Este viernes 23 de octubre a las 6 p.m. en el programa radial Alternativas, se estará tocando el tema “Hablemos de Ética”. Podrá sintonizarlo a través de los 1590 AM o bien a través de Facebook Live.
Estarán participando: Hámer Salazar, Jorge Chacón, Luz Marina Vásquez, Hugo Amores y Álvaro Zamora.
La lucha social, de las movilizaciones de ciudadanos, de bloqueos de carreteras, en el interior del país especialmente, y en las arterias principales de circulación vehicular, no es casual. Es el resultado de una escuela de lucha social que se ha dado desde hace muchos años.
Las luchas y huelgas sindicales, de distintos sectores laborales, y estudiantiles, como las de las comunidades, cuando estas reaccionan de esa manera, como las de los sectores campesinos, son el resultado en primer lugar de organizaciones existentes que las dirigen, las organizan y preparan en todos sus alcances, o a la convocatoria de personalidades reconocidas. Raras veces responden a movilizaciones espontáneas de las gentes.
La importancia de los sindicatos para los trabajadores de las empresas privadas e instituciones públicas, es que por medio de ellos se pueden realizar luchas concretas, desde las negociaciones internas, entre sindicatos y patronos, sin que terminen en huelgas o paros, hasta los paros, las huelgas, sean declaradas legales o ilegales, y las negociaciones colectivas, o en el pasado los arreglos directos, que se realizaron como alternativa de negociación hasta que los Tribunales los impidieron.
La importancia conexa de los sindicatos es que son válvulas de escape, y de estabilidad laboral y empresarial, a la presión social existente de las mismas condiciones de trabajo, de la seguridad social y laboral, y a la estabilidad democrática nacional. Sin sindicatos las luchas sociales podrían ser más dramáticas. Los sindicatos son factores y actores activos de la democracia.
Estas luchas siempre han sido dirigidas con objetivos y metas precisas, posibles de alcanzar, destacando en ellas, aspectos principales y aspectos secundarios, sabiendo, por parte de los dirigentes, que en una mesa de negociaciones se pueden sacrificar unos aspectos para lograr otros, que son los más importantes. No se pueden realizar luchas de esta naturaleza con objetivos imposibles de lograr. En una huelga de hambre no se puede poner un objetivo imposible porque no se trata de que muera en la huelga de hambre quien se dispone a ejecutarla.
La tradición de huelgas y de luchas populares en Costa Rica se inició en el seno mismo de los sectores laborales, desde el siglo XIX, sin partidos políticos que los orientaran. Esas huelgas tuvieron grados de organización y preparación. Antes de que existieran los Sindicatos y las Ligas de Obreros, desarrolladas entre 1900 y 1902, ya existían esas formas de lucha, de huelgas y de paros, y de resistencia a los organismos policiales o militares, cuando había Ejército, con represión o sin ella, y con cárcel para dirigentes y manifestantes, y en ocasiones con muertos que los ha habido en Costa Rica.
Desde principios del siglo XX con la organización sindical se mejoraron esas formas de lucha. Se iban educando los trabajadores en su organización y en su lucha. Contribuyeron con ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, entre otros intelectuales de la primera mitad del siglo XX.
En 1920, estamos en el centenario de esta fecha, desde finales de enero hasta diciembre, se realizaron una serie de movimientos huelguísticos que culminaron con el establecimiento de la Jornada de 8 horas de trabajo, para todo el país, jornada que se quiere eliminar actualmente.
Todo el movimiento sindical actual debería estar preparando actos relacionados con esta fecha, y hasta una gran manifestación, para el miércoles 9 de diciembre, en exaltación a esta conquista laboral, hoy amenazada por todos los costados.
A finales del siglo XIX el movimiento obrero y popular llegó a tener tres diputados, Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, y Víctor Gölcher, en una época en que se consideraba que los diputados representantes de los trabajadores podían proponer y hacer leyes que mejoraran las condiciones laborales, y de vida, de los trabajadores, pensando, de esa manera también, que así superarían las injustas condiciones de un sistema económico y político de organización social.
Hasta la llegada del Partido Reformista, en 1923, volvieron los diputados representantes de los trabajadores, entre ellos, el líder sindical Julio Padilla. De ese período fue la obtención de la Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925, ley que tenía 18 años de estarse peleando su aprobación en el Congreso.
Luego fue, a partir de 1934, con la existencia del Partido Comunista, 1931-1943, luego llamado Vanguardia Popular, a partir de 1943, que el movimiento sindical y las luchas de los trabajadores tuvieron una orientación política más clara.
Las luchas obreras y campesinas tuvieron una nueva dimensión con la presencia comunista organizándolas. A partir de la alianza de la Iglesia, el Partido Vanguardia Popular y el gobierno de Calderón Guardia, en 1943, la Iglesia impulsó su Central Sindical, la Rerum Novarum, que sobrevivió la Guerra Civil. Hacia 1958 se dividió dando origen a la central sindical socialdemócrata y originando sindicatos socialcristianos, junto a los de tradición comunista que se habían vuelto a organizar desde 1952, peleando, desde entonces, distintos grupos de trabajadores y a veces los mismos, como fueron en las Bananeras, las huelgas bananeras de la década de 1950-1960 expresión de ello.
Con los trabajadores estatales, especialmente en áreas estratégicas, muelles, ferrocarriles, electricidad, RECOPE y otras, los gobiernos, especialmente liberacionistas impulsaron la firma de convenciones colectivas de trabajo con sus sindicatos, para evitar la penetración de los sindicatos dirigidos por los comunistas.
El Partido Vanguardia Popular puso énfasis en las luchas agrarias, por la toma de tierras. Nunca esas luchas llegaron a paralizar el país, como lo hacen ahora los campesinos. Aquellas luchas fueron muy locales, intensas, dramáticas y altamente reprimidas. Solo en Guanacaste, entre 1930 y 1980 hubo más de 900 conflictos agrarios, y así eran otras provincias donde el problema de la tierra era explosivo. No casualmente Liberación Nacional impulsó el Instituto de Tierras y Colonización en la década de 1960.
A finales del siglo XX, Guido Vargas, quien llegó a ser diputado, en 1998, empezó a sobresalir como dirigente de los pequeños campesinos. El fue el que organizó, especialmente con UPANACIONAL, surgida en 1981, las grandes protestas campesinas que paralizaban el país en distintas partes del territorio, movilizando localmente a sus afiliados en las distintas provincias.
Esas enseñanzas fueron bien aprendidas y se siguen haciendo, como fue evidente en estas últimas protestas que ha habido, donde el país se ha paralizado, en carreteras, especialmente, por ese papel que juegan los micro, pequeños y medianos campesinos, casi imposibilitando que la Fuerza Pública pueda atender los distintos puntos de conflicto y de paralización de la circulación vehicular en carreteras.
En las luchas actuales, los cabecillas de Rescate Nacional rechazaron la presencia de Guido Vargas y hasta de “traidor” lo trataron, pero a él deben su capacidad organizativa y en cierta forma de lucha social.
El Partido Comunista, ni los otros partidos de la izquierda nacional, pudieron hacer este tipo de luchas en el sector campesino. Con obreros agrícolas, y de la caña, fueron muy exitosos, en Juan Viñas, en Coopevictoria o en CATSA.
