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¡Grupo de Lima, Un Cadáver Insepulto!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El Grupo de Lima GL, es una instancia multilateral, que se estableció tras la denominada Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017 en Perú, donde se reunieron representantes de 14 países, con el objetivo, de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la “liberación de los presos políticos”, pide “elecciones libres”, ofrece ayuda humanitaria y critica la “ruptura del orden institucional” en el país sudamericano.

Doce países americanos en un principio suscribieron la declaración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, uniéndose posteriormente Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia.

Siendo avalado también por Barbados, Estados Unidos, Granada, y Jamaica, que asistieron al encuentro, así mismos organismos como la Organización de los Estados Americanos OEA y la Unión Europea UE, además de la oposición venezolana, han dado su respaldo a dicho documento. En febrero de 2019, se incorporó a Venezuela, más precisamente al gobierno interino de Juan Guaidó. Recientemente, bajo el gobierno de Jeanine Añez, ingresó Bolivia.

El Grupo de Lima Suscribió un Documento en el que Declara:

  • Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
  • Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
  • Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, democráticamente electa.
  • Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
  • Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana CDI a Venezuela.
  • Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, entre otros.

Los países y sus gobiernos, más incisivos contra Venezuela, y que reafirman su compromiso, para contribuir a la “restauración de la democracia” en Venezuela, y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el país sudamericano son: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú; quienes promueven la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del “régimen ilegítimo” de Maduro involucrados en actividades de “apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas”, así como en actos de corrupción, “narcotráfico”, delincuencia.

No obstante lo anterior, la realidad es que a estas alturas, los presidentes y sus gobiernos, que han quedado fuera del Grupo de Lima son: Enrique Peña Nieto (México), Mauricio Macri (Argentina), Jeanine Añez (Bolivia), Martín Vizcarra (Perú), Donald Trump como jefe de la banda. Quedando y en “pico e zopilote”, Iván Duque (Colombia), Jair Bolsonaro (Brasil) y Sebastián Piñera (Chile), entre otros.

En realidad, el GL, según Carlos Aznarez, director de Resumen Latinoamericano, “el Grupo de Lima está más que devaluado, se formó para precisamente desestabilizar a Venezuela, como un acuerdo con la posición que siempre ha mantenido en la OEA, el Secretario general, Luis Almagro, que por desgracia lo han reelegido”.

El Grupo de Lima, fue creado por EEUU, debido a que no logró recoger la votación necesaria, para su estrategia intervencionista en la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo torpeza política y el servilismo de los que lideran este grupo, ha logrado la insólita hazaña de apartar a la OEA, y ahora casi a disolver al mismo Grupo, al tratar de embarcar a los integrantes en componendas riesgosas.

Y por supuesto, ha fracasado en ese objetivo desestabilizador contra Venezuela, igualmente señala Aznarez: lo que hacen es “repetir el guion que les marca Mike Pompeo, el funcionario de EE UU, encargado de ser uno de los arietes de hostilización más importante contra Venezuela. Así como la decisión de Trump, para acusar a Venezuela de narcotraficante, de enviar barcos, aviones y tropas transportadas, a hacer toda una parafernalia de búsqueda de narcotraficantes en el Caribe, cortar el acceso de la cocaína que llega no desde Venezuela sino desde Colombia”.

Unos datos del articulista Mario Hernández señalan “respecto del tema de la droga, las cifras oficiales indican que el 84% de las drogas provenientes de América del Sur usan las rutas del Pacífico y solo el 7% pasan a través de Venezuela y el Caribe oriental. Además, la Oficina de la ONU Contra las drogas y el delito publicó un informe el año pasado, donde Venezuela no figura en la lista de países que siembran y fabrican, y sí Colombia que ocupa el primer lugar con el 69%”.

El grupo de Lima, es “un arco de gobiernos de derecha, que actúan como hijos bobos de los EE UU”, enfatiza Aznarez.

Por otro lado, Mario Hernández, hace una entrevista al economista Julio Gambina, quien afirma: “El epicentro del Grupo de Lima, es cambiar el gobierno venezolano, para subordinar a Venezuela, a la lógica de las trasnacionales del petróleo, a la política exterior estadounidense, y a esa lógica derechista que se está expresando como nueva hegemonía en este año 2019, en el Mercosur”.

Como se señaló arriba, el GL ha acusado a Venezuela, de estar involucrada en narcotráfico y en actos de corrupción, pero la realidad, es que muchos de los países del Grupo de Lima, si han estado envueltos en estos casos, veamos brevemente, según Tony López R., periodista, politólogo y analista internacional:

Colombia:

  1. Colombia, es la base de operaciones militares más importante del Comando Sur en América Latina, establecidas desde el 2007, en unas diez instalaciones castrenses colombianas aprobadas por el presidente Álvaro Uribe, violando el artículo 189 de la Constitución de 1991, artículo también violado ahora por el presidente Iván Duque. Pues su numeral 6 del artículo citado establece, “que es el Senado, el que puede autorizar el uso militar contra otro Estado solo si es agredido, pero no para que su territorio sea utilizado para agredir a otro país”.
  2. No son ni han sido los gobernantes colombianos los más ejemplares, por ejemplo tenemos el caso del actual senador y ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. “En septiembre de 1991 el informe clasificado de Confidencial, de la Agencia de Inteligencia de Defensa DIA (DIA. Defense Intelligence Agency) enviado al Departamento de Defensa, este informe señalaba con el numero 82 a Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos”. Esta ficha de inteligencia puede consultarse el original en el siguiente link en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm).

México:

  1. El gobierno del presidente Peña Nieto durante su mandato, fue uno de los más exigentes defensor de violentar el Estado de Derecho Internacional en el llamado Grupo de Lima y en la OEA, su canciller sufrió una gran derrota cuando se desarrolló en Cancún, México la reunión del Consejo Permanente de la OEA y en alianza con Estados Unidos y Luis Almagro trataron de forzar una sanción a Venezuela y aplicar la Carta Democrática.
  2. Qué ejemplo de respeto a los derechos humanos hubo durante su gobierno en México, cuando los asesinatos diarios se contaban por cientos, cuando miles de mexicanos fueron extorsionados por los carteles de la droga, muy especialmente el de Sinaloa, y ahora se conoce y es público que funcionarios de su gobierno y el propio presidente Peña Nieto recibió millones de dólares del Chapo Guzmán por soborno. De que democracia podían hablar un país tan importante, rico entregado al oro de Washington y que tuviera tanta inseguridad ciudadana y con tanta inequidad y miseria.

Chile:

  1. Chile país en el cual se han escrito las páginas más horrorosas de crímenes y asesinatos políticos contra el pueblo por la dictadura de Pinochet. El heroico presidente Salvador Allende, fue la primera víctima de Estados Unidos, cuando levantó la bandera del socialismo en democracia, como Venezuela levanta hoy su Revolución Bolivariana Democrática y Socialista, pero Chile continua bajo la Constitución pinochetista, porque realmente quienes continúan dirigiendo el país son fuertes defensores y pertenecieron al entorno más estrecho del dictador chileno como Sebastián Piñera.
  2. El semanario El Siglo denunció, la cercanía y entorno intimo a Pinochet de Sebastián Piñera y su familia, que hizo su fortuna bajo el calor de la dictadura y lo relacionan con acciones delincuenciales como el “lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita” con respecto al banco de Talca.

