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La OCDE y el agro: algunas precisiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Luis Felipe Arauz

Profesor universitario y exministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018)

Con fecha 19/05/2020 se publicó en Surcos Digital, un artículo de Henry Picado, expresidente de FECON, titulado “La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica”. En el mismo, luego de dar su opinión sobre las implicaciones políticas de la incorporación de Costa Rica en la OCDE, la cual no comparto, pero como cualquier opinión, se respeta, entra a analizar aspectos del agro. En este último tema, cae en una serie de imprecisiones que, por respeto a los lectores de Surcos Digital, me veo en la obligación de aclarar.

En primer lugar, el autor se refiere al tema de registro de plaguicidas sin conexión alguna con la OCDE, incluso omite la recomendación que nos hizo la OCDE de incrementar el área dedicada a la agricultura orgánica. El nuevo reglamento para el registro de plaguicidas se empezó a trabajar desde antes que la misión de la OCDE evaluara nuestras políticas agrícolas. Con OCDE o sin OCDE siempre habríamos cambiado el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de 2007 (aún vigente, ya que el nuevo está esperando el fallo a un recurso sin fundamento científico presentado ante la Sala IV) resultó en un entrabamiento tal, que en 10 años no se había podido registrar casi ningún producto de última generación, de menor toxicidad y de menor dosis que los anteriores. Este rezago ha resultado en la aplicación de grandes volúmenes de plaguicidas en nuestro país. Baste un ejemplo. El control de la sigatoka en el cultivo del banano, con los productos actualmente disponibles, requiere de aplicar 2,5 kg por hectárea de fungicida cada 6 días. Esto da 146 kg por hectárea por año. Con productos de última generación, con dosis de 0,075 a 0,375 kg por hectárea cada 10 días, se aplicaría entre 2,7 y 13,7 kg por hectárea por año. Esto representa una disminución de más de 90% en el uso de plaguicidas. Otro caso, de los pocos que se lograron registrar con el reglamento viejo, es un producto para combatir nematodos dañinos de las raíces, que se usa en dosis 30 veces menor y es 133 veces menos tóxico, o sea una carga tóxica 4000 veces menor, que el producto usado antes, que por cierto yo mismo prohibí. Por otra parte, es falso que con el nuevo reglamento no se evalúen los temas toxicológicos o ambientales. Ningún producto que se vaya a aplicar en el campo tiene una evaluación más laxa con el nuevo reglamento que con el vigente. El tema es amplio y complejo, da para un artículo exclusivo para ese tema para explicar los detalles, como lo he hecho anteriormente (ver, por ejemplo: https://www.larepublica.net/noticia/registro-de-plagu-icidas-modernizacion-impacto-ambiental-y-algunas-aclaraciones), pero don Henry lo toca con una gran ligereza.

Un segundo tema que se trata no solo con ligereza sino con evidente confusión conceptual en el artículo del Sr. Picado es el tema de la “agricultura climáticamente inteligente”, el cual erróneamente confunde con el tema de “Agricultura 4.0”. Empiezo por este último concepto: la llamada “Agricultura 4.0” se refiere al uso eficiente e integración de diferentes tecnologías para la obtención y procesamiento de información, aplicables a la agricultura. No tiene nada que ver con drones fumigadores, aplicación de más agroquímicos, o la promoción de biología sintética u organismos genéticamente modificados. Ese uso eficiente de las tecnologías de información más bien permite usar los insumos con precisión y disminuir el uso de insumos y agua, y al mismo tiempo aumentar la productividad. En resumen, busca reducir el impacto ambiental y mejorar el impacto económico y social de la agricultura, mejorando la sostenibilidad de la actividad. Este tema no se planteó en el proceso de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

La OCDE sí nos hizo recomendaciones en el tema de la relación de la agricultura con el cambio climático, que las podríamos resumir en que continuáramos por la ruta que ya habíamos iniciado como país, fortaleciendo los mecanismos financieros para extender a otras áreas las acciones que ya había empezado Costa Rica en ganadería y café. En el informe de la OCDE no se habla explícitamente de “agricultura climáticamente inteligente” (ACI), aunque al hablar de balancear productividad, mitigación y adaptación al cambio climático, está hablando implícitamente de ese concepto, pues efectivamente de eso se trata. El concepto, presentado por la FAO en 2010, se refiere justamente a una agricultura productiva, que capture carbono o reduzca emisiones de gases de efecto de invernadero, y que se adapte al cambio climático. Si uno ve el libro de consulta la FAO del 2014, que desarrolla el concepto (http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/concept/es/), no se promueve una mayor aplicación de plaguicidas, ni la deforestación ni el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). En Costa Rica, un ejemplo de ACI, es la estrategia de ganadería baja en carbono (http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/L01-11006.pdf), en la cual no se materializa ninguna de las amenazas que menciona el artículo de don Henry. Por el contrario, aumenta la arborización en los potreros, reduce el uso de fertilizantes, aumenta la productividad, mejora el uso del agua y aumenta la biodiversidad. En otros países, en especial en los Estados Unidos, sí se ha incorporado el uso de los OGM en la ACI. Esta diferencia de enfoque con Costa Rica no pasó inadvertida en la conferencia de las partes (COP21) de cambio climático de París 2015, lo que motivó una publicación al respecto (http://www.iatp.org/blog/201512/the-clever-ambiguity-of-climate-smart-agriculture) por parte de la ONG Instituto para las Políticas de la Agricultura y el Comercio.

