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Defensora modifica Estatuto y elimina Consejo interno – piden investigar

SURCOS recibió una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith, en la cual exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes indican que “la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar …el Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio”. El escrito precisa: “… preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos”.

Esta es la carta:

San José 9 de agosto de 2020
Lic. Eduardo Cruickshank Smith
Presidente
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
S.D.
Estimado señor:

Quienes suscribimos, exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, nos dirigimos a usted para comunicarle nuestra profunda inquietud por la delicada situación que atraviesa esta querida institución, en la que tuvimos el honor de trabajar durante décadas, en muchos casos.

Sin excepción alguna, siempre nos hemos mantenido al tanto del acontecer institucional y con frecuencia se nos ha solicitado consejo sobre los temas en los que nos especializamos, motivo por el cual sentimos la obligación de referirnos a la peor crisis de liderazgo, gobernabilidad e imagen que ha enfrentado la Defensoría de los Habitantes desde que abrió sus puertas en 1993.

Los pormenores y alcances de esta grave crisis han sido ventilados de manera abundante tanto en la Asamblea Legislativa como en los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que no consideramos necesario comentarlos aquí.

Sin embargo, la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar en días pasados los artículos 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio.

La reforma estatutaria, vertiginosa e inconsulta, que ha llevado a cabo la señora Crespo Sancho, no solo arroja dudas sobre su motivación y pertinencia, sino que dolosamente elimina el espacio más importante de deliberación técnica, indispensable para propiciar el clima de control interno y la coordinación adecuada para la toma de decisiones.

Nos preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos.

Hay sobradas razones para pensar que estos cambios normativos se alinean con la actitud hostil y amenazadora que ha mostrado la señora Catalina Crespo Sancho hacia los funcionarios y funcionarias de la institución que han llamado la atención sobre sus yerros.

Las reflexiones que traemos a su consideración, señor Presidente, tienen como fin recordar que el propósito fundamental que anima el trabajo de la Defensoría de los Habitantes, según su ley de creación, se encuentra en peligro ante la ausencia de credibilidad de la jerarca y esta es una circunstancia que también pone en entredicho la reputación del país en materia de derechos humanos, que con tanto orgullo nos distingue en la comunidad internacional.

Además, las actuaciones de la defensora Catalina Crespo Sancho, contradicen los principios de independencia y pluralismo que ordenan los Principios de París relativos al estatuto de las instituciones nacionales de derechos humanos (adoptados por la Asamblea General de la ONU en la resolución A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993) y violentan frontalmente la resolución A/HRC/RES/39/17 (del 28 setiembre 2018) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la resolución A/RES/74/156 de la Asamblea General de la ONU (de 18 Diciembre de 2019), en las que claramente se destaca que las instituciones nacionales de derechos humanos y su personal no deberían afrontar ninguna forma de represalia o intimidación como resultado de actividades llevadas a cabo de conformidad con sus mandatos respectivos.

Es lamentable constatar que, en este caso, los actos de intimidación provienen de la misma jerarca institucional, lo cual constituye una violación inaceptable a sus obligaciones básicas y una afrenta inexcusable a la dignidad del cargo que se le confió.

Al igual que fue planteado por el personal de la institución el pasado 4 de agosto, solicitamos al señor Presidente instalar la comisión investigadora que permita dilucidar las responsabilidades correspondientes.

A la espera de su respuesta, lo saludamos con consideración,

Vernor Muñoz Villalobos, documento de identificación 105640548
Alba Pascua Vargas, documento de identificación 104980209
Ligia Martín Salazar, documento de identificación 104090849
Álvaro Mendieta Vargas, documento de identificación 106370607
Olga Goldenberg Guevara, documento de identificación 102870168
Lorelly Trejos Salas, documento de identificación 401300696
Joaquín B. Rodríguez Badilla, documento de identificación 104010475
Juan Fernando Cerdas Albertazzi, documento de identificación 104160903
María de los Ángeles Barahona Israel, documento de identificación 103991433
Luisa Paz Jiménez, documento de identificación 801080229
Rita Susana Maxera Herrera, documento de identificación 10320008601
Marco Antonio Sáenz Zúñiga, documento de identificación 10124100397
Irene Pacheco Alfaro, documento de identificación 104630491
Fernando Mayorga Castro, documento de identificación 302850485
Argentina Artavia Medrano, documento de identificación 107090127
Guillermo Solís Sandí, documento de identificación 104010182
Freddy Valverde Rumoroso, documento de identificación 1010100056
Mario Alberto Víquez Jiménez, documento de identificación 104161051
Juanita Lee Cerdas, documento de identificación 601050234
Lilliana Zeledón Cambronero, documento de identificación 103060456
Flor Moya Álvarez, documento de identificación 202920949
Rodney Lazo Murillo, documento de identificación 900470695
Mario Céspedes Ávalos, documento de identificación 700730509
Juan Carlos Mora Montero, documento de identificación 108040947
Ana Lucía Díaz Venegas, documento de identificación 104320606
Tony Umaña Méndez, documento de identificación 106290234
Édgar Lisac Vélez, documento de identificación 106130102
Ana Cecilia Vargas, documento de identificación 104760894
Manuel Gerardo Zúñiga Flores, documento de identificación 302260823
Roxana María Chavarría Rodríguez, documento de identificación 113490494
Yanis Lucrecia Quesada Chanto, documento de identificación 107520531
Bernal Castro González, documento de identificación 106660377
Odir Rafael Garro Pérez, documento de identificación 602840687
Martha González Madriz, documento de identificación 104460350
Floribeth González Chavarría, documento de identificación 114640052
Lilliana Arrieta Quesada, documento de identificación 105630331
Anna Theresa Esquivel Zamora, documento de identificación 400950437
Evelyn Silva Peralta, documento de identificación 800800702
Bernal Guevara Monge, documento de identificación 106800490
Liana Berman Gutowski, documento de identificación 108530228
Carlos Loría Chaves, documento de identificación 302530983
Allan Moreira Gutiérrez, documento de identificación 108630504
José Rodolfo Rivera Collazo, documento de identificación 8083271
Alejandra Vargas Garbanzo, documento de identificación 108780584

