de su peso relativo dentro del gasto público, aunque su magnitud dependerá, en buena medida, de la evolución del tipo de cambio durante el segundo semestre del año. Una eventual depreciación del colón incrementaría el costo en moneda nacional del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera, presionando al alza el gasto por intereses y, en consecuencia, el déficit financiero.

En cuanto al gasto de capital, este ha mostrado una evolución más favorable desde finales de 2025, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos que reflejan una aceleración en la ejecución de proyectos de inversión pública. De mantenerse esta tendencia, al cierre de 2026 la inversión pública aumentaría ligeramente como porcentaje del PIB. No obstante, aun con esta mejora, el gasto de capital continuaría ubicándose por debajo de los niveles más altos registrados durante las últimas dos décadas, lo que limita su capacidad para cerrar las brechas de infraestructura y potenciar el crecimiento económico de largo plazo.

1. RESULTADO FISCAL

Al cierre de mayo de 2026, las finanzas públicas muestran un deterioro con respecto al mismo período del año anterior, explicado principalmente por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios. El superávit primario alcanzó 0,55% del PIB, inferior al 0,70% del PIB registrado a mayo de 2025, reflejando que la reducción de los ingresos ha superado el efecto de la moderación observada en el crecimiento del gasto público.

Por su parte, el déficit financiero se ubicó en 1,29% del PIB, superior al 1,09% del PIB observado en igual período del año anterior. Este incremento responde tanto a la menor recaudación tributaria como al repunte del gasto por intereses de la deuda, factores que han reducido el margen de mejora alcanzado en los últimos años sobre el balance de las finanzas públicas.

Con base en la información disponible al cierre de mayo, el Observatorio Económico y Social estima que el déficit financiero podría ubicarse entre 3,7% y 3,8% del PIB al finalizar 2026, mientras que el superávit primario se situaría entre 0,5% y 0,6% del PIB. Asimismo, se proyecta que la deuda del Gobierno Central cierre el año entre 60,7% y 61,0% del PIB. Estas estimaciones parten del supuesto de que el crecimiento económico se mantendrá en línea con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (vigentes al 28 de julio de 2026), que no se producirán cambios significativos en la inflación ni en el tipo de cambio durante el segundo semestre del año y que las tendencias observadas en los ingresos y el gasto público se mantendrán durante el resto del ejercicio fiscal. El OES actualizará estas proyecciones en el último trimestre de 2026, conforme se disponga de nueva información.

Los resultados observados durante los primeros cinco meses del año evidencian un deterioro gradual de la posición fiscal del Gobierno Central. La reducción de la carga tributaria, combinada con un nivel de deuda pública cercano al 60% del PIB, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de generación de ingresos del Estado para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y responder a las crecientes demandas de la población.

En este contexto, el OES considera necesario avanzar en una revisión integral del sistema tributario, orientada tanto a fortalecer la recaudación como a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria. Un sistema tributario con mayor capacidad recaudatoria contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal y a generar el espacio necesario para atender áreas estratégicas como la seguridad ciudadana, la educación pública, la inversión en infraestructura y los programas de protección social.

De igual forma, resulta prioritario impulsar medidas que contribuyan a reducir el costo del financiamiento de la deuda pública. El crecimiento esperado del gasto por intereses durante 2026 limita la disponibilidad de recursos para financiar políticas públicas e inversión social. Reducir ese costo permitiría liberar recursos presupuestarios que podrían destinarse a fortalecer la provisión de servicios públicos y promover el desarrollo económico y social. En este sentido, las acciones orientadas a mejorar la recaudación tributaria, fortalecer las potestades de control y fiscalización de la Administración Tributaria y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas adquieren un carácter prioritario para evitar un mayor deterioro de la situación fiscal en los próximos años.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
28 de julio de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Por qué llegamos hasta aquí?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Una comunicadora costarricense me hace esa pregunta “off the record” antes de interpelarme acerca del chisme como producto social.

– “ambos temas están conectados”-pienso. Pero le respondo desde dos lugares narrativos: el racional y el emocional.

En el plano racional es evidente que los enojos y la demandas sociales no fueron traducidos de forma oportuna por las diferentes opciones políticas en el pasado. A esta inoperancia debemos sumarle esa crisis de gobernabilidad en la que entro el aparataje institucional hace algunas décadas.

Por eso desde hace muchos años cuando se consultaba a la ciudadanía por las posibles respuestas ante esa maraña que no dejaba caminar al estado, empezaron a vislumbrarse opiniones acerca de la necesidad de contar con una figura fuerte que pusiera orden en el caos.

Entonces, como ahora, las opciones autoritarias y retorcidas campeaban por la región sin ningún rubor.

Y entonces vamos a lo segundo. Lo emocional. Han transcurrido prácticamente tres meses desde que asumiera el nuevo gobierno en Costa Rica y dos certezas van quedando en el camino.

La primera tiene que ver con la continuación de un estilo de comunicación insolente, irrespetuoso e intolerante. Alli hay trabajo profesional de por medio, estamos claros. Allí la construcción del chisme como recurso retórico toma un rol fundamental.

