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Peores escenarios se avecinan para el agua

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

  • que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
  • que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
  • que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
  • que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
  • que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
  • que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
  • que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
  • que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
  • que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
  • que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

Los objetivos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Las palabras no son tan importantes cuando se entienden las intenciones” (I. Allende)

Manuel Hernández

El Poder Ejecutivo, el día de hoy, después del sorteo navideño y la eliminación de la clasificación del MonStruo, a manera de premio de consolación, retiró del período extraordinario todos los proyectos, acorralando a la Asamblea Legislativa únicamente con dos convocados: el Proyecto Ley Marco de Empleo Público, N° 21.336 y otro de un préstamo del BID.

Partiendo de un enfoque sistemático, la iniciativa de Ley Marco de Empleo Público se puede resumir comprendiendo su estrategia, discriminando los objetivos que persigue y precisando los instrumentos con los que se cumplirán las metas de cada uno de ellos.

Se puede sostener que son 4 los objetivos que busca alcanzar la iniciativa legislativa, acompañados de su correspondiente afilada herramienta:

1.- En primer lugar, sobresale un objetivo de carácter político.

Se pretende una mayor concentración de poder, en manos del Gobierno, a merced del menoscabo de la independencia del Poder Judicial y el sacrificio de la autonomía de instituciones como la CCSS, las universidades públicas y municipalidades.

Estas instituciones y todas las demás incluidas en el proyecto, quedan reguladas por sus disposiciones, con el propósito de establecer un único régimen de empleo, en toda la Administración Pública, salvo los entes públicos no estatales.

¿Cuál es la herramienta diseñada para alcanzar este objetivo político?

Se atribuye a MIDEPLAN la gobernanza total y totalitaria de los principales componentes de la relación de empleo: el reclutamiento y la selección de personal, la promoción, los concursos internos, la formación y el sistema de compensación salarial.

MIDEPLAN se transforma en un Supraministerio que gobierna, regula y administra íntegramente el sistema de empleo público, que enajena la independencia de poderes y la autonomía de aquellas instituciones.

2.- En segundo lugar, tiene una finalidad fiscalista.

El proyecto complementa las medidas “austericistas” de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635, cuyo objetivo es congelar y asegurar un estancamiento, a largo plazo, de las remuneraciones de las funcionarias públicas.

¿Cuál es el instrumento formulado para cumplir esta devaluación de los salarios?

El objetivo se satisface, principalmente, aunque no exclusivamente, con el esquema de salario global único, que las instituciones cubiertas tendrán que aplicar inexorablemente.

El salario global único es el producto estrella, pero el producto más opaco, el menos transparente.

La construcción de ese esquema de remuneración único presenta serias inconsistencias técnicas y metodológicas, y ni qué decir de los despropósitos desde el punto de vista jurídico y constitucional.

Además, al tenor del Transitorio XI, que somete a los funcionarios actuales al esquema del salario global, y no sólo a los futuros, se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, en perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas que garantiza el artículo 34 constitucional.

3.- En tercer lugar, tiene el propósito de acelerar el desmantelamiento de la Administración Pública y la privatización de los servicios públicos, que constituyen la infraestructura de la democracia social.

Este objetivo se ejecuta con dos mecanismos. Por una parte, flexibilizando los procesos de reestructuración y reorganización de las instituciones públicas; por cierto, con un costo muy barato, por las disposiciones que ya estableció la Ley N° 9635, que derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil.

Por otra parte, mediante la “externalización” de aquellos servicios que se considere que por su valor estratégico y vinculación con la actividad sustantiva de la institución son prescindibles, que es otra de las patentes de corso que se le cometieron al nuevo Leviatán de la Administración Pública.

4.- Por último, pero no menos grave, tiene un manifiesto objetivo de carácter antisindical.

El proyecto viene a complementar la contrarreforma que sufrió el Código de Trabajo, mediante Ley N° 9808, de 21/01/2020, que en términos generales, manu militari, prohibió la huelga en los servicios públicos.

El proyecto suplementa esta otra ley porque prohíbe la negociación colectiva de aquellos componentes del sistema de empleo público, y no sólo de los salarios; que sin lugar a duda, son los componentes esenciales de toda relación de trabajo, bloqueando el espacio de la negociación colectiva.