Dr. Vernor Muñoz Villalobos
Firma responsable

Copia:
Dip. Luis Fernando Chacón Monge
Jefe de Fracción
Partido Liberación Nacional
Correo electrónico
lchacon@asamblea.go.cr
Dip. Xiomara Rodríguez Hernández
Jefa de Fracción
Partido Restauración Nacional
Correo Electrónico
xiomara.rodriguez@asamblea.go.cr
Dip. Enrique Sánchez Carballo
Jefe de Fracción
Partido Acción Ciudadana
Correo Electrónico
enrique.sanchez@asamblea.go.cr
Dip. Rodolfo Peña María
Jefe Fracción
Correo Electrónico
Partido Acción Social Cristiana
rodolfo.pena@asamblea.go.cr
Dip. Silvia Patricia Villegas Álvarez
Jefa de Fracción
Partido Republicano Social Cristiano
Correo electrónico
sylvia.villegas@asamblea.go.cr
Dip. Otto Roberto Vargas Víquez
Jefe de Fracción
Partido Republicano Social Cristiano
Correo Electrónico
otto.vargas@asamblea.go.cr
Diputado Jose María Villalta Flores-Estrada
Jefe de Fracción
Partido Frente Amplio
Correo Electrónico:
jose.villalta@asamblea.go.cr
Dip. Carmen Irene Chan Mora
Jefa de Fracción
Partido Nueva República
Correo Electrónico
carmen.chan@asamblea.go.cr
Dip. Eric Rodríguez Steller
Correo Electrónico
eric.rodriguez@asamblea.go.cr
Dip. Zoila Rosa Volio Pacheco
Correo electrónico
eric.rodriguez@asamblea.go.cr
Sr. Augusto Jordán Rodas Andrade
Presidente de la Federación Interamericana del Ombudsman
Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala
pdh@pdh.org.gt
Sra. Carmen Comas-Mata Mira
Secretaria Técnica de la FIO
secretaria.tecnica@portafolio.org
Consejo Centroamericano de Derechos Humanos
Secretaria.tecnica
accppdh@gmail.com

Alerta por posibles despidos en Palma Tica

Con Dania Obando

El Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA) está en la recta final de la negociación de su primer convenio colectivo con la subsidiaria de Palma Tica en Puerto Jiménez. Lamentablemente, la intención de la empresa de llevar a cabo despidos está tensionando las relaciones obrero-patronales.

Giorgio Trucchi

Las áreas de producción de ‘Agricultura de hoy y del mañana’ tienen características muy distintas a las de las demás fincas propiedad de Palma Tica.

Además de tener buena parte del cultivo de palma en laderas, el terreno ha estado casi abandonado en cuanto a la poda de hojas y la limpieza de maleza alrededor de las plantas (rodaja).

“Para bajar la fruta (bellota), el trabajador debe cortar primero hasta diez hojas y lo hace en medio de maleza alta. Las mismas dificultades las tienen los trabajadores que deben recolectar y transportar la fruta.

Sin embargo la empresa pretende que se respete la meta de 320 kilos en la jornada de ocho horas, y está amenazando con despedir a todos aquellos que no la alcancen. Esto es inaceptable”, dijo a La Rel, Dania Obando, secretaria general del Sitrapa.

Además de las difíciles condiciones de trabajo y la falta de limpieza en las rodajas que perjudican el rendimiento laboral, la dirigente sindical explicó que el nuevo administrador de la finca se ha dado a la tarea de debilitar al sindicato.

“Ofreciendo prebendas y labores que permiten cumplir rápidamente la meta diaria, este señor ha logrado que algunos trabajadores se desafilien del Sitrapa y se dispongan a convencer a otros a hacer lo mismo.

Es una práctica desleal y antisindical, que podría ocultar la intención de dejarnos sin la cantidad mínima de afiliados requerida para terminar la negociación colectiva”, advirtió Obando.