En el momento actual, en los bloqueos de calles, siguen presentes estos sectores sociales y de trabajadores.
Los sindicatos se quedaron al margen o a la cola, hasta estos últimos días en que han empezado a movilizarse, con consignas muy débiles, cuando podrían estar haciendo énfasis en las luchas principales contra lo que se está aprobando en la Asamblea Legislativa, debilitando más los beneficios laborales que gozan todos los trabajadores del país, especialmente del sector público.
En la lucha urbana, sea por manifestaciones estudiantiles o convocadas por sindicatos, se bloquean las calles por donde transitan las movilizaciones, pero eso no ha alcanzado para paralizar simultáneamente distintas partes del país y por varios días. Solo durante la lucha del Combo del ICE, en el 2000, y del TLC, en el 2006 y 2007, se vieron situaciones similares.
La suspensión de estas actividades, en las luchas recientes, sobrevino de su necesidad. Se había llegado a un tope. La salida de UCCAEP con el cabecilla principal de Rescate Nacional fue la válvula de escape que facilitó la suspensión de actividades junto con las tareas que había impulsado la Fuerza Pública, y las acusaciones ante los Tribunales que se estaban encauzando.
La mezcla de intereses, que se reunieron desde sectores empresariales, y de tipo popular, movilizados por el mismo paraguas, y quizá las mismas fuentes de financiamiento, en contra de los impuestos que se querían aprobar en la Asamblea Legislativa, no se habían dado antes en el país. De allí ese amorío público evidenciado por disputar la paternidad y la maternidad de haber suspendido los bloqueos. Si de eso se trata, allí estaban el padre y la madre de esa criatura, de la suspensión de los bloqueos, que gozaban de cierta simpatía popular pasiva, pero que ya era asfixiante, para la ciudadanía como para los distintos tipos de empresarios, productores y comerciantes.
Estas luchas, las actuales, no tuvieron ninguna presencia importante o significativa de ningún partido político, ni de partidos de izquierda, que son casi inexistentes en el país. Lo más que hicieron algunos de ellos fue declarar su simpatía con la lucha, como tal, e invitar a participar en las marchas, pero en la cola de la criatura.
Carecieron estas luchas de los elementos organizativos de las marchas, para evitar o controlar hasta donde se puede a provocadores e infiltrados, interesados en desprestigiar las protestas, como de los organismos represivos y de seguridad nacional.
Estas luchas no tuvieron palancas parlamentarias que hubieran podido influir para una mejor canalización de las luchas y de las marchas. Estando el Proyecto de Ley, de aprobación del préstamo del FMI, en la Asamblea Legislativa, se movilizaban a la Casa Presidencial, más con fines políticos, y preelectorales 2022.
El corolario de estas luchas se dio con el enfrentamiento de los pescadores artesanales de camarón, esta semana, que se movilizaban contra el proyecto de ley que autorizaría la pesca de arrastre, y los empleados, o personas pagadas por las empresas que promueven la pesca de arrastre, aprovechando la pobreza de Puntarenas, el desempleo local y las necesidades económicas.
Las mafias organizadas alrededor de este negocio de la pesca de arrastre enfrentaron a ciudadanos pobres con pescadores pobres… Qué triste, pero así son a veces algunas luchas, donde los grandes intereses, y grupos mafiosos, ponen a pelear a sectores laborales, trabajadores y pobres entre sí… por supuesto, a veces también con la complicidad, y quizá con buen pago, de algunos de sus dirigentes…
La lucha continúa, es lo que se sigue afirmando.
Cuando hablamos de la Cultura costarricense generalmente nos referimos a nuestro propio modo de ser, de los costarricenses, a nuestras raíces históricas y a las que contribuyeron a formarnos como seres humanos, como ciudadanos, como las personas que somos hoy, herencia de nuestros padres y abuelos, que vivimos dentro de la sociedad costarricense, en el marco de una convivencia democrática, con valores cívicos, morales, políticos, religiosos, que no son maná del cielo, sino que son resultado de una construcción social, que empezó en el hogar, en la familia, y continuó en la Escuela, el Colegio y la Universidad, en los que tuvieron oportunidad de concluir sus estudios hasta la Universidad, y en la Iglesia también.
La Cultura es el conjunto de los conocimientos, ideas y valores que también se adquieren, forman y consolidan por la lectura, el estudio, y las diversas formas de trabajo, así como por las distintas maneras de convivencia social, de relaciones sociales, por las tradiciones, usos y costumbres, modos de vida, formas de comportamientos sociales e individuales, que heredamos y en las que participamos desde pequeños.
La Cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales, tangibles y intangibles, que recogemos de nuestros antepasados, que vivimos en nuestro presente y heredamos enriquecidos a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.
Así tenemos la Cultura Costarricense, que es la que nos distingue y nos reconoce frente a otros pueblos y naciones. La Cultura es la expresión histórica de nuestra convivencia y desarrollo social. Es la herencia material e inmaterial, que hoy recogemos bajo la forma de Patrimonio Cultural, que de manera amplia abarca idiomas, creencias, conocimientos, ideas, objetos elaborados por los hombres, sus obras en general, como las hay en Costa Rica.
La Cultura es histórica, es precisa, concreta, responde también a momentos históricos, así como también tenemos la Cultura Universal, haciendo que cada pueblo tenga SU cultura, expresada en sus particularidades que provocan, en mucho hoy, los grandes procesos migratorios de turistas para ir a conocer otras regiones, o países, para ir a observar y admirar las obras que se construyeron en el pasado remoto, o para ir a observar Museos donde se resguardan para este deleite, las obras de las distintas manifestaciones de las diversas Artes, las Ciencias, la Música. ¿Acaso no atraemos turistas con estos propósitos de valorar lo que cuidamos como ese Patrimonio Histórico Cultural y Natural de nuestro país?
Por esta razón también los pueblos y las sociedades, han construido Museos, Bibliotecas, Archivos Nacionales, Centros de Rescate de este patrimonio humano. Y los han construido y apoyado para su existencia desde tiempos inmemoriales, porque son el sitio justo de mantener, en estas instituciones, los documentos físicos que nos testimonian ese desarrollo cultural, para comprenderlo mejor, para entender mejor nuestro presente y para poder soñar nuestro futuro.
En Costa Rica este esfuerzo empezó a hacerse desde el Siglo XIX, con una sociedad más pobre, en recursos económico financieros que la actual, en una sociedad con menor conocimiento y estudios de su población que la actual, con menos posibilidades físicas y materiales para la conservación de documentos, libros, periódicos, obras de arte en general, que las que tenemos hoy. Pero, en esos tiempos, habían las personas ilustradas, talentosas, inteligentes, visionarias del futuro, que previeron la necesidad de desarrollar estas instituciones de la Memoria Nacional. Y, hubo, sobre todo, los personajes políticos, Presidentes y Diputados, personas cultas y educadas, que entendieron la importancia de este acervo cultural e histórico para darle los recursos financieros, económicos y los apoyos estatales, que les permitieran su existencia y su desarrollo constante y permanente, y pudieran ser accesibles al mayor número de personas y ciudadanos.