Pero, además, con base en un reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (OJ/178/2020), fundamentado en dogmáticas teorías iuspublicistas europeas, que datan de 1821, desde los albores de nuestra inacabada independencia, se aspira, en pleno Siglo XXI, prohibir a la gran mayoría de los y las servidoras públicas el derecho fundamental de negociación colectiva, a contrapelo del bloque de constitucionalidad.

El proyecto pretende, entonces, después de las experiencias de las mesas de diálogo social, disciplinar total y definitivamente la actividad de los sindicatos.

En conclusión, la estrategia es muy sencilla, pero como dice el poeta, “Muchísimo más grave”: la destrucción del tejido del Estado Social y Democrático.

14/12/2020

Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Boaventura de Sousa Santos

El texto Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos; es una obra elaborada por Boaventura de Sousa Santos junto a otros autores y autoras bajo el sello de CLACSO y está disponible en la plataforma digital para descarga gratis.  Este material pone en evidencia la situación de crisis que se vive a nivel mundial y que se ha atenuado con la pandemia del COVID-19, mediante este recurso lo que se propone es reflexionar y construir una alternativa progresista, abarca los siguientes apartados:

Capítulo 1. El nuevo interregno
Capítulo 2. La articulación entre fuerzas de izquierda: el caso portugués
Capítulo 3. Brasil: la fractura del desgaste de gobernar
Capítulo 4. Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio
Capítulo 5. México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad
Capítulo 6. España: la fractura de la identidad nacional

Además, en el texto se incluyen otros ensayos sobre la realidad latinoamericana tales como:

Ecuador: del centro al fin del mundo
Evo Morales: el indio fuera de lugar
La nueva Guerra Fría y Venezuela
Soplan vientos favorables desde España
Las venas abiertas de Nicaragua
Carta abierta al presidente Iván Duque
Para alimentar la llama de la esperanza

El prólogo del texto está a cargo de Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva, CLACSO) y Nicolás Trotta (Ministro de Educación, Argentina); y expresa lo siguiente:

La pandemia del COVID-19 evidenció la imperiosa necesidad de construir una nueva alternativa progresista ante una crisis social y ambiental de una extraordinaria gravedad y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.

Frente a esta situación terminal, la tarea crucial y más urgente para los partidos y frentes políticos progresistas y las redes comunitarias y colectivos de cientistas sociales críticos consiste en construir horizontes allí donde hoy hay abismos. Si la ideología dominante postula que, ante el modelo de acumulación capitalista neoliberal no hay alternativas, nuestra tarea es fabricar bisagras políticas y conceptuales que articulen el pasado con el presente, enhebrando narrativas capaces de proyectar una nueva agenda social organizada en torno a, por lo menos, tres tareas: un trabajo de reconceptualización y profundización de la justicia social –que no es otra cosa que colocar por encima de los intereses sectoriales una política del bien común–; el reconocimiento y la sanción de nuevos derechos –especialmente dirigidos hacia grupos históricamente excluidos: las mujeres y las disidencias sexuales, las infancias y juventudes, las afrodescendencias, los pueblos originarios–, y una política orientada al cuidado y preservación del ambiente en el que vivimos –es decir, la casa de todos y todas–.

Los desafíos que estamos llamados a enfrentar tienen lugar en un momento histórico inédito cuyo principal actor venía desplegándose con toda su fuerza hasta la pandemia: las fuerzas neoliberales han hegemonizado la agenda global con el propósito excluyente de acelerar la concentración de la riqueza. Bajo los auspicios del capital financiero global, como nunca antes, un grupo reducido de personas ha concentrado un volumen de riqueza extraordinariamente grande; nunca antes, tampoco, las economías de los países estuvieron tan a merced de poderosos grupos financieros como lo están ahora, poniendo en jaque la soberanía política y la independencia económica, herramientas imprescindibles para el desarrollo sostenible de una sociedad.

Ante este escenario global, el mapa de América Latina se encuentra en un estado de reconfiguración permanente. En los dos últimos años se sucedieron de manera vertiginosa acontecimientos políticos que pueden ser hilados con la calma de quienes reconstruyen trozos del pasado, pero para quienes vivimos y palpitamos el ritmo diario de la gestión deben ser rápidamente enumerados: la victoria de Andrés Manuel López Obrador –poniéndole fin a un largo ciclo de gobiernos neoliberales en el país azteca–; el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hacia fines del 2019 –cuyo enorme desafío consiste en poner de pie un país devastado por las políticas neoliberales impulsadas por la coalición Cambiemos–; la libertad de Lula tras 19 meses de detención arbitraria, los estallidos sociales que irrumpieron en octubre en Ecuador y entre octubre y febrero de 2020 en Chile y que dieron lugar posteriormente al referéndum histórico que dejará atrás la Constitución pinochetista –dando cuenta de la enorme vitalidad de los movimientos populares en todo el continente–; el golpe de Estado en Bolivia y el triunfo por la vía democrática de los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca –que permitió el retorno tras el exilio a Evo Morales. Son algunas postales de nuestra historia reciente que invitan a la esperanza y nos recuerdan que la historia es tornadiza y no puede ser digitada por oscuros intereses desde los centros del poder.