Honduras:

  1. Que ejemplos de democracia, respeto a los derechos humanos y honestidad puede presentar el gobierno de Honduras. ¿Dónde están los autores intelectuales del asesinato de Bertha Cáceres y de otros líderes sociales asesinados durante el gobierno fraudulento de Orlando Hernández? ¿Qué política hay de derechos humanos y de atención a su pueblo, cuando miles y miles de hondureños huyen a México para pasar la frontera hacia Estados Unidos y que Donald Trump tanto repudia?
  2. Un gobierno establecido por el fraude electoral conocido y denunciado por los propios observadores de la OEA, que estuvieron en los comicios hondureños. Este gobierno es en el fondo un gobierno surgido de un Golpe de Estado Militar, contra Manuel Zelaya, apoyado por Estados Unidos en 2009.
  3. Y qué decir del actual presidente Juan Orlando Hernández, acusado de múltiples casos de corrupción y narcotráfico, entre otros.

Guatemala:

  1. Y qué decir de Guatemala, otro gobierno cuyas violaciones a los Derechos Humanos están denunciadas, incluso por organismos internacionales, así como también su presidente Jimmy Morales (2015) se encontró cuestionado por hechos de corrupción. Si un gobierno en América Latina no puede hablar de respeto a los derechos humanos es Guatemala y mucho menos de democracia.

Brasil:

  1. Brasil un gigante y rico país, cuyo único rival y enemigo solapado en el hemisferio occidental es Estados Unidos, se ha plegado a las órdenes de Washington, es lógico que el gobierno de facto como el de Michael Temer y el del capitán presidente Jair Bolsonaro hayan cedido y entregado a las órdenes de Estados Unidos, en ambos casos dos gobiernos corruptos y violador de los Derechos Humanos, el caso de lo actuado contra Lula, es una demostración de la insensibilidad humana de este gobierno, y en el campo de la corrupción tienen el más claro ejemplo en el hombre que se prestó a juzgar a Dilma Rousseff, cuando era presidente del Congreso Eduardo Cunha quien está encarcelado por corrupto, su última misión en contra de su país y para favorecer a Estados Unidos fue facilitar la destitución de la presidenta Rousseff.
  2. Los hombres demócratas, progresistas y revolucionarios brasileños deben estar espantados, con el camino tomado por estos dos últimos gobiernos, porque se han puesto al servicio de Washington, país, que incluso acometió el Plan político-militar llamado Iniciativa Regional Andina, cuyo objetivo estratégico es eliminar la competencia científico-técnica y económica de Brasil en nuestra región.

Argentina:

  1. Argentina es otro de los países que forman parte del Grupo de Lima, la participación del presidente en acciones de corrupción está denunciada públicamente en los Paper de Panamá, las violaciones de los derechos humanos es denunciada permanentemente por la violencias contra las mujeres, el uso de la justicia totalmente entregada a la oligarquía argentina, se aprecia con el encarcelamiento de dirigentes populares como Fernando Esteche, quien sin prueba alguna ya lleva más de un año de prisión, otra fiel exponente es Milagro Salas que cumplió dos años de prisión sin pruebas y juicios.
  2. El uso y abuso contra los medios de prensa opositores, es el pan de cada día, los argentinos no deben olvidar que, un grupo operativos reeditando los tiempos de la dictadura de Videla, irrumpieron con violencia en las oficinas de abogados y defensores de derechos humanos, destruyeron equipos, archivos y se robaron las laptops y documentación que comprometían a Macri y su gobierno, una grave violación del estado de derecho que tanto cacarea el canciller macrista en el Grupo de Lima contra Venezuela, el siniestro grupo dejo claro que el que se oponga a las acciones del gobierno serán reprimidos. Sobre estos hechos ni el grupo Clarín ni la Nación dicen absolutamente nada. Son cómplice, de una dictadura sin uniforme, como lo fueron en la década del 70.

Paraguay:

  1. Paraguay es otro miembro del Grupo de Lima, y fuerte exponente donde los derechos humanos son violados de manera sistemática y cuyo sistema democrático fue absolutamente quebrado, cuando se produjo por el Golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo (2008), todo montado por una acción criminal contra un grupo de campesinos, realizado por la fuerza pública con fines de utilizarlo como es conocido para justificar golpe de la extrema derecha stronista, como ha sido denunciado públicamente por los sectores democráticos y progresista paraguayos. La subordinación del gobierno, títere del imperio ha actuado de manera oportunista a pedido de Washington, rompiendo relaciones con Venezuela. Más claro ni el agua.

Perú:

  1. Perú no es indiferente a los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos, nada muy diferente a los escándalos de la familia Fujimori y sus relaciones con sectores del Congreso y del poder judicial, han dado lugar a la solicitud de renuncia de magistrados y jueces. Pero también los ex -presidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski, a los que se suman otros importantes dirigentes y congresista entre ellas Keiko Fujimori, Susana Villarán, Nadine Heredia, todos vinculados a los sobornos de la brasileña Odelbrech.
  2. Actualmente, es conocido el escándalo del presidente Martin Vizcarra, destituido por corrupción, lo cual ha generado una rebelión popular. El congreso peruano abanderó como presidente a Manuel Merino, quien ante una cruenta persecución contra el pueblo, dimite. Actualmente el congreso peruano ha nombrado como presidente interino a Francisco Sagasti, y seguimos en acontecimientos en pleno desarrollo.

La última perla del GL, según Aram Aharonian, periodista y comunicólogo uruguayo, es que el diezmado Grupo de Lima también quiere apropiarse de los fondos venezolanos. El gobierno estadounidense exigió que los países del llamado Grupo de Lima, se sumen al pirateo de los fondos venezolanos en el exterior. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió que los países latinoamericanos congelen los activos petroleros de Venezuela.

El presidente colombiano Iván Duque, habló de la necesidad “Que los activos que tiene Venezuela en nuestros países, que son gubernamentales, sean ya declarados bajo el control absoluto de la Asamblea Nacional, y del presidente Guaidó para que establezcan los mecanismos de administración”.

En definitiva, según Tony López, “como los lectores pueden apreciar, el Grupo de Lima, no tiene ninguna moral para juzgar a ningún país, menos a Venezuela, que puede darle lecciones de democracia, tampoco no aparece ningún Jefe de Estado muy honrado, todos vinculados a hechos de corrupción, algunos ordenando asesinatos, vinculados al narcotráfico y a la represión contra su pueblo”.

Como lo señala el título del artículo, y visto lo anterior, el Grupo de Lima debería ya estar olvidado en la más oscura sepultura del olvido y la historia.

 

*Imagen tomada de: https://www.infobae.com/

Falacias mineras

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Jorge Lobo Segura

  1. La minería será una fuente de riqueza para el país, lo que necesitamos para salir de la crisis económica, porque dará recursos al estado y generará empleo.

