El Programa Alternativas presenta este próximo viernes 20 de noviembre a las 6 p.m. el tema: «Costa Rica en el contexto geopolítico contemporáneo», con la participación de Carlos Granados, Miguel Madrigal, Claudio Monge e Isaac Mora.
Podrá sintonizarlo a través de los 1590AM o bien será transmitido por Facebook Live.
La pandemia de la Covid-19 ha dejado y dejará –una vez que sea superada-, una huella profunda en todo el orbe y en cada una de las sociedades humanas; en unas más que en otras. Las diversas estrategias para enfrentarla (a la espera de vacunas y tratamientos eficaces), refleja la diversidad de visiones, de gobiernos y de autoridades sanitarias.
Hay dos visiones y estrategias que han sido contrastadas por el filósofo surcoreano, Byung-Chul Han en su esclarecedor artículo “Las lecciones que entrega Oriente contra el coronavirus”. Para este pensador, radicado en Alemana, la conciencia colectiva propia de Oriente es la mejor respuesta contra la pandemia, a falta de una vacuna. Países como Japón aplican medidas sanitarias —sin multar a los infractores— que la población integra en su rutina, a diferencia de lo que ocurre en muchos países occidentales.
Byun-Chul Han destaca como un elemento central en la lucha contra el contagio del coronavirus “la importancia del civismo, de la acción conjunta en una crisis pandémica”. Expresa asimismo en tal contexto que “cuando las personas acatan voluntariamente las reglas higiénicas, no hacen falta controles ni medidas forzosas, que tan costosas son en términos de personal y de tiempo”.
Mientras eso sucede en Oriente en países regidos por distintos regímenes políticos, en Occidente la población se resiste a acatar las medidas sanitarias de manera consciente; lo que genera condiciones propicias para el contagio de la enfermedad.
El reclamo y celo de la libertad individual emerge en sentido contrario a conductas más disciplinadas y conscientes para evitar la propagación del virus pandémico. El filósofo también ha contrastado el hecho de que en los países occidentales, las personas, en general, no reclaman contra el control que ejercen empresas como Google y Facebook que tienen acceso casi total a nuestros ámbitos privados, sin embargo, cuando se les piden que sacrificien un poco su espacio privado ante un bien superior (como es la salud y la prevención), se rebelan y rechazan las medidas hasta convertir algunas en inaplicables.
Esto que describimos aquí se replica día a día en Costa Rica. Muchas de las medidas orientadas por las autoridades sanitarias son perfectamente razonables y tienen mucho sentido, no sólo para proteger la salud de los habitantes del país sino que también, en perspectiva estratégica para la recuperación económica. Sin embargo, hay sectores y grupos que las rechazan y la reclaman, utilizando diversos argumentos; incluidas peligrosas teorias conspirativas.
Debemos ser comprensivos con amplios grupos que desarrollan trabajos informales, que para llevar el sustento deben de trabajar diariamente; así como personas que han quedado desempleadas como consecuencia de la pandemia. Precisamente, esos grupos y personas requieren soluciones como el asegurar un ingreso básico mientras dure la pandemia. Empero hay otros grupos que reclaman la apertura inmediata sin medir las graves consecuencias de que se descontrole la propagación del coronavirus, se saturen los hospitales, no se dé abasto en Unidades de Cuidaos Intensivos (UCI), no alcancen los respiradores disponibles; entre otras graves consecuencias.
Quienes como profesionales de la salud estamos en la primera línea de atención, nos preocupa que esa resistencia a cumplir las medidas de prevención, alargue el impacto cuantitativo y cualitativo de la presencia de la pandemia en nuestro país. El recibir madres con niñas o niños enfermos en el Hospital Nacional de Niños (donde laboro), siempre nos lleva a realizar los mayores esfuerzos para que esos pacientes recuperen su salud. Ahora bien nos preocupa sobremanera recibir niños o niñas con covid-19, cuando esta situación se puede evitar si las familias toman las medidas preventivas necesarias que eviten el contagio de la enfermedad.