Concluyendo, tanto la modernización del registro de plaguicidas como la agricultura climáticamente inteligente son temas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería venía promoviendo desde antes de las recomendaciones de la OCDE, simplemente porque hacerlo ayuda a la agricultura y al ambiente, como lo he demostrado con seriedad, aportando datos y documentos.

Democratizar, desmercantilizar, descontaminar… manifiesto ante la crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manifiesto firmado por 3.000 investigadoras e investigadores de 600 universidades de todo el mundo

¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El personal médico y farmacéutico, el personal de enfermería, de reparto, de caja… todas esas personas que nos han permitido sobrevivir durante este período de confinamiento son la viva muestra de ello. Esta pandemia ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera “mercancía”. Los servicios de salud, atención y cuidados a colectivos vulnerables son actividades que deberíamos proteger de las leyes del mercado. De no hacerlo, correríamos el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas. ¿Qué hacer para evitar semejante escenario? Hay que permitir a los y las trabajadoras participar en las decisiones, es decir, hay que democratizar la empresa. Y hay también que desmercantilizar el trabajo, es decir, asegurar que la colectividad garantice un empleo útil a todas y todos. En este momento crucial, en el que nos enfrentamos al mismo tiempo a un riesgo de pandemia y a uno de colapso climático, estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían no sólo garantizar la dignidad de cada persona, sino también actuar colectivamente para descontaminar y salvar el planeta.

Democratizar

Mientras quienes podemos permanecemos confinadas, los (y especialmente, las) que forman parte del personal esencial, en particular las personas racializadas, migrantes y que trabajan en la economía informal, se levantan cada día para prestar servicio a los y las demás. Ellas son prueba de la dignidad del trabajo y de la ausencia de banalidad de su función, y demuestran un hecho clave que el capitalismo, en su afán por transformar a los seres humanos en meros “recursos”, intenta siempre invisibilizar: sin personas dispuestas a invertir su trabajo, no hay producción ni servicio que valga.

Por otra parte, los confinados (y, en especial, las confinadas) están movilizando todo lo que está en su mano para lograr, desde sus domicilios, mantener la actividad de sus organizaciones, demostrando así de forma masiva que quienes suponen que la gran preocupación de un empresario debe ser no perder de vista a un trabajador indigno de confianza para controlarlo mejor, están profundamente equivocados. Cada día, los y las trabajadoras evidencian que no son una “parte interesada” cualquiera de la empresa: son su parte constitutiva. Sin embargo, se les niega aún con demasiada frecuencia el derecho a participar en el gobierno empresarial, monopolizado por quienes aportan capital.

Si nos preguntamos seriamente cómo podrían las empresas y la sociedad en su conjunto expresar su reconocimiento hacia los y las trabajadoras, parece evidente que tendría que aplanarse la curva para las remuneraciones más altas e iniciarse esta desde un nivel más alto para el resto, pero dichos cambios no serían suficientes. Del mismo modo en que, después de las dos guerras mundiales, se otorgó el derecho de voto a las mujeres en reconocimiento de su contribución al esfuerzo de guerra, hoy resulta injustificable negarse a la emancipación de los y las inversoras de trabajo, y al reconocimiento de su ciudadanía en la empresa. Se trata de una transformación absolutamente necesaria.

En Europa, la representación de quienes invierten su trabajo en la empresa comenzó a establecerse por medio de comités de empresa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero estas “cámaras” de representación de los y las trabajadoras se han quedado en órganos muy débiles, dependientes de la buena voluntad de los equipos de dirección designados por el accionariado. Estas cámaras han sido incapaces de bloquear la dinámica propia del capital, que busca acumular para sí mismo mientras destruye el planeta. Estas cámaras de representación de los y las trabajadoras deberían en lo sucesivo ser dotadas de derechos similares a los de los consejos de administración, con el fin de someter el gobierno empresarial (es decir, la dirección al más alto nivel) a un sistema de doble mayoría.

