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Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Segunda parte

Escrito en 16/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro,

Sociólogo y escritor costarricense

La depreciación o pérdida de sentido del lenguaje que usamos para referirnos a la vida política, y aún a ciertas dimensiones o momentos de la cotidianidad ha alcanzado, en estos días de gran intensidad de la protesta social en Costa Rica, unas alturas cercanas al paroxismo y a una especie de locura colectiva –por así decirlo- entre los personeros del régimen de la dictadura en democracia y el pequeño, además de poderoso, sector del capital financiero, cuyos personeros están desesperados por consolidar sus “buenos” negocios con el asunto de la abultada deuda interna del país, y la tenencia de bonos de ésta que se ha convertido en un jugoso negocio de casi una decena de billones de colones, lo que va en perjuicio de la gran mayoría de la población, cuyo empobrecimiento se acelerará en varios dígitos, en caso de persistir la actual correlación de fuerzas sociales y políticas.
Las palabras como “diálogo”, “violencia” o “vandalismo” y otras usadas a conveniencia, son manoseadas tanto por los políticos de oficio, como por un puñado de tecnócratas y “comunicadores” de toda ralea, de tal manera que han perdido casi toda su significación, para convertirse así en otro de los componentes de esta Torre de Babel, en la que estamos sumergidos, por causa de los comportamientos miméticos de muchos de los actores de este drama, especialmente entre aquellos situados hacia la izquierda del llamado espectro político. En el caso de la primera de ellas, el gobierno del presidente Carlos Alvarado aceleró su vaciamiento semántico, de tal manera que la condujo a la pérdida de cualquier sentido unívoco que pudiéramos darle, ya ni siquiera en términos neutros, como en algunas dimensiones de la vida cotidiana, dentro de las que solemos hablar del diálogo, como un mero intercambio de impresiones entre dos o más interlocutores. Actuando a la manera de un prestidigitador, el conocido científico social y columnista del diario La Nación, Jorge Vargas Cullel, director del programa de El Estado de la Nación, se sacó de la manga no precisamente un conejo o un pañuelo, sino más bien el organigrama y cronograma de un supuesto “diálogo nacional” sectorial, cuya apariencia es la de un monólogo entre las cúpulas del poder económico y político, aunque lo más increíble, en este caso, es que desde su formulación inicial se deja por fuera al movimiento social que ha venido luchando en las calles, campos y ciudades de todo el país, bajo la denominación de Rescate Nacional, el que termina siendo ninguneado por el régimen. Es a partir de estos rasgos, o elementos esenciales que no logramos entender el significado de la expresión “diálogo”, dentro de esta puesta en escena, tan evasiva de las graves implicaciones del conflicto planteado, que está siendo desplegada en medio de un convulso escenario histórico, dentro del que sin embargo una gran cantidad de actores sociales y políticos “insospechados”, entran en el juego del Poder Ejecutivo y de los intereses económicos, tanto de los evasores como de los tenedores de bonos de la deuda interna, los que en la mayoría de los casos, resultan ser los mismos personajes.
Sucedió entonces, durante las dos semanas más recientes, que al acelerarse el conflicto social, exteriorizado por la protesta masiva de los sectores sociales de la periferia, esos que configuran lo que podríamos llamar la Costa Rica profunda, que los intentos de explicar lo que está sucediendo se estrellan con la terca realidad, dado que el lenguaje con el que acostumbramos a calificar estos procesos sociales, al haber sido vaciado de su significación no nos sirve para entender y mucho menos explicar ¿qué es lo que está sucediendo en el orden de la vida social y política de este pequeño país centroamericano? La necesidad implícita que tenían los movimientos sociales, afincados en las zonas rurales de la periferia, de romper el blindaje que le había sido impuesto a otro segmento del movimiento social, cuando dos años atrás había sido aplastada una huelga de los trabajadores del sector público, como un hecho al que hemos venido haciendo referencia, los llevó a emplear los bloqueos o cierres de carreteras y puentes como una medida de presión sobre un régimen, cuyo gobierno ni siquiera ha querido simular algún tipo de diálogo u encuentro con ellos.
Hoy, el movimiento social en estado puro, representado por Rescate Nacional sigue como al principio, cercado por todos sus flancos, por parte de quienes lo ven como un peligro para sus intereses más mezquinos. Para las cabezas del régimen y su gobierno de coalición, como también para los integrantes de los poderes fácticos que lo controlan, y asimismo para los llamados “progres” del PAC, engolosinados con las mieles del poder, y considerando siempre que su agenda del llamado “marxismo cultural”, es la única importante a ser tenida en cuenta; en fin todo un conjunto actores sociales y políticos que consideran que ese movimiento debe ser aniquilado, acudiendo para ello a cualquier vía, y sin importar el grado de violencia que implique su supresión de la vida social y política, en su odio llegan hasta los extremos del totalitarismo, negándose a reconocer siquiera la condición humana de los que protestan.
La impresionante campaña de prensa, llevada a cabo por los medios hegemónicos, para descalificar a los que llaman “vándalos” o “delincuentes” de la peor ralea, se ha visto reforzada por una represión policial cada vez más cruenta, intensificando el uso de “fuerzas especiales”, como son las de la policía antimotines, entrenada por los carabineros de Chile y la policía nacional de Colombia, dos países donde el respeto a los derechos humanos no pasa de ser una ficción. Los habitantes de San Carlos, de Pérez Zeledón, Guanacaste y otras regiones han sido objeto de una cruenta represión, con el empleo masivo de gases lacrimógenos y hasta irrupciones violentas en sus hogares, por parte de unos cuerpos policiales que los han tratado como una especie de “enemigo interno”, buscando sembrar el terror entre ellos.
Dada la gran confusión semántica existente en el discurso de algunos de los que protestan, lo que da lugar a una especie de gran polifonía, dificultando la captación plena del sentido o significado más profundo de esta rebelión de los sectores rurales contra el régimen neoliberal, al que llaman “comunista” o “madurista”, aunque en estricto sentido no lo sean para muchos de nosotros, no podemos negar que esa es su forma de nombrar al hecho sociohistórico que los inquieta y golpea en pleno rostro. Aunque para la significación mentada, que traen a cuento muchos de los protagonistas del conflicto, el hecho resulta irrelevante: lo que alcanzan a identificar es la existencia de una dictadura, no importa cómo la llamen, lo que los lleva a la rebelión es la agresión del neoliberalismo, y la voracidad del capital financiero, lo sienten en su pellejo y no aguantan más.
Para un sector de la llamada “izquierda”, sobre todo aquella oficiosa, y cercana a los manejos políticos del régimen, la circunstancia ya apuntada les ha servido para darle la espalda a un movimiento nacido de las entrañas del pueblo, pues para algunos de sus cuadros y voceros habituales es preferible ver las cosas a la distancia, como si el asunto no fuera con ellos, además de que consideran que esas gentes carecen, de lo que llaman eufemísticamente, una “dirección política correcta”. Una vez más la estéril teoría así empobrecida se ve rebasada por una dinámica realidad a la que es preciso responder, poniéndose a la altura de la magnitud del desafío histórico, no prestandonos a las maniobras del régimen y sus trampas en cuanto al diálogo-monólogo, con el que quieren engañarnos a todos.

Alternativas: «Manejo de recursos fiscales en Costa Rica»

Escrito en 16/10/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este viernes 16 de octubre a las 6 p.m., en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre “Manejo de los Recursos Fiscales en Costa Rica”.

Con la participación de: Karen Villalobos, Jonathan Acuña, Jorge Coronado y Gisela Víquez, podrá sintonizarlo en los 1590 AM o bien, a través de Facebook Live.

Pan con pan, consuelo de tontos

Escrito en 16/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

Para decirlo en bonito, el director del Estado de La Nación Jorge Vargas Cullel ha asestado un gran golpe a su prestigio profesional. Dicho en cristiano, se ha puesto en ridículo. Lo más grave, comprometido la legitimidad, imparcialidad y espíritu crítico de la institución que preside, y la ha convertido en un apéndice del poder político. Como suponen, me refiero a ese compadre hablado de la mal llamada mesa de diálogo nacional.

Primero por la integración de esa mesa de diálogo, donde evidentemente, sin la menor duda posible, la mayoría la conforman personas proclives al gobierno. Sumen, resten dividan y multipliques y se darán cuenta. Allí no hay posibilidad de disensión funcional, es decir, viable. Además, hay un tema único, impuesto por Vargas Cullel, previo con Casa Presidencial. Por tanto, nadie puede traer a colación otro tema ni temas similares. Los bloqueos, la pobreza, el desempleo, el engaño, la desesperación de la gente, eso ni por asomo se discutirá.

Segundo, cualquier propuesta que alguien quiera hacer tiene dos filtros. Uno son “técnicos de Banco Central de Costa Rica y Hacienda”, siempre presentes, y el otro es un equipo de enjundiosos economistas nombrado por Cullel, siempre presente también. En aras del “realismo” ellos decidirán si las propuestas son de recibo o no. Ellos van a evaluar las propuestas, santificarlas o colocarlas en el cesto de lo inaceptable. ¿De dónde saldrán esos expertos? Me imagino que de los mismos lugares de donde han salido los que nos tienen donde estamos. Por tanto, de allí no puede salir, es más, ni siquiera se puede discutir, una medida que esos técnicos consideren no viable.

Será el mismo Cullel quien dicte las normas del debate, dará y retirará la palabra, reorientará la discusión cuando a su entender no se corresponda con el tema en debate.

Además, el contenido de las discusiones es privado y solo se informará sobre los resultados. Debate a puerta cerrada, ni más ni menos.

En otras palabras, hay más diálogo en un convento dominico.

Pero lo peor no está allí. El asunto central es que de ese “diálogo” han quedado excluidos aquellos con quienes se debería dialogar, los sectores que están en lucha, así como muchas organizaciones rebeldes.

El “diálogo” del señor Cullel es entre iguales, son los mismos que discutirán con los mismos y, por supuesto, se pondrán de acuerdo. Es un yo con yo. Pero como dice el refrán: “Pan con pan, consuelo de tontos”.

