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La Primera Dama Claudia Dobles Camargo

Vladimir de la Cruz

Damos el nombre de Primera Dama a las esposas, o compañeras, del Presidente de la República. Por extensión se ha ampliado el concepto a las esposas de quienes ejercieron el cargo de Jefes de Estado, antes de 1848.

A las esposas de los Gobernadores coloniales, y de quienes ejercieron el principal cargo de Gobierno o Administración colonial, antes de1821, no les alcanza el título de Primera Dama, que no existía para esa época, ni para ninguna mujer de alguno de esos funcionarios. A lo sumo el de ser su reconocida esposa, para lo cual su referencia era “Doña” o “Señora” si a su esposo se le llamaba “Don” o “Señor”.

Al “Don” correspondía la “Doña”, término que se sigue usando con bastante frecuencia, hoy más por respeto al referirse a una persona o a su esposa, del mismo modo que se usa “Señor” o “Señora”, generalmente para personas mayores, o por simple buena educación.

El “Don” y la “Doña” servía para distinguir a quienes tenían, o se les atribuía, origen noble, que reflejaba una clase social alta, frente a los plebeyos, que calificaba una clase social baja. El “Señor” se usa igualmente por respeto o cortesía, y se puede utilizar antecediendo nombre o apellido. Deviene su uso de los señoríos, de las tierras donadas o heredas que tenían también vasallos, conceptos que se proyectaron con la dominación española. Los señoríos prácticamente se abolieron con la Constitución de Cádiz en 1812. Los señores tenían derechos señoriales propios, entre ellos el de pernada, o el de prima noctis, con sus trabajadoras, o mujeres dependientes o vasallas.

Un Señor era un Amo, un Dueño, un Propietario, de cosas, lo que se extendía a personas. Era un Patrón o un Jefe, lo que reflejaba también una posición de mando y de dominio de una cosa, lo mismo que sobre uno o más criados. De aquí quizá derivaba la idea de “Señora de….”, poniéndose de seguido el apellido del esposo.

“Don” y “Señor” son hoy simples conceptos de tratamiento protocolario de nuestras relaciones sociales, que vienen desde la época colonial para nosotros, y de la tradición hispana que nos impusieron.

Al iniciar mis cursos en la Universidad siempre empezaba explicando esto para que no me llamaran Señor o Don, indicando que ninguno de mis estudiantes en ese momento sería considerado en esa condición de vasallo. Además les decía que no tenía raíz nobiliaria, aunque el Libro de El Quijote está dedicado a un pariente lejano, al Conde De Lemos. Que la mejor forma de llamarme era directamente por mi nombre, Vladimir, o de una forma respetuosa diciéndome Profesor, porque tenía el oficio de enseñar Historia, el curso en que se matriculaban a mi cargo.

Igualmente, les decía que en un régimen republicano lo más correcto era dirigirse a una persona diciéndole “Ciudadano” o “Ciudadana”, siguiéndole de su nombre, como a veces recordamos al Prócer de nuestra Independencia, al Ciudadano Pablo, a Pablo Alvarado Bonilla.

En la correspondencia oficial de la República de Costa Rica, y en la Protocolaria, así se debería estilar, Ciudadano…, Ciudadana…, siguiéndole el nombre o el cargo que tenga la persona. La Revolución Francesa fue la que introdujo la práctica de llamar “Ciudadano” o “Ciudadana” a las personas, reconociéndole con ello Derechos y Libertades, que no tenían los vasallos.

De esta forma, ni en la colonia, bajo la dominación española, ni en el período republicano inmediato a la Independencia, durante el Siglo XIX, y adentrado el Siglo XX, se denominó de una manera particular, y distinguida, a la esposa de quien ejercía la Jefatura de Estado o la Presidencia de la República, más allá de reconocerle su condición de esposa.

En algunos países a la esposa del Presidente la llamaban “la Presidenta”, sin tener carácter oficial, como todavía no lo tiene bien establecido. Así se le dijo, por ejemplo, en una ocasión, a la esposa del Primer Presidente de Estado de Costa Rica, José María Alfaro, en 1847, que usó el título de Presidente.

Señalo esto porque el concepto de Primera Dama se asocia a la tradición estadounidense, cuando se usó por primera vez, para referirse a la esposa del Presidente Rutherfod Hayes, quien asumió su Presidencia en 1877, y así se refirieron a ella en un artículo periodístico.

En 1911, con motivo de una comedia, “The First Lady in the Land”, que refería a Dolly Madison, esposa del Presidente James Madison, 1809-1817, empezó a popularizarse. Y luego por la Primera Dama Eleanor Roosevelt, que le dio más fuerza a este término por su labor públicamente reconocida.

En Costa Rica se empezó a usar el término Primera Dama hasta la década de 1930. Desde entonces es común referirse de esa manera a la esposa de quien ejerce la Presidencia de la República.

Desde hace algunos gobiernos se usa papelería “oficial” con la distinción de “Primera Dama” para la correspondencia respectiva, y las gestiones que se originan en el Despacho de la Primera Dama.

Especialmente desde el período de la Segunda República, (1948 hasta nuestros días), es frecuente darle este trato a la esposa del Primer Mandatario de la Nación.

Se conoce bastante bien la vida de los Jefes de Estado y de los presidentes, pero no se conoce tanto la de sus esposas. De las recientes popularmente se conocen sus nombres, que es lo más frecuente, pero poco se sabe sobre su vida, su carácter, sus gustos, incluso en las campañas electorales no se divulga su hoja de vida, su currículum, aun cuando es usual que algunas tengan vida profesional propia, y es más común que tengan un papel más protagónico en la Casa Presidencial y en las acciones públicas, que se le encargan, y que por cuenta propia impulsan desde su Oficina, desde el Despacho de la Primera Dama, que se les asigna, para atender aspectos relacionados con el área social o cultural del Gobierno.

Lo más usual que ha sido es que se desdibujen las Primeras Damas, en la hoja de vida de sus esposos, perdiendo de esa manera su propia humanidad. Sin embargo, desde sus puestos de “combate”, al lado de sus esposos, han contribuido de muchas maneras a la gestión de gobierno, a mejorar desde sus prácticas laborales, desde su Despacho, lo que les corresponda para lo que consideran el mejor desarrollo nacional y la atención de importantes problemas sociales.

Como los presidentes son variados en todo sentido, igualmente variadas o distintas son las Primeras Damas que han habido, desde orígenes campesinos hasta oligarcas, desde mujeres que ni siquiera sabían firmar hasta graduadas universitarias, desde exclusivamente “amas de casa” hasta profesionales distinguidas.

El concepto aquí usado de “amas de casa” no es peyorativo, es simplemente el que se hacía de las mujeres que estaban dedicadas exclusivamente a sus labores de hogar, de esposa, madre y muchas veces abuela, de trabajadora doméstica en toda la extensión del término. Una vez que me atendió, para una escritura, mi admirado profesor de Derecho, Rogelio Sotela, al referirse en la escritura a mi esposa, en ese momento estudiante, todavía de Medicina, la consignó, con gran elegancia, y por su refinada educación y cultura, como “Dama de su Hogar”, un concepto que me encantó para referirse a las mujeres, a todas, a las tradicionales “amas de casa”.

Hay que reconocer que las Primeras Damas son seres humanos, comunes, corrientes, con virtudes y defectos, pero a la vez distinguidas, que derivan ese reconocimiento por las circunstancias de la vida política que las coloca en esos puestos, que son los que les dan esa distinción. Si no fueran la esposa del Presidente serían una mujer más del conjunto de las mujeres nacionales, como sucede con el conjunto de las esposas de candidatos electorales que al pasar las campañas desaparecen de todos los escenarios, públicos y políticos, hasta del que siguen teniendo algunos de esos candidatos, excepto las que brillan por cuenta propia.

Todos los candidatos a Presidente, los que han habido en campañas electorales anteriores, y de la que viene en el 2022, tienen, con sus respectivas esposas, esa posibilidad de que se les llegue a llamar y reconocer como Primera Dama de la República.

En este sentido me parece absolutamente demagógico que políticos, en puestos legislativos, y fuera de ese escenario, algunos con aspiraciones de candidaturas presidenciales, desde los propios partidos políticos, y otros atrincherados desde medios de comunicación, algunos aspirantes reales y otros subterráneamente, junto a los que utópicamente se lo sueñan, se pasen criticando a la actual Primera Dama por su importante papel público en algunas obras y acciones del Gobierno. Efectivamente no estamos acostumbrados a estos papeles protagónicos, lo que choca con la cultura machista y misógina política.