Después de casi tres meses de negociación, Sitrapa y la subsidiaria de Palma Tica están por abordar las cláusulas salariales, las últimas que faltan para la firma del primer convenio colectivo.

“Ya le hemos dicho al administrador que se abstenga de ejecutar despidos por bajo rendimiento hasta tanto no realizar una visita de campo conjunta.

Ya hemos informado a la Fentragh1 y a nuestros asesores de lo que está pasando, y pedimos a la UITA estar atenta para divulgar a nivel internacional cualquier abuso contra nuestros afiliados”, concluyó Dania Obando.

Fotos: Sintrapa.

Fuente: http://www.rel-uita.org/sindicatos/alerta-por-posibles-despidos-en-palma-tica/

Insoportable levedad del Derecho Internacional

Presentamos el documento Insoportable levedad del Derecho Internacional enviado a SURCOS por su autor, el doctor Walter Antillón Montealegre.

En el resumen de su texto don Walter señala: “Hasta ahora, con raras excepciones, la Historia de la Humanidad ha estado plagada de iniquidades; los intereses de las cúpulas gobernantes han prevalecido sobre las leyes. La empresa de negocios se desarrolló hasta constituir un elemento decisivo en la política de las potencias. Los Estados Unidos representan el ejemplo más claro: su gobierno, portavoz de los grandes intereses transnacionales, ha pasado por encima del Derecho Internacional; la Carta de la ONU, los tratados y los tribunales penales internacionales han funcionado con respecto a los vencidos, pero hoy son impotentes frente a las graves transgresiones del gobierno estadounidense. La esperanza está, más allá de los gobiernos, en la organización de los pueblos por encima de las fronteras y en la formación de una opinión pública internacional que privilegie los valores de la dignidad humana, la solidaridad y la paz”.

Le invitamos a descargar el artículo, pero antes, tenga en cuenta la advertencia de don Walter:

“INSTRUCCIONES PARA SU USO: Como fue escrito hace 15 años, cambiar Bush por Trump, Tatcher por Johnson, Sarkoszi por Macron, Merkel por Merkel, y listo”.

Puede descargar el archivo desde el siguiente enlace:

Insoportable levedad del Derecho Internacional

En tiempo de pandemia: volvamos a la tierra

“[…] es frivolidad pensar que si nosotros los humanos hacemos el más mezquino objeto con un fin determinado, la naturaleza ese prodigio, fuera hecha sin otra finalidad que alimentar plantas, bestias y hombres, para que después la abonaran con un puñado de mísero polvo disperso-nada más. Estupenda frivolidad es el materialismo que se cree, sin embargo, hijo de la observación y la ciencia”.

Gabriela Mistral.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Volvamos a la tierra” fue el lema de la campaña electoral del expresidente don Luis Alberto Monge, a inicios de la trágica “década perdida” de 1980. Un lema sugestivo que contribuyó a su elección, pero que acaso, al final, solo sirvió para hacer chiste. Después de que el país sufrió las consecuencias socioeconómicas empobrecedoras con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), debido a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) -cuya receta no parece haber cambiado hasta el día de hoy-, se decía que, efectivamente, “volvimos a la tierra”: nos “enterraron”.

Hoy, acosados por una pandemia que no da tregua, volver a la tierra resulta un desafío ineludible, para garantizar la continuidad de la vida. Es decir, volver a la tierra en actitud reverente para extenderle la mano protectora y dejar de violentarla, sobrexplotándola.

Este desafío se vuelve perentorio, especialmente, cuando se levantan las voces de quienes no conformes con la sobre-explotación del suelo, convocan de nuevo a la explotación del subsuelo para extraer oro y petróleo. Y venden la idea como otra de las tantas “pomadas canarias”, en tiempos de pandemia, para solucionar los álgidos problemas del desempleo, empobrecimiento e inequidad social.

Pareciera que lo que se busca es el camino fácil, para seguir tolerando el comportamiento indolente de la élite económica de este país, que se resiste a la auténtica solidaridad como exigencia de justicia distributiva. Ello implica saldar la deuda tributaria que ha venido acumulando por más de diez años; y la deuda moral con un pueblo cuya dignidad ha sido mancillada por parte de gobiernos complacientes, que han permitido ese robo “legalizado”.

En tiempos de pandemia económica y sanitaria, para sanar las finanzas públicas y fortalecer la institucionalidad social, hay que buscar las formas de recuperar, aunque sea parcialmente, la deuda acumulada de la élite empresarial. Asimismo, suspender el pago de intereses de la deuda externa, mientras se negocia su condonación total o parcial, como se ha venido reiterando. Es la hora de la dignidad para hacer valer también nuestras condiciones.

La riqueza de este país no está en el subsuelo; está en el suelo y en los mares, al igual que el “tesoro” de la Isla de Coco está en su biodiversidad marina y terrestre, así como en su belleza paisajista. Y está en el verde de las montañas, en el rojo con pinceladas azules de las lapas, en el amarillo contrastando con el negro del tucán de mirada serena, en el exuberante esmeralda y turquesa de nuestros mares… También en la generosidad de los suelos, que bien trabajados nos aportan alimentos saludables.