¿Quo Vadis independencia judicial? La jueza RB Ginsburg y la dignificación del oficio

Escrito en 16/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rosaura Chinchilla-Calderón

Juzgando a los jueces. La ciudad que desde 1923 había albergado congresos propagandísticos del Partido Nacionalsocialista alemán, al terminar la II Guerra Mundial fue elegida simbólicamente para desentrañar la responsabilidad de dirigentes del Tercer Reich en los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los juicios de Nuremberg sentaron las bases del Derecho Penal Internacional. Uno de esos procesos se efectuó contra jueces y fiscales: 16 abogados (todos hombres) fueron juzgados durante nueve meses. Solo tres resultaron absueltos, uno se suicidó antes y otro no lo concluyó por enfermedad. A los 11 restantes se les condenó a diversas penas. La acusación les atribuía el abuso de las causas judiciales y penales para dar ropaje de legitimidad al asesinato masivo, la tortura y el saqueo de bienes de cientos de miles de personas. Es célebre la frase del proceso que lo resume: “la daga de los asesinos estaba encubierta por el manto del jurista.”

Judicatura y muro. Más de medio siglo después, en EUA un candidato millonario gana las elecciones gracias a un discurso supremacista blanco, misógino y xenófobo. Su principal promesa: construir un gran muro fronterizo para controlar la inmigración. Pronto chocaría con una sólida pared de negativas judiciales: jueces de California detuvieron las restricciones al asilo en frontera impuestas por Trump; luego, jueces federales dictaminaron que era ilegal la declaratoria de emergencia con la que el mandatario pretendía obtener financiamiento para esa obra y también fue gracias a resoluciones judiciales de Nueva York que se evitó la entrada en vigencia de una norma que establecía que las personas inmigrantes eran una «carga pública» y eso las hacía inelegibles a la residencia permanente. Tampoco los jueces y juezas de lo migratorio (dependientes del ejecutivo y no del judicial) han cedido ante las presiones para que se aligeren deportaciones masivas. En ese marco, el presidente de la Suprema Corte, el juez John Roberts, nombrado por el republicano Bush dijo: “No tenemos jueces de Obama, o jueces de Trump, o jueces de Bush, o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que dan su mejor nivel por la igualdad de derechos de quienes están delante de ellos (…) Esa independencia judicial —prosiguió— es algo por lo que deberíamos estar agradecidos”. Fue el mismo juez ‘conservador’ que se unió con los ‘liberales’ para salvar parte de los fondos para población joven migrante del Obamacare.

Judicatura y democracia parlamentaria. En Reino Unido, Boris Johnson suspendió el Parlamento para, de esa manera, impedir el debate y forzar la salida dura que él patrocinaba para el Brexit con la Unión Europea. El Tribunal Supremo, por unanimidad de sus once jueces y juezas, declaró ilegal y nula, de pleno derecho, la medida, calificándola de pretender silenciar y obstaculizar la labor parlamentaria y de haber generado un engaño y un consejo erróneo a la Reina Isabel. Las sesiones del Parlamento se reanudaron en octubre del año anterior y las discusiones sobre ese tema continuaron por las vías normales establecidas al efecto. La justicia salió al paso del atajo ilegal pretendido por el político para fortalecer su agenda.

El campesino, las puertas de la ley, el molino y la judicatura. ¿Qué tienen en común esos casos? Primero, que por grave que sea la situación, esta se dirime, en definitiva y con sólidos criterios jurídicos, en un tiempo prudencial, sin dilatar las eternidades a las que, lamentablemente, nos vamos acostumbrando en C.R. y que nos hace tan cercana aquella imagen creada por Kafka, del campesino que muere frente a la puerta de la ley, a la que nunca tuvo acceso, aunque formalmente estaba “abierta”.

En segundo lugar, interesa enfatizar el poder clave que tiene la judicatura tanto para darle ropaje de legitimidad a los más perversos móviles, como cuando, actuando bajo el alero de la normativa vigente en una sociedad democrática, puede detener los desmanes del poder y evitar el quiebre institucional.

En el primer caso, el juez o la jueza se comporta como un engranaje más en la perversa máquina que muele, a su paso, a los opositores y disidentes y se arrodilla a recoger migajas con el fin de, parafraseando a Novoa Monreal, obstaculizar o impedir el cambio social y mantener un orden hegemónico (clasista, sexista, racista, xenófobo, adultocéntrico, homofóbico), excluyente de grandes grupos de la población.

En el segundo, quien ejerce la función jurisdiccional lo hace como medio para la defensa de la dignidad de las personas frente al cinismo del poderoso. Por ello, no es infrecuente hacer referencia al cuento del molinero y el rey: aquel tenía un molino cerca del palacio donde este acudía a descansar y de cacería. El ruido de las aspas impedía ambas cosas. El rey hizo llegar ante sí al campesino para comprarle el molino, pero su dueño se negó. Ante ello, el monarca le advirtió que estaba en sus manos destruir la obra, sin siquiera pagarle una sola moneda, ante lo que el molinero dijo: «Eso sería una grave injusticia, majestad y hay jueces en Berlín» refiriéndose a la capital del reino.

Sí, hasta el más grande poder puede ser controlado con una judicatura independiente. Ahora también hay juezas y no solo en Berlín sino en muchos otros lares.

Judicatura como mecanismo de tutela de derechos humanos. La judicatura en un Estado Republicano y Democrático de Derecho ha de ser un contrapoder que garantice, efectivamente, los derechos humanos de las personas. Valga enfatizarlo: todos los derechos humanos, de todas las personas. Debe hacerlo a partir de la normativa vigente y del respeto a la jerarquía de las fuentes, apartándose de criterios morales, religiosos, ideológicos o de cualquier otra índole de quien decide.

No digo, con ello, que quien juzga sea una tábula rasa impermeable a sus circunstancias y cultura. Pero no solo debe hacer un ejercicio por objetivar e identificar sus preconcepciones, sino, además, cuando estas choquen con las estatuidas para toda la ciudadanía, ha de optar por estas y no por las suyas, respetando los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. Debe sustraerse a la tentación de pretender imponer su visión del mundo al conglomerado social y centrarse en decidir los conflictos de acuerdo con unas reglas preestablecidas aceptables para todos los grupos.

Juristas de la historia. Dada esa misión, de decisión en el humilde caso particular, la judicatura es un oficio en soledad. El ejercicio escrupulosamente honesto (en todo sentido) de la función jurisdiccional hace perder el favor de los poderosos (pues los contiene en sus desmanes y esto provoca ataques al funcionario/a) y, dado que las decisiones suelen ser, también, contra-mayoritarias, ubica a su titular de espaldas a los gritos de júbilo de las masas que, en no pocas ocasiones, piden crucifixiones de inocentes a cambio de liberaciones de ladrones.

Pocas veces alguien que desempeñe esta función se ubicará en los libros de historia de los pueblos. Y cuando tal cosa ocurre no es porque dicha persona lo haya buscado, sino porque se le reconoce la extraordinaria coherencia, en ocasiones a punto de inmolación, de su vida, obra y pensamiento, la cual ha logrado cambiar destinos, tanto por la incidencia directa que tienen sus decisiones, como por aquella indirecta, a largo plazo, sobre estructuras que no estaban listas, antes, para asimilar posiciones visionarias y progresistas. Por ello, se estudian los aportes del juez inglés Edward Coke, de los jueces norteamericanos John Marshall y Oliver Wendell Holmes JR, o del integrante del tribunal constitucional austriaco Hans Kelsen, para citar unos.

Y no es que las juezas no hayan hecho historia. Es que, como es lógico suponer, a ellas originalmente no les fue permitido el ingreso a la academia, el ejercicio de actividades laborales fuera de sus casas ni el integrar órganos decisores. Pese a ello, destacan nombres de mujeres, de sólida formación interdisciplinaria y primeras juristas, con aportes imprescindibles en la evolución jurídica: Concepción Arenal (España, 1820-1893), Mary Ann Shadd Cary (afroamericana, 1823-1893) y Cornelia Sorabji (India, 1866-1954), para citar unas.

La dignificación del oficio judicial en manos de una mujer. A ese Panteón de juristas insignes se ha integrado, para siempre, LA JUEZA de jueces, la «Notorious» Ruth Bader Ginsburg, la más destacable jurista mundial contemporánea, gracias a la defensa de los derechos de las personas afrodescendientes, de los y las migrantes, de la comunidad LGBTIQ+ pero, sobre todo, de las mujeres. La jueza Ginsburg hizo de la igualdad de las mujeres en la Carta Magna de los Estados Unidos (caso United States vs. Virginia) lo que, en su momento, intentara Olympe de Gouges (Francia, 1748-1793) con la Declaración de los Derechos Humanos, perdiendo la vida por ello: la “simpleza” de decir que los derechos del hombre y del ciudadano son también los de la mujer y la ciudadana.

Como mujer, vivió, en su propia piel, el ser discriminada por su género tanto en la academia (como estudiante en Harvard y Columbia) como en el ejercicio profesional, pese a ser una intelectual brillante y sobresaliente según da cuenta su trayectoria como defensora de derechos humanos en la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, por sus siglas en inglés). Sostuvo, sin renuncia de sí, los roles de cuidados culturalmente asignados al suyo.

Su nominación a la Suprema Corte en 1993 por Clinton fue recibida con alguna frialdad por algunos colectivos, dadas sus posiciones sobre el tema del aborto, las cuales ella supo conciliar con una interpretación derivada de los principios jurídicos. En Gonzales v. Carhart (2007; 550 U.S. 124) RBG le recordó al juez Kennedy que, en sus propias decisiones anteriores sobre el aborto y los derechos de la comunidad LGBTI, él había afirmado que la obligación de los jueces es definir la libertad de todos, no imponer el código moral propio. Ojalá lo recuerde así la nominada jueza Amy Coney Barrett quien, pese a que ha externado posiciones a favor de las políticas de dureza frente a la inmigración, a favor del derecho de los estadounidenses a tener y portar armas y ha dicho que la vida humana inicia con la concepción, también ha referido que “mi filiación personal con una iglesia o mi creencia religiosa no hará que deje de cumplir mis deberes como jueza» y que «Los jueces no son legisladores y tienen que dejar a un lado cualquier opinión política que tengan.«

Magistratura costarricense en el ocaso de la Segunda República. En C.R. la selección y elección (alternada para el bipartidismo) de quienes ostentaron puestos en la cúpula judicial estuvo signada, durante parte de la Segunda República, por la independencia con que, en términos generales, se comportaban las personas designadas (en su gran mayoría hombres, pues, a hoy, de 22 escaños titulares solo 8 los ocupan mujeres).

