RIPESS LAC invita al Diálogo Latinoamericano y del Caribe «Sobre Economías Transformadoras – Economía Solidaria – Economía Feminista – Agroecología – Pueblos Originarios – Soberanía Alimentaria, este viernes 19 junio a las 3 p.m. hora Centro América.
La imposibilidad que tenemos de reconocer siquiera los contornos más elementales, pero decisivos del mundo en el que realmente vivimos, es tan peligrosa que hasta podemos convertirnos en nuestros propios verdugos. A veces esta falta de sintonía con eso que tenemos la costumbre de llamar la realidad, es algo que se manifiesta como una pérdida hasta del instinto de conservación, que como es bien sabido es un atributo de todas las especies animales.
Por lo general vivimos en mundos imaginarios como pompas de jabón, al decir el poeta Antonio Machado, en sus Proverbios y cantares, que se deshacen después de juguetear con nuestra falta de pertinencia y sentido de la realidad. Es así como muchas gentes pasan por alto lo que se les ha gritado en su cara, como cuando Óscar Arias Sánchez, uno de los ideólogos y verdugo ejecutor de nuestra desgracia contemporánea, dijo con voz altiva y sonora que vivíamos en una “dictadura en democracia” y que debíamos prepararnos para obedecer sus sabios mandatos, teniendo en cuenta que según él “los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia”, tal y como ingenuamente habíamos pensado desde tiempos ignotos. En vez de actuar conforme a lo dicho por este gurú de la oligarquía seguimos actuando, durante más de una década, como si tales expresiones no tenían ninguna conexión con la realidad o nunca fueron expresadas, muchas buenas almas ni siquiera lo percibieron y van camino hacia la más gloriosa inanición. El problema es que ese uno de los componentes esenciales del mundo real en que vivimos, la gran pregunta es ¿hasta cuándo lo asumiremos así y dejamos de evadirnos del gran reto que se nos ha lanzado?
En ese mundo real, nos encontramos con que la inmensa cantidad de mentiras que se repiten todos los días en la prensa costarricense y regional, particularmente en los llamados grandes medios impresos y en la televisión, es de tal magnitud que los mentirosos de oficio terminan por atragantarse con ellas ¿será que no están tan convencidos de sus siempre falsas afirmaciones, repetidas hasta el cansancio? ¿será por eso que las repiten hasta el tedio y el cansancio, como si quisieran anestesiarse? En este juego tan astuto, le han metido en la cabeza a las gentes del común la idea de que hay unos “pensionados de lujo” en este país (en realidad gentes que pagaron cuotas muy elevadas por una pensión más alta), a los que les esquilman la mayor parte de la cantidad nominal que aparece como «monto de la pensión», como tampoco saben que muchos de ellos pagan casi un millón de colones sólo por impuesto sobre la renta, además de seguir pagando o aportando para el régimen de enfermedad y maternidad del Seguro Social, además de seguir cotizando para una jubilación de la que supuestamente ya disfrutan, lo peor de todo es que no saben nada del destino final de esos fondos.
También le han hecho creer a un sector importante de la población que los subsidios que entrega la Caja del Seguro Social, a título de «pensiones no contributivas», esos pagos a personas que no cotizaron para ningún régimen, como requisito para haberse jubilado o pensionado, cuando en realidad siguen sin haber alcanzado esa condición, ya que las jubilaciones se conforman con el aporte tripartito del trabajador, el patrono y el estado (algo que fue establecido ya durante la materialización de las políticas del new deal rooseveltiano, en la Norteamérica de los años treinta), debiendo cotizarse para ello durante un importante número de años, y tener ciertos requisitos en cuanto a la edad en la que se puede alcanzar dicho beneficio.