Es también preocupante que para algunas personas sea tan importante la actividad festiva que multiplica la profilación del contagio.
El filósofo surcoreano considera que la exitosa contención de la pandemia en Asia, no se debe a un régimen de higiene que actúa rigurosamente y que recurre a la vigilancia digital, aunque éste hubiera contribuido en algún grado.
El premio Nobel de Medicina del 2012, el japonés Shinya Yamanaka, ha expuesto la idea de que existe un “factor X”. Para el Byung-Chul Han, ese factor “factor X” del que habla el Nobel de Medicina japonés, “no sería otra cosa que el civismo, la acción conjunta y la responsabilidad con el prójimo”. Ese factor estaría presente en países asiáticos como China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur o Hong Kong, países diversos en los cuales prácticamente no han existido “segundas olas” de contagio, contrario a lo que está ocurriendo en países de Europa, en Estados Unidos y en América Latina.
Conciencia cívica y solidaridad es lo que requiere hacer emerger, con fuerza, la sociedad costarricense para combatir la covid-19, al cerrar este duro año 2020 y, más aún, en el Bicentenario de nuestra Patria, para asegurar un futuro mejor para el país y sus habitantes.
(Sábado, 14 de noviembre, 2020)
El filósofo y escritor romano, Séneca, decía que la adversidad es ocasión para la virtud. Esta frase llena de sabiduría, calza perfectamente con esta época que experimenta el mundo y la humanidad entera, frente a la inédita y desafiante pandemia del virus corona.
Como es bien conocido, esta pandemia ha conllevado al aislamiento obligatorio de millones de personas y la imposición de cuarentenas para evitar un mayor contagio de la enfermedad. Estas medidas están generando un severo golpe para la economía de los países y, en el caso de Costa Rica, este golpe se está experimentando en todos los sectores pero, más aún, en el turismo, una de nuestras principales fuentes de divisas.
El coronavirus ha impuesto un necesario aislamiento social pero al mismo tiempo, gracias al vertiginoso desarrollo de las tele-comunicaciones, nunca nos ha tenido más juntos a amplios sectores de la humanidad. Es un momento muy propicio para la reflexión y la autocrítica, tanto para los países y las sociedades como para las personas.
La progresiva concentración de la riqueza, que ha experimentado el mundo en los decenios recientes, se refleja en que el «el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global» (Oxfam). Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres en una desequilibrada ecuación de desigualdad. Este fenómeno también lo ha venido experimentando Costa Rica; lo que se refleja en un preocupante debilitamiento del estado social de derecho.
El consumismo nos ha venido desbordando en sociedades marcadas por el individualismo, en las cuales los “contratos sociales” sustentados en la solidaridad y el bien común, son más la excepción que la norma. Hoy, el contraste es evidente: En la mayoría de los países industrializados ha habido una gran preocupación por la producción de artículos sanitarios mientras se anuncia la escasez de artículos de higiene para atender la urgente demanda que exige la atención a la pandemia.
Quienes siempre hemos defendido la medicina pública, como la que ha desarrollado el país, en este presente de crisis sanitaria, se muestra fehacientemente que la razón estaba y está de nuestro lado. La medicina privada impulsada, con gran fuerza, por el neo-liberalismo es incapaz de dar una respuesta adecuada al tamaño y las dimensiones de esta crisis. La mejor respuesta la puede dar la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a partir de una filosofía y una práctica, basada en la solidaridad y la subsidiaridad. Quienes han buscado debilitar a la Caja con proyectos privatizadores, en estos momentos marcados por la amenazante pandemia, deben rectificar.
¿Qué tipo de sociedad debemos construir? Es la pregunta crucial que debemos responder. Una basada en la concentración de la riqueza, de la vida buena para minorías irritantemente concentradoras, de la medicina para las élites de la sociedad u, otra que valore el trabajo de la personas, de una mejor distribución de la riqueza, de una medicina al alcance a todas y todos, en las ciudades y en los campos y que no establezca diferencias arbitrarias entre requieren de sus servicios. Una sociedad basada en el egoísmo y la codicia de unos pocos, o de la solidaridad como propósito común y práctica cotidiana.
