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El COVID-19 y su impacto en el mundo del trabajo

El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica junto con la CTRN le invita el próximo jueves 16 de julio del 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., a la charla virtual (WEBINAR) denominada “El COVID-19 y su impacto en el mundo del trabajo«.

Se contará con la exposición de dos expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Sr. Oscar Valverde, Especialista para los Trabajadores ACTRAV-OIT y el Sr. Gerson Martínez, especialista en temas económicos de ACTRAV-OIT.

Los cupos son limitados, por lo que se solicita sus datos para hacer la inscripción a más tardar el próximo 10 de julio del presente año.

Foro: Financiamiento, transformación neoliberal y flexibilización laboral en la Universidad pública

La Escuela de Psicología de la UCR le invita este próximo miércoles 08 de julio a las 5 p.m. al foro: “Financiamiento, transformación neoliberal y flexibilización laboral en la Universidad pública”, con la participación de Dra. Carmen Caamaño, Lic, José María Villalta y la Dra. Teresita Cordero.

La reunión se llevará a cabo por Zoom para lo cual se requiere inscripción previa al correo: psicologia@ucr.ac.cr

Lo bueno, lo malo y lo incierto: la respuesta a la pandemia desde la política social en Costa Rica-video

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa “Ventanas a la Política Nacional” realizó el pasado 2 de julio la conferencia: “Lo bueno, lo malo y lo incierto: la respuesta a la pandemia desde la política social en Costa Rica”.

Le invitamos a ver el video de la conferencia.

https://youtu.be/OM3mDMxz9hQ

¿Alivio fiscal para quién?

Gerardo Hernández

Mientras todas y todos tenemos que pagar el IVA en tiempos de pandemia (aplicado a los productos de la canasta básica desde ayer 1 de julio) la llamada Ley de Alivio Fiscal les permite a comercios y otras empresas recaudadoras (incluidas las grandes cadenas de supermercados, farmacias, etc.) quedarse con plata del IVA por varios meses y pagarla al Ministerio de Hacienda hasta el 31 de diciembre.

Para empresas pequeñas y medianas que se han visto afectadas por la crisis, la medida está justificada si constituye un incentivo para que mantengan empleos. Pero en aquellos comercios que han mantenido y hasta aumentado su nivel de actividad resulta totalmente injusta y hasta inmoral.

Justo cuando urgen recursos públicos para atender la crisis de la pandemia, el Ministerio de Hacienda debería hacer pública la lista de empresas que se han acogido a esta moratoria para que la ciudadanía sepa en cuáles casos se justifica el “alivio” y en cuáles podrían estar aprovechándose para engrosar riquezas.

¡URGE TRANSPARENCIA FISCAL!!!

La comunidad internacional debe actuar rápidamente para evitar la anexión del Valle del Jordán

La FIDH* condena la decisión de Israel, que cuenta con el apoyo explícito de los Estados Unidos, de continuar avanzando hacia la anexión ilegal del territorio palestino ocupado. Instamos a la comunidad internacional a intervenir de inmediato y a tomar todas las medidas a su alcance para evitar este intento ilegal de Israel.

El artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra protege firmemente los derechos inviolables de la población palestina de cualquier «anexión por esta última [la Potencia ocupante] de la totalidad o de parte del territorio ocupado.»

Además, la Resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exige la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados, mientras que la Resolución 478 (1980), establece que «todas las medidas y los actos legislativos y administrativos adoptados por Israel, la Potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén […] son nulos y carentes de valor y deben dejarse sin efecto inmediatamente».

La Resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas subraya una vez más que la implantación de asentamientos ilegales por parte de Israel constituye una «flagrante violación» del derecho internacional y «no tiene validez legal».

De conformidad con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional, todos los Estados deben abstenerse de realizar acciones que contravengan el derecho internacional o de prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación ilegal.

El continuado incumplimiento por parte de terceros Estados, que incluso forman parte del Consejo de Seguridad, de la obligación de adoptar y aplicar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación está teniendo un efecto gravemente perjudicial y de gran alcance en cuanto a la eficacia del derecho internacional. Aunque muchos Estados y organizaciones internacionales han condenado la inminente anexión, es imprescindible que los Estados adopten medidas positivas y significativas para hacer frente a la continua violación del derecho internacional por parte de Israel.

El incumplimiento de esta obligación supone legitimar la ocupación, consolidar el apartheid y permitir que continúen, cuando no aumenten, las violaciones de los derechos humanos de la población palestina, como advirtieron 47 expertos de la ONU en una declaración en la que instaban a la comunidad internacional a garantizar la rendición de cuentas ante una nueva anexión de territorio palestino.