La segunda constatación es la de la voz masculina y exhultante continua bajo el mando de lo estratégico y operativo. El 8 de mayo la cosmética de un traspaso de poderes nos engañó a todos y todas.

Llegamos hasta aquí, entonces, porque ya no tenemos retorno y la respuesta ha sido lenta e inexistente. Por eso y porque hoy es otra sociedad la que vivimos y no la vimos venir. No de esta manera.

Cinpe-UNA: aumento del IVA al 13% afectaría más a familias de menos ingresos

Escrito en . Publicado en Análisis.

UNA Comunica. Pasar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual al 13%, tendría una afectación mayor en los grupos de población de menores ingresos, frente a los más adinerados.

El estudio IVA a la canasta básica del 1% al 13% elaborado por Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), le da un contexto económico y social al impacto de una medida fiscal que el Gobierno tiene en valoración, como respuesta a la situación fiscal que atraviesa el país.

Aun y cuando se ha mencionado la formulación de un “IVA personalizado” para devolver eventualmente a los de menores ingresos el impuesto que se pagaría de más, el análisis contempla los riesgos de que una medida así cumpla con efectividad los fines propuestos.

¿Quién paga más?

Lo cierto del caso es que un aumento en el IVA sobre la canasta básica tendría un resultado preponderante en cuanto a la recaudación tributaria. Bajo un escenario de un incremento del 1% al 13% el monto recolectado pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones. Esto representaría un 1% del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, la factura social que se pagaría a cambio de ello golpearía de manera regresiva a los hogares.

Para el primer quintil (el más pobre), que percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones, el cambio implicaría un 6.7% de los ingresos percibidos. Para el segundo quintil (el segundo más pobre y con un ingreso promedio de 604.749 colones en promedio), el efecto se rondaría entre un 4% y un 5%.

Si se considera que el primer quintil emplea un 44.1% de sus ingresos al mes en sufragar gastos por bienes de la canasta básica y el segundo quintil utiliza un 28.8%, el efecto toma otra dimensión. “Para un hogar del primer quintil, la magnitud equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año. Para el segundo quintil, que está compuesto por hogares vulnerables no pobres, el riesgo es relevante en el descenso bajo la línea de pobreza”, indica el estudio.

Los tres restantes quintiles (tres, cuatro y cinco) percibirían efectos menores de aplicarse el ajuste en el IVA.

Para el tercer quintil la carga sobre sus ingresos sería entre un 2.5% y un 3.5%. Bajaría a un rango entre un 1.5% y un 2% en el cuarto quintil, y se ubicaría entre un 0.6% y un 1% en el quinto quintil.

A diferencia del primer quintil, que utiliza casi la mitad de sus ingresos para la compra de bienes de la canasta básica, el quinto quintil (el más adinerado), que percibe un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, utiliza solo un 9.9% de ese monto a la adquisición de estos productos.

Eliminar la exoneración sobre la canasta básica fue una de las recomendaciones planteadas en mayo anterior por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Consulta del Artículo IV del acuerdo del Crédito Flexible con Costa Rica, como una forma de asegurar la sostenilidad fiscal del país a mediano plazo. Desde entonces, el tema ha estado en el debate público, aunque el gobierno aún no ha presentado una propuesta formal en esa línea.

Efectos adversos

Aunque la recaudación de subir el IVA al 13% tiene un impacto en la recaudación del 1% del PIB, el análisis del investigador Leiner Vargas establece que, de entrada, habría un aumento directo del 11.9% en el precio final que paga el consumidor en bienes esenciales como arroz, frijoles, huevos, lácteos, panes y harinas y proteínas (pollo, res, cerdo, atún y sardinas).

Este incremento tendría una carga relativa sobre el primer decil de ingresos que corresponde hasta 12 veces más que la del decil más rico. Incluso, el estudio indica que, al aplicar una serie de indicadores que miden la desigualdad económica, la progresividad del impuesto y los efectos redistributivos, en todos los escenarios, el resultado sería pernicioso.

Mientras que la idea de aplicar un IVA personalizado, con un mecanismo de devolución del impuesto hacia los sectores más vulnerables, puede chocar de frente con la realidad. “Dadas las brechas de cobertura de los registros sociales y la experiencia regional con estos esquemas, la probabilidad de errores de exclusión en el primer quintil es suficientemente alta como para desaconsejar la medida en su formulación actual”, apunta el informe.

Entre esos riesgos, destacan por ejemplo el hecho de que pueda existir una población vulnerable sin estar registrada en los sistemas de focalización como Sinirube, la alta informalidad del mercado laboral en el país que afecta hasta 800 mil personas, la migración irregular y la población adulta mayor que no recibe ni siquiera una pensión no contributiva.

“La evidencia regional no es alentadora: los esquema de focalización de transferencias en América Latina, incluida la experiencia uruguaya con el IVA personalizado, registran errores de exclusión de entre el 20% y el 40% en el primer quintil y las brechas de cobertura de Sinirube, particularmente en la población informal, rural y migrante, sugieren que el país no está exento de ese patrón”, destaca el informe.

La conclusión es contundente: la homologación de la tarifa de la canasta básica al 13% debe rechazarse.