En Alemania, Países Bajos y los países escandinavos, las diferentes formas de cogestión o codecisión (Mitbestimmung) que se pusieron progresivamente en marcha después de la Segunda Guerra Mundial representaron una etapa crucial, pero aún no basta para generar una verdadera ciudadanía en la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde el derecho de sindicalización ha sido vigorosamente combatido, surgen hoy voces que piden otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de elegir representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno de los consejos de administración. Nombrar al director (o, mejor aún, a la directora) general, decidir sobre la estrategia empresarial o sobre cómo se reparten los beneficios, son todas ellas cuestiones demasiado importantes como para ser dejadas exclusivamente en manos de la representación accionarial. Quienes invierten en la empresa su trabajo, su salud y, en definitiva, su propia vida, deben tener asimismo la posibilidad de validar colectivamente tales decisiones.

Desmercantilizar

Esta crisis ilustra también hasta qué punto el trabajo no debería tratarse como mercancía. La crisis demuestra que no podemos dejar decisiones colectivas tan importantes en manos de los mecanismos del mercado. La creación de puestos de trabajo en los sectores de cuidados y de atención primaria, o el abastecimiento de material y equipos de emergencia llevan años sometidos a la lógica de la rentabilidad, y esta crisis no hace sino sacarnos del engaño. Nuestras decenas de miles de fallecidos nos recuerdan que hay necesidades colectivas estratégicas que debieran quedar inmunizadas ante la mercantilización. Quienes aún afirmen lo contrario son ideólogos que nos ponen a todos en grave peligro. La lógica de la rentabilidad no puede decidirlo todo. Al igual que ciertos sectores han de protegerse de las leyes del mercado no regulado, también ha de poder garantizarse a cada cual un trabajo digno.

Manifiesto global

Este manifiesto, firmado por 3.000 investigadores de 600 universidades de todo el mundo, es publicado en forma simultánea por medios de 27 países. Además de la diaria lo publicaron en América Latina Folha de São Paulo (Brasil), Ámbito (Argentina), El Comercio (Perú) y en América del Norte Boston Globe (Estados Unidos). En Europa fue publicado, entre otros, por Le Monde (Francia), Die Zeit (Alemania), Il Manifesto (Italia), Público y El Diario (España). En África lo publicó Média24 (Marruecos), en Oceanía The Guardian (Australia) y en Asia Made in China Press, South China Morning Press y The Wire (India).

Una forma de alcanzar ese objetivo es mediante una garantía de empleo, que ofrezca la posibilidad a cada ciudadano y ciudadana de tener un empleo. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho al trabajo, a un trabajo libremente elegido, a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, y a una protección contra el desempleo. En este sentido, la garantía de empleo permitiría no sólo que toda persona se ganara la vida dignamente, sino también que, colectivamente, multiplicáramos nuestras fuerzas para responder mejor a las numerosas necesidades sociales y medioambientales a las que nos enfrentamos. Una garantía de empleo puesta a disposición de las comunidades y administraciones locales permitiría, en concreto, contribuir a evitar el colapso climático, y al mismo tiempo garantizar un futuro digno a todas las personas. La Unión Europea (UE) debería poner los medios necesarios para impulsar semejante proyecto en el marco de su Green Deal. Si revisara la misión de su Banco Central, para que este pudiera financiar tal programa, necesario para nuestra supervivencia, la UE se ganaría la legitimidad en la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Ofreciendo una solución anticíclica al choque que se avecina en términos de desempleo, la UE demostraría su compromiso con la prosperidad social, económica y ecológica de nuestras sociedades democráticas.

Descontaminar

No repitamos los errores de 2008: aquella crisis se saldó con el rescate incondicional del sector financiero, profundizando la deuda pública. Si nuestros estados vuelven hoy a intervenir la economía, es importante que al menos pueda exigirse a las empresas beneficiarias su adecuación al marco general de la democracia. El Estado, en nombre de la sociedad democrática a la cual sirve y que lo constituye, y en nombre también de su responsabilidad para velar por nuestra supervivencia medioambiental, debe condicionar su intervención a cambios en la orientación estratégica de las empresas intervenidas. Más allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales, debe imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de las empresas. Porque las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán, sin lugar a duda, las que cuenten con gobiernos democráticos; aquellas en las que tanto inversoras de capital como de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica. Esto no debe sorprender: bajo el régimen actual, el compromiso capital/trabajo/planeta resulta siempre desfavorable al trabajo y al planeta. Como han demostrado los ingenieros de la Universidad de Cambridge Cullen, Allwood y Borgstein (Envir. Sc. & Tech., 2011 45, 1.711-1.718), si se establecieran “modificaciones realizables en los procesos productivos”, podría ahorrarse 73% del consumo mundial de energía. Pero estos cambios implicarían más mano de obra, y decisiones a menudo más costosas a corto plazo. Mientras las empresas sigan administrándose exclusivamente en beneficio de quienes aportan capital, ¿de qué lado creen ustedes que se decantará la decisión, en un momento en que el coste de la energía es irrisorio?