La odiosa campaña mediática contra los pensionados del magisterio y otros trabajadores es de tal magnitud, tan persistente en su odiosidad, como en su apego a la mentira más descarada, lo que ocurre en el caso de algunas gentes como la diputada Xiomara Rodríguez, religiosa neopentescostal (presuntamente cristiana) y conversa a la fe secular de la religión neoliberal del mercado y sus virtudes mágicas, como impulsora en la corriente legislativa del adefesio llamado ley 9796, cuyas inconsistencias se evidenciaron por la notoria ausencia de estudios actuariales, lo que demostraron con creces los economistas Francisco Esquivel y Hernán Alvarado y el doctor Jorge Danilo García Hidalgo, con sus sólidas argumentaciones siempre metódicas, además de acuciosas y certeras, sobre los temas sociales implicados en la peligrosa conjura neoliberal que nos asecha, como también en defensa de nuestro estado social de derecho y de rechazo a la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. El descaro de la parlamentaria que no parlamenta(que no habla, ni dialoga nunca) es tal que insiste en hablar de “privilegios para los pensionados del magisterio nacional”, como cuando se afirma que: “(La legisladora Rodríguez)… lamentó que estos jubilados insistan en defender sus privilegios (ante la presentación de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional), más aún cuando el país vive una crisis social y financiera…” de la que no son responsables los educadores pensionados, cuando más bien hace apología de la mentira cuando dice: “Soy respetuosa del Estado de derecho, sin embargo lamento que mientras haya personas tratando de defender sus privilegios hay otros que están literalmente sin comer” pues no sólo irrespeta la legislación vigente en la materia, en especial la ley 7531 de pensiones del magisterio nacional, sino que responsabiliza con evidente hipocresía a las personas que cotizaron una vida entera por una pensión de la gran desigualdad social existente en el país, desde luego no dice ni una palabra de los evasores y elusores fiscales billonarios, ni de los malversadores de los fondos públicos, los que son autores de notorias estafas al fisco, quienes son los verdaderos privilegiados en esta sociedad… Luego agrega, con gran ligereza, que: “Tuvimos todos los cuidados en el trámite de la ley y esperamos que la Sala lo reafirme. Las pensiones de lujo no deben existir en el país y este fue el mecanismo que, la vía de la legalidad, encontramos para frenar estos abusos” insistió” (Diario Extra, martes 2 de junio, página 5), con lo que lanza una cascada de mentiras descaradas e insiste en hablar de unas inexistentes “pensiones de lujo”, a la vez que ignora la necesidad y obligatoriedad de estudios actuariales sobre estos temas, razón por la que señora diputada es quien se introduce en la vía de la ilegalidad, y en la de la burla a los derechos de los pensionados del magisterio nacional. Dicho de otra manera, se materializa en todos sus alcances, con este tipo de acciones y omisiones, la dictadura en democracia, en la que vivimos los costarricenses, aunque muchos no lo admitan o no se hayan percatado de ello.
Mienten sobre el desmantelamiento de la CCSS, una labor criminal en la que llevan ya muchos años, durante al menos un período que supera las tres décadas, negándole el pago en efectivo a la institución encargada de la seguridad social de sumas de muchos millones de colones (en realidad billones), por lo que ahora con esta pandemia están a punto de quebrarla, con lo que se agudizan las graves dificultades que hay como resultado de la mala administración de los fondos de los regímenes de enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte (IVM), que es el de la pensiones de la caja siempre amenazado por estas políticas criminales. Estos canallas mentirosos de profesión, aparentan ser los defensores del pueblo, cuando en realidad preparan el exterminio de muchos miles de personas, por vías directas e indirectas, casi por inanición en el caso de muchos de los llamados «adultos mayores». El panorama es tal que todo apunta hacia el saqueo de todos los fondos de pensiones en beneficio de los intereses del capital financiero, y de los estafadores con los llamados «fondos de inversión», como es el caso de ALDESA. ¿Cuándo tomaremos contacto con lo que verdad está ocurriendo y lo llamaremos por su nombre?
“¿Dónde empieza la niebla que te esconde?” (M. Benedetti)
Manuel Hernández
En el dictamen C-202-2020, de 29 de mayo de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) atendió una consulta que formuló el anterior Ministro de Hacienda, quien solicitó criterio acerca de si resultaba procedente revocar el Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, de 17/12/ 2019, que fijó el ajuste salarial para el 2020.
Este dictamen concluyó que un decreto ejecutivo, por tratarse de un acto normativo general, no es susceptible de revocación, pero agregó -motu proprio- que sí se puede derogar, sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la norma derogada.
En un artículo que publiqué la semana pasada, titulado “La suspensión unilateral del ajuste salarial del sector público es manifiestamente ilegal”, analicé los alcances de ese dictamen y comenté que aunque le abría de par en par la puerta al Gobierno para que dictara un sobreviniente decreto derogatorio, por lo menos, salvaguardó aquellos derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.
