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Legado y permanencia del Héroe Nacional Nicolás Aguilar Murillo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

El Programa de Gestión Local de la UNED le invita este próximo jueves 10 de setiembre de 6 p.m. a 7 p.m. al webinario donde se hablará del legado y permanencia del Héroe Nacional Nicolás Aguilar Murillo. El facilitador de esta actividad será el Dr. Miguel Rodríguez Ruíz, quien recuperó la historia de un barveño héroe nacional.

«Éste fue el ejército espiritual y moral con que se enfrentaron al filibustero, principio y valores que los y las enaltecían, en el caso concreto, los de la vanguardia nacional» (Los Zapadores).

Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3TLnDWL_ZOS5bQTSc2umg6allSgaMAhFOCnEQO7se8kh6gQ/viewform?usp=sf_link
Enlace a la reunión:
https://uned-ac-cr.webex.com/uned-ac-cr-sp/j.php?MTID=mb1b6ebcc27f3e23d3eb000ccb761c97

Le invitamos a descargar el libro Nicolás Aguilar Murillo. Un barveño Héroe Nacional.

Nicolás-Aguilar-Murillo-libroDescarga

Modernidad/colonialidad capitalista/patriarcal y violación sexual. (LA VOZ GÉNERO)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

LA VOZ GÉNERO no indica ningún sesgo sicológico de discriminación contra las mujeres sino el régimen de propiedad patriarcal y colonial impuesto por la Europa conquistadora y (pseudo) civilizadora, violadora y (pseudo) evangelizadora. Régimen de propiedad que hace la Guerra de Conquista Intercontinental (1492), genocida y ecocida contra el tejido tribal o comunitario –no capitalista– de Abya Yala. Tejido cuyo plexo nuclear es la potencia reproductiva de las mujeres.

En Abya Yala, la violación sexual no es violencia abstracta, sin determinación o definición histórica: es la guerra de la propiedad privada contra la vitalidad de la especie humana: ese es el significado de la violación moderna. La guerra de la propiedad privada contra la siempre Sagrada Vitalidad del Útero y su Goce incontestablemente del Sí de La Mujer y su Comunidad — no capitalista, no mercantil y sin Estado.

Tal es la Ley –la violencia disciplinante, edificante–, el fetichismo (*), la cosificación –es decir, la sociabilidad indirecta y heterónoma– que _se expresa (Rita Segato dixit) ritual y espectacularmente en el acto de la violación (o del despojo y la privatización de la soberanía) sexual capitalista/patriarcal contemporánea y su mediatización.

Ras Sergio Boza Villarreal

Bebedero de Escazú, San Ofe de la Suiza

La Otra Costa Rica, Mesoamérica, Planeta Tierra, Vía Láctea

* Fetichismo: el fetichismo es una sociabilidad indirecta. Precisamente, cuando la decisión geoestratégica es monopolio del capital (trans y multinacional), no un deber y acto societal y comunitario directo (sin la mediación del Estado), de tod@s y cada un@ de l@s habitantes de la Tierra. (La idolatría es el modo de vida –indirecto, irresponsable, extrañado, deshumanizado– que al subsumirse –o sacralizar y cristalizar el propio cuerpo– a la dominación –es decir, al despojo y la monopolización de la decisión geoestratégica–, niega la libertad –o la responsabilidad– total del Sujeto humano.) Cf. Karl Marx (1867) El secreto fetichismo de la mercancía: https://www.lavozdelsur.es/el-secreto-fetichismo-de-la-mercancia-karl-marx/. Silvia Rivera Cusicanqui (2014) Descolonizar la modernidad. ¿Es posible descolonizar y desmercantilizar la modernidade?: https://youtu.be/StifefsOGqQ)

 

Enviado por el autor.

Imagen aportada por el autor.

Coordinación Popular de Occidente invita a participar de la Gran Caravana Nacional de Relevos por la Justicia Social

Escrito en . Publicado en Comunidad, Coyuntura, Derechos.

Comunicado

Con una conferencia de prensa, la Coordinadora Popular de Occidente invitó a participar de la Gran Caravana Nacional de Relevos por la Justicia Social.

La Coordinación Popular de Occidente es un movimiento que ha venido rearticulando diferentes sectores sociales, populares, sindicales, comunitarios y estudiantiles universitarios con amplia incidencia y trayectoria en las diferentes luchas a nivel tanto local como nacional, con vasta experiencia en la organización popular.

Representados por organizaciones como el Movimiento Salud Sin Paredes, Asambleas Patrióticas Populares, Movimiento Patriótico por Costa Rica, Movimiento por la Defensa de la Reserva del Chayote, Zarcero por Justicia Tributaria y MUSADE; así como organizaciones sindicales: UNDECA, APSE, ANDE. Sin embargo, se sigue con la esperanza en que esta unión siga creciendo e incorporando a muchos más sectores y agrupaciones.

Nos convoca la necesidad de dar un mensaje contundente como Pueblo Soberano, a los otros Poderes de la República de este país. “Que seguimos en pie de lucha, y no permitiremos que nuestro país se siga destruyendo con medidas antipopulares, que mantienen a un sector importantísimo de habitantes en la miseria, con hambre, sin techo y sin trabajo”.

Nos estamos sumando a la Gran Caravana Nacional bajo la consigna “Costa Rica no se vende” para demostrar que hoy más que nunca estamos unidos y unidas en esta lucha patriótica, la cual busca ser un medio para acercarse a la gente que más está sufriendo la crisis en este país desde hace ya bastante rato: campesinos y campesinas, mujeres trabajadoras, y jefas de hogar, trabajadores informales, pequeños y medianos comerciantes, en fin, trabajadores y trabajadoras del sector privado y público.

Se busca romper con el cerco mediático que intenta engañarnos con la farsa de que en este país todas y todos estamos en el mismo barco y que por tanto debemos sacrificarnos en igual medida, lo cual es absolutamente falso. A la vez se quiere posicionar consignas de lucha que sirvan de contrapeso a lo que hasta ahora han venido proponiendo el gobierno, guiado por grupos económicamente poderosos, vinculados a la UCCAEP y el grupo Horizonte Positivo, que son los que se los beneficiados de evadir el pago de impuesto, lo mismo que recetarse grandes exoneraciones, mientras al Pueblo se le castiga con el Plan Fiscal, con el IVA a la canasta básica, la regla fiscal aplicada a la educación superior y prontamente a muchas otras instituciones de bien social. Busca también visualizar una Costa Rica unida frente al gran capital neoliberal y el patriarcado.

Además, el motivo en este nuevo proceso de Coordinación Popular de Occidente es “avanzar en la conformación de un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el Modelo Capitalista Neoliberal, tal como ha venido proponiendo Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, que coincide con el posicionamiento dado en Occidente”.

Por eso, se motiva a los ciudadanos de los diferentes cantones de: San Ramón, Palmares, Atenas, Naranjo, Sarchí y Grecia a sumarse a esta caravana, el día miércoles 9 de setiembre a las 10:30 am., en Santiaguito de San Ramon y recorrer junto las calles, manifestando la oposición a las políticas públicas, llevando carteles. Porque hoy más que nunca se necesita permanecer unidos en esta lucha, insistiendo en que los diferentes sectores de la sociedad deben darse la mano y proponer cambios, para avanzar decididamente en lograr el progreso del país.