Lo mismo vale para los hombres fuera del teatro de la política, de la vida ciudadana normal, cuando critican acremente, desabridamente, sin contenido alguno, el papel descollante o relevante que tiene la Primera Dama…al estilo tico vulgar de bajarle el piso hasta donde puedan. Más misoginia no pueden expresar. Quizá también es envidia al compararse con la Primera Dama.

Lo único que demuestran, quienes así actúan, es su misoginia política, su odio y su aversión ancestral a las mujeres, especialmente a las que como ellos están en el ámbito público, haciendo cosas, desarrollando proyectos, impulsando obras, en el campo político e institucional, y se sienten retados, aunque la Primera Dama no signifique ningún obstáculo para sus aspiraciones y posibles candidaturas, o precandidaturas, porque ella por sí no puede, mientras sea esposa del Presidente, ser candidata a Presidenta en las próximas elecciones, por impedimentos constitucionales y legales que se lo impiden.

Les choca ver una mujer alfa, en el buen sentido de la palabra y significado, porque seguramente son opresores, dominadores, en todos los aspectos, de sus propias esposas e hijas, en sus hogares, a quienes las marginan, les restan y niegan participación activa, como la tienen ellos, ni tampoco las consideran siquiera como Damas de Compañía de ellos mismos, para estar apareciendo, con ellos, aunque sea protocolariamente, o para la foto, como se diría popularmente, en sus actos y vida política, porque algunas quizá hasta los puedan superar y opacar.

Para ellos no son ni siquiera “Damas de su Hogar”, simples amas de casa, trabajadoras domésticas sin salarios, y quizá, en el mejor de los casos, apenas gozando de buen trato.

En las Campañas políticas electorales, desde hace varios procesos electorales, a la hora de postular Presidente, se hace par con su esposa. A la hora en que se termina eligiendo al Presidente también se elige con él a la Primera Dama. Así es. Nadie debe engañarse que con el Presidente no se eligió una Primera Dama, de la que se espera también un resultado positivo.

La gente, los ciudadanos, los electores que votan por un candidato, votan también por su esposa. No es válido decir, como algunos señalan ahora, que no votaron por la Primera Dama, criticando sus trabajos y acciones públicas. Se ganaron con el Presidente Carlos Alvarado a la Primera Dama Claudia Dobles Camargo, como se ganaron igualmente a todas las Primeras Damas que les precedieron, con esa distinción y reconocimiento, cuando votaron en procesos electorales anteriores por otros Presidentes.

Entre las Primeras Damas de Costa Rica las ha habido de distintas nacionalidades, obviamente dominando las costarricenses, y junto a ellas cuatro nicaragüenses, dos estadounidenses, una belga, una británica, una canadiense, una hondureña, una mexicana, una salvadoreña, una española, y algunas pocas de doble nacionalidad. Igualmente las ha habido de distintas provincias, excepto de Puntarenas y Limón.

En estos niveles se cruzan familiarmente muchas, como parientes cercanas, de ellas mismas o de sus esposos.

Fue con Juan Rafael Mora Porras que la Primera Dama llegó a tener una discreta presencia y participación en actos protocolarios.

En una época había una Casa Presidencial para el Presidente y su familia, a modo de vivienda oficial, con gastos a cargo del Estado. Desde que llegó a la Presidencia Rodrigo Carazo Odio, 1978-1982, el Presidente y su familia viven en su propia casa o apartamento.

En la inmensa mayoría de países del mundo hay una Casa Presidencial, para quien ocupa ese puesto, con toda la atención a cargo del Estado, bajo estrictas reglas de gastos. Incluso hay Casas de Huéspedes de Estado, para atender funcionarios extranjeros distinguidos que vienen en misión especial ante el Poder Ejecutivo o en Misión de Estado, principalmente. ¿Por qué no restablecer la Casa Presidencial, para quien ejerce la Presidencia de la República, y su familia?

Con el reconocimiento de derechos políticos para la mujer en 1949, y con su mayor participación en el proceso productivo nacional, se empezó a modificar más fuertemente el papel de las Primeras Damas.

Hoy las Primeras Damas no escapan del escrutinio de las Encuestas de popularidad que se le hacen a funcionarios públicos o destacadas personalidades políticas, donde las incluyen.

Hay diputados que se pasan cuestionando la existencia de la actual Primera Dama ante la Procuraduría General de la República, pidiendo, uno de esos diputados, por su ignorancia, que le definan la naturaleza del cargo de Primera Dama, que le precisen los alcances de sus Derechos y Deberes, y hasta los alcances de ese nombramiento, como si el Presidente la hubiera nombrado Primera Dama. Fue el pueblo de Costa Rica el que la designó Primera Dama, al escoger de Presidente a Carlos Alvarado.

¿Podía esperar el diputado, Erick Rodríguez Steller, que la Procuraduría General de la República destituyera a la Primera Dama o recomendara su destitución, o que la saquen del edificio del Poder Ejecutivo, que llamamos Casa Presidencial? Se necesita estar chiflado para esperar algo así, o no entender que él forma parte del Poder Legislativo, y que esa pregunta a la Procuraduría no tiene nada que ver con “control político”, ni con mesura ni razonabilidad alguna.

Le preguntó el diputado Erick Rodríguez Steller a la Procuraduría si la Primera Dama debe tener espacio físico en la Casa Presidencial. ¿Dónde piensa él que va a trabajar la Primera Dama? ¿Fuera de la Casa Presidencial? ¿En su casa particular? Si, así como piensa de la Primera Dama actúa sobre su señora esposa y las mujeres de su familia, ¡Pobrecitas su señora esposa y las mujeres de su familia! Las debe tener enjauladas…

El diputado Erick Rodríguez Steller pregunta a la Procuraduría si la Primera Dama debe tener equipo de oficina y personal a su cargo. En su casa seguramente su señora, su Primera Dama hogareña, supongo que es así, si es que ella, su esposa, lo hace, limpia los pisos con trapos a mano, como hacían antes algunas empleadas domésticas.

Pregunta si la Primera Dama debe tener escolta, chofer, asistentes. El colmo en este país, lo ridículo y lo hipócrita en control de gasto, es cuestionar las escoltas del Presidente, como las de la Primera Dama, y si fuera necesario las de su hijo. Eso deben tenerlo. Es obvio, natural y obligado, aun cuando la familia presidencial se desplace a sitios de descanso o vacacional. Hay que cuidar de su seguridad. Eso no debe tener discusión alguna.

Hay gente de izquierda que los he oído criticar este asunto. A todos los gobernantes de izquierda y progresistas se les da un cuido, con escoltas y cuerpos de seguridad extremos. Las mismas razones que hay para ellos las hay para otros gobernantes. La gente de izquierda a veces pierde el sentido de la vista de lo que critican y luchan en contra, aquí, y defienden en el extranjero, eso mismo, al defender esos gobiernos de izquierda o progresistas. La gente de derecha, y otros, lo hacen más por criticar los llamados gastos de Estado, donde se van también los salarios, las pensiones, los pluses obtenidos por convenciones colectivas.

En la realidad, todavía hasta hoy, la Primera Dama no tiene un papel oficial, un nombramiento oficial, un reconocimiento o sitio debidamente reconocido y bien definido dentro de la Administración Pública, ni funciones precisas. Tampoco salario o reconocimiento económico a la labor que se le encarga, en el llamado Despacho de la Primera Dama, aunque el Presidente, porque es así, le asigne tareas, programas a su cargo, para lo cual le “prestan” personal de apoyo, a veces traído de otros ministerios, o le nombran asesores para su mejor desempeño. Al no tener ese reconocimiento el que se le da en la práctica es el de igualarla a cualquier esposa, que no trabaja fuera de su hogar, y que tampoco genera ingresos propios de tipo salarial.

La condición de Primera Dama se ha venido regulando por reglamentación propia del Poder Ejecutivo, que está facultado para ello. Es una reglamentación floja, débil, nada rigurosa, como quizá debería ser para darle el sitio de distinción que públicamente se le reconoce. Mucho puede depender, esta reglamentación, de cada gobierno que entra, y de cada Presidente según estime el papel que debe jugar la Primera Dama, su esposa, a la par suya.