El Archivo Nacional fue creado en 1881, hoy con una gran cantidad de funciones y de especialidades archivísticas, como el depósito y la conservación de los Protocolos Notariales. El Museo Nacional fue creado el 4 de mayo de 1887. En 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República entregó el edificio del Cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica para que lo desarrollara como Museo. La Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”, que se fundó el 13 de octubre de 1888, y con ella crecieron, a su amparo y protección, las Bibliotecas públicas costarricenses, que en algunos cantones son grandes y muy importantes. La Biblioteca Nacional está adscrita al Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) como ente en la dirección y organización de las 57 bibliotecas públicas en las siete provincias del país, y a la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). En el caso de nuestra Biblioteca Nacional tiene documentos desde el siglo XVI.
Estas Instituciones, sagradas de la Cultura costarricense, tuvieron distintas sedes físicas, hasta que poco a poco, con visión histórica, se les fueron dando sus mejores edificios, propios y permanentes, y se les fueron asegurando sus fondos de mantenimiento y funcionamiento, pero también de crecimiento.
El Archivo Nacional, el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional constituyen hoy los tres pilares mas importantes de nuestra Identidad Nacional, de la Identidad Nacional Costarricense. En el siglo XIX otras instituciones como el Registro Nacional, de propiedades, iniciado en 1841 y fortalecido a partir de 1867, y luego el de personas, a partir de 1887, el Instituto Geográfico Nacional, nacido como Instituto Físico Geográfico en 1889, son también instituciones que ayudan a perfilar la identidad nacional costarricense. Así se podrían mencionar otras instituciones de este tipo, desarrolladas en el siglo XX.
En el campo de la Cultura Costarricense el gran viraje lo dio el Presidente José Figueres Ferrer, en su segundo gobierno constitucional, 1970-1974, cuando fundó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1971, con el antecedente de en que en los tiempos de la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1948, Isacc Felipe Azofeifa Bolaños, Daniel Oduber Quirós y Carlos Monge Alfaro presentaron una propuesta a la Junta, para la creación de un Instituto Nacional de Bellas Artes. Por iniciativa, luego de Alberto Cañas Escalante, en 1963, en el gobierno de Francisco Orlich, propuso crear adscrito al Ministerio de Educación, un organismo encargado de atender todo lo atienten a las necesidades de aprendizaje y desarrollo cultural de Costa Rica. El mismo Alberto Cañas en 1970, como diputado, propuso el proyecto para la creación el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con el apoyo de Fernando Volio Jiménez y el propio Presidente José Figueres.
En el Ministerio se concentraron las instituciones Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo Nacional y el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, la Editorial Costa Rica, la Orquesta Sinfónica Nacional, así como la designación y declaración de los Premios Nacionales Magón, Aquileo J. Echeverría y Joaquín García Monge.
El Ministerio asumió la tarea de definir y dirigir hoy la política nacional de Cultura y Juventud, y Deportes, en una parte de su historia, para fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica nacional.
En 1992 se le dio al Ministerio de Cultura el edificio de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que viene desde mediados del Siglo XIX.
Las tareas que por ley y misión histórica tiene el Ministerio son las de “Promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general, rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible, y el de crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud, sin distingos de género, en todos los ámbitos de la vida nacional.”
Actualmente tiene a cargo los siguientes órganos y dependencias: La Dirección de Cultura, el Departamento de Fomento Artístico Cultural, el Departamento de Publicaciones, el Departamento de Promoción Cultural Regional, la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas, el Departamento de Bibliotecas Nacionales, el Departamento de Bibliotecas Pública, la Dirección del Centro de Producción Artística y Cultural, la Dirección del Centro de Investigación y Conservación Patrimonio Cultural, la Dirección de Bandas. Y, los siguientes órganos, el Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven (CPJ), el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), el Centro Nacional de la Música, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical (SIMEN), el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo Historico cultural Juan Santamaría y el Centro Histórico José Figueres Ferrer.
Junto a estas instituciones está también el Archivo Eclesiástico “Bernardo Augusto Thiel”, muy importante para la cultura nacional, no solo religiosa.
Cuando hoy los Diputados están cercenando el Presupuesto Nacional del Ministerio de Cultura, como quien corta una res en un matadero, están atacando a todas estas instituciones, están creando las condiciones de su destrucción, desaparición y de inmovilidad institucional. Están minando los bienes, riquezas, monumentos de carácter que tenemos como Nación, que han pasado de generación en generación, que son las bases de nuestra Identidad Nacional, son los elementos que nos distinguen como una comunidad plural de personas. Están castrando los Diputados la posibilidad de continuar recogiendo el acervo cultural que producimos. Se está golpeando a la Cultura como un Derecho Humano.
De personas incultas, ignorantes, alejados del saber, de la lectura y del conocimiento básico de la Historia Costarricense, y de conocimientos básicos de Cultura General, se puede esperar cualquier cosa y cualquier reacción, para pensar que pueden considerar que estos elementos, instituciones, órganos y dependencias, que se agrupan en el campo de la Cultura, en un periodo de crisis, como el que vivimos, pueden no ser importantes y que pueden disminuirse en sus gastos de mantenimiento casi hasta desaparecerlas. Al contrario, en un período de crisis como éste es cuando hay que fortalecer estas instituciones y la Cultura Nacional y Costarricense. En un período como el que vivimos de inserción en la economía global y de Tratados de Libre Comercio, donde tienden a desdibujarse la naciones y los país, como en los países europeos, tenemos que fortalecer los elementos de la Identidad Nacional y de Nuestra Cultura Costarricense, para poder sobresalir en ese mapa global.
Pero, Diputados de la Nación, Representantes Populares, del Pueblo costarricense, es inimaginable que puedan meter tijera justo a las instituciones encargadas de exaltar, preservar y proyectar lo mejor de los costarricenses, su cultura, su tradición, sus valores esenciales, su Identidad Nacional.
Perdónenme, que lo piense, pero solo siendo una persona tarada mental, que esté loca o haya perdido el juicio puede actuar de esa manera, o siendo personas imbéciles, es decir que sean poco inteligentes, por padecer una deficiencia mental que les impide actuar con sabiduría, con visión de futuro, con perspectiva, o que sean estúpidos, que carecen de la inteligencia y entendimiento para comprender actos que realizan. Parto de la idea que los señores Diputados no caen en estas categorías.
Espero que la Asamblea Legislativa, en su nuevo edificio, no obnubile el entendimiento, la capacidad de razonamiento de los Ciudadanos Diputados, no los egolatrice al extremo de que su auto valoración, su auto estima, su auto adoración exagerada, su auto percepción de su condición de Diputados, no lo haga sentirse Dioses del Olimpo costarricense sin darse cuenta que pueden estar en una simple Tontera, que es donde están los tontos, porque solo así se puede actuar contra la Cultura costarricense, haciendo tonterías, que es la cualidad de los tontos.
Luis Andrés Sanabria Zaniboni
Lecciones de democracia según Abraham Lincoln:
Dios prefiere a la gente corriente, por eso ha hecho tanta
La democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente
El hombre que no investiga las dos partes de una cuestión, no es honrado
Los que niegan la libertad a otros, no se la merecen para ellos mismos
Una vez atravesado el rosal del diálogo “social” (por las espinas lo decimos) convocado por el gobierno ante la presión de las manifestaciones y bloqueos, detengámonos aquí… ¿el gobierno hubiera convocado igual al diálogo con esa precisa y compromiso sin esas manifestaciones y bloqueos?, pero no nos distraigamos con preguntas necias, lo relevante del fallido proceso que vivió el país es el saldo democrático que deja, o como dicen ¿Qué democracia nos ha reflejado este proceso?