Así que hay que ser enfáticos en señalar a los sectores que están participando, pero se debe seguir sumando, con sectores como los agricultores y agricultoras, lo pequeños y medianos comerciantes, las amas de casa, las jefas de hogar, las mujeres trabajadoras, la gente desempleada, la población que trabaja en la informalidad, la clase trabajadora del sector privado y el estudiantado. A cada uno de los cuales afectan las políticas de este gobierno y la de los anteriores, todos culpables de la crisis que vivimos hoy.

Se debe tener el deber cívico de defender nuestra Patria de los embates neoliberales, de los ataques de la clase económicamente poderosa, que quiere beneficiar aún más sus bolsillos a costa de la dignidad de la ciudadanía. Costa Rica merece una vida digna, con empleos y salarios justos, en total respeto de los derechos laborales, un país autónomo y libre de dependencias de organismos internacionales producto del alto endeudamiento, con una institucionalidad pública fortalecida: mejor salud pública, educación, acceso agua potable y electricidad, prestamos de desarrollo de banca estatal, que permitan a los ciudadanos honrados y trabajadores de este país salir adelante.

El pueblo merece mayor inversión en el agro y menor dependencia de los productos alimenticios provenientes de otros países, de esta forma tener soberanía alimentaria y producir lo que se come; con una reforma tributaria justa y progresiva. La crisis no la deben seguir pagando los sectores más vulnerables. Las grandes ganancias y riquezas deben ser gravadas con impuestos que sirvan como recursos frescos para solventar la crisis sanitaria y que aquellas personas que más lo necesitan puedan percibir un ingreso mensual que alcance para cubrir sus necesidades básicas.

También se exige justicia y seguridad para las mujeres en las calles y en sus hogares, con un sistema de justicia pronta y oportuna, en la aplicación de medidas de protección y juicios a los responsables de las agresiones y femicidios. Para dejar atrás las justificaciones actuales a la violencia, puesta como responsabilidad solo de las mujeres.

La crisis sanitaria del Covid 19, ha sido aprovechada para aprobar más leyes en contra los derechos del Pueblo, con el fin de continuar desmantelando el Estado Social de Derecho y promocionando la venta de sus instituciones.

Es por esto que, parte de nuestras consignas claves en este proceso de Coordinación Popular de Occidente y bajo las cuales esperamos poder seguir sumando y construyendo organización popular son las siguientes:

  1. Eliminar el impuesto de valor agregado de la canasta básica y ampliar los productos de la canasta básica e incorporar más alimentos saludables, que permitan a la sociedad en general tener acceso a una alimentación saludable, derecho humano fundamental.
  2. Eliminar el impuesto de valor agregado (IVA) de las medicinas.
  3. Eliminar el impuesto de valor agregado (IVA) a los insumos agrícolas y fortalecer la política pública para este sector, para el pequeño y mediano agricultor, que nos alimenta y contribuye a la reactivación económica.
  4. Gravar con un impuesto del 10% a las grandes riquezas y ganancias con el principal objetivo de solventar parte de la crisis económica que viven muchas familias producto de la crisis sanitaria.
  5. Eliminar las exoneraciones, exenciones y otros beneficios otorgados a empresas tanto nacionales como extranjeras y que no se ajustan a las necesidades fiscales de nuestro país.
  6. Eliminar las horrendas evasiones y elusiones de impuestos del gran capital.
  7. Fortalecer las instituciones públicas, legado de un estado Social de derecho que seguimos defendiendo, para lo cual deben desistir de su venta, tercerización o precarización. A la vez que exigimos el retiro inmediato de la Asamblea Legislativa de todos los proyectos de ley que pretender acabar o afectar las instituciones públicas.
  8. Eliminar la narco-economía y la narco-política de la esfera nacional.
  9. Aplicar justicia pronta a los responsables de actos de femicidio.
  10. 10. Trabajar en una gran campaña nacional de prevención y protección a la integridad de la vida de las mujeres.

En el siguiente enlace puede ver el video de la conferencia de prensa:

Recital: Palabras viajeras

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este lunes 21 y jueves 24 de septiembre a las 4 p.m., Recitales-Conversatorios Bilingües le invita a la presentación “Palabras Viajeras”, el cual se estará transmitiendo por Zoom.

Para más detalles ver la siguiente imagen.

Gracias Omar

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Se conmemora en esta fecha, el 43 aniversario de la firma de los Tratados TORRIJOS-CARTER, en Washington, Estados Unidos. Como han transcurrido los años, desde esta fecha histórica para el pueblo panameño, en especial para los que participamos en las luchas que Torrijos denominó del «alpinismo generacional», por lograr materializar el sueño de vivir en una patria libre, soberana, independiente y sobre todo DIGNA.

Por el paso de los años y en particular, como consecuencia de la vergonzosa omisión (intencional, además), de no enseñar a nuestros jóvenes de los colegios secundarios, el desarrollo de nuestras relaciones con Estados Unidos, con toda seguridad, gran parte de nuestra población, desconoce qué ocurrió hace 43 años, lo que ha determinado lo que hemos sido, a partir del 1 de enero del año 2000, fecha en la que Panamá, asumió la administración y control soberano de la vía interoceánica y vio flamear nuestra enseña patria en todo el territorio nacional, sin la presencia de las tropas de ocupación y su humillante «Comando Sur», en el centro de nuestro país, en la llamada «Zonal del Canal», de la que sólo nos separaba la cerca de ciclón y alambre de púas, que TORRIJOS denominó «la quinta frontera».

Muchos recordamos esta fecha, henchidos de fervor patrio, por ser el inicio de un proceso de descolonización en nuestro pequeño país, cuyo pueblo y su juventud, regó con su sangre generosa, en capítulos e hitos históricos, en 1925, 1947 y el 9 de enero de 1964, por lograr la recuperación y el disfrute de nuestro principal recurso natural (la posición geográfica privilegiada en Nuestra América y el canal marítimo aquí construido, por esa razón), así como la desaparición definitiva del enclave colonial, con intereses hegemónicos militares. Algunos, que sin duda, los hubo y los hay, no desearon esta fecha. Probablemente, aún desean los viejos tiempos de la colonia.

OMAR TORRIJOS, a su regreso al país, el 16 de diciembre de 1969, definió claramente, el inicio de un proceso transformador, revolucionario, en los aspectos sociales, económicos, culturales, diplomáticos, soberanos y políticos en nuestro país. En ese proceso, que él denominó de «liberación nacional», planteó con valor que los «Tratados tres en uno», negociados en el gobierno de Marco Robles, con Estados Unidos, después de los gloriosos hechos de enero del 64, no servían, siquiera, para el inicio de una discusión ó negociación con el gobierno norteamericano. Menos aún, con el método de los procesos revisionistas de 1936 y 1955, de la Convención Ístmica de 1903 (el Tratado Hay-Buneau Varilla), que él (TORRIJOS), denominó «el tratado que ningún panameño firmó», que estaban diseñados para que «Panamá cediera siempre» ante el coloso imperial, negociando bilateralmente. Era lo clásico, unas migajas o limosnas económicas, como regalías, que consolaban o contentaban a la oligarquía criolla vendepatria.

