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¡Basta ya! de la farsa de Juan Guaidó en Venezuela

Lic. José A. Amesty R.

Recordemos que Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el 23 de enero del año 2019, se autoproclamó, en una plaza pública, Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo al Presidente electo constitucionalmente Nicolás Maduro Moros.

Posteriormente, e inicialmente fue reconocido por alrededor de 50 países, entre los cuales se encuentran: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Paraguay; el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el Grupo de Lima.

Mencionando, además, que gracias a Donald Trump, a su apoyo, al “arriarlo”, pone de moda el término “autoproclamado”. La verdad ineludible, es que Guaidó fue y está avalado, financiado, apoyado por Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica, como Imperio actual.

No obstante, y sin duda alguna, en el contexto de la Revolución Bolivariana, Juan Guaidó, es el usurpador no reconocido por la mayoría del pueblo venezolano. No fue ni siquiera candidato en mayo del 2018, cuando se celebraron las elecciones legítimas y legales en Venezuela, para escoger al Presidente, nadie lo eligió; fue un tipo que escogieron para interpretar el rol de líder “popular”.

Guaidó era prácticamente un desconocido en la escena política de Venezuela, cuando en una plaza pública y sin cumplir ninguno de los preceptos constitucionales, se auto juramentó como presidente encargado.

En términos más políticos, está al servicio de una operación intervencionista de recolonización desde el extranjero. Viola la Constitución venezolana, negociando la entrega de las riquezas a las transnacionales, a los privados; eliminando el control del Estado sobre el petróleo y el gas, aparte de subordinar las negociaciones a los Tribunales Internacionales, entre otras medidas.

En general, Guaidó no fue, en ningún momento, ni es presidente de Venezuela, está actuando al margen de las leyes constitucionales venezolanas, por lo tanto, puede ser enjuiciado por tal actitud.

Igualmente, para recordar que, entre las atribuciones, más importantes, del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela están: Cumplir y hacer cumplir la legislación de Venezuela. Nombrar y destituir al Vicepresidente Ejecutivo, así como nombrar y destituir a los ministros. Dirigir las relaciones exteriores de la República, celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución. Administrar la Hacienda Pública Nacional. Nombrar y destituir aquellos funcionarios cuya designación le atribuye la legislación. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Autorizar y ejecutar las extradiciones, liberación de presos, entre otras.

Nos preguntamos, Juan Guaidó, en su supuesto mandato, ¿ha ejercido o ejecutado alguna de estas atribuciones? Por supuesto que no.

Groseramente, si ha influenciado a varios de los países que lo apoyan, para desconocer, por ejemplo, a las autoridades diplomáticas en esos países, desconociendo y usurpando las tareas de las embajadas y consulados, así como los embajadores y cónsules.

Conocemos de los problemas, angustias, dificultades y tristezas, de muchos venezolanos/as, que estando fuera de su país, no pueden renovar o adquirir pasaporte nuevo, u otro documento, ante la inexistencia de autoridades legales, ya que el país por ejemplo (Costa Rica), no reconoce a las autoridades venezolanas, sino a las del usurpador Juan Guaidó.

En este sentido, es significativo, lo que señala el funcionario y miembro del partido de gobierno en Costa Rica, Partido Acción Ciudadana PAC, Federico Picado, “Creo que el Presidente Alvarado y el Canciller Solano, deben prepararse para repensar y replantear las relaciones con las autoridades legítimas de Venezuela. Con la derrota de Trump, desaparece Guaidó, y en consecuencia llega a su fin una política que fracasó, que no condujo a nada, que nuestro gobierno apadrinó, y que el único que pagó las consecuencias fue el venezolano de todos niveles y colores, pues las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump y Pompeo, y sus consecuencias internas humanas y materiales, no hicieron distinción alguna entre chavistas, opositores e independientes. El Presidente y el Canciller, no pueden seguir ignorando una realidad objetiva por razones ideológicas, a la espera de la mano piadosa del norte. Han desconocido la dinámica propia de un país, que ha soportado todas las agresiones posibles exceptuando la agresión e intervención militar directa del imperio. Creo que llegó la hora de tender la mano sin imponer condiciones y que gane espacios la política y la sensatez con relación al abordaje de la situación de Venezuela”.

Y es cierto, ante las elecciones parlamentarias en Venezuela, el 6 de diciembre, Guaidó ya no es ni diputado, ni mucho menos Presidente. Aún, pese al saboteo y la abstención, la Asamblea Nacional venezolana, está ahora en manos de una mayoría chavista, y los países que apoyaron la aventura de Guaidó, deben recapacitar, considerar y reconocer ahora, a los actuales diputados y diputadas, incluido a Nicolás Maduro Moros, como genuino y legítimo presidente electo constitucionalmente.

Es más bien, un inepto con acusaciones recientes de ser corrupto y ladrón de fondos, para su aventura política de “autoproclamado”. Se ha revelado, por la prensa, incluida la prensa opositora al gobierno bolivariano, ‎el súbito enriquecimiento de los familiares de Juan Guaidó, comprobado desde que el “presidente ‎interino” y sus colaboradores tienen acceso a los activos del Estado venezolano “confiscados” ‎por Estados Unidos. La prensa opositora también ha divulgado historias de supuesta complicidad, ‎entre altos funcionarios del gobierno y algunos diputados opositores.

Es abiertamente conocido, como una ficha a utilizar por USA, aunque ya va a ser desechado, según algunos partidarios de la oposición venezolana. Bufón del Imperio e incompetente.

Pasadas las elecciones parlamentarias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho, que su cargo ha quedado ratificado y «recontraratificado», por el amor, el voto y la pasión del pueblo bolivariano, luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas, en las que no participó la oposición que representa el líder opositor Juan Guaidó.

Juan, por su parte, reiteró sus denuncias de fraude en las elecciones, alegando que no participó, porque los comicios no cuentan con las garantías suficientes para que sea un proceso transparente.

Como dice un dicho popular, son “pataleos de ahogado”, se aferra a un sillón presidencial ficticio, argumentando que el Gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, pese a ser reconocido por más de 135 naciones, frente a 50 países que le brindaron a Guaidó su respaldo inicial.

Como ya intuimos, a partir del 5 de enero 2021, los gobiernos que lo apoyaron en enero de 2019, y no renovaron su confianza, al menos de manera pública, tendrán que dar un paso al frente y manifestarse al respecto, dichos apoyos o rechazos son vinculantes y de valor práctico.

Deseamos ya casi finalizando, destacar un elemento que alude al pernicioso y recurrente ataque sobre la acusación de la “dictadura de Maduro”. Cómo es posible, que luego de unas elecciones parlamentarias legales, constitucionales, con veedores internacionales, se permita que un impostor (Juan Guaidó), primero, llame “tirano”, “impostor”, “usurpador”, al Presidente que de verdad está ejerciendo (Nicolás Maduro); segundo, que éste último, permita, que el autoproclamado, pueda aparecer y circular en el país, ante la opinión pública; tercero, organizar una consulta popular, con unos supuestos 7.000 centros de recepción de votos, y finalmente, salir campante sin ser molestado por los agentes de seguridad del Estado o la policía política del “dictador” de turno.

¡Imagínense qué le habría ocurrido a quienes, durante algunas de las dictaduras acaecidas en América Latina, hubiesen instalado no 7.000 sino, 7 centros de recepción de votos para expresar su repudio al régimen! Habrían sido arrestados al instante, probablemente torturados hasta morir y desaparecidos sin dejar rastros.

Finalmente, el año 2020 ha sido para Juan Guaidó, el año de su máximo truco ilusionista y el de su caída que ya parece indetenible. La caída de la ilusión está sucediendo en estos momentos.

Parece inevitable que el invento Guaidó termine por apagarse. Su historia política, desde su reconocimiento en enero del 2019, por parte de Trump, es una sucesión de errores e incapacidades.

Su progresivo declive venía sucediendo sin demasiado impacto. Su incapacidad para proponer algo nuevo (o incluso repetir algo viejo) quedaba tapada por las casi semanales sanciones anunciadas por Estados Unidos, en el marco de un bloqueo férreo, persiguiendo barcos y navieras para que no comercie petróleo con Venezuela.

¿Hasta cuándo seguirá el respaldo a Guaidó? Lo que es seguro es que Guaidó no hizo lo que debía hacer, y deben existir otros planes en vista de sus fracasos. Como señalan los dichos populares: “a Guaidó, solo le queda una presidencia virtual en el país de Narnia”.