El día de hoy no debe ser de los políticos, como bien se ha dicho, debe ser de los profesionales de la salud y de los científicos, que están enfrentando al Covid-19 en todos los escenarios del planeta. Y cabe un reconocimiento enorme a la labor abnegada y heroica de los médicos, enfermeras y demás personal sanititario de Costa Rica, que se han estado preparando y ya están atendiendo a las y los pacientes infectados por el virus corona.
Sin embargo, cuando pase esta crisis (que esperamos sea lo antes posible), las y los políticos deben entrar a un proceso de correctiva reflexión sobre qué país estamos construyendo y nosotras y nosotros, como sociedad y personas, debemos ser protagonistas en ese proceso. Virtudes como la solidaridad, el apoyo recíproco, la bondad deben emerger con fuerza, como bien aconseja Séneca en este momento sombrío y difícil.
Enviado por el autor.
Ante la grave pandemia ocasionada por el coronavirus, las autoridades sanitarias de los países han dictado una serie de valiosas medidas para contener la potencialmente devastadora expansión de la enfermedad covid-19. Cuarentenas, confinamiento, prohibición de eventos masivos, medidas higiénicas rigurosas, se encuentran en la preventiva lista para evitar y reducir al máximo los contagios.
Costa Rica, a través de las autoridades de gobierno, en el campo de la salud, de emergencias y de seguridad, han venido anunciando este tipo de medidas, que deben ser de responsable y riguroso cumplimiento entre la población, para evitar los enormes daños que puede ocasionar la pandemia a la salud de millones de personas y a la economía, con el consiguiente incremento de la pobreza y la desigualdad.
Todavía hay un amplio sector de la sociedad costarricense que no ha tomado clara consciencia de que estas medidas temporales (de semanas o meses), son imprescindibles para que la expansión de la epidemia no llene los hospitales de personas infectadas, las colapse, obligue al personal médico a decidir quien vive o quien muere por la escasez de respiradores, en fin, genere más muerte y dolor en las familias. Este tipo de resistencias deben ser repudiadas socialmente y, eventualmente, deben ser penadas por el potencial daño colectivo que pueden generar.
En la expansión inexorable de la pandemia en el mundo, ha quedado claro que los países que hasta el presente, han tomado más rigurosas medidas de cuarentena y confinación, son los que han avanzado con mayor éxito en la contención de la enfermedad. La disciplina colectiva de las sociedades asiáticas ha dado muestras de ser más eficaz que el individualismo de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos y Europa.
La sociedad costarricense en esta hora aciaga y desafiante, debe actuar de manera responsable y disciplinada, acatando estas medidas de aislamiento y distanciamiento físico, que las autoridades de gobierno y salud están dictando. Incluso, es posible que ante el incremento exponencial de los casos, haya que acatar medidas todavía más rigurosas. Se trata de un sacrificio coyuntural basado en la solidaridad y el valor de la vida humana.
Debo indicar que en todas partes se ha estado hablando de “distanciamiento social” como una estrategia clave para reducir y minimizar al máximo el riesgo del contagio. Considero que la expresión más feliz y adecuada sería la de “distanciamiento físico” entre las personas, no el distanciamiento social. Todo lo contrario, lo que requieren las sociedades, en este duro presente, es el acercamiento social y la solidaridad.
Se ha afirmado con razón que las crisis ponen a prueba a las personas, a las comunidades y a los pueblos. Prueban de que estamos hechos como personas. Dice la leyenda –que parafraseo– que los seres humanos tienen en su corazón dos lobos: Uno es el del amor al prójimo, el de la solidaridad y el apoyo mutuo. Otro es el del individualismo, el de la avaricia, el del “sálvese quien pueda”. ¿Quién gana en esta eterna pelea ética? El que alimentamos con nuestras decisiones y actos.
Esta crisis inexplorada a la que nos enfrentamos hoy y que todavía no muestra un horizonte en sus alcances, claramente definido, nos obliga a alimentar la solidaridad, el apoyo mutuo y el amor a las demás personas.