Ahora bien, resulta que el actual titular del Ministerio de Hacienda solicitó al mismo bufete del Estado una reconsideración y/o aclaración de dicho dictamen, solicitando particularmente que se aclare si “el aumento 2020 constituye una situación jurídica consolidada que impide su derogación”.
En el dictamen C-219-2020, de 12 del mes en curso, la PGR afirma que esa gestión no se debe tramitar por la vía de la reconsideración, porque lo pretendido es una aclaración de los alcances del dictamen C-202-2020.
El nuevo dictamen le enmienda la plana a las autoridades de Hacienda y reconviene que interpretaron incorrectamente aquel dictamen, porque partieron de la premisa errónea que la PGR consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas para todos los funcionarios públicos, y en consecuencia, la imposibilidad de derogar el aumento salarial.
Este dictamen sobreviniente confirma el precedente, reiterando que se puede derogar aquel decreto, advirtiendo que se aclara ese dictamen en el sentido que corresponde exclusivamente a la Administración activa revisar si existen o no derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de algún funcionario o funcionarios.
Con fundamento en estas consideraciones que contiene el dictamen complementario de PGR se pueden inferir tres conclusiones:
En primer lugar, la PGR reitera que el Poder Ejecutivo puede derogar el decreto que fijó el ajuste salarial del año 2020.
En segundo lugar, en materia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, es donde el nuevo dictamen hace aguas, a merced de un curioso análisis dialéctico, que trata de precisar el alcance de aquella expresión que parecía tan contundente en el dictamen original, que determinó que el decreto se podía derogar, sin perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante su vigencia, pero que ahora en este giro la Procuraduría acota que nunca consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.
Esta es una cuestión, añade el dictamen, que le compete revisar y definir únicamente a la Administración activa, cumpliendo así este dictamen escrupulosamente con el protocolo sanitario de la técnica del lavado de manos, con agua y jabón hasta los codos.
Es decir, la PGR hizo un giro contorsionista que más de un artista de circo envidiaría, para retractarse de lo que en el dictamen principal definió con total claridad y precisión.
En tercer lugar, por la vía singular de la aclaración, tácitamente se reconsideró el dictamen principal, de manera parcial, obviándose de esta manera que la cuestión planteada por el Ministerio de Hacienda la conociera la Asamblea de Procuradores, que es la instancia que por ley le correspondía revisar dicho dictamen.
Insisto, como lo sostuve en aquel artículo de mi autoría, que al amparo del Decreto Ejecutivo que fijó el ajuste salarial de los servidores públicos, quedaron reconocidos derechos subjetivos y consolidaron situaciones jurídicas a favor de los funcionarios públicos, que un decreto sobreviniente no puede de un solo plumazo suprimir, aunque sea con el licenciamiento de la PGR; salvo que sea quebrantando el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 34 de nuestra Constitución Política, que constituye un principio esencial del Estado de Derecho.
Además, ese ajuste salarial fue producto de una negociación pactada con los sindicatos en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (sesión N° 03-2019 de 17/12/2019), que mucho menos puede ser unilateralmente revocada por el Gobierno, a contrapelo del Convenio N° 98 OIT y del artículo 695 del Código de Trabajo:
“Artículo 695.
(…) En todo caso, los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones públicas emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado.”
Esta disposición del Código de Trabajo, por cierto ampliamente desconocida, la cual destaco, determina la obligatoriedad jurídica que producen los acuerdos pactados en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, los cuales tienen que ser ejecutados por las Administraciones Públicas.
El Poder Ejecutivo no puede desvincularse ad nutum de un acuerdo pactado en aquella Comisión, cuyo acuerdo, materializado en el Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, vino a configurar auténticos derechos subjetivos a favor de los servidores de toda la Administración Pública, centralizada y descentralizada.
Veremos cuál será la siguiente jugada maestra del Gobierno, pero todo indica que ese Decreto está pegado a un respirador mecánico, aunque su derogatoria sería manifiesta y evidentemente ilegal e inconstitucional.
“Cosas tenedes, que harán hablar las piedras”, contestó Alfonso VI al Cid.