Si esto fuera cierto, los países mineros de América Latina serían los que ofrecen mejores condiciones de vida para sus pueblos, pero ocurre exactamente lo contrario. Minería y pobreza de los pueblos van juntas en México, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Nicaragua… y otros más. Además, nadie va a extraer el oro gratuitamente, las empresas mineras extranjeras o nacionales se quedarán con la mayor parte, y dejarán los daños ambientales para ser pagados por todos los costarricenses. Generan pocos empleos mal pagados y se van en pocos años.

  1. La minería puede ser ecológica y sostenible.

Aquí hay que distinguir los diferentes tipos de minería que existen. La más grande y destructiva es la minería a cielo abierto con lixiviación de metales, que destruye grandes áreas de suelo y bosques para convertirlos en desechos mineros contaminantes. A esta no hay manera de travestirla, requiere de la destrucción para ser económicamente rentable. Requiere del uso en grandes volúmenes de sustancias químicas peligrosas como el cianuro y genera una cadena de impactos ambientales. Infinito Gold quiso mostrarse ecológica prometiendo la siembra de plantaciones forestales a cambio de la destrucción de bosque. Bosques naturales y plantaciones forestales no son comparables ni canjeables.

La minería pequeña, realizada por coligalleros o por pequeños emprendimientos en túneles, tiene el gran problema de que puede volverse masiva y emplear sustancias todavía más peligrosas como el mercurio. Pero podría ser encausada hacia formas más controladas sin químicos peligrosos, aunque necesita un gran esfuerzo por parte del estado.

  1. En Costa Rica existe oro suficiente para pagar el déficit fiscal, financiar pensiones y cubrir las deudas del estado costarricense.

Estos cálculos se hacen sin siquiera saber con precisión cuánto oro hay realmente, porque no se ha realizado los estudios requeridos para eso. Lo que se sabe es por donde están los yacimientos, lo que se deduce por los estudios geológicos más generales. Y de lo que sabemos el oro se encuentra principalmente en parques nacionales, reservas forestales, reservas indígenas, corredores biológicos. En las regiones con más bosque, más recurso hídrico y ambientalmente más sensibles de la geografía costarricense. Evidentemente, para sacar aunque sea parte de ese oro, tendríamos que renunciar a la conservación de la naturaleza en nuestro país.

  1. Es mejor la a minería legal industrial, ordenada y dejando empleos e impuestos, que una situación desastrosa como la que se vivió en Crucitas con la invasión de mineros.

En América Latina la minería legal e ilegal van juntas, de la mano. Ambas actividades son muy perjudiciales para el ambiente, y la experiencia histórica en Centroamérica, México y América del Sur es que el desarrollo de proyectos mineros legales, usando maquinaria y técnicas más sofisticadas, no inhibe la invasión de mineros ilegales a regiones con yacimientos. Más bien la fomenta, la estimula. Minería legal y minería ilegal conviven lado a lado en Perú, Brasil, México, Panamá, Colombia, Chile, África y el Sudeste Asiático. Los proyectos de exploración minera realizados por compañías descubren la posición de yacimientos, que después son invadidos por oreros, como ocurrió en Crucitas. La minería genera una «cultura minera», personas que conocen el oficio y lo practican por costumbre y necesidad, como ocurre en Nicaragua. Finalmente, la minería industrial deja minas abandonadas que todavía tienen restos de minerales que son explotados ilegalmente, como ha ocurrido en minas abandonadas en Sudáfrica. En fin, son muchos ejemplos de que esta ecuación no funciona.

#NOalaMinería

Las personas con discapacidad siguen marginadas de la participación electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Las personas con discapacidad en Costa Rica son afectadas por distintas formas de discriminación y una de ellas está relacionada con su participación política, en general, y particularmente, con la electoral.

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) llevada a efecto por el INEC y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) en el año 2018, el país cuenta con 18,2 % de personas adultas con discapacidad. Es decir, si consideramos que la población actual del país es de 5 022 000 de habitantes, en el padrón electoral habría 914 004 potenciales votantes con discapacidad.

Ante un número tan significativo de electores y electoras, en un proceso como el que culminó el pasado 2 de febrero, con la elección de las autoridades municipales en los 82 cantones del país, los partidos participantes debieron incluir en sus papeletas a personas con discapacidad; sus propuestas y programas tendrían que considerar acciones que atendieran las necesidades y problemas de este sector poblacional y sus mensajes debieron ser accesibles, particularmente para personas sordas y personas ciegas. Pero nada o muy poco de eso se dio: La exclusión sigue siendo la norma para las personas con discapacidad; la inclusión, la excepción.

Tiene mucha razón una persona sorda que reclamó que no sabía por quién votar ya que nunca obtuvo información accesible, que lo orientara y por ello interpuso un recurso ante el TSE.

Esta exclusión e invisibilización de las personas con discapacidad también se manifiesta en el momento del ejercicio del sufragio en los recintos de votación. Aunque es reconocible los esfuerzos del TSE para asegurar el voto accesible e inclusivo (mediante instrucciones y equipamiento de algunos implementos), todavía hay mucho por hacer. Las personas responsables de las mesas en múltiples ocasiones no saben cómo actuar cuando ingresa un votante con discapacidad. Es necesario que sean debidamente capacitados para atenderlos adecuadamente. También se presentan situaciones como la que se dio en una mesa en Pérez Zeledón cuando ingresó una persona ciega a la que se le obligó a hacer el voto público, ya que la plantilla aportada del TSE no coincidía con la impresa. Asimismo, es oportuno señalar que hubo personas con discapacidad que querían formar parte de Juntas Electorales pero los problemas de accesibilidad física de centros de votación, se los impidió.

Por su parte, el CONAPDIS se tomó en serio la tarea al organizar a casi 250 observadores electorales; muchos de los cuales fueron personas con discapacidad.

El artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), ratificada por el Estado costarricense mediante la Ley 8661, establece que “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos…”.

Actualmente, la distancia entre esta importante norma democrática y su aplicación efectiva es enorme. Para cambiar esta situación debe realizarse un esfuerzo mancomunado y eficaz entre distintos actores institucionales (TSE, CONAPDIS, entidades del gobierno central, gobiernos locales, partidos políticos, entre otros), para promover la participación política y social de las personas con discapacidad, en función de pasen del estado de marginación del presente a una cada vez mayor inclusión política y pública. Obviamente, las organizaciones de personas con discapacidad deben ser convocadas en este necesario e impostergable esfuerzo.

Otro elemento a contemplar es la invisibilización que se manifiesta en el trabajo que realizan las misiones de observación de los procesos electorales. Por ejemplo, las misiones de la OEA que han venido observando distintas elecciones del país, no hacen mención sobre las condiciones de la participación de las y los electores con discapacidad. Es un tema persistentemente ausente. Esta regla de exclusión (con seguridad, no deliberada), la cumplió la Misión de la OEA que observó las recientes elecciones municipales.

Al leer su informe valoramos positivamente algunas de sus observaciones y recomendaciones. También es muy oportuno que hayan colocado en el centro de su atención la participación de las mujeres en estos procesos. Pero ese casi millón de personas con discapacidad que podrían sufragar no tuvimos ninguna mención en el informe de la OEA. Valga decir que habría sido oportuno –por lo menos– que mencionaran a las mujeres con discapacidad, ya que la citada ENADIS 2018, establece que el 60,9 % de las personas adultas con discapacidad son mujeres.