Al respecto, Vargas explora cinco medidas que deberían implementarse en caso de avanzar sobre esa ruta. La primera es verificar con una auditoría independiente los registros del primer y segundo quintil, seguida de la definición de un mecanismo de devolución automático, mensual y no condicionado.

En tercer lugar establecer una gradualidad de tarifas que puedan revertirse de acuerdo con indicadores de pobreza y seguridad alimentaria. La cuarta medida sería el análisis de medidas alternativas como por ejemplo una tarifa general menor con una base más amplia de la canasta básica. Finalmente, que se realice una evaluación independiente de los impacto percibidos con el compromiso de divulgación de resultados.

Leiner Vargas Alfaro amplía sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=24k6mlG_je8

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Cómo se fabrica una noticia?, asunto Nicaragua

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Hay un viejo dicho que dice que una mentira da la vuelta al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Hoy podríamos actualizarlo diciendo que, un titular recorre el planeta mucho antes de que alguien tenga tiempo de escuchar un discurso completo.

Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días con unas declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, casi de inmediato comenzaron a aparecer titulares asegurando que Ortega anunció que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La noticia se propagó rápidamente por periódicos, portales digitales y redes sociales, para millones de personas quedó instalada una idea muy simple, el Gobierno nicaragüense había decidido eliminar definitivamente las elecciones.

Sin embargo, cuando uno escucha el discurso completo descubre que la historia es bastante más compleja, Ortega dijo: Aquí no volverán a haber elecciones, pero no terminó ahí, enseguida explicó que impulsaría reformas legales, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que personas o grupos que, según el Gobierno, reciben financiamiento extranjero para promover golpes de Estado o acciones contra el país puedan llegar al poder mediante elecciones.

Alguien puede pensar que esta propuesta es correcta o equivocada, este debate pertenece al terreno de la política y es otro tema. Lo que aquí interesa es algo distinto, ¿los grandes medios informaron exactamente lo que dijo Ortega o construyeron una noticia diferente?

El investigador estadounidense Michael Parenti, politólogo e historiador, lleva décadas estudiando cómo funcionan muchas de las grandes empresas de comunicación, su idea principal es sencilla, la manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia, así lo explica en su artículo Métodos de manipulación de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo que parece haber ocurrido en este caso, cortar una frase para que termine diciendo otra cosa.

El primer recurso de la manipulación mediática, según Parenti, consiste en tomar una frase aislada y separarla del resto del discurso, es como si alguien dijera, Si siguen entrando armas al barrio, tendremos que cerrar la calle, y al día siguiente el titular fuera, Vecino propone cerrar todas las calles. Las palabras son reales, pero el significado cambia por completo.

Esto ocurrió con la frase, Aquí no volverán a haber elecciones. Casi ningún titular explicó enseguida que Ortega estaba hablando de impedir la participación electoral de grupos que, según su Gobierno, actúan con financiamiento extranjero para promover un cambio de régimen, cuando se elimina el contexto, el público termina entendiendo otra cosa, es como mostrar solo la mitad de un rompecabezas.

Otra práctica que Parenti considera muy frecuente, consiste en mostrar únicamente las piezas que convienen. Muchos medios destacaron la frase más impactante del discurso, pero dejaron fuera casi todo lo demás: la referencia a reformas legales, la participación de la Asamblea Nacional y la explicación sobre el financiamiento extranjero, no hace falta mentir, basta con enseñar solo la parte que produce el efecto buscado.

Parenti sostiene que muchas veces la censura moderna no consiste en esconder una noticia, sino en contarla incompleta. Es como entrar al cine cuando la película ya lleva una hora, veremos peleas, discusiones y disparos, pero no entenderemos por qué están ocurriendo, esto pasa cuando una noticia elimina los antecedentes.

En gran parte de la cobertura internacional, apenas se recordó que el Gobierno nicaragüense sostiene que en 2018 hubo un intento de golpe de Estado financiado desde EEUU, tampoco se explicó que existen leyes similares en otros países para regular el financiamiento político extranjero.

Uno puede aceptar esta interpretación o rechazarla, lo importante es que el lector tenga derecho a conocer por qué el Gobierno dice lo que dice, sin esa parte de la historia, todo parece surgir simplemente del capricho de un gobernante.

Cuando un medio lleva años presentando a determinado gobierno como una dictadura, cualquier noticia nueva termina encajando en ese mismo relato, ya no importa tanto lo que ocurrió, sino que la información confirme una narrativa que ya estaba construida.

Así, una propuesta para modificar una ley electoral termina convertida en un supuesto anuncio del fin de las elecciones; es como si cada pieza nueva tuviera que entrar, a la fuerza, en un rompecabezas que ya estaba armado desde hace tiempo.

Otro recurso consiste en reducir problemas complejos a una sola persona. En lugar de discutir si un país debe o no permitir financiamiento extranjero para partidos políticos, toda la conversación termina girando alrededor de Daniel Ortega. El debate desaparece y solo queda el personaje, esto facilita construir historias donde unos aparecen siempre como los villanos y otros siempre como los defensores de la democracia.