Si el Covid19 es uno de los mejores dispositivos pedagógicos, como se ha señalado con acierto, atendamos a su mensaje que nos invita a propiciar relaciones más armónicas y vitalistas con la naturaleza.  El destino de la especie humana está implicado en el de la madre tierra. La salud humana también está implicada en la salud de la tierra.  

No hay que postrarse, ante la tentación de acceder a los “reinos de este mundo”, inducidos por un materialismo humana y espiritualmente empobrecedor. ¡Cuánto daño ha producido la frivolidad humana, producto de un cientificismo materialista depredador!, como denuncia la poetisa Gabriela Mistral.

*Imagen ilustrativa, biodiversidad, UCR.

Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la PostPandemia

German Masís

Se realizó en la Universidad de Costa Rica el Foro Propuestas y Soluciones del Sector Agroalimentario para la postpandemia en Costa Rica, con la participación de Felipe Arauz, Decano de la Facultad de Agroalimentarias y exministro de Agricultura y Ganadería y Carmela Velázquez, directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

En su exposición Arauz, planteó que el sistema agroalimentario del país ha seguido trabajando durante la pandemia en el suministro de alimentos y no ha cesado de hacerlo.

Para el Decano, el sistema se desarrolla en todas sus dimensiones (disponibilidad, acceso, consumo, valor nutricional), desde el campo hasta la mesa del consumidor, donde todos los eslabones están muy ligados. Hay que ver el sistema como un todo.

Afirma que el sistema agroalimentario(SA) no es justo, por la participación diferenciada de distintos productores, que no reciben la retribución adecuada por su trabajo, la que se queda en otros eslabones de la actividad productiva.

También menciona que el SA es frágil, ya que, pese a que el 70% de la producción de la canasta básica se genera en el país, hay productos esenciales como el frijol y el arroz que se producen apenas en un 40 y 25% respectivamente en el país.

No obstante, el SA es estratégico para garantizar el abastecimiento alimentario de la población, por lo que debe fortalecerse como se hace en otros países.

Durante la pandemia, las cadenas de comercialización se han estresado y han tendido a afectarse, debido a la disminución del consumo en hoteles y restaurantes, pero rápidamente los agricultores han adoptado formas de comercialización directa, con el apoyo del MAG y su programa Mi Finca.

Indica Arauz, que fue acertado no cerrar las ferias del agricultor, para mantener el suministro de alimentos frescos y que ha sido importante el trabajo del programa de abastecimiento institucional(PAI) que ha suministrado los alimentos a los hogares de los estudiantes, que antes los recibían en los comedores escolares.

Según su criterio, el impacto de la pandemia sobre el empleo y la reducción de ingresos de la población, disminuyó el acceso a alimentos y ha generado inseguridad alimentaria, pero el surgimiento de bonos y ayudas ha contribuido a mantener el consumo de alimentos.

La amenaza al comercio se ha convertido en una oportunidad para crear nuevos mecanismos de comercio y es fundamental reforzar la institucionalidad del sector agropecuario.

La Facultad de Agroalimentarias trabajaba ya desde antes de la pandemia en proyectos como el diagnóstico de plagas, análisis de suelos, calidad de semillas, producción orgánica urbana y huertas en comunidades, servicios para la alimentación animal, mercadeo y comercialización directa con frijoles,

La FA tiene una gran actividad de investigación y acción social (cerca de 250 proyectos), en producción primaria, para mejorar la productividad y reducir costos de producción, en prácticas de sostenibilidad ambiental de la producción, generando variedades nuevas de frijol, arroz, hortalizas, gestión empresarial de la empresa agrícola, además de incursionar en agricultura de precisión y agrícola 4.0.

Considera que es necesario generar soluciones pertinentes y útiles para la producción agroalimentaria, con tecnología al servicio de la gente para una vida mejor.

Para Carmela, el sector agroalimentario no ha parado de trabajar, porque tiene que seguir trabajando para llevar alimentos a la población.

Durante la pandemia, el CITA ha apoyado en el diseño y aplicación de protocolos, en el acompañamiento para que su aplicación garantice la inocuidad de los alimentos, dando apoyo técnico y científico al sector agroalimentario.

También ha estado asesorando en problemas que se han dado en el abastecimiento de alimentos, en relación a la reducción en la disponibilidad de materias primas o el desecho de productos no utilizables.

Además, ha apoyado al Gobierno en el procesamiento de materias primas, en protocolos para la donación de alimentos y en la creación del espacio virtual de comercio.

Velázquez considera, que en la industria se han dado riesgos debido a la reducción del comercio y el consumo, generado por el desempleo, situación que ha afectado la producción sobretodo de las pequeñas y medianas agroindustrias.