Por consiguiente, la FIDH hace un llamamiento a la comunidad internacional y a los Estados para que, de forma tanto individual y como colectiva, adopten medidas concretas e inmediatas para poner fin a la prolongada ocupación israelí del territorio palestino ocupado y reafirmen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la unidad nacional e integridad territorial de Palestina, y en particular que:

  • rechacen la afirmación de Israel de soberanía sobre el territorio palestino ocupado;
  • reconozcan inmediatamente el Estado de Palestina y promuevan su plena incorporación a las Naciones Unidas;
  • Decidan y adopten sanciones económicas y otras medidas para evitar contribuir al desarrollo de los asentamientos israelíes y, por consiguiente, excluyan los productos de los asentamientos del mercado de los Estados, excluyan los asentamientos del ámbito de los tratados bilaterales y disuadan activamente a las empresas de mantener relaciones comerciales y de inversión con los asentamientos;
  • garanticen la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas de este conflicto.

*Federación Internacional por los Derechos Humanos https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/israel-y-palestina/la-comunidad-internacional-debe-actuar-rapidamente-para-evitar-la

Urge reglamentar la Ley 9859 contra la usura

Carta Abierta al Presidente de la República y la Ministra de Economía

Recientemente se emitió la ley contra la usura (número 9859). Urge ahora que, sin dilación, se emita el reglamento respectivo, y que este incorpore criterios técnicos y paramétricos que garanticen una protección efectiva de las personas consumidoras. Ello motiva esta carta abierta que, desde el grupo Economía Pluralista, enviamos al presidente Alvarado y a la ministra Hernández de Economía.

San José, viernes 3 de julio de 2020

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República

Señora Victoria Hernández Mora
Ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Excelentísimo señor Presidente y muy distinguida señora Ministra:

         Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes mediante esta misiva abierta con el propósito de realizar un llamado o exhortativa pública, y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra preocupación cívica e independiente con relación al cumplimiento pleno de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969; específicamente en lo referente al artículo 21 y su párrafo tercero, el cual textualmente indica: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”. Lo anterior en concordancia con el artículo 243, de la Sección Segunda de la Ley N. 4573 o Código Penal. Esperamos, por lo tanto, que, en forma coherente con lo antes indicado, la Ley 9859 recientemente sancionada sea reglamentada, sin dilación alguna.

Con relación a la Ley 9859 o Ley de adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36 quarter, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la ley 7472 o Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994, coincidimos con quienes consideran urgente que se proceda a su pronta reglamentación. Ello de conformidad con los establecido en el artículo 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política, según el cual ése es un deber y una atribución que corresponde conjuntamente al Presidente de la República y al respectivo Ministro de Gobierno.

Entre los temas que requieren ser reglamentados se encuentra el concepto de Tasa de Interés Efectiva, sobre el cual ya existe camino andado. Mediante el Acuerdo SUGEF 10-07, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el término Tasa de Interés Efectiva se cita en el Artículo 9, del Acta de la Sesión 652-2007, celebrada el 11 de junio del 2007 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 123 del 27 de junio del 2007, que comenzara a regir desde esa fecha. De esa forma, el Reglamento sobre Divulgación de Información y Publicidad de Productos y Servicios Financieros, define claramente el instituto de la Tasa de Interés Efectiva como una variable de suma utilidad para comparar el costo efectivo de los créditos que ofrecen las diferentes entidades y es determinante para la certidumbre en la toma de decisiones de las personas usuarias de productos financieros.

El hecho de contar con una definición de Tasa de Interés Efectiva y los conceptos que deben incluirse en la misma es de suma importancia, no solo como remedio frente al agravio histórico y la deuda moral y normativa pendiente que es la usura, sino para la corrección de las asimetrías de información, lo cual afecta sobre todo a las personas usuarias más vulnerables. Esperamos que ese concepto quede formulado en forma claro y coherente, sin generar contradicción entre diferentes normas reglamentarias. De allí la importancia de utilizar la misma definición en el nuevo Reglamento.

         Igualmente, y con todo respeto, deseamos hacer notar al señor Presidente y la señora Ministra, la urgencia de contar a la brevedad posible con un Reglamento que permita dar cumplimiento pleno a una obligación rezagada por más de 50 años, para castigar el flagelo de prácticas lesivas y usurarias, perpetuadas por la ausencia de una referencia paramétrica con rango legal. Es también menester poner en vigencia el reglamento a fin de que los diversos actores sociales y personas que tienen interés en la determinación de la tasa de interés máxima a cargo del Banco Central, puedan realizar una adecuada aplicación de la ley.