Salta a la vista que el diálogo convocado, según las premisas y metodología expuestas, fue un ejercicio que no respondía a la complejidad del conflicto social que vivimos, y todo quedó muy claro cuando la premisa del equipo facilitador indicó que “en la democracia hay gobernados y gobernantes”.
Tal y como lo leyó, volvimos algunas décadas atrás en las ciencias políticas (por no decir siglo), tal vez consideren la postura disconforme como algo “extremista”, pero les invitamos a ver las definiciones del diccionario, instrumento nada sospechoso de “comunismo transnochado”, en sus 5 acepciones detalla (RAE, 2020): “1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. 2. f. País cuya forma de gobierno es una democracia. 3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. 4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Vivir en democracia. U. t. en sent. fig. 5. f. Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. En esta comunidad de vecinos hay democracia”.
Es así que una democracia lejos de implantar a gobernantes, coloca ciudadanas/os a ejercer funciones y responsabilidades, las cuales son vigiladas con pesos y contrapesos (Ejecutivo, legislativos y judicial conformado por ciudadanas/os), pero también por los medios de comunicación, los procesos organizativos de diversos tipos (empresarial, comunitaria, etc), y como no, por otros ciudadanas/os que se ven afectados por las decisiones que se toman en instancias de representación. Para esto existen formas y modos, la rendición de cuentas de parte de las y los participantes, la existencia de sistemas de transparencia en la toma de decisiones, las huelgas, marchas, protestas y un largo etc.
Podríamos entrar en detalle, ¿qué la forma tal? O ¿el procedimiento tal?, pero atención con esto, dependiendo de la respuesta que tengamos estamos más cerca del autoritarismo o la democracia, es decir un sistema cerrado y privilegiado o más abierto e inclusivo.
Volvamos a lo relevante, si la concepción dominante es la división señalada, nos encontramos la explicación a los embates del gobierno, el deseo imperioso de disciplinar a una sociedad, “acomodarla” a los deseos de los sectores dominantes que coparticipan en el gobierno, la nula capacidad de rendición de cuentas, y aún más preocupante los silencios y la incapacidad de interlocución seria y corresponsable.
¿Por qué señalamos lo anterior? El personaje autoritario se caracteriza por ejerce con exceso su autoridad o abusar de la misma. Hemos asistido en los últimos años a ejemplos paradigmáticos de esta modalidad, desde Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y las mesas de “escucha”, con el despliegue policial con tintes de “matonismo” bajo estrategias de rompehuelgas (gas lacrimógeno a media noche no hay que decir más), viene marcando la forma y modo de ejercitar una forma política no democrática, en contraposición de una construcción de consenso desde la participación inclusiva.
No es casualidad las reformas promovidas por las diputadas y diputados a través de la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, que consolidó los esquemas más restrictivos de exposición de las libertades civiles y la criminalización de los mecanismos legítimos aún (más no legales) de expresar la disconformidad ante decisiones y acciones que violentan a grupos de personas, que no fueron involucradas y tomadas en cuenta.
Dirán ustedes: es apenas un “grupito”, y de este lado recitamos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos), y les preguntamos ¿Cómo lo entienden ustedes?
Es así que un gobierno que se ate al principio de exclusión en aras de una supuesta legalidad que judicializa lo político, desgastará la sociedad en un conflicto permanente.
Cuando volvamos a pensar en metodologías de diálogo, hagamos algunas preguntas antes de comenzar cualquier formulación; ¿De qué democracia hablamos? ¿Quiénes participan y cómo? ¿Qué responsabilidades tienen los sujetos? ¿Qué tipo de efectos tienen los acuerdos tomados?
Una vez puesto en común los alcances del diálogo en los espacios públicos pertinentes, podremos reconocer la legitimidad de la propuesta, y lo más importante comunicarle a la sociedad, preguntarle si le interesa, invitar a participar, y no colocar exclusiones y plazos, porque según lo más básico de una democracia, son las y los ciudadanos quienes deciden y acuerdan. Tan importante es la formulación previa, su desarrollo, así como el respeto de los acuerdos y su implementación.
Cuando volvemos la mirada a lo vivido en los últimos años, asistimos a una disputa de sentido sobre la democracia, entre los que asumen para sí el privilegio de la “autoridad” y desean ejercer las prerrogativas de tener el “control” de un aparato institucional con “mando de fuerza” a modo de gobierno, y por otro lado la capacidad ciudadana de recrear las democracias en el ejercicio de la libertad de participación desde la corresponsabilidad de las funciones y responsabilidades en la construcción de un país.
Dr. Jorge D. García, Ph.D.
En la sentencia de la Sala Constitucional 19274-2020, de días pasados, se rechazaron las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las reformas al Régimen de Jubilación de Hacienda-Diputados (Ley 148 del 23/9/1943 y sus reformas). En las acciones de inconstitucionalidad mencionadas se impugnó, entre otros, la introducción de la contribución especial, solidaria y redistributiva de los pensionados, según lo que establece la ley 9383 del 29-7-2016. De acuerdo al fallo de la Sala Constitucional, los cambios impugnados no son violatorios de derechos establecidos en la Carta Magna.
Importantes conexiones en la legislación
No es el propósito de este escrito referirse al contenido de la sentencia de la Sala Constitucional o a las acciones presentadas, sino a conexiones muy interesantes entre las contribuciones solidarias impuestas al Régimen de Hacienda-Diputados y las existentes de previo en el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional. Explicamos: el artículo 3 de la ley 9383 en mención, que impuso la contribución solidaria a los regímenes de Hacienda- Diputados, establece que dicha contribución especial se impone sobre los excesos del tope definido para las jubilaciones de la siguiente manera: sobre el exceso del tope y hasta un 25% del mismo, 25% de contribución; sobre el siguiente 25% de exceso, 35% de contribución, y así sucesivamente, hasta alcanzar un 75% de contribución.
Pero resulta que esa contribución por sobre el tope de las jubilaciones no es original a la ley 9383. Desde 1991, la ley 7268, (Reforma Integral a la ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), modificando la ley original 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 5/9/1958), estableció en su art. 12 una “contribución especial”, con “destino específico para el fortalecimiento del Fondo”, para montos jubilatorios que sobrepasaran el tope máximo definido para esas jubilaciones, contribución que oscilaba entre el 15 y el 45%. Eximía de dicha contribución especial a quienes postergaran su jubilación. Esa contribución especial fue retomada como ”contribución especial, solidaria y redistributiva” en la ley 7531 ( Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional) vigente en 14/1/1997 (1), y plasmada en su art. 71, donde se la define tal y como aparece, 9 años después, en la ley 9383 de 2016.
Se concluye entonces que la contribución solidaria y su aplicación al Magisterio data desde 1991, y se incluye en la ley 9383 copiando la contenida en la ley 7531. Por consiguiente, LOS JUBILADOS DEL MAGISTERIO NACIONAL CUYO MONTO JUBILATORIO SOBREPASA EL TOPE LEGAL, HAN PAGADO CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ¡DURANTE LOS ÚLTIMOS 29 AÑOS! (exceptuando a un grupo de jubilados que efectuaron postergación y quienes estuvieron exonerados de la contribución según dictaba la ley 7268. A ellos se les ha interpuesto juicio de lesividad por parte del Estado para eliminar esa exoneración, lo que deberá resolverse en sede contencioso administrativa; la exoneración, sin embargo, se dejó de reconocer en 2014).