También influye qué noticias se amplifican y otras pasan casi desapercibidas. La frase sobre las elecciones ocupó titulares internacionales durante horas, en cambio, las explicaciones posteriores, el discurso completo y los detalles sobre las reformas legales apenas tuvieron difusión; la primera impresión quedó instalada, y todos sabemos que una rectificación nunca viaja tan rápido como un escándalo.

América Latina conoce muy bien este libreto. Lo ocurrido con Nicaragua no es un caso aislado, en nuestra región existen varios ejemplos en los que grandes medios internacionales han sido acusados de construir relatos parecidos.

En Venezuela, durante años muchas noticias hablaron sobre todo de la crisis económica, el desabastecimiento y la migración, mientras dedicaban mucho menos espacio al impacto de las sanciones económicas impuestas por EEUU y sus aliados. No se trata de negar los problemas internos del país, sino de señalar que el panorama quedaba incompleto cuando uno de sus factores más importantes apenas aparecía mencionado.

En Bolivia, tras la salida de Evo Morales en 2019, buena parte de la prensa internacional habló durante semanas de una “renuncia” provocada por protestas ciudadanas. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas, estudios académicos e incluso algunos organismos internacionales, comenzaron a utilizar con mayor frecuencia el término “golpe de Estado” o reconocieron el papel decisivo de las Fuerzas Armadas y la Policía en aquellos hechos. Sin embargo, la primera versión ya había dado la vuelta al mundo.

Algo parecido ocurrió con el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones bolivianas de 2019. Durante meses fue presentado como una prueba definitiva de fraude electoral, después, investigaciones independientes de universidades y centros especializados cuestionaron seriamente las conclusiones estadísticas del informe, pero esas rectificaciones nunca tuvieron una difusión comparable a la acusación inicial.

En Brasil, durante el proceso judicial contra Luiz Inácio Lula da Silva, numerosos medios presentaban cada nueva acusación como si la corrupción ya estuviera demostrada; años después, varias sentencias fueron anuladas y el juez Sergio Moro fue duramente cuestionado por su actuación, sin embargo, el daño político ya estaba hecho.

En Honduras, el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 fue presentado por muchos medios como una “sucesión constitucional” o una “crisis institucional”, evitando durante bastante tiempo utilizar la expresión “golpe de Estado”, pese a que un presidente había sido detenido por militares y expulsado del país.

En Cuba, buena parte de la prensa internacional informa constantemente sobre las limitaciones económicas y políticas de la isla, pero muchas veces dedica mucha menos atención al efecto acumulado de más de seis décadas de bloqueo económico por parte de EEUU; una vez más, el problema no es hablar de las dificultades internas, sino hacerlo como si el bloqueo no existiera.

También podrían mencionarse otros casos, como el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973 y el papel del diario El Mercurio, o la cobertura del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002.

La tarea del periodismo debería ser ayudar a los ciudadanos/as a comprender la realidad, no conducirlos hacia una conclusión ya decidida. No hace falta inventar una noticia falsa, basta con cortar una frase, ocultar un dato importante, empezar la historia por la mitad, repetir siempre el mismo enfoque o dar mucho más espacio a unas voces que a otras; y, sobre todo, conseguir que el público crea que ya conoce toda la verdad cuando, en realidad, solo le han mostrado una parte del cuadro.

El caso de Nicaragua sirve para entender cómo funciona este mecanismo. Más allá de las simpatías o diferencias que cada persona pueda tener con el Gobierno sandinista, cualquier ciudadano merece conocer el discurso completo antes de sacar sus propias conclusiones; porque una democracia necesita ciudadanos/as informados, y un ciudadano/a realmente informado nunca se conforma con el primer titular que aparece en su pantalla.

Lo que provoca la envidia y la mala fe: caso de alias Diablo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS / Entre Verdades y Opiniones

Antes de adentrarnos en este análisis, debo aclarar una vez más: no soy abogado. Mis conocimientos, apenas básicos, en materia de derecho provienen de cursos parte de mis estudios formales en Administración Pública y Politología — en Derecho Constitucional y Derecho Público—, materias de las cuales he procurado actualizar constantemente, pero siguen siendo, reitero, de carácter básico.

No pretendo, por tanto, erigirme como un erudito, a diferencia de lo que ocurre con cierto “todólogo” de Monterán quien, siendo lego en la materia, imparte “clases magistrales” todos los miércoles acompañado de la señora presidenta Fernández Delgado, para que nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros jerarcas del Poder Judicial “aprendan” y agarren volados.

Ante esta realidad, consulté con diversos profesionales en derecho para corroborar si mi interpretación de los hechos recientes era acertada. A partir de esas conversaciones, y tras filtrar el ruido político, comparto las siguientes conclusiones.

El mito de la “liberación por descuido”

Ambos personajes insisten en afirmar que a alias “Diablo” “lo soltaron” hace 10 años debido a una supuesta negligencia, mala intención o un “error grave” de la Fiscalía por “no pedir la ampliación de la prisión preventiva a tiempo”.

Como ya demostramos en publicaciones anteriores, tal afirmación es categóricamente falsa. El imputado no fue liberado por un descuido administrativo; se fugó tras el cambio legítimo de su situación jurídica de prisión preventiva a medidas cautelares alternativas.