Esperamos que, para las elecciones nacionales de febrero del 2022, las cosas cambien tanto en el proceso electoral como en el día de las elecciones para las personas con discapacidad y las sombras que hoy dominan su participación política empiecen a dar pasos a destellos de luz e inclusión, real y efectiva.

 

Enviado por el autor.

Tareas aplazadas: A 31 años de los mártires de la UCA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

«De nada serviría una concientización sobre la propia identidad y sobre los propios recursos si no se encuentran formas organizativas que lleven al ámbito de la confrontación social los intereses de las mayorías populares…» Ignacio Martín-Baró

Algunas veces consideramos que la novedad es patrimonio de la generación presente que logra reinventarse, sin embargo, otras veces, la novedad la encontramos en nuestra memoria, en las palabras de quienes estuvieron antes de nosotros y nosotras y con su ejemplo dejaron una línea muy superior a la que hemos trazado. El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se perpetró un crimen como muchos que padeció el pueblo salvadoreño en esa guerra sin fin que aún hoy abre sus heridas.

De la mano del pelotón del batallón Atlacatl (unidad de la fuerza armada de El Salvador) siguiendo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la administración cómplice del presidente Alfredo Félix Cristian, irrumpieron de forma encubierta en el centro de estudios y de manera indiscriminada asesinaron a Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo, Joaquín López y López, Julia Elba Ramos, y Celina Mariceth Ramos. Más que relatar un hecho, queremos preguntarnos ¿Qué tareas nos dejaron pendientes aquella generación?

Cuando volvemos a sus palabras, encontramos una fuerza sin igual en la búsqueda de la justicia y la liberación de nuestros pueblos. Parecen hoy palabras anticuadas, descoloridas ante los “cambios de paradigmas”, pero no dejan de ser faros que nos recuerdan y denuncian a ese poder de la dominación y el encubrimiento de los sentidos y prácticas que colonizan nuestras mentes y cuerpos.

Tal vez ocuparíamos muchos espacios para enlistar las tareas que nos quedaron pendientes de estos maestros y maestras, personas comprometidas con la persona humana, con su tiempo y su territorio, pero también fueron recreadores de una universidad que responde a la mayoría popular, que mira y siente con los pobres, que acompañándose recrean ese otro mundo que se hace a mano y sin permiso, como diría Silvio Rodríguez.

Recordemos a don Ignacio Ellacuría, él en muchas ocasiones nos invitó a repensar los derechos humanos, hoy se un desafío vigente ante la creciente criminalización de la protesta social y la judicialización de la política que corroe nuestras sociedades ante la nada inocente justificación de la defensa de las “libertades” de unos ante los “excesos” de las y los manifestantes.

En aquel Salvador desangrado por la guerra Ellacuría miraba una sociedad que erosionaba su tejido social, la criminalización y violación sistemática de cualquier garantía para la población, provocó la necesidad de re-mirar los derechos humanos, no desde la proclamación abstracta y deshistorizada, sino desde su propia historización, es así que tres preguntas se volvieron determinantes: ¿desde dónde?, ¿para qué? y ¿para quienes son esos derechos?

Ya que como atestiguaba en aquel país, los derechos eran utilizados ideológicamente al servicio de los intereses de unos u otros grupos, por esta razón la historización permitió situar los derechos ante  la verificación de las realidades concretas de los sujetos, es así que se su ejercicio se vio interpelado: verdad-falsedad, justicia-injusticia, ajuste-desajuste que se da a través del disfrute o privación de determinado derecho, la constatación de su ejercicio por unos pocos o mayorías, las condiciones concretas de su realización,  el desafío por los  cambios concretos y no la mera enunciación de posibilidad.

Ignorar esto, es colocar los derechos como algo abstracto, independiente de la realidad e instrumentaliza para el encubrimiento de lo ya adquirido por los más fuertes. No lo discute, convierte el derecho en privilegio.

La protesta social, como derecho humano es la herramienta mediante la cual los derechos humanos encuentran su posibilidad efectiva y dinámica, la problematización pública de las realidades opresoras que padecen las personas, pero su reivindicación no parte de la condición de debilidad y opresión, sino la capacidad de construcción de la conciencia del sujeto que toma para sí el cambio e interviene en su realidad para transformarla.

La reducción, criminalización y posterior negación de la protesta social como derecho humano es la privación de este papel protagónico de los sujetos individuales y colectivos, pero también encubre los sistemas de opresión presentes en la supuesta defensa que esgrimen las elites, por la garantía del disfrute de sus “derechos”, es decir los derechos negados, desprovistos y obstaculizados a los otros.

¿Qué nos invita a repensar? Que, a través de esta ofensiva abierta contra el derecho por la protesta social, esconde lo que Ellacuría llamaba la jerarquización de los derechos humanos, esta nos permite develar que tipo de sociedad se estructura detrás de determinadas acciones. Da cuenta de la defensa de este sistema de dominación que se basa en el abuso de unos pocos, a partir de la privación de los otros, es decir que el disfrute de ciertos derechos es gracias a la violación o la omisión de esos mismos derechos a otros. Es así que podemos re-encontrar el sentido ético, político y pedagógico a esa obligación de los pocos por resarcir a los muchos o el de la justicia por exigir lo que es debido.

Problematizar e historizar los derechos o privilegios de nuestras sociedades sigue siendo una tarea para construir esa sociedad más humana, por esta razón es necesario volver nuestra mirada a estos mayores que levantaron su voz y denunciaron, pero que también estrecharon sus manos y destinos hasta volverse parte de ese pueblo que se rebela ante la injusticia y reclaman su lugar en la historia. De ese tamaño siguen siendo nuestras tareas pendientes.

Imagen:
http://jesuitasaru.org/exigir-justicia-no-es-venganza-martires-de-la-uca/

Diálogo permanente para darle rumbo al país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Caminamos, o más bien nos arrastramos, a tientas, con perdón de los inteligentes y ágiles no-videntes. No hemos tenido el liderazgo ni el espíritu patriótico para cerrar el ciclo neoliberal que nos tiene al borde del precipicio, mientras algunos persisten en hacer malabares para enderezar esa barcaza de mil agujeros.

No quieren entender que no se puede poner “remiendo nuevo en paño viejo” y que “el vino nuevo requiere odres nuevos”. Pues bien, o nos decidimos por lo nuevo o nos resignamos al hundimiento.

Obviamente, hay salidas paliativas o placebos que pueden entretener al paciente para que aprenda a convivir por un tiempo con la enfermedad. Pero, más temprano que tarde caerá en coma. El plan fiscal fue esa medicina paliativa. Ahora se pretende -algunos lo piden con gritos de desesperación- que el préstamo del FMI sea la tan esperada “vacuna”, no importando que sus efectos secundarios resulten peor que la enfermedad: venta de activos del Estado, reducción en la inversión social, en fin, lo que ya sabemos de las viejas recetas que solo han servido para empobrecer, acrecentar las brechas sociales y polarizar a la sociedad intensificando el conflicto.