16/06/2020
Óscar Madrigal
El hecho más relevante, importante y peligroso que de manera inmediata se le presenta al país es la negociación con el FMI, mucho más riesgosa para la clase trabajadora que las propuestas vía ultimátum que presentó la UCCAEP.
El FMI le prestará al país $2.250 millones de dólares en 3 años y a cambio de ello el Gobierno se compromete a un programa de ajuste estructural, informa la prensa.
Este ajuste, en las versiones preliminares, se orienta a:
1-. Reducir la deuda pública a un 50% del PIB, lo que significa reducirla en más de 6,1 billones de colones en un plazo de 14 años (al 2034), solo de principal, sin calcular pago de intereses.
2-. Reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 4 años (al 2025). La proyección del FMI es que este año el déficit sea de 8,7%; en otras palabras, reducirlo en 6,7 puntos, que significan 2,5 billones de colones en 4 años, sin incremento alguno del presupuesto del 2020.
El dilema es cómo reducir el déficit y simultáneamente reducir la deuda pública.
En números aproximados hay que reducir la deuda en 2 mil millones cada año por principal y el déficit en 600 mil millones por año, manteniéndose congelado el actual presupuesto.
En consecuencia, habría que congelar el actual presupuesto, sin aumentos de ningún tipo, ni gasto, inversión, trasferencias, etc. Y luego buscar 2.600 millones de colones adicionales para pagar la deuda y reducir el déficit.
El FMI prestaría 430 mil millones por año. El FMI nos presta para obligarnos a pagar la deuda, para pagarle principalmente a los acreedores internacionales. Pero su préstamo es ridículo en relación con las obligaciones que nos impone.
Los restantes 2.100 millones de colones que por año se deben conseguir, proponen recaudarlos de tres fuentes: reducción de gasto, venta de activos e impuestos.
(Esta es una proyección lineal que no incluye distintas variables, pero da una idea clara de lo que nos exigirá el FMI).
Cuando el anterior ministro de Hacienda propuso la venta de Bicsa y Fanal, sus datos más optimistas eran de que su venta podría producir 200 mil millones. Como se ve no mueve la aguja. Entonces, habría que vender por lo menos un banco estatal, el INS o el ICE.
La reducción de gastos es congelar salarios, reducción al aporte financiero a universidades públicas, PANI o CCSS y despido de funcionarios, vía cierre de instituciones y despido por reorganización.
Sobre los impuestos ya varias fracciones legislativas dijeron que no aceptarían un nuevo impuesto, con lo cual dejan claro que la crisis no tocará ni un pelo de los grandes empresarios. Todo el peso recaerá sobre los trabajadores y trabajadoras.
¿Pero es el préstamo y el programa de ajuste del FMI la única solución a la crisis? Por supuesto que no. En primer lugar, porque como queda explicado, esa solución no resuelve el problema y en segundo porque existen otras posibilidades más reales y que puedan resolver el asunto de fondo.
El movimiento popular ha hecho muchas propuestas realistas, serias y profundas. Creo que dos son importantes: trabajar por una moratoria de la deuda pública por un plazo de 4 años e imponer un impuesto solidario a las grandes empresas y patrimonios por 4 años. Nada de ello perjudicará gravemente a los acreedores del país ni a los grandes empresarios y resolvería el problema de las finanzas públicas sin empobrecer más a las clases populares.
– Perderíamos avances que podrían violentar derechos fundamentales que tenemos en el país.
– Es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales.
– Cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas, la solicitud de UCCAEP sobre el agua es indignante.
(FECON, 16-06-2020) Según expertos en legislación ambiental, llamar “acoso” a la normativa ambiental en el país es inaceptable por parte de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Sector Privado (UCCAEP). Un documento titulado “Pacto por el empleo” contiene una serie de exigencias antojadizas que según dicen buscan la reactivación económica, pero en realidad obedecen a caprichos sin fundamento técnico ni legal que atentan la protección al ambiente.
Para Álvaro Sagot Rodríguez, abogado y docente de la Universidad de Costa Rica, es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales. A los grandes empresarios se le deben de exigir requisitos, no para limitarlos a ellos, sino para pensar en las siguientes generaciones.