Ese comportamiento se ha explicado por la solidez de los atestados de quienes se seleccionaba, pero acaso haya sido producto, también, de la selectividad de los conflictos que debían resolver. Recuérdese que hasta finales de los años 80 del siglo anterior, la Constitución Política era letra muerta, ante la falta de control de constitucionalidad efectivo; la jurisdicción contenciosa para exigir cuentas al y desde el Estado era una maraña impenetrable y sin uso; la criminalidad era la convencional, de grupos marginales y los conflictos civiles y de familia estaban regulados por el Código Civil de 1887, recién medio remozado, una década antes, por el Código de Familia, que se había desmembrado de él. Además, los temas laborales discurrían con la aceptación mayoritaria: las garantías sociales estaban constitucionalizadas (en una norma de simple papel), las asociaciones solidaristas se aceptaron para quebrantar el movimiento sindical, no se criminalizaba la protesta social y aún tenían aceptación las convenciones colectivas como válvulas de escape de algunos conflictos sociales.

A mediados de los años 80 se suscribe el primer Programa de Ajuste Estructural o PAE I; durante la administración de Arias Sánchez (1986-1990) se firmó el segundo y entre los gobiernos de Calderón Fournier (1990-1994) y Figueres Olsen (1998-2002) se negoció y ratificó el tercero. Todos partían de la reestructuración estatal a cambio de financiamiento.

Ese período —de finales de los 80 y la década de los 90— coincide con cambios normativos importantes: en 1989 se aprueba la Ley de la Jurisdicción Constitucional y se efectúa una reforma constitucional para crear la Sala Constitucional la que, en adelante, tendría la potestad de definir el rumbo del país. La conformación inicial del órgano asumió, con seriedad y rigor, su papel: vedó la existencia de las tan comunes normas atípicas del presupuesto y de las partidas específicas: mecanismos populistas de uso frecuente por los políticos de turno; se empezaron a controlar los excesos autoritarios del Estado, a través del poder punitivo y de policía (redadas a bares LGBTIQ+ y uso de mano de obra gratuita para obras privadas por medio de la imposición de una sanción a través de la Ley contra la vagancia la Mendicidad y el abandono para mencionar algunos); por un voto de diferencia se impidió la reelección presidencial (tema, este, clave en la conformación posterior del órgano) y el legislativo quedó desnudado en sus excesos y omisiones.

Si se piensa que, producto de aquellos programas económicos, se discutiría, en ese órgano judicial, el acople de la legislación en materia de liberación de los depósitos bancarios (1992), la privatización del ICE y la apertura de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones (“huelga por el combo del ICE”, 1999-2000), el segundo intento de la reelección presidencial (esta vez con éxito: 2003), la eliminación del monopolio de seguros (2008, ley No. 8653), la minería a cielo abierto (2008) y otros temas relacionados con el agua y el TLC, para citar solo algunos, se comprende por qué era clave dominarlo y cambiar su composición.

Por otro lado, hacia finales de los años 90 se aprobaría un Código Procesal Penal con un modelo marcadamente acusatorio, que dejaba en manos de la Sala Tercera el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes (y la casación en poder de la totalidad de la cúpula judicial, elegida por la Asamblea Legislativa). Eso, sumado a algunas acusaciones fiscales que generaron procesos contra políticos a quienes se les atribuyó una amplia gama de delitos relacionados con la corrupción en la función pública, haría que resultara vital la cooptación de ese órgano.

En lo que atañe a la Sala Segunda, esta tendría un papel de primer orden en la consolidación de reformas legales tendientes a la paulatina relativización de las garantías sindicales y laborales, como la flexibilización de la jornada laboral (conquista anterior a 1948, que se mantendría luego del conflicto y que aún sigue en discusión) y hasta ella llegarían los temas del reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+, caballo de batalla usado por sectores conservadores con un discurso fundamentalista religioso para dividir la oposición que implicaban aquellos temas estructurales (2018-2019). Y, por último, no debe olvidarse el papel de la Sala Primera, dedicada a la materia contencioso-administrativa, en donde se discuten permisos (incluyendo sobre viabilidades ambientales), responsabilidades estatales y temas fiscales, que también se vería remozada por legislación moderna en 2008.

Ese rápido repaso permite comprender cómo se gestó y estalló la crisis del Poder Judicial costarricense de los años precedentes, en donde su cúpula empezó a ser pieza de un ajedrez partidario para impulsar, o no, intereses específicos, generándose cambios en líneas jurisprudenciales consolidadas (¡quién olvida el rol de avanzada que tuvo la Sala Constitucional en América Latina en respeto a derechos humanos!) y pugnas competenciales con órganos internacionales de protección de derechos humanos (ver votos de la Corte IDH en el caso Artavia Murillo y otros contra CR; la llamada de atención del Comité de DDHH de la ONU, etc.) rasgo, este, común a otros Poderes Judiciales de la región, como Haití, Venezuela y República Dominicana, por ejemplo.

Según datos obtenidos en la Fiscalía General de la República, a inicios de 2020 había 14 causas abiertas contra diputados y diputadas. Aunque eso no significa que sean solo 14 las personas acusadas (una sola causa puede tener varios legisladores-as involucrados-as), sí permite concluir que al menos un 24% de los diputados electores están eligiendo quiénes serán sus jueces, por lo que son los únicos ciudadanos que tienen ese privilegio. Eso explica que nuestra Asamblea Legislativa no tenga el menor interés por adoptar mecanismos para garantizar la transparencia y publicidad de los procesos de designación de magistraturas titulares y suplentes; que los votos en este tema y los de reelección sean secretos, sin motivación; que no haya compromiso contra el lobby parlamentario; que se archiven los proyectos tendientes a castigar, con la pérdida de credenciales o régimen disciplinario, los excesos de los y las parlamentarias y que allí se den el lujo de ponerle cero a los candidatos y candidatas de más alto perfil.

La clase política, así sea por mera conveniencia, debiera dejar de meter mano en los poderes judiciales del mundo. Digo que por propia conveniencia porque un juez o jueza recto, probo y que resuelva con el derecho vigente, antepondrá la defensa de lo jurídico a sus propias convicciones, como mencionaran la jueza Ginsburg (nominada por los demócratas) y el juez Roberts (nominado por republicanos), quienes bastante a menudo coincidían en sus análisis dentro de la Suprema Corte de Estados Unidos. Claro, no tolerará tampoco, sus tropelías y esto es lo que realmente se teme.

Y la judicatura nacional, la de verdad, aquella que ha llegado hasta allí por vocación y convicción democrática, debería consolidar el poder con su trabajo cotidiano, con la fuerza de los argumentos y de la razón plasmadas en las decisiones de los casos, como lo hiciera la jueza Ginsburg a través de sus votos disidentes, sin buscar ni aspirar a nada más, que no es poca cosa la que tenemos entre manos. Solo así, llegado el día que en Costa Rica tengamos que juzgar a nuestros jueces y juezas, magistrados y magistradas, se vería quiénes fueron contrapoder frente al abuso y garantía de respeto a los derechos humanos de las partes y quiénes formaron el engranaje de la maquinaria perversa de un poder cínico.

Imagen: MSc. Rosaura Calderón Chinchilla, Instituto de Investigaciones JurídicasFoto: Anel Kenjekeeva, UCR.

El descontento y las movilizaciones regionales en el marco de los movimientos recientes frente a la crisis económica

Escrito en 15/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Se suele pensar que el descontento y las manifestaciones de los grupos y comunidades en las regiones periféricas del país, están influenciadas o determinadas por las organizaciones y por las movilizaciones que se realicen en San José o en las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana.

Aunque las movilizaciones y acciones de protesta en las regiones, coincidan con algunas de las demandas más generales de los grupos y organizaciones que impulsan los movimientos sociales en la GAM, aquellas tienen su propia dinámica, sus propios objetivos y sus propios mecanismos de negociación.

En la coyuntura reciente de movilizaciones y protestas en rechazo al proyecto de financiamiento con el FMI y en procura de una reforma fiscal integral y progresiva, del combate a la evasión y elusión fiscal y a otros proyectos que afectan las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores y los pequeños empresarios, las organizaciones en algunas zonas del país, han integrado a las demandas nacionales, sus propias reivindicaciones productivas, de empleo, pobreza e infraestructura, para reducir las inequidades existentes en las diferentes regiones.

En San Carlos, en Guatuso, en Upala, en Sarapiquí, en Pococí, en Siquirres y Liverpool en Limón, en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar Norte y Ciudad Neilly, en Cañas, Nicoya, Santa Cruz y La Cruz de Guanacaste, en Puntarenas, Paquera, Jaco y Quepos, las organizaciones y comunidades han efectuado sus movimientos de protesta, han presentado sus pliegos de peticiones y han reclamado el diálogo y la negociación directa con las Autoridades del Gobierno.

Al inicio las acciones gubernamentales estuvieron dirigidas a contener y a eliminar por la fuerza los bloqueos y movilizaciones, pero a partir del Consejo de Gobierno del 5 de noviembre, se prioriza en la negociación y en la búsqueda de acuerdos con los grupos y comunidades regionales para atender sus demandas y eliminar las movilizaciones en vías públicas.

El presidente Alvarado, instruyó al gabinete a intensificar el diálogo y negociaciones para atender las problemáticas y necesidades específicas de sectores y regiones del país, que permitan levantar bloqueos y habilitar las vías que son urgentes para la producción nacional y el abastecimiento de alimentos, así como para la reactivación de la economía y, en particular, de la actividad turística, severamente afectada por la pandemia.

Las reuniones -que tienen como objetivo levantar bloqueos y encontrar puntos de acuerdo- se llevaron a cabo en las regiones Chorotega (Sardinal de Carrillo), Huetar Norte (Guatuso y San Carlos) y Brunca (Pérez Zeledón, Golfito y Corredores), en donde se ha conversado con distintos sectores sobre sus preocupaciones y se han levantado una serie de peticiones que estarán siendo analizadas por las autoridades de gobierno.(ElPaís.cr,7-10-2020)

El mandatario instruyó al ministro de Agricultura y Ganadería, a intensificar un canal de comunicación con los sectores que se han manifestado en la Zona Norte de nuestro país, con el fin de atender, escuchar sus demandas y buscar alternativas conjuntas que permitan solventar las necesidades apremiantes para los sectores productivos y agropecuarios.