         Exhortamos a ustedes, señor Presidente y señora Ministra, para que se ejecute la potestad reglamentaria y para que se indique a las entidades crediticias, el deber de acatamiento del principio de legalidad derivado de la Ley 9859, según el cual los oferentes y colocadores de crédito deberán inmediatamente adecuar todos aquellos contratos de crédito actuales y sucesivos. Esto implicará que se ajusten a los parámetros tope para los créditos en general, a partir del 20 de junio de 2020, en cumplimiento irrestricto de la ley.

         Reiteramos a ustedes que el ejercicio que anima la presente comunicación, lo realizamos en un marco de profundo respeto, que estimamos fundamental para la vigencia del Estado de derecho. Agradecemos de antemano la receptividad característica de la institucionalidad, su anuencia y apertura ante las demandas que surgen de la preocupación de la población en general y en particular sobre este tema, de relevancia histórica.

         Atentamente,

Por el Grupo Economía Pluralista

Luis Carlos Olivares Martínez

Luis Paulino Vargas Solís

Daniel Vartanián Alarcón

Ana Rosa Ruiz Fernández

Fernando Rodríguez Garro

Renzo Céspedes Vargas

Henry Mora Jiménez

María Leonela Artavia Jiménez

Jeannette Cordero Gamboa

Welmer Ramos González

Bernardo Aguilar González

Rosberly Rojas Campos

Osvaldo Ureña Jiménez

Pablo Abarca González

María Fernanda Vega Solano

Hugo Cascante Mico

Greivin Salazar Álvarez

Giovanni Beluche Velásquez

Mario Devandas Brenes

Montserrat Ruiz Guevara

Edwin Zamora Bolaños

Jorge Arturo Chaves Ortiz

Martín Gerardo Murillo Córdoba

 

 

El Emperador o sobre la propuesta de UCCAEP

Jorge Hernández V.

Bajo el engañoso título de “Pacto por el empleo” la UCCAEP hace, entre otras, las siguientes demandas al Estado costarricense, todo en el marco de la situación fiscal y de pandemia que atraviesa el país. Para el escrito hemos tomado del documento de UCCAEP algunas de sus exigencias que representan tanto beneficios directos (BD) como modificaciones de lo público en función de los intereses del sector privado (IP) al que representa la UCCAEP. Las presentamos como ejemplos del tipo de demandas que ellos presentan al Gobierno de Costa Rica. Así tenemos:

  1. De orden general/transversal:

1.1 que le quiten el acoso tributario, es decir que no lo amenacen con impuestos, mucho menos hacerlos efectivos (BD)

1.2 que se suspendan los mensajes de amenaza al sector, o sea que no se den intentos de eliminar el secreto bancario) (BD)

1.4 que se detenga el acoso ambiental sobre el empresariado, que se le deje producir sin mayor regulación ambiental. (MPIP)

1.6. que se detengan los proyectos de ley que alteren el clima de negocios ( proyecto para fortalecer la inspección del trabajo, impuestos al reaseguro, no ligar el seguro de salud voluntaria a la inscripción como contribuyente a la CCSS, ley de prohibición de uso de bolsas plásticas desechables en el comercio, ley para prohibir la contaminación por residuos plásticos, ley para desincentivar el consumo de alimentos ultra procesados, ley de creación de la oficina de control de precios de medicamentos (MPIP)

1.8. dar seguridad jurídica al régimen de zonas francas, es decir que no les pongan impuestos (BD)

  1. Crédito

2.1. que se recorten cargas fiscales de los bancos del Estado destinadas a Infocoop y al financiamiento de la educación para aumentar los saldos para créditos para el sector privado (BD)

  1. Tramitología

3.2. que se aplique la guillotina a una serie de regulaciones sobre permisos de construcción, patentes comerciales, permisos de transporte turístico, certificación de guías de turismo (MPIP)

  1. Bienestar institucional

4.1. Mayor eficiencia de ICE y RECOPE para bajar costos de producción (MPIP)

4.3. que se limite la compra entre instituciones públicas (no quieren que empresas públicas participen en contrataciones públicas) (BD)

4.4 que se privatice el sector de generación de electricidad ((BD))