Dicho sea de paso: no está en nuestro ADN político cultivar el pesimismo; quienes escribimos estas líneas venimos de tradiciones políticas y del pensamiento que se han forjado al calor de infatigables luchas por la construcción de sociedades más justas. Y no han sido pocas y pocos los que dejaron la vida en ello. Creemos que este momento reaccionario global debe enfrentarse con convicción e inteligencia, con una estrategia de integración política y una profunda creatividad. Las encrucijadas del presente demandan conciliar las bases y fundamentos de nuestras identidades políticas con la capacidad de maniobrar en un mundo convulsionado. Hay que aprender –y este es uno de los grandes méritos de este libro– que los problemas comunes que enfrentamos nos dejan aprendizajes globales que debemos identificar y estudiar, para no repetir errores.

Precisamente por eso, y en más de un sentido, este volumen constituye una pieza fundamental para la construcción colectiva de ese horizonte que ya ha comenzado a vislumbrarse. El conjunto de ensayos que reúne este nuevo libro de Boaventura de Sousa Santos es un texto imprescindible para comprender las características del interregno histórico en el que vivimos, analizar las fuentes de donde brotan las desigualdades que nos preocupan y –sobre todo– trazar una hoja de ruta y una estrategia para consolidar proyectos políticos que contribuyan a construir otros mundos posibles, más justos y más igualitarios.

Frente a ese desafío, ¿quién mejor que Boaventura de Sousa Santos para orientar la mirada y la imaginación hacia la construcción de escenarios sociales alternativos? El gran sociólogo portugués es una de las referencias mundiales en el campo de las ciencias sociales y las humanidades; fundador de las epistemologías del Sur, Boaventura de Sousa Santos ha construido una mirada sobre el presente que combina de un modo magistral el análisis incisivo con la capacidad (propia de los grandes maestros) de formular grandes ideas orientadoras, imprescindibles en estos tiempos.

De los libros se espera que sean capaces de contar buenas historias, una cierta cortesía compositiva, indispensable claridad y precisión argumental. Pero hay libros que, además, movilizan, inquietan, azuzan e instalan preguntas.  Izquierdas del mundo, ¡únanse! Es uno de esos textos.

En sus páginas se nos propone una lectura desde las nervaduras políticas del presente identificando las potencias que tienen los partidos y movimientos progresistas para construir nuevas hegemonías políticas frente al modelo geopolítico de dominación neoliberal.

En un libro clásico del pensamiento crítico, Raymond Williams afirmaba que el problema inicial siempre es la perspectiva desde donde se mira. Junto con situar un problema, hay que definir el punto de vista desde dónde abordarlo. Siguiendo al autor de Marxismo y literatura, ¿cuál es el enfoque que asume este nuevo ensayo del sociólogo portugués? El propio Boaventura de Sousa Santos responde a la pregunta: su perspectiva es la de quien se propone realizar un análisis no coyuntural del presente. A diferencia de los enfoques a los que nos tiene habituados –las lecturas de mediano y largo plazo– Boaventura calibra la mirada en el corto plazo para realizar desde allí un análisis de fondo tanto sobre las dificultades como sobre las enormes posibilidades que tienen las fuerzas progresistas y las izquierdas en el siglo XXI para desplegar una alternativa que reviva las tradiciones del internacionalismo progresista y le ofrezca a la humanidad rumbos acordes con los principios rectores de un humanismo crítico que coloque en el centro de sus reflexiones un nuevo contrato social y ambiental.