La crisis debe sacar lo mejor de nosotros y nosotras, en ejercicios prácticos y efectivos de solidaridad social. Hay sectores y grupos minoritarios en nuestra sociedad, que aunque han acumulado grandes fortunas, que guardan aquí o esconden en los opacos paraísos fiscales del exterior, no quieren verse afectados por las inevitables secuelas económicas que deja y dejará la pandemia. Su mayor deseo es salir indemnes y, si les es posible, hasta obtener ganancias de la crisis que se hará más grande en las próximas semanas y meses. Todas y todos debemos de contribuir en esta causa nacional, en arreglo a nuestras posibilidades económicas.
Tenemos que avizorar el futuro con responsabilidad política. La pandemia nos dice, nos grita con fuerza que quienes han propulsado el debilitamiento del Estado Social de Derecho en poco más de treinta años, y que han tenido en su agenda privatizadora de la salud, el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estaban en un grave error. Tenía que venir un diminuto virus a darles una lección de vida y de política adecuada y justa.
El gobierno debe de prever una crisis que tardará tiempo en superarse aún aplicando medidas oportunas y correctas. Millares de personas y familias ya son afectadas en sus precarias economías y más serán las afectadas al transcurrir el tiempo. El gobierno debe dar un giro significativo a su brújula política, en función de darle prioridad a los sectores sociales y poblacionales, a los que esta crisis les golpeará más inclementemente.
El peor escenario es el del aislamiento combinado con el hambre y la desesperanza. A Dios rogando y con el mazo dando: Las y los ciudadanos conscientes debemos demandar del gobierno y la Asamblea Legislativa, este tipo de medidas de responsabilidad solidaria con el pueblo, al mismo tiempo que construimos redes solidarias en nuestras comunidades para apoyar a las familias a la que la crisis les pueden llegar con su rostro más feroz, el hambre.
Practiquemos el responsable distanciamiento físico, pero hoy más que nunca impulsemos este necesario acercamiento social alimentado por la solidaridad, la generosidad y el apoyo mutuo. Este debe ser el sentimiento, pensamiento y compromiso que nos inspire y aliente este 2020 y en el año del Bicentenario Patrio, que sin duda albergará una crisis económica, social y política, que pondrá a prueba la solidez de nuestra democracia.
Enviado a SURCOS por el autor.
El Grupo de Lima GL, es una instancia multilateral, que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en Perú, donde se reunieron representantes de 14 países, con el objetivo, de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la “liberación de los presos políticos”, pide “elecciones libres”, ofrece ayuda humanitaria y critica la “ruptura del orden institucional” en el país sudamericano.
Doce países americanos en un principio suscribieron la declaración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, uniéndose posteriormente Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia.
Siendo avalado también por Barbados, Estados Unidos, Granada, y Jamaica, que asistieron al encuentro, así mismos organismos como la Organización de los Estados Americanos OEA y la Unión Europea UE, además de la oposición venezolana, han dado su respaldo a dicho documento. En febrero de 2019, se incorporó a Venezuela, más precisamente al gobierno interino de Juan Guaidó. Recientemente, bajo el gobierno de Jeanine Añez, ingresó Bolivia.
El Grupo de Lima Suscribió un Documento en el que Declara:
Los países y sus gobiernos, más incisivos contra Venezuela, y que reafirman su compromiso, para contribuir a la “restauración de la democracia” en Venezuela, y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el país sudamericano son: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú; quienes promueven la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del “régimen ilegítimo” de Maduro involucrados en actividades de “apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas”, así como en actos de corrupción, “narcotráfico”, delincuencia.
No obstante lo anterior, la realidad es que a estas alturas, los presidentes y sus gobiernos, que han quedado fuera del Grupo de Lima son: Enrique Peña Nieto (México), Mauricio Macri (Argentina), Jeanine Añez (Bolivia), Martín Vizcarra (Perú), Donald Trump como jefe de la banda. Quedando y en “pico e zopilote”, Iván Duque (Colombia), Jair Bolsonaro (Brasil) y Sebastián Piñera (Chile), entre otros.
