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Homenaje a un luchador

Manuel Hernández

Este 16 de mayo, lamentablemente, falleció Julio Anguita.

Un hombre que convirtió la política en ética política, transparencia y compromiso con la clase trabajadora.

Renunció a la pensión del cargo de diputado y se acogió a la pensión de educador.

En alguna oportunidad dijo: “La historia no acabará, el mundo no parará”.

La intelectualidad y la clase trabajadora perdió a una persona honrada y consecuente.

Recuerdo q en una intervención sentenció: “La socialdemocracia se convertirá en socialismo liberal”. Así fue.

Los politiquillos criollos deberían verse en el espejo de Julio Anguita.

QDEP

Foto: https://www.libertaddigital.com

El crepúsculo de las simples cosas

Lecturas esperanzadas y perspectivas críticas para un Sur en pandemia

Nelson Specchia

Con el pan al sol, la mesa tendida Cuando aún no habíamos terminado de sorprendernos de que ese fenómeno que veíamos en la otra costa del mundo había llegado a tocar las nuestras, José Emilio Ortega me envió a mi correo –con cierta anticipación a su masiva circulación- una copia de la compilación Sopa de Wuhan: una primera reacción de importantes intelectuales, todos ellos originarios o radicados en sociedades altamente desarrolladas del Norte, al embate pandémico global del Covid-19. La escueta línea del mensaje que acompañaba al archivo adjunto decía simplemente: “Deberíamos hacer algo como esto, pero desde el Sur”.

Pepe Ortega es una de esas personas necesarias, que están en el lugar indicado y en el momento preciso cuando la situación lo requiere. Con Ortega, de dilatada experiencia tanto en la gestión política como en las aulas académicas, hemos compartido en las últimas décadas una diversidad de proyectos -tanto internacionales, regionales como locales- como para tener la seguridad de que, si me convoca, es porque el problema y la ocasión realmente lo ameritan. Y así también fue en esta oportunidad: estaba acertado, necesitamos, imperiosamente, reflexionar y discutir sobre esta enorme erupción que ha venido a cuestionar las maneras en que hasta ahora habitábamos el mundo. Nos pusimos a la labor, y a cuatro manos fuimos bosquejando el conjunto de ideas, reflexiones, pensamientos y vivencias que el lector tiene ahora en sus manos. No es una sosegada labor evaluativa ex post, cuando todo haya pasado, sino una escritura al calor del momento, encabalgada sobre una realidad que trota y que salta, sin un rumbo claro, pero con la necesidad de contribuir al surgimiento de esa claridad.

Así inicia Nelson Specchia su introducción a este volumen con más de treinta textos, que el doctor Jaime García compartió con SURCOS.

Le invitamos a descargar el archivo con este libro El crepúsculo de las simples cosas, que, como dice el editor en su exposición, “este volumen apela a unos versos de Armando Tejada Gómez, que la voz de Chavela Vargas o Mercedes Sosa plantaron en la cultura popular, cantándolos por toda América: vivimos un momento crepuscular, en que las cosas simples, esas que conformaron nuestra historia y nuestro presente, parecen barridas por un viento de pestes y cambios. Pero ese mismo poema propone una esperanza: “Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, / donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida.” Estas páginas son un intento de ofrecer algunas hogazas de pan, al sol -ojalá de nuevo mediodía”.

Con sus dos capítulos: Instituciones en su laberinto y Cuarentena en conflicto más la Introducción de Specchia, el material es fecundo para reflexionar y avizorar el futuro.

15 de mayo, Día del Agricultor

Jorge Luis Hernández Cascante

En mi caso con la dicha de ser hijo de don pachico y nanita;
dos de pura cepa campesina.

Camino en la tierra de ellos,
regada de sudor y esperanza suyas,
Ahora,
envuelto en su abundancia de trinos, colores y flores (el café, cada mata vestida de novia), surcos y esperanza;
conmueve
y a la vez mueve
a continuar soñando, viviendo, luchando
en medio de esta pandemia.

La vida hecha brote sigue
los agricultores en su día,
como siempre
año tras año,
solos
aislados
arrinconados entre surcos, matas esfuerzo y cosecha;
de comida para todos!!

Feliz día hijos e hijas
de la tierra y la luna.