Se dice que es posible negociar con el FMI bajo un nuevo paradigma que al parecer vienen impulsando algunos de sus más altos funcionarios. Pero, un país sin rumbo no tiene esa capacidad de negociación. Y para peores el gobierno desacierta por partida doble. Se hace una propuesta de negociación cargada hacia los impuestos, en su mayoría regresivos, y sin claridad respecto a la reactivación social: empleo, endeudamiento ciudadano, apoyo a pequeña y mediana empresa, salvaguarda para desempleados, etc. Y se convoca a un diálogo, con visión tecnocrática, elitista y restringida.

Después de esos traspiés, y gracias a la iniciativa de la Junta Directiva del Banco Popular, se alcanzó a sentar a diversos sectores en una mesa más amplia, con miras a una concertación para salir de la crisis. Lamentablemente, algunos persisten en reducirla al problema fiscal y a buscar solucionarla limitándose a bajar el mal llamado “gasto” público; un cuento más de los que “vienen de todos lugares y también de Puriscal”. Resulta esperanzador, sí, porque también asisten quienes tienen una mirada más abarcadora y son de luces más altas.

Pues bien, quizá el mejor dividendo que podamos sacar de esta iniciativa no sea tanto que sus propuestas conduzcan a dar ese salto cualitativo hacia la Costa Rica postneoliberal, pero sí nos haga apreciar y valorar lo importante y decisivo que resulta el diálogo intersectorial para darle rumbo a este país.

Efectivamente, como se ha señalado, la democracia participativa tiene que ser, ante todo, deliberativa. El espíritu del diálogo permanente por parte de una ciudadanía crítica y propositiva, así como de gobiernos receptivos que saben ejercitar el arte de la política, que es el de la negociación y la búsqueda de acuerdos entre intereses diversos y en conflicto. Es decir, donde el pueblo tiene que ser protagonista y no mero espectador.

Llegó el tiempo de superar el caudillismo presidencialista y el elitismo tecnocrático, propios de una cultura política desfasada. Apostemos al dialogo intersectorial permanente para darle rumbo a este país.

Imagen: http://www.codajic.org

Enviado por el autor.

El Remate del huracán Iota en Honduras

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Marlin Óscar Ávila H.
14 de noviembre de 2020

Si Dios hizo este mundo, con todo incluido, incluso, creó a los humanos capaces de auto destruirse y de superar los más difíciles obstáculos para lograr mejores estadios en calidad de vida, la responsabilidad del humano no solamente está en nosotros en resolver los más difíciles problemas de la vida, sino la de convivir amigablemente con el mundo natural “en que todo está relacionado, que nada está afuera, por eso nos dicen, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás. Que todos tengan todo y a nadie le falte nada. Que el bienestar de todos es el bienestar de uno mismo. Que ayudar es motivo de crecer y ser feliz. Que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos. Que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre, de donde nunca nos hemos alejado…” David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia[1]

En Honduras, desde el huracán Mitch, que nos visitara varios días, a partir del 26 de octubre de 1989[2], hemos tenido tiempo (31 años) y recursos de miles de millones de dólares de ayuda internacional, incluyendo cienes de millones de alivio a la deuda externa [3], para construir y reconstruir la infraestructura necesaria que evitara las inundaciones destructivas e impulsar nuevas formas de desarrollo. Las autoridades, líderes políticos y grandes empresarios se dedicaron a robar esos recursos y los que han logrado obtener en siguientes quinquenios. Ahora sufrimos sus consecuencias de manera cruel y despiadada. Mientras tanto, rogamos al cielo y a ese Dios que no siga golpeando a miles de familias, en su gran mayoría, de la clase trabajadora, quienes nunca tuvieron acceso, y según planes partidarios, no los tendrán, en decidir su propio destino. ¿Qué creen que sería la respuesta de ese Dios? O, ¿se trata de un dios ingenuo?

Pero a nuestra clase política y gobernantes no les basta con lo ocurrido hasta este momento, se prepara para lograr acumular más riqueza a costa de nuestras desgracias, sin inmutarse un milímetro. Solamente con el paso del huracán Eta, la zona con mayor inversión industrial y agrícola del país, ha sufrido una destrucción que no se logra cuantificar. Los obreros quedaron sin vivienda y aún a esta fecha (once días después), hay familias en los techos, otra importante cantidad de personas siguen perdidas. Muchas trabajadoras llegaron a laborar el lunes 9, tal y como habían quedado después de inundadas sus viviendas: con la misma ropa, envueltas en lodo y en sandalias, para que los dueños de las fábricas les pagaran al menos el día que lograron llegar al plantel de trabajo. El martes y miércoles de esa semana, cuando la tormenta arreció contra la zona norte, la patronal no les permitió salir antes de la hora de salida por la tarde, cuando no había ni transporte público, fue así como llegaron a encontrar sus casas inundadas y sus hijos extraviados. Las autoridades de todo nivel no han aparecido, excepto para salir en medios publicitarios regalando un poco de comida “chatarra», pues pronto serán las elecciones políticas. La maquinaria y equipo pesado que se vieron con el huracán Fifí (1974) y otras oportunidades e, incluso con el Mitch, para abrir cauces y tapar diques, brilla por su ausencia. La política de privatización dejó a la mayoría, sino a todos los municipios y al gobierno central sin equipo alguno.

Quienes sobrevivan esta próxima semana, si por desgracia se cumplen los pronósticos del clima, verán cómo no hay límite en el cinismo y crueldad de quienes gobiernan, aún sobre los miles de víctimas del Eta, y las de la actual tormenta o huracán Iota, que se nos aproxima, se lucrarán con el dolor y desgracia humana. Mientras tanto, seguiremos rogándole a ese Dios, que nos resuelva lo que no resolvimos, en tiempo y forma, aun teniendo la inteligencia y recursos que debimos saber utilizar colectivamente. Para eso nos montaron el sistema educativo bancario, de ignorancia, acriticidad y dominación, que hemos tenido[4], para siempre tener ese Dios a quien exigir y mantener la ley y orden que ellos fabrican en su Congreso, la cual, de no obedecer, lanzan a su ejército contra el pueblo que les mantiene, mientras los privilegiados oligarcas y gobernantes aplican las leyes a su antojo.

Más allá de esto, casi imposible deducir qué será de lo que reste o quede en pie de esta nación, con un desgobierno cruel, en manos de su oligarquía, mafia corrupta, narco, inescrupulosa y criminal.

Cualquier gobernante vecino seguirá superando con creces lo que este país tiene como gobierno.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=JmAFKehPY-M

[2] http://cidbimena.desastres.hn/ri-hn/pdf/spa/doc12140/doc12140-contenido.pdf

[3] https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/perdonan-la-deuda-externa-por-el-mitch-nid117527/

[4] https://freire.idoneos.com/319077/

Reforma integral a la Ley 7600: Propuesta insuficiente y acelerada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De: Luis Fernando Astorga Gatjens

luferag@gmail.com

La Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996 y ha sido el principal referente normativo en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2019, la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela), impulsó un proyecto de reforma integral de esta importante ley, que ha avanzado en la corriente legislativa bajo el Expediente N° 21 443. Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión Especial sobre Discapacidad y Adulto Mayor, y avanza –con una celeridad, a todos luces inconveniente—hacia una quizás cercana votación, en primer debate en el plenario legislativo.