4.5 Frenar la participación del ICE en obras de infraestructura (BD)

  1. Reducción de la Informalidad

5.1. que se dé una amnistía para las cargas sociales y ambientales para incentivar la formalización de empresas y trabajadores independientes (BD)

5.2 que se apruebe una flexibilización laboral y aseguramiento solo por jornada efectivamente trabajada y no por mínimos (BD)

5.3 que se cambie la afiliación a la CCSS por esquemas de ingresos salariales para el trabajador

Independiente (MPIP)

  1. Déficit fiscal iniciar venta de activos del Estado (BICSA, BCR, Fanal,) (MPIP)

7.1. que se aplique la regla fiscal a todas las instituciones del Estado (MPIP)

7.4. que no se presenten proyectos que generen más gastos para el Estado como en Japdeva, solo permitir proyectos que disminuyan el Estado (MPIP)

7.6. Ley para la reducción del gasto público (MPIP)

8 Educación

8.1. que se exija a las universidades públicas el uso eficiente del FEES, parece que trabajan en coordinación con los diputados de la Comisión FEES (MPIP)

8.2 que se transforme el CONESUP a las necesidades de la educación privada, eliminemos lo público y privaticemos (MPIP)

  1. que se apruebe la Ley de empleo público para que el Estado y sus instituciones sean más eficientes (MPIP)

La lectura y análisis de estas y otras exigencias de la UCCAEP y del documento como un todo llevan a las siguientes reflexiones.

El Emperador UCCAEP quiere socializar las pérdidas y le dicta a su administrador (la Administración Alvarado), pero no al soberano, que tiene que hacer para que los empresarios Elite (que no son los medianos y mucho menos los pequeños empresarios) estén, a pesar de la pandemia, cada vez mejor. Futuro, poder y riqueza asegurados. Nada importa la inclusión social, ni el bien común. Se trata del bienestar del Emperador y sus allegados. Todas las propuestas enumeradas buscan exactamente ese fin, el bienestar del Emperador y sus allegados, a pesar de la pandemia y la crisis fiscal, la cual en buena medida tiene como causa la evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones. Las dos primeras según el propio exministro de Hacienda alcanza la escandalosa suma de 3.800 millones de dólares.

Lo que propone y exige el Emperador tiene un tono político y moral, además del económico, con rasgos totalitarios e impositivos (claro vienen del Emperador, ese grupo social si puede hacer eso). El Emperador habla como si fuese el representante de todos, la voz de todos, pero en realidad es solo su propia voz.

UCCAEP nos quiere hacer creer que su propuesta es la única posible, lo cual por supuesto no tiene nada de cierto. Hay muchas otras y muy buenas opciones y posibilidades. Parece que para el Emperador no existe en Costa Rica ninguna otra visión del futuro, solo la suya, visión que bien le ayudan a promover el grupo Nación, Teletica, Repretel, Amelia Rueda y Monumental, entre otras.

Según el Emperador, en su documento, el desarrollo socioeconómico del país, a través de la historia se debe al empresariado. ¿Será esto ignorancia o interposición histórica?

Dicen además que tiene 200 años de producir libertad, posiblemente se refieren a la libertad para generar pobreza, pobreza extrema, y libertad para producir desigualdad extrema.

El Emperador UCCAEP y sus amigos políticos han planeado, diseñado y ejecutado confrontación y divisionismo, el 1 % contra el 99%, han erosionado el bienestar común, han erosionado la seguridad social y finalmente la democracia. No hay democracia con 25 o 30 % de pobreza y 20% de desempleo. Tampoco hay democracia donde los impuestos los pagan los que menos tienen y los poderosos exigen más privilegios.

Para el emperador el empleado público debe cumplir las leyes y los reglamentos, pero no se pregunta quienes son los evasores, los practicantes de la elusión y los que estafan las aduanas. Es la población de ingresos medios y bajos la que en la realidad sostiene al Estado, no son los empresarios. La emergencia de la pandemia ha dejado claro este hecho.

Como buen emperador la UCCAEP dice que ellos no tienen privilegios (están tan acostumbrados a no pagar los impuestos que deben pagar, a la elusión y a las exoneraciones, que no lo consideran un privilegio, aunque todos los demás costarricenses si los pagamos). Sus exigencias en el documento de su autoría son en buena parte privilegios que otros grupos económicos de este país no tenemos y ni siquiera pensamos en exigir. El hecho de exigirlos ya es un privilegio que ellos se auto recetan. El resto del pueblo no tiene medios para expresarse y si lo hace le aplican la ley anti huelgas que UCCAEP propuso y le aprobaron.