A pesar de los desafíos que tales cambios implican, algunas cooperativas o empresas de la economía social y solidaria, proponiéndose objetivos híbridos (financieros a la par que sociales y medioambientales), y desarrollando gobiernos internos más democráticos, han demostrado ya que esta es una vía creíble.

No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan capital no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que invierten su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar el planeta.

16/05/2020

Firman este manifiesto Isabelle Ferreras (University of Louvain/FNRS-Harvard LWP), Julie Battilana (Harvard University), Dominique Méda (University of Paris Dauphine PLS), Julia Cagé (Sciences Po-Paris), Lisa Herzog (University of Groningen), Sara Lafuente Hernández (University of Brussels-ETUI), Hélène Landemore (Yale University), Pavlina Tcherneva (Bard College-Levy Institute), Pablo Fernández (IAE Business School/Universidad Austral), Adolfo Rodríguez-Herrera (Universidad de Costa Rica), Rodrigo Canales (Yale University), Gianfranco Casuso (Pontificia Universidad Católica del Perú), Justo Serrano Zamora (University of Groningen), Rodrigo Arocena (Universidad de la República, Uruguay), Alberto Alemanno (HEC Paris-NYU Law), Elizabeth Anderson (University of Michigan), Philippe Askénazy (CNRS-Paris School of Economics), Aurélien Barrau (CNRS et Université Grenoble-Alpes), Adelle Blackett (McGill University), Neil Brenner (Harvard University), Craig Calhoun (Arizona State University), Ha-Joon Chang (University of Cambridge), Erica Chenoweth (Harvard University), Joshua Cohen (Apple University, Berkeley, Boston Review), Christophe Dejours (CNAM), Olivier de Schutter (UCLouvain, UN special rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights), Nancy Fraser (The New School for Social Research, NYC), Archon Fung (Harvard University), Javati Ghosh (Jawaharlal Nehru University), Stephen Gliessman (UC Santa Cruz), Hans R Herren (Millennium Institute), Axel Honneth (Columbia University), Eva Illouz (EHESS, Paris), Sanford Jacoby (UCLA), Pierre-Benoit Joly (INRA-National Institute of Agronomical Research, France), Michele Lamont (Harvard university), Lawrence Lessig (Harvard University), David Marsden (London School of Economics), Chantal Mouffe (University of Westminster), Jan-Werner Müller (Princeton University), Gregor Murray (University of Montréal), Susan Neiman (Einstein Forum), Thomas Piketty (EHESS-Paris School of Economics), Michel Pimbert (Coventry University, executive director of Centre for Agroecology, Water and Resilience), Raj Patel (University of Texas), Katharina Pistor (Columbia University), Ingrid Robeyns (Utrecht University), Dani Rodrik (Harvard University), Saskia Sassen (Columbia University), Debra Satz (Stanford University), Pablo Servigne PhD (in-Terre-dependent researcher), William Sewell (University of Chicago), Susan Silbey (MIT), Margaret Somers (University of Michigan), George Steinmetz (University of Michigan), Laurent Thévenot (EHESS), Nadia Urbinati (Columbia University), Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (UCLouvain), Judy Wajcman (London School of Economics), Léa Ypi (London School of Economics), Lisa Wedeen (The University of Chicago), Gabriel Zucman (UC Berkeley), y otros 3.000 académicos de más de 600 universidades de todo el mundo.

La lista completa está disponible en democratizingwork.org.

 

Fuente de información e imagen: https://ladiaria.com.uy/

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La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollos Económico (OCDE) es una organización internacional fuera del sistema multilateral de Naciones Unidas caracterizada por emitir “recomendaciones” centradas en la disminución del papel del Estado en materia productiva, de biodiversidad, agrícola y también “recomienda” la privatización de instituciones públicas; recortes de presupuestos en materia de salud, educación y alimentación. La palabra recomendaciones se encuentra entre comillas ya que los países miembros de la OCDE rara vez desestiman estas y por el contrario se vuelven ley aunque teóricamente no son vinculantes para sus miembros. Entonces ¿por qué sus 34 países afiliados las acatan?