Reconocemos las buenas intenciones de las propulsoras de esta iniciativa, sin embargo, quienes desde hace bastante tiempo hemos venido trabajando en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, nos preocupa cómo ha venido avanzando este proyecto de reforma, por las razones que seguidamente enumero:

1) Sin balance correctivo. Hasta el presente no se ha desarrollado un balance, riguroso y exhaustivo, de cómo se ha aplicado la Ley 7600 en los siete ámbitos que abarca la norma original. ¿Cuánto realmente se ha avanzado en el país y cuál es su impacto efectivo en la vida de las personas con discapacidad, en educación, trabajo, salud, acceso al espacio físico, acceso al transporte público, acceso a la información y a la comunicación, y acceso a la cultura, el deporte y las actividades recreativas? La ley 7600, que ya casi cumple 24 años, se promulgó para reducir sostenidamente la amplia deuda social que tienen el Estado y la sociedad costarricenses, con este sector de población de más de 900 mil costarricenses (ENADIS, 2018). Empero por lo que se muestra en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas con discapacidad y los inobjetables datos estadísticos, esa deuda persiste y se refleja en la discriminación y la exclusión social que afecta a este sector poblacional.

2) Otro contexto normativo. Otro elemento que es necesario analizar a la hora pensar en una reforma integral a la Ley 7600, es los diferentes contextos normativos existentes cuándo fue aprobada la ley y en el presente. Cuando fue promulgada no había en el ámbito de la ONU, ni en el de la OEA ningún tratado centrado en las personas con discapacidad. En 1999, la OEA adoptó la Convención interamericana orientada a eliminar la discriminación asociada a la discapacidad y en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ambos tratados fueron ratificados por Costa Rica en 1999 y 2008, respectivamente. Claro está que siendo ambas normas supra-legales (Artículo 7, Constitución Política), es necesario contemplar iniciativas de armonización legislativa que aseguren su cumplimiento efectivo.

3) La aplicación, preocupación prioritaria. Una preocupación central en el presente es la necesidad de la aplicación efectiva de lo que establece la Ley 7600 y de otras normas vigentes, en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. El país mantiene tanto en el ámbito nacional como en el de los gobiernos locales, un desfase muy amplio entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva, a través de políticas públicas inclusivas, que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En esta materia sigue habiendo mucho más ruido que nueces; aun considerando los esfuerzos que realiza el CONAPDIS, en su calidad de ente rector.

4) Consulta superficial e insuficiente. Tanto la Ley 7600 como la Convención de la ONU establecen la obligación ineludible del Estado de consultar a las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en asuntos de su interés. Y no cabe la menor duda de que una reforma integral a la Ley 7600 tiene tal dimensión. Sin embargo, la Asamblea Legislativa procediendo inapropiadamente, se complace con enviar los proyectos a correos electrónicos de algunas personas y organizaciones de personas con discapacidad, sin cumplir cabalmente con el verdadero deber de consulta. Se trata de consultas que no cumplen ni el espíritu ni el objetivo de las normas. Así se ha procedido con este proyecto de reforma, sin valorar el importante esfuerzo que desarrolla el CONAPDIS de conformar el Foro Nacional de Consulta de las Personas con Discapacidad. Este foro que tendrá 72 miembros (36 titulares y 36 suplentes) de las nueve regiones que conforman esta entidad rectora, quedará conformado en este mes de marzo. Sin lugar a dudas, el Foro Nacional Consultivo debe estrenarse con la consulta sobre la reforma a la Ley 7600, por su alcance e importancia.

5) Aplicación: Nada nuevo en el horizonte. Una primera lectura del proyecto de reforma a la ley 7600, nos indica que hay una serie de temas que no fueron abarcados y que son claves para que la ley 7600 incida en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Veamos algunos ejemplos concretos: No se agrega nada que asegure mejor la implementación de la Ley en todos los estamentos del Estado, incluidos los gobiernos locales. Tampoco se menciona el rol del CONAPDIS, como ente rector para la vigilancia e impulso del cumplimiento de la Ley. Asimismo, no se contempla el tema de los recursos y las asignaciones presupuestarias, que son claves para la implementación deseada.

Todas estas ideas que comparto me llevan a la conclusión de que es imprescindible que el proceso acelerado que lleva, injustificadamente, la Asamblea Legislativa, se detenga para que las cosas se hagan realmente bien. Si hay un verdadero interés en una reforma integral, se debe trabajar en mejorar sustancialmente la Ley 7600 y, más importante aún, asegurar un avance sostenido en su implementación.

De no seguir este razonado y razonable camino, avizoro una nueva frustración para las personas con discapacidad y sus esperanzas de una vida mejor.

(27 de febrero, 2020)

 

Enviado por el autor.

José Mujica: Recuperar y transformar los sistemas agroalimentarios de América Latina post covid-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Discurso del Expresidente José Mujica en el Seminario ¿Cómo recuperar y transformar los Sistemas Agroalimentarios de América Latina post covid-19?, organizado por la FAO *

En nuestra América Latina, la Agricultura Familiar y el campesinado tienen un primer problema, hay que quererlo y darse cuenta de la importancia estratégica que tiene para la seguridad alimentaria, para el cuidado del medioambiente y para el porvenir de la propia humanidad.

La comida hay que producirla lo más cerca que se pueda de la cocina y hay que entender que hay que cuidar a los humanos que tienen esa posibilidad y esa aprehensión, pero nunca se va a generar voluntad política si no se quiere, la AF no tiene lobby y no tiene peso institucional y es específica en su problema y en sus debilidades.

No se puede saltar de la edad media a la agricultura robotizada, inteligente o vertical, hay que entenderla como es y hay que trabajar a partir de lo que es, mejorando escalón a escalón, pero eso implica voluntad política, creación de institucionalidad específica y especializada y la primera plaga que tiene que enfrentar la AF es la soledad.

No se puede pretender que familias aisladas puedan pelear con rentabilidad en el mundo de hoy y hay que luchar por el agrupamiento, la creación de empresas, cooperativas, comunidades o lo que fuera, porque en el campo “agrándate o vete” y entonces la política de agrupamiento me parece esencial, porque es el  primer escalón de la rentabilidad, es que tengan acceso a poder vender lo más directamente posible, sacarse de encima la intermediación, que se queda con la parte más importante de la rentabilidad.

Las ciudades tienen que generar lugares para la presencia de la AF, pero no se puede de a uno, se requiere organización humana en equipo, no se puede trabajar la tierra si mal se vende y eso hay que entenderlo, la primera rentabilidad está en aminorar los costos que tiene la intermediación para la AF en todos los aspectos y para eso se necesita voluntad política, se necesita crear una institucionalidad y una investigación a partir de lo que hay y de lo que existe en cada lugar, para irlo mejorando escalón a escalón.