Muchas pymes por la reducción de ventas, han tenido que cerrar, lo que afecta otros eslabones de cadena, como la adquisición de materias primas, de insumos, empaques, etc

Afirma que las industrias han tenido que desarrollar procesos más eficientes, tratar de optimizarlos y reducir costos de producción para sostener su funcionamiento.

Agrega que los hábitos de consumo han cambiado en la población, lo que ha tenido un costo asociado, por ejemplo, en un aumento de cantidad de empaques (muchos importados), lo que también ha tenido un impacto ambiental importante. La estructura de las industrias ha debido adaptarse a esos cambios en los hábitos y en el comercio.

Reconoce que este es un momento crítico a nivel socioeconómico, y que el propósito de los actores de la industria alimentaria es evitar que falten los alimentos en los hogares, ya que las donaciones son insuficientes.

Sugiere que la estructura de la seguridad alimentaria debe revisarse y fortalecerse, teniendo en cuenta que las preocupaciones son respecto a la cantidad de alimentos disponibles, no porque no haya, sino porque no hay recursos para adquirirlos.

Finalmente, establece que el CITA va a seguir trabajando de mejorar el valor agregado de los productos, apoyando y dando soporte sobre características de los productos, para que las industrias sean más competitivas en la producción de alimentos.

Que este Centro, estará acompañando permanentemente con conocimiento y tecnología al Gobierno y al sector productivo, procurando alianzas en los sectores productivos, entre productores e industrias procesadoras y en el desarrollo y estímulo al emprendimiento en la producción agroalimentaria.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

El diálogo que se propone

Óscar Madrigal

El gobierno de Alvarado propuso la semana pasada un plan de diálogo social, que se orienta a que las organizaciones y las personas propongan soluciones y luego se realicen foros de intercambio de opiniones: lo han nombrado “escuchar, proponer, dialogar”.

Es una propuesta muy extraña ya que no es propiamente una negociación, ni tampoco un compromiso de cumplir acuerdos. En el fondo no representa nada sustantivo, desde el punto de vista de las organizaciones sociales más allá de que hagan llegar -una vez más- sus propuestas y la participación en una serie de foros que no tienen ninguna formalidad o carácter vinculante. Son foros para disertaciones sin eco gubernamental. Esto se deduce de los antecedentes, ya que en el pasado el Gobierno pidió propuestas a estas organizaciones que no fueron escuchadas y muchos menos atendidas.

Por tanto, no se trata de nada parecido a una conversación seria, responsable que le permita al Gobierno apoyar las políticas que puedan interesarle a los sectores más golpeados por estas crisis.

Más parece la búsqueda de una legitimación social para continuar por el camino que ha transitado el Gobierno de Alvarado.

El gobierno propone que envíen propuestas sobre tres ejes: finanzas y acuerdo con FMI, reactivación económica y creación de empleos.

Al Gobierno hay que hacerle saber de principio, de entrada y de previo, EN LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO.

En Finanzas públicas que NO estamos de acuerdo en vender activos estatales, más impuestos a los empleados públicos, reducción de jornadas a los trabajadores públicos, aumento del IVA.

En reactivación económica que NO estamos de acuerdo con flexibilización laboral, con ley de empleo público, reducción de subvenciones a la vivienda.

En materia de creación de empleo NO estamos de acuerdo con eliminar el bono Proteger, extender por más tiempo las reducciones o suspensiones de los contratos de trabajo y el pago del IVA de manera indiscriminada.

El Gobierno debe entender que para un diálogo leal y fructífero debe comprometerse en primera instancia a no llevar adelante las políticas regresivas que hasta el momento ha impulsado.

Solo a partir del compromiso de un “impasse” o una tregua acerca de seguir fomentando políticas regresivas, las organizaciones sociales pueden colaborar en un clima propositivo, leal y sano con propuestas que ayuden a superar la crisis sanitaria y económica.

¿Qué pasa con Palestina e Israel?

Este 14 de agosto a las 6 p.m., en FEUCR se estará hablando sobre “¿Qué pasa con Palestina e Israel? Perspectivas desde el plan de anexión israelí”, y se estará transmitiendo a través de Facebook Live,

Con la participación de Sergio Moya, Wajiha Sasa, Nicolas Boeglin y Valeria Rodríguez.

 

*Foto extraída de nota de prensa titulada «Ejército israelí mata a una enfermera palestina que asistía a heridos en la frontera de Gaza» (LaRed21, Uruguay).

 

El antidemocrático proyecto de ley aguas, Expediente No. 20.212

Lic. Giovanni López Jiménez, abogado

Actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa bajo expediente No. 20.212, un proyecto de ley denominado “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. Este proyecto inicia señalando objetivos, principios y definiciones que le dan un ropaje de ley bien intencionada y de avanzada en la gestión del agua, sin embargo, al analizar detalladamente su contenido, nos damos cuenta, cual Caballo de Troya, que en realidad contiene una serie de aspectos perjudiciales para dicha gestión, principalmente por cuanto plantea una gestión “centralizada”, que concentra todo el poder y decisiones importantes en un único órgano del poder Ejecutivo, que por su naturaleza es esencialmente político.