Guyana / Venezuela: Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declara competente

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 18 de diciembre del 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su fallo en el que se declara competente para conocer de la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela en el 2018: véase texto en francés y en inglés de su decisión.

Como previsible, Venezuela emitió un comunicado oficial de su diplomacia en la misma fecha, en el que rechaza categóricamente la conclusión a la que llegó la CIJ (véase texto completo del comunicado oficial).

Dos cuestiones zanjadas, pero una sola de manera unánime

Nótese que luego de un largo análisis realizado por la CIJ, son dos únicos puntos resolutorios sobre la competencia de la CIJ que contempla esta sentencia en su párrafo final.

De las dos cuestiones a resolver, la única conclusión que fue adoptada por unanimidad por parte de los quince jueces titulares (véase lista oficial) así como por la jueza ad hoc designada por Guyana, Hilary Charlesworth (Australia), es la siguiente: la CIJ es únicamente competente para conocer de hechos anteriores a 1966 (párrafo 138) y no a hechos posteriores como lo sostenía aventuradamente Guyana.

Como bien se sabe, esta antigua controversia territorial entre Guyana y Venezuela no había dado lugar a mayores tensiones entre ambos Estados antes del 2015, año en el que la empresa Exxon Mobile anunció el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos frente a las costas de Guyana (véanse esta nota de la BBC del 10/06/2015 así como esta nota y mapa del Spectrumgeo del 2016). El entusiasmo de Exxon Mobile fue tal que se anunció que sufragaría los gastos de defensa de Guyana ante la CIJ contra Venezuela, calculados en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa del Guyana Times): es posiblemente la primera vez en la historia que un Estado reconoce oficialmente recibir montos de una empresa privada para sufragar sus gastos en La Haya.

Cabe indicar que la totalidad de los gastos que supone una demanda en La Haya para un Estado constituye un ámbito en el que imperan la discreción y el recelo, y en el que la prensa se ha mostrado muy poco curiosa, incluyendo la costarricense (Nota 1).

Un intenso debate inter pares

Más allá del entusiasmo inicial de Exxon Mobile y de Guyana (que debería decaer significativamente a raíz de esta decisión de la CIJ), cabe precisar que esta sentencia no fue exenta de debate entre los mismos jueces sobre el otro punto resolutorio: el de saber si hay (o no) manera de sostener la existencia de un consentimiento previo de Venezuela (sin el cual, la CIJ debió de declararse incompetente).

Como bien se sabe, en marzo del 2018, Guyana presentó una demanda unilateral con base en una carta del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018 dirigida a ambos Estados. Esta carta se fundamenta en un acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido que designa al máximo representante de Naciones Unidas como la entidad encargada de ayudar a ambos Estados a resolver la disputa entre Guyana y Venezuela.

El juez Ronny Abraham (Francia) externó su profunda inconformidad en un voto disidente (véase texto), así como el juez Mohammed Bennouna (Marruecos), en otro voto disidente (véase texto): ambos jueces indicaron que no se pueden hacer derivar del acuerdo de 1966 entre Venezuela y Reino Unido las consecuencias jurídicas a las que llegó la mayoría de la CIJ. El juez marroquí concluyó su opinión disidente señalando que:

«A mon avis, ce n’est que par une interprétation rigoureuse du consentement des Parties à sa compétence que la Cour renforcera sa propre crédibilité ainsi que la confiance dont elle bénéficie de la part des Etats parties au Statut«.

En un texto que lleva el nombre de «declaración» (y no de «opinión disidente«, por alguna razón que sería de interés conocer), el juez Giorgio Gaja (Italia) también consideró que no existen bases jurídicas para establecer el consentimiento de ambos Estados (véase texto de su declaración) y concluyó su denominada «declaración» señalando que:

«In conclusion, the Parties are, in my opinion, under an obligation to resort to judicial settlement and therefore to confer jurisdiction on the Court. Pending consent to that effect, the Court does not yet have jurisdiction on the dispute».

En otra opinión disidente llamada como tal, el juez Kirill Gevorgian (Rusia) llegó una conclusión muy similar a los anteriores jueces citados, al indicar (véase texto completo) que:

«Rather than basing itself upon an unequivocal, indisputable indication of Venezuela’s consent, as its jurisprudence requires, the Court goes looking for reasons to exercise jurisdiction, relying in particular on the presumed intentions of the Parties and upon a series of statements that are, at best, of ambiguous meaning. The Court ignores language in the text of the Geneva Agreement that squarely contradicts its position and is unable to point to any express statement evidencing either consent to this Court’s jurisdiction or an acknowledgment that the Secretary-General’s choice of the means of settlement is legally binding. In my view, this approach is wrong and undermines the fundamental principle of consent by the parties to the jurisdiction of the Court«.

Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo.

La no comparecencia ante la CIJ y sus riesgos

Como se recordará, Venezuela optó desde un inicio (junio del 2018) por no comparecer en el procedimiento, al oponerse frontalmente al accionar unilateral de Guyana y cuestionar la competencia de la CIJ para conocer de esta demanda El texto integral de la demanda de Guyana (cuya lectura completa se recomienda) fue respondido por Venezuela 24 horas después con este comunicado oficial (véase texto del comunicado del 30/3/2018), cuya lectura también se recomienda.

Históricamente, Venezuela se ha mantenido siempre muy distante de la justicia internacional, persistiendo por ejemplo en no ratificar el Pacto de Bogotá de 1948 (véase estado de firmas y ratificaciones) y en no reconocer la competencia de la CIJ mediante la declaración prevista en el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto). Esta actitud, que se ha mantenido a través del tiempo, se explica en gran parte por la sensación de haber sido objeto de una maniobra acordada entre los árbitros ingleses, norteamericanos y ruso para favorecer al Reino Unido en un laudo arbitral de 1899 sobre precisamente la frontera entre Venezuela y Reino Unido (Nota 2). Lo llamativo de recalcar en el marco de estas breves reflexiones, es que Guyana tampoco es parte al Pacto de Bogotá de 1948 y que tampoco ha reconocido nunca la competencia de la CIJ mediante la precitada declaración prevista para ese efecto (véase listado oficial de declaraciones hechas).

En una anterior nota sobre la posición venezolana titulada «El reciente comunicado en el que Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella: algunos apuntes» (véase nota), habíamos indicado el riesgo que corría Venezuela al privarse ella misma de poder arrebatir los argumentos de Guyana.

Ello sin considerar además el hecho que la no comparecencia por parte de un Estado en La Haya puede ser percibido por algunos jueces de la CIJ como un acto de rebeldía, que puede disimular la poca solidez de los argumentos del Estado ausente. ¿Podría ello explicar el hecho que de quince magistrados, solo cuatro consideraran equivocado el sostener que Venezuela sí ha dado su consentimiento para que la CIJ pueda conocer de una demanda como la planteada por Guyana? Es una interrogante que nos podemos hacer, al ser todos reconocidos juristas, que conocen muy bien los alcances así como las limitaciones de la justicia internacional para funcionar en ausencia de un consentimiento previo del Estado demandado.

Mapa de lo que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba», extraído de nota de prensa de la BBC titulada «El Esequibo, el territorio que disputan Venezuela y Guyana desde hace más de 50 años», edición del 30/03/2018

En el hemisferio americano, el último caso en el que se pudo observar la no comparecencia a un procedimiento contencioso ante la CIJ en La Haya remonta a la decisión tomada por Estados Unidos en 1985, luego de declararse competente la CIJ en su decisión del 24 de noviembre de 1984 (véase texto completo) para examinar la demanda interpuesta por Nicaragua en abril de 1984. En el mes de setiembre de 1985, la CIJ dio por concluidas las audiencias orales a las que solamente participaron los asesores de Nicaragua (véase comunicado de prensa de la CIJ), procediendo a elaborar lo que se convertiría en un histórico fallo cuya lectura tuvo lugar el 27 de junio de 1986. La situación de Venezuela es no obstante distinta, en la medida en que Estados Unidos sí participó en la fase preliminar sobre competencia de la CIJ, y optó por no comparecer cuando la CIJ se declaró competente.

Para completar el panorama en lo correspondiente a Estados del hemisferio americano, cabe mencionar una actitud un tanto original de Colombia en abril de 2016, al optar por no asistir a una reunión en La Haya convenida con el Presidente de la CIJ, en el marco de las dos demandas pendientes de resolución contra Colombia presentadas por Nicaragua en el 2013 (Nota 3).