Nuestro régimen político institucional está caracterizado por un sistema presidencialista, donde cada gobierno marca sus necesidades fundamentales, como las de regular el campo de acción de la Primera Dama.

En general la Primera Dama es un cargo reservado para la esposa del Presidente. Pero, en su ausencia, por no estar casado o por estar viudo, bien podría desempeñar ese cargo la Madre del Presidente o una hija, como ha sucedido, y se acepta hasta una hermana. Ya ni se necesita estar casado formalmente. La que viva en unión libre con el Presidente puede ser Primera Dama, con todos los reconocimientos que no nacen de un acta matrimonial, sino de una vida en pareja públicamente reconocida. Ya ha sucedido…es la nueva época que vivimos. Hasta hemos tenido un Primer Caballero de la República, así se reconocía al esposo de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda.

La Primera Dama forma parte del círculo más cercano, más íntimo, estratégico y quizá táctico también, que rodea al Presidente y trabajan o colaboran bajo su autoridad y dirección, que participan de la definición y toma de decisiones, al margen del Gabinete o Consejo de Ministros, sin que la Primera Dama tenga asiento oficial en esa instancia.

La Primera Dama tiene bien ganado, desde hace muchos gobiernos, su propia Oficina o Despacho en la Casa Presidencial, no necesariamente, desde el punto de vista físico, a la par de la Oficina Presidencial. Es parte también en ese trabajo de su apoyo moral y emocional en las tareas diarias.

Ciertamente el cargo de Primera Dama no es de elección directa. Lo es de elección indirecta, con el Presidente va la Primera Dama, la esposa que tenga. El no la eligió como candidata a Primera Dama, él la eligió como Compañera para la Vida, para toda la vida, como juran vivir los cónyuges, en el acto que deciden impulsar esa tarea, esa sociedad conyugal o matrimonial, ese contrato matrimonial, cuando deciden tirarse al río de la vida y rodar, como dos piedras puliéndose juntas, en los vaivenes de esas aguas, como decía mi abuelita materna, que así eran los matrimonios.

¿A quién le debe rendir cuentas la Primera Dama? Al Presidente. No tiene obligaciones con nadie más. ¿Debería tenerlas? Si decimos que sí, entonces reconozcamos su existencia institucional con toda la formalidad, asignémosle oficialmente un salario, un equipo mínimo de funcionarios a su cargo, tareas de Estado específicas a su cargo, más las que el Presidente le asigne o recargue.

Mezquinamente a la Primera Dama no se le asigna salario, porque se reproduce en ella exactamente el papel que tienen la inmensa mayoría de las mujeres en Costa Rica, el de trabajar en sus hogares sin salarios, realizando los dobles y triples trabajos. La Primera Dama reproduce en este aspecto esa situación y condición de desventaja que tienen muchas mujeres costarricenses, dedicadas exclusivamente a las tareas clásicas hogareñas. En este sentido la Primera Dama Dobles representa a todas las mujeres costarricenses, trabajadoras, esposas, compañeras, madres e hijas.

El trabajo de la Primera Dama cada vez es más profesional y técnico en sus funciones. Es más demandante su presencia, no solo para salir en la foto o en actos protocolarios.

En su terrenal existencia y en su celestial posición son apoyadas y criticadas públicamente. Su vida no es fácil. Muchas veces es complicada por las simpatías o enemistades que gratuitamente se ganan con su sola presencia y existencia en la vida política nacional.

En lo que yo sé la Primera Dama no es responsable ante el Poder Legislativo, por lo que podría no ser citada por este Poder, como parte del control político, en su condición de Primera Dama.

En general todas las Primeras Damas que ha habido han cumplido con acompañar a sus esposos donde se les pide que asistan, en los actos protocolarios que les pueden ser propios, en la participación de eventos sociales, ceremoniales y diplomáticos, en actos benéficos que asumen o tienen a cargo, y de manera especial en aquellos actos que asumen de políticas públicas, con encargo o por la confianza depositada por el Presidente, su esposo.

En América Latina vemos constantemente cómo las esposas de presidentes participan cada vez más, y de manera muy activa en la vida política. En países latinoamericanos incluso han continuado la labor presidencial, como presidentas electas, como en Argentina, seguida de la de su esposo. En Guatemala lo intentó. En Nicaragua incluso participa como vicepresidenta. En Estados Unidos algunas han sido sobresalientes, Eleanor Roosevelt, Jackie Kennedy, Hillary Clinton, Michell Obama…En Europa hay muchas mujeres al frente de Gobiernos, otra dimensión de su presencia.

Aquí, en Costa Rica, es que somos muy hipócritas en este campo. Se obstaculiza la participación de la Primera Dama porque estorba a los intereses de quienes quieren ocupar esos escenarios públicos.

En el caso de la actual Primera Dama, Claudia Dobles Camargo el Decreto Ejecutivo No. 41187-MP-MIDEPLAN del 20 de junio del 2018, ubica el Despacho de la Primera Dama en el área de Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, en el Consejo de Articulación Presidencial, que tiene que ver con Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, área que comprende las siguientes instituciones, Despacho de la Primera Dama, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora Costarricense de Petróleo, Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Instituto Costarricense de Turismo y Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

También la Primera Dama está regulada por el Decreto Ejecutivo No. 40993-MP, del 23 de febrero del 2018, antes de que Carlos Alvarado Quesada asumiera la Presidencia, que en su artículo 150, letra d), detalla las tareas que se le atribuyen a la Primera Dama, como sigue: 1.- apoyar las gestiones constitucionales del Presidente de la República, coordinar procesos y actividades específicas encomendadas por el Presidente de la República, y acompañar al Presidente de la República en sus giras y actos oficiales en estricto acatamiento a las disposiciones protocolarias. 2.- Crear alianzas estratégicas, públicas y privadas para la gestión de proyectos tendientes a lograr cambios significativos en las poblaciones vulnerables, mediante la promoción de una participación activa y solidaria en los procesos de desarrollo comunitario. 3.- Gestionar el acceso a los programas sociales de las instituciones u organizaciones no gubernamentales para poder cubrir las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables. 4.- Impulsar acciones que favorezcan a las poblaciones vulnerables a través del diseño y ejecución de actividades y programas de mejoramiento social coordinados con otras instituciones públicas y privadas, así como organizaciones nacionales e internacionales. 5.- Articular instituciones para responder a las necesidades definidas por las y los actores territoriales. 6.- Fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana para la construcción de consensos locales, y 7.- aquellas otras asignadas por el Presidente…

Un Decreto Ejecutivo, el No. 32300-MP, del 25 de marzo del 2005, del Gobierno de Abel Pacheco de la Espriella, coloca a la Primera Dama como asesora, correspondiéndole “apoyar las gestiones constitucionales del Presidente de la República, coordinar procesos y actividades específicas encomendadas por el Presidente de la República, y acompañar al Presidente de la República en sus giras y actos oficiales en estricto acatamiento a las disposiciones protocolarias”. Con todas esas funciones, ¿cómo se puede dudar de su importante papel?

Por otros Decretos, de otros gobiernos, se asignan otras responsabilidades similares.

La Primera Dama de la República, a todos los efectos, es una funcionaria pública de facto, sin estar regulada por los artículos 115 a 119 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No.6227, del 2 de mayo de 1978, sin salario, y sin ese reconocimiento de funcionaria publica, pero sujeta al artículo 2 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422 del 6 de octubre del 2004.

El Presidente de la República no tiene ningún impedimento para nombrarla oficialmente en cargo de ministra, si así quisiera, incluso para una obra determinada, como es el ferrocarril, como hizo en su momento el Presidente José María Figueres Olsen, cuando nombró, por cuatro años, al Dr. Longino Soto Pacheco, como Ministro a cargo solo de la obra del Hospital de Alajuela.

La Primera Dama tiene el orden jerárquico de la investidura de su situación, de ser la esposa del Presidente, y en línea de mando la que le autorice o asigne el Presidente, para lo que considere sea bueno para su mejor gestión, sin delegarle funciones que son propias del Presidente, o de funcionarios públicos, con los que se relacione, que tengan funciones propias por ley.

A dicha de todos los costarricenses la Primera Dama Claudia Dobles Camargo es una mujer preparada, trabajadora, profesionalmente competente en el campo de la Arquitectura, con dominio de tres idiomas, con experiencia laboral nacional e internacional en proyectos de construcciones de gran escala.