El abogado ambiental recordó que existe en la legislación ambiental el principio de no regresión y el principio de progresividad que exige al país a entonar todo el ordenamiento jurídico hacia la protección de los derechos humanos fundamentales.
Para el abogado Isaac Rojas, de COECOCEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, las solicitudes de UCCAEP son una clara regresión en lo que el país ha avanzado. Por lo tanto esto podría violentar derechos fundamentales que tenemos todas las personas que habitamos en el país.
“En materia ambiental no podemos retroceder. Siempre hay que ir adelante porque estamos hablando de derechos humanos, que tienen que ver con el lugar que habitamos, que tienen que ver son nuestra salud y que tienen que ver también con la salud de los ecosistemas con que nos relacionamos.” Dijo Rojas que además es el Coordinador Internacional del Programa de Bosque y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.
Rojas señaló que “la flexibilización de la legislación que hace UCCAEP es inaceptable. Así también es inaceptable la solicitud de abrir nuevos negocios, la solicitud de abrir la generación eléctrica que ha demostrado impactos graves en comunidades y ríos de nuestro país.”
Hay que recordar gracias a criterios técnicos y científicos muchas comunidades han logrado echar para atrás varios de estos negocios que iban a seguir atentando contra los ríos, y lo han hecho tanto en sede judicial como ante el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del “enjambre hidroeléctrico” que planteaba desarrollar más de 17 represas en la Zona Sur y que gracias a la organización comunitaria y al trabajo de colectivos como Ríos Vivos fueron frenadas.
Además Rojas alertó que “la UCCAEP también está pidiendo la apertura del negocio de los agroquímicos. Cuando se ha comprobado de que el país tiene el deshonroso puesto de ser uno de los países donde se consumen más pesticidas en el mundo, con esto la UCCAEP quiere llevarnos a ser el número uno impactando la salud nuestra y de la naturaleza.”
La UCCAEP también están pidiendo profundizar un modelo anticuado cuando dicen que quieren la apertura del mercado de exploración y explotación de mercado de gas natural. Tristemente estas peticiones en materia ambiental solamente nos enseñan que empresarios como UCCAEP actúan irresponsablemente en una crisis.
A esto Isaac Rojas dijo que: “los empresarios ven la crisis como una oportunidad para profundizar su agenda, para profundizar sus beneficios a expensas de toda la sociedad.”
A propósito del agua
La UCCAEP solicitó en este documento: “Instruir al SENARA para que dicha institución no aumente las tarifas de riego por parte en el Distrito de Riego Arenal – Tempisque.”
Para Oscar Alpízar, abogado ambiental, integrante de Confraternidad Guanacasteca: “no se entiende como la UCCAEP solicita tratos preferenciales en el costo de las tarifas del agua para el sector agroindustrial.”
Alpízar acotó que: “En la actualidad ya estas tarifas son ínfimas e indignantes. Las grandes extensiones agrícolas pagan 0,2 colones por metro cúbico de agua, mientras que el ciudadano paga en promedio 400 colones por metro cúbico. Es decir, cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas.”
Franz Hinkelammert (Alemania/Costa Rica), Yamandú Acosta (Uruguay), William Hughes (Panamá), Orlando Delgado (México), José De Echave (Perú), Henry Mora Jiménez (Costa Rica), Luis Paulino Vargas Solís (Costa Rica), Jorge Zúñiga (México)
El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción
La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.
El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.
La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.
El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.
El pago de la deuda como genocidio
El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1.1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60% del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.
Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32% del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.
Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América Latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.
Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento
El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.
El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América Latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.
El Acuerdo de Londres de 1953
El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.
Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.
El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?
Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.
Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.
Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina
Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.
La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.
La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones, etc. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, este Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) se centró en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil. La pandemia de salud de COVID-19 y el consiguiente impacto económico y de mercado laboral están teniendo un gran impacto en la vida y los medios de vida de las personas.
Lamentablemente, los niños suelen ser los primeros en sufrir. La crisis puede empujar a millones de niños vulnerables al trabajo infantil. Se estima que ya hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos. Estos niños ahora tienen un riesgo aún mayor de enfrentar circunstancias aún más difíciles y de trabajar más horas al día.
En cualquier país del mundo y por supuesto en el nuestro a los niños les corresponde estudiar y prepararse adecuadamente para el futuro, jamás trabajar.