Las interrogantes obligadas
Es forzoso entonces plantear una primera interrogante: ¿por qué el hecho de que los jubilados del Magisterio han pagado contribución solidaria durante décadas no se ha mencionado a la opinión pública? Y cuando al fin se mencionó, en 2019, fue para decir que “Plan exigiría aporte a 3700 pensionados de lujo más” (2) y “Pensionados de lujo pagan poco en aportes solidarios” (3). Resaltamos aquí el hecho de que la prensa usó datos groseramente inexactos acerca del supuesto “poco aporte”. Estadísticas de JUPEMA en nuestro poder revelan que una jubilación elevada, con monto bruto o nominal de 10 millones, usada como ejemplo en la “información” periodística (2) recibía, antes de la entrada en vigencia de la ley 9796, un líquido de 4 304 511 colones (57% de deducción total); sobre el monto bruto se le deducían, solo por concepto de contribución solidaria, 2. 59 millones, no 1.5 millones, como afirmaba uno de los reportajes (2). (El resto de las deducciones incluían impuesto sobre la renta, cuota de seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS, cotización regular al régimen, seguro de vida y comisión administrativa)
Datos erróneos como el señalado sirvieron para impulsar el proyecto 21035, de la diputada Xiomara Rodríguez, que se convirtió, con la aprobación unánime de los diputados, en la ley 9796; ésta ley rediseñó la contribución solidaria, imponiendo y aumentando el gravamen a jubilaciones bajas y medias pero disminuyéndolo, paradójicamente, para las más elevadas; se creó así una aberración matemática cuyas falencias han sido demostradas en otras publicaciones (4,5). Por ejemplo, una vez vigente la ley 9796, la contribución solidaria de la jubilación nominal (bruta) de 10 millones usada como ejemplo en la prensa, pasó de 2.59 millones a 2.39 millones (200 000 colones menos de deducción). Una jubilación de 4 millones nominales o brutos pasó, de no pagar la contribución solidaria, por así disponerlo la ley 7531, a pagar 657 000 colones por ese concepto. Y eso que, según ellos, pretendían afectar las jubilaciones más altas…
No solo se omite mención de los hechos en cuanto cotizaciones solidarias de las jubilaciones magisteriales, sino que desde el año 2014 los ataques mediáticos contra éstos jubilados arreciaron hasta extremos paroxísticos, utilizando la desinformación como arma principal, y a veces inexactitudes flagrantes. Por ejemplo, mención constante de los montos nominales o brutos para las jubilaciones, sin especificar que las deducciones totales aplicadas a las jubilaciones del Régimen de Reparto del Magisterio oscilaban entre 24% y 69% del monto bruto o nominal, hasta que la vigencia de la ley 9796 vino a dar al traste con esa progresividad en las deducciones que había establecido previamente la ley 7531.
Repetición a granel de que el régimen magisterial tiene “pensiones de hasta 12 o 14 millones”, sin la aclaración que por honestidad elemental se debería hacer, de cuántas jubilaciones se trata (70 con 8 millones brutos o más entre un total de más de 44 000) y de cuál es el monto neto (líquido) que reciben. Antes de la entrada en vigencia de la ley 9796, las jubilaciones en el rango de 10 a 12 millones recibían un monto neto de poco más de 4 millones, o sea que del total bruto, 6 a 8 millones iban de vuelta a la caja única del Estado, aún cuando sentencia de la Sala IV lo había declarado inconstitucional, por considerar que debía fortalecer el fondo de pensiones. De nuevo, éste hecho se oculta o disimula, por ignorancia o por mala fe.
Insistencia enfermiza en que los jubilados magisteriales “no cotizaron, o no lo suficiente para los montos que reciben”, sin ninguna evidencia al respecto. Antes bien, sí existe, y tenemos, estimación actuarial en cuanto a que, con ajustes, las cotizaciones harían cubierto el pago de sus jubilaciones (6).
La atmósfera negativa de opinión pública creada por los medios respecto de los jubilados se traduce en rencor e inquina contra quienes han sido académicos honrados que han contribuido con sus esfuerzos y conocimiento a hacer docencia e investigación, preparando los profesionales que sirven hoy a la sociedad. Pero el veneno destilado tiene consecuencias más nefastas. Conduce incluso a ideación homicida. Tenemos documentado un comentario en redes sociales por un individuo que sugiere que la mejor manera de reducir la lista de “pensionados de lujo” (esa lista que se reproduce en estos días por parte del matutino digital) es “ponerles una bala entre los dos ojos”. A ese extremo hemos llegado, sin que a los medios les preocupe tal situación.
Todo lo anterior nos lleva a la segunda interrogante: ¿por qué se oculta, o minimiza, a la opinión pública el hecho, que hemos denunciado desde hace años, de que el Estado costarricense se apropió indebidamente de las cotizaciones magisteriales y las gastó como parte del Presupuesto? En un país con una prensa realmente independiente y objetiva, eso habría sido la noticia del año. Aquí se lo barre bajo la alfombra. Esa apropiación indebida es la razón por la cual las jubilaciones del Magisterio tuvieron que ser asumidas por el mismo Estado, ya que el fondo de pensiones nunca se estableció. Condujo a la partición del Régimen del Magisterio, en Transitorio de Reparto, que comprende a quienes ingresaron a labores antes de julio de 1992, con cargo al Presupuesto Nacional, y Capitalización Colectiva, con adscritos que ingresaron posterior a julio de 1992, administrado por JUPEMA.
Y la última interrogante es tal vez la más fundamental. Considerando la saña con que los medios se vuelcan contra los jubilados de los regímenes especiales, ¿qué es lo que se esconde realmente detrás de esos ataques? No es el simple afán de promover “justicia social”. Algunos indicios recientes permiten formular una hipótesis más inquietante. Existen dos regímenes especiales que poseen un fondo administrado con sana práctica actuarial: el de capitalización colectiva del Magisterio, y el del Poder Judicial. Entre ambos tienen una reserva de más de 5 millones de millones de colones.
Llegando a los “ fondos del asunto”
La portada del matutino nos informa, con fecha 28 de abril del año en curso: “Superintendenta aboga por sistema único de pensión. CREE NECESARIO CONSOLIDAR EL IVM CON LOS FONDOS DEL MAGISTERIO Y LA CORTE” (énfasis agregado). Esta cita, potencialmente explosiva por sus implicaciones, nunca fue desmentida por la Superintendente. Posteriormente, se reveló que miles de millones de la reserva del régimen IVM de la Caja Costarricense de Servicio Social fueron invertidos en títulos valores de una empresa privada. (7, 8)
En conjunto, estos datos permiten proponer como hipótesis que la campaña contra las “pensiones de lujo” persigue imponer recortes a las jubilaciones de los regímenes especiales, para bajarlas a nivel de los montos otorgados por el régimen de IVM-CCSS, “sin importar cuánto ha cotizado el beneficiario” (9), a pesar de que el Magisterio ha cotizado en el tiempo hasta 6 veces más de lo que cotizan los adscritos al IVM. Esos recortes tienen el potencial de socavar la base contributiva de afiliados al Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio y al Régimen del Poder Judicial, propiciando su cierre técnico, y posibilitando así el “apuntalamiento” del IVM con los fondos de reserva magisteriales y judiciales, según la pretensión atribuida a la Superintendente. Una reserva de IVM más sólida haría posible la inversión adicional en valores de la empresa privada.