A nivel internacional los lineamientos de la OCDE han servido para homologar, homogenizar y crear políticas públicas nacionales acorde a los Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones entre empresas y gobiernos. Esta manera de generar reformas de política internacional es mucho más rápida por la vía de la OCDE ya que esta no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Es decir que no está sometido a ningún control de ningún órgano de decisiones multilaterales en temas de la justicia internacional, ni mucho menos, en materia de Derechos Humanos.

Ahora bien, en Costa Rica han decidido comenzar una tercera reforma estatal de corte neoliberal, nuevamente empezando desde el agro y el campo. Un sector severamente golpeado por procesos de cambio en materia de política económica marcados de forma importante en dos momentos: entre 1985 y 1991 con los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y en 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (CAFTA por sus siglas en ingles). Ahora estamos a las puertas de un tercer momento donde la OCDE y el gobierno la venden cómo el camino a seguir sin decirnos qué significa en realidad.

La incorporación de Costa Rica al Comité de Agricultura de la OCDE, tal y cómo lo promovió el ex-ministro Luis Felipe Arauz y ahora con el respaldo de su sucesor, Renato Alvarado, lleva camino recorrido de al menos dos administraciones anteriores y ha tenido impacto real pese a que Costa Rica hasta hoy fue aceptada para integrar este costoso club.

Ya conocemos los decretos de plaguicidas anticiencia. Estos generan polémica sobre la efectividad real de dichos decretos para la “modernización el mercado agrícola y la reactivación económica» en la coyuntura el COVID-19, porque en la realidad se ha comprobado que es un intento por incorporar venenos que no han sido aceptados en al país. Esto gracias a que los departamentos especializados en análisis de plaguicidas en MINAE los han rechazado en su momento por no cumplir con la normativa nacional.

Muchos de estos plaguicidas no son ni siguiera “de punta” ya que algunos tienen más de 10 años de antigüedad y que ninguno se ha sometido a pruebas ecotoxicológicas contextualizadas para los agroecosistemas costarricenses.

Además, esta insistencia de la OCDE busca profundizar otras acciones que impactan directamente en la cotidianidad de las comunidades agrícolas del país. Hablamos de la “Agricultura Climáticamente Inteligente” (ACI) o ahora llamada Agricultura 4.0, un nombres sexis para llamar a la intensificación de la agricultura a partir de más agriquímicos, biología sintética, drones fumigadores y tecnologías obsoletas como los Organismos Genéticamente Alterados (transgénicos), los cuales tienen 20 años de prometernos resolver los problemas de producción a nivel global pero que no ha sido así, todo lo contrario a intensificado la crisis por los altos costos ambientales y sociales que conlleva esta forma de agronegocio.

Lo sabido sobre la Agricultura Climáticamente Inteligente es que no ataca los problemas reales del Cambio Climático. La ACI tiene el objetivo de generar productos financieros para que las empresas contaminantes compren y vendan “bonos de carbono”, algo similar a las acciones de las bolsas de valores, pero con un supuesto respaldo en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) donde las mismas empresas de las plantaciones dicen absorber con sus monocultivos aún y cuando estos deforesten y sigan contaminando. En la práctica funcionan como permisos para contaminar y deforestar.

Este espaldarazo a la política pública neoliberal en materia agrícola por parte de la OCDE viene a reforzar un modelo agotado, explotador y excluyente. Un modelo basado en monocultivos contaminantes, la deforestación, explotación laboral, especulación y acaparamiento de tierras y de mercados; con el agravante de tener el maquillaje verde puesto y ser un engaño tanto para el país como para el mundo. Este lavado de imagen de las actividades más nocivas para planeta conocida comúnmente como Economía Verde.

Henry Picado Cerdas
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y parte de la Federación para la Conservación de la Naturaleza

 

Fuente: https://feconcr.com/

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Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Este 15 de mayo del 2020, Costa Rica fue oficialmente invitada a convertirse en el Estado Miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida por sus siglas OCDE: véase, entre muchas más nota de prensa del medio digital Informa-tico y esta nota del medio digital Delfino.cr. La lista de los 37 Estados que conforman la OCDE se encuentra en este enlace oficial de la OCDE.

El resultado de un largo recorrido iniciado años atrás

Cabe precisar que se trata de un proceso que fue iniciado (y fuertemente promovido) desde el 2012 por la entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica, Anabel González, y que se ha mantenido, desde entonces como una verdadera prioridad para las autoridades de Costa Rica.

Si bien este proceso ha involucrado a diversas entidades del Estado costarricense, ha sido liderado en todo momento por las autoridades de comercio exterior de forma ininterrumpida.

En su visita a Costa Rica en el 2013, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama reiteró que Estados Unidos apoyaría todas las gestiones de Costa Rica para ingresar a dicha organización (véase nota de prensa de ElFinanciero).