La evidente animadversión hacia la institucionalidad los lleva a repetir los discursos presidenciales con un único fin: demeritar y continuar erosionando el prestigio y la labor del Poder Judicial.

Aclarando conceptos jurídicos

Para disipar las confusiones que se intentan posicionar en la opinión pública, es necesario puntualizar tres aspectos fundamentales:

El tope constitucional es inflexible: La prisión preventiva no es una pena anticipada; es una medida cautelar excepcional sujeta a plazos máximos improrrogables fijados por ley. Por más que el Ministerio Público solicite la prórroga oportunamente, nuestro ordenamiento jurídico —en estricto apego a los derechos fundamentales— impide mantener a una persona en prisión preventiva de manera indefinida si el proceso se prolonga más allá del límite legal. Al cumplirse dicho plazo, la imposición de medidas alternas es un mandato imperativo para el tribunal, no un capricho ni un error subsanable.

La distinción entre proceso y ejecución: Una vez que el tribunal modifica la medida por el vencimiento del plazo legal, si el imputado evade la justicia, jurídicamente se configura una fuga. Su recaptura operativa en la vía pública corresponde a los cuerpos policiales (Fuerza Pública y OIJ), y no constituye un error procesal de origen del sistema judicial.

La realidad de los debates complejos: Pretender achacar la evasión de un imputado a un supuesto retraso administrativo ignora tanto los topes máximos del encierro preventivo como la naturaleza misma de los juicios complejos.

Tema jurídicamente zanjado. Dejen de inventar el agua tibia.

La ética como arquitectura del poder: China propone una nueva gobernanza mundial para la IA

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Claudia Aranda / pressenza

El nuevo Plan de Acción sobre la Gobernanza Ética Internacional de la Inteligencia Artificial, presentado en Shanghái durante la Conferencia Mundial de IA 2026, trasciende ampliamente el ámbito tecnológico. Constituye una propuesta para definir quién establecerá las normas del desarrollo de la inteligencia artificial durante las próximas décadas y refleja una concepción distinta del orden internacional, del papel del Estado y del lugar que deben ocupar los países en desarrollo en la revolución tecnológica.

Durante décadas, la geopolítica estuvo determinada por el control de territorios, recursos naturales, rutas marítimas o capacidad militar. En el siglo XXI, esos factores continúan siendo decisivos, pero sobre ellos emerge una nueva dimensión del poder: la capacidad para desarrollar, entrenar, regular y gobernar la inteligencia artificial.

No se trata únicamente de quién construye los modelos más avanzados o fabrica los chips más sofisticados. La disputa también gira en torno a quién escribirá las reglas que definirán el funcionamiento de esa tecnología para el resto del planeta.

Con ese propósito, China presentó el 17 de julio de 2026, durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada en Shanghái, un Plan de Acción sobre la Gobernanza Ética Internacional de la Inteligencia Artificial. El documento fue elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Industria y Tecnología Informática y se enmarca explícitamente en el Pacto para el Futuro y el Pacto Digital Global aprobados por las Naciones Unidas.

La decisión no es casual. Mientras buena parte del debate internacional continúa concentrándose en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, Pekín intenta situar otra discusión en el centro del escenario: la construcción de una arquitectura internacional para gobernar la inteligencia artificial antes de que su desarrollo supere definitivamente la capacidad de regulación de los Estados.

La diferencia es profunda. Para China, la inteligencia artificial no constituye únicamente una industria estratégica ni un mercado de enorme valor económico. Es una infraestructura civilizatoria destinada a transformar la producción, la educación, la medicina, la investigación científica, la administración pública, las finanzas, el transporte, la seguridad y prácticamente todas las actividades humanas. Precisamente por ello sostiene que su desarrollo no puede quedar determinado exclusivamente por intereses comerciales o por la competencia entre empresas, sino que requiere una gobernanza capaz de proteger el bien público global.

Desde esta perspectiva, la ética deja de ser un conjunto de principios abstractos y se convierte en una tecnología política. Gobernar éticamente la inteligencia artificial significa decidir cómo será diseñada, quién asumirá responsabilidades cuando produzca daños, qué riesgos serán aceptables y quién participará en la definición de esas reglas.

Uno de los conceptos centrales del plan consiste en establecer una gobernanza durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. La expresión puede parecer técnica, pero representa un cambio importante respecto de los enfoques tradicionales. En lugar de supervisar únicamente los productos terminados, la propuesta plantea incorporar mecanismos de evaluación desde el origen mismo de cada sistema. Ello comprende la obtención de datos, los procesos de entrenamiento, el diseño de los modelos, las pruebas de seguridad, su implementación, las actualizaciones posteriores e incluso su eventual retiro cuando un sistema genere riesgos que ya no puedan ser controlados.

En la práctica, ello supone que la responsabilidad deja de concentrarse exclusivamente en el usuario final. Los desarrolladores, los proveedores de datos, las empresas tecnológicas, las instituciones de investigación y los organismos reguladores comparten obligaciones durante todo el proceso de construcción tecnológica. La inteligencia artificial deja así de entenderse como un simple producto comercial para convertirse en una cadena completa de responsabilidades.