En sus proyectos del Despacho de la Primera Dama tiene centradas sus preocupaciones en el tren, desde Paraíso hasta Alajuela, tratando de resolver el problema de más de 600.000 personas que necesitan desplazarse diariamente, en el problema de vivienda y asentamientos humanos, y en el ordenamiento territorial, campos que conoce.

¿Por qué no la quieren dejar trabajar? ¿Qué intereses se mueven detrás de quienes no quieren que el tren funcione o se resuelvan problemas de vivienda y asentamientos humanos? ¿Quiénes son los que más se oponen a sus trabajos? Probablemente los lagartos de los autobuseros, los sinvergüenzas que meten en las instituciones de vivienda proyectos en malas tierras, y con malas calidades de materiales, porque las instituciones de Estado, en vivienda, no son las que tienen la iniciativa de los proyectos de vivienda social, y sus representantes o voceros en la Asamblea Legislativa, cuando los tienen, o desde otras tribunas gestoras de opinión pública.

En los ataques que se le vienen haciendo a la Primera Dama, por su condición de Primera Dama trabajadora, de mujer trabajadora, se ataca a todas las mujeres trabajadoras y no trabajadoras.

El ataque es de características de misoginia política. ¿Dónde está el INAMU defendiendo el trabajo de las mujeres, la libertad laboral de las mujeres? ¿Dónde están las decenas de organizaciones de mujeres que no ven que en los cuestionamientos y el reduccionismo que se hace de la Mujer Primera Dama, se está atacando y reduciendo a la mujer costarricense a papeles sociales que parecían superados en este país? ¿Dónde están los organismos que en las universidades estudian la situación de la mujer, que sin prejuicios de ningún tipo, puedan ver esta situación? O, lo peor, es que en su ataque se quiera consolidar y fortalecer el papel de las mujeres en sus dobles y triples trabajos, y en la explotación doméstica que muchas de ellas sufren. No es un problema político de simpatía con el partido de gobierno defender a la Primera Dama. Eso es tarea del Partido Acción Ciudadana que en este asunto está perdido. No se le ve defendiendo a las mujeres en el trabajo que impulsa la Primera Dama.

A las mujeres de Costa Rica se les defiende con la Bandera Nacional, que está siendo afectada y ensuciada por este diputado y sus seguidores, que parecieran abanderados de que las mujeres no trabajen en puestos de gobierno, defensores del doble y triple trabajo doméstico de las mujeres, sin remuneración ni reconocimiento alguno, invisibilizadas, aplastadas por sus alfas machistas maridos.

El Gobierno tiene hasta ahora dos funcionarios excepcionales, el Ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata y la Primera Dama de la República, Claudia Dobles Camargo. ¡Dejémoslos trabajar!

Viendo el payazo se suelta la risa, dice el refrán. Esperemos a ver sus resultados…entonces aplaudiremos o criticaremos…

Escazú sin Costa Rica: a dos años de la apertura a firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Nicolas Boeglin

Este próximo 26 de setiembre, se cumplirán 2 años desde la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas.

En efecto, desde el 26 de setiembre del 2018, este importante acuerdo regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latine y el Caribe). Su nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Pese a haber sido adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, desde la perspectiva del derecho internacional público, la vida jurídica del Acuerdo de Escazú como instrumento internacional inició en el momento en el que fue oficialmente abierto a la firma por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Naciones Unidas, órgano que funge como depositario de este tratado: para ello se convocó a una ceremonia oficial en Nueva York, siguiendo el protocolo formal previsto en Naciones Unidas, en la que participaron varios Estados, tal y como se puede apreciar en este comunicado de prensa del 27 de setiembre del 2018.

Escazú: un nuevo año de vida jurídica que culmina

El texto de este instrumento, que ha proyectado el nombre indígena de este cantón josefino costarricense al mundo, se encuentra disponible en este enlace.

En una nota anterior al cumplirse el primer año de vida jurídica de este valioso instrumento regional auspiciado por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), habíamos indicado que:

«La falta de interés de algunos Estados, la poca presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil en el caso de algunos Estados firmantes del texto (desde setiembre del 2018), así como la presión de algunos influyentes sectores en la dirección opuesta, pueden explicar estos tímidos resultados para un instrumento internacional extremadamente innovador, tal y como lo explicaremos en las líneas que siguen«.

A la fecha del 20 de setiembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 22 firmas y 9 ratificaciones. Cabe recordar que este instrumento está abierto a la firma y a la ratificación de un total de 33 Estados (los que conforman la región de América Latina y del Caribe).

La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse el primer año de la apertura a la firma de este instrumento: ello denota el esmero y el cuido de sus respectivas autoridades políticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.

Sobre algunas firmas que no se registran

Con relación a la firma como tal, hay que recordar que, desde la perspectiva del derecho internacional público, la firma constituye una etapa formal previa sin la cual no se puede iniciar el proceso de ratificación de un tratado internacional: sin la firma por parte del Poder Ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales, los sectores académicos, los gremios profesionales y los partidos políticos no pueden articular una campaña de ratificación en el seno del Poder Legislativo.

Con respecto al Acuerdo de Escazú, al momento de redactar estas líneas (20 de setiembre del 2020), permanecen ausentes varios Estados de América Latina, en particular Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela, así como Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Surinam y Trinidad y Tobago.

Habíamos tenido la oportunidad en su momento de hacer ver la profunda inconsistencia del primero de ellos, Chile, ante la comunidad internacional (véase nota nuestra): ello en razón de haber sido, conjuntamente con Costa Rica, el principal promotor durante la fase de negociación de este instrumento durante el período 2014-2018. Como se recordará, días después de la adopción en Costa Rica de este instrumento (marzo del 2018), Chile procedió al acto oficial de traspaso de poderes a sus actuales autoridades, las cuales han mantenido desde entonces sus distancias con este texto. El comunicado conjunto de Chile y Costa Rica del 7 de junio del 2018 (véase texto completo) puede considerarse como el último gesto de Chile en favor del Acuerdo de Escazú.

Este 21 de setiembre, la agencia de noticias DW publicó una nota de prensa que enfatiza en las consecuencias para Chile, de darle la espalda al Acuerdo de Escazú, al titularla: «Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental«.

Con relación al período de 2 años para depositar la firma a este instrumento (la cual no requiere más que una instrucción enviada al Jefe de Misión en Naciones Unidas en Nueva York por parte del Poder Ejecutivo), este período vencerá este próximo 26 de setiembre (según reza el mismo Artículo 21 del Acuerdo de Escazú). Al respecto, la misma CEPAL publicó recientemente una nota oficial con «información práctica» destinada a explicar de manera detallada a los Estados que tengan aún la intención de firmar este tratado cómo hacerlo.

La situación particular del Acuerdo de Escazú en Costa Rica

Es en el mes de febrero del 2019 que inició formalmente el trámite del expediente 21.245 (véase texto) en la Asamblea Legislativa de cara a la aprobación del Acuerdo de Escazú. Para un texto firmado por Costa Rica desde el 27 de setiembre del 2018, se puede considerar que el entusiasmo para depositar la firma en Nueva York no se mantuvo tan firme para iniciar el trámite de su aprobación ante el Poder Legislativo.

En julio del 2019, fueron 17 mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas los que enviaron una carta colectiva a Costa Rica (véase texto completo) instando a sus autoridades a acelerar el proceso de aprobación y de entrada en vigencia, indicando, entre otros puntos, que:

«Este emblemático tratado regional no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que, también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable. El Acuerdo enfatiza especialmente el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable»

Pese a este llamado hecho a Costa Rica (y a otros Estados), y pese al hecho que Costa Rica fue el Estado anfitrión de la ronda final de negociaciones que le dió el nombre de Escazú a este acuerdo, no ha aún depositado el instrumento de ratificación en Naciones Unidas.

El texto fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 13 de febrero del 2020 y enviado para consulta preceptiva al juez constitucional.

Al día de hoy, no se ha aún aprobado en segundo debate y el trámite de aprobación se encuentra suspendido a la espera de la notificación del texto completo de una sentencia de la Sala Constitucional. En un primer momento, la Sala Constitucional detectó un vicio en la tramitación de este instrumento (véase Resolución 06134-2020 de marzo del 2020). En un segundo momento, declaró «inevacuable la consulta legislativa preceptiva» (según se lee en el Por tanto de la Resolución 015523-20 cuyo texto completo no ha sido aún redactado).