Si siempre es difícil contar el presente, Boaventura de Sousa Santos lee este tiempo histórico bajo el signo de un interregno. Entre la caída del Muro de Berlín treinta años atrás y la crisis financiera que se desató entre 2008 y 2011 tuvo lugar un tiempo que no ha terminado de configurarse y para el cual no ha aparecido aún su relevo. Una certeza: las ideas e intereses asociados a la “nueva normalidad” más que nombrar un “tiempo nuevo” buscan naturalizar las desigualdades preexistentes, agudizadas por la crisis desatada por la pandemia. Se sabe: la palabra “nueva” es la más vieja del diccionario.

Analizar coyunturas es mucho más que atisbar lo efímero. Es un ejercicio de interpretación de los tiempos y ritmos políticos, de las palpitaciones y de las oportunidades que abren las crisis y de cómo puede ser más apropiado y potente orientar los esfuerzos. Frente a realidades que cambian vertiginosa y permanentemente, leer entre coyunturas es construir oportunidades para la generación de alternativas. Al mismo tiempo, y lejos de ser un libro que lanza advertencias e identifica peligros, Izquierdas del mundo es una cantera de aprendizajes basados en acontecimientos que han tenido lugar en la historia reciente.

Las experiencias que aborda este volumen –a los casos de Brasil, Colombia, México, Portugal y España, hemos incorporado en esta nueva edición los de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela– cifran también una expectativa que podríamos pensar bajo el signo de un aura pedagógica: incrementar el interconocimiento de las fuerzas progresistas para desarrollar aprendizajes globales que permitan construir alternativas políticas plurales frente al modelo del pensamiento único reaccionario desplegado a escala global.

Partamos de la tesis que hace de andamio de este potente conjunto de ensayos: la principal fuerza histórica que recorre nuestro tiempo es el discurso neoliberal configurado como una fuerza transnacional poderosa y profundamente antidemocrática. Si una imagen caracteriza este tiempo es el de las democracias secuestradas por fuerzas antidemocráticas. Sutiles a veces, extremadamente alevosas en otros casos, nuestro tiempo se caracteriza por la enorme fragilidad y la amenaza permanente de la democracia como forma de vida. Frente a ello, uno de los modos de leer este tiempo que nos propone Boaventura de Sousa Santos es la tensión entre articulaciones y fracturas dentro de los partidos y grupos progresistas y de izquierda.

Dos notas, complementarias: los primeros cinco capítulos hacen referencia a procesos de crisis: las fracturas de las izquierdas en España, Colombia, México y Brasil, del que solo queda exceptuada la articulación del caso portugués. Pero Boaventura de Sousa Santos no piensa las fracturas como quiebres irreversibles sino como oportunidades para pensar nuestros puntos flacos, una vía de interpretación que habilita modos de leer las dinámicas como tramas abiertas, en permanente construcción.

Es indispensable identificar esos puntos débiles de las alternativas progresistas para trabajar allí donde se evidencian las dificultades. La tensión creativa y las divergencias constructivas son siempre bienvenidas y necesarias sobre todo cuando estamos frente a un tiempo y una crisis que nos demanda construir fuerzas y políticas de izquierda que desbordan la idea tradicional de partido.

Al mismo tiempo, Boaventura señala que estas grandes orientaciones deben ir acompañadas de una “sabiduría pragmática” que sepa construir alternativas reales para gobernar. La otra cuestión indispensable es partir de la identificación de una irreversible contradicción entre democracia y capitalismo. Si –como estamos convencidos y convencidas– el horizonte emancipador es la democracia, los derechos humanos y la dignidad, tres lecciones se desprenden de este nuevo libro de Boa (como afectuosamente lo llamamos sus amigos y amigas): el futuro es público; sin el Estado no se puede, pero solo con el Estado no alcanza, y el papel de los movimientos sociales es cada vez más vital.

Izquierdas del mundo, ¡únanse! invita –finalmente– a un modo de lectura no coyuntural de la coyuntura en estado de actualización permanente. Tal es así que, por primera vez, se incorporan a este libro un conjunto de ensayos que actualizan y amplían los problemas abordados en la primera edición. Un libro –nos atrevemos a decir– escrito para lectores y lectoras interesados en participar de las luchas por sociedades más justas y equitativas; sociedades que deberán ser –por definición–, anticoloniales, antipatriarcales, antineoliberales. No importan tanto los nombres de las tradiciones políticas en las que se inscriban para alcanzar ese fin; su diversidad hablará de la riqueza que el campo progresista tiene para alcanzar esas metas, su capacidad de articularse dará cuenta de la inteligencia con la que sepan moverse en un escenario reaccionario global.