Como bien se sabe, con relación a lo que se denomina oficialmente la «Parte I» del presupuesto anual de la OCDE, Estados Unidos contribuye a altura de 20,5 % del presupuesto anual de la OCDE, seguido por Japón (9,4%), Alemania (7,2%), Reino Unido (5,4%), Francia (5,2%) e Italia (4,0%), en relación al ejercicio correspondiente al año 2019 (véase desglose oficial del presupuesto 2019 de la OCDE). Con respecto a la denominada «Parte II«, no se da a conocer el desglose correspondiente, sino que la OCDE indica simplemente que:

«Part II budgets, meanwhile, cover programmes that are of interest to a limited number of members and are funded according to scales of contributions or other agreements among the participating countries«.

En una nota anterior sobre el funcionamiento particular de la OCDE, analizábamos también las implicaciones jurídicas que supone integrar una organización internacional tan particular para Costa Rica: véase nuestra breve nota titulada «Membresía de Costa Rica a la OCDE: breves datos sobre sus costos«.

En efecto, la pertenencia a la OCDE supone para un Estado proceder a diversas modificaciones en su legislación interna en ámbitos muy diversos. Este verdadero «poder» normativo de la OCDE, que no se compara con ninguna otra organización internacional, ha interesado desde hace ya muchos años a juristas: véase, por ejemplo, la monografía publicada en el 2014 por la SFDI (Société Française pour le Droit International) titulada precisamente «Le pouvoir normatif de l´OCDE» (véase volante).

Desde antes de ingresar a la OCDE, los Estados ya deben realizar cambios en su legislación: en esta nota de prensa de CRHoy del mismo 15 de mayo, se detallan las 13 modificaciones al marco normativo que tuvo Costa Rica que adoptar desde que inició las etapas previas a su ingreso a la OCDE (véase nota de prensa titulada «OCDE a la vista: ¿es más lo bueno que lo malo de ingresar al «club» «). Ello como parte de una agenda legislativa «prioritaria» dirigida a cumplir con diversas recomendaciones hechas a Costa Rica por la OCDE en muy diversos ámbitos, y liderada en Costa Rica por las autoridades de comercio exterior. Nótese que los dos convenios marítimos internacionales sobre responsabilidad por contaminación de hidrocarburos son instrumentos abiertos a la firma y a la ratificación de los Estados desde hace muchos años, Costa Rica incluida.

Cabe precisar que para finales del 2015 ya se estimaba en 2,4 millones de US$ los costos asumidos por Costa Rica con relación al proceso iniciado en el 2012 para su futuro ingreso a la OCDE (véase nota de El Financiero de julio del 2015). No se tiene actualizado el dato a mayo del 2020, lo cual sería de sumo interés conocer.

Después de varios años de reuniones con diversos comités técnicos de la OCDE (22 en total), y una intensa agenda legislativa llevada de manera paralela para reformar diversos aspectos del ordenamiento jurídico costarricense, Costa Rica fue formalmente invitada a integrar la OCDE. De hacerlo, lo haría después de México (que se integró en 1994), de Chile (2010) y de Colombia (2020): Estados de América Latina que, como bien se sabe, mantienen una activa política de atracción de inversiones extranjeras, de privatización de activos estatales y a la vez persistentes índices de pobreza, de desigualdad y de exclusión social, objetos de innumerables estudios en la región latinoamericana.

Posiblemente en razón del drástico giro político vivido en Brasil en mayo del 2016, desde el 2017 Brasil es el que, en América Latina, ha oficialmente iniciado el proceso de negociación con miras a su futura adhesión a la OCDE (véase nota oficial del Palacio del Itamaraty): para ello, puede contar con el decidido apoyo del actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos.

Foto extraída de nota de prensa titulada «Trump apoya a Brasil para que ingrese a la OCDE en lugar de la Argentina», Cronista, Edición del 15/01/2020

Más allá del interés que puedan tener algunos Estados en que la OCDE se expanda a otros Estados apoyando su candidatura, hay que recordar que la OCDE es una organización internacional: como es lo usual, los Estados Miembros deben aportar una contribución anual para su funcionamiento.

La particularidad del monto de la contribución anual a la OCDE

Un punto sobre el que poco se ha investigado guarda relación con la contribución que recibe anualmente la OCDE por parte de cada uno de sus Estados Miembros y su comparación con las contribuciones anuales a otras entidades internacionales: los montos contributivos anuales que aplica la OCDE distan mucho de las demás organizaciones internacionales, como lo veremos a continuación. En Costa Rica, se trata de una contribución cuyo monto exacto, después de 8 años de negociaciones, se mantiene desconocido.