Nótese que, en el primer voto de la Sala Constitucional, una magistrada consideró útil y oportuno señalar que más allá del error detectado en la tramitación del Acuerdo de Escazú, el texto contiene (según ella) disposiciones que son contrarias a la Constitución: la revisión de los criterios expuestos por esta magistrada evidencia su desconocimiento con relación a algunos principios (muy básicos) del derecho ambiental vigentes. Nos permitimos en particular reenviar a nuestros estimables lectores a un artículo (disponible en línea desde el mes de octubre del 2019) en el que se hace ver que hace muchos años que la legislación y los tribunales costarricenses han incorporado lo que tanto pareciera preocupar a la precitada magistrada (Nota 1).

Es muy posible que el Acuerdo de Escazú no sea bien percibido por varios de los actuales integrantes de la Sala Constitucional: como bien se sabe, este acuerdo viene a precisar en un instrumento vinculante, el alcance contenido en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Este denominado «Principio 10» consagra el principio de participación pública en materia ambiental: su lectura evidencia cuán lejos estamos aún de materializarlo de manera efectiva. En febrero del 2017, la misma Sala Constitucional optó por una significativa regresión con respecto a su jurisprudencia anterior, al considerar en su voto 1163-2017 relacionado al polémico acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, que la participación ciudadana en materia ambiental … ya no es un derecho humano (Nota 2): una sentencia celebrada de inmediato por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente (véase comunicado de prensa).

Llegar a semejante retroceso jurisprudencial en materia ambiental (Nota 3), se «logra» modificando desde las instancias políticas correspondientes la composición de la Sala Constitucional: sobre este punto preciso, no está de más traer a colación el hecho que, en noviembre del 2012, el magistrado Fernando Cruz Castro fue objeto de una burda maniobra política bajo el pretexto que es un magistrado que «no favorece un clima de negocios» (Nota 4). La ocurrente iniciativa, que logró el respaldo de 38 diputados que votaron a favor, no fructificó, pero sí permitió evidenciar a algunos sectores cuyo silencio y reserva los delató.

Con relación a la participación ciudadana en materia ambiental en Costa Rica, resulta de interés recordar que, en el 2008, el Poder Ejecutivo vetó una ley adoptada el 30 de octubre de aquel año por la Asamblea Legislativa titulada «Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental«: salvo error de nuestra parte, fue el único texto adoptado por el Congreso vetado por el Poder Ejecutivo durante la administración (2006-2010). Nuevamente aquí se evidencia el nivel de profunda crispación que puede generar en algunos sectores, y en sus operadores políticos, el hecho de consolidar mecanismos de participación pública en materia ambiental en Costa Rica.

Un promotor ausente en las firmas (Chile) y el otro en las ratificaciones (Costa Rica)

Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, la falta de ratificación por parte de Costa Rica no debería entenderse como un problema nacional únicamente, paralizado por lo que bien podría considerarse como una sutil maniobra de algunos, empecinados en retrasar o en entorpecer su aprobación en Costa Rica: en efecto, esta ausencia causa un efecto muy grave que trasciende las fronteras del territorio costarricense.

Al tratarse del principal promotor de este acuerdo con Chile hasta marzo del 2018, esta falta de ratificación coloca a las autoridades costarricenses en una situación un tanto ambigua en la región centroamericana, al haber ya sus dos vecinos directos ratificado dicho instrumento (Panamá y Nicaragua).

Cabe también indicar que, al ser un Estado anfitrión de la última ronda de negociación en la que se adopta el texto de un futuro instrumento, este Estado adquiere un compromiso un poco mayor hacia los demás Estados. La práctica internacional señala que usualmente aparece entre los primeros Estados en proceder a su ratificación, confortando así ante la comunidad internacional y ante la opinión pública internacional, su firme compromiso con los objetivos perseguidos por el tratado. Con respecto a otro tratado regional suscrito en Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su adopción en 1969 fue seguida por la ratificación de Costa Rica cuyo instrumento de ratificación fue depositado el 4/08/1970: fue la primera ratificación en el hemisferio americano (tal y como se aprecia en la tabla oficial sobre el estado de firmas y ratificaciones) de este emblemático instrumento del que tanto Costa Rica se enorgullece.

En el caso del Acuerdo de Escazú, la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica está enviando una señal sumamente riesgosa para el Acuerdo de Escazú, en particular a algunos sectores políticos en otras latitudes de América Latina, firmemente opuestos a toda consolidación de los derechos de quienes defienden el ambiente.

En Chile, pero también en Colombia, así como en Perú y en Paraguay, se pudo observar la creatividad de algunos sectores políticos en busca de argumentos (falaces y hasta … fantasiosos) para intentar frenar a toda costa la aprobación de este texto: a modo de ejemplo, esta nota de prensa paraguaya sobre la peculiar lectura de la Iglesia Católica en Paraguay que relaciona el aborto al Acuerdo de Escazú (llevando al Poder Ejecutivo a … retirar el proyecto de ley enviado al Legislativo) y esta otra nota de prensa peruana sobre la supuesta pérdida de soberanía de Perú en la Amazonia. Estas, y lo que podríamos calificar como varias otras «joyas«, reflejan la campaña de desinformación a la que se han prestado varios sectores, apoyados por algunos académicos y expertos así como gremios e influyentes medios de prensa, y ello en diversas partes del continente americano.

En un reciente comunicado del mes de agosto del 2020 (véase texto), el Colegio de Ingenieros peruano detalló todas las razones que existen para oponerse a este acuerdo y señaló un último punto … que permite apreciar mucho mejor algunos elementos de esta verdadera campaña en contra de este tratado que se observa en distintas partes de América Latina:

«El Colegio de Ingenieros del Perú considera que aprobar el denominado Acuerdo de Escazú ocasionará graves perjuicios al desarrollo del país, entre ellos: /…/

  1. Ahuyentar las inversiones nacionales y extranjeras, paralizando proyectos viables en perjuicio del desarrollo nacional y aumentando la brecha socioeconómica».

Para valorar la pertinencia de la conclusión que se expone en el punto E, basta con revisar el mismo comunicado redactado por parte de los ingenieros peruanos al señalar, en su parte inicial, que:

«Estas dos leyes peruanas contemplan expresamente los tres derechos ambientales referidos en el acuerdo de Escazú. Asimismo, el Estado ha desarrollado la normatividad integral sobre esos mismos derechos«.

¿Cómo puede ahuyentar la inversión un tratado regional que recoge lo que ya existe en la legislación ambiental peruana?

Notemos que en el listado que contempla el comunicado del Colegio de Ingenieros peruano, aparece el mismo punto que tanto parece preocupar, a muchos kilómetros de distancia de Lima, a la antes mencionada magistrada costarricense (la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental).

Más allá de las contradicciones de unos y otros en su intento por desacreditar el contenido del Acuerdo de Escazú llegando a conclusiones totalmente erróneas, nótese que en dos años de intenso debate con la sociedad civil chilena, el Poder Ejecutivo chileno se ha limitado a brindar declaraciones de varias de sus autoridades recogidas en algunos medios de prensa, pero se ha abstenido de publicar un texto oficial en el que se expliciten y se justifiquen las razones exactas por las que se opone a la firma de Acuerdo de Escazú. ¿Serán razones tan sólidas las que tiene el Poder Ejecutivo chileno para oponerse a este acuerdo que no merecen plasmarse en un documento oficial que lleve el sello del Estado?

No cabe duda que el Acuerdo de Escazú cuenta con muchos opositores que lo perciben como una seria amenaza. A tal punto que, para estos sectores que buscan polarizar la discusión, la simple firma del texto por parte de un Estado debe en sí ya ser combatida.

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

La actitud desafiante de algunos aparatos estatales explica la creciente polarización social que se vive en algunos Estados. Es así como, cuando a diferencia de Chile, el Poder Ejecutivo de Colombia optó finalmente por firmar, el 11 diciembre del 2019, el Acuerdo de Escazú, nos permitimos concluir en una breve nota nuestra que:

«… en América Latina, los dos Estados en los que se están dando fuertes movilizaciones y protestas sociales en este cierre del año 2019 coinciden con los dos únicos Estados cuyas autoridades adujeron oficialmente oponerse a la firma del Acuerdo de Escazú».

A modo de conclusión: hacia una próxima entrada en vigencia… ¿sin Costa Rica?