Ensanchar la convocatoria a todas y todos los que deseen contribuir con una democracia que debe encolumnarse en la defensa de la humanidad y del ambiente a través de la radicalización de la democracia es el propósito fundamental de este volumen. Revolucionar la democracia y democratizar las revoluciones precisas de mapas que nos ayuden a armar los recorridos, a establecer prioridades, a identificar los problemas que no pueden esperar. Este libro nos habla de cómo alcanzar la indispensable convivencia dentro de la divergencia, la imprescindible construcción de equilibrios, el diálogo como ejercicio permanente, señales irrefutables no solo de que los partidos progresistas y de izquierdas tienen la capacidad de gobernar, sino

de que son la única alternativa viable frente a la crisis terminal que atravesamos.

Entre Buenos Aires y Montevideo,
noviembre de 2020

Boaventura-IzquierdasDescarga

 

Imagen tomada de El País.

Compartido con SURCOS por Óscar Jara.

100 años de la jornada de 8 horas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La lucha por el establecimiento de la jornada de ocho horas de trabajo empezó en el siglo XIX. El movimiento obrero europeo, y luego el norteamericano, fueron los que llevaron en alto esta bandera.

Los movimientos políticos de los trabajadores, los socialistas, los anarquistas y los comunistas, principalmente, condujeron sus luchas. La Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la I Internacional, tanto la Primera como la II Internacional, fundadas ambas por Carlos Marx, para darle unidad organizativa y de acción frente al capital, que operaba internacionalmente, estuvieron en el centro de estas luchas.

A finales del siglo XIX, como una reacción contra el crecimiento organizativo de las luchas de los trabajadores, y ante la aparición de partidos obreros más organizados, que los dirigían, la Iglesia Católica se sumó a las reivindicaciones sociales y obreras, tratando de quitarles las banderas sociales, a esos partidos, para atraer masas de trabajadores a sus filas, y separarlos de la influencia revolucionaria de esos partidos, al promulgar el Papa León XIII, su Encíclica Rerum Novarum, donde se pronunciaba a favor del derecho de huelga, del derecho de organización sindical y por justos salarios. En el caso costarricense, el Obispo Bernardo Augusto Thiel hizo suya esa Encíclica con su Carta Pastoral No. 30 pronunciándose en igual sentido, lo que provocó por parte del Gobierno del Presidente José Joaquín Rodríguez una airada protesta.

También reaccionó la Iglesia Católica frente a las grandes luchas obreras de los Estados Unidos, desde 1880 hasta 1886 y de Europa, a partir de 1890, cuando se produjeron las grandes huelgas en los Estados Unidos que culminaron, con la de 1886, en Chicago, después de varios meses de paralización de empresas e instituciones, con el reconocimiento y establecimiento de la jornada de 8 horas en los Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886, que se generalizó a partir de ese momento como una lucha internacional.

En 1889, ante una nueva convocatoria del movimiento obrero norteamericano, para reanudar la lucha por las 8 horas, allí donde no se había obtenido en 1886, a partir del 1 de mayo de 1890, el Congreso Obrero Socialista, reunido en París, acordó sumarse a esas luchas, y declarar a partir de ese año, 1890, la celebración cada Primero de Mayo, como un Día Internacional de lucha por la Jornada de 8 horas.

Los sucesos de las Huelgas de Chicago fueron seguidas en Costa Rica por la prensa. que ya informaba, con pocos días de diferencia, de cómo evolucionaba y avanzaba esa lucha. Ya se habían tenido experiencias de luchas de trabajadores en el país, especialmente importantes con las protestas de trabajadores que laboraban en la construcción del Ferrocarril a Limón, chinos, negros y especialmente la huelga de los italianos. A mediados de la década de 1890-1900 también la huelga de los españoles.

Con el surgimiento de los partidos políticos en Costa Rica, en 1889, se dieron movimientos políticos que en esa década, 1890-1900, permitieron llevar al Congreso a diputados identificados con las luchas populares y obreras, a Félix Arcadio Montero, a Faustino Montes de Oca y al diputado Víctor Golcher.

En Costa Rica ya había nuevos niveles organizativos de los trabajadores, las Sociedades de Trabajadores, las Sociedades de Artesanos y las Sociedades de Obreros, que habían superado a las sociedades mutualistas, de socorros mutuos y de mutuo auxilio, por su carácter clasista, de solo obreros, solo artesanos o solo trabajadores.