También encargó a la ministra de Economía, Industria y Comercio, canalizar las demandas de los sectores en la Zona Sur del país, junto al Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, con el fin de atender y encontrar soluciones a los problemas que señalan las personas que se han manifestado en la Región Brunca.

Los primeros resultados de este diálogo y escucha focalizada se dieron en el transcurso de los días 6 y 7 de octubre, mediante la intervención de la vicepresidenta de la República, en un trabajo conjunto con los alcaldes de La Cruz y Guatuso, lo que permitió el levantamiento de bloqueos de manera pacífica en dichos cantones.

La vicepresidenta y coordinadora de Franja de Desarrollo Zona Norte se reunió virtualmente con representantes del “Movimiento Pueblo Cruceño” y el alcalde de la Cruz y los ciudadanos hicieron la entrega oficial de un pliego de peticiones y en el cantón de Guatuso, sostuvo una reunión con el movimiento “Pueblo de Guatuso” y la alcaldesa para mostrar la apertura del Ejecutivo al diálogo y recibir una carta con peticiones.

En la Zona Norte, el ministro de Agricultura y Ganadería, sostuvo diálogos con sectores productivos y agrícolas de la zona, con el fin de abrir una mesa de negociación en este territorio. «Nos encontramos en negociaciones con los líderes del movimiento de la Zona Norte que han mantenido bloqueadas las carreteras. En este momento, se encuentran ganaderos de leche de carnes y productores de tubérculos. Estamos avanzando, hemos logrado la apertura de los bloqueos y esperamos el levantamiento para abrir el espacio de diálogo», comentó el jerarca. (ElPáis.cr,7-10-2020)

Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar fin a los bloqueos, el sábado 10, el presidente de la República junto a los vicepresidentes y los ministros de Agricultura y de Desarrollo Humano, recibió a los dirigentes de las manifestaciones de Guatuso, Upala y La Cruz donde se alcanzó el acuerdo de la apertura total de los bloqueos en Guatuso y en Upala.

El mandatario concordó en la no implementación de más impuestos para los más vulnerables, a no privatizar servicios esenciales, ni a la venta de activos del Estado, con la excepción de las ya anunciadas, así como continuar con la apertura gradual del sector turismo y comercial.

Además, el mandatario se comprometió a convocar el expediente legislativo N° 21.935 “Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción” y el proyecto de ley “Moratoria a las Deudas del Sector Agropecuario y Devolución de Bienes ya Adjudicados” expediente N° 21.798.

Por su parte, los dirigentes de Guatuso, Upala y La Cruz, agradecieron la apertura del diálogo y le hicieron saber al Gobierno sus preocupaciones en donde indicaron que los pequeños y medianos productores están sufriendo debido a que la pandemia ha golpeado el empleo y la actividad turística en la zona.

Manifestaron que este cantón posee escasas fuentes de trabajo y que aunque el bono proteger ha sido de gran ayuda para muchos hogares, se debe reactivar la economía a través de la inversión y mediante la creación de una mesa de reactivación económica (ElPaís.cr, 10-10-2020)

En la Región Brunca, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), se reunió en Pérez Zeledón con agricultores, empresarios, transportistas, entre otros y logró un acuerdo preliminar para permitir el tránsito progresivo de vehículos. Según éste, le fue entregado un documento con las peticiones que será trasladado al presidente de la República, y agradeció a los participantes por aceptar el espacio de diálogo.

Por su parte, el director de Gestión Presidencial ha mantenido un acercamiento con los líderes de los movimientos y manifestantes de los cantones de Corredores y de Golfito. El funcionario reportó que se han venido conversando sobre algunas de las inquietudes de las demandas que se tienen al respecto a temas nacionales y también sobre sus intereses territoriales.

Igualmente, la ministra de Economía y encargada del programa de desarrollo para la región Brunca, llegó a la zona para tratar los temas que son parte de la agenda del movimiento con el objetivo de generar una ruta de trabajo y una generación de acuerdos. (El Páis.cr,8-10 -2020).

En el Pacífico Central, en medio de protestas y bloqueos de carreteras, el Gobierno, el sector pesquero, molusquero y comunidades del Pacífico Central iniciaron un proceso de diálogo para solucionar diversos problemas que afectan a la población costera.

Los viceministros de Agricultura, Ambiente y el presidente ejecutivo de INCOPESCA en la ruta de intensificar el diálogo con el sector pesquero, molusquero y con comunidades costeras del Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, sostuvieron reuniones con representantes de estos sectores, con el fin de trabajar de manera conjunta las soluciones a los problemas que aquejan a estas actividades.

En el encuentro expusieron de manera detallada los proyectos a impulsar desde las organizaciones costeras para mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a la pesca. Además, cada jerarca informó de los avances en la atención de las demandas y solicitudes de apoyo a proyectos socio productivos.

También el viceministro de la Presidencia, mantuvo reuniones y espacios de trabajo con pescadores y molusqueras de Puntarenas y posteriormente, sostuvo un diálogo con pescadores de la provincia de Guanacaste y atendió al Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas.

En la reunión con la Cámara de Pescadores de Guanacaste, se permitió avanzar en la ruta de trabajo conjunta para impulsar los proyectos de ley referentes al otorgamiento de las licencias de pesca artesanal y otros temas de interés nacional.

Por su parte, el Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas planteó propuestas de 40 sectores de la parte económica de la provincia para el salvamento de las empresas, apoyo a nuevos emprendimientos mediante una mora regulatoria de dos años, nacionalización de mercancías, política pesquera integral y necesidad de un diálogo nacional para un nuevo pacto social y una reforma integral del Estado costarricense.

La organización reconoció la ayuda del Gobierno con iniciativas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como Jale al Puerto y el impulso que ha dado la Primera Dama en temas de turismo, pero destacó que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado en temas económicos y de empleo(ElPaís.cr,9-10-2020)

El esfuerzo de acercamiento, diálogo y negociación, entre las organizaciones locales y regionales de las zonas Norte, Brunca, Pacífico Central y Guanacaste y las autoridades gubernamentales, muestra una vez más la pertinencia del diálogo franco y constructivo y la negociación abierta y transparente, pero también la validez de los movimientos sociales y de las demandas regionales, así como la necesidad de voluntad política para resolver los persistentes problemas de las regiones.

La emergencia sanitaria y la crisis económica agudizada por las medidas para contenerla, han sido la causa del descontento y las movilizaciones populares recientes en todas las regiones, pero éstas también son la expresión de las desigualdades regionales y del reclamo de las poblaciones locales por las soluciones largamente postergadas por los Gobiernos.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, asegura que las medidas sanitarias para combatir la Covid-19 han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles antes de la pandemia, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico.

El estudio “Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe marzo-julio 2020”, resalta que los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios, sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.

En este escenario indica, las protestas de los últimos meses han retratado las disputas latentes y no tan latentes entre los diferentes sectores sociales (y en las distintas regiones del país) y los malestares que persisten con la política institucional, personificada en este caso en el gobierno del presidente Carlos Alvarado.

La crisis económica, la desigualdad social y los problemas de legitimidad de la política institucional, se convierten en factores determinantes para entender el rumbo que ha tomado el país durante la pandemia y también el descontento y las movilizaciones sociales de las últimas semanas.

Imagen ilustrativa.

El consistorio del diálogo social

Escrito en 15/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.” (Saramago)

Manuel Hernández

El Gobierno de la República, después de infructuosos intentos, en mancuerna societaria con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el 11 del mes en curso, convocó a un proceso de diálogo social multisectorial, que será solemnemente inaugurado el próximo sábado.

Ese planteamiento oficial amerita algunos comentarios puntuales.

1.- Esta última convocatoria se produce al calor de la crispación política, las reacciones y la rabia legítima de amplios sectores populares, que en el foro público están manifestando su inconformidad contra la agenda de implementación de los proyectos de ley y otras iniciativas que el Gobierno estaba poniendo en bandeja de plata al FMI para “negociar” un instrumento de asistencia financiera por un monto de $1.750 millones.

La divulgada convocatoria, por tanto, no corresponde a una genuina vocación de diálogo del Gobierno, que a lo largo de más de dos años ha demostrado manifiestamente que no tiene esta franca voluntad.

La flamante convocatoria es una salida política coyuntural, bien calculada, con la finalidad de aplacar el escenario de agitación social que causó el fallido planteamiento de negociación del préstamo con el FMI.

2.- Con la finalidad de procurarle alguna credibilidad aceptable a esta nueva iniciativa, el Gobierno, por una parte, echó mano de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y por otra parte, recurrió a los solícitos auxilios del Programa del Estado de la Nación (PEN), convertido en socio protagonista de esta emergente empresa.

El Programa del Estado de la Nación ha asumido el rol de “ente facilitador”, que estará a cargo de la estructura de apoyo logístico, pero que las atribuciones que se arrogó el Director del Programa, motu proprio, exceden las competencias que de ordinario tiene una instancia a la que se le atribuya cumplir esa misión de “tercero neutral”.

3.- Tratándose del planteamiento sustantivo de PEN, en primer lugar, corresponde advertir la cuestión que va a ser el objeto del proclamado diálogo social; es decir, el mandato, el denominado “problema” a debatir y solucionar.

La cuestión objeto del proceso, en esta primera etapa, viene determinada, de antemano, con el mayor rigor, con pelos y señales, en términos macro económicos, tendiente a reducir la situación del déficit primario y el endeudamiento.

Cualquier propuesta de los actores participantes tiene que necesariamente circunscribirse a alcanzar las metas o parámetros económicos definidos anticipadamente.

Entonces, el proceso tiene una dinámica unidireccional, con un producto esperable que ya viene modelado, embutido, de suerte que cualquier propuesta queda totalmente subordinada al cumplimiento de este único objetivo.

Cualquier otra iniciativa “loca”, como lo manifestó el Director del Programa del Estado de la Nación, queda fuera de lugar; sujeta al escrutinio del panel de expertos, correligionarios de las escuelas de Friedman, Buchanan y Hayek, que le compete determinar la razonabilidad técnica de las propuestas y certificar que las propuestas o recomendaciones cumplan con los parámetros económicos predefinidos. Esto se llama control de calidad.

4.- No queda la menor duda que se trata de una propuesta estrictamente de carácter fiscalista, de corto plazo, que al final se reducirá a un ajuste de cuentas: aumento de ingresos y reducción de gastos.