El Acuerdo de Escazú aún no ha entrado en vigor para los Estados que los han ratificado, al tenerse que esperar que sea ratificado por 11 Estados. Por el momento, son 9 las registradas, y, al parecer, el proceso de ratificación en Argentina está en su recta final (véase nota de prensa parlamentaria del 16/09/2020).

La entrada en vigencia de este instrumento, el primero a nivel internacional en extender una protección especial a quienes defienden el ambiente, resulta a todas luces una verdadera urgencia ante los efectos del cambio climático, la pérdida accelerada de la biodiversidad, la desprotección de las fuentes de agua potable y de los suelos en innumerables regiones de América Latina. Pero también ante la imperiosa necesidad de saldar una vieja deuda de América Latina con la participación ciudadana en materia ambiental, con la justicia ambiental y con sus comunidades indígenas.

Más aún en una región del mundo como América Latina, la cual se destaca de las demás por concentrar la mayor parte de asesinatos de líderes ecologistas y comunitarios, acompañados de intimidaciones y de muchas otras formas de socavar los esfuerzos de personas y de comunidades que dedican parte de su vida a la defensa del ambiente.

A modo de conclusión, y volviendo al caso peculiar de Chile, la postura oficial de sus autoridades no puede sino llevar a exacerbar un poco más los ánimos. Nos permitimos citar este valiente comunicado conjunto de organizaciones chilenas, cuyo sentir posiblemente comparten muchas otras comunidades en el resto de América Latina al asistir, impotentes e indignadas, a la destrucción de su entorno natural y de sus fuentes de aguas, y que señala:

«… violento es que las industrias sean la causa de la pésima calidad de vida de quienes habitan en Quintero y Puchuncaví; violento es que exista agua para regar paltos, pero no para el subsistir de las personas; violento es que el pueblo no sea tomado en cuenta y no pueda tener acceso a toda la información que le compete; violento es que nos asesinen por defender el planeta; y violento es que nuestro propio presidente todavía no firme el Acuerdo de Escazú».

—–

Nota 1: Véase PEÑA CHACÓN M.Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica«, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 29/10/2019, disponible aquí.

Nota 2: Sobre este voto sumamente cuestionable, véase este comunicado de la FECON de Costa Rica. Nos permitimos también remitir a los dos siguientes análisis: ARROYO ARCE K., «La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: breve reflexión sobre la resolución N° 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica«, Derechoaldia, edición del 3/04/2017, disponible aquí; SAGOT RODRIGUEZ A., «Regresión en Derechos Humanos por orden constitucional«, artículo de opinión, DiarioExtra, edición del 7/03/2017, disponible aquí.

Nota 3: De manera a no causar mayor sonrojo del provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante«. En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinón«.

Nota 4: Esta expresión fue usada por parte del jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) para justificar en noviembre del 2012, la propuesta tendiente a evitar la reelección del Magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional (véase entrevista realizada por el Semanario Universidad). Este intento fracasó, y dió pié para una movilización raramente vista del gremio judicial y expresiones de solidaridad tanto nacional como internacional, apoyando al Magistrado Fernando Cruz Castro. Desde Naciones Unidas, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los magistrados y los abogados envió una carta a las autoridades costarricenses (véase texto completo), señalando, entre varios aspectos que:

» quiero expresar mi consternación por las alegaciones según las cuales los acontecimientos en contra del Magistrado Fernando Cruz no representarían un caso aislado, sino formarían parte de una nueva tendencia a la intimidación y control sistemático del Órgano Judicial por parte del Órgano Legislativo«.

 

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Alianza Progresista: Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

18 de septiembre de 2020

Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Nueva York, 21-24 de septiembre de 2020
“Por un nuevo multilateralismo justo e inclusivo”

El mundo está entrando en un período peligroso. Tras un programa hiperglobalista y neoliberal que ha provocado dos crisis mundiales, una financiera y otra ambiental y sanitaria que aún se está desarrollando, estamos ahora en camino hacia otra nueva crisis, el cambio climático, que podría tener efectos devastadores en la vida humana de este planeta.

Se trata de crisis globales que afectan a todo el mundo, pero en particular a los más vulnerables, al profundizar las desigualdades sociales existentes dentro de los países, entre países y entre generaciones. La pobreza sigue siendo una plaga en todas partes, pero lo es en algunos países y regiones más que en otros. Muchos de los jóvenes de las últimas generaciones han sido condenados a una vida sin futuro. Nuestro mundo es vulnerable, desequilibrado e injusto.

Sin embargo, las soluciones para corregir estos desequilibrios y superar estas crisis existen y son más fuertes que nunca. Las actuales revoluciones en varios ámbitos científicos y la multiplicación de las herramientas digitales ofrecen extraordinarias posibilidades para construir una sociedad de bienestar para todos y una relación armoniosa con la naturaleza y el planeta de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra masa de recursos financieros nunca ha sido tan grande, pero sigue estando cada vez más concentrada en manos de una oligarquía ultra-rica que se beneficia de paraísos fiscales y de sofisticados esquemas de evasión de impuestos proporcionados por los bancos y las regulaciones fiscales.

Los Estados nacionales siguen siendo nidos básicos de protección, pero ahora son demasiado débiles para poner todo este potencial científico y financiero al servicio de sus propios ciudadanos y de la humanidad y el planeta en su conjunto.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos del mundo, dondequiera que se encuentren, levanten su voz y pidan un nuevo sistema de cooperación internacional que se base en valores y normas comunes, y que pueda contar con una legitimidad y eficacia política mucho más fuertes para responder a los desafíos comunes.

Sólo esta voz de los ciudadanos del mundo puede poner fin a la actual disputa entre los hiperglobalizadores neoliberales, por un lado, que han fracasado estrepitosamente pero que siguen ocupando posiciones de poder, y las sirenas del nacional-populismo, por otro lado, que reclaman el retorno a posiciones cerradas, xenófobas, mesogénicas, egoístas y autoritarias completamente retrógradas e inaceptables.

El año 2020 debe ser el año en que los ciudadanos del mundo, cualquiera que sea su nacionalidad, cultura o credo, y con las dos mitades de la humanidad, mujeres y hombres, reclamen sus vidas, su planeta y su futuro, y lancen un programa para un multilateralismo del siglo XXI, un multilateralismo nuevo, inclusivo y justo, – un nuevo, justo e inclusivo multilateralismo basado en los SGD.

Nuevo, para abordar no sólo los desafíos permanentes de la paz, los derechos humanos y el desarrollo, sino también los nuevos desafíos mundiales del cambio climático, las pandemias, la escasez de recursos, la transformación digital y la ciberseguridad

Inclusivo, para representar a toda la humanidad en pie de igualdad, creando así un verdadero sentido de pertenencia común y de participación democrática, que involucre a todos los actores pertinentes, desde las organizaciones internacionales y regionales hasta una amplia gama de partes interesadas de la sociedad civil

Justo, a fin de erradicar la pobreza y superar las actuales desigualdades sociales, dentro de los países y entre ellos, y entre generaciones, en su acceso a los bienes públicos mundiales, como la educación, la atención de la salud y la calidad del medio ambiente.

En su declaración aprobada el 18 de septiembre de 2020, la Dirección de la Alianza Progresista afirma los siguientes objetivos y prioridades:

  1. Queremos la vida humana, la dignidad humana y los derechos humanos para todos los seres humanos sin distinción. Esto debe traducirse en el acceso a bienes públicos clave en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y su interconexión entre lo social, la economía, la ecología, las instituciones y la sociedad.

Pedimos:

un nuevo contrato social, que proporcione acceso universal a la atención sanitaria, la educación y la protección social y la calidad del medio ambiente para todos los ciudadanos, que se incluya y financie como prioridad en los planes nacionales de desarrollo sostenible

– los planes de recuperación de la crisis de Covid-19 para dar prioridad a esos objetivos, que se cofinanciarán con inversiones públicas en los planos nacional, regional e internacional

– el principio de la Salud Única que se aplicará en todos los lugares de trabajo a fin de garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras y reducir las fuentes de contaminación

la respuesta humanitaria mundial de las Naciones Unidas y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para que se le asignen más recursos financieros y se cuente con una mayor coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas

a las vacunas contra las pandemias se les atribuya el estatuto de bienes mundiales vitales, asegurando así el acceso universal y la subvención pública de sus costos desde la investigación hasta la difusión.

  1. Queremos que nuestras economías garanticen la respuesta a las necesidades vitales y proporcionen una base renovada para el pleno empleo, al tiempo que se mantienen abiertas al comercio libre y justo. Nuestras economías deberían.