Otro eje fundamental consiste en clasificar los riesgos según categorías y niveles. La lógica es relativamente sencilla: no toda inteligencia artificial posee el mismo potencial de daño. Un modelo utilizado para traducir documentos no presenta los mismos riesgos que un sistema capaz de intervenir en infraestructuras energéticas, procesos financieros, diagnósticos médicos o decisiones militares. En consecuencia, el plan propone que las obligaciones regulatorias sean proporcionales al impacto potencial de cada aplicación, evitando tanto la ausencia de controles como prohibiciones generales que podrían obstaculizar la innovación.

El documento también introduce la idea de una gobernanza ágil. China reconoce que la velocidad del desarrollo tecnológico supera ampliamente los tiempos tradicionales de producción legislativa. Una ley puede requerir años de discusión parlamentaria, mientras que un modelo de inteligencia artificial puede evolucionar en cuestión de meses o incluso semanas. Frente a esa realidad, propone mecanismos regulatorios capaces de actualizarse continuamente mediante normas técnicas, evaluación permanente y coordinación institucional. La regulación deja de concebirse como un texto inmóvil para transformarse en un proceso dinámico.

Otro aspecto especialmente significativo es el fortalecimiento de un ecosistema colaborativo. En el enfoque chino, la inteligencia artificial no constituye una actividad exclusiva de grandes corporaciones tecnológicas. Universidades, laboratorios públicos, centros de investigación, industrias manufactureras, desarrolladores de código abierto, organismos internacionales y gobiernos forman parte de una misma cadena de innovación. Esa visión responde a una característica histórica del modelo chino de desarrollo, donde la planificación estatal busca coordinar capacidades provenientes de distintos sectores para acelerar la innovación tecnológica.

En este contexto adquiere especial relevancia el impulso a la investigación sobre explicabilidad, privacidad y mitigación de sesgos. La llamada «explicabilidad» intenta responder una de las preguntas más complejas de la inteligencia artificial contemporánea: ¿es posible comprender cómo un modelo llegó a una determinada conclusión? A medida que los sistemas adquieren mayor complejidad, muchas de sus decisiones funcionan como una auténtica «caja negra». El plan considera prioritario desarrollar tecnologías capaces de hacer comprensibles esos procesos internos, fortaleciendo simultáneamente la protección de datos personales y la reducción de discriminaciones algorítmicas.

Llama igualmente la atención el respaldo explícito al intercambio tecnológico y al desarrollo de código abierto en aquellas áreas relacionadas con la seguridad, la transparencia y la explicabilidad. En un contexto internacional marcado por restricciones comerciales, controles de exportación y creciente competencia tecnológica, esta posición busca proyectar una imagen de cooperación científica internacional y facilitar que países con menores capacidades tecnológicas puedan participar en el desarrollo de herramientas avanzadas.

El plan también incorpora un componente social que trasciende la ingeniería. Propone integrar la educación ética científica y tecnológica dentro del sistema educativo nacional, proteger específicamente a mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y reducir la brecha digital. Desde la perspectiva china, la inteligencia artificial no debe profundizar desigualdades existentes, sino convertirse en una herramienta para ampliar las capacidades de desarrollo humano.

Quizás el elemento más relevante desde una perspectiva geopolítica sea la insistencia en fortalecer la cooperación con los países en desarrollo. El documento plantea ampliar capacidades regulatorias, compartir experiencias institucionales y facilitar el acceso a conocimientos técnicos para que la gobernanza de la inteligencia artificial no quede concentrada en un reducido número de economías avanzadas. Esa orientación se encuentra estrechamente vinculada con otras iniciativas impulsadas por China durante la última década, como la Franja y la Ruta, la Iniciativa para el Desarrollo Global y la creciente cooperación tecnológica con Asia, África y América Latina.

Este enfoque contrasta con la trayectoria seguida por Estados Unidos. Aunque Washington también ha desarrollado iniciativas regulatorias y reconoce la necesidad de abordar riesgos asociados a la inteligencia artificial, históricamente ha otorgado un papel predominante al dinamismo del sector privado y a la preservación de su liderazgo tecnológico. Las grandes empresas han desempeñado un papel central en el desarrollo de los modelos más avanzados, mientras que las políticas públicas han combinado regulación, incentivos a la innovación y medidas orientadas a proteger capacidades estratégicas, como los controles a la exportación de semiconductores de alto rendimiento.

China propone una aproximación diferente. Considera que la gobernanza internacional no debe construirse únicamente alrededor de la competencia tecnológica, sino mediante mecanismos multilaterales que permitan establecer normas compartidas para el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, la regulación no constituye un obstáculo para la innovación, sino una condición necesaria para que ésta pueda sostenerse de manera estable y generar beneficios distribuidos de forma más amplia.

En el fondo, el debate excede ampliamente la tecnología. Lo que comienza a definirse es la arquitectura normativa del siglo XXI. Las reglas que hoy se establezcan determinarán quién controla los datos, quién fija los estándares internacionales, quién asume responsabilidades frente a los riesgos y quién participa en la distribución de los beneficios derivados de la inteligencia artificial.