Compromiso del presidente: renovar el pacto social

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Del discurso del Presidente de la República ante la Asamblea Legislativa voy a concentrarme en un solo punto, que considero es el compromiso fundamental que asumió ante la ciudadanía: su palabra para renovar el Pacto Social y robustecer el Estado Social de Derecho. Visión correcta: la reconstrucción nacional será de tal magnitud, que exigirá el compromiso de todos y el sacrificio compartido.

Lo cito: “Quienes hoy vivimos en este país y tomamos decisiones, estaremos a la altura de las circunstancias en la medida en que reconozcamos nuestra pluralidad, nuestra multiplicidad de representación y que logremos superar la crisis emanada de la pandemia, al mismo tiempo que renovamos nuestro pacto social y modernizamos el Estado Social de Derecho. A esa tarea debemos abocarnos a trabajar en unión.” (4 de mayo de 2020)

Reconoce que ante estos desafíos nacionales debemos tomar en cuenta al menos:

a-   Renovar el Pacto Social. Éste marcará el derrotero hacia el desarrollo nacional, incluyente, progresista, modernizante.

b-   Defender del Estado Social de Derecho, modernizándolo. Y, sobre todo, robusteciéndolo.

c-    Incluir la pluralidad que conforma nuestra Nación: distintos enfoques, distintas propuestas, distintas realidades.

En consecuencia, la representación en el proceso debe ser múltiple. El país no le pertenece a un solo grupo; la visión que surja deberá ser diversa e incluyente.

Una convocatoria de esta magnitud no puede pasar inadvertida, ni quedar solo en el papel. Mientras se van atendiendo los problemas de corto plazo, el Presidente debe tener a su equipo sobre la mesa de trabajo, dibujando las pautas de este proceso, de esta convocatoria nacional.

En este momento, día a día, el Ejecutivo, la Asamblea, los bancos, los empresarios, los trabajadores, todos los estamentos sociales van tomando decisiones. Esto dejará en su momento unas cuentas en el balance que habrá que cuantificar en detalle, y habrá que empezar a saldar.

Ese balance reflejará caída y destrucción de riqueza y producción, mayor desempleo, aumento en el subempleo, desbalances regionales, ruptura de cadenas productivas, pobreza, marginación, eventualmente tensiones sociales nuevas. Enseñará, al mismo tiempo, nuevas oportunidades y fortalezas a desarrollar.

En esta ruta, es necesario conocer con claridad a qué se ha comprometido el Gobierno, con los bancos que están financiando sus necesidades de flujo de caja y, sobre todo, con el FMI.

En un principio, las autoridades dijeron que no había condicionamientos; después han ido dando otro tipo de señales. Desde decir que los documentos con el FMI son públicos, y que vayamos a estudiarlos, hasta la carta que dio el Ministro de Hacienda este miércoles donde aclara preguntas sobre los créditos, pero adelanta medidas sobre lo que llama “reformas estructurales”, que incluyen una ley de empleo público, una ley de venta de activos públicos y una ley de órganos desconcentrados, entre otras. Pero, ¡ojo!, precisamente, el nuevo pacto tendrá que definir cuáles son las reformas estructurales sobre las que refundaremos la República. ¡Que no se ponga la carreta delante de los bueyes!, pues el proceso puede arrancar deslegitimado.

La emergencia nacional no quita la necesidad de la comunicación oportuna y las propuestas económicas las han venido dando a cuenta gotas. Y debe ser claro que ese proceder no ayuda al clima para la renovación del Pacto Social. Que sea sólido, exige información clara y a tiempo.

EN CONCLUSIÓN: Articular todos los esfuerzos para impulsar el nuevo desarrollo exige tomarle la palabra al Presidente en su llamado. Sin mezquindades; sin cálculos políticos, con espíritu constructivo, reconociéndole que atinó en su propuesta.  ¡Manos a la obra! ¡Convoque cuanto antes D. Carlos!

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog http://notasaltema.blogspot.com

El final del discurso del “libre mercado”, ceteris paribus – I parte

Marco Soto Umaña

Un abordaje de las diversas informaciones que pululan en la red, medios de información, organizaciones financieras, organizaciones internacionales, etc., abren un claro panorama de la situación actual y futura del sistema económico planetario existente y de la diversidad de formas en que política y económicamente se particulariza en cada nación, dado la diversidad de procesos históricos y proyectos de vida construidos.