La figura de las excepciones preliminares en breve

Ahora bien, si un Estado demandado por otro no está de acuerdo en que una controversia sea llevada ante la justicia internacional, puede hacerlo ver ante la misma CIJ: en efecto, el procedimiento contencioso de la CIJ prevé una primera etapa procesal (denominada «excepciones preliminares«) en la que precisamente, el Estado demandado puede cuestionar ante los jueces de la CIJ la base de competencia usada por el contrincante. Con una primera fase escrita de dos rondas de alegatos, seguida luego de una fase oral de usualmente también dos rondas de alegatos. Culminada la etapa oral, la CIJ delibera y decide si es o no competente: esta primera etapa procesal toma varios años cuando ambos Estados comparecen (tres a cuatro), pero mucho menos si uno se abstiene de hacerlo. En el presente caso, las audiencias orales se realizaron el 30 de junio del 2020 (véase verbatim de estas audiencias) con la única participación de los asesores legales de Guyana.

En América Latina, en años recientes, podemos citar dos casos en los que, luego de resolver la cuestión sobre su competencia, la CIJ decidió sobre el fondo en contra – primer caso – y a favor – segundo caso – del Estado que presentó excepciones preliminares: se trata del fallo a favor de Nicaragua contra Colombia de noviembre del 2012 (véase detalle del caso) y del fallo a favor de Chile ante la demanda de Bolivia de octubre del 2018 (véase detalle del caso). Tanto Colombia como Chile, ambos Estados demandados por Nicaragua y Bolivia respectivamente, cuestionaron en un primer momento la competencia de la CIJ, sin mayor éxito en ninguno de los dos casos.

Colombia reiteró el fracaso de sus gestiones ante la CIJ al escuchar la lectura de dos fallos dados a conocer el mismo día, en la que el juez internacional se declara competente para conocer de dos nuevas demandas interpuestas en su contra por la misma Nicaragua en el 2013 (véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016 ) y otra también en el 2013 (véase texto integral del fallo del 17 de marzo del 2016).

A modo de conclusión

Al anunciar oficialmente que no comparecería Venezuela, la CIJ decidió que su primera decisión sobre este caso versaría únicamente sobre aspectos de competencia (Nota 4), la cual fue dada a conocer este 18 de diciembre del 2020: los jueces de la CIJ reconocen que sí son competentes, pero únicamente para conocer de hechos anteriores a 1966.

Es probable que esta decisión sea objeto de fuertes críticas en la doctrina del derecho internacional público, al relativizar de manera bastante osada lo que constituye un principio angular del sistema de justicia internacional: ello, a partir de una interpretación muy propia hecha del alcance de un tratado de 1966 y de una carta emanada del Secretario General de Naciones Unidas de enero del 2018.

En las próximos semanas, la CIJ procederá a convocar nuevamente a ambos Estados, para precisar esta vez el cronograma a seguir en la segunda etapa sobre el fondo que durará varios años antes de la lectura del fallo (cuatro a cinco cuando ambos Estados comparecen, mucho menos si uno no lo hace).

Venezuela podría por supuesto mantener su posición de no comparecer ante la CIJ: en este caso, la CIJ tomaría una decisión sobre el fondo – sobre hechos anteriores a 1966 – sin que Venezuela tenga la posibilidad de responder a los alegatos de Guyana. Desde el punto de vista táctico, es en la fase oral del procedimiento contencioso en la que la ausencia del no compareciente surte mayores efectos, ya que en la fase previa (escrita), el Estado que no comparece tiene manera de hacer llegar a los jueces de la CIJ su posición sobre algunos de los argumentos escritos presentados en su contra.

Posterior al cierre de las audiencias orales, la CIJ inicia su período de deliberaciones internas («délibéré«) que duran varios meses hasta la lectura final del fallo a ambos contendores. Peruanos y chilenos debieron esperar más de 13 largos meses en el caso del fallo dado a conocer en el mes de enero del 2014 en materia de delimitación marítima (véase texto completo). La fase del «délibéré» es la fase en la cual pueden surtir mayores efectos las presencias de los jueces ad hoc designados por ambos Estados (y solo el de uno de los dos, en caso de no comparecencia).


–Notas–

Nota 1: Sobre algunos (pocos) datos arrojados por Estados de América Latina que han litigado en La Haya, y que viene a confirmar el dato de 15 millones de US$ dado a conocer por Guyana, remitimos a nuestros estimables lectores a la sección “El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura” de este artículo nuestro publicado en CIAR Global: BOEGLIN N., «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ«, portal de CIARGlobal, edición del 25/07/2017, y disponible aquí.

Nota 2: Este litigio territorial entre Guyana y Venezuela sobre la región de Esequibo es la más antigua controversia que se mantiene irresuelta en el hemisferio americano. Un laudo arbitral de octubre de 1899 (véase texto completo), escasamente fundamentado, y considerado como muy favorable al Reino Unido, fue objeto de investigaciones que llevaron a Venezuela a considerarlo como nulo en los años 60. En este valioso artículo del Dr. Allan Brewer-Carías publicado en 2009 por el prestigioso Max Planck Institute de Heidelberg en Derecho Internacional Público y Derecho Comparado, se lee que:

The boundary established in the 1899 arbitration tribunal was considered to be settled for the next half-century, until a memorandum written by Severo Mallet-Provost (11 August 1944), a lawyer who had acted as a junior counsel for Venezuela at the Paris tribunal, was published posthumously in the 1949 issue of the American Journal of International Law (O Schoenrich ‘The Venezuela-British Guiana Boundary Dispute’ (1949) 43 AJIL 523, 528–30). The memorandum adduced that the arbitral tribunal’s president had coerced several members into assenting to the final decision, the result of a political deal between Britain and Russia. Reportedly, this memorandum had been dictated five years earlier by Mallet-Provost to Judge Otto Schoenrich, his partner in the US law firm of Curtis, Mallet-Prevost, Colte and Mosle, with instructions that it was not to be published until after his death, and even then, only at Judge Schoenrich’s discretion. Mallet-Prevost died on 10 December 1948, and his memorandum appeared in print some six months later” (punto 17).

En 1966 el Reino Unido y Venezuela suscribieron un tratado en aras de encontrar una solución negociada (véase texto del tratado en inglés y español).

Nota 3: Nos permitimos escribir en una nota al respecto que: “estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oído de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas”. Nótese que la misma nota fue también publicada en el sitio jurídico especializado colombiano de Debate Global (disponible aquí) en la que nos permitimos también indicar que: “Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida)“.

Nota 4 : Véase sobre esta primera ordenanza de la CIJ tomada en el mes de julio del 2018 nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Guyana-Venezuela: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anuncia que fija plazos«, publicada en CiarGlobal, edición del 5/07/2018, y disponible aquí .

 

(*) Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

En Liberación Nacional se afilan cuchillos

Vladimir de la Cruz

Empezó, para el Partido Liberación Nacional, la carrera electoral con la Asamblea Nacional, recién celebrada, marcando su terreno, de ir absolutamente solo a las elecciones, sin consideración alguna a los gritos desesperados de Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana, que trata de armar una coalición política, de centro derecha, así llamada por él, de grupos opositores, especialmente de tradición cristiana, para enfrentar al Partido de Gobierno, al Partido Acción Ciudadana, dejando de lado las líneas estratégicas que el Expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier manifestó, ante esas opiniones de Pedro Muñoz, que en esa coalición debería considerarse al Partido Liberación Nacional.

Por su parte, Rafael Ángel Calderón ha considerado que una coalición debería ser de carácter centro humanista, en lo que hay sectores, y algunas destacadas figuras de Liberación Nacional, que este planteamiento les suena bien.

Obviamente, que el diputado Muñoz está pensando que esa posible coalición lo postule a él como candidato de esa unidad política, lo que yo veo muy lejano. Ni siquiera lo veo todavía como el candidato de la Unidad Social Cristiana, a pesar de que es el único que públicamente se mueve en esa dirección. Rodolfo Piza que todavía podría considerarse para una tercera candidatura, de este Partido, suena más hoy para encabezar la lista de diputados de San José.

Una coalición de esta naturaleza, de características socialcristianas, de forma centro humanista y no de centro derecha, por ahora, solo la vería encabezada por el alcalde socialcristiano de Cartago, Mario Redondo, aunque aún es temprano para señalar su mejor candidato, y sin Liberación Nacional.