La investigación no puede estar solo dedicada al complejo agroalimentario industrial, tiene que ser una investigación específica para la AF y lo propio un extensionismo que no se puede atender de a uno, se debe atender de a grupo y para esto hay que poner gente comprometida y hay que extraer los mejores cuadros de la propia AF para hacer este extensionismo.   Hoy si se quiere trabajar mejor la tierra, si se quiere hacerla sustentable, hay que tener en cuenta que la AF tiene que sacar partido de lo que tiene.

Es probable que la historia de la agricultura sea una fundación femenina, porque en todas las culturas se presenta frecuentemente a la agricultura como una diosa y por eso creo que la mejora implica trabajar no solo la tierra, trabajar en la cabeza de los agricultores.

Quiero señalar además que lo que viene es peligro, la inestabilidad del tiempo, las circunstancias del cambio climático, es una falta de imprevisión de las ciudades no cuidar a la AF.  Hay que batallar para para lograr voluntad política, hay ejemplos aterradores, en la Argentina hay una ley para la agricultura familiar aprobada hace unos dos gobiernos que está sin reglamentar, esto no le va a pasar a la agricultura industrial o a los complejos agroalimentarios, le pasa a la agricultura campesina y a la AF, porque no tiene quién la represente donde se toman las decisiones políticas y hay que tener conciencia de esa deuda.

En primer término, quiero señalar que hay que diversificar la AF, puede ser generadora de micro energía y hay que introducir masivamente la producción de energía para el uso del riego y de miles de actividades que acompañan.

El urbanismo tiene que abrir puertas a la presencia de la AF por su propia seguridad y hay que entender lo siguiente:  hasta cuándo van a crecer las ciudades monitoreadas y manejadas por el interés inmobiliario y si no fuera inteligente pensar en la medida de las ciudades, porque este es un problema que va a enfrentar el futuro de la humanidad, campos despoblados y ciudades atestadas dificultando todos los problemas de distribución y el urbanismo tiene que ver con esto.

Quiero señalar que hay partes de América donde el transporte es una herramienta que los poderes comunales tienen que enfrentar y hay que aprender de los propios campesinos que han logrado el milagro de sobrevivir en condiciones que son inexplicables y hay un mundo de sabiduría dispersa que hay que transformarlo en ciencia sencillamente para resembrarlo.

Quiero señalar además que es fundamental una especialización en la atención de los grupos de agricultores familiares y paralelamente la introducción de esa atención a toda la familia, la mujer tiene mucho que ver, si la mujer no participa tenemos la presencia de la soledad en la lucha campesina, es fundamental introducirla y recordar que existe un conjunto de técnicas que son maravillosas, están probadas y son viejas y hay que retomarlas y reaplicarlas a el trabajo con la maleza, distintas formas de regadío o al control de plagas, que necesitan la expansión del conocimiento especializado.

Creo además que la AF debe sacar parido de lo que tiene, mano de obra en general ociosa en el conjunto de la familia y lograr en un grupo humano un grado de diversificación que le permita en conjunto accesar directamente al mercado, con una producción diferenciada.

Los barrios más pudientes de las ciudades, ahí debe tener presencia de venta el agricultor familiar en condiciones específicas y especiales, les voy a relatar lo que pasa en mi barrio, en mi país, las cadenas de supermercados están pagando 28 o 30 pesos por el paquete de lechuga, que lo venden a 95 pesos y lo pagan a 90 o 120 días y eso precisamente es lo que evita la rentabilidad.

Este abuso que están significando las grandes cadenas de distribución, se va comiendo gran parte de la rentabilidad y del esfuerzo arriba de la tierra y hay que llamar las cosas por su nombre, si no hay voluntad política para enfrentar estos problemas, por más que hagamos y por más que favorezcamos con cuestiones indirectas a la AF, va a sucumbir por la intermediación y el costo fabuloso de la masa de recursos que se traen, por eso creo que el principal problema es de índole política, de políticas no partidarias.

Por eso voy a saldar con lo que dije al primero, hay que quererlo, solamente cuando se tiene sentimiento se puede generar racionalidad a favor de defender esta causa, pero quiero señalar que si Europa cuida su campiña, si Europa subsidia su producción interna, es porque aprendió que su seguridad alimentaria es un resorte fundamental para la estabilidad de un país, esta es una ley mundial, es una ley que hay que entenderla.

No se puede depender la alimentación de los pueblos pura y exclusivamente de recursos que se importan, hay que asegurar una masa de alimentación lo más cercana posible a los centros de consumo y esa es la razón de existencia de porqué hay que volcar políticas específicas, especializadas de defensa y multiplicación de la AF, desde los bancos de tierras, al extensionismo y a los Ministerios especializados en la materia.

La tecnología de investigación dedicada a esta circunstancia, por qué?, porque lo que no es posible o rentable para una gran empresa, suele ser posible y rentable para la microempresa, la escala de la tecnología es infinita y es variada, hay pueblos de los que mucho hay que aprender, asombra los resultados de la AF que tiene el pueblo japonés en condiciones dificilísimas y no son cosas del otro mundo, hay una máquina de arrancar yuyo prácticamente construida con alambres elásticos para usarla en el momento preciso.

Hay montones de ingenio, el problema es difundirlo, me quedé asombrado una vez en Brasil, un grupo indígena que tiene la capacidad de conservar la carne sin usar sal ni heladera y hacerla durar meses, utilizando algunos engendros de una hierba de la Amazonía, hay conocimiento que se debe transformar en ciencia, pero esto necesita que la Universidad vaya al campesinado y no esperar que el campesino vuelva a la Universidad, porque probablemente ya deje de ser campesino.

Entonces esta simbiosis, me parece que es una política de largo plazo, pero necesitamos antes que nada voluntad política, por eso he seguido el rumbo de la discusión y me parece formidable, pero tengan presente lo más formidable es conseguir voluntad política y la voluntad política es una dependencia, es una responsabilidad de quienes están en el Gobierno, pero para esto en primer término hay que entender la necesidad imperiosa que tiene la humanidad de cuidar a sus agricultores y sobre todo a sus agricultores familiares.

Porque las empresas se van a preocupar de la rentabilidad y está bien, así tiene que ser, pero a la larga los humanos también tenemos identidad, el campesino no es una forma de vida ni mejor ni peor, es una forma distinta y hay que entender sus claves, y para eso respetarlas, entenderlas y quererlas y darse cuenta que es tremendamente útil, sobre todo cuando las catástrofes y las necesidades nos acucian, cuando las reglas de intercambio se fracturan, cuando el comercio internacional tenga frenos por decisiones políticas que pueden tomar las potencias.

La única seguridad de alimentos, es lo que se produce cerca de casa y ese es el papel que tiene que cumplir la AF, entonces hay que tener un cuerpo de bomberos en una sociedad, porque no se sabe cuándo hay incendio, como hay que tener un club de capacidad médica para atender las enfermedades, hay que tener un grupo para atender la comida de la gente, esto es un problema de sentido común, el proteccionismo de la AF es ganar seguridad de vida en el correr del tiempo en un mundo cada vez ferozmente urbanizado.