El panorama no es muy positivo, se avecina una recesión de carácter global, que incidirá en cada país de manera diferente, dependiendo de sus características, de los procesos y contextos históricos particulares, de la aglutinación de fuerzas a lo interno, de la inserción al mercado global, ya sea de su total o parcial dependencia, del nivel de deterioro o destrucción del mercado y producción nacionales, causada por el modelo de desarrollo neoliberal, y por supuesto, del desarrollo de la institucionalidad propia, de cada país, es decir, el nivel de privatización, parcial o total logrado por los poderes fácticos nacionales.

Como mencioné, la incidencia de dicha recesión en cada sociedad en particular dependerá de una diversidad de factores, sin embargo, es previsible que economías que otrora fueran referentes de la ficción del “libre mercado”, de las famosas CONSTRUCCIONES elaboradas desde institutos como CATO para demostrar los logros de las “economías libres”, vayan cayendo como castillo de naipes.

Hace ya varios años, me avoqué a estudiar la realidad de Singapur, una economía netamente importadora de lo que consume y, cuestionaba en ese entonces, cómo sobreviviría Singapur en un contexto como el que se avecina, bueno, el momento llegó, esperamos, por el bien de todo un pueblo, que puedan sortear la crisis, sin llegar a, como lo vaticinaba en ese entonces, convertirse en un país fantasma.

El caso de Chile es interesante y preocupante, una economía totalmente privatizada, y peor, una institucionalidad totalmente desmantelada, con pocas capacidades de maniobra, y que ya se encontraba ante una situación de movilizaciones y protesta social, así como de represión sistemática.

En el caso particular de nuestro país, la situación, en principio, no es tan grave, partiendo de que los intereses y procesos privatizadores, no han logrado plasmar todo ese ideario en su totalidad, aún y a pesar de haber logrado, adelantándose a los acontecimientos, blindar las posibilidades en la toma de decisiones, que como ciudadanos tenemos con el instrumento del referéndum y la CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL.

Repito, toda sociedad, depende en la coyuntura actual de sus propias capacidades y características internas, de las condiciones materiales, infraestructura, recurso humano, institucional, relativa capacidad auto alimentaria, etc., y Costa Rica reúne, considero, todas esas características, exceptuando, la social, esa base social con capacidad de EXIGIR cambios estructurales, esa aglutinación de fuerzas capaces de dirigir el barco hacia un puerto donde podamos embarcarnos todos y todas sin exclusión, y eso requiere un gran esfuerzo de construcción, dejando de lado posiciones extremas, parcelitas e intereses.

Hoy por hoy, la batuta la tienen los grandes intereses corporativos, los poderes fácticos, los que han construido la crisis, fueron llamados para arreglar lo que destruyeron, ahondando aún más el modelo, cargando sobre las espaldas del sector trabajador, público y privado, sobre los micro, pequeños y medianos empresarios, el peso de la crisis.

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Llamado patriótico por la CCSS

La Secretaría de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum envió a SURCOS el siguiente comunicado:

Un llamado patriótico al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a la Comisión CCSS – Poder Ejecutivo.

Aprobemos con dispensa de trámite un paquete solidario a favor de las finanzas de la CCSS:

1-        Tenemos 14 propuestas concretas presentadas de manera oficial al Presidente de la República este 14 de mayo. Las mismas deben ser trasladadas de forma oficial a la comisión CCSS- Poder Ejecutivo para su valoración, aspirando a que sean analizadas y se ordenen los estudios o trámites correspondientes o bien que determinada fracción o diputado o diputada las acoja y las coloque en la corriente legislativa, entendiendo que las mismas podrían ser las menos correctas, pero si las más concretas que hasta ahora creemos se ponen a debate.

2-        Estas propuestas están distribuidas en tres ejes:

a-        3 medidas de protección social.

b-        7 medidas excepcionales y temporales para incrementar los ingresos del seguro de salud (SEM), y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

c-         4 medidas de apoyo a patronos y trabajadores/as independientes.

3-        Cada medida tiene su respectiva justificación, su impacto financiero en los seguros indicados (no en todos los casos); y un conjunto de acciones para aspirar a su concreción institucional o legislativa.