Entre 1890 y 1910 la sociedad costarricense sufrió un cambio muy importante en su economía. Se desarrolló el urbanismo, especialmente en la ciudad de San José, en Heredia y Alajuela, se desarrolló la industria, la electricidad, aparecieron fábricas superando los talleres artesanales, lo que provocó, también, que las Sociedades de Trabajadores, las Sociedades de Artesanos y las Sociedades de Obreros, especialmente, desaparecieran dando lugar a las Ligas Obreras y Sindicatos, tal y como ahora existen.

A principios del Siglo XX se dieron una serie de luchas y de huelgas obreras y de trabajadores, que desarrollaron la necesidad de avanzar hacia niveles superiores de organización sindical haciendo surgir, a partir de 1905, la primera Federación de Trabajadores, y a partir de 1913 la constitución de la Confederación General de Trabajadores, como única organización nacional de este tipo, que duró hasta 1923, cuando le dieron apoyo político a Jorge Volio para desarrollar e impulsar su Partido Reformista.

La Confederación General de Trabajadores fue impulsada por el Centro de Estudios Sociales Germinal, en el que estaban Omar Dengo, Joaquín García Monge, José María Zeledón Brenes, Carmen Lyra y otros destacados caudillos culturales de esos años.

Ese año de 1913, bajo el impulso de la Confederación General de Trabajadores y del Centro de Estudios Sociales Germinal, se empezaron a organizar los desfiles anuales del Primero de Mayo, con el sentido histórico que lo habían hecho surgir, en 1886 y 1890, la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, y otras reivindicaciones obreras y laborales.

El movimiento sindical del país ya tenía contactos internacionales con otros movimientos sindicales, desde principios del siglo XX, con el movimiento obrero de Chile, dirigido por Luis Emilio Recabarren, con el español, de Pablo Iglesias, con el centroamericano, que trató de crear la Confederación Obrera de Centroamérica en 1911, con el latinoamericano, que conduce a crear la Confederación Obrera Panamericana, en 1919, en la que Joaquín García Monge representó al movimiento obrero costarricense, y el poeta y escritor nicaragüense Salomón de la Selva al movimiento obrero nicaragüense.

Las luchas populares contra la dictadura de Federico Tinoco, especialmente en 1919, y su caída, elevaron las luchas sociales y populares con mayor fuerza.

Acababa de triunfar la Revolución Rusa, en 1917, que estaba sacudiendo a toda Europa y el mundo. En Europa con movimientos populares revolucionarios, que intentaban sublevaciones similares, de carácter socialistas y comunistas. En Costa Rica el Dr. Aniceto Montero, que había estudiado en París y había establecido contacto estrecho con los bolcheviques, con la Revolución Rusa, conocedor y divulgador de la obra política de Lenin, y con la II Internacional, fundó, a modo de partido político, su Centro Socialista de Costa Rica.

Así, a principios de 1920, en enero, los trabajadores ebanistas y carpinteros, especialmente del sector público, empezaron a dar la lucha por obtener la jornada de trabajo de 8 horas diarias, también en el sector privado.

Una huelga preparada y desarrollada, en su etapa final, en la segunda quincena de enero, fue ejecutada el 1 de febrero y terminó, con éxito el 3 de febrero imponiendo el reconocimiento de la jornada de 8 horas. Tenían el Centro Socialista y el Centro Juventud Obrera, de San José como principales puntos de reunión.

A la demanda de 8 horas sumaron la pretensión de un aumento de salarios del 25%. La solidaridad con los huelguistas fue amplia, incluyendo de mujeres que dieron dinero para asegurar su sostenimiento.

El 2 de febrero el Gobierno reconoció la existencia de la Huelga, como “un derecho” que “el Gobierno ampara”, como “consecuencia de su respeto por las libertades individuales”, y que “garantizará la libertad de los obreros para ejercitar su derecho de huelga”. El Gobierno igualmente se pronunciaba señalando que los trabajadores en huelga debían respetar a los que no fueran a la huelga, y que de la misma manera protegería a los que se mantuvieran laborando.

El 4 de febrero se anunciaba públicamente el triunfo del movimiento huelguístico con el decreto del Gobierno de la jornada de trabajo de 8 horas, y un aumento de salarios del 20%, para los trabajadores del sector público, y de un 25% para peones y jornaleros del sector público. De esta manera, reconocía el Gobierno, “que correspondía a mejorar la situación de los obreros que están al servicio del Estado”.