Este planteamiento le permitiría al Gobierno, haya o no acuerdo, en definitiva, terminar el resto del período constitucional que todavía le queda, que prácticamente se agota el próximo año. Después vendrá la infaltable fiesta electoral.

La solución de los problemas estructurales de nuestro país, la reconstrucción económica y social, la desigualdad social, la desigualdad de género, la reactivación del tejido productivo, la generación de empleo, la protección social de los más vulnerables, queda postergada para la Segunda venida de Cristo.

5.- Por otra parte, el proceso de diálogo se disciplina con una parafernalia e inflexible regulación instrumental, procedimental, que le (auto) confiere al Director del Programa del Estado de la Nación un conjunto desproporcionado de potestades, a saber: la “potestad del lapicero”, la “potestad de vocería”, potestades procedimentales, potestad exclusiva de convocatoria a sesiones, la aplicación de la regla de salida, entre otras.

Estas potestades exorbitantes, cuya titularidad le corresponden en exclusiva a PEN, coloca a la instancia facilitadora en un status de participante protagónico, actor principal de la comedia política, que asume una posición de autoridad, que raya en el dirigismo autoritario.

6.- No deja de ser importante señalar que en un proceso de diálogo, para que sea confiable y democrático, lo primero que se negocia son las reglas del juego.

En este sui generis proceso, por contrario, las reglas de participación las determinó unilateralmente el propio Estado de la Nación.

Es decir, la misma instancia que tendrá a su cargo la administración y logística del proceso, definió a su arbitrio las reglas de participación, las cuales quedan sujetas a su estricta aplicación y exclusiva interpretación.

7.- Las reglas definidas unilateralmente configuran una verdadera camisa de fuerza, de tanta intensidad, que si el facilitador estima que los integrantes no están negociando de buena fe, o se retiran de la Mesa, a merced de la cláusula de salida, el PEN tiene la potestad de dar por fenecido el proceso. ¡Caput¡

En consecuencia, hasta ahí llegaría ese ejercicio tan democrático de participación y nos vamos todos tranquilos a la casa, con la satisfacción del deber patriótico bien cumplido, quedando habilitado el Poder Ejecutado, de frente a semejante esfuerzo de diálogo frustrado, a adoptar las políticas públicas y medidas económicas que a su total discreción correspondan.

8.- Aquella potestad de vocería implica que los comunicados únicamente los puede emitir el PEN, cuyo contenido queda limitado a los resultados obtenidos, omitiéndose constar los contenidos de las deliberaciones.

La estructura operativa tiene una plataforma de comunicación, que le corresponde informar a la ciudadanía el avance del proceso, “de manera oportuna y con un mensaje disciplinado.”

En las minutas de las reuniones únicamente se harán constar exclusivamente los temas discutidos, acuerdos o desacuerdos, pero en ningún caso se consignarán las opiniones de los participantes, creándose una cláusula de confidencialidad, totalmente inadmisible.

La “potestad del lapicero” no es más que una potestad de censura previa, en virtud de la cual todo documento debe ser “revisado”, de previo, por la instancia facilitadora y luego, si pasa su escrutinio, puede ser sometido a conocimiento de los integrantes de la mesa.

Queda así desnudado un proceso caracterizado por el verticalismo, el excesivo control, la opacidad, que por contrario, en aras de la transparencia, este proceso debería ser público y transmitido en tiempo real a toda la ciudadanía.

9.- No solo es que el Programa del Estado de la Nación definió el objeto muy calibrado del proceso, las reglas instrumentales, sino además, como si lo anterior no fuera poco, la participación de los sectores y las correspondientes cuotas.

10.- Por último, no están convocados todos los que son. Una serie de colectivos de nuestra sociedad, como pueblos indígenas, colegios profesionales, pensionados y jubilados, judiciales, entre otros, quedaron excluidos.

Mucho menos están convidados quienes en el ágora del espacio público recuperado, están exigiendo un verdadero diálogo social, real, efectivo y democrático, que tenga una vocación transformadora de nuestra injusta sociedad, que ya no soporta tanta desigualdad social.

Decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, la toman por si mismos, más pronto o más tarde”.

La urgencia del Diálogo Social, como un cauce de mediación democrática, de interlocución política, sigue siendo una asignación pendiente en nuestro país.

¡Luces, cámaras, acción!

15/10/2020

Las FARC entre el infundio o lo cierto

Escrito en 15/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

Entre dimes y diretes, y entre dares y tomares,
si por dónde empiece ignoro,
mal sabré por dónde acabe.
Luis de Samaniego

Puede que el país esté de por medio en la averiguación o búsqueda de la Verdad en torno al asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado (Álvaro Álvaro); pero que el asunto del debate de si fueron o no las antiguas Farc las causantes del hecho, sitúa en si ese hecho delictivo fue causado directa o indirectamente ligado con el conflicto armado. A diferencia de la justicia ordinaria, en la JEP no se reciben denuncias individuales. A su conocimiento llegan informes. Estos los pueden presentar cualquier persona o entidad, sin que medie personería jurídica de por medio y contendrá toda la relación detallada, con la información relevante sobre el hecho denunciado, sin que se trate de un análisis jurídico. Importa el relato del hecho victimizante con marcos de referencia concretos en el orden geográfico, económico, político y social, en el cual, se cometió el delito o delitos; esforzándose en la identificación de los presuntos responsables, con liberalidad en los datos aportados. Ubicar a los actores armados en ese momento en Colombia, que en modo alguno descarta al ejercito Made in Usa. La ubicación territorial de esos actores y sus relaciones, su uso, control, ocupación.

La dictadura mediática ha hecho de las suyas, sobre el infundio que las antiguas Farc están reconociendo, “confesando” la autoría de tal delito.

Violando toda reserva sumarial, dos sobrevivientes del Secretariado, Lozada y Timochenko hicieron eco de lo mediático sobre un informe presentado por ellos a la JEP en el que desean aportar conocimiento y verdad acerca del asesinato del dirigente conservador. No medio el texto de un comunicado de las antiguas farc, por el partido de La Rosa, al respecto. Obviamente el texto de la carta o informe dirigida a la JEP no se conoce; lo cual no ha sido óbice para que esos dos incrustados en el seno de las antiguas farc para manipularlas; o incrustados para derribarlas, se atribuyan que fueron (las) los autores y uno de ellos el perpetrador responsable de las milicias urbanas Antonio Nariño de las antiguas Farc y en tal sentido, atribuyéndose el “hecho de verdad” en el informe o declaración a la JEP

El tal Comunicado de la JEP, en el cual se dice que las antiguas Farc hacen un “reconocimiento anticipado” es apócrifo: no contiene firma autorizada de la JEP y al mismo no alude la Dra. Patricia, como presidente de la JEP. Ella menciona que la Carta está firmada por unos del antiguo Secretariado. De manera que sobre el asunto hasta el mismo padre Vicente de la Roux, especula al dar por hecho que lo conocido al respecto del dicho de las Farc y la existencia de unas fotocopias de “correspondencia” de Manuel Marulanda al Mono Jojoy, que aporta el ejército (de por sí involucrado en el delito), sean Verdad y darlas por creídas. En perdida de objetividad periodística, incurre Ariel Ávila en la difundida entrevista al expresidente Samper y a Horacio Serpa. Todo obedece a un montaje mediático, para lavar caras. A ese juego sombrío también se han prestado los Directivos del Partido Farc.

Los medios reseñaron que la farc, en una carta a la JEP cuyo texto no se conoce, citan y afirman que contribuirá a esclarecer el crimen de ese político de la derecha colombiana y que “La orden del asesinato se dio, según consta en carta enviada a la JEP, porque Gómez era “un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes Farc-Ep”.

De manera que remontar a la causa del asesinato a lo de la creación contra insurgente de las “repúblicas independientes” contra Marquetalia, en 1964; es reducirlo a un acto justicialista, que no ajusta al comportamiento de las insurgencias durante el prolongado conflicto armado, de no aplicar la Ley del Talión, de “diente por diente”, durante todo el comportamiento genocida del Estado terrorista colombiano de ayer y hasta hoy

Para agencias internacionales como EFE, los jefes de la antigua guerrilla de las FARC se atribuyeron el asesinato del excandidato presidencial colombiano Álvaro Gómez Hurtado, a quien consideraban «un objetivo militar» y «enemigo de clase», el 2 de noviembre de 1995. Citan: «Hoy, a pocos días de cumplirse 25 años de este asesinato, los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho», informaron en un comunicado. Que… “Tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado», agregó la información…. «Ante la JEP y la Comisión de la Verdad explicaremos por qué Álvaro Gómez Hurtado era considerado por nuestra organización un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes FARC-EP y por qué decidimos callar este hecho todos estos años», detallaron los jefes de la desarmada guerrilla. Lo gravitante está en que, siendo un informe reservado para la JEP, locuaz mente reveló su contenido anticipado a la opinión; pero a todas luces el texto de la carta no se conoce; no es público.

En forma por demás tardía, en un comunicado hecho público, esa antigua organización armada desmovilizada, en cabeza del hoy partido político, manifestaron “que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez”.

LAS DISTINTAS ARISTAS O VERSIONES.