Este modelo político de gestión centralista que plantea el proyecto, resulta antidemocrático e inconstitucional, por cuanto choca frontalmente con el artículo primero de la Constitución Política que señala que Costa Rica es una República democrática. Un sistema democrático se caracteriza precisamente por la existencia de frenos y contrapesos, para garantizar que el gobernante actúe en protección de los intereses de la mayoría, evitando desviaciones de poder y abusos de autoridad en beneficio de una élite. De manera que los frenos y contrapesos son consustanciales a la democracia.

El agua es el recurso natural más valioso que existe, y es esencial para la vida humana y la salud de las actuales generaciones y de las que aún no han nacido, y constituye un eje transversal de la mayoría de actividades humanas (consumo humano, agricultura, turismo, industria, urbanismo, etc.). Por eso su protección y gestión democrática reviste el más alto valor para la sociedad costarricense y requiere la más alta protección jurídica. La protección básica del recurso hídrico, involucra al menos: a) la garantía que debe brindar la propia ley, para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a este recurso en calidad y cantidad adecuadas, b) que la sociedad cuente con niveles de participación en las decisiones más importantes que le afecten (participación ciudadana), y c) que las decisiones estén basadas en la ciencia y la técnica, con el fin evitar que la gestión del agua se dé con criterios que perjudiquen los intereses públicos, evitando así desviaciones de poder en beneficio de élites.

Así las cosas, la protección jurídica para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y particularmente el acceso al agua potable en calidad y cantidad adecuadas, incorporado como derecho fundamental con la reciente reforma al artículo 50 de nuestra Constitución Política, requiere de normas procesales e instrumentos jurídicos que permitan materializar su protección, ya que nada se lograría con establecer una serie de derechos sustantivos o de fondo, si su ejercicio no se ve garantizado con instrumentos legales que materialicen la protección de esos derechos.

Nuestra legislación ambiental ha venido progresando a través de los años, con la creación de una serie de instituciones e instrumentos para la protección ambiental, como es la creación de la SETENA a través de la Ley Orgánica del Ambiente, o la ley de Creación de SENARA mediante Ley No. 6877, o las potestades otorgadas al Ministerio de Salud por la Ley General de Salud en materia de vigilancia de la calidad de los vertidos de agua en resguardo de la salud pública, todos los cuales son verdaderos frenos y contrapesos técnicos establecidos en nuestro sistema democrático para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

En materia de recurso hídrico, una de las protecciones básicas que debe garantizar la ley, es que la investigación, protección y vigilancia del recurso hídrico se realice apegado a la ciencia y la técnica. En este sentido, nuestra legislación creó al SENARA con ese propósito, pues le otorga dentro de sus funciones esenciales, investigar y proteger y vigilar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos y velar por su aprovechamiento óptimo y eficiente. Para tal fin le dio nivel y estructura de una Institución autónoma del Estado (ente descentralizado), con independencia administrativa y de criterio, con funciones eminentemente técnicas, y a cuyos pronunciamientos la ley le otorgó carácter vinculante para todas las demás instituciones públicas y los particulares, constituyéndose entonces en uno de los principales garantes de la protección ambiental del agua como freno y contrapeso técnico dentro de nuestro sistema democrático, y con ello nuestra legislación ambiental vigente, tiene el claro propósito de evitar desviaciones de poder y actuaciones arbitrarias en torno a la gestión del recurso hídrico, para asegurar que decisiones del Estado se tomen dentro de la ciencia y la técnica, en protección a los intereses de la mayoría.

El proyecto de Ley de Aguas que se tramita bajo expediente legislativo No. 20.212 plantea un nuevo orden político, a todas luces ANTIDEMOCRATICO, contrario a los artículos 1, y 50 de la Constitución Política y contraria al derecho a la vida y a la salud (artículo 21), pues lejos de avanzar, plantea una propuesta REGRESIVA donde toda la gestión y actividades esenciales asociadas al recurso hídrico y que se establecen en la legislación vigente, las elimina o traslada para ser concentradas en un único órgano del Poder Ejecutivo (MINAE), que por su naturaleza es esencialmente político, eliminando frenos y contrapesos técnicos establecidos en la legislación ambiental vigente, propuesta política en la que además no se da espacio alguno a la participación ciudadana, y con ello no solo desprotege al interés público, sino que se favorece el autoritarismo y se incrementa el riesgo de que se den desviaciones de poder en beneficio de élites.

No se trata en este caso de un mero tema de asignación de competencias públicas, donde el legislador decide libremente a qué entidad asignarle tal o cual función, sino que es un tema de eliminación de garantías técnicas de protección y vigilancia, establecidas en la legislación ambiental vigente, y al eliminarse frenos y contrapesos, estamos suprimiendo democracia y en consecuencia actuando fuera del marco constitucional establecido.