Inmediatamente se desataron otros movimientos huelguísticos que se prolongaron durante los siguientes meses, en los distintos centros de trabajo del sector privado, donde además de la jornada de 8 horas exigían aumentos del 30% o más en sus salarios.

La lucha intensa durante el año impuso que el 9 de diciembre el Gobierno reconocía la jornada de trabajo de 8 horas, con aumentos de salarios que habían alcanzado hasta un 40% y reconocía el derecho de organización sindical y el de huelga.

Aún logrado este Derecho, el de la jornada de trabajo de 8 horas, cuando se fundó el Partido Comunista, en 1931, en su Programa, en su punto 5, se señala que se debe cumplir la jornada de 8 horas que patronos y empresas todavía no cumplían.

En las Garantías Sociales, introducidas a la Constitución Política de 1871, como resultado del Pacto de la Iglesia Católica, el Partido Republicano y el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, en 1943, se estableció la jornada de 8 horas trabajo como jornada máxima a trabajar diariamente. También se estableció como Derecho Constitucional el de organizar sindicatos, de realizar huelgas y de negociar Convenciones Colectivas de Trabajo, todos Derechos que se establecieron de igual manera en el Capítulo de Garantías Sociales de la actual Constitución Política, en vigencia desde el 7 de noviembre de 1949.

Recuerdo, un día como hoy, esta conquista, la jornada máxima de 8 horas de trabajo, obtenida hace 100 años en Costa Rica, cuando en este Gobierno, y desde hace bastante tiempo vienen trabajando los intereses anti trabajadores y pro patronales, por romper este máximo de trabajo para imponer la jornada de 12 horas diarias, bajo la modalidad de la llamada jornada 4-3, de laborar 4 días de 12 horas cada uno con 3 de descanso.

Recuerdo, un día como hoy, esta conquista, asociada el reconocimiento de los trabajadores a organizarse sindicalmente, a desarrollar o hacer huelgas, y a firmar Negociaciones Colectivas de Trabajo para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de seguridad e higiene ocupacional, sus salarios y condiciones de vida, en un momento en que se ha arreciado contra los derechos sociales de los trabajadores, en distintos flancos.

Recuerdo, también, como hace 100 años se veló por aumentar sustantivamente los salarios, para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Hoy se tiende a reducir salarios, pensiones e ingresos de los trabajadores, deteriorando fuertemente esas condiciones de vida y de trabajo, y liquidando con ello a sectores sociales que han sido el pilar de la estabilidad social nacional, como son las llamadas clase medias, no solo asalariadas sino también productivas.

Si hoy son Derechos constitucionales, emitidos, y originados por el Poder Constituyente Originario, el que hace surgir una Constitución Política, en buena lógica jurídica no se pueden afectar negativamente por ninguna reforma legislativa.

El Poder Legislativo no está autorizado, ni facultado, para establecer por Ley alguna situación que menoscabe estos Derechos, los debilite, los disminuya, o que afecten la situación de los trabajadores y ciudadanos.

Soy de la opinión que tampoco la Sala Constitucional de la República puede, por interpretación de la Constitución, hacer cambios en este sentido, para los que expresamente no está facultada. Su tarea es defender y asegurar el pleno ejercicio de estos Derechos, como el de las Libertades públicas, consagradas en la Constitución Política.

A 100 años de haber sido establecida la Jornada de 8 horas de trabajo, como jornada máxima diaria, y de haber sido incorporada a la Constitución Política, por la Asamblea Nacional Constituyente, en 1949, más que nunca sigue vigente su lucha y su defensa.

Internacionalmente, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, países han venido reduciendo la jornada de trabajo a 7 y 6 horas diarias.

GuanaRED impulsa feria virtual para promocionar servicios y productos locales esta Navidad

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Equidad y derechos de la mujer.

GuanaRED continúa recibiendo propuestas de productos artesanales y servicios comunitarios para participar en la feria virtual de promoción local.

Para participar puede enviar una fotografía de su producto o servicio comunitario, junto a la descripción e información de contacto al correo guanaredcr@gmail.com o a las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter. 

La recepción de información será hasta el 15 de diciembre.

Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

SURCOS comparte 

– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.

En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.

El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiendo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.

ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.

ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.

Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.

Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.