En realidad, el GL, según Carlos Aznarez, director de Resumen Latinoamericano, “el Grupo de Lima está más que devaluado, se formó para precisamente desestabilizar a Venezuela, como un acuerdo con la posición que siempre ha mantenido en la OEA, el Secretario general, Luis Almagro, que por desgracia lo han reelegido”.
El Grupo de Lima, fue creado por EEUU, debido a que no logró recoger la votación necesaria, para su estrategia intervencionista en la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo torpeza política y el servilismo de los que lideran este grupo, ha logrado la insólita hazaña de apartar a la OEA, y ahora casi a disolver al mismo Grupo, al tratar de embarcar a los integrantes en componendas riesgosas.
Y por supuesto, ha fracasado en ese objetivo desestabilizador contra Venezuela, igualmente señala Aznarez: lo que hacen es “repetir el guion que les marca Mike Pompeo, el funcionario de EE UU, encargado de ser uno de los arietes de hostilización más importante contra Venezuela. Así como la decisión de Trump, para acusar a Venezuela de narcotraficante, de enviar barcos, aviones y tropas transportadas, a hacer toda una parafernalia de búsqueda de narcotraficantes en el Caribe, cortar el acceso de la cocaína que llega no desde Venezuela sino desde Colombia”.
Unos datos del articulista Mario Hernández señalan “respecto del tema de la droga, las cifras oficiales indican que el 84% de las drogas provenientes de América del Sur usan las rutas del Pacífico y solo el 7% pasan a través de Venezuela y el Caribe oriental. Además, la Oficina de la ONU Contra las drogas y el delito publicó un informe el año pasado, donde Venezuela no figura en la lista de países que siembran y fabrican, y sí Colombia que ocupa el primer lugar con el 69%”.
El grupo de Lima, es “un arco de gobiernos de derecha, que actúan como hijos bobos de los EE UU”, enfatiza Aznarez.
Por otro lado, Mario Hernández, hace una entrevista al economista Julio Gambina, quien afirma: “El epicentro del Grupo de Lima, es cambiar el gobierno venezolano, para subordinar a Venezuela, a la lógica de las trasnacionales del petróleo, a la política exterior estadounidense, y a esa lógica derechista que se está expresando como nueva hegemonía en este año 2019, en el Mercosur”.
Como se señaló arriba, el GL ha acusado a Venezuela, de estar involucrada en narcotráfico y en actos de corrupción, pero la realidad, es que muchos de los países del Grupo de Lima, si han estado envueltos en estos casos, veamos brevemente, según Tony López R., periodista, politólogo y analista internacional:
Colombia:
México:
Chile:
Honduras:
Guatemala:
Brasil:
Argentina:
Paraguay:
Perú:
La última perla del GL, según Aram Aharonian, periodista y comunicólogo uruguayo, es que el diezmado Grupo de Lima también quiere apropiarse de los fondos venezolanos. El gobierno estadounidense exigió que los países del llamado Grupo de Lima, se sumen al pirateo de los fondos venezolanos en el exterior. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió que los países latinoamericanos congelen los activos petroleros de Venezuela.
El presidente colombiano Iván Duque, habló de la necesidad “Que los activos que tiene Venezuela en nuestros países, que son gubernamentales, sean ya declarados bajo el control absoluto de la Asamblea Nacional, y del presidente Guaidó para que establezcan los mecanismos de administración”.
En definitiva, según Tony López, “como los lectores pueden apreciar, el Grupo de Lima, no tiene ninguna moral para juzgar a ningún país, menos a Venezuela, que puede darle lecciones de democracia, tampoco no aparece ningún Jefe de Estado muy honrado, todos vinculados a hechos de corrupción, algunos ordenando asesinatos, vinculados al narcotráfico y a la represión contra su pueblo”.
Como lo señala el título del artículo, y visto lo anterior, el Grupo de Lima debería ya estar olvidado en la más oscura sepultura del olvido y la historia.