En cuanto a Liberación Nacional, como partido, evidenció, en esta Asamblea Nacional, un gran debilitamiento como la organización política que fue, como partido político con grandes y reconocidos dirigentes POLITICOS, como José Figueres, Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, que no los tiene hoy, que fueron los más importantes dirigentes políticos de ese partido, durante muchos años, con formación política, dentro de la doctrina o teoría socialdemócrata. No hubo en esa Asamblea dirigentes de alto nivel, por el contrario, estuvieron ausentes o no presentes en esa Asamblea. La Asamblea Nacional dio el banderazo de salida para quienes aspiren las candidaturas de Presidente y de diputados, para que se organicen los equipos hacia la Convención de junio del 21.

Personajes como Rolando Araya, Fernando Berrocal, Francisco Morales, Francisco Antonio Pacheco, Carlos Rivera, Manuel Carballo, Carlos Manuel Vicente (Yayo), los hermanos Soley Soler, entre ellos Fernando, y con todo respeto, las “vacas sagradas”, de Enrique Obregón o Bernal Jiménez, que son activos intelectualmente, ni siquiera forman parte de esa Asamblea Nacional. Los han ido marginando o se han autoexcluido de papeles protagónicos, excepto Rolando Araya que se reintegró al Partido y a su Comité Político. Fernando Zamora, ex Secretario General del Partido está en lo suyo, forjándose su candidatura. Claudio Alpízar también la está luchando, sin apoyos, aunque tiene muy buenas relaciones con Oscar Arias y con José María Figueres, pero, sin muletas, como dijo Oscar Arias en 1983, cuando no tuvo apoyo de don Pepe y Daniel y los principales dirigentes liberacionistas.

El Expresidente Oscar Arias y la Expresidenta Laura Chinchilla son hoy muy decorativos dentro de Liberación Nacional. Tienen seguidores, y fuertes, pero no se expresan como tendencias dentro de ese Partido, aunque el “arismo” existe, como existe el “figuerismo”, como las más “temidas” corrientes, en el interior y exterior de este partido. Se ha manifestado la fortaleza del «arismo» y el reconocimiento del papel importante de Oscar Arias cuando el propio Directorio Político le ha solicitado, en este momento, su inserción más activa. En menor escala están el “arayismo”, el “laurismo” y el “antonismo”, aunque Johnny Araya y Antonio Álvarez tengan el control de diputados, de miembros de la Asamblea Nacional y de alcaldes.

Oscar Arias sigue siendo la figura política que es y que se le reconoce, así como se le teme, pero no se desempeña como dirigente político. Opera como un faro nacional dando sus opiniones sobre distintos tópicos. No es igual con el Expresidente José María Figueres que sí valora la posibilidad de participar activamente dentro del Partido Liberación Nacional, como líder, como dirigente, y como posible candidato, para el próximo proceso electoral, aunque algunos de sus seguidores consideran que debe hacerlo separado de Liberación Nacional, en casa aparte, con otro partido, lo que para mí sería un error. Los que piensan esto deben valorar lo que es el proceso de inscripción de un partido político y el de participar sin respaldo del financiamiento público, que sí tiene Liberación Nacional. Solo don Pepe Figueres, amenazó, en 1969, irse con otro Partido, el Social Demócrata, que inscribió en el Cantón de San Pablo de Heredia, ante la posible candidatura de Rodrigo Carazo, que se le enfrentó internamente en 1970. Figueres se impuso y Carazo salió, dignamente, a hacer otro Partido con el que participó en las elecciones de 1974 y que le preparó las condiciones para la candidatura de 1978 y su triunfo electoral.

Liberación Nacional se ha proyectado al ejercicio de otros gobiernos con altos dirigentes que ha tenido, que salieron de Liberación Nacional, como Rodrigo Carazo y Luis Guillermo Solís, que llegaron a la Presidencia de la República con la coalición socialcristiana Unidad, en 1978, y con el Partido Acción Ciudadana, en el 2014.

El actual Secretario General, de Liberación Nacional, Gustavo Viales y la Presidenta del Partido, me parece, quedan cortos en esos cargos, en un Partido de 69 años, del cual siento que desconocen su historia partidaria, la incidencia histórica que ha tenido en el país, y su desarrollo institucional, en lo que fue el Estado Social de Derecho, tal vez por no haber sido formados en La Catalina, a lo cual parece que Liberación Nacional renunció y dejó de lado, lo que se manifiesta en la mayoría de sus dirigentes nacionales, regionales, locales, intermedios y municipales.

Es el Expresidente José María Figueres, por algunas aproximaciones que le oigo, por mensajes que mantiene activos, en las últimas semanas, y desde hace algún tiempo, donde pareciera que si él asumiera alguna responsabilidad partidaria, entre ella la posible candidatura presidencial del 2022, le pondría énfasis a planteamientos socialdemócratas, como partido político más progresista, hasta de “izquierda” socialdemócrata lo llamó, y con proyectos programáticos nacionales, que quisiera agitar y rescatar, junto a los nuevos temas que él está manejando, como grandes señales electorales hacia los jóvenes y otros sectores sociales, como son la economía verde, el medioambiente, los océanos, los cambios climáticos, los Derechos Humanos, evidenciando sus vínculos con el Foro Económico Mundial, del cual fue su Secretario General, que le permite mantener relaciones activas para potenciar importantes traídas de capital e inversiones al país, en un posible gobierno suyo que debe enfrentar, en el 2022, una grave situación financiera y económica nacional, de no corregirse en el plano inmediato, lo que no se ve a la vista.

Los expresidentes de la República, del Partido Liberación Nacional, Oscar Arias Sánchez, Laura Chinchilla y José María Figueres al interior de su Partido, por su condición de expresidentes, son parte de su Directorio Nacional. Se mantienen allí con sus representantes, a modo de suplentes, Miguel Guillén, de reciente incorporación desde esta semana, Carlos Roversi y José Manuel Peña, sin que ellos, los expresidentes, se hagan sentir por medio de estos voceros, sobre todo en la discusión política que se podría esperar de un partido político de tanta experiencia histórica.

No hay a la vista ningún importante pronunciamiento ni declaración alguna, como lo está haciendo en las últimas semanas la dirección política del Partido Acción Ciudadana, sobre aspectos de la realidad nacional o política, sobre el Gobierno y sobre su Partido.

Los otros partidos políticos nacionales tampoco realizan pronunciamientos de sus Comités Políticos, o Directorios Nacionales, sobre los distintos temas de la agenda nacional, evidenciando sus posiciones. En este sentido han desaparecido como partidos políticos. Aparecen, eso sí, para cada campaña electoral.

Liberación Nacional da la idea de un cuerpo sin cerebro, y ni siquiera terminaciones nerviosas. Ni siquiera tiene movimientos peristálticos porque pareciera tener un ayuno político perpetuo, al menos de mucho tiempo. Desde que dejaron de preparar sus cuadros o dirigentes políticos en La Catalina, en la Escuela de Formación y Capacitación Política, que tenían en Barva de Heredia, ese Partido empezó a decaer y ha hecho que sus principales dirigentes actuales, jóvenes muchos de ellos, no conozcan ni el ABC de la socialdemocracia. Algo parecido sucedió con la escuela de formación socialcristiana que se tenía en San Isidro de Coronado, para la formación de dirigentes socialcristianos.

La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, como en todos los partidos políticos, de acuerdo con la legislación nacional es el órgano político más importante, por los acuerdos que toma.

La Asamblea Nacional de Liberación Nacional de 139 miembros, además de los 70 nacionales delegados por las Asambleas Provinciales tiene representación de sectores como son los cooperativistas, los trabajadores, los solidaristas, las mujeres, la juventud. Ahora acordaron incluir 7 representantes municipales, a razón de uno por cada provincia. No aumentaron el número de los 139 miembros, de manera que tendrán que ver a quienes sacrifican para meter a estos 7 nuevos. Si los incluyeron en la Asamblea Plenaria, otro organismo que tiene Liberación Nacional, allí son simbólicos, decorativos, sin relevancia alguna. Incluyeron un miembro del sector municipal en el Directorio Político, que puede ser un alcalde, un regidor, un síndico o un intendente.