En el caso de Colombia, este artículo publicado en el 2018 (Colombia ingresó oficialmente en el 2019) estimaba la membresía anual de Colombia a la OCDE en una suma equivalente a 4 millones de Euros anuales para Colombia (véase nota de prensa titulada: «Ingresar a la Ocde le valdría al país unos 4 millones de euros«). En el caso de Chile, un informe interno al que tuvo acceso la prensa revela que en el 2019 Chile contribuyó con 3,2 millones de US$ a la OCDE (véase nota de prensa de La Tercera). Finalmente, en el caso de México, una investigación interna de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2009 reveló el monto de México a la OCDE: se trata de 6,6 millones de Euros que se reparten entre diversos rubros además de la contribución a la Parte I y II del presupuesto global de la OCDE (véase artículo publicado en el sitio Voltaire.net).

En una nota publicada este mismo 15 de mayo del 2020, se estima por parte de las autoridades que Costa Rica deberá pagar «alrededor de 2 o 3 millones de US$» anualmente a la OCDE (véase nota del Semanario Universidad): una aproximación, similar en su formulación, a otras aseveraciones dadas en el pasado sin que se precise un monto exacto. Es así como se leyó en agosto del 2019 por parte de las autoridades costarricenses de comercio exterior la siguiente respuesta a una pregunta:

«¿Ya saben ustedes cuánto es?

-No, pero es muy poquito. Es una cuota fija que entiendo yo es como de $1 millón por año más una cuota que depende del PIB, que se sabe hasta que ingresemos«(sic.)» (véase nota con la entrevista completa publicada por DiarioExtra).

Lo «muy poquito» (sic.) puesto en contexto

En la precitada nota que redactamos sobre Costa Rica y la OCDE, señalábamos que, por ejemplo, el monto pagado en el 2015 por Costa Rica a la Organización Internacional del Comercio (OMC) se elevaba a menos de 139.000 Francos Suizos, correspondientes al 0,071% del presupuesto de dicha organización; en el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la contribución de Costa Rica para el 2018 se elevó a menos de 179.000 Francos Suizos, correspondientes a 0,047% de su presupuesto; en el caso del presupuesto ordinario anual de las Naciones Unidas, la contribución de Costa Rica para el 2019 prevista era de 1.728.700 US$.

En el ámbito hemisférico esta vez, para el 2019, la contribución de Costa Rica al fondo regular de la Organización de Estados Americanos (OEA) era de 218.500 US$.

A modo de conclusión

No se cuenta a la fecha con algún documento oficial, en Costa Rica, que sistematice las contribuciones anuales que aporta a las distintas organizaciones internacionales a las que pertenece (tal y como por ejemplo se presenta en este documento oficial del 2020, en el caso de Estados Unidos, con la contribución anual a la OCDE ubicable en el rubro número 121). Tampoco se dispone de un dato oficial como el reportado por la prensa chilena en el 2019, el cual desmenuza cómo se distribuyen los 49,6 millones de US$ que Chile anualmente reparte a 158 entidades internacionales (véase precitada nota de La Tercera).

El no tener aún claridad sobre el monto que deberá aportar Costa Rica al funcionamiento de la OCDE, después de concluir un proceso iniciado en el 2012, puede plantear algunas interrogantes muy válidas.

Nótese, para citar una organización internacional muy expuesta y extremadamente solicitada en este año 2020, que la contribución anual de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima a 150.000 US$ para el 2020 (véase tabla de contribuciones proyectadas): fue de un poco más de 112.000 US$ para el período anterior (véase documento oficial).

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica – UCR

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La robustez de nuestro sistema democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Manuel Hernández

En la última semana, en la medida que los países europeos levantan gradualmente las cuarentenas, las ciudadanías realizan manifestaciones de protesta contra las medidas impuestas por los gobiernos.

En Madrid, Zaragoza y otras ciudades de España, las y los ciudadanos han recuperado las calles, protestando contra la gestión de la crisis por el gobierno de coalición y exigen la destitución del número 1 del PSOE.

En varias ciudades de Suiza, entre ellas Basilea, Berna, Zurich, la ciudadanía manifestó su descontento contra tanta medida que ha limitado desproporcionadamente las libertades fundamentales.

En varias ciudades de Alemania, Sttugart, Múnich, Francfort se produjeron enfrentamientos con los cuerpos de policía y fueron detenidas cientos de personas.

Los trabajadores de hostelería protagonizaron protestas en Roma.

Las personas manifestaron su inconformidad con la gestión política y autoritaria de la crisis y reivindicaron sus libertades fundamentales de reunión, manifestación pública y protesta social.