Sabemos que la arquitectura contemporánea está pensando en los edificios verdes, que están pensando en la agricultura urbana, que están pensando en la agricultura vertical, en una cantidad de adelantos que son posibles, pero mientras tanto no desperdiciemos que nos va a salir más económico lo que tenemos al alcance de la mano, que es todavía la existencia de una masa de campesinos en nuestra América Latina.

 

* Enviado a SURCOS por German Masís.

Aportes al pensamiento jurídico costarricense III

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Estimadas y estimados amigos:

Conforme lo prometido, hoy comparto con ustedes la presentación que hice recientemente al libro titulado “Aprender pensando” del muy ilustre ciudadano don Rogelio Ramos Valverde, abogado, exdiputado, diplomático y fiel representante del pensamiento social- cristiano original en el país. Lo común es que el joven escritor pida a su menos joven maestro o mentor que prologue alguna obra; en este caso, he recibido la inmerecida solicitud para prologar una joya autobiográfica de un hombre que podría ser mi padre, lo que ha tenido para mí un valor extraordinario.

Presentación
Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Exmagistrado Corte Suprema de Justicia
Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica.

El libro de don Rogelio Ramos Valverde “Aprender Pensando” nos trae valiosos aportes en varias direcciones. En primer lugar se erige como un hermoso testimonio de vivencias personales y profesionales del autor, escritas con impecable estilo, a la vieja usanza. Es también el retrato de una época crucial en la construcción de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX; dibuja un sentido homenaje del estudiante a sus viejos maestros y, como si fuera poco, logra articular un auténtico manual de introducción al estudio del derecho, en el que nociones básicas de diversas materias jurídicas, deja espacios a una enriquecedora reflexión filosófica, con auténticas lecciones de vida. Estos atributos hacen que la obra que presentamos esté llamada a ser un aporte relevante, no sólo para la historia de la enseñanza del derecho, sino para la historiografía general de nuestro país.

Me parece especialmente digno de destacar cómo el Licenciado Ramos Valverde refleja en sus páginas una Costa Rica que, -aunque recién salida del trauma político y bélico de la guerra civil de 1948-, logra restañar sus heridas fomentando un nuevo pacto social fundacional, no sólo por la promulgación de la Constitución Política de 1949, sino por las herencias sociales e institucionales que se respetaron y se fortalecieron a pesar del conflicto. En este libro se refleja de manera transparente, la atmósfera de reconstrucción social y democrática que tuvo en la Universidad de Costa Rica y, de manera especial, en la Escuela de Derecho de entonces, un centro de reflexión y estudio, decisivo en la formación de las nuevas generaciones de abogados y en el diseño de liderazgos, también renovado, de diversas tendencias ideológicas.

De alguna manera don Rogelio nos describe, quizá sin proponérselo, aspectos esenciales del “acta de nacimiento” de la Segunda República; el proceso de sana confluencia, mirando al futuro, de muchos personajes que desde la academia se decidieron a reconstruir la convivencia democrática, para las décadas venideras, a partir de valores como el estudio serio y sistemático, el pensamiento crítico y el trabajo especializado y profesional.

En un aspecto más íntimo o personal, llama poderosamente la atención en el contenido de esta obra esa avidez con que el joven Ramos Valverde encuentra su vocación por el derecho; la ilusión con que inicia y desarrolla sus estudios; la semblanza física e intelectual de cada uno de sus profesores, las enseñanzas fundamentales que le proveyeron y los hitos formativos que lo fueron definiendo y marcando como ser humano y como abogado. Una anécdota sobresaliente de este compromiso vocacional y existencial se revela cuando el autor llama a los notarios, de manera poética, “fieles guardianes del tiempo”, una calificación que cualquier mirada desprevenida o prejuiciosa pudiera no reconocer, pero cuyo profundo alcance valoramos al recordar que en nuestros días, las corrientes más actualizadas de la Sociología, la Historia y la Criminología, entre otras Ciencias Sociales, encuentran en las actas notariales una fuente riquísima de información para los investigadores.

Es meritorio destacar de esta reseña autobiográfica de don Rogelio, la gratitud para con sus maestros, personalidades que fueron incluso la fuente de inspiración inicial para escribir estas memorias. Con la lectura de esta obra nos queda claro que aquellos profesores en su mayoría se habían formado a sí mismos, sin poder salir del país por razones económicas, echando mano de los pocos libros que se podían encontrar en las dos o tres bibliotecas o librerías de entonces, así como por los esporádicos contactos y correspondencias que individualmente, cada quien, pudiera establecer con centros de estudio o profesores extranjeros. Esta era la realidad de un país con muy escasos recursos, pero con una voluntad a toda prueba para avanzar y desarrollarse. No fue sino hasta décadas después, en los años setentas del pasado siglo, cuando me correspondió pasar por la Facultad de Derecho, que hubo programas de becas para gente que pudo estudiar en Europa, otros países latinoamericanos o del norte de América.

El pensum o programa de estudios que se nos describe en este libro, es también llamativo por lo bien estructurado que aparece, acorde con las necesidades de la época. Se reconoce el encuentro con el Derecho Constitucional, la Teoría del Estado, la Filosofía y la Historia del Derecho, junto a otras disciplinas jurídicas tradicionales, que se abrían paso en una formación sólida y ambiciosa. Sin duda en este aspecto estrictamente académico aquellos costarricenses ilustres también tuvieron visión de futuro, donde todos, profesores y alumnos, se tomaron muy en serio la necesidad de prepararse no sólo para ejercer una profesión como medio de vida, sino para tomar las riendas de una nueva etapa de la historia nacional, como en efecto ocurrió. En pocos años, muchos de los compañeros y, aunque muy pocas, las compañeras de estudio del autor, fueron llamados a ejercer destacados puestos en la administración pública, dentro y fuera del país.

No dejo de sentir cierta envidia por los tiempos que nos describe don Rogelio. La política pública, incluida la académica, se orientó a tomar lo bueno del pasado, a proponer proyectos nuevos, a tener ilusión por el porvenir creando oportunidades y movilidad social incluyente. A mi generación le correspondió, en esa década de los años setentas que mencioné, recoger los mejores frutos de aquél esfuerzo histórico anterior. Una Facultad de Derecho mucho más consolidada, pero a la vez, mucho más masificada, despersonalizada en la relación profesores -estudiantes, con perfiles diferenciados entre buenos y no tan buenos profesores, y también mucho más convulsa y desorientada en cuanto a las visiones de futuro y los proyectos del país que queríamos. Tengo para mí que, la enseñanza del derecho en Costa Rica conoció en la generación del Licenciado Ramos un momento de siembra y esperanza, sobre todo cuando echamos una mirada, a lo que ocurre actualmente que, con contadas excepciones, padecemos la proliferación de “escuelas de derecho” improvisadas, totalmente alejadas de la investigación y del “aprendizaje pensando” al que alude el título de esta obra.

Tenga don Rogelio Ramos Valverde nuestro agradecimiento por tomarse el tiempo y el trabajo de rescatar de su memoria y su experiencia este valioso testimonio para las futuras generaciones.

Sabanilla de Montes de Oca, San José, 14 de mayo de 2020.