TORRIJOS, planteó un cambio fundamental. Panamá, debía conseguir el apoyo solidario de los pueblos del mundo, para que hicieran suyos y defendieran la justa causa (no la de la sanguinaria invasión de 1989), de lograr concluir la presencia a perpetuidad del enclave colonial, inclusive, su presencia militar y en particular, el control del canal. Comprendiendo, «que el pez grande se come al chico», aplicando la ley del garrote ó de la zanahoria, siguiendo las orientaciones del Mariscal Josef Brozz Tito, del dr. Fidel Castro Ruz y otros líderes tercermundistas, nos incorporamos al Movimiento de Países No Alineados, logrando el apoyo de gran parte del mundo, para demandar la negociación de un tratado justo y digno para el pueblo panameño, siguiendo el espíritu y motivación de los mártires de enero del 64, de vivir en un pueblo SOBERANO, EN UN SOLO TERRITORIO, CON UNA SOLA BANDERA.

TORRIJOS, supo incorporar en esta lucha por lograr un nuevo tratado, a hombres de extraordinaria valía moral y política, entre otros, a Olof Palme, presidente de la Internacional Socialista, a Felipe González, a François Mitterrand, a Carlos Andrés Pérez, José Francisco Peña Gómez, Adolfo López Michelsen, John Wayne (amigo de Gabriel Lewis Galindo, quién lo convenció en ese apoyo), Michael Manley, Daniel Oduber, Gabriel García Márquez, Graham Green, Velazco Alvarado. Miguel de la Flor Valle, José López Portillo y muchos otros líderes de América latina y el mundo, que presionaron a Estados Unidos, para que aceptara negociar con nuestro país un nuevo tratado.

Hay que reconocer la coyuntura, históricamente única y favorable, de encontrarse al mando de la presidencia de Estados Unidos, un hombre justo y de principios éticos y morales, como Jimmy Carter, quien desafiando a las fuerzas más retrógradas del establishment de su país, convino en negociar los nuevos Tratados con Panamá, pese a las acusaciones de ‘traición», que le endilgaron y que le costó la reelección en el cargo, así como también, la de la gran mayoría de los senadores que aprobaron, por sólo dos votos por encima de las dos terceras partes, necesaria en el Senado de ese país para convertirse en un instrumento internacional válido, con efectos vinculantes. Hamilton Jordan, principal asesor político de Carter, y este mismo, reconocieron en sus memorias, que la negociación de los Tratados TORRIJOS- CARTER, fue la más difícil de las situaciones que debió enfrentar su administración, inclusive, por encima, de la crisis de los rehenes en Irán, en temas de política exterior.

Los Tratados TORRIJOS- CARTER, fueron sometidos a su aprobación o rechazo en un plebiscito popular en nuestro país. Los sectores más comprometidos con la presencia norteamericana en Panamá y que fueron históricamente obsecuentes a sus mandatos, imposiciones y amenazas, votaron por su rechazo. Inclusive, algunos sectores estudiantiles, identificados con la izquierda, aunque, por motivos diferentes que la primera, votaron en contra de la aprobación. Estos alegaban que esperar 23 años, del 1 de octubre de 1979, que empezaron a regir los Tratados, al 31de diciembre de 1999, era mucho tiempo, para ser dueños del canal. TORRIJOS, les contestó qué son 23 años, frente a la perpetuidad. Otros plantearon, que los Tratados, reconocían la legalidad de las bases militares extranjeras en el territorio nacional, pero quienes por años lucraron en sus beneficios comerciales y empresariales, nunca demandaron la ilegalidad de tales bases en el territorio nacional y, por cierto, muchos han obtenido más ganancia con el canal y las áreas adyacentes, en manos panameñas, que antes.

En esta fecha histórica, los panameños, a la vez de demostrar nuestro respeto y admiración por el l general Torrijos, por su valor, sus principios inclaudicables en no ceder ante los chantajes y amenazas de los sectores guerreristas y hegemónicos de Estados Unidos, que lo acusaron de comunista por su apoyo a las luchas de liberación de muchos pueblos en el mundo, en la época de la llamada «guerra fría», su amistad y reconocimiento por Cuba y el Dr. Fidel Castro Ruz, tenemos que reconocer la capacidad intelectual y política de Juan Antonio Tack, Rómulo Escobar Betancourt, Adolfo Ahumada, Edwin Fábrega, Carlos López Guevara, Jorge Enrique Illueca Sibauste, Aquilino Boyd, Fernando Manfredo, Gabriel Lewis Galindo, el ingeniero Stagg, Arístides Royo Sánchez, Miguel Moreno, Nicolás Ardito Barleta y muchos otros ilustres patriotas, inclusive, mujeres, que fungieron como asesores y ó negociadores de los Tratados TORRIJOS- CARTER, que aún, algunos egoístas de nuestro país, prefieren llamar los Tratados del Canal de Panamá, para no mencionar el nombre de OMAR TORRIJOS. Quienes así actúan, quedarán relegados al basurero de la historia, por su insignificancia y cobardía, no sólo intelectual, sino también por su enanismo moral, ético y humano.

Los Tratados TORRIJOS- CARTER, como lo dijo el general TORRIJOS, al firmarlos en Washington, el 7de septiembre, hace 43 años, no son los mejores tratados, ni los que todos los panameños, hubiésemos querido tener, pero son los Tratados posibles. A las futuras generaciones, les corresponde, luchar por lograr unos mejores.

Esa es una tarea pendiente. Así como hay que luchar, por lograr que en verdad, los beneficios que se derivan de un canal panameño, tengan el mayor uso colectivo posible, como lo planteó el propio general TORRIJOS, nuestro pueblo, tiene que continuar luchando, para no seguir bajo el paraguas defensivo del Pentágono de Estados Unidos, según sus propias palabras y continuar reafirmando, nuestro compromiso de ser un pueblo DIGNO, LIBRE Y SOBERANO.

Por cierto, a pesar de que el general TORRIJOS dijo que él no quería entrar a la historia, si no al Canal, este conductor valeroso, digno y de principios, entró a LA HISTORIA Y ENTRÓ AL CANAL.

7 de septiembre de 2020
La Habana, Cuba
Reynaldo E. Rivera E.
Embajador de Panamá

Más allá del cuento de la abuelita… una oportunidad para la transparencia fiscal – Carta pública a #FIFCO

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Gerardo Hernández Naranjo

Señora
Ana Guissella Sánchez Maroto
Directora de Relaciones Corporativas, FIFCO

Espero que se encuentre muy bien, en lo personal y laboral, en medio de las difíciles circunstancias que vivimos en nuestro país y en el mundo.

Me dirijo a usted como vocera del grupo empresarial FIFCO, para referirme nuevamente al contenido del video “El que nada debe nada teme” (https://youtu.be/5hz-ZhIMIJA) en que usted presenta algunos datos sobre impuestos de la Compañía, sobre la situación del empleo en Costa Rica y da opiniones sobre las empresas privadas de nuestro país, todo como una respuesta a dos video publicados por un medio de la UCR, basados en un estudio en curso del IIS.