Bajo esta REGRESIVA propuesta política que plantea el Proyecto No. 20.212, no tendremos una gestión “integrada”, del recurso hídrico, sino una gestión “centralizada” donde el MINAE, órgano esencialmente político, se constituiría en el único AMO Y SEÑOR DEL AGUA, con excesivas funciones que van desde lo estratégico hasta lo operativo, con roles de rector, gestor y fiscalizador, donde el mismo órgano del Poder Ejecutivo, sin controles técnicos de ninguna otra dependencia, hace investigación, dicta políticas públicas, define prioridades del uso del agua, planifica y reparte el agua a través de concesiones bajo su único criterio, impone de propia mano y con carácter obligatorio los cánones y demás instrumentos económicos, establece sanciones a particulares que ejecuta con potestades de policía, ejerce un control absoluto a través de una excesiva y costosa permisología a que somete al ciudadano, y todo sin NINGUNA participación popular, donde además, y cual si fuese un cheque en blanco, en el proyecto de ley se propone asígnale amplias facultades para desarrollar por la vía reglamentaria competencias que la ley apenas le enuncia sin ningún límite básico. Por todo lo anterior, consideramos que tal proyecto de ley constituye una propuesta ANTIDEMOCRATICA e INCONSTITUCIONAL.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

La Emisión Monetaria propuesta por el Banco Central… ¿Que pretende?

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

El BCCR propuso, o puso en consulta, la emisión de 700 000 millones de colones para financiar las entidades financieras. ¿Por qué lo hace? Para contrarrestar el proceso recesivo generado por las medidas tomadas por el gobierno para disminuir el efecto de la pandemia del Coronavirus Covid-19. (Recesión inducida)

El Banco Central hará préstamos por medio del Mercado Integrado de Liquidez, a una tasa de 0.8% anual y a un plazo de cuatro años.

De esta noticia surgen naturalmente algunas dudas, veamos las principales:

  1. ¿Esta emisión monetaria generaría inflación?

 La respuesta es que no, el economista José Luis Arce dice: “En las condiciones macroeconómicas actuales no creo que esta monetización vaya a significar presiones inflacionarias” La recesión económica tiene como característica que las transacciones económicas disminuyen, la velocidad de circulación del dinero es mucho más lenta, los precios tienden a bajar o mantenerse con un índice de precios estático con lo cual el aumento de la cantidad de dinero en circulación no repercutirá en los precios sino en las transacciones económicas dado el alto nivel de desocupación que tiene la economía. La baja tasa de interés que propone el BCCR es clara muestra de que está asumiendo el bajo riesgo de inflación, ya que probablemente estaría cobrando el costo administrativo de la colocación y recuperación del dinero emitido. El Presidente del BCCR, don Rodrigo Cubero, dijo: “En un contexto donde vemos más bien fuertes presiones des inflacionarias y donde el instrumento básicamente representa un 2% del PIB (Producto Interno Bruto), un poco más del 3% de la cartera total de crédito al sector privado, por lo cual realmente el Banco Central y sus modelos no proyectan que se vaya a dar un impacto inflacionario”

  1. ¿Cuáles entidades financieras serían las beneficiarias de los créditos y por qué?

El Presidente de Central dice que el monto de 700 000 millones está calibrado para que se puedan canalizar recursos a los afectados. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, eso no lleva a cuestionar si hay planes en las cuales hayan participado las entidades financieras que canalizarán los préstamos. Los bancos comerciales tienen mucha liquidez y sabemos que pagan muy bajos intereses pasivos o no pagan ninguna tasa en los depósitos en cuentas corrientes. Entonces el problema está en la propia raíz de la recesión, las oportunidades de inversión están ausentes y por lo tanto los bancos tienen problemas en colocar nuevos créditos, el consumo también está restringido y pocos se atreven a gastar como lo hacían antes de la recesión, además de que muchos no tienen la misma capacidad de gasto por haber visto disminuidos sus ingresos. Ahora bien ¿a qué tasa de interés y a qué plazo van a prestar las entidades financieras que acepten los recursos del BCCR? De ello dependerá de que algunos deudores puedan sustituir deuda cara por deuda menos cara. Y en tal caso, poco se lograría en términos de inversión de obras nuevas y de empleo.

  1. ¿Cuál sería la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria?

El mayor problema de nuestro país es el desempleo y la disminución drástica del crecimiento del PIB. No es la deuda pública, queda claro que la preocupación del Fondo Monetario Internacional es la relación entre deuda pública y el PIB, que según ellos no debe ser superior a un 50% para los países de la periferia, y la gran reocupación de nuestros economistas es que por tal razón, las calificadoras de riesgo nos bajen la nota. Entonces todos nuestros problemas se unen en un solo propósito, a saber, hacer crecer el PIB en forma continuada y a una tasa superior al crecimiento de nuestra deuda. Así las cosas, la mejor opción para el debido uso de la emisión monetaria que propone el Banco Central es aquella que genere en forma inmediata inversión y gasto. Puede observarse dada la situación macroeconómica que el sector privado no puede hacerlo. La única opción viable es la combinación estratégica entre el sector público y el sector privado. Pero para ello se debe extender el plazo y aumentar la tasa de interés a partir del cuarto año para que iguale al índice de precios y así asimilar la posible inflación que pudiera generarse.