4-        De estas 14 medidas 5 representan un monto aproximado de ingresos temporales para el SEM y el IVM de al menos unos 596.000 mil millones de colones y sin duda las restantes 9 medidas con sus respectivas proyecciones pueden aumentar este monto indicado.

5-        Resulta relevante indicar que todas estas medidas temporales son de carácter endógeno al formular reformas a normativas nacionales y en ese ánimo aspiran a no generar mayor endeudamiento externo para el país, lo cual no debe ser interpretado como una posición contraria al mecanismo de endeudamiento externo, pues más allá de una visión como esta en la práctica tenemos pleno conocimiento de que procesos como estos se encuentran en trámite hoy día.

6-        En igual sentido la mayoría de estas implican estudios técnicos que ayuden a la toma de decisiones coherentes, inteligentes y en una dirección que ponga al ser humano en el centro, pues de cara a los escenarios venideros se impone un enfoque humanista sin duda alguna.

7-        De estas 14 propuestas al menos 11 requieren reformas legislativas, por lo cual resulta apropiado que, desde el Poder Ejecutivo, concretamente Don Marcelo Prieto, se avoque a empujar la carreta a favor de la CCSS, para lo cual desde ya nos ponemos en disposición de aportar al diálogo político y técnico.

8-        Como se puede apreciar estamos en presencia de 14 propuestas, en tal sentido dejamos planteada la necesidad de que en conjunto los sectores socio-productivos y sociales (lo cual incorpora a los sindicatos), y el Poder Ejecutivo y Legislativo definamos una hoja de ruta que promueva la priorización de las medidas que tengan mayor potabilidad política, mayor impacto financiero en la CCSS y como prioridad uno, generen mayor calidad de vida en la gente de carne y hueso, que en el hoy esta psicosocial y laboralmente afectada.

9-        No nos cabe la menor duda de que los escenarios socioeconómicos que está por transitar el país imponen el concurso de un nuevo contrato social costarricense, pues es irreductiblemente urgente avanzar en la definición de fuentes de financiamiento que provengan de nuevas reformas fiscales realmente más progresivas que permitan sostener lo que se conoce como renta básica ( una especie de bono proteger mejorado), y de igual forma un verdadero seguro de desempleo, de lo contrario estaremos arribando a una celebración bastante oscura del bicentenario, lo cual se convertiría en un paso hacia la descomposición y confrontación social.

A LA CAJA LA DEFENDEMOS ENTRE TODOS Y TODAS

Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social CTRN

Documentos que amplían la propuesta aportados a SURCOS por el secretario de seguridad social de la CTRN:

¿Qué pasa con la legalidad en los territorios indígenas?

Miguel Sobrado

El derecho de las comunidades indígenas

En la década de los 50 se empezaron a alzar las voces para acabar con la invasión violenta de las tierras de los indígenas. Se tomaron entonces las primeras medidas legales de protección, pero esto fue solo en el papel. El despojo de las tierras y el maltrato continuaron, cohonestadas por las autoridades que dieron prioridad a los colonos sobre la población originaria. Yo fui testigo de estos atropellos, e incluso tengo una copia, que me facilitó un funcionario indignado por la falta de acción, de los planos realizados por el ITCO en 1971 en la zona de Buenos Aires donde se detallaba los terrenos ocupados por grandes terratenientes incluyendo extranjeros. Finalmente en 1976 se aprobó una ley donde si bien se reducía el tamaño de las reservas se definían los límites y se garantizaba la posesión inalienable para las comunidades indígenas, aunque estas tierras fueron inscritas a nombre del ITCO como garante, que después se transformaría en IDA.

Lamentablemente, esto se quedó de nuevo en el papel. El IDA, sucesor del ITCO, interesado en satisfacer las demandas partidarias empezó a repartir estas tierras entre las clientelas políticas, creándose así un verdadero pandemónium de violencia con asesinatos cada vez más frecuentes. Por una parte los campesinos llevados a esas tierras, unos por el IDA, y otros aprovechando la pasividad y tolerancia institucional, sienten que sus intereses, están siendo vulnerados. Por otra parte, los indígenas o población originaria ya organizados, reclaman con justa razón la legalidad y el derecho a la propiedad que les dan las leyes costarricenses. Sus reclamos de justicia no se limitan a las instancias nacionales, de las cuales esperan poco, sino que recurren cada vez con más fuerza a las vías de hecho y a las instancias internacionales para hacer valer sus derechos.