*Imagen tomada de: https://www.infobae.com/
Jorge Lobo Segura
Si esto fuera cierto, los países mineros de América Latina serían los que ofrecen mejores condiciones de vida para sus pueblos, pero ocurre exactamente lo contrario. Minería y pobreza de los pueblos van juntas en México, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Nicaragua… y otros más. Además, nadie va a extraer el oro gratuitamente, las empresas mineras extranjeras o nacionales se quedarán con la mayor parte, y dejarán los daños ambientales para ser pagados por todos los costarricenses. Generan pocos empleos mal pagados y se van en pocos años.
Aquí hay que distinguir los diferentes tipos de minería que existen. La más grande y destructiva es la minería a cielo abierto con lixiviación de metales, que destruye grandes áreas de suelo y bosques para convertirlos en desechos mineros contaminantes. A esta no hay manera de travestirla, requiere de la destrucción para ser económicamente rentable. Requiere del uso en grandes volúmenes de sustancias químicas peligrosas como el cianuro y genera una cadena de impactos ambientales. Infinito Gold quiso mostrarse ecológica prometiendo la siembra de plantaciones forestales a cambio de la destrucción de bosque. Bosques naturales y plantaciones forestales no son comparables ni canjeables.
La minería pequeña, realizada por coligalleros o por pequeños emprendimientos en túneles, tiene el gran problema de que puede volverse masiva y emplear sustancias todavía más peligrosas como el mercurio. Pero podría ser encausada hacia formas más controladas sin químicos peligrosos, aunque necesita un gran esfuerzo por parte del estado.
Estos cálculos se hacen sin siquiera saber con precisión cuánto oro hay realmente, porque no se ha realizado los estudios requeridos para eso. Lo que se sabe es por donde están los yacimientos, lo que se deduce por los estudios geológicos más generales. Y de lo que sabemos el oro se encuentra principalmente en parques nacionales, reservas forestales, reservas indígenas, corredores biológicos. En las regiones con más bosque, más recurso hídrico y ambientalmente más sensibles de la geografía costarricense. Evidentemente, para sacar aunque sea parte de ese oro, tendríamos que renunciar a la conservación de la naturaleza en nuestro país.
En América Latina la minería legal e ilegal van juntas, de la mano. Ambas actividades son muy perjudiciales para el ambiente, y la experiencia histórica en Centroamérica, México y América del Sur es que el desarrollo de proyectos mineros legales, usando maquinaria y técnicas más sofisticadas, no inhibe la invasión de mineros ilegales a regiones con yacimientos. Más bien la fomenta, la estimula. Minería legal y minería ilegal conviven lado a lado en Perú, Brasil, México, Panamá, Colombia, Chile, África y el Sudeste Asiático. Los proyectos de exploración minera realizados por compañías descubren la posición de yacimientos, que después son invadidos por oreros, como ocurrió en Crucitas. La minería genera una «cultura minera», personas que conocen el oficio y lo practican por costumbre y necesidad, como ocurre en Nicaragua. Finalmente, la minería industrial deja minas abandonadas que todavía tienen restos de minerales que son explotados ilegalmente, como ha ocurrido en minas abandonadas en Sudáfrica. En fin, son muchos ejemplos de que esta ecuación no funciona.
#NOalaMinería
Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.
Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.
Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.
Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.
Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.
Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.
El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.
Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.
Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.
Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.
Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.
Enviado por el autor.
Este miércoles 18 de noviembre a las 5 p.m. en Voces y Políticas se estará conversando sobre «Ley de Semillas: control corporativo de la vida», con la participación de Henry Picado y Alejandra Bonilla.
Algunas veces consideramos que la novedad es patrimonio de la generación presente que logra reinventarse, sin embargo, otras veces, la novedad la encontramos en nuestra memoria, en las palabras de quienes estuvieron antes de nosotros y nosotras y con su ejemplo dejaron una línea muy superior a la que hemos trazado. El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se perpetró un crimen como muchos que padeció el pueblo salvadoreño en esa guerra sin fin que aún hoy abre sus heridas.