En la “Suiza centroamericana”, en las tradicionales y asépticas conferencias de prensa, se ha publicitado un conjunto de medidas de regreso paulatino y escalonado a la actividad productiva, comercial e institucional.

La vuelta a nuestra normalidad, por lo visto, seguirá siendo igual, al mejor estilo del dejar hacer, dejar pasar.

Da lo mismo que más de 200.000 personas hayan perdido su empleo, sin que -a diferencia de otros países- se hayan contenido los despidos individuales o colectivos.

Da lo mismo que a más de 55.000 trabajadores se le hayan suspendido los contratos de trabajo, o que a más de 126.000 se les haya reducido sus jornadas, con la consecuente reducción proporcional hasta el 75% de sus salarios.

Da lo mismo que el sector agropecuario prácticamente haya sido confinado al abandono.

Tenemos no solo un sistema sanitario muy consolidado, por dicha, sino, además, una democracia muy robusta, inmune al Covid-19.

Nos decía el recién partido, tan solo hace dos días, pero no desaparecido, Julio Anguita:

“No me da miedo el ruido del poder.
Me da miedo el silencio del pueblo.”

Imagen: Euronews

Homenaje a un luchador

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Manuel Hernández

Este 16 de mayo, lamentablemente, falleció Julio Anguita.

Un hombre que convirtió la política en ética política, transparencia y compromiso con la clase trabajadora.

Renunció a la pensión del cargo de diputado y se acogió a la pensión de educador.

En alguna oportunidad dijo: “La historia no acabará, el mundo no parará”.

La intelectualidad y la clase trabajadora perdió a una persona honrada y consecuente.

Recuerdo q en una intervención sentenció: “La socialdemocracia se convertirá en socialismo liberal”. Así fue.

Los politiquillos criollos deberían verse en el espejo de Julio Anguita.

QDEP

Foto: https://www.libertaddigital.com

El crepúsculo de las simples cosas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lecturas esperanzadas y perspectivas críticas para un Sur en pandemia

Nelson Specchia

Con el pan al sol, la mesa tendida Cuando aún no habíamos terminado de sorprendernos de que ese fenómeno que veíamos en la otra costa del mundo había llegado a tocar las nuestras, José Emilio Ortega me envió a mi correo –con cierta anticipación a su masiva circulación- una copia de la compilación Sopa de Wuhan: una primera reacción de importantes intelectuales, todos ellos originarios o radicados en sociedades altamente desarrolladas del Norte, al embate pandémico global del Covid-19. La escueta línea del mensaje que acompañaba al archivo adjunto decía simplemente: “Deberíamos hacer algo como esto, pero desde el Sur”.

Pepe Ortega es una de esas personas necesarias, que están en el lugar indicado y en el momento preciso cuando la situación lo requiere. Con Ortega, de dilatada experiencia tanto en la gestión política como en las aulas académicas, hemos compartido en las últimas décadas una diversidad de proyectos -tanto internacionales, regionales como locales- como para tener la seguridad de que, si me convoca, es porque el problema y la ocasión realmente lo ameritan. Y así también fue en esta oportunidad: estaba acertado, necesitamos, imperiosamente, reflexionar y discutir sobre esta enorme erupción que ha venido a cuestionar las maneras en que hasta ahora habitábamos el mundo. Nos pusimos a la labor, y a cuatro manos fuimos bosquejando el conjunto de ideas, reflexiones, pensamientos y vivencias que el lector tiene ahora en sus manos. No es una sosegada labor evaluativa ex post, cuando todo haya pasado, sino una escritura al calor del momento, encabalgada sobre una realidad que trota y que salta, sin un rumbo claro, pero con la necesidad de contribuir al surgimiento de esa claridad.

Así inicia Nelson Specchia su introducción a este volumen con más de treinta textos, que el doctor Jaime García compartió con SURCOS.

Le invitamos a descargar el archivo con este libro El crepúsculo de las simples cosas, que, como dice el editor en su exposición, “este volumen apela a unos versos de Armando Tejada Gómez, que la voz de Chavela Vargas o Mercedes Sosa plantaron en la cultura popular, cantándolos por toda América: vivimos un momento crepuscular, en que las cosas simples, esas que conformaron nuestra historia y nuestro presente, parecen barridas por un viento de pestes y cambios. Pero ese mismo poema propone una esperanza: “Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, / donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida.” Estas páginas son un intento de ofrecer algunas hogazas de pan, al sol -ojalá de nuevo mediodía”.

Con sus dos capítulos: Instituciones en su laberinto y Cuarentena en conflicto más la Introducción de Specchia, el material es fecundo para reflexionar y avizorar el