En mi criterio dada la deuda histórica con la población indígena y el desprecio y la connotación racista, de los abusos cometidos por las instituciones agrarias la Fiscal general debe proceder a enjuiciar, a los funcionarios que, a contrapelo del derecho de la propiedad y las leyes vigentes, distribuyeron tierras de las comunidades entre clientelas partidarias.

¿No es que estamos en un régimen de derecho que nos protege a todos? O es que la Ley se hizo solo para aplicarla a “los de poncho” como dicen en Ecuador.

Un siglo de vida y de lucha revolucionaria

Alicia Albertazzi Herrera nació el 18 de setiembre de 1918. Hija de José Albertazzi Avendaño, diputado republicano y uno de los impulsores de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, muy cercano al presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, director de la Biblioteca Nacional, donde también trabajó Alicia. Su madre fue María Herrera Braun. Su compañero de vida el farmacéutico Fernando Cerdas Mora. Alicia Albertazzi fue comunista desde joven, siempre activa en la labor de procurar ayudas económicas para el partido, destacada labor en la clandestinidad y en medio de la represión después de la guerra civil de 1948, fundadora de la Organización de Mujeres Carmen Lyra (1949), fundadora de la Alianza de Mujeres Costarricenses (AMC) el 15 de setiembre de 1952, redactora del periódico Nuestra Voz (órgano de la AMC), participante de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), integrante de la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, participante en la campaña electoral de Acción Democrática Popular (ADP) en 1962 y del Partido Acción Socialista (PASO) en 1970 y 1974, impulsora de las Juntas Progresistas e integrante de la Junta Progresista de Barrio Luján, luchadora por la paz mundial en el Consejo Nacional de Paz y Solidaridad, integrante y activista de la Coalición Pueblo Unido (1978 a 1986), fundadora de la Organización de Mujeres Carmen Lyra (1984), integrante del Comité Central del Partido del Pueblo Costarricense (PPC).

Este es el párrafo inicial de una publicación en homenaje a esta gran mujer costarricense, que José Francisco Alfaro compartió con SURCOS. Puede descargar el documento completo en este enlace:

Observatorio Ciudadano: bajo nivel de transparencia en información sobre bono Proteger

Comunicado

Lo referente al bono proteger está en la mira de cientos de miles de familias que han sido muy golpeadas económicamente y han esperado durante semanas para conocer sobre el resultado de las gestiones gubernamentales para entregar esa ayuda financiera.

Dado este interés público el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, con el apoyo técnico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, creó un Índice con 61 indicadores para medir si información pública relevante acerca de ese bono está o no disponible en las páginas web institucionales del IMAS, MTSS, CNE y en el sitio covid19.go.cr. Con el apoyo de La Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) se hizo la primera evaluación del índice.

Para esta evaluación no se tomaron en cuenta informaciones suministradas que no se hayan sujeto al criterio técnico seguido (información que no consta en esos sitios web oficiales o bien que se encuentren en video pero sin ser transcrita).

La primera medición se realizó con base en una verificación realizada el pasado 30 de abril de 2020 de la información disponible en las cuatro páginas web arriba indicadas, y dio como resultado una calificación de 29 de 100 puntos posibles.

En ese sentido, de los cinco grandes componentes que conforman la estructura del Índice, la información que ha estado más disponible es aquella relacionada con la normativa y documentación que rige el bono proteger, la cual obtiene 11.25 puntos de 20 posibles, faltando información sobre quién, cómo y porqué, se tomaron decisiones acerca de quienes debían ser los beneficiarios y los modos de pago.

Con cero puntos está la información sobre rendición de cuentas y lo relativo a la información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el MTSS y el IMAS para pagarles a los beneficiarios este subsidio económico con un puntaje de 2.22 de 20 posibles.