El plan presentado en Shanghái refleja la voluntad de China de intervenir activamente en esa construcción. Más que responder a la competencia tecnológica inmediata, busca ocupar un espacio en la definición de las reglas del nuevo orden digital internacional. La discusión ya no gira únicamente en torno a quién desarrolla la inteligencia artificial más poderosa. La pregunta decisiva pasa a ser quién tendrá la capacidad de definir las normas bajo las cuales esa inteligencia transformará el mundo.

Fuentes:

Ministerio de Industria y Tecnología Informática de la República Popular China (MIIT). Comunicados oficiales sobre la Conferencia Mundial de IA 2026.

Xinhua News Agency. «Action Plan on International AI Ethical Governance», 17 de julio de 2026.

Naciones Unidas. Pacto para el Futuro y Pacto Digital Global, 2024.

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Global AI Governance Action Plan, 2025.

World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026. Discursos oficiales y documentos de la conferencia.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2026/07/la-etica-como-arquitectura-del-poder-china-propone-una-nueva-gobernanza-mundial-para-la-ia/

Imagen de IISI.

Nicoya: memoria compartida, identidad viva

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Frank Ulloa Royo

«La tierra no se divide con fronteras, se multiplica con memorias.» — Laureano Albán, poeta guanacasteco

Cada 25 de julio, Costa Rica celebra lo que llama la “Anexión del Partido de Nicoya”. Pero las palabras, como las memorias, tienen historia. En los documentos originales de 1824 nunca aparece el término anexión. Se habló de unión, de agregación, de incorporación (Rodríguez Espinoza, 2015). El vocablo llegó después, importado por diplomáticos como Felipe Molina, influido por la moda política de Estados Unidos tras la anexión de Texas en 1845 (Pizarro Zelaya, 2024). Llamar “anexión” a lo que fue un proceso de incorporación pacífica es una contradicción que revela cómo el relato oficial se construyó en oposición a Nicaragua, invisibilizando los vínculos que nos unen (Sibaja, citado en Pizarro Zelaya, 2024).

Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste fueron durante siglos parte de la Intendencia de Nicaragua, bajo el Obispado de León (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). Sus poblaciones, sus fiestas, sus cantos y sus comidas son testimonio vivo de esa raíz nicaragüense que aún late en la cultura guanacasteca. Costa Rica misma fue colonizada en parte por migraciones de criollos nicaragüenses, que trajeron trabajo y esperanza (Rodríguez Espinoza, 2015). El oro de los montes del Aguacate permitió la acumulación originaria de capital, que luego se consolidó en los cafetales del Valle Central. La sangre que dio forma a la nación costarricense es también sangre nicaragüense.

El acta del 25 de julio de 1824 fue firmada por 25 personas, casi la mitad de ellas pertenecientes a la familia Viales Briceño. Representaban a unos 4.500 habitantes del Partido de Nicoya (Archivo Nacional de Costa Rica, Actas 1824). No fue un acto único ni definitivo: el proceso se ratificó en varias ocasiones entre 1825 y 1838, se reafirmó en el Tratado Cañas–Jerez de 1858 y culminó con la delimitación fronteriza de 1900 (Rodríguez Espinoza, 2015; Pizarro Zelaya, 2024). Siete décadas de negociaciones y disputas que hoy se reducen a una palabra que nunca existió en los documentos originales.

La identidad nacional costarricense se ha narrado muchas veces en oposición a Nicaragua. Felipe Molina describía a Nicaragua como un territorio “anarquista”, mientras exaltaba a Costa Rica como tierra pacífica (Molina, 1851). Esa visión permeó discursos oficiales y libros escolares durante más de un siglo. Pero la memoria histórica nos recuerda que Nicoya sí pertenecía a Nicaragua, y que negar esos vínculos es negar parte de nuestra propia raíz (Rodríguez Espinoza, 2015).

Hoy, cuando los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua parecen profundizar sus confrontaciones políticas, es más necesario que nunca recordar que los pueblos no son enemigos. La memoria compartida de Nicoya nos recuerda que la frontera no es un muro, sino un puente. Que las familias, las tradiciones y las luchas sociales han estado siempre entrelazadas. La resistencia en las calles —las celebraciones, las marchas, las voces que reclaman dignidad— debe acompañarse de una resistencia ideológica que reivindique que la justicia y la integración regional no son amenazas, sino caminos posibles. Frente a los zarpazos antisocialistas que buscan deslegitimar estas ideas llamándolas “terroristas”, debemos afirmar que lo que se persigue es una verdadera liberación económica y social (Albán, 1990).

El 25 de julio no debe ser solo una fecha de orgullo regional, de fiestas y gritos de alegría, sino también un recordatorio de la hermandad histórica entre Costa Rica y Nicaragua. Nicoya, esa Nicaragüita es memoria compartida, raíz nicaragüense y corazón costarricense. Celebrar su incorporación es celebrar la posibilidad de que los pueblos, más allá de las fronteras y de las disputas políticas, puedan reconocerse en su historia común y construir juntos un futuro de justicia y dignidad.