Como ciudadano interesado en los asuntos fiscales y en ejercicio de los derechos que me asisten, como a toda persona costarricense, hice tres publicaciones en mi perfil de Facebook titulas “Los embustes de FIFCO” las cuales fueron también publicadas en SURCOS Digital (https://surcosdigital.com/los-embustes-de-fifco/, https://surcosdigital.com/los-embustes-de-fifco-segunda-entrega/, https://surcosdigital.com/los-embustes-de-fifco-tercera-entrega-y-ultima-por-ahora/). En ellas presenté una lectura crítica y argumentada de aspectos que usted y don Adrián Torrealba plantean en su video. Todo lo hice a título absolutamente personal, sin pretender representar a terceras personas ni a organización o institución alguna, mucho menos aquella en la que trabajo.

La verdad no esperaba una respuesta de su parte, pero llegó una a mi cuenta de correo institucional, señalando el puesto de trabajo que ocupo, con copia a mi máximo superior jerárquico y sugiriendo que he faltado a lo que se esperara de un docente e investigador de la Universidad en la que trabajo y de la que usted indica ser graduada.

Al respecto, me permito indicarle que todo lo referente a mi trabajo está sujeto a los controles, evaluaciones y sistemas de rendición de cuentas de la institución pública en la que laboro. Si sobre eso tuviera usted alguna duda o consulta, con todo gusto podré también responderle.

Pero centrémonos en el tema que nos ha puesto en comunicación: su video “El que nada debe nada tema” y mis notas “Los Embustes de FIFCO”, a las que usted se refiere a su carta de la siguiente manera (el subrayado es mío): “En general, las empresas no respondemos a los ataques que provienen de algunos actores de la política nacional, y más aún cuando se trata de afirmaciones que podrían entenderse como difamatorias como las notas suscritas por su persona”.

Usted no reconoce ninguna de mis críticas y dudas, descalifica mis notas como “ataques” y “difamaciones” pero no da argumentos o pruebas de ello. Por eso, me permito solicitarle que precise porqué las considera difamatorias.

Coincido totalmente con usted en la necesidad de “un debate serio y sobre información cierta, veraz y comprobable”. Igualmente en que “Estamos viviendo una coyuntura como nunca antes la hemos vivido. Hoy más que nunca, necesitamos un país unido, donde se invite a un diálogo constructivo, que tenga como único fin, encontrar las soluciones necesarias que nos permitan salir adelante como país, con la menor afectación posible”.

Precisamente por eso, la invito a que participemos juntos en la construcción de una cultura de responsabilidad y transparencia fiscal respondiendo a nombre de FIFCO, de manera precisa, honesta y clara a las siguientes preguntas:

  1. ¿Es cierto o es mentira que llamando a la central telefónica del Ministerio de Hacienda (2284-5000), como usted dice en su video, cualquier costarricense puede verificar los montos sobre pago de impuestos de las empresas de FIFCO?
  2. ¿Es cierto o es mentira que cualquier persona puede revisar las declaraciones de impuesto sobre la renta de las empresas de FIFCO, como si fueran públicas? Si es cierto, ¿dónde y cómo podrían hacerlo al momento en que publicaron su video?
  3. ¿Es cierto o es mentira que únicamente el representante legal de cada empresa (o en su caso, de FIFCO como Holding) puede solicitar información tributaria de esas empresas, como por ejemplo una certificación del pago de impuestos al Ministerio de Hacienda?
  4. ¿Es cierto o es mentira que las declaraciones de impuesto sobre la renta de cada una de las empresas subsidiarias, por un lado; y los estados financieros consolidados del conjunto de ellas que se agrupan en el Holding (la abuelita de su video), por otro; son dos documentos diferentes y no equivalentes para conocer el pago de impuestos por parte de empresas de FIFCO específicamente en Costa Rica?
  5. ¿Es cierto o es mentira que los estados financieros consolidados (disponibles en la página web de FIFCO) contienen datos del conjunto de empresas subsidiarias del Holding que operan tanto en Costa Rica como en otros países?
  6. Los montos de pago de impuesto sobre la renta que aparecen en esos estados financieros consolidados del período 2008-2018 ¿son los montos específicamente pagados en Costa Rica o incluyen el pago de dicho impuesto en otros países como Guatemala, El Salvador y Estados Unidos?
  7. Si incluyeran datos de otros países ¿cuál es entonces y específicamente el monto de impuesto sobre la renta pagado EN COSTA RICA al Ministerio de Hacienda, por las empresas de FIFCO durante el período 2008-2018? ¿Cómo y dónde podríamos haberlo verificado las y los costarricenses al momento de publicar su video? ¿Podrían publicar una certificación del Ministerio de Hacienda, indicando el monto pagado cada año por cada una de las empresas del FIFCO?
  8. Los montos sobre otros impuestos distintos al de renta (Ej. IVA) que aparecen en los estados financieros consolidados del período 2008-2018 ¿son específicamente los recaudados en Costa Rica o incluyen también los de otros países donde operan empresas subsidiarias de FIFCO?
  9. ¿Es cierto o es mentira que hay una diferencia entre pagar y recaudar impuestos? Específicamente entre impuestos directos como el de la renta, que efectivamente deben pagar las empresas por las utilidades alcanzadas y otros impuestos como el del Ventas (ahora IVA) que son pagados por las y los consumidores finales, fungiendo las empresas solo como recaudadoras.
  10. ¿Cuál es entonces la diferencia en el caso de FIFCO y para el período 2008-2018, entre los montos de impuestos específicamente pagados “de su bolsillo” por decirlo de esa manera y los montos de otros impuestos recaudados (retenidos) por sus empresas y trasladados al Ministerio de Hacienda?
  11. ¿Por qué no hicieron la diferencia en el video que publicaron? ¿Por qué hablan de todos los impuestos como “pagados” por FIFCO sin distinguir aquellos que pagamos las y los consumidores?
  12. ¿Es verdad o es mentira que algunas empresas de FIFCO ha declarado 0 utilidades y por lo tanto, no han pagado impuesto sobre la renta durante el período 2008-2018? Si es verdad, ¿cuáles ha sido, por cuántos años de ese período y cuál es la explicación de esa situación? Y si es verdad ¿por qué dicen en su video que todas las empresas de FIFCO tributan en renta con la tarifa del 30%?
  13. ¿Es verdad o es mentira que algunas empresas de FIFCO se acogieron a la amnistía tributaria establecida en la ley n° 9.635? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los montos pagados y por lo tanto reconocidos como deudas con el fisco por esas empresas? ¿Cuáles fueron los montos que dejaron de pagar por intereses y sanciones al acogerse a la amnistía?
  14. ¿Cuáles son las fuentes de los datos sobre empleo en Costa Rica que presentaron en su video? ¿Cuál es su fundamento técnico y rigor científico? ¿Es preciso o impreciso decir que 9 de cada 10 costarricense que trabajan lo hacen en el sector privado, en el actual contexto de crisis sanitaria, social, económica y de empleo?
  15. ¿Es verdad o es mentira decir, como lo hacen en su video, que las empresas privadas de Costa Rica cuidan a 9 de cada 10 familias del país? ¿Cuál es el fundamento técnico y el rigor científico de dicha afirmación?
  16. Dichosamente no son situaciones generalizadas en el mundo de las empresas privadas. Pero ¿considera usted que las y los costarricenses debemos sentir orgullo de casos donde hay explotación laboral, incumplimiento de derechos laborales, daño ambiental, incumplimiento tributario, contrabando, corrupción, persecución sindical y otras prácticas que distan mucho de una empresa modelo?