A la distancia me parece que dirigentes importantes de ese Partido, como figuras y altos funcionarios de gobierno que han sido, y son reconocidos militantes, como Johnny Araya Monge, Antonio Álvarez Desanti, hasta excandidatos presidenciales ellos, y Carlos Ricardo Benavides, lucen más como altos conspiradores contra su propio partido, que como los dirigentes que en este momento necesita ese Partido, para su unidad partidaria con miras a las próximas elecciones. Lucen más proyectándose hacia la municipalización y debilitamiento de las estructuras de ese Partido, abriendo tenebrosas compuertas, por ese motivo, a su interior, y exhiben y lucen, sus afilados cuchillos y machetes, dispuestos a cortar cabezas, de quien se les ponga a la par o al frente, en el Patíbulo del Balcón Verde, frente a los procesos internos que se avecinan, desde ahora hasta junio, cuando celebrarán su Convención abierta para escoger el próximo candidato presidencial, junto a la convocatoria de todas las asambleas partidarias, desde las distritales hasta la nacional, para ratificar esas candidaturas.

Liberación Nacional es un partido con muchas heridas internas abiertas, casi sin posibilidad de sanar. Ese es un gran riesgo para su participación electoral inmediata. El riesgo más grande es que sea un cascarón político ante el desafío que el proceso electoral impone

En la situación actual nadie puede negar que el Partido Liberación Nacional tiene una base sólida de militantes, y de simpatizantes, que en las últimas dos campañas le han dado 19 y 18 diputados, y la mayoría de los alcaldes, en más de un 60%, y que goza todavía de un porcentual de aceptación que no tiene ningún otro partido. Pero, también hoy los votantes ya no ven solo partidos políticos a seguir, también ven candidatos sin importar el partido al que pertenezcan.

Los cuchillos que empiezan a exhibirse, en el interior del Partido Liberación Nacional, ¡cuidado!, que pueden ser para el propio pescuezo.

El reto inmediato de Liberación Nacional no es solo tratar de ganar las elecciones próximas, lo que es igual para todos los partidos, sino es no tener una tercera derrota electoral consecutiva. Ha tenido dos derrotas, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, la primera, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, la segunda. En esta segunda, incluso sin llegar a la posibilidad de ir a la segunda ronda.

¿Aguantará Liberación Nacional una tercera derrota electoral? ¿En qué condiciones sobrevivirá?

Dentro de 13 meses lo sabremos, el primer domingo de febrero del 2022.

Acerca de un alegato apasionado sobre el libro impreso y la lectura

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

En medio del discurrir de unos tiempos vertiginosos, e incluso violentos, donde los ignorantes, con su desenfrenada insolencia, son ya la correntada de un río inmenso de desolación y de retorno a las edades más obscuras de la historia de la humanidad, no debemos olvidar que el libro sigue siendo el mejor instrumento con el que contamos para enfrentar esa especie de retorno a la barbarie. Cuando la locura mecanizada se agote, quedando reducida a un montón de chatarra descompuesta y oxidada, los viejos libros impresos en el papel, y con el recuerdo de los olores de la tinta que hizo posible el prodigio, estarán todavía ahí para nuestro deleite.

Si bien es cierto, en gran medida, que hemos llegado, como afirman algunas gentes con cierta ligereza, al fin de la llamada Galaxia Gutemberg iniciada con la invención de la imprenta, a mediados del siglo XV, y que duró al menos siete accidentados siglos, para entrar en una época donde la imagen ha venido a sustituir a los caracteres impresos, como también al pensamiento sistemático almacenado en ellos, propio de cultura de escribas y lectores en que nos habíamos convertido durante esa era, dando paso a una época de los iletrados, en la que cada vez son más las gentes “alfabetizadas” que resultan incapaces de elaborar un textos, o entender una lectura que vaya más allá de unos cuantos párrafos. Nos acercamos de nuevo a la era de los gruñidos.

Dado lo anterior, ahora estamos dentro de lo que constituye una época en que la imagen ha venido sustituyendo a la lectura profunda de los textos de los antiguos maestros, no importa si impresos o manuscritos, como sucede en las llamadas redes sociales, donde se promueve el uso de dibujitos para evitarle al “usuario” o “consumidor” el trabajo de elaborar un texto, siempre con la pretensión de inhibir el deleite de leer un libro o un artículo extenso saboreando sí que quiere, no sólo sus contenidos sino también los múltiples sentidos que asumen en nuestra mente las palabras, material básico que conforma las obras literarias, filosóficas o científicas, con su inmensa variedad de elaboraciones estéticas en términos de la narrativa, y la elevación del pensamiento sistemático hacia las cimas del conocimiento.

Es en medio de estas inquietudes que rondan en nuestras cabezas que un viejo amigo nos plantea lo siguiente: “No sé bien que fue primero: si el libro o la lectura o si vinieron juntos, en un solo paquete de curiosidad insaciable” nos dice el escritor y periodista Carlos Morales Castro al dar inicio a las páginas de su más reciente obra LA PASIÓN DEL LIBRO (Editorial Prisma S.A. San José Costa Rica 2020), donde hace una apasionada defensa del libro impreso con sus tintas, imágenes y colores que tienen la virtud de transportarnos a innumerables e infinitos universos del pensamiento, la lírica y la ficción.

El autor de ese texto nos recuerda cómo nació en él la pasión por la lectura y nos habla de los primeros libros que llegaron a sus manos dentro de lo que constituyó un “amor paralelepípedo” que se fue desplegando paulatinamente desde la lectura de las llamadas “tiras cómicas”, en un medio donde sus padres “con mucha sabiduría pero pocos estudios, apenas si podían leer el periódico del día”(op.cit p.p. 23-24), las primeras lecturas fueron apareciendo de manera gradual hasta llegar al libro en estricto sentido” Las primeras lecturas, tras el diccionario y el catecismo, fueron las tiras cómicas. SUPERMÁN, BATMAN, EL LLANERO SOLITARIO, EL HALCÓN NEGRO, MANDRAKE, LA PEQUEÑA LULÚ, CHANOC, LORENZO Y PEPITA, todos los personajes de Disney, hasta avanzar a los clásicos ilustrados que empezó a editar Novaro de México, a mediados de los setenta” (ibídem). Con el tiempo vendrá el paso del folletín ilustrado o resumido en exceso al libro en toda la extensión de la palabra, dando lugar a una pasión por la lectura de los grandes clásicos de la literatura y el pensamiento filosófico occidental (Bertrand Russell, entre sus favoritos), de ahí en adelante nos confiesa que la lectura sistemática se convirtió no sólo en una pasión sino en una razón de vida.

Se trata de lo que llama “una apuesta incondicional por el libro contra el tiempo y contra sus adversarios de todas las épocas”, nos habla de cómo cuando aparecieron los grandes diarios durante el siglo XIX se creyó quera el fin de la era del libro, lo que con el paso del tiempo no pasó de ser una falsa alarma y así sucesivamente. Después, la amenaza continuó con la aparición de nuevos medios de difusión, a lo largo del siglo XX, como también del desafío a que da lugar el hecho puntual de los innumerables libros que se editan en nuestro tiempo y el imperativo de escoger ¿cuáles leer?, al menos entre aquellos a los que se tengan al alcance, un tema de suyo muy complejo, por lo relativo de esa afirmación.

Nos habla también Carlos Morales Castro, acerca de sus innumerables lecturas, a veces apresuradas, pero siempre obteniendo de ellas un gran deleite e intentando responder a los desafíos que se le plantearon, tal y cómo le aconteció con las repercusiones que tuvo un artículo al respecto que publicó en 1989, el que motivó innumerables reacciones entre sus amigos, entre ellos, Marcelo Blanc, quien en su “purísimo chileno de Valparaíso”(ibid) le dijo “- Ta muy güeno tu artículo sobre libros:”(ibid) o de José Rafael Cordero Croceri quien lo inquirió sobre el desorden de sus lecturas, un tema sobre el cual Morales hace una serie de disquisiciones para concluir: “Que uno puede estar leyendo varios libros al mismo tiempo y que eso no sólo es normal, sino conveniente y muy productivo “(Ibid p. 60), en fin todo un desafío que puede llevar a muchos lectores a los más insospechados descubrimientos, como también a modificar lo que alguien llamó alguna vez “los derechos del lector”.

Invito a los lectores a involucrarse en las lecturas de las páginas de Carlos, pero también a hacer nuestra la reflexión con la que concluye su texto: “debemos abogar por una vida menos belicosa, menos egoísta y, aunque sea un poquito, más solidaria, más humana… Y en eso, el libro sigue siendo un instrumento incomparable” (Ibid. p. 112).