La siguiente infografía ofrece un panorama general de la medición, mientras que para ver el detalle de cada componente recomendamos acceder a la infografía interactiva en línea a través del siguiente link: https://bit.ly/2Z6p1jr

Explicaciones del Gobierno

El Observatorio ha recibido algunas respuestas por parte del Gobierno, respecto a la información incluida en el Índice:

  1. En el oficio MTSS-DMT-OF-404-2020 de 28 de abril de 2020, la Ministra de Trabajo responde parcialmente y suministra alguna data gestionada por el Observatorio sobre los trabajadores afectados, pero ante las omisiones, el pasado 11 de mayo se le solicitó responder a los aspectos no atendidos, que tratan sobre estadísticas, actualización de la información, acceso a bases de datos, colocación de la información en el sitio web, entre otros.
  2. El oficio MC-GA-37-2020 de 8 de mayo de 2020 y su adjunto, en donde Geannina Sojo Navarro, Coordinadora de Gobierno Abierto se refiere al seguimiento de los asuntos tratados en una reunión sostenida el 7 de mayo de 2020, donde el Observatorio dio a conocer a representantes de gobierno los resultados del Índice y se creó una mesa de trabajo conjunto para incrementar la liberación y accesibilidad de la información sobre el bono proteger.
  3. En dicha reunión se nos esbozó el macroproceso a través del cual se está haciendo cruce de datos de las bases del TSE, SICERE, SINIRUBE, HACIENDA, SINPE Y DGME para efectos de cumplir con los requisitos determinados en la reglamentación emitida al respecto.
  4. También cabe resaltar que los funcionarios nos ayudaron a ubicar alguna de la información requerida en los sitios web oficiales, con lo que mejoraron la calificación general y que nos hicieron ver que alguna otra información que evalúa el índice fue liberada después de la fecha de corte de esta primera evaluación por lo que esos aspectos mejorarán para la próxima medición.

También se nos explicó que el sitio web covid19 es de reciente lanzamiento (9 de abril de 2020) y está todavía en construcción, así como que “hay que tener presente las diversas situaciones que conlleva la emergencia nacional por el Covid19 y el corto tiempo en el que se diseñó y puso en ejecución el Bono Proteger y que aún está en proceso de consolidación”.

¿Qué va a hacer el Observatorio?

Buscamos que toda la información contenida en el Índice sobre el Bono Proteger sea liberada por el Gobierno en el sitio covid19.go.cr, y por ello esperamos que para la segunda medición que se realizará el próximo viernes 29 de mayo de 2020 mucha más información sea puesta a disposición de la ciudadanía como legítimo derecho constitucional que le asiste.

El Índice no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de monitoreo ciudadano para lograr un objetivo de acceso a la información útil para formar opinión pública con base en datos y evidencia, más allá de las meras percepciones.

De hecho el Observatorio junto con la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) inició todo este proceso con un anteproyecto de evaluación de la gestión del gobierno en atención a la emergencia sanitaria.

Esperamos divulgar en los próximos días estos resultados en medios de comunicación social y redes sociales, para lograr el objetivo antes dicho, y no tener que recurrir a la vía del recurso de amparo para obtener la información pública relativa al bono proteger. Esta pandemia no debe ser una excusa para abandonar la trasparencia de los asuntos públicos. Emergencia y transparencia son compatibles.

También les invitamos a seguirnos por Facebook o nos pueden escribir al siguiente correo: observatorio.ciudadanotf@gmail.com

P/ Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal: Amanda Isabel Ugalde Argüello, cédula 108640894

15 de mayo. La noche del agricultor

De “el día del agricultor” a “el día sin agricultores”

Dany Villalobos, Presidente FECON

En 1968 se declaraba por Ley el 15 de mayo como el “día del agricultor” en Costa Rica. Habían pasado entonces 25 años desde que el Estado asumió el impulso de la producción agrícola, primero con la creación en 1943 de la Junta Nacional de Abasto, que se instituyó para contrarrestar los efectos alimentarios de la 2ª Guerra Mundial y que se convertiría luego en el icónico Consejo Nacional de Producción (CNP).  

Pero el reconocimiento histórico de la importancia de los agricultores en la vida costarricense no tardó mucho para comenzar a opacarse. Un nuevo modelo de subdesarrollo se había vendido a los políticos criollos y en 1985 en la Asamblea Legislativa  aprobaban el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), reduciéndoles a los agricultores costarricenses el espacio protagónico que tuvieron durante 42 años en la economía nacional.   

El PAE I dictaba que la producción de las tierras nacionales se inclinaría hacia la exportación, beneficiándose los nuevos cultivos con exoneraciones de impuestos, al mismo tiempo que iniciaba la desarticulación de las funciones regulatorias del Consejo Nacional de Producción (CNP), para asemejar los precios agrícolas domésticos con los precios internacionales.