En la propuesta legislativa “Pacto por el empleo” el emperador UCCAEP solo ve sus intereses, no le interesa mejorar el nivel de vida de los trabajadores, aún cuando los necesita para generar sus ganancias. El emperador quiere, mediante legislación mezquina, reducir los beneficios del empleado del sector público porque no quiere que los empleados del sector privado logren el nivel de vida y los beneficios que con esmero han logrado los servidores del sector público, porque eso significaría ceder parte de sus ganancias. Es más fácil y más rentable atacar al empleado público y al Estado que cambiar la estructura de su funcionamiento como sector privado. El sector público es el que garantiza salarios, garantías sociales y servicios públicos. El documento deja ver que el emperador no quiere al Estado, no quiere contribuir con el Estado, pero lo que sí quiere es quitarle al Estado actividades lucrativas y privatizarlas.

COVID 19 ha mostrado las contradicciones enormes entre los intereses de las mayorías de esta sociedad y el interés privado de la UCCAEP. La lectura de la propuesta de UCCAEP confirma estas contradicciones.

En tiempos difíciles Costa Rica ha sabido, en su historia, concertar e innovar en ámbitos que han marcado el camino costarricense del progreso y desarrollo humano sostenible. La abolición del ejército, el Estado Social de Derecho, la conservación y preservación de los recursos de nuestra biodiversidad, los esfuerzos por la paz y la convivencia democrática; son rasgos que nos identifican. Todos estos logros a lo largo de nuestra historia son los que esta y otras propuestas de la UCCAEP a lo largo de los últimos años quieren destruir porque no tienen vocación democrática ni sentido social y son incapaces de confesarlo.

Las víctimas principales de la pandemia están a la vista

Freddy Pacheco León

No es algo que necesite de un «estudio estadístico», para detectarlas. Son los más pobres, los miserables, los que subsisten en cuartuchos de tugurios, los olvidados, los que se ubican en el fondo del oscuro pozo de la escala social.

En la populosa «Gran Área Metropolitana» deambulan en un mundo «extraño», vergüenza del «capitalismo salvaje» denunciado por Juan Pablo II y reafirmado por Francisco cuando sentencia: «Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Sólo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad INDIVIDUALISTA, INDIFERENTE Y EGOÍSTA, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra».

Al no ser así, al no considerar esas lecciones nacidas de la doctrina social de la Iglesia, en Costa Rica (y muchas otras naciones) más bien crece la pobreza, la desigualdad, y el hambre, en comunidades que no son inmunes al diminuto virus que tiene al planeta a su merced, sin enemigo al frente.

El más evidente «factor de riesgo» es la pobreza. Por ahora, los grandes porcentajes de contagiados están donde imperan las más tristes condiciones de vida, donde la madre se desvela angustiada por el virus que contagia a sus vecinos. Pero después de esa fase, aquellos que nos creíamos alejados de esa vulnerabilidad, más temprano que tarde, podríamos compartir en carne propia ese dolor… SI NO REACCIONAMOS oportunamente, y humildemente no nos sometemos a las órdenes sanitarias oficiales.

Si lo logramos, luego de que ese virus «se canse» y nos deje respirar aliviadamente, la lección aprendida ha de ser tal, que la ciudadanía debería exigir la toma de decisiones más humanas, justas, menos egoístas, donde no haya ni un niño que al irse a dormir tenga hambre.

 

Compartido con SURCOS por Manuel Delgado Cascante.

Justicia fiscal para enfrentar la crisis actual

Este viernes 3 de julio a las 4:30 p.m. se presentará en vivo las propuestas sobre: “Justicia fiscal para enfrentar la crisis fiscal actual”, en la página de Facebook de Mujeres en Acción (MeA):

Con la participación de Sofía Guillén – UCR; Ximena Araneda – ITCR; Francisco Robles- UCR y la moderación de Ana Rosa Ruiz – Mujeres en Acción.

Lo bueno, lo malo y lo incierto: la respuesta a la pandemia desde la política social en Costa Rica

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita a la conferencia:

«Lo bueno, lo malo y lo incierto: la respuesta a la pandemia desde la política social en Costa Rica» a realizarse el 2 de julio a partir de las 5:00 p.m., a través del canal de YouTube de nuestra unidad académica: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg

Si quisiera enviar sus preguntas a la conferencista, Dra. Juliana Martínez, puede enviarlas al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr con las mismas o bien, hacerlas durante la actividad.