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Programa Voces y Política: “Diálogo Nacional: un balance necesario”

Hoy 16 de diciembre a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Diálogo Nacional: un balance necesario”, con la participación de la Dra. Ilka Treminio, politóloga y una de las facilitadoras del Dialogo Intersectorial y Ana Felicia Torres, antropóloga Social, teóloga y coordinadora del Foro de Mujeres del Instituto Nacional: un balance necesario”, con la participación de la Dra. Ilka Treminio, politóloga y una de las facilitadoras del Dialogo Intersectorial y Ana Felicia Torres, antropóloga Social, teóloga y coordinadora del Foro de Mujeres del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). 

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.

 

La Responsabilidad Social del Escritor

SURCOS comparte el siguiente texto del escritor Macv Chávez:

Yo miro al cielo porque tú estás abajo
te aplasto el cuello como en el apocalipsis
tú no eres espejo
tú ya eres vida rota y no se te prende el foco
tú no puedes ser mi reflejo
menos el soberbio verso de mi yo

Yo soy el viento que llega a tus oídos para hablar como un dios
para decirte que tengo la razón entre mis calzoncillos
y un ciego mundo que me aplaude por costumbre
porque mi pluma vuela sobre el ego que no tengo a pesar de ser narciso
nada funciona sin uno de mis versos
y nada pasa frente a mis ojos

Puede que el ciego sea yo y tú
al vernos tan distantes de nuestros sueños
respirando este ambiente que sabe a infierno
a un relato de terror y a una constante guerra por la igualdad
donde tú también me quieres aplastar por ser apocalíptico
y por andar en este mundo destruyéndoles a todos que tienen amor propio.

Lima, 21 de noviembre de 2020 a las 11:11 horas

He querido empezar mi dizque ponencia con este poema, porque considero que entrar directo duele, por ende, hay que buscar un estímulo previo al disparo de las ideas, porque pienso que escribir finalmente es una conversación con uno mismo, pero no solo consigo, sino también con la humanidad, porque este diálogo nace de la acción de contemplar y analizar la realidad con intención de transformarla, porque quien escribe de una u otra forma busca acabar con el problema o darle alguna solución, aunque sea solo en la imaginación, y por eso se crea mundos o historias donde de alguna forma el problema se termina, de buena o mala manera, es decir, de cualquier forma la simplificamos a la vida diaria, al hecho de estar vivos, porque la vida continúa sin los personajes que la joden o se joden, sacando de esa manera a flote desde el más esperanzador pensamiento hasta el más criminal de ellos, porque simplemente queremos purificar la existencia de alguna manera; y por eso escribir también es un acto de creación, y por eso creamos personajes para ser salvadores del mundo o simplemente sus detractores, aunque también a veces simplemente somos los del punto intermedio: los observadores, los que solo miramos y no decimos ni hacemos nada mientras el mundo de los otros se cae a pedazos; y todo esto sucede dentro del escritor -como en la vida misma- para luego ser impregnado en el papel y el tiempo, porque es así cómo se expulsa o vomita lo que se lleva dentro, en un texto que directa o indirectamente termina en el otro (el lector); y es aquí donde podemos comprobar nuestra acción social, en el lector, porque finalmente podemos terminar siendo el detonador que despierta los sentires humanos que impulsan o motivan a dar riendas suelta a su ser trascendental o a la deformación del mismo; y por ende, creo que es aquí donde empieza nuestra tarea o nuestra responsabilidad social; y esto no quiere decir que no se escriban todas las barbaries humanas y que debemos empezar a escribir cuentos de flores y mariposas, porque eso cortaría la libertad de la imaginación y del pensamiento; sino, lo que quiero decir es que es importante e indispensable marcar la diferencia que existe entre la realidad y la ficción, invitándolos de una u otra manera a meditar sobre el propio ser de nuestros personajes: el ser humano, porque es el ser humano el personaje principal de todas las obras, habidas y por haber, sea de realidad o ficción, porque no hay otra forma de escribir, por más que el persona sea un chancho que vuela, un mono que fuma o una rata que roba, debido a que finalmente no escribimos para los animales, sino para las personas, para los seres humanos; y por eso debemos tener conciencia de esta realidad irrefutable y empezar a ver las cosas desde un punto de vista más trascendental para el ser, desde ese ser que va más allá de sí mismo para encontrarse en el otro y con el otro, siendo pares, iguales, sujetos de derechos y deberes, logrando tener un encuentro con el bien común, con tu bien y mi bien y el de los otros, porque finalmente nuestra vida queramos o no está ligada a la sociedad, porque procedemos de una sociedad que se llama papá y mamá, aunque muchas veces esta sociedad no suelen terminar armonizada como el ideal de vida lo espera, porque simplemente todavía nos falta mucho por aprender como seres humanos, porque el hombre (varón y mujer) no ha aprendido a ser hombre (varón, mujer y todo lo demás);  y es aquí donde sale a la luz la principal razón de por qué es importante que el escritor asuma su responsabilidad social: la de formación, porque, queramos o no, somos parte principal de los que forman parte del grupo de formación humana, porque influenciamos en la formación del hombre con nuestras ideas, esas que plasmamos en un libro de ciencia ficción como de política o de cualquier otra índole, porque finalmente nada está desvinculado de nada, por más que queramos darnos de ermitaños o seres extraordinarios, porque simplemente todos somos un diente más en el engranaje de la vida; y por ello la riqueza de nuestro ser está en saber ser uno en medio de todos, por ende, debemos dejarnos de creernos dioses, ídolos, seres sagrados, entre tantos otros que he podido contemplar en este tiempo de vida sociocultural, donde siempre terminé haciéndome la misma pregunta: “¿Qué pasaría si tan solo nos dejaríamos de tantas pajas mentales con esto de ser escritor y nos ponemos a escribir de verdad, para lo que realmente sirve escribir?

Finalmente, creo que eso sería todo lo que tendría que decir con respecto a la responsabilidad social del escritor, aunque creo que no he dicho nada, o no sé. Pero bueno, por otro lado, en este momento quiero empezar a citar a Aristóteles con su frase tan usada en las redes sociales en tiempos de guerras intelectuales como en debates escolares: “el hombre es un ser social por naturaleza”, a Marañón diciendo que “la bondad prevalece a la inteligencia”, a Ortega contándonos que “yo soy yo y mi circunstancia y que si no la salvo a ella, no me salvo yo” o simplemente recordándonos que “la claridad es la cortesía del filósofo”, a Sócrates diciéndonos que “yo solo sé que no sé nada”, según la versión de Wikipedia en su cumbia filosófica, para terminar con Sartre que escribe en la introducción de ¿Qué es literatura? “Una función social”, esa que nos sirve de muchas cosas, como un escape, medio de entretenimiento, forma de investigación, entre tantas otras opciones que nos brinda la literatura y la escritura en sí misma, que de mencionarlas no podría terminar nunca, porque tampoco las sé, porque creo que lo que nos falta finalmente a los escritores es tener conciencia de nuestra propia existencia, para dejar de sentirnos dioses intelectuales o mentes brillantes, y descubrirnos igual a los otros, para desarrollar nuestras capacidades en responsabilidad principalmente con nuestras vidas, porque sucede que muchas veces desarrollamos personalidades repetidas, es decir, copiamos clichés, ejemplos de otros para sentirnos importantes y grandes, cayendo en la ceguera o soberbia del conocimiento, cosa que me parece inútil o innecesario, porque finalmente son los escritores o los intelectuales, los que conducen el destino de su nación a buen puerto, porque son los que nutren a su nación, como a los que están más allá de sus límites territoriales, y si no lo creemos así veamos el ejemplo de Grecia en su época o a Alemania, las que fueron cunas de grandes intelectuales: filósofos, literatos, entre otros; y si queremos ir más allá de una nación,  miremos a los judíos, muchos de estos personajes cambiaron la historia; y por eso creo que ahora hay que empezar a preguntarse: ¿Hasta cuándo van a tener tanto protagonismo estos judíos? Claro, sin terminar siendo otro Hitler, ah. ¿Por qué no existe el mismo protagonismo en nuestra sociedad? Y aquí seguro más de uno dirá: no campares a esos con los nuestros, que esos están por los cielos y los de aquí por los suelos, cosa que es verdad, y que no pienso discutir, porque ellos ya están muertos y por eso los he citado, para no terminar peleando en vano, porque esos fueron autores que en su tiempo dieron lo mejor de sí, hasta cambiar el rumbo del mundo o simplemente hasta dejar una huella de su ser para ser recordados, contribuyendo de alguna manera a nuestros sueños o anhelos, como también a nuestras reacciones personales, porque quién va a negar que no ha seguido ejemplos de algunos escritores para hacerse intelectual, ejemplos como el fumar, beber, ir de putas y hasta ese deseo de revolución, entre otros vicios que usan de pretexto para aflorar su pensamiento e imaginación. Pero bueno, creo que los que estamos hoy aquí, de pie, sentado o echado, podemos hacer algo para cambiar esta realidad de alguna forma, tanto desde aquellos que son escritores hasta aquellos que son lectores, porque ambos se nutren mutuamente, el lector se alimenta de lo que escribe el otro y el escritor se inspira para el lector a través de su sed o hambre de conocimiento; y por eso pienso que tendremos mejores intelectuales cuando tengamos una sociedad menos desnutrida mentalmente. Y esta es una tarea que el escritor debe empezar a trabajar con gran responsabilidad, sin esperar ser Alemania o la comunidad judía de la noche a la mañana, sino simplemente siendo persona, teniendo conciencia de su realidad para mejorarla, para hacerla mejor, cada vez más libre, más tolerante, más comprensiva y equilibrada, porque es ahí donde alcanzaremos la igualdad, sin dejar de reconocer nuestras capacidades humanas: la de ser poeta, cuentista, pero por favor, sin venir con cuentos chinos, que ya suficiente tenemos con el cuento chino del 2020, novelista, sátiro o político, al final los dos son unos payasos, filósofo, historiador, entre tantos otros que también son escritores y actores del desarrollo cultural de un país, ese desarrollo que nos hace tanta falta, tanto como a mí me hace falta el café, para despertar y no  dormir sin antes decir gracias por todo, sobre todo por escuchar cada una de mis ideas voladas, esas que no necesitan de marihuana para decir lo que se me venga en gana, como un, chao, adiós, se acabó.