La versión más conocida es que Álvaro Álvaro fue asesinado por la inteligencia del ejército involucrada en una conspiración contra el gobierno de Samper (periodo 1994-1998), como consecuencia del escándalo del proceso 8.000, por injerencia del dinero del narcotráfico en las elecciones presidenciales; en la que Horacio Serpa era el Ministro del interior, y que al no aceptar Álvaro Álvaro, el cambio de gobierno mediante el golpe militar, lo asesinaron los milicos. Al respecto la versión del finado embajador de USA, Frechet, es única. Esa hipótesis llevó incluso a que fuera llamado a juicio el coronel (r) Bernardo Ruíz Silva, comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, quien fue señalado por un testigo con reserva de identidad conocido como Emilio, de haber participado en una reunión en Bucaramanga con los sicarios que cometieron el crimen… Luego absuelto por inconsistencia del testigo…

La otras fue la versión de Rasguño que fue el cartel del Norte del Valle y así…hasta a Rito Alejo del Río lo involucran…

Dable es concluir que las diferentes aristas de autorías de ese homicidio, también llamado magnicidio, permanece vigente en este país de candela. El que haya sido un delito de Terrorismo de Estado, armado por el Ejecutivo y el ministro del Interior del momento, es la más débil. El que hayan sido las antiguas Farc, está por verse, conforme a lo analizado de momento. Aplica lo sostenido por los litigantes en derecho: “recibido, pero con beneficio de inventario”. La versión más solida es la del producto del pretendido golpe Estado, instaurado; que mantiene soto voces al expresidente Santos, conocido como el “conspi”. Otros aluden a los “conspis”. A la inteligencia militar, sobre el entramado de un golpe de estado, en el que el finado Frechet, ex embajador de USA, aportó a la Verdad y sentó que Álvaro Álvaro, si bien quería la destitución del gobierno involucrado en el escándalo del 8000, no se prestó para un golpe de facto y ello produjo su ajusticiamiento. Resulta irrefutable lo argumentado por el analista Jorge Gómez, en su libro al respecto y el que el “Ruido de Sables” se dio, fue un suceso histórico irrefutable. “Hijo: hay ruido de sables” le avisó, esa noche, el Dr. Eduardo Umaña Luna, al sacrificado por la inteligencia militar, Eduardo Umaña Mendoza, cuando vio el paso de tanquetas desde la ventana de su casa.

Al conocerse la atribución de las Farc, el sub-presidente Duque puso en duda ese reconocimiento. El expresidente y ex senador Innombrable también lo hace. Los del uribismo siempre difundieron noticias de crímenes contra las farc; como (auto) atentados, o el del collar bomba y ahora no aceptan la “confesión” de las farc…; como también corresponde registrar que la familia del asesinado tampoco cree en la autoría de las Farc; pues todos a una claman que fue un crimen de Estado. Al así posesionarse, el actor material del asesinato lo fueron las fuerzas armadas y el motivante intelectual, la existencia de una conspiración que conllevaba el derrocamiento del gobierno de Samper.

En valoración política cabe considerar que la atribución del crimen a las farc beneficia al Establecimiento y al militarismo de derecha oligárquico.

De manera que como la derecha hegemónica oligárquica, contra insurgente, aun hoy en el poder, no aceptan la atribución de las Farc; ¿no es dable a un desconocido analista de Provincia disentir de la puesta en escena por parte de las antiguas Farc y que todo lo dicho y afirmado sea, sin exigibilidad de otra conducta la Verdad oronda que requiere el país?

Durante 25 años de investigación del crimen tratado, se verifica que pasaron varios fiscales, como Mario Iguaran, renombrado súbdito de bolsillo del gobierno de Uribe Vélez, entre 2005 a 2009. Alfonso Valdivieso, quien ejerció durante la presidencia de Samper (1994-1997). Alfonso Gómez Méndez (1997-2001). Ni el obsesionado anti farc Humberto Martínez Salcedo. Ninguno investigó una sola hipótesis; ni un solo indicio que vinculara a las Farc. Pese a que fueron manipulados los computadores atribuidos al fallecido comandante Raúl Reyes, en ninguno de ellos se insinuó evidencia, o hallazgo de prueba alguna o información que asomara la actuación de las farc en ese asesinato. Para resultar ahora que un sospechoso volumen de hojas mimeografiadas, que pesan sobre el prurito que son falsos, recopilados, en el año 2012, por el siniestro José Obdulio Gaviria, sobre cartas cruzadas entre Manuel Marulanda y el Mono Jojoy y en el que en fuera de contexto hacen suyas, alusiones o referencias de Marulanda atribuidas al hecho del asesinato; se erija como una prueba, dizque para demostrar la autoría de las Farc. A todas luces eso es producto de la infiltración constante de militares y agentes de inteligencia del Estado en esa guerrilla, que no obstante no demostraron la eficacia de derrotarlas.

Al parecer todo este berenjenal, embrollo o jaleo, comenzó con la declaración de la exsenadora liberal Piedad Córdoba quien informo, que a última hora había tenido conocimiento de los autores del crimen de Álvaro Álvaro. Esta citada para escucharla en versión en la Fiscalía el próximo 23 de octubre. Agrega que acudirá a la Comisión de La Verdad, que no tiene efecto punitivo.

El periodista Jorge Gómez Pinilla, quien escribió un libro sobre el tema: “Los Secretos del Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado” ha calificado esa carta de las Farc como una falsedad articulada para que sea reconocida como verdad.

LA UNICA OPCION. LA DETERMINACION DE LA VERDAD

Las conductas relacionadas con el conflicto que asume conocer la JEP son aquellas vinculadas con crímenes de guerra y de lesa humanidad, con la violación a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Eso de delito de lesa humanidad el homicidio de Álvaro Álvaro, no está calificado. Juega un papel determinante el que se haya cometido por la existencia de un conflicto armado, en relación directa o indirecta con el mismo, causa esencial en la determinante para cometer ese delito. De lo contrario no se hubiera realizado. Tal asesinato, no califica como crimen de guerra y de lesa humanidad (única competencia de la JEP) y no fue producto directo o indirecto de dos bandos en conflicto armado; siendo solo la JEP, la única juez natural para definirlo.

El escenario de la ¿quid juris?: ¿qué solución da el derecho? resulta compleja; no solo para el equipo de 51 asesores que tienen las desmovilizadas Farc, sino para el foro jurídico nacional; además de prueba de fuego para la consistencia de la JEP, como justicia alterna.

SE REQUIERE UN ALTO NIVEL DE COMPRENSIÓN O DEL SABER

Al explorar la Verdad corresponde distinguir:

Verdad demostrativa, alude a la verificación de un hecho. Aplica a la efectividad de todos los medios de prueba. La verdad demostrativa y la verdad de los escritos o afirmado no pueden estar en conflicto. Opera en el administrador de justicia que influye más, si lo deductivo o lo inductivo.

La Verdad retórica, utiliza los sofismas para la obtención del convencimiento y por imposición del argumento y en esto sacrifica hasta el mismo argumento para lograr el convencimiento. Dice probar; pero se ocultan o ignoran aquellas evidencias que resultan evidentes; pero invalidan. Resulta una falacia conocida como la verdad a medias.

La falacia de la verdad a medias o medias verdades. Conlleva lo engañoso o falso, para hacerlo creíble. Aportando argumentos confluyen a una conclusión; pero ocultan o ignoran evidencias que al salir a flote resultan negativas o invalidan lo alegado o presuntamente probado.

La Parresia griega, que aparece con Eurípides, consistente en que se puede decir todo; hablar con atrevimiento, libremente. Inclusive so perjuicio de sacrificar la autonomía individual. Alude a franqueza, valentía, Llbertad confiada. Semeja a lo locuaz, audaz.

QUE SIGUE A CONTINUACIÓN

El asunto está en determinar si todo esto se toma como un elemento de verdad para la paz; sino como una salida de última hora de los exmiembros directivos de la guerrilla farc, presionados por las revelaciones publicas hechas por la defensora de la Paz y los derechos humanos Piedad Córdoba, quien informó que había tenido conocimiento de última hora sobre los autores del crimen del jefe conservador Álvaro Gómez Hurtado. Pero no se trata solo de afirmar, o aceptar, deben demostrarlo.

Ahora bien, que sigue ya radicado el Informe en la JEP. Pues el Sistema Integral de Verdad, Reparación y No Repetición – SRVR- faculta para ampliar el Informe. Convoca a aportar la Verdad y para ello podrá reconocer, parcial o totalmente el informe o rechazarlo. El SRVR, hará un trabajo de contraste entre lo recibido en el Informe y el cumulo de lo conocido por ella (JEP). Ampliar las pruebas. Pedir una audiencia pública con presencia de organizaciones e interesados citados por la Sala.

Luego de eso, podrá emitir una Resolución de Conclusiones; que es el acto, como documento judicial, por medio de cual el SRVR recoge los ofrecimientos de Verdad y la aceptación de responsabilidades de las personas que se acogieron a ese procedimiento.

Si la JEP rechaza el tal informe, queda el tufo de impunidad. Lo único que no ha sido “hecho trizas”, es el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SVRNR). La afectada ha sido la JEP, por ese inusitado afán publicitario, que busca lavar caras del entramado corrupto oligárquico en decadencia. Pero con el cuento de la “cooperación armónica” violan los Acuerdos, en lo de disposición absoluta de la guerrillerada desmovilizada y agentes del Estado, bajo competencia exclusiva de la JEP. Como dicen los campesinos en El Catatumbo: “se les puso el café a $0.80” a los del antiguo Secretariado. Los empapelaran como hicieron con J. Santrich.

Han golpeado a la Verdad, al no acudir a la Comisión de la Verdad.

Desafortunadamente, hoy esa Verdad solo puede asumirse y tratarse a través del arte y la literatura. Aquí entraría a imperar la función en el género de la Novela Negra. Y ese género permitiría plantearse: ¿sería que las farc participaron en ese tal complot conspirativo contra el gobierno de Samper?

Toda batalla tiene un final

Escrito en 15/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Pablo García Monge, estudiante UCR *

Faltando unas cuantas semanas para que acabe el semestre, quería redactar esto, y espero que sirva de motivación para aquellas personas que les ha costado la virtualidad por motivos como ubicación geográfica, condición social etc (yo al principio de semestre había redactado unas ideas de como sobrellevar el semestre virtual y había ofrecido mi cochera para aquellos estudiantes que no tenían internet, y también ofrezco clases gratis, etc).

Han avanzado mucho, han quitado las piedras más grandes del camino, y se han demostrado a ustedes mismos que son capaces de lograr lo más difícil, están luchando por una meta en común, que es superarse, pero recuerden al único que tienen que demostrar superar las adversidades, son a ustedes mismos, el ser humano puede llegar a potencializarse de una increíble manera, pero el trabajo arduo, el empeño necesario, los llevará al éxito, si han logrado sobrellevar todo este contexto actual social, económico, sanitario, podrán sobrellevar cualquier cosa, y ojalá utilicen de buena manera la herramienta más poderosa que nos enseña la UCR, el conocimiento, y úsenla en pro de la sociedad, y para edificarse a ustedes mismos.

Para muchos no es fácil llevar este ciclo anual virtual, pero que les quede de enseñanza la virtud del poder superarse y que les sirva de motivación para luchar por lo que ustedes desean. No decaigan, no flaqueen, puesto si no decayeron este año, no creo que lo hagan a futuro. Y mostremos nuestro lado humanista que nos inculca la UCR con los demás, el contexto actual afecta a muchos estudiantes hoy en día, mostremos los valores sanos y positivos, y moralmente correctos.