San José, jueves 10 de diciembre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Las mujeres que dieron forma a la Declaración Universal de Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

En el marco del Día de los Derechos Humanos, Mujeres por Costa Rica comunica: 

Hace 72 años, un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y proclama, desde entonces, que los derechos son inalienables a todas las personas, independientemente de su condición económica, lugar de nacimiento, raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole o cualquier otra condición.

Esta maravillosa declaración, traducida en más de 500 lenguas, en reconocimiento de la extraordinaria diversidad humana, resiste a los procesos globalizadores gracias al apoyo de las nuevas generaciones de todo el planeta que con fuerza y esperanza trabajan por construir una comunidad mundial respetuosa y protectora de los derechos humanos.

No hay marcha atrás, solo camino que andar inspirados por mujeres y hombres que contribuyeron a que la Declaración Universal de Derechos Humanos tuviera perspectiva de género para hacer posible un mundo de paz, sin violencia, respetuoso de la diversidad humana y cultural de nuestra Casa Común.

Las mujeres que dieron forma a la Declaración Universal de Derechos Humanos

Compartido con SURCOS por Olga Marta Sánchez Oviedo

Con otros ropajes

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Montes verdes rodean mi casa.
No distingo, desde las ventanas,
si el sonido es un disparo,
un ruido de pirotecnia,
o un carro que no esquivó el hueco de la carretera.
En mi tierra no hay ejército.
Ciertamente, lo celebro y aplaudo.

El cielo de fiesta tricolor se me oscurece.
La nación desarmada deviene en mito.
Se desmiente en la esquizofrenia
 de una formación militar, intensificada.

El delegado policial, que otrora me cuidaba,
hoy represivo, en la manifestación callejera
me persigue y me calla,
apalea a las personas transgénero
y desatiende la demanda de la población originaria.
Así, la enmascarada militarización,
criminaliza la protesta ciudadana.

Sí, yo me enorgullezco
de que en mi país no circulen tanques.
Pero en tela de juicio se mece mi alarde.

Viví muchos años con ideas románticas.
Por no tener ejército, florecían las escuelas.
Nuestra fuerza era un gran número de docentes,
sus cuarteles, las aulas.
Yo lo creía.
¡Vaya que se ha hecho bien el trabajo!

El despertar me enoja:
Costa Rica, país centroamericano sin ejército, 
es de los que más gastan en seguridad.
Se recortan presupuestos a programas sociales.
La cultura y la educación se ponen a mendigar.

¿Quedó en el limbo nuestra tradición pacífica?
¿Qué fue de nuestro espíritu civilista?

La mampara de la violencia institucional se rompe.
Se desnuda un circo, sale a la luz un ejército escondido.
La vieja institución castrense persiste, con otros ropajes.

Yo, posiblemente ilusa,
apelo
a una policía formada en escuelas policiacas
que no contradigan su función civilista y antimilitar.
A una policía que, nutrida por los derechos humanos,
evite la violencia, las malas praxis y el abuso de autoridad.

Llamo, desde esta tierra gentil.
Urgida, convoco, desde el límpido azul de mi cielo,
a una policía, inscrita, en un proyecto de justicia y paz.

Marta Rojas, a propósito del mito de un país sin ejército…

Programa Alternativas: “Empleo público en Costa Rica”

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Hoy 11 de diciembre a las 6:00 pm el Programa radial Alternativas discutirá acerca de “Empleo público en Costa Rica” con los siguientes invitados:

– Manuel Hernández, abogado. 

– Gisela Víquez, abogada. 

– Jorge Córdoba, abogado. 

– Jorge Coronado, sociólogo y especialista en economía política. 

Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16

 

Perspectivas humanistas sobre la robótica: cine foro “Blade Runner”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En el marco del ciclo de cine “Perspectivas humanistas sobre la robótica”, la Escuela de Estudios Generales, la Escuela de Ingeniería Industrial y la Asociación Costarricense de Filosofía (Asofi) invitan al cine foro acerca de Blade Runner (1982) del cineasta Ridley Scott este miércoles 09 de diciembre a las 6:00 pm.  

En el evento virtual participarán la Licda. Ángela Ramírez Guerrero (Escuela de Estudios Generales – UCR), Dr. Eldon Caldwell Marín (Escuela de Ingeniería Industrial – UCR) y el Dr. Álvaro Carvajal Villaplana (Escuela de Estudios Generales – UCR). 

La transmisión será vía Plataforma Zoom con la siguiente información de acceso:

ID de reunión: 847 8287 6757

Código de acceso: 207826