Lima, 21 de noviembre de 2020 a las 15:24 horas

Macv Chávez

Ni Revoluciones de Colores, Ni Golpes Blandos en Cuba

Lic. José A. Amesty R.v

Oficialmente la desestabilización contra Cuba, por parte de EEUU, inicia el 3 de febrero de 1962, mediante la orden ejecutiva No. 3447, impuesta por el presidente John F. Kennedy. Pero ya desde 1959, el gobierno de Eisenhower, ya había tomado medidas para restringir el comercio entre USA y Cuba, afectando las finanzas de ésta última.

Ya conocemos, que este asedio se ha materializado afectando la vida diaria de Cuba: cortes de electricidad en las principales ciudades del país y en los horarios de mayor demanda, escasez de alimentos, afectación al transporte público a trabajadores y sociedad en general, entre otras calamidades, que en general, son agresiones políticas, económicas, financieras, comerciales, tecnológicas, entre muchas otras. Un embargo total a Cuba.

Por supuesto, la injerencia ha afectado al sector de las comunicaciones y la informática, incluidas las telecomunicaciones. Esta política aberrante gringa constituye el principal impedimento al flujo de información, y al más amplio acceso a Internet y a las tecnologías de la información por parte de los cubanos, al dificultar y encarecer la conectividad en el país, condicionar el acceso a las plataformas y tecnologías, y utilizar el ciberespacio para subvertir el sistema político y jurídico cubano.

Los daños económicos ocasionados al sistema de las comunicaciones, durante el período de abril de 2018 a marzo de 2019 se estiman en más de 55 millones de dólares. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) continúa siendo la entidad con mayor afectación, registrando aproximadamente el 98% del monto total de los perjuicios.

Uno de los principales brazos interventores en Cuba heroica, ha sido la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, quien con el tiempo ha cambiado su papel de “asistencia económica”, a vulgar ladrona de cientos de millones de dólares, o desviados de ruta para: preparación de agentes locales, compra de supuestos periodistas y otros profesionales, subvención de grupos mercenarios, envío de propaganda ilícita, para cambiar mentes y poder financiar a los opositores al gobierno cubano, pasando por trabajo político encubierto. Y por supuesto, seguir apoyando el bloqueo económico contra la isla heroica.

Estemos atentos al cambiante mundo de la USAID, CIA, entre otras, que cambian cual camaleón, para enmascarar sus propósitos expresos de USA, quien los financia y no le importa sus métodos, para hacer colapsar la Revolución en Cuba. El enemigo no descansa, tampoco nosotros debemos descansar, para consolidar un mundo más justo y fraterno.

No es de extrañar, el papel de estos brazos gringos en la isla, en los últimos días, con la farsa de San Isidro.

Ya que sabemos que, el Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, lanzó una convocatoria, para que las organizaciones dedicadas al negocio de promover la subversión en Cuba, presenten propuestas para crear una nueva generación de líderes independientes cubanos, llamado “líderes emergentes cubanos”, que tengan la capacidad de trabajar para transformar la sociedad cubana, desde adentro, promoviendo un desmontaje de los principios, valores y prácticas socialistas.

Este proyecto subversivo ya está en pleno desarrollo, las organizaciones que fueron beneficiadas con el presupuesto, ya están desplegando sus recursos para cautivar, engañar y manipular a determinados jóvenes cubanos que, en términos prácticos, le ofrecerán ser mercenarios al servicio de una potencia extranjera.

Fácilmente, la creación de grupos de este tipo, es factible de controlar, ya que normalmente caen en una especie de club único, proclive a autoproclamarse como los preferidos para tal fin, creen que son los “elegidos” y cometen errores de autosuficiencia.

No obstante, debemos dejar claro que la Injerencia, es la intervención en un Estado Soberano, por uno o varios Estados u organizaciones internacionales, mediante la fuerza armada u otras medidas, y sin su consentimiento. Algunos sinónimos son introducir, entrometerse o inmiscuirse, violación, intervención, invasión, derrocamiento, otros.

El sentido de esta definición, siempre tiene una carga violenta, de destrucción, nunca de ayuda. Y esta ha sido la historia de los Estados Unidos de Norteamérica en América Latina, el mundo y por supuesto en Cuba.

La larga lucha que la sociedad cubana ha sufrido y resistido, durante los últimos sesenta años de Revolución Cubana, donde se promueve un sistema de valores como la solidaridad, la igualdad, la equidad y el bienestar común, ha sido un largo proceso de aprendizaje, costoso y muy traumante para el pueblo cubano.

Esta resistencia, que se ha adquirido con formación e ideología, se ha traducido en Resiliencia, que es la “capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro”. Así mismo, “en ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento”.

El concepto ha evolucionado, superando la concepción individualista, para transformarla en una actitud comunitaria, cultural, y como la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad, a pesar de los graves riesgos.

Estamos hablando entonces, en estos últimos días en Cuba solidaria, de una desestabilización multifacética del imperialismo, traducida entre otras armas, de una ciberguerra, concepto tan crucial que el Pentágono le dedica un comando especializado, así como los tiene para áreas geográficas. Y estamos hablando de una inversión multimillonaria, en la creación de numerosos medios e influencers digitales, con sus ejércitos de bots (es un software que sirve para comunicarse con el usuario, imitando un comportamiento humano, aunque a veces sea el de un humano de pocas palabras), que trasmiten contra la isla desde Estados Unidos.

En este sentido, el escritor cubano Abel Prieto, afirma que la mayoría de los que llegaron ante el Ministerio de Cultura Cubano, desde San Isidro, fueron impulsados a hacerlo por el ambiente creado en las redes. Este es el espacio virtual, utilizado ahora por USA, para subvertir el orden cubano, desestabilizando la armonía del país.

En general, y atendiendo al título de este breve artículo, las llamadas revoluciones de color, entran dentro de las estrategias de intervención silenciosa, que Estados Unidos, utiliza para derrocar a Gobiernos, que no comparten la visión estadounidense sobre la organización económica, política y militar de las naciones.

Así mismo, se denomina golpe de Estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional, al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.

La expresión ha sido atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp,​ quien, según Thierry Meyssan (periodista y activista político francés, autor de investigaciones sobre la extrema derecha), “recibió el encargo de la CIA para conducir la aplicación práctica de su investigación teórica en China”, en 1989,​ y trabajó para Israel para “crear programas de entrenamiento para jóvenes activistas con el objetivo de organizar golpes”.​ En algunas ocasiones, el golpe de Estado blando, se relaciona con el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales.

El autor Sharp, del ensayo titulado “De la dictadura a la democracia”, describe 198 métodos para derrocar gobiernos mediante “golpes suaves”, considera que la estrategia se puede ejecutar en cinco pasos:

  • La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores.
  • La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder.
  • La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
  • La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de «ingobernabilidad».
  • La quinta y última etapa tiene por objeto, forzar la renuncia del presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

Las primeras tres etapas, se ensayaron en San Isidro, y se han seguido experimentando posterior a la puesta en escena san isidrina, atentos y alertas.