El que hace una acción buena produce un efecto espejo en otra persona; el mundo y la humanidad será empática.

* Estudiante de Economía Agrícola y Agronegocios, Universidad de Costa Rica, bachiller en Derecho

Imagen ilustrativa, UCR.

Cuatro Presidentes y cuatro experiencias de luchas históricas, ALCOA, la lucha magisterial de 1995, el Combo del ICE y el TLC

Escrito en 15/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Es usual, en la memoria colectiva de las luchas sociales y populares, revivir algunas luchas, intensas, que marcan todavía el recuerdo de muchas personas, activistas de ella, como grandes episodios de la lucha popular del pueblo costarricense. En las cuatro he participado, he sido testigo y actor.

La lucha de ALCOA, que culminó el 24 de abril de 1970, fue una lucha surgida en el movimiento estudiantil comunista de la Universidad de Costa Rica, por parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, del cual era uno de sus dirigentes estudiantiles, y llevada a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUCR, entonces única Universidad en el país.

En aquellos años el Partido Comunista, Vanguardia Popular, en una relativa legalidad, venía publicando artículos del Ing. Fernando Chaves Molina, en su periódico “Libertad”, desde principios de la década del 60, sobre la Aluminiun Company of América, ALCOA, sus actividades extractoras mineras en el Caribe y la amenaza que significaba para Costa Rica, porque ya se venía promoviendo un Contrato Ley con esa empresa. Fernando Chaves había publicado un folleto ilustrativo “La ALCOA, un matapalo”, 1969, cuando estaba iniciando su trámite legislativo.

El FAU había empezado sus actividades en 1967, con gran presencia universitaria, a partir de ese año.

La FEUCR realizaba sus Congresos Estudiantiles anuales, en el mes de marzo, para renovar sus autoridades y dirigentes. No había elecciones directas, que se ganaron por la lucha del FAU para obtenerlas.

En ese Congreso de marzo de 1969 propusimos luchar contra la aprobación del Contrato Ley con la ALCOA, para realizar extracciones de Bauxita en el Valle de El General. El Congreso Estudiantil aprobó integrar una Comisión de Estudio del Contrato que trabajó el resto del año.

En noviembre de 1969, cuando iniciaban las Sesiones Extraordinarias Legislativas que se prolongaban hasta abril de 1970, el Gobierno del Presidente José Joaquín Trejos Fernández, aprovechó para enviar el Proyecto para su aprobación parlamentaria, aprovechando la entrada a vacaciones, y pensando en la desmovilización de los estudiantes. El Proyecto había iniciado su trámite parlamentario el 19 de diciembre de 1968.

Para ese momento los estudiantes comunistas habíamos adquirido una gran experiencia en luchas estudiantiles y en huelgas. A ello se habían sumando, muy significativamente, grupos estudiantiles cristianos, organizados en la UCR, inspirados en las transformaciones que venía sufriendo la Iglesia Católica en América Latina, después del Concilio y de la Conferencia Episcopal de Medellín, 1968.

La lucha contra la ALCOA así se dio en la práctica durante 1969 y culminó el 24 de abril de 1970 cuando fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Esta lucha proyectó al movimiento estudiantil en los estudiantes de secundaria, que poco a poco fuimos visitando, agitando y organizando. Durante su discusión parlamentaria hubo muchas movilizaciones y luchas populares que producían estudiantes detenidos con frecuencia.

Un elemento clave en esta lucha fue que había un núcleo de diputados que estaban en contra el Proyecto de la ALCOA, lo que servía de vértice de llegada a la Asamblea Legislativa, para apoyarlos en su oposición parlamentaria. Del mismo modo, especialmente uno de ellos, Rodrigo Carazo Odio, acompañaba a los dirigentes estudiantiles a los colegios. Los otros diputados opositores a la ALCOA eran Fernando Volio Jiménez, Jorge Luis Villanueva Badilla, Uriel Arrieta Salas, José Hine García, José Antonio Bolaños Rojas, Cecilia González, Arnulfo Carmona Benavides, Fernando Gutiérrez Benavides, Fernando Guzmán Mata y Armando Arauz Aguilar. El Contrato de ALCOA tuvo una gran atención y debate público durante ese año. Sin esos diputados la lucha no hubiera tenido el alcance que tuvo.

La presión de los estudiantes se hacía en la Asamblea Legislativa y en la Casa Presidencial, entonces ubicada donde está hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Sus paredes y puertas daban directamente a la acera, con una entrada principal al este frente al Parque Nacional. Allí mismo hacia el norte, antes de llegar a la esquina, había una puertita pequeña.

En la Asamblea Legislativa se presionaba para que no aprobaran el Contrato Ley, y en la Casa Presidencial para que el Presidente retirara el Contrato de la corriente legislativa.

Un día, con la Casa Presidencial rodeada de estudiantes, por esa puertita salió el Presidente Trejos Fernández, con uno de sus hijos, y otros funcionarios. Los estudiantes lo rodeamos, con respeto, exigiéndole el retiro del Proyecto. Su hijo nos manifestó que el Presidente tenía que ir al edificio de Correos porque tenia allí una reunión, e iba ir caminando. Y con el Presidente nos fuimos un grupo de estudiantes, y dirigentes, no solo para mantener nuestra exigencia sino para velar también de su seguridad personal en ese trayecto. Esto que he contado, el 18 de abril del 2016, cuando se cumplió el Centenario del nacimiento del Presidente Trejos Fernández, en un acto que se hizo oficial en el Museo del Niño, en el que intervine recordando su Gobierno, su hijo, justamente hizo un recuerdo de aquella caminata al edificio de Correos.

El Contrato de la ALCOA se aprobó pero no llegó a ejecutarse. El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces dirigente estudiantil de la Escuela de Derecho, hizo su tesis de graduación sobre la figura jurídica del Contrato Ley, para eliminarla de nuestro ordenamiento jurídico, lo que poco tiempo después se logró. Y el Contrato finalmente fue derogado en noviembre de 1976, por iniciativa del diputado José Manuel Salazar Navarrete.

Esa lucha de ALCOA tuvo fuertes enfrentamientos con la policía, particularmente el 24 de abril cuando se aprobó el Contrato por los diputados, lo que provocó que se reaccionara quebrando los vidrios de la Asamblea Legislativa, y desconectando la electricidad, debido a que el panel de breckers estaba afuera. Momentos antes el Padre Benjamín Núñez Vargas y el abogado Oscar Chacón Jinesta habían estado arengando y motivando a los estudiantes en su lucha, de manera muy exaltada. El enfrentamiento con la policía dio por resultado más de 200 jóvenes detenidos “a la pura bulla”. La policía procedió a detener jóvenes que anduvieran con uniforme estudiantil en las paradas de buses aun cuando no habían estado presentes en la Asamblea Legislativa.

II.

A José María Figueres lo conocí en un tope en el Paseo Colón, en 1994, viendo pasar el tope, él venía con su primera esposa Josette Altmann Borbón, a caballo. Josette era alumna mía en la Universidad y yo participaba del Tribunal de Tesis suyo, que la tenía en preparación. Josette al verme cruzó la calle para saludarme. Detrás de ella llegó José María, a quien me lo presentó. Poco tiempo después, 1994, ganó José María la Presidencia y Josette el Despacho de la Primera Dama.

Yo seguía en mis clases. Un día una llamada de la Primera Dama me hizo ir a la Casa Presidencial. Quería que le ayudara en algunos asuntos de su Despacho, revisándole o haciéndole escritos y discursos, y pidiendo consejos. Me puso en una oficinita a la par de la suya, a la que yo podía llegar. Le ayudé varios meses. Al Presidente no lo veía.

Por la confianza y el cariño que le tenía me daba el lujo de criticarle, cuando así lo consideraba, a su esposo, el Presidente, respecto a su gestión. Cuando se vino la huelga del magisterio, que yo apoyaba, había mucha presión interna para que el Presidente apretara a los educadores. Yo metía carbón para que no fuera así, que no ahogara el movimiento magisterial, y sus luchas, que prácticamente lo podía liquidar según lo veía yo en ese momento, que diera algo, que cediera en algo.

En una de las grandes manifestaciones que se hicieron a la Casa Presidencial, estando yo allí, el Presidente me pidió mi opinión sobre el movimiento y la situación. Mi tesis fue de que recibiera a los dirigentes sindicales. Estaba listo el Presidente para recibirlos cuando llegó una Ministra y le dijo, delante de mí, que uno de los dirigentes sindicales desde la tumba cocos estaba insultándolo y ofendiéndolo, y a su familia, y que no los recibiera. Y así sucedió…no fueron recibidos.

Me quedé unos minutos más conversando sobre la situación cuando se presentó un Alto Oficial de Seguridad y le dijo, delante de mí: “Tenemos informes de que los manifestantes van a invadir el recinto presidencial”. El Presidente Figueres se quedó pensando unos segundos, para mí minutos, y serenamente le dijo: “Déjelos que se brinquen la tapia, la valla, déjelos que estén en el jardín, pero, si entran al edificio… son suyos”. Nada de eso llegó a suceder.

III.

Para la elecciones de 1998 yo había participado como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Fuerza Democrática. La Presidencia la ganó Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Una campaña electoral intensa que nos permitió elegir tres diputados, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz.

El Presidente Rodríguez impulsó el Proceso de la Concertación, con más de 200 organizaciones presentes, y con un alto porcentaje de aprobación de proyectos, excepto dos, la liberalización o apertura del ICE y del INS.

Habiendo terminado yo en tercer lugar en el proceso electoral, y habiendo elegido tres diputados, me invitó a formar parte de la Junta Directiva de la Concertación. Resultado positivo de este Proceso y de la Administración Rodríguez Echeverría fue la Ley de Protección del Trabajador, que podría considerarse la más importante reforma social que, después de 1943 y 1948, se había logrado.

La privatización o apertura del ICE, como se conoció popularmente el Proyecto, que se puso en discusión de la Asamblea Legislativa, puso en tensión al país, especialmente por los sindicatos del ICE, que eran tres los más importantes, que habían participado en el Proceso de la Concertación, y que habían hecho propuestas para la apertura en un plazo de cinco años. El Gobierno quería que fuera a seis meses, y había otra propuesta que se orientaba por dos o tres años.