Esa hipótesis se refuerza toda vez que un diputado ha admitido, en entrevista personal, que él piensa que el Estado podría hacerse cargo del pago de las futuras jubilaciones de los trabajadores activos de esos regímenes si ocurre su cierre técnico, cosa que él propulsa, repitiendo así el error que condujo a la crisis en las jubilaciones del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio. Sin embargo, es poco probable que tal idea sea viable, tomando en cuenta que en 1999 el Estado se comprometió al pago de las jubilaciones de éste régimen Transitorio de Reparto (art. 2, ley 7946 de 1999), y a pesar de ello ha propiciado, al paso del tiempo, que el legislativo establezca gravámenes reiterativos que comprometen el nivel de vida de los jubilados, aduciendo todo tipo de faltantes presupuestarios. Eso sí, no profirió queja alguna al tiempo que gastaba las cotizaciones magisteriales, en décadas pasadas, impidiendo así la constitución del fondo de pensiones. Dicho fondo, según el actuario de JUPEMA, podría haber alcanzado los 5 millones de millones al 2012.
En resumen, así como no es oro todo lo que reluce, hay motivos para suponer que detrás de la “guerra contra las pensiones de lujo” se esconden intereses con motivaciones muy distintas a las que se aparentan.
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Referencias.
(1) No se trata de un error tipográfico. El Régimen de Pensiones del Magisterio fue objeto de dos reformas integrales en menos de 5 años, en 1991 y en 1995.
(2) Periódico La Nación, pág. 5, setiembre 5, 2019.
(3) Periódico La Nación, pág. 4, setiembre 2, 2019.
(4) Hernán Alvarado. El autogol político 9796. ElPaís.cr, 9 julio 2020
5) Francisco Esquivel. El absurdo matemático de la ley 9796. Delfino.cr Mayo 29,2020
(6) Lic. Luis Guillermo Fernández. Ex asesor actuarial de JUPEMA por más de 20 años. Comunicación personal
(7) Caja invierte parte de los fondos de pensión en títulos valores de banca privada y en La Nación. Semanario Universidad. com, Setiembre 2, 2020.
(8) Comisión legislativa investigará inversiones de a Caja en títulos valores de La Nación. Semanario Universidad.com, Setiembre 9, 2020
(9) Periódico La Nación, Editorial, 5 de enero 2019
Este próximo jueves 22 de octubre el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y la Vicerrectoría de Investigación de la UNED le invita a la actividad: “Crisis económica en Costa Rica: ¿Es el FMI una opción viable?”, con la participación de Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE-UNED y M.Sc. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE.
Transmisión vía Zoom y Facebook / CICDEUNED
Datos para conectarse a Zoom:
ID de reunión: 854 8562 3702
Código de acceso: 923449
El equipo del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) presenta el monitoreo de medios de comunicación 8-2020 y 9-2020 correspondientes a la semana del 27 de setiembre al 10 de octubre.
Además, el más reciente análisis de la Coyuntura Política Nacional «La Costa Rica Política en tiempos del FMI», disponible en el siguiente enlace.
Monitoreo de Medios
No. 8-2020 del 4 al 10 de octubre.
Podrá encontrar el monitoreo completo en la página web, así como una tabla resumen del mismo.
La inteligencia y la paciencia de los progresistas y hasta los que peyorativamente pueden ser calificados de comunistas en Bolivia y su jefe de campaña Evo Morales. Nos ponen de relieve que la inteligencia emocional, la malicia indígena, la prospección de García Linera y las enseñanzas de Mahatma Ghandi, Martín Luther King, dan sus resultados sino se cae en las provocaciones de los Sectores de la derecha, pero que esto implica e impone análisis de coyuntura profundos, disciplina y cohesión.
Esta enseñanza nos indica que lo actual en Costa Rica es una batalla que nos coloca de relieve la agenda inmediata que debemos definir como un paso hacia, pero que este es un contexto en el cual podríamos y parece que será así seguramente podemos salir más golpeados vistas las señales que se consolidan en la Asamblea Legislativa hoy día, donde la ultraderecha más rancia no para de dinamitar la institucionalidad y asumir posiciones y acciones fascistas que profundizarán el hambre, el desempleo, la exclusión social dada la sed ambiciosa de más concentración de la riqueza.
Por lo tanto, el tema está en que los movimientos sociales (incluidos los sindicatos), hagan una verdadera apuesta política de reconstrucción del MOVIMIENTO PATRIÓTICO NACIONAL y aspire a ganar en un plazo de dos años (2022), un par de batallas relevantes, sin ser, ni pensar, en un partido político, sino consolidar un brazo social de una opción supra electoral que reconfigure el mapa político en el Ejecutivo y Legislativo de Costa Rica.
Consolidados esos posibles triunfos de esas batallas, se debe pensar en un proceso que sea la alborada del desmontaje de un modelo de desarrollo que durante los últimos 45 años tiene al país con las deplorables cifras que ha indicado el INEC recientemente y que son reforzadas por estudios e informes de otras casas académicas y el mismo Programa del Estado de La Nación.
Sin lugar a dudas esto que soñamos es complejo ya que en la actualidad sabemos que está en desarrollo una agresiva campaña de la ultraderecha más conservadora del país que está dispuesta a jugar de manera solapada fuera de la institucionalidad para lograr sus más oscuros objetivos, por tal razón debemos dejar de lado el tablero y sacar las piezas del ajedrez ya que es en este escenario en el cual veremos la verdadera sapiencia e inteligencia emocional de las dirigencias de los distintos sectores sociales, pero en especial las dirigencias sindicales del diezmado sector público nacional.
Juan Carlos Duran Castro
Costarricense por el bien de la Patria
20-10-2020
1- Posición de corte fascista y no de Estadista del Presidente Su discurso sumamente retador y desarrollando alianzas con distintos actores y actoras para imponer su «diálogo institucionalizado» y antidemocrático, esa es la ruta trazada después de 4 intentos fracasados. La terquedad indica que para ser viejo y sabio, se debe ser primero joven y estúpido. (grafiti en puente entrando a Escazú).
2- Algunos líderes y liderezas de algunos sectores desde nuestra mirada han sido cooptados y pareciera que son manejados a control remoto. Se olvidan de su discurso y asumen que el » diálogo» del Ejecutivo y Legislativo es lo correcto.
Un error histórico que deja mucho que desear, pues asumen que los patriarcas que hicieron llamado al «diálogo» están por encima del soberano y eso sí es de analizar por fondo desde todo punto de vista, pues tales liderazgos podríamos pensar están en una zona de confort que los deja en un predicado muy complejo.
3- Observamos fracciones legislativas que reafirman su vínculo poco diáfano con los más ricos que no desean compartir su cuenta bancaria y su billetera para ayudar a los 1.600.000 pobres y a los 500.000 desempleados y desempleadas. De hecho osan desde una posición de corte fascista presentar moción en la Asamblea que desconoce a los que generan la defensa patriótica en las calles y se pliegan así al discurso obtuso del Presidente de la República.