Espero, doña Gissella, que respondan públicamente a esas sencillas preguntas para disipar, aunque sea un poco, la opacidad que históricamente ha caracterizado el tema tributario en nuestro país. Creo que es muy necesario pues se trata de un tema complejo, para el que no basta su video de 8 minutos ni mis tres notas sobre el tema.

Para terminar y en cuanto a su señalamiento de que no hice referencia en mis notas a los videos producidos por la ODI y publicados en el programa “Desde la U”, debo decirle que no es cierto que no me refiriera a dichos videos, aunque ciertamente no fueron el centro de mi análisis.

Me parece que es competencia de la ODI, de ese medio, de la persona periodista que los elaboró, de los investigadores entrevistados, dar las explicaciones de caso, como ya lo han hecho estos últimos. Yo desconozco los detalles teórico-metodológicos de sus investigaciones y de la producción de los videos, aunque evidentemente hay algunas imprecisiones, reconocidas en mis notas, como el no diferenciar entre el capital personas accionistas, el de la empresa como un todo o el de quien tenga la representación legal.

Al mismo tiempo, reconozco el gran interés y pertinencia de que se investigue sobre la acumulación de riqueza, la desigualdad social, la pobreza y sobre sus vínculos con la política y la cultura tributaria en nuestro país y en el mundo. Y que justamente por la opacidad que circunda el campo tributario y de las grandes riquezas, resulta muy difícil acceder a fuentes primarias de información, pues la mayoría de empresas e instituciones mantienen como confidenciales sus datos tributarios. Por ejemplo, ¿no le parece a usted relevante que las y los costarricenses sepamos porqué empresas nacionales tienen subsidiarias en lugares reconocidos como paraísos fiscales?

En fin, en toda investigación o publicación en medios pueden cometerse errores, nadie es infalible y tampoco yo pretende serlo. Lo importante es que se evidencien, se discutan y se corrijan. Pero retomando nuestro hilo y como lo dije en la primera de mis notas, dos errores no hacen un acierto. Y su video, doña Guissella, desde mi punto de vista tiene graves errores y afirmaciones que inducen a error a la ciudadanía. Por eso los he señalado en mis notas y espero que con las preguntas que ahora le planteo logremos avanzar hacia un “un debate serio y sobre información cierta, veraz y comprobable” como lo dice usted en su carta.

Quedo atento a sus respuestas,
Saludos cordiales
Gerardo Hernández Naranjo

Atisbo de la realidad post Covid-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Hernán Alvarado

            Resulta paradójico el intento de descifrar una «nueva normalidad» que no es nueva ni normal. ¿Y cuál era la vieja normalidad? ¿Se trata de una palabreja más que pretende decir mucho y no dice nada? ¿Disimula acaso que la realidad de los más ricos nada tiene que ver con la de los más pobres? ¿Cambiará eso? Claro que no. En ese sentido, la «normalidad» anterior al Covid-19, a juzgar por la mayoría, refiere a una sociedad anómala, cada vez más inequitativa, injusta e insostenible.[1] En realidad, no se sabe en qué consiste la «nueva» normalidad, ni siquiera está claro cuándo terminará esta primera pandemia global. Aún así conviene buscar un hilo de luz utópica entre sus distópicas y despóticas posibilidades.

El rostro recortado

            La mascarilla, el escudo facial, el pañuelo o la bufanda, cubren el rostro de cada vez más personas en la calle, como ya se estaba volviendo hábito en los países del sudeste asiático. Agréguese anteojos oscuros y un sombrero para obtener un disfraz parapandémico. Parecen implementos necesarios, aunque no sea seguro cuánto contribuyen a mitigar el contagio, pues suponen buenas prácticas que son poco conocidas. No obstante, la máscara se está convirtiendo en símbolo de «responsabilidad individual», sobre todo para una política pública fallida que pretende lavarse las manos.

            Esa desaparición progresiva del rostro, siguiendo una intuición de Emmanuel Levinas (1906-1995) podría significar también el debilitamiento de la resistencia. Con su rostro tapado el otro obedece, arrebatándole su atuendo a los anarquistas, para quienes representaba rebeldía. El otro es ahora un peligro invisible e impredecible y sirve de pretexto para que los algoritmos y los modelos probabilísticos tomen la escena dictando los cursos de acción, como antes ya lo hacían las aplicaciones georeferenciadas. Hay que ver, por ejemplo, cómo tratan hoy las aerolíneas a sus clientes a través de los dispositivos móviles; cuidando su quebrantada rentabilidad, atrasan sus vuelos, cambian itinerarios y paradas a última hora, no devuelven el dinero de viajes truncados y no aceptan aplicarlos a otros. ¿Y el usuario? Bien, gracias, enmascarado y calladito sigue instrucciones en fila, a dos metros de distancia.

Un rostro en la arena

            Eso calza con la borradura del sujeto, tan propio de la post modernidad. Adiós al actor social, suplantado en adelante por un agente anónimo, sin arraigo ni historia, accesorio de la máquina y esclavo del sistema. Su narrativa errática e incoherente oscila entre el individualismo rapaz y la anomia, rayanas ambas en lo absurdo, a penas compensado por un consumismo voraz que amenaza la vida de la Madre Tierra. Michel Foucault (1926-1984) había intuido, muchos años atrás, que algo extraño podía suceder, puesto que ya había sucedido antes:

El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin. Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si, por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo, a fines del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena.[2]

Una hipótesis radical

            El recorte del rostro propio y ajeno, su desvanecimiento masivo en el espacio urbano, tendrá impactos negativos sobre la subjetividad.[3] El otro se puede ir volviendo cada vez más abstracto, mirado de reojo por quien lo desconoce y le considera portador de la peste. El odio que destilan las redes sociales también indica ese vaciamiento de la humanidad del otro, al que se juzga in absentia, antojadizamente. ¿Será la venganza del «hombre masa» denunciado antaño por José Ortega y Gasset (1983-1955)?

            Estamos ante el triunfo del hemisferio izquierdo del cerebro cuya hegemonía progresiva, propiciada por la modernidad, podría ser la fuente, según MacGilchrits, del incremento de enfermedades mentales como esquizofrenia y autismo.[4] Las habilidades sociales dependen más bien de las facultades propias del hemisferio derecho. La comunicación, por ejemplo, depende mucho más de gesto y tono que de los mismos significantes que, no obstante, los transforma en signos. Aprendemos a ser humanos mirando el rostro de los cuidadores, verificamos los significados observando sus expresiones faciales. Basta notar que la risa es el feedback del sentido, tal como lo evidencian las bromas. Pero en pandemia la sonrisa queda confinada y, concomitantemente, el malhumor aflora y la violencia abunda.

            La «nueva normalidad» implica una comunicación reducida a significantes, con un impacto negativo sobre empatía y confianza, pues las máscaras nos aproximan más al robot que al animal, al programa más que al espíritu. Una comunicación empobrecida solo puede ser heraldo de una humanidad más pobre, en medio de su abundancia material. Peor aún, tras la mascarilla cuesta más hacerse oír y hacerse entender. Por lo demás, se le aconseja limitar su parloteo. Por ese camino, la persona quedará reducida al personaje abstracto del mercado, a vendedor o comprador, obsesionado con el cálculo de utilidades y atado al «lenguaje de las mercancías».[5] Puesto que el autoservicio tenderá a imponerse, ya no podrá hablar ni con los cajeros que también están siendo sustituidos por máquinas. De por sí que, como McGilchrits observa, el lenguaje sirve más para controlar que para comunicar.