NO AL TRABAJO INFANTIL
Enviado a SURCOS por Rodrigo Aguilar Arce.
Este martes 16 de junio se realizó la presentación de los resultados de la encuesta: “Actitudes hacia la diversidad cultural y hacia las poblaciones indígenas afrocostarricenses en C.R.».
Este es un avance muy importante, que fue posible gracias a los aportes de tres instituciones: Ministerio de Educación Pública MEP, Unesco, Universidad de Costa Rica.
El Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica le extiende la invitación para participar en la actividad: «Diálogos: construcción de alternativas de desarrollo. Pensemos el mundo al revés«, a realizarse este jueves 18 de junio a las 6 p.m. por Medio: Web TV de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. También por Facebook Live y YouTube. Quedará en línea para acceso posterior.
Participan:
Con Nancy Piedra, Henry Mora, Eva Carazo y Álvaro Fernández González.
Indudablemente la Anarquía, pero -siempre hay un “pero”- para ser honestos no estamos preparados para una anarquía como la pienso, acorde a estos tiempos, porque ya no estamos en la edad media ni en siglos pasados, donde la ley del más fuerte se manifiesta por las armas, porque ahora todo se mide por la inteligencia, razón por la cual contemplamos que el mundo cinematográfico -y otros- apunta a promover como normalidad las guerras bacteriológicas, algo que requiere de suficiente inteligencia para ser desarrolladas; por ende, debemos ser más inteligentes para romper las cadenas de la opresión, es decir, debemos alcanzar la sabiduría del ser, para no dejarnos someter por el sistema como si fuéramos borregos, por eso creo que la anarquía es mejor, porque la anarquía nos incita a ser sabios, a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro yo universal.
Pero ¿por qué no elijo la Democracia si es la mejor forma de gobierno? Muy sencillo: Cuando pienso en «Democracia» se me viene a la mente la imagen donde Sócrates tiene que beber la Cicuta para demostrar que los hombres de su tiempo estaban equivocados. Lo mismo sucede con muchísimas personas que han intentado luchar contra la gran corrupción política que existe en la mayoría de los gobiernos democráticos, donde los grupos de poder controlan el poder del sistema, por ende, al gobierno que somete al pueblo para que sigan trabajando para sobrevivir y para los ricos, cosa que lo hemos podido comprobar con mayor fuerza en este tiempo de “pendemia”, porque fue una gran pendejada lo que le hicieron al pueblo los ricos y políticos.
Por otro lado, cuando pienso en Anarquía -como lo ve la mayoría del pueblo- se me vienen dos imágenes a la cabeza, la primera es la del Guasón diciendo: «Introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. ¿Te digo algo sobre el caos? Es miedo”, cosa que me lleva a la otra imagen: las guerras civiles han terminado en Tiranía o Dictadura, debido a que toda rebelión necesita un líder, un salvador que los libere de la opresión para meterles a otra opresión; y por esta razón digo que no estamos preparados para ser libres, es decir, para una Anarquía Inteligente, acorde a nuestros tiempos, es decir, respetando el derecho y el deber que todos tenemos como personas, algo que es necesario e indispensable para trascender.
Por otro lado, pensar en una Anarquía Inteligente o Autocracia es una utopía de las más grandiosas para estos tiempos, no porque sea imposible, sino porque la gente que tiene edad para ser dueño de su propia vida no está preparada ni lo estará en cincuenta años, porque están acostumbrado a seguir a un guía, y por eso las sociedades han vivido eligiendo tiranos disfrazados de salvadores, hasta hacer de las políticas de gobierno más de lo mismo: la tiranía de la Oligarquía, porque les pagamos suculentos sueldos para que no trabajen como deberían hacerlo. Y por eso, digo que la única Anarquía que podemos hacer en estos tiempos es la de no dejarnos aplastar más los derechos, para pensar que debemos formar a los niños del ahora para que sean los jóvenes del mañana, ese mañana que cambiará la historia de la humanidad en tres generaciones si es que sabemos formarlos como seres racionales, libres y conscientes, dueños de su vida, de sus deberes y derechos, sin ser oprimidos ni oprimir a nadie.
Lima, 13 de junio de 2020 a las 00:09 horas