De la mano del pelotón del batallón Atlacatl (unidad de la fuerza armada de El Salvador) siguiendo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la administración cómplice del presidente Alfredo Félix Cristian, irrumpieron de forma encubierta en el centro de estudios y de manera indiscriminada asesinaron a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Julia Elba Ramos, y Celina Mariceth Ramos. Más que relatar un hecho, queremos preguntarnos ¿Qué tareas nos dejaron pendientes aquella generación?
Cuando volvemos a sus palabras, encontramos una fuerza sin igual en la búsqueda de la justicia y la liberación de nuestros pueblos. Parecen hoy palabras anticuadas, descoloridas ante los “cambios de paradigmas”, pero no dejan de ser faros que nos recuerdan y denuncian a ese poder de la dominación y el encubrimiento de los sentidos y prácticas que colonizan nuestras mentes y cuerpos.
Tal vez ocuparíamos muchos espacios para enlistar las tareas que nos quedaron pendientes de estos maestros y maestras, personas comprometidas con la persona humana, con su tiempo y su territorio, pero también fueron recreadores de una universidad que responde a la mayoría popular, que mira y siente con los pobres, que acompañándose recrean ese otro mundo que se hace a mano y sin permiso, como diría Silvio Rodríguez.
Recordemos a don Ignacio Ellacuría, él en muchas ocasiones nos invitó a repensar los derechos humanos, hoy se un desafío vigente ante la creciente criminalización de la protesta social y la judicialización de la política que corroe nuestras sociedades ante la nada inocente justificación de la defensa de las “libertades” de unos ante los “excesos” de las y los manifestantes.
En aquel Salvador desangrado por la guerra Ellacuría miraba una sociedad que erosionaba su tejido social, la criminalización y violación sistemática de cualquier garantía para la población, provocó la necesidad de re-mirar los derechos humanos, no desde la proclamación abstracta y deshistorizada, sino desde su propia historización, es así que tres preguntas se volvieron determinantes: ¿desde dónde?, ¿para qué? y ¿para quienes son esos derechos?
Ya que como atestiguaba en aquel país, los derechos eran utilizados ideológicamente al servicio de los intereses de unos u otros grupos, por esta razón la historización permitió situar los derechos ante la verificación de las realidades concretas de los sujetos, es así que se su ejercicio se vio interpelado: verdad-falsedad, justicia-injusticia, ajuste-desajuste que se da a través del disfrute o privación de determinado derecho, la constatación de su ejercicio por unos pocos o mayorías, las condiciones concretas de su realización, el desafío por los cambios concretos y no la mera enunciación de posibilidad.
Ignorar esto, es colocar los derechos como algo abstracto, independiente de la realidad e instrumentaliza para el encubrimiento de lo ya adquirido por los más fuertes. No lo discute, convierte el derecho en privilegio.
La protesta social, como derecho humano es la herramienta mediante la cual los derechos humanos encuentran su posibilidad efectiva y dinámica, la problematización pública de las realidades opresoras que padecen las personas, pero su reivindicación no parte de la condición de debilidad y opresión, sino la capacidad de construcción de la conciencia del sujeto que toma para sí el cambio e interviene en su realidad para transformarla.
La reducción, criminalización y posterior negación de la protesta social como derecho humano es la privación de este papel protagónico de los sujetos individuales y colectivos, pero también encubre los sistemas de opresión presentes en la supuesta defensa que esgrimen las elites, por la garantía del disfrute de sus “derechos”, es decir los derechos negados, desprovistos y obstaculizados a los otros.
¿Qué nos invita a repensar? Que, a través de esta ofensiva abierta contra el derecho por la protesta social, esconde lo que Ellacuría llamaba la jerarquización de los derechos humanos, esta nos permite develar que tipo de sociedad se estructura detrás de determinadas acciones. Da cuenta de la defensa de este sistema de dominación que se basa en el abuso de unos pocos, a partir de la privación de los otros, es decir que el disfrute de ciertos derechos es gracias a la violación o la omisión de esos mismos derechos a otros. Es así que podemos re-encontrar el sentido ético, político y pedagógico a esa obligación de los pocos por resarcir a los muchos o el de la justicia por exigir lo que es debido.