De lo presencial a lo virtual

            El gran cambio que empuja la pandemia, consecuencia del enfoque que la OMS le ha imprimido, consiste en partir la realidad en dos. Esta resulta ser ahora bimodal, es decir, virtual y presencial. El mismo Coronavirus es más virtual que presencial, aunque sus efectos mortíferos sean tan reales como miles de cadáveres incinerados. Hasta hace poco la virtualidad era opcional y buena parte de la ciudadanía seguía ajena a las computadoras. En cambio, el uso de Internet durante esta crisis sanitaria ha aumentado, en promedio, alrededor de un 35%. El face to face disminuye mientras el screen to screen aumenta aceleradamente, cambio enorme que parece insignificante -nada más promisorio para una innovación.

            El teletrabajo y el teleaprendizaje enfrentaban prejuicios hasta en altas esferas académicas. Se había avanzado lentamente con reglamentos y protocolos.[6] Ahora se han convertido en modalidades indispensables por lo que medio mundo ha corrido a ponerse al día. En correspondencia, la brecha digital también ha quedado evidenciada y requiere ser cerrada cuanto antes. La «normalidad» que viene emergiendo implica, entonces, una digitalización y bancarización universales, escenario que iba a tardar mucho más.

            Una realidad virtual generalizada lo cambia todo. El capitalismo se volverá cada vez más automático, también más explotador, puesto que la computadora absorbe más tiempo que nada. A la vez será más volátil, más explosivo. Se puede vaticinar que sus crisis sistémicas serán cada vez más agudas y devastadoras. El teletrabajo aísla más o menos a la fuerza de trabajo, como la máscara al virus; así que puede aumentar su flexibilización y atomización.

            Sin embargo, también aumenta la conectividad virtual entre las personas, ya que el problema no está en el instrumento sino en el modo de usarlo. Esa tecnología también abre la posibilidad de un trabajo más colaborativo, más crítico y creativo, al conectar un cerebro con otros. Lo importante será aceptar que ella implica cambiar la estructura y dinámica de la organización, la tribu y el grupo, pues la cuestión seguirá siendo política: ¿cómo usar esta tecnología en red, para qué y al servicio de quién?[7]¿Servirá a la democracia cognitiva o a la manipulación mediática?

Entre el espanto y la ternura

            El manejo de la pandemia la ha convertido, como toda crisis, en un acelerador del cambio. ¿Cuál cambio? Quienes promueven la nueva normalidad celebran el retorno a lo mismo con gente más desconfiada, sometida e inmovilizada. Al decir de Franz Hinkelammert: «Cuando hoy se produce el infierno para la mayoría de la humanidad, hay otros que creen vivir en el cielo.» Sin embargo, al final todo dependerá de una conciencia social que escuche o no el llamado de supervivencia; el mandato de la vida que desemboca en el grito del sujeto. Premonitoriamente Hinkelammert alertaba sobre eso:

Se dice que en la Edad Media, y precisamente en el siglo XIV – después del estallido de la gran peste-, hubo fiestas en las cuales se bailaba hasta que el último estuviera arrasado por la muerte. Toda nuestra sociedad está bailando este baile. Hace falta interrumpirlo por lo menos un momento, para reflexionar, y ver si no es mejor enfrentar la peste para detenerla, en vez de seguir con este baile de muerte.[8]

            El avance tecnológico debe usarse para las mejores causas, más allá del enriquecimiento insaciable del 1% de la población. Pero, esa tecnología también puede ser fría y alienante, así que habrá que seguir defendiendo después cada abrazo, tanto como nuestro indispensable lazo con la trama de la vida.[9] De cierto modo, la humanidad seguirá viviendo, de aquí en adelante, al filo del abismo, «entre el espanto y la ternura».[10]

[1] El capitalismo salvaje deviene capitalismo suicida, será cuestión de tiempo, pues un crecimiento infinito en un planeta finito es sencillamente imposible, como insistía José Luis Sampedro (1917-2013).

[2] Foucault, M (1968) Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias sociales. Buenos Aires: Siglo XXI, p. 375.

[3] El concepto de «normalidad» ha sido cuestionado por casi toda psicología. En realidad, no soporta ni la primera pregunta: ¿qué diablos significa ser normal?

[4] MacGilchrist, I (2009) The Master and his Emissary. The divided brain and the making of the Western World. New expanded edition. New Haven and London: Yale University Press, chapter 12. Kindle, Loc 10255.

[5] Mencionado por Karl Marx (1818-1883) para aludir a la realidad fetichista del intercambio. Marx, K.(1980) El Capital. Crítica de la Economía Política. T I, V 1. México: Siglo XXI. 9ª, p. 63.

[6] En el 2019 se aprobó la Ley 9738 que regula el teletrabajo en Costa Rica, cuando ya lo hacían bajo esa modalidad unas 12,000 personas.

[7] No se consideran aquí los impactos sobre las comunidades rurales, donde todo lo dicho debe ser repensado pues posiblemente serán de los últimos bastiones de la resistencia contra la robotización del ser humano, amén de que garantizan la producción de alimentos y otros servicios ecosistémicos. Sobre sus realidades viene reflexionando para Surcos, entre otros, German Masís.

[8] Hinkelammert, F.J. (1998) El grito del sujeto. Del teatro-mundo del Evangelio de Juan al perro-mundo de la Globalización. San José: Editorial DEI, p.8.

[9] Hay una vislumbre esperanzadora en ElPaís.cr, del 3 de septiembre del 2020: Rafael Arias, «Bioeconomía: eje de la transformación productiva con equidad social y sostenibilidad ambiental».

[10] Según el dilema que plantea una canción de Silvio Rodríguez.

Imagen: Guayasamín y el abrazo

Invitación a presentación de los libros “Puerto de Arenas” y «Leningrad» del autor Adriano de San Martín

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

La Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas le invita a la presentación de los libros “Puerto de Arenas” y «Leningrad» del autor Adriano de San Martín.

En la actividad participarán como presentadores Macarena Barahona Riera y Nuria Rodríguez, y Habib Succar como moderador.

La presentación será el viernes 18 de setiembre a las 4:00 p.m. por Zoom

Unirse a la reunión por Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84788656119?pwd=aHQ0MWdwTkhydjViSzhSWXNzQS9oUT09
ID de reunión: 847 8865 6119
Código de acceso: Adriano

Sanciones de EEUU contra la CPI: reacción de la CPI y reflexiones sobre las verdaderas motivaciones que oficialmente se omiten

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Este 2 de setiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) denunció y rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos el mismo día contra dos de sus funcionarios, uno de ellos siendo la misma Fiscal de la CPI. Una reacción inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional, y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.

Por su parte, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, llamó de inmediato a todos los integrantes de la comunidad internacional a rechazar enérgicamente estas sanciones unilaterales, al tiempo que anunció la convocatoria de una reunión urgente de los Estados Partes al Estatuto de Roma (veáse texto completo de su carta – versión en español – difundida desde el sitio oficial de la CPI).