  1. La mejor opción es la construcción de obras públicas.

 En el contexto actual el sector construcción, según titular de un periódico escrito*: “Construcción pasa por desplome ni siquiera visto en crisis del 2008”, y agrega: “en diciembre de 2018 comenzó el más reciente lapso de comportamiento negativo (decrecimiento) en la actividad de la construcción. De ahí hasta mayo pasado, (última medición del IMAE, índice mensual de actividad económica), se calculan esos 18 meses, según la variación interanual del indicador” con comportamiento negativo. El punto más bajo se presentó en junio de 2019, cuando la caída interanual fue del 18,9%. Un análisis por sectores del BCCR indica que la construcción con destino público comenzó su ciclo negativo actual en marzo del 2018 y se mantiene hasta mayo de 2020, 27 meses de variaciones negativas. En el sector privado hay expectativas pesimistas de los agentes económicos para ejecutar nuevos proyectos de inversión, lo cual se ha manifestado en una baja demanda de crédito por parte del sector privado. (Esto concuerda con lo escrito en el punto anterior) Don Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, le dijo al periodista Marvin Barquero, que el sector generaba 150.000 empleos y que en el primer trimestre de este año perdió 28.000. Y agregó: la esperanza que nos queda enfatizó, don Esteban, es un repunte de las obras públicas y mencionó al Ministerio de Educación y a la Caja Costarricense de Seguro Social. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tenía proyecciones en las cuales en 2020 se esperaba una tendencia positiva, la cual se frustró con la depresión generada por la Pandemia Covid19.

  1. El Sector Construcción y el empleo.

El mayor problema de Costa Rica actualmente es el desempleo, altísimo (12 a 13%) y aumentado peligrosamente por la depresión inducida por el gobierno para disminuir el riesgo de enfermedad por la pandemia del Covid19, de un 15 a un 17%. El problema no es sólo económico es también un grave problema social y repercute en gastos mayores para el Estado y disminución de ingresos (cuotas a los seguros sociales y tributación sobre compras, sueldos e ingresos).

Un estudio realizado por especialistas contratados por CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en Nicaragua estimaron en 47.000 empleos directos e indirectos generados por un millón de dólares en construcción. Es de suponer que la generación de empleo tiene una disminución marginal para un mayor número de millones invertidos, pero en todo caso es generalmente reconocida la importancia que tiene la construcción en la generación de empleo, considerando la cantidad de industrias y comercios que le dan apoyo logístico a las empresas de construcción, quienes a su vez son grandes empleadores de mano de obra.

  1. Los propósitos de la emisión monetaria del BCCR.

Hemos de suponer que el Banco Central se propone reactivar la economía mediante una emisión monetaria de 700.000 millones de colones, en tal caso debe colocar el dinero en donde realmente sea usado lo más pronto posible en inversión, mayoritariamente en construcción y con proyectos que tengan reproducción pronta en el crecimiento del PIB y del Empleo. Es necesario que un grupo interprofesional de economistas ingenieros evalúen los distintos proyectos que presenten las instituciones públicas en un tiempo récord y la capacidad de las empresas privadas de diseño y construcción que las han de llevar a cabo. Sugiero se estudien obras de gran magnitud como los hospitales de la Caja, el puerto de Caldera, la Carretera a San Carlos, las rutas 27 y 32, la Carretera a Cartago, programa de construcción de viviendas populares y las obras inconclusas del ministerio de Educación para que sean estudiadas y priorizadas.

Conclusiones

Queda demostrado que el Banco Central si está en capacidad de ser el actor que dinamice la economía y la saque de la recesión en la cual se encuentra. Quedan desvirtuados los temores inflacionistas de muchos políticos y de muchos “políticos economistas”. La emisión monetaria en momentos de recesión no producirá inflación.

Es previsible que el camino escogido de traspasar las emisiones a las entidades financieras para préstamos a las empresas privadas no tenga los resultados esperados de reactivación económica. Es un error histórico excluir las instituciones públicas y al mismo gobierno quienes son los únicos entes capaces de detener el decrecimiento del sector construcción y por el contrario hacerlo crecer con sus consecuencias en el empleo y en el consumo.

Quienes abogan por la disminución del déficit fiscal acaso no ven que esta es una oportunidad de sustituir crédito caro por crédito barato y así aliviar el pago de intereses del Gobierno y de las Instituciones Públicas.

Dedico este artículo a Valeria Jiménez R. Máster en Economía Internacional Hochschule fur Wirtschaft un Recht Berlin y Máster en Análisis y Desarrollo Económico en la Universidad Paris Sorbonne Nord.

*Periódico la Nación.

Nota: de última hora, 24% de la fuerza laboral ha perdido el empleo o sus fuentes de ingresos, de acuerdo con la cifra que reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC).

Agosto 6 de 2020, Curridabat, Costa Rica.