La apertura del ICE implicaba reformar un conjunto de leyes, lo que en paquete se denominó, popularmente, y así se sigue recordando, el Combo del ICE. El “combo” porque en esos días se acaba de introducir en las comidas rápidas el paquete de varios alimentos que llamaban “combo”.

De nuevo, como en ALCOA, el movimiento estudiantil universitario, ya con varias universidades públicas, y más politizado, con mayor presencia de estudiantes de izquierda, con los sindicatos del ICE a la cabeza, y con el resto del movimiento sindical y organizaciones populares apoyando la no apertura, se empezaron a dar movilizaciones populares a la Asamblea Legislativa, que ya no era la misma. En 1970 no tenia los muros que tenía en el 2000, no había acceso directo al edificio, que ya estaba bien resguardado de manifestaciones que llegaran hasta la puerta y ventanas del edificio.

Elemento clave, como en 1970, fue la presencia de los tres diputados de Fuerza Democrática. El más sólido parlamentariamente, José Manuel Núñez, el más emblemático ante las masas, que llegaban a la Asamblea Legislativa, y por sus vínculos sindicales, y gran orador, José Merino, y el arenguero de plaza pública, Célimo Guido. Como en ALCOA los tres se convirtieron en el punto de llegada a la Asamblea legislativa. Sin diputados esa lucha hubiera sido más dura.

La lucha contra el Combo del ICE adquirió una magnitud nacional por la presencia de la misma institución en todo el país, y con ello de las seccionales sindicales que actuaban por todo el territorio, junto a los sindicatos locales o regionales, y junto a los estudiantes que de igual manera se sumaron a esa lucha. Un jueves santo en la noche se aprobó la apertura del ICE.

Igual que en ALCOA, de inmediato el Presidente Rodríguez como lo hizo el Presidente Trejos, retiraron los Proyectos de Ley de las Sesiones Extraordinarias, para paralizar la Asamblea y con ello apagar a los estudiantes y sindicatos. Pero no sucedió así.

En ALCOA no tuvimos la capacidad ni la visión de continuar la lucha después de su aprobación. En el Combo del ICE la lucha inmediatamente se sostuvo, y se mantuvo in crescendo en todo el país, paros, bloqueos, piquetes, movilizaciones. Tres semanas intensas de luchas llegaron a paralizar totalmente el país. La policía no podía cubrir los más de 300 puntos de luchas que se daban casi a diario. La policía incluso fue incomunicada por las acciones de calle, y debilitada en su capacidad represiva. Pérez Zeledón se había convertido en uno de esos baluartes. Allí la policía quedó inmovilizada y sin parque de ningún tipo. No se podía entrar a Pérez Zeledón, ni por tierra ni por aire, todo estaba bloqueado. Tres días de lucha y la policía estaba sin poder actuar. Cañas, en Guanacaste, fue otro baluarte de lucha. Una foto de esos días, en un periódico nacional… una señora, del Partido Fuerza Democrática, sola en la carretera panamericana, paralizando los trailers y otros automotores en la carretera.

El gobierno empezaba cierta inmovilización, que pienso que si se hubiera mantenido, se pudieron haber creado condiciones para que el Gobierno se cayera.

Uno de esos días, en plena lucha, me llamaron, como dirigente y asesor parlamentario que era de Fuerza Democrática, de un Colegio de Monjas de Cartago. Llegué a las 7 a.m. Me esperaba y atendió la Directora. Fue directa y me dijo: “¿qué hago?, ¿qué puedo hacer?, los estudiantes vienen de sus casas, no se quedan en el Colegio, y se van para las manifestaciones. Sus padres creen que están en el Colegio y están en la calle”. Hablamos de la situación y le dije que cerrara el Colegio y le trasladara la responsabilidad de los muchachos a los padres, y así lo hizo de manera inmediata.

A mi regreso de Cartago, en el Alto de Ochomogo, en el Plantel de RECOPE, había un molote de gente, a la entrada, discutiendo con un destacamento policial sobre abrir los portones. Me bajé del carro. Me dirigí a la entrada. De inmediato se me presentó un Oficial de la Fuerza Pública, al reconocerme me saludó militarmente, diciéndome: “Usted es un político, yo soy un policía. Tengo la obligación de cumplir una orden, la de abrir el portón para que que puedan salir trabajadores, que estos señores, los sindicalistas, no quieren abrir”. Me dirigí, con el Oficial, a los trabajadores, que algunos me conocían, hablamos de la situación y acordamos que la policía se retiraba y que ellos abrían el portón. Así sucedió. El plantel de RECOPE permaneció en manos de los sindicalistas y la policía se retiró. Pero el Gobierno no se sentía. El que yo hubiera actuado como autoridad superior en ese momento ante los policías, que respetaron lo actuado, me hacía ver que el Gobierno estaba demasiado débil, sin controlar el territorio nacional.

Una noche, estando en la Asamblea Legislativa coordinado con el diputado Franz Acosta Apolonio, de Liberación Nacional, el control de la ruta al Atlántico, que estaba paralizada por bloqueo de trailers, que Franz coordinaba, me solicitaron abrir la ruta para un traslado de emergencia de una paciente a un hospital josefino. Hablé con Franz, él hizo un par de llamadas a los traileros y a quienes coordinaban el cierre de la carretera, en el Atlántico…y el problema se resolvió… se abrió el paso para la ambulancia.

En una de las concentraciones de manifestantes, que se hizo en la Casa Presidencial, se llegó al punto de que se sentía que se iban a meter. El Presidente Miguel Ángel Rodríguez no había abandonado la Casa Presidencial. Prácticamente a la fuerza los sacaron sus escoltas, por su seguridad. Antes de dejar la Casa Presidencial reunió a las fuerzas policiales que estaban allí, les dirigió unas palabras haciéndoles ver su papel y su responsabilidad, hizo una oración con ellos, y les dijo “recuerden que allí, refiriéndose a los manifestantes, hay personas, hay costarricenses”.

Al final, la lucha popular tan intensa se impuso en la práctica. Hubo que crear una Comisión Extraparlamentaria, que incluyó a las dos Vicepresidencias, a los sectores que se habían opuesto y lo que se aprobó en esa Comisión lentamente fue desenredando lo que se había aprobado como Combo del ICE.

La inteligencia del Presidente Miguel Rodríguez le había dado aire a la democracia resultado de esa lucha.

IV.

El Presidente Abel Pacheco de la Espriella había terminado de negociar, aprobar y firmar el TLC en diciembre del 2004, pero no lo envió a la Asamblea Legislativa, para su ratificación hasta diciembre del 2005, ya en elecciones, con receso legislativo hasta pasadas las elecciones, para que se le diera el trámite de ratificación al Tratado.

Obviamente no envió el TLC, en el 2005, a la Asamblea Legislativa porque eso hubiera empañado el proceso electoral, y porque en años electorales estos temas no pueden convertirse en temas de campaña, y se lo dejó al siguiente Presidente y Asamblea Legislativa, que serían electos en febrero, que pudo ser Otón Solís, a quien Oscar Arias le ganó por 18.000 votos.

Así empezó la Administración de Oscar Arias, con el TLC en trámite legislativo. Es claro que Oscar Arias estaba de acuerdo con el TLC, pero él no lo negoció y aprobó, aunque a él le echan la culpa de eso. Lo ratificó la Asamblea Legislativa que entró con el Gobierno de Oscar Arias.

En esa Asamblea jugó de nuevo el diputado José Merino, ahora, por el Frente Amplio, en ese momento un partido provincial. Se convirtió Merino en el principal referente opositor de masas desde la Asamblea Legislativa al TLC, y recibió de nuevo el apoyo de los sindicatos y grupos sociales, que también se habían movilizado contra el Combo del ICE.

La discusión parlamentaria se había enredado, se alargaba y la gestión de gobierno se frenaba. El exdiputado José Miguel Corrales promovió un Referéndum, como consulta ciudadana del TLC, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó. Eso significaba de 6 a 9 meses más de atraso en la discusión mientras se recogían las firmas del Referéndum. Ya se había perdido el primer año de gobierno. Frente a esa situación, con audacia, el Presidente Oscar Arias, con un número de diputados, como lo permite la Ley, convocó el Referéndum, ahorrándose tiempo para tratar de realizar su Gobierno.

El Ex diputado Corrales reclamaba que no le habían permitido recoger firmas. Parecía no interesarle la discusión del TLC sino atrasar su discusión recogiendo firmas. Al final, al Presidente Arias, que había convocado por su iniciativa el Referéndum, y que ponía por primera vez, en la Historia Nacional, a funcionar la democracia directa, y la participación ciudadana, como elemento constitucional, haciendo de cada ciudadano un diputado, el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió participar y opinar, como Presidente, a favor del mismo. Por ello en la práctica se crearon los dos comités, a favor y en contra del TLC.

En octubre del 2007 se aprobó por votación ciudadana el TLC, con un margen muy pequeño a su favor, lo que obligó a los diputados a probarlo, aún con obstáculos legislativos, pero así es como funciona la democracia, con elecciones, con toma de decisiones electorales que dan Gobierno a un Partido y a un grupo gobernante, que debe realizarlo conjuntamente, con los pesos y contrapesos constitucionales, de la representación popular legislativa.

Para eso están también los diputados, para aprobar leyes, que son los únicos que pueden aprobar leyes o rechazar proyectos de ley.

Si se trata de una lucha contra leyes es en la Asamblea Legislativa donde se debe presionar y donde se deben movilizar los opositores.

El resultado del Gobierno de Oscar Arias se evidenció en la siguiente elección nacional, 2010, cuando fue electa Laura Chinchilla, su Vicepresidenta, con un 48% de votación, 8 puntos más que Oscar Arias en el 2006.

Rogelio Cedeño Castro,

Sociólogo y escritor costarricense

Rosaura Chinchilla-Calderón

German Masís

Por, Carlos Meneses Reyes

Entre dimes y diretes, y entre dares y tomares,si por dónde empiece ignoro, mal sabré por dónde acabe.Luis de Samaniego

Pablo García Monge, estudiante UCR *

Vladimir de la Cruz

Entre dimes y diretes, y entre dares y tomares,
si por dónde empiece ignoro,
mal sabré por dónde acabe.
Luis de Samaniego