La reacción de la CPI en breve

En su comunicado de prensa (véase texto completo de las versiones en inglés y en francés reproducidas al final de esta nota), la CPI indica que:

«These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.

The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute«.

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«Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.

La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.»

Como se puede apreciar, el rechazo a estas sanciones es vehemente y contundente. No pareciera que la CPI se sienta en lo más mínimo impresionada por estas nuevas decisiones unilaterales ordenadas por Estados Unidos, cuyos anuncios previos fueron condenados por la mayor parte de los Estados que integran la comunidad internacional desde varios meses, con una notable excepción: Israel.

En efecto, Israel fue el único Estado en celebrar de manera entusiasta y en felicitar oficialmente a Estados Unidos en junio pasado por estas sanciones: véase nota de The Times of Israel del 11/06/2020 titulada «Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against «corrupt» ICC«.

Las sanciones de Estados Unidos y su verdadera motivación

Las sanciones fueron anunciadas este mismo 2 de setiembre desde Washington por el Secretario de Estado en persona, señalando que (véase texto oficial del comunicado de prensa):

«Today we take the next step, because the ICC continues to target Americans, sadly. Pursuant to Executive Order 13928, the United States will designate ICC Prosecutor Fatou Bensouda, and the ICC’s Head of Jurisdiction, Complementary, and Cooperation Division Phakiso Mochochoko for having materially assisted Prosecutor Bensouda. Individuals and entities that continue to materially support those individuals risk exposure to sanctions as well. Additionally, the State Department has restricted the issuance of visas for certain individuals involved in the ICC’s efforts to investigate U.S. personnel «.

Véase también esta nota de prensa con video incluido que refiere en el comentario a las investigaciones en curso de la CPI por hechos ocurridos en Afganistán que involucrarían a personal militar norteamericano. Una mención a Afganistán que encontramos también esta nota de prensa de la BBC y en muchos otros cables noticiosos.

Un comentador curioso se percataría, al revisar con un simple click el expediente sobre la investigación en Afganistán de la CPI (véase enlace oficial  ), que no hay nada nuevo desde el 5 de marzo del 2020 para explicar las repetidas gesticulaciones iracundas del aparato estatal norteamericano contra la CPI de estos últimos tiempos. Por lo que las justificaciones oficiales dadas (y replicadas por algunos analistas) no son muy convincentes si las limitamos a la investigación relacionada a Afganistán que realiza la CPI.

La inminente decisión de la CPI sobre Palestina

En una nota nuestra anterior del mes de junio del 2020, habíamos tenido la oportunidad de sugerir que la situación en Palestina y las exacciones cometidas por Israel en territorios ocupados palestinos no son para nada ajenas a estas sanciones proferidas por Estados Unidos contra la CPI, precisando que:

«La línea de tiempo no se adecúa a la explicación dada en algunos medios de prensa /…/ que ponen – casi al unísono – el accento en las investigaciones de la CPI relacionadas a Afganistán para justificar esta reciente reacción norteamericana«

(véase nuestra breve nota nuestra titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»).

Cabe precisar que el texto oficial de las sanciones enunciadas el pasado 11 de junio por Estados Unidos contra la CPI se encuentra disponible en este enlace oficial de la Casa Blanca: su lectura (y relectura) evidencia el esfuerzo hecho para no referirse expresamente a Israel en su fundamentación oficial. Es esta misma omisión la que sí se detectó por parte de un observador más acucioso que sus colegas en Israel, en este artículo de Haaretz de junio del 2020 titulado » US decision to sanction International Crime Court was coordinated with Israel, souce says«, al leerse que:

«Israel was not mentioned in Trump’s executive order, but it was mentioned in a White House press statement that explained the decision«.

En un muy completo artículo publicado este 1ero de setiembre del 2020 en Estados Unidos en el sitio de JustSecurity, titulado «The Int´l Criminal Court Executive Order: Global Reactions Compiled» (y cuya lectura completa se recomienda), una académica mucho mejor informada que algunos analistas es enfática, al señalar que:

«… the OTP’s investigation into events in the Palestinian territories may actually be the real driving force behind the United States’ virulent response. Paul R. Pillar, a former intelligence officer, demonstrated that Israel “pushed America” to sanction the Court and to coordinate these with Israel. Indeed, some have noted that the risk to Israeli officials is much greater (witness the leaked list of potential defendants drawn up by the Israeli government)«.

Nótese que estas sanciones contra la CPI anunciadas este 2 de setiembre fueron anunciadas por el jefe de la diplomacia norteamericana, unos días después de finalizada su gira personal en la que no logró obtener ninguna normalización con Israel por parte de otro Estado de la península árabe: remitímos a nuestros estimables lectores a una nota anterior sobre el supuesto carácter «histórico» del anuncio hecho por Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel el pasado 13 de agosto (véase breve nota nuestra titulada: «Foro sobre Palestina y sobre supuesto «acuerdo histórico» de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel»).

Foto extraída de nota de prensa de The Times of Israel, titulada «US places sanctions on International Criminal Court Prosecutor Bensouda», edición del 2/09/2020.

A modo de conclusión

No es la primera vez que la actual administración norteamericana se destaca por su hostilidad hacia organizaciones internacionales adscritas a Naciones Unidas, y es posible que la actual contienda electoral norteamericana explique (en parte) esta nueva arremetida, esta vez contra la máxima instancia universal en materia de justicia penal internacional.

Al respecto, cabe señalar otro gesto político hacia Israel (escasamente analizado en la prensa) acaecido hace pocas semanas por parte de la actual administración norteamericana: de manera insólita para muchos norteamericanos, y por vez primera en la historia de los Estados Unidos, un Secretario de Estado en ejercicio participó personalmente en una Convención del Partido Republicano. No lo hizo desde su oficina, sino que lo hizo desde Jerusalén.

El pasado 18 de julio en una nota relacionada a la pausa estival de los funcionarios de la CPI en La Haya, se pudo leer en este artículo del Jerusalem Post titulado «ICC breaks without jurisdiction ruling on Israeli war crimes cases«, que para la Fiscal de la CPI, no hay duda alguna sobre la maniobra conjunta y planificada de Estados Unidos e Israel:

“It is no secret that the administrations in the US and the state of Israel are coordinating their reactions and their policies toward the court,” Bensouda said.«

Es muy probable que esta misma percepción sea también compartida por el personal de la CPI y por varios de los jueces de la CPI.

Con relación a estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación) relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la Fiscal de la CPI.

La reserva observada por parte del aparato diplomático israelí – usualmente muy expresivo – desde el 2 de setiembre pasado con relación a estas sanciones norteamericanas pareciera obedecer a este temor.

El texto completo del comunicado de prensa en inglés y en francés es reproducido a continuación de manera integral.

International Criminal Court condemns US economic sanctions

The International Criminal Court («ICC» or «Court») condemns the economic sanctions imposed by the US earlier today on the Court’s Prosecutor and a member of her Office.

The new measures, announced pursuant to the US Executive Order 13928 dated 11 June 2020, are another attempt to interfere with the Court’s judicial and prosecutorial independence and crucial work to address grave crimes of concern to the international community as mandated under the ICC Rome Statute.

These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.

The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute.