Esto significó el inicio de la caída del campesinado costarricense. Pero también marcó el surgimiento de una nueva fuerza política de corte transnacional en nuestro país. Las oligarquías criollas ya manejaban los negocios del café, banano, carne y azúcar. Sólo le dieron espacio a nuevas industrias agroexportadoras y abrieron el país para que se le comprara a sus socios extranjeros en el agronegocio.

Esto provocó que en el año 2000 se organizaran fuertes protestas de diversos sectores agrícolas, por la crisis económica que les produjo la política de apertura agrícola. Algunos incluso perdían sus tierras por deudas. Varias carreteras del país fueron cerradas simultáneamente, pidiendo la prohibición de importaciones de cebolla, papa y frijol, así como reajustar las condiciones arancelarias para proteger a los productores locales.

Pero a pesar de las salidas negociadas para contener estos descontentos populares, la política de Estado ya estaba definida por la oligarquía. No había vuelta atrás y más bien, en esa década ya se iniciaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. El sector agrícola fue de los principales opositores, pero el 2007 sellaría la suerte económica de muchas familias que sobrevivían de la agricultura y tuvieron que ajustarse a cambios severos al perder rentabilidad sus tierras.

En el 2002, el sector arrocero se intentó acuerpar con la creación de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Sin embargo, la gestión de esta entidad no ha sido capaz de soportar las necesidades económicas básicas de los pequeños productores arroceros, que se han ido quedando tirados en el camino mientras Estados Unidos y otros países suramericanos inundan los silos de los agroindustriales con arroz importado a bajos costos.

En setiembre del 2013 vuelven las protestas, esta vez de los productores de frijol, que reclamaban la imposibilidad de competir con los precios de importaciones que el país hacía, por el precio real al que necesitaban vender el quintal para poder recuperar los costos de producción y sobrevivir dignamente. La respuesta de la administración de Laura Chinchilla ante los bloqueos en Pérez Zeledón fue represión con su promesa de campaña: los cuerpos policiales. A la criminalización le sucedió del progresivo abandono y silencio con el tema.

De la agricultura familiar a los oligopolios

En 2020, el proceso acumula un panorama productivo decadente. Una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70%[1], mientras los campos están plagados de monocultivos para exportación, tradicionales o no. El CNP gestiona el comercio de producción nacional en espacios limitados como ferias y comedores escolares. La agricultura local no encuentra asidero.

Mientras, los índices de desarrollo humano en los cantones agroexportadores del país, donde reinan la piña, el banano y la caña de azúcar, ocupan las posiciones más bajas en señal de que la economía está colapsada por el modelo de libre mercado, cuyas grandes empresas dominantes ofrecen a sus trabajadores salarios de pobreza perpetua y a sus territorios huéspedes contaminación a granel.

La concentración de tierras es una constante. En la industria piñera el 91% de la producción se concentra en sólo 100 de las 1200 unidades productivas[2]. En este tipo de agronegocio, los pequeños productores son los eslabones más vulnerables a perder sus cosechas cuando bajan las demandas y con deudas por inversiones, muchos llegan a perder su tierra. Las grandes transnacionales han aprovechan este tipo de situaciones para aumentar su patrimonio y capital adquiriendo propiedades en riesgo[3].

Sin duda hará falta que los agricultores y agricultoras vuelvan a levantar sus luchas contra el fraude del libre comercio y los encadenamientos oligopólicos. Que las organizaciones comunales exijan políticas de Estado favorables a la producción local de alimentos. Urge recuperar la dignidad económica de los campesinos y campesinas. Sin dar esta lucha, estaremos manteniendo un régimen permanente zozobra e irrespeto hacia derechos humanos básicos, como el trabajo digno y la alimentación adecuada, a cambio de sostener oligopolios mercantiles. Una contrariedad con el espíritu de honra al trabajo agrícola que se estableció el 15 de mayo.

[1] Henry Picado (2020). Comida y pandemia. Publicado en Surcos.

[2] Marco Vinicio Fournier (2020). Algunas precisiones sobre la situación del agro.

[3] Testimonios en La Gloria de Aguas Zarcas (2011).