Pedimos:

planes de recuperación que protejan a las empresas y los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, creen nuevos empleos en las cadenas de suministro vitales, que aborden las nuevas necesidades sociales y que promuevan la innovación para transformar nuestras economías en más ecológicas e inclusivas

una transición justa como un proceso con una fuerte participación de los sindicatos y la representación de los trabajadores y que dé como resultado el bienestar, la inclusión y el trabajo decente para todos

– que estos planes de recuperación se financien con una mayor movilización de las inversiones, de acuerdo con las normas de financiación sostenible, y que se cofinancien públicamente con presupuestos públicos que cuenten con nuevas fuentes de impuestos, en particular los impuestos digitales, financieros, sobre el carbono y sobre la riqueza.

las grandes empresas, las multinacionales y el capital financiero deben contribuir con su parte justa a las finanzas públicas, ya que la gente ha pagado lo suficiente, en el pasado reciente, por crisis que no provocaron

la deuda de los países altamente endeudados se cancelará, siempre que ajusten sus políticas a los objetivos de desarrollo del Milenio, el buen gobierno y la no utilización de los paraísos fiscales

– las negociaciones comerciales de la OMC que se relanzarán con la ambición de crear oportunidades reales de mejorar las normas sociales, ambientales y tecnológicas de todos los países.

  1. Queremos invertir las tendencias actuales hacia un cambio climático muy preocupante mediante una profunda transformación de la forma en que consumimos, nos movemos y producimos.

Pedimos:

– un compromiso mundial para aplicar plenamente el Acuerdo de París sobre el cambio climático

– una eliminación coordinada de todos los subsidios a las empresas altamente contaminantes, y una inversión masiva en energías renovables contando con el apoyo del Fondo Verde Mundial

– la transformación de todas las cadenas de suministro, desde la granja hasta el tenedor, para proporcionar alimentos asequibles, accesibles y saludables para todos como una cuestión de regulación multilateral

– un cambio en nuestra vida urbana hacia casas de bajo carbono y transporte público asequible mediante la puesta en marcha de grandes programas de inversión que pueden crear muchos nuevos puestos de trabajo

– una renovada atención a las zonas periféricas y rurales a fin de detener el éxodo insostenible hacia los grandes centros urbanos y las metrópolis

– un marco multilateral que se desarrollará para gestionar y compartir los costos de nuestro patrimonio mundial de biodiversidad, bosques y océanos.

  1. Queremos hacer lo mejor de la actual revolución digital y evitar sus abusos en nuestra vida personal, laboral, cultural y política.

Pedimos:

el acceso a la alfabetización digital y a las conexiones de Internet para generalizarse y ser gratuito, y los grandes datos como un bien común

derechos sociales básicos que se establecerán para todos los trabajadores de la plataforma en el mundo

– una política de innovación en todos los países para apoyar a las PYMES y a las agrupaciones en la respuesta a las necesidades locales con soluciones y aplicaciones a medida

un impuesto digital mundial que se impondrá a las grandes plataformas en línea con el fin de financiar la educación y la protección social para la era digital

– normas internacionales comunes que enmarcan el uso de grandes datos e inteligencia artificial, y que bloquean todas las manipulaciones en contra de nuestros valores comunes

– una iniciativa mundial para desarrollar la inteligencia artificial a fin de mejorar la gobernanza a todos los niveles.

  1. Queremos una vida segura, protegida y pacífica, previniendo viejos y nuevos riesgos de tensiones y conflictos.

Pedimos:

– un control más eficaz de las armas de destrucción en masa, con compromisos concretos de desarme

– un marco común mundial para garantizar la seguridad cibernética

– un sistema internacional más eficaz para vigilar la interferencia en nuestra vida democrática

– medios más fuertes que se darán a las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz de las Naciones Unidas que combinen seguridad, desarrollo, gobernanza y derechos humanos, y que estén apoyadas por el Fondo para la Consolidación de la Paz.

  1. Queremos que nuestra vida democrática se base en un principio fundamental de no discriminación entre los seres humanos, y en un principio fundamental de plena igualdad de género mediante el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Pedimos:

– que este principio antidiscriminatorio se incluya en todos los sistemas jurídicos y en todos los programas educativos y de comunicación pública

– medidas obligatorias que se introducirán para garantizar el equilibrio entre los géneros en todas las juntas públicas y privadas y en todos los servicios de la administración pública en los planos internacional, regional, nacional y local

– el pleno acceso a los derechos reproductivos y una protección plena y firme contra la violencia a las mujeres y las niñas

– la incorporación obligatoria del equilibrio de género en todas las políticas y presupuestos públicos

– enfoques conjuntos de la migración, la protección y el desarrollo sostenible para crear una situación en la que todos salgan ganando entre las regiones de origen y de acogida y la gobernanza mundial, de conformidad con el Pacto de las Naciones Unidas sobre la Migración.

  1. Queremos que las generaciones futuras tengan esperanza, y que sean confiadas y creativas, con un fuerte sentido de la solidaridad humana y del cuidado de su planeta. Pedimos:

– que la erradicación de la pobreza infantil sea una prioridad central en todas las políticas sectoriales, desde la salud, la educación y la vivienda hasta el asilo y la migración

a cada joven se le dará una oportunidad real de obtener un trabajo de trampolín o de acceder a más habilidades, así como el acceso a todos los derechos sociales fundamentales. Esto debería considerarse como el pilar central para la renovación de nuestras sociedades a través de:

– someter todas las soluciones políticas a pruebas de futuro realizadas por paneles intergeneracionales en los que los jóvenes deberían ser mayoría

– ampliar el acceso de los jóvenes a los programas de colaboración internacional y a las redes sociales en todos los ámbitos, como una forma poderosa de fortalecer su sentido de ciudadanía global.

  1. Queremos desarrollar una sociedad civil global que se esfuerce por causas globales comunes. Pedimos:

– que se aliente a las redes y asociaciones mundiales a participar en todo el ciclo de políticas del sistema multilateral, desde la identificación de nuevos problemas, pasando por el diseño de nuevas soluciones, hasta su aplicación y evaluación

– que una Iniciativa de Ciudadanos del Mundo (WCI) sea un instrumento que permita a los ciudadanos presentar propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se desarrollen plataformas digitales avanzadas para facilitar el proceso de difusión y el sistema de recogida de firmas en línea

– Se creará nuevos instrumentos de medios de comunicación que puedan construirse entre los debates nacionales sobre cuestiones internacionales a fin de desarrollar una esfera pública internacional.

  1. Queremos un sistema de las Naciones Unidas actualizado que refleje la composición política y social del mundo de hoy y que garantice una gobernanza mundial más coherente y consecuente.

Pedimos

competencias más sólidas de las Naciones Unidas para el establecimiento de normas y la creación de capacidad en los ámbitos sanitario, social, ambiental y digital, así como en materia de inmigración

– una interacción más sistemática entre el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, en particular las organizaciones regionales que utilizan procedimientos democráticos, otorgando a estas organizaciones regionales un papel más explícito en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad

– se creará una red interparlamentaria, en la que participarán representantes de los parlamentos nacionales de los miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, como un mecanismo de consulta adicional, y un intercambio regular de puntos de vista sobre los principales temas de la agenda de las Naciones Unidas

– el Banco Mundial, el FMI y la OMC para contar con equipos líderes que reflejen la composición del mundo actual y que formen parte del sistema de las Naciones Unidas

– a los países en desarrollo para que se les den los medios para tener una voz más fuerte y el papel en el sistema de las Naciones Unidas

– un nuevo acuerdo global que reequilibre el mundo para un orden más democrático, justo y sostenible para ser el objetivo principal de la negociación de nuevas soluciones globales en los diversos campos de la política.

En el mundo de hoy, este nuevo acuerdo global debería comenzar como un acuerdo de salud, ¡social y verde!

Economía social solidaria: alternativa productiva ante la crisis

Leonardo Garita Alvarado / SURCOSDigital.com

Desde tiempo atrás es común escuchar entre los movimientos sociales y las comunidades el concepto de Economía Social Solidaria (ESS), esta es una forma organizativa que se basa en la autogestión, la participación y, claro, en la solidaridad. La ESS está ligada a las formas ancestrales de producción, gestión de los recursos y distribución de los beneficios; no es algo nuevo.