La Cour pénale internationale condamne les sanctions économiques des États-Unis

La Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») condamne les sanctions économiques imposées plus tôt dans la journée par les États-Unis à l’encontre du Procureur de la Cour et d’un membre de son Bureau.

Les nouvelles mesures, annoncées conformément au décret exécutif des États-Unis 13928 du 11 juin 2020, constituent une nouvelle tentative d’interférer avec l’indépendance de la justice et des poursuites de la Cour et son travail crucial pour lutter contre les crimes graves qui touchent la communauté internationale, conformément au Statut de Rome de la CPI.

Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.

La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Enviado por el autor.

Crónica de una inconstitucionalidad anunciada: el proyecto de ley 21345 y los topes a jubilaciones de los regímenes especiales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge D. García, Ph.D.

La ofensiva más reciente en contra de las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional, incluidas las del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), inició en el año 2014, con la directriz 012 MTSS 2014, emitida por el entonces Ministro de Trabajo, Víctor Morales, que ordenaba hacer efectivo el articulado de la ley 7858 (del 28/12/98); se imponía un tope a las jubilaciones en curso de pago equivalente a diez veces el salario base más bajo de la Administración Pública.

Dicha ley 7858 representa una amarga ironía para los jubilados. Si las jubilaciones de los regímenes especiales debieron cargarse al Presupuesto Nacional, fue en razón de que el Estado, de manera dolosa e irresponsable, se apropió indebidamente de las cotizaciones de los funcionarios, adscritos por obligación al correspondiente régimen, y las desvió a gasto ordinario. Tampoco contribuyó ni como patrono ni como Estado a dichos regímenes, en flagrante violación del artículo 73 constitucional, que impone cotizaciones forzosas y tripartitas para la protección de los trabajadores. Como consecuencia, no se constituyeron los fondos previsionales que por mandato de ley (p.ej. 2248 para el Magisterio Nacional), y en sana práctica actuarial, habrían cubierto el pago de las jubilaciones. Si bien el Estado se hizo cargo de pagar las jubilaciones cargándolas al Presupuesto, la presión creciente ejercida por esos pagos lo llevó a tomar la vía fácil, pero injusta, de recortar y limitar los beneficios jubilatorios de manera antojadiza, en ausencia de estudios actuariales elaborados de acuerdo a la normativa, para “ahorrar” en el pago de los derechos, violentando así las condiciones jubilatorias, declaradas por los órganos legalmente competentes, aceptadas de buena fe, y bajo las cuales los jubilados habían adquirido compromisos económicos de acuerdo a su ingreso.

La aplicación del tope de diez salarios base ( poco más de 2 millones), a las jubilaciones del RTR, representaba un cercenamiento brutal de sus montos, habida cuenta de que el tope establecido previamente para aquellas, según el artículo 44 de la ley 7531 (del 13/7/95), era equivalente al sueldo de un catedrático de tiempo completo, con dedicación exclusiva y 30 anualidades (cercano a 4 millones), y de por demás abierto, o sea, superable pero sujeto a deducciones de hasta un 75% por sobre los excesos. Consecuentemente, las jubilaciones del RTR ya estaban sometidas, por la misma ley 7531, a varias deducciones que disminuían drásticamente sus montos netos hasta en un 69% (cotización básica, renta, seguro de enfermedad y maternidad, y contribución solidaria). Fue inútil señalar también que la ley 7946 (del 18/11/99) había ratificado el tope contenido en la ley 7531 con posterioridad, y mayor especificidad, que el establecido por la 7858, por lo que jurídicamente éste último no era aplicable al RTR. La Administración, negándose a atender razones, insistió en hacerlo efectivo.

Como consecuencia de la interposición de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, la aplicación del tope de diez salarios base se dejó en suspenso, y la Sala Constitucional resolvió, en el 2018 (votos 19030-18 y 19485-18), que si se establecían topes a las jubilaciones, debía ser sobre la base de estudios técnicos, y principios de razonabilidad y proporcionalidad, y que esos topes debían regir a partir de la fecha de vigencia de la ley respectiva, o sea, no se aplicaban a jubilaciones en curso de pago.

“En razón de lo expuesto líneas atrás, esta Sala estima que resulta necesario hacer una interpretación conforme de la Ley número 7858, en el sentido de que ésta no resulta violatoria del principio de irretroactividad, siempre y cuando se interprete que sus efectos únicamente son aplicables a aquellas personas que hubieran obtenido el derecho de jubilación con posterioridad al 28 de diciembre de 1998, fecha en que la norma de cita entró en vigencia…” (Resolución 19485-2018 del 21/12/18).

Se podría pensar que la disposición de la Sala Constitucional zanjó en definitiva la lo referente a la aplicabilidad de los topes a las jubilaciones. Sin embargo, el 10 de abril de 2019, el ahora diputado Víctor Morales presentó su nuevo proyecto de ley 21345, denominado “Ley de Reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones”. Dicho proyecto pretende en esencia cerrar los regímenes especiales con cargo al Presupuesto Nacional.

Sin embargo, el texto aprobado impone además un tope a pensiones en curso de pago, o sea las actuales, y a las futuras también:

“Artículo 3. En el tanto los ingresos por concepto de cotizaciones sean menores que los egresos derivados del pago de los beneficios, el monto máximo a sufragar por pensiones con cargo al presupuesto nacional en curso de pago no podrá ser superior a ocho (8) salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración Pública…

El Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberán aplicar el tope máximo aquí fijado a los montos actuales de pensión en curso de pago de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, así como a todas las pensiones que se otorguen en estos.”

Lamentablemente no se trata de un error. El texto del proyecto de ley se contrapone así, de manera directa, al criterio de la Sala Constitucional expresado en los votos citados del 2018, y ratificado en la resolución 2020 – 15116 del 14 de agosto del año en curso. ¿Sorpresa, incredulidad, estupefacción? Todo ello cabe ante tal pretensión del proyecto de ley 21345, dado que además, la misma Dirección Nacional de Pensiones había advertido acerca del criterio de Sala IV sobre la irretroactividad de la ley en la aplicación de topes, criterio que debe prevalecer obligatoriamente (“erga omnes”) en la imposición de los mismos.

El proyecto 21345 contiene otros aspectos claramente cuestionables. Uno de ellos que conviene mencionar es que éste proyecto, al justificar el tope a las jubilaciones en razón de un desbalance contable entre ingresos por cotización y egresos por pago de los derechos, obvia el hecho, señalado con anterioridad, de que el origen de la “insostenibilidad” de los regímenes jubilatorios especiales es la ausencia de un fondo autosustentable, en razón del dolo estatal, que ganaría legitimación mediante proyectos como el del diputado Morales, y leyes, como la 9796, que estableció gravámenes más onerosos a las jubilaciones, y que terminan de “barrer bajo la alfombra” la verdad histórica y la irresponsabilidad estatal respecto de estos regímenes jubilatorios especiales, para los cuales los adscritos cotizaron puntualmente porcentajes de hasta 16% mensual de su salario (en el RTR) durante su vida laboral.

Contemplando la evidente contraposición del tope a las jubilaciones pretendido por el proyecto 21345 con el criterio de la Sala IV, de acatamiento obligatorio, podemos finalizar preguntando: ¿”Erga omnes”, diputado Morales?