En conclusión, la mejor defensa de la Revolución Cubana, sigue siendo la ofensiva audaz, creativa, oportuna y pertinente.

Día internacional contra la corrupción, 9 de diciembre

José Manuel Arroyo Gutiérrez , Exmagistrado y profesor Catedrático UCR

En el debate público se ha difundido, a veces incluso desde voces autorizadas, el que no existe un concepto claro de lo que debe entenderse por “corrupción”. Tales afirmaciones solo traen confusión y desconcierto a la hora de tratar el tema y, en última instancia, le hacen un pésimo favor a la necesaria respuesta que desde la Administración Pública y el sistema penal debe tener este fenómeno. Por eso resulta imperativo dibujar con claridad los límites y alcances de la corrupción y dejar claro, tanto para el lenguaje común como para el técnico-jurídico, de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto.

Desde el campo jurídico-penal, la cuestión resulta de enorme importancia, en virtud de las exigencias derivadas del principio de legalidad: la necesaria descripción en la ley de las conductas prohibidas para que todo ciudadano y ciudadana la conozca; la obligada claridad, precisión y circunstanciación con que debe hacerse esa descripción conforme una buena técnica legislativa; y el resguardo indispensable que, por esa vía, debe hacerse de las libertades y derechos fundamentales de las personas.

Pero es de sobra conocida la constante tergiversación que se hace del término “corrupción”, la mayoría de las veces con aviesas intenciones, cosa que también ocurre con otros conceptos en las discusiones cotidianas, en los medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, en las frenéticas redes sociales. Se tacha de “corrupto” a cualquiera y con cualquier pretexto, igual que se lo llama “terrorista”, “dictador”, “facho”, “nazi”, “stalinista”, “mafioso”, “fundamentalista” y un largo etcétera.

En nuestros pandémicos días resulta particularmente retorcido el mal uso del concepto “corrupción”, con intenciones políticas en un ámbito muy basto y de manera especial contra quien ejerce alguna forma de autoridad pública, colgándole este rótulo descalificador a lo que son simples negligencias, errores de todo tipo, meras diferencias de criterio o puntos de vista contrarios. En su peor versión, el poderoso instrumento de la descalificación por “corrupción” ha servido para que los verdaderamente corruptos arremetan contra quienes los denuncian, acusan o condenan formalmente. Ha servido para que se responda con procesos judiciales o disciplinarios desde la trinchera de la oposición ideológica; o para que se hayan afianzado las estrategias de las noticias falsas (bulos o fake news) tipo Trump o Bolsonaro; o se ha utilizado el proceso penal para liquidar a los adversarios políticos (Lawfare) como el caso en perjuicio de Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia.

Se trata de aplicar una perversa estrategia para crear la sensación de que todo es corrupción y todos somos corruptos, estrategia que busca hacer pasar lo efectivamente descompuesto de manera desapercibida y desviar la atención de lo que en realidad importa. La peor parte la llevan funcionarios y funcionarios honestos como policías, fiscales y jueces que cumplen con sus deberes; medios de comunicación veraces y valientes; organizaciones políticas que han levantado a mano contra la corrupción y ciudadanos indignados ante evidentes abusos y podredumbres.

Las consecuencias fácticas de estas manipulaciones son especialmente graves en el campo del derecho y la justicia. Se erosiona la información de calidad –vital en una democracia- y se dañan también de manera irreparable la credibilidad en las personas inocentes, las autoridades probas, los procedimientos sancionatorios correctos y las instituciones públicas en el ámbito de sus legítimas competencias. En fin, tan grave es no perseguir la verdadera corrupción como señalar de tal lo que no lo es.

Abandonar ese universo de la imprecisión, la mentira y la especulación es indispensable para ubicar las cosas en sus justos términos. Un análisis de lo general a lo particular, tomando los puntos de referencia más amplios que han intentado definir los límites y alcances técnicos del concepto de corrupción, nos debe llevar necesariamente a las dos convenciones internacionales anticorrupción que más nos atañen: la primera en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA-1997) y la segunda en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU-2003). Luego se requiere un análisis más concreto, que señale cómo se reflejan esos lineamientos internacionales en la legislación interna, de la mano de las categorías fundamentales de la teoría del delito, para destacar todas aquellas cuestiones que resulten relevantes y de interés en la comprensión del tema propuesto. Por último, deben incluirse algunos de los aspectos que consideramos más sobresalientes en la evolución que ha tenido la organización y funcionamiento de los instrumentos internacionales contra la corrupción en el ámbito nacional o doméstico.

Es correcto afirmar que no existe un concepto de “corrupción” concretado en un tipo penal. Las fuentes más confiables para definir y delimitar este fenómeno son las citadas convenciones internacionales contra la corrupción; en nuestro caso, la Convención Interamericana (1997) y la Convención de Naciones Unidas (2003). En ellas encontramos el contenido del tema entendiendo que debe hacerse un listado de “actos de corrupción”, ubicados en una serie de figuras o tipos penales diversos, que nos dará los límites y los alcances de este término.

A lo interno de nuestro ordenamiento, las directrices convencionales en materia de corrupción están contenidas en el Código Penal, Título XV (Delitos contra los deberes de la función pública), Sección II (Corrupción de Funcionarios), Sección III (Concusión y Exacción), Sección IV (Prevaricato y Patrocinio Infiel) y Sección V (Peculado y Malversación); además de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Capítulo V (Delitos), artículos del 45 al 58) y más recientemente la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas No. 9699.

Estamos hablando, por otra parte, de tipos penales que tutelan, en lo fundamental, dos bienes jurídicos: la probidad en el ejercicio de la función pública y la integridad del patrimonio o erario público.

Si bien el énfasis está dado en los delitos que puede cometer un funcionario público en ejercicio de su cargo, el concepto de sujetos activos de las diferentes tipologías penales involucradas, incluyen en muchas de ellas a personas particulares circunstancialmente relacionadas con actividades estatales o con bienes públicos y, por tanto, equiparables al funcionario como potenciales autores o partícipes en conductas prohibidas. Asimismo, en virtud de la aplicación de la Parte General del Código Penal, son de previsible imposición las normas ampliativas de la participación criminal como la Comunicabilidad de la Circunstancias (art 49 CP).

En su mayoría son conductas delictivas que se sancionan ya como delitos de peligro concreto, independientemente de si el beneficio o ventaja indebidos, el abuso o la desviación, el provecho propio o para un tercero etc., se han materializado en un resultado.

Los “actos de corrupción”, en todas sus modalidades son por naturaleza dolosos, es decir, cometidos con conocimiento y voluntad del agente activo. Están excluidas, en principio, todas las acciones o conductas cuyo fundamento punitivo radica en la simple violación a un deber de cuidado (delitos culposos). Están excluidas también todas aquellas conductas que, aunque perpetradas por funcionarios públicos o personas equiparables, no tienen como propósito la percepción para sí o para un tercero de beneficios indebidos de cualquier índole (patrimonial, administrativo, judicial, social, político, etc.). Tal es el caso del mero Abuso de Autoridad (art. 338 CP). Quedan fuera, finalmente y en sentido estricto, las formas delictivas con legislación específica de tráfico de sustancias prohibidas y blanqueo de dinero, aunque por supuesto pueden tener vasos comunicantes en fenómenos como el tráfico de influencias o las figuras de blanqueo y encubrimientos (Ley No. 77856 y sus reformas).

El principal aspecto en el que el Estado costarricense está en deuda tiene que ver con la corrupción privada. Si bien es cierto se ha legislado y reglamentado en orden a controles administrativos y bancarios en el marco del crimen organizado relacionado con blanqueo de dineros y capitales, es lo cierto que algunas recomendaciones internacionales de índole penal como la necesaria tipificación del peculado, malversación o el tráfico de influencias de personas particulares, sobre otras personas también particulares y respecto de bienes o patrimonios privados, no han sido ni propuestos ni legislados en Costa Rica.

Las recomendaciones convencionales y la evolución de este tema han puesto sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Costa Rica recientemente (2019) se ha dado cabida a este instituto jurídico, aunque es nuestro criterio que el asunto, por coherencia constitucional, debió resolverse mediante la responsabilidad administrativa o civil y no punitiva.

Publicado en el Semanario Universidad, enviado a SURCOS por el autor.