Según Yasy Morales Chacón, docente de la UCR, coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social, “la ESS corresponde prácticas socioeconómicas y políticas que están orientadas por valores y principios que motivan la convivencia, la participación democrática, la autogestión, la corresponsabilidad, la copropiedad de los proyectos auto gestionados, la solidaridad, la cooperación, el respeto, entre otros valores y principios».

Las iniciativas de la ESS responden a la necesidad nata de los seres humanos de agruparse para sobrevivir y en este caso para el desarrollo de procesos productivos, y de la comercialización de bienes o servicios. Así se busca el bienestar común antes de la acumulación de recursos, evitando la explotación ni del ser humano ni de la naturaleza.

La ESS es una alternativa política “contraria a los valores del individualismo y la competencia que corresponden al sistema capitalista en el que estamos inmersos e inmersas y desde el que se nos ha educado” indicó Morales.

Los intercambios solidarios como el trueque, el comercio justo sin intermediación, la interacción directa entre productores y consumidores, son algunas de las prácticas que engloba la ESS que, en el país, se desarrolla en sectores como las artes, cultura, producción agropecuaria, artesanía, turismo rural, servicios alimentación, alimentación y las finanzas solidarias.

Alternativa ante la crisis

Desde abril anterior y en marco de la afectación por la pandemia de la COVID19, desde la Mesa de Intercambio Solidario, espacio de confluencia de diferentes proyectos e instituciones ligadas a la ESS como lo son las Asociaciones de Desarrollo, Cooperativas, Asociaciones, Centros Agrícolas Cantonales, Sociedades Civiles, Asociaciones Solidaristas, Sindicatos, Fundaciones y ASADAS, se han planteado una serie de propuestas para hacerle frente a la crisis.

Con esto se busca “favorecer la producción agropecuaria nacional con políticas de estímulo”, “sostener y aumentar la inversión pública como una fuente de trabajo y de dinamización de la economía”, e “identificar las unidades productivas de la economía social solidaria, tanto del sector formal como del informal, que están siendo afectadas por la crisis; categorizarlas según el grado de afectación y elaborar un plan de acción (…) para responder en tres momentos: corto, mediano y largo plazo”, según se planteo desde el Consejo Consultivo ampliado de Economía Social Solidaria.

Dos iniciativas ante la pandemia de COVID19

Los sectores de la economía social solidaria son diversos, van de la comercialización de bienes, productos agrícolas, culturales y artísticos, hasta los servicios. Este es el caso de la iniciativa de la conformación de una cooperativa de mujeres taxistas que se encuentra en trámites, que busca visibilizar y articular la participación de las mujeres en el sector de transporte modalidad taxi.

“Nuestro proyecto lleva intrínseco el tema de género y todas las desventajas que esto genera, hemos recibido mucho apoyo institucional y es por eso que tenemos proyectado que en un plazo no menor de 2 meses estaremos completando el trámite de inscripción ante el INFOCOOP, institución que nos ha estado acompañando técnica y legalmente”, mencionó Leda Mora Morales, abogada y notaria pública, integrante de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, en representación del Sector Taxi

Grupo de mujeres taxistas en una de las mesas de trabajo para la formación de la cooperativa. Foto: Leda Mora Morales

Esta cooperativa busca enfocarse en la oportunidad de negocio de “brindar un servicio de transporte especializado para mujeres y grupos vulnerables como personas con discapacidad y personas mayores”, así como “apoyar en la transición hacia la renovación de la flotilla de taxis por una flotilla eléctrica, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Descarbonización y en mitigación de los efectos negativos del Cambio Climático con el uso de energías limpias y combustibles no contaminantes”, según se lee en los objetivos de la iniciativa.

Otro ejemplo productivo y de intercambio es la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia, es una idea que se viene gestando por la necesidad manifiesta de consumir productos amigables con el ambiente. Según indica Abelardo Builes Restrepo “Hasta el momento podríamos hablar de unas 11 o 12 fincas y hogares alrededor de unos 45 en lo que tengo conocimiento, pero va en aumento; la economía solidaria y hasta de trueque es una necesidad que aumentó con la pandemia”.

Reunión del comité central de la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia, sobre los alcances y las necesidades. Foto: Abelardo Builes Restrepo

Esta red se encuentra en conversaciones con el MAG la conformación de una asociación como economía de grupo, posiblemente bajo la figura de cooperativa según mencionó Builes, que en su caso aporta microorganismos para el control de insectos y enfermedades y también abonos orgánicos y a la vez el intercambio de conocimientos en producción orgánica.

Finca de producción orgánica Pinar del Río de la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia

Sin duda, la ESS propone y plantea una alternativa solidaria, desde las personas y las comunidades para hacerle frente a la crisis; solo es posible imaginar un futuro promisorio en el trabajo cooperativo, colaborativo, democrático y auto gestionado.

Imagen ilustrativa: Yasy Morales Chacón, Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social

Poner atención a lo dicho por el presidente legislativo

El secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Juan Carlos Durán Castro reflexiona en torno a lo expuesto recientemente por el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, en el sentido de que el aporte fiscal deben hacerlo quienes no aportan o aportan poco.

Le invitamos a ver el video de tres minutos:

Tres apuntes urgentes por Costa Rica

Juan Carlos Durán Castro*

1-Debemos desprendernos de enfoques corporativos gremiales, sectoriales o personales y optar seria y patrióticamente por la defensa del país en su conjunto, definiendo además una agenda nacional muy puntual, pero estratégica, que busque cambios sistémicos que sean inclusivos y piensen en las mayorías más vulnerables.

2- Apoyar, impulsar y orientar respetuosamente cualquier forma de protesta en cualquier sector, entendiendo que estas luchas están inscritas como parte de un proceso que apunte a una enorme ALIANZA CÍVICO-PATRIÓTICA NACIONAL, que permita modificar la correlación de fuerzas para aspirar a la disputa del poder en un marco de lucha democrática.

3- Redoblar toda acción política con sentido de urgencia para acelerar un proceso social y político que potencie las condiciones para alcanzar en un mediano plazo (4 o 6 semanas a lo sumo), un proceso real de alianzas intersectoriales de alcance nacional que realmente coloque a los poderes fácticos en una disyuntiva histórica y permita condiciones para UN NUEVO PACTO SOCIAL.

HACIA EL PACTO DEL BICENTENARIO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL.

* Secretario de Seguridad Social CTRN

El libre comercio de América Latina, 25 años de promesas incumplidas / seminario virtual

En el mes de octubre se estará realizando el seminario de formación virtual: “El libre comercio de América Latina, 25 años de promesas incumplidas”.

Se realizarán en 2 idiomas, castellano a partir del lunes 5 de octubre y en portugués a partir del miércoles 30 de octubre y tendrá una duración de 6 semanas.

Ver detalles de inscripciones en la siguiente imagen.

 

Imagen destacada ilustrativa tomada de CLACSO.

Enviado a SURCOS por Internacional de los Servicios Públicos.

Convocatoria – propuesta para un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

El Colectivo Ciencia y Cultura invita a la presentación de la Convocatoria – propuesta para un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas.

Esta actividad será transmitida por la plataforma Zoom este miércoles 23 de setiembre de 2020 a las 6 p.m. Para participar debe confirmar su asistencia al correo: redcientificocultural@gmail.com

Presentación del libro: Diversidad Sexual: Democracia y Ciudadanía

Este próximo martes 22 de setiembre a las 9 a.m. en el marco de: II Coloquio Internacional sobre Humanidades, Derechos Humanos y Diversidad Sexual: Familias Diversas, se llevará a cabo la presentación del libro: “Diversidad Sexual: Democracia y Ciudadanía”, con la participación de:

Dra. Dina Espinosa Brilla, profesora, Escuela de Estudios Generales
Dr. Benjamín Valdivia Magdaleno, profesor, Universidad de Guanajuato
Lic. Marco Castillo Rojas, abogado, Organización Intersectorial por Derechos Humanos de Costa Rica
Dr. Álvaro Carvajal Villaplana, profesor, Escuela de Estudios Generales
Mtra. María Gabriela Rangel Díaz, profesora, Escuela de Estudios Generales (moderadora)

Esta actividad es organizada por la Escuela de Estudios Generales de la UCR con la colaboración de la Asociación Costarricense de Filosofìa (ACAFI)

Podrá seguir el evento Vía Zoom:
ID de reunión: 966 6695 9802
Código de acceso: 004271