Desconocemos si esta línea de confrontación cuenta con los votos suficientes en el hoy o después, pero de prosperar tales intenciones sin duda el país en su conjunto pierde aún más su norte.
4- UCCAEP y en particular su nuevo jerarca es atacada por Presidente de la República y a este personaje tristemente célebre suma a su política de alianzas una comparsa de Ex Presidentes (con las relativas excepciones de Arias y Figueres que se distancian de tales tesis por experticia, política, cálculo electoral, correlación de fuerzas en sus escenarios partidarios y posiblemente por analizar la enorme torpeza del Presidente Carlos Alvarado Quesada), que desconocen la lucha callejera (con sus errores y virtudes)
En tal contexto asistimos a ciertos errores del señor Célimo Guido que terminan ayudando a la oligarquía rancia perdedora de la silla principal de la UCCAEP.
Esa oposición interna perdedora que aprovecha la coyuntura y monta junto con los aliados de la Nación, Teletica, Repretel, Amelia y otros medios una narrativa engañosa para debilitar y destituir al nuevo Presidente de UCCAEP, que se atrevió a romper un paradigma de conformidad con el contexto político actual.
Si fue error o virtud lo acaecido entre RN y UCCAEP lo cierto es que no nos podemos quedar en ese balance, sino avanzar y ver el bosque y no solo el árbol, es decir, dejar de jugar tablero y empezar a jugar ajedrez, pues el momento lo exige, pues de fondo en los escenarios reales y paralelos se wata jugando el futuro de la Patria.
5- Analizamos el comunicado del PAC, el cual es tristemente célebre, de corte fascista y alineado con la torpeza juvenil de Don Carlos Alvarado.
Pero además es indicativo de que fuerzas tienen copada la dirección política de un partido que sigue cavando su propia tumba.
6- Desde nuestra modesta lectura el espacio de diálogo del Banco Popular (ATBPDC) , debe seguir siendo fortalecido y desee ese espacio debemos avanzar y presentar propuestas al Legislativo y Ejecutivo.
Así las cosas, todo apunta que el Gobierno obtuso no desea reconocer el mérito histórico de RESCATE NACIONAL, ya que los califica de una especie de terroristas que dinamitan la institucionalidad y veremos hasta donde sigue optando por no darles audiencia, pero sin duda esto podría cambiar en algún momento.
De igual forma aún no acepta que el espacio del Banco Popular va a caminar de forma autónoma y propositiva lo cual generará que más temprano que tarde algunos actores sindicales de forma no tan evidente se muevan hacia ese espacio y soliciten incorporarse después de haberle reducido su perfil.
7- Centrales sindicales reaccionan tardíamente de nuevo y en general el movimiento sindical sólo puede acompañar protestas puesto que el tema del derecho a huelga esta diezmado en razón de propios errores sindicales (por no darle otro calificativo), lo cual abre solamente una pequeña ventana para seguir metiendo presión en el actual contexto.
Se impone aceptar la realidad jurídica del tema de las huelgas en el sector público y ser altamente creativos para apoyar a RN, pero sobre todo debe el movimiento sindical en su conjunto mejorar con urgencia su lectura política y ponerse a la altura del momento ya que hasta ahora todo indica que si se suben a este tren posiblemente sea en los últimos asientos del último vagón.
8-Actores sindicales deben ampliar su balance político y apostar por mirar más allá de las personas o sectores y colocar al país al frente pues el momento lo exige, la agenda país está por encima de lo corporativo.
Una crisis financiera provocada adrede por la derecha rancia es un posible escenario de los sectores ultraconservadores, o sea, llevar al país a una situación de impagos no debe ser descartada y en tal sentido es que indicamos que el balance de coyuntura es poco profundo en la acera sindical.
9- A la academia Universitaria (existen excepciones), progresista la notamos desarticulada y la respuesta desde las Universidades refleja un buena dosis de captación de las tesis de derecha, posiblemente una buena parte de este sector académico que apostó y ayudó a que EL PAC ganara las elecciones este aún plegado a la miopía y ceguera del Presidente Alvarado, ojalá esto varíe pronto, pues al país le urge academia progresista.
10- Estado de La Nación tiene un tropiezo histórico relevante, pero además sin duda desee el génesis de este esfuerzo tenía pensada válvula de escape para Don Jorge Vargas Cullel.
Pero más allá de lo sucedido con el PEN, esa puerta debe seguir abierta pues no dudamos de la alta capacidad técnica del recurso humano que labora en esa institución y o dudamos que los buenos oficios del PEN pueden ayudar al proceso del Banco Popular.
11- Estamos en un momento de alta y constante negociación política y en ese sentido debe actuar la dirigencia de cualquier sector, pero lo justo y necesario es que todo actuar sea a la luz del día, sin miedos pero con sentido estratégico.
12- RESCATE NACIONAL es y debe seguir manteniendo niveles de autonomía y escuchar y entablar alianzas tácticas y estratégicas, PERO sobre todo debe definir sobre dos temas urgentes, tácticos y estratégicos, veamos:
1- Una línea clara sobre el tema del diálogo nacional, y
2- Desarrollar un trabajo de aporte a la reconstrucción de lo que hemos denominado EL NUEVO MOVIMIENTO PATRIÓTICO NACIONAL.
Imagen ilustrativa.
La mayoría de los artículos de opinión sobre la economía del país son difíciles de entender para la población no especializada. Ante la difícil situación económica que atraviesa Costa Rica, consideramos imprescindible que la ciudadanía tenga una comprensión más profunda de ciertos conceptos fundamentales y así poder tener una discusión informada de las alternativas. El presente artículo pretende brindar una explicación concisa de algunos de estos conceptos, sobre todo relacionados a la deuda pública.
Costa Rica se encuentra en medio de una pandemia y, como resultado, en una situación social y económica sumamente difícil. Esto se ha sumado al descontento frente a las políticas públicas, así como a la desconfianza en el gobierno y la institucionalidad del país.
Mientras tanto, un 26 por ciento de los hogares están bajo la línea de pobreza.[1] Además, la tasa de desempleo abierto se encuentra en un 17 por ciento.[2] Cada vez son más las preocupaciones acerca del futuro de nuestros sistemas de salud, educación, pensiones, transporte público, infraestructura y recursos naturales.
Sin embargo, el enfoque del discurso público ha estado centrado en las finanzas del gobierno. Se insiste en que sus ingresos han disminuido, la deuda pública continúa aumentando y el déficit fiscal se está saliendo de control. Es así como se deshumaniza a las personas y se construye una sociedad al servicio de la economía, en lugar de una economía al servicio de la sociedad. Como expresó Juliana Martínez, no se deben confundir herramientas con objetivos: la economía debe ser una herramienta y no un fin en sí mismo.