El gallo pinto y la cuajada son más que alimentos: son símbolos de una raíz compartida que no reconoce fronteras. En las mesas de Guanacaste y de Rivas, en las cocinas de Nicoya y de León, el mismo aroma de frijoles y arroz mezclados con manteca y culantro se levanta como un canto cotidiano de unidad. La cuajada fresca, moldeada en manos campesinas, es la misma en Costa Rica y en Nicaragua, y su sabor recuerda que la leche y la tierra no entienden de límites políticos.

Estas comidas son memoria viva, ética de lo sencillo y humanidad que se transmite desde la raíz: pueblos originarios que habitaban la región como uno solo, compartiendo maíz, cacao y sal, mucho antes de que existieran fronteras. Así, cada bocado de gallo pinto es también un acto de resistencia contra la división, un recordatorio de que la cultura se multiplica en la mesa y que la dignidad de los pueblos se alimenta de lo que comparten.

Referencias

  • Albán, L. (1990). Poemas de la tierra compartida. San José: Editorial Costa Rica.
  • Archivo Nacional de Costa Rica. (1824). Actas del Partido de Nicoya. San José.
  • Molina, F. (1851). Bosquejo histórico de Costa Rica. San José: Imprenta Nacional.
  • Pizarro Zelaya, A. (2024). La palabra “anexión” y la construcción de la identidad nacional. Universidad de Costa Rica.
  • Rodríguez Espinoza, A. (2015). La incorporación del Partido de Nicoya: revisión de fuentes primarias. Universidad Estatal a Distancia.
  • Sibaja, L. F. (2024). Entrevista citada en Pizarro Zelaya, A. La palabra “anexión”. UCR.

Óscar Aguilar Bulgarelli exalta captura de alias «Diablo» y reta a Nogui Acosta a renunciar a su inmunidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».

El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.

Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.

El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».

Colombia: desobediencia civil en tiempos de disputa geopolítica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Álvaro Fernández González
Julio de 2026

El llamado de Iván Cepeda a promover un proceso de desobediencia civil pacífica marca uno de los momentos más delicados de la política colombiana desde la Constitución de 1991.

Más allá de las simpatías o discrepancias que pueda generar, la importancia del anuncio radica en que introduce una discusión de fondo: ¿qué puede hacer una oposición cuando considera que existen graves dudas sobre la legitimidad política de un nuevo gobierno, aunque reconozca la legalidad formal del resultado electoral? Esa es la pregunta que Cepeda intenta responder al invocar una tradición histórica de resistencia no violenta.

La desobediencia civil desde Henry David Thoreau hasta Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela es una forma extraordinaria de acción colectiva cuando los mecanismos institucionales son insuficientes para proteger principios fundamentales.

No constituye una invitación a la violencia ni una ruptura del orden constitucional, sino un recurso propio de las democracias cuando sectores significativos de la ciudadanía consideran que las instituciones han dejado de ofrecer garantías suficientes para la defensa de derechos y principios compartidos.

Es patente que América Latina atraviesa una nueva fase de confrontación internacional caracterizada por la creciente competencia entre grandes potencias, la Doctrina Monroe y su Corolario Trump de nueva imposición política a mano armada, el uso intensivo de tecnologías digitales en los procesos electorales, campañas de desinformación y renovadas formas de influencia externa sobre las democracias latinoamericanas.

Desde esta perspectiva, Colombia se convierte también en escenario de disputa geopolítica, como Bolivia, Venezuela y Cuba dramáticamente.

Pero el debate no es solo quién tenga razón en la coyuntura inmediata. También es necesario preguntarnos cómo responden las democracias cuando la ciudadanía pierde confianza en la legitimidad política de sus instituciones.

En Colombia, el 30,7% de la votación se expresó por el Pacto Histórico de Cepeda, frente al 31,3% del derechista y ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella, y una proporción aún mayor del electorado, el 36%, se abstuvo.

Está claro que la historia latinoamericana demuestra así que estamos ante una polarización cada vez más difícil de contener.

La apuesta por formas explícitamente no violentas de movilización adquiere entonces una relevancia particular.

La tradición de la desobediencia civil pretende trasladar el conflicto desde la confrontación física hacia la deliberación pública, los tribunales, la organización social y la presión ciudadana.

Colombia enfrenta así un desafío que trasciende a sus protagonistas inmediatos.

La capacidad de procesar desacuerdos profundos dentro de las reglas constitucionales será decisiva no solo para el futuro político del país, sino también para una región donde las disputas geopolíticas internacionales vuelven a entrelazarse con las tensiones propias de democracias intensamente polarizadas.

Referencias:

“Colombia y el mundo: ¿qué sigue?” Por Juan Carlos Monedero, Canal SinEmbargo Al Aire, 8 de julio 2026.
https://youtu.be/dmN1CVHwbaY?si=7VkIjIFLe6efErDk

“¡Iván Cepeda llama a la desobediencia civil! ¿qué significa y por qué lo hace?”, en Canal Magenta Radio con William López, 1 de julio de 2026.
https://youtu.be/8DEdLqVZFLA?si=jvKLDC0-N6HEUJHX