Problematizar e historizar los derechos o privilegios de nuestras sociedades sigue siendo una tarea para construir esa sociedad más humana, por esta razón es necesario volver nuestra mirada a estos mayores que levantaron su voz y denunciaron, pero que también estrecharon sus manos y destinos hasta volverse parte de ese pueblo que se rebela ante la injusticia y reclaman su lugar en la historia. De ese tamaño siguen siendo nuestras tareas pendientes.
Imagen:
http://jesuitasaru.org/exigir-
Caminamos, o más bien nos arrastramos, a tientas, con perdón de los inteligentes y ágiles no-videntes. No hemos tenido el liderazgo ni el espíritu patriótico para cerrar el ciclo neoliberal que nos tiene al borde del precipicio, mientras algunos persisten en hacer malabares para enderezar esa barcaza de mil agujeros.
No quieren entender que no se puede poner “remiendo nuevo en paño viejo” y que “el vino nuevo requiere odres nuevos”. Pues bien, o nos decidimos por lo nuevo o nos resignamos al hundimiento.
Obviamente, hay salidas paliativas o placebos que pueden entretener al paciente para que aprenda a convivir por un tiempo con la enfermedad. Pero, más temprano que tarde caerá en coma. El plan fiscal fue esa medicina paliativa. Ahora se pretende -algunos lo piden con gritos de desesperación- que el préstamo del FMI sea la tan esperada “vacuna”, no importando que sus efectos secundarios resulten peor que la enfermedad: venta de activos del Estado, reducción en la inversión social, en fin, lo que ya sabemos de las viejas recetas que solo han servido para empobrecer, acrecentar las brechas sociales y polarizar a la sociedad intensificando el conflicto.
Se dice que es posible negociar con el FMI bajo un nuevo paradigma que al parecer vienen impulsando algunos de sus más altos funcionarios. Pero, un país sin rumbo no tiene esa capacidad de negociación. Y para peores el gobierno desacierta por partida doble. Se hace una propuesta de negociación cargada hacia los impuestos, en su mayoría regresivos, y sin claridad respecto a la reactivación social: empleo, endeudamiento ciudadano, apoyo a pequeña y mediana empresa, salvaguarda para desempleados, etc. Y se convoca a un diálogo, con visión tecnocrática, elitista y restringida.
Después de esos traspiés, y gracias a la iniciativa de la Junta Directiva del Banco Popular, se alcanzó a sentar a diversos sectores en una mesa más amplia, con miras a una concertación para salir de la crisis. Lamentablemente, algunos persisten en reducirla al problema fiscal y a buscar solucionarla limitándose a bajar el mal llamado “gasto” público; un cuento más de los que “vienen de todos lugares y también de Puriscal”. Resulta esperanzador, sí, porque también asisten quienes tienen una mirada más abarcadora y son de luces más altas.
Pues bien, quizá el mejor dividendo que podamos sacar de esta iniciativa no sea tanto que sus propuestas conduzcan a dar ese salto cualitativo hacia la Costa Rica postneoliberal, pero sí nos haga apreciar y valorar lo importante y decisivo que resulta el diálogo intersectorial para darle rumbo a este país.
Efectivamente, como se ha señalado, la democracia participativa tiene que ser, ante todo, deliberativa. El espíritu del diálogo permanente por parte de una ciudadanía crítica y propositiva, así como de gobiernos receptivos que saben ejercitar el arte de la política, que es el de la negociación y la búsqueda de acuerdos entre intereses diversos y en conflicto. Es decir, donde el pueblo tiene que ser protagonista y no mero espectador.
Llegó el tiempo de superar el caudillismo presidencialista y el elitismo tecnocrático, propios de una cultura política desfasada. Apostemos al dialogo intersectorial permanente para darle rumbo a este país.
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