Es muy sencillo pensar en las finanzas públicas como si fueran las finanzas de nuestro hogar y sostener que los gastos del gobierno deben estar limitados por sus ingresos. Esto se ve frecuentemente en el discurso público en frases como “tenemos que tapar el hueco de la deuda”, “debemos zocarnos la faja”, y “estamos usando demasiado la tarjeta de crédito”. Todas estas frases pueden ser aplicadas a las finanzas de un hogar, pero confunden nuestra manera de entender las finanzas públicas. Esto ha sido analizado durante los últimos años bajo el nombre de la “falacia del hogar”.[3] Esta falacia conduce a un razonamiento absurdo: la deuda es mala porque amenaza nuestra calidad de vida en el futuro, pero tampoco podemos mejorar nuestra calidad de vida debido a la deuda. Este argumento circular acaba siendo la excusa perfecta para la inacción de nuestros gobernantes. Frente a esto, consideramos que para encontrar soluciones a los problemas que hemos observado históricamente y que han sido exacerbados por la pandemia, debemos empezar por analizar lo que no se dice cuando se recurre a la ya mencionada “falacia del hogar”.
Muy a menudo, los artículos de opinión sobre la economía nacional son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. El exceso de tecnicismos dificulta su comprensión e imposibilita una discusión productiva y democrática. Como afirmó recientemente Rohan Grey, especialista en derecho monetario, “si la gente no entiende qué es el dinero, no puede haber una democracia real”.[4] Es por esta razón que comenzamos explicando varios conceptos básicos, pero imprescindibles para comprender la situación actual: el déficit, el superávit y la deuda.
Imaginemos que tenemos 1.000 colones. Luego observamos los siguientes casos:
Caso 1: Déficit.
•Ganamos 500 colones y gastamos 700.
•Es decir, terminamos con 800 colones.
•Esto equivale a un déficit de 200 colones.
Caso 2: Superávit.
•Ganamos 400 colones y gastamos 200.
•Es decir, terminamos con 1.200 colones.
•Esto equivale a un superávit de 200 colones.
Caso 3: Deuda.
•Obtenemos un préstamo por 200 colones.
•Gastamos los 1.200 colones que tenemos y nos quedamos sin dinero.
•El déficit fue de 1.200 colones.
•Tenemos una deuda de 200 colones.
En este ejemplo hemos ignorado el efecto de los intereses sobre la deuda para facilitar la discusión. Lo importante es que el déficit y el superávit se refieren al cambio en un balance durante un periodo determinado, mientras la deuda o el ahorro son cantidades acumuladas. En el caso de los gobiernos, también se usan los términos deuda, déficit y superávit. Esta deuda del gobierno la llamamos deuda pública y, para efectos de este texto, nos interesa diferenciar entre dos tipos de deuda: deuda en colones y deuda en dólares.
¿Por qué es importante hacer esta distinción? Cada colón que llega a nuestro bolsillo tuvo que ser creado y puesto en circulación con autorización del gobierno. El déficit del gobierno es un mecanismo mediante el cual ese dinero ingresa en la economía. Por ejemplo, cada vez que el gobierno invierte en un proyecto público, le paga a ciudadanos o empresas que son parte del sector privado. Esto se contabiliza como un gasto y en caso de que no se cobren impuestos que lo compensen, el resultado es un déficit. Finalmente, es este déficit fiscal el que permite que el sector privado tenga un superávit y logre ahorrar. En caso contrario, si el gobierno recauda más en impuestos de lo que invierte, el gobierno tiene un superávit, pero el sector privado pierde parte de sus ahorros. Es importante comprender esta relación antes de abogar ciegamente por un superávit del gobierno.
El monopolio sobre la moneda es una característica única del gobierno, por la cual nunca será incapaz de pagar las deudas denominadas en su propia moneda, independientemente de que las pueda incumplir por motivos políticos (como sucede actualmente entre el gobierno y otras instituciones públicas como la CCSS). Caso contrario ocurre con las deudas denominadas en una moneda extranjera, como el dólar, puesto que al igual que cualquier hogar, el gobierno costarricense no puede emitir dicha moneda, sino que debe recaudarla de algún modo (exportaciones o endeudamiento, por ejemplo). Este punto tan aparentemente trivial es de suma importancia, puesto que significa que, al hablar de la deuda pública, solo es pertinente emplear comparaciones con la deuda de un hogar si dicha deuda pública es en una moneda extranjera. Por el contrario, si la deuda pública es en colones, estas comparaciones son totalmente inapropiadas y engañosas. En otras palabras, el gobierno de Costa Rica puede emitir colones; los hogares costarricenses no. El equiparar la deuda en colones del gobierno de Costa Rica (emisor de colones) con las deudas de los hogares costarricenses (usuarios de colones) es lo que se conoce como la “falacia del hogar”. Ahora bien, es vital reconocer que, aunque la capacidad del gobierno tico de obtener colones sea infinita, existen límites que nos permiten reconocer cuando el gobierno inyecta más dinero en la economía de la que esta puede manejar. Uno de estos límites es la inflación (un aumento generalizado en el precio de bienes y servicios), y muestra que la solución a nuestros problemas es más compleja que simplemente “imprimir” dinero. Sin embargo, la gran utilidad de reconocer la “falacia del hogar” es que nos permite distinguir entre los límites reales (inflación, recursos materiales disponibles, entre otros) y los límites imaginados (un valor específico de deuda pública en colones que se considere arbitrariamente peligroso, como establece la regla fiscal). En el caso de que la deuda esté denominada en una moneda extranjera, el gobierno puede ser incapaz de pagarla. Un ejemplo de esto es Grecia, que entró en una severa depresión en el año 2009. Ante la incapacidad de obtener financiamiento en una moneda que no es propiamente suya, el euro, comenzó a aplicar fuertes programas de ajuste macroeconómico enfocados en la reducción del gasto público y los salarios, el aumento de los impuestos y la privatización de instituciones, la misma receta que hoy nos ofrecen en Costa Rica. Estas medidas han tenido un impacto social sumamente negativo,[5][6] y se estima que la recuperación económica de Grecia tomará 15 años más.[7][8] No en vano las deudas públicas de países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Japón, tienden a ser exclusivamente en moneda nacional.
Como señalamos anteriormente, la economía no debe ser un fin en sí misma, sino ponerse al servicio de la sociedad. Debemos reconocer que no existe como una mera abstracción en el vacío, sino que se desarrolla en un contexto social y de estructuras legales que le dan forma. En ese marco, es importante no simplificar elementos clave como la deuda pública con discursos como la falacia del hogar, al igual que entender que el déficit es una herramienta fundamental de toda economía moderna, pues permite la acumulación de riqueza en diferentes sectores. Aunque no corremos el riesgo de declararnos en bancarrota por nuestra deuda en colones, sí lo hacemos con una deuda en dólares. Este es un hecho que no debe pasarse por alto cuando se habla de endeudamiento en monedas extranjeras, dado que las políticas de austeridad que se usan para evitarla bancarrota tienen un alto costo social. No obstante, existen riesgos reales de un déficit muy alto en moneda nacional, como la inflación. Este riesgo inflacionario se debe analizar más profundamente, y es dicho análisis el que permitiría evaluar el tamaño del déficit que nos podemos permitir. Por lo tanto, tampoco es conveniente reducir la solución a la “impresión” de dinero. Además, en otros espacios se ha mencionado el impacto que estas políticas pueden tener en las tasas de interés, los impuestos y el tipo de cambio. Todos estos son temas que requieren un análisis aparte, pero que sin duda debemos también reinterpretar si queremos buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.
5. Referencias
Mauricio Chaves, Tsen Chung, Mauricio Gutiérrez, Mauricio Morúa
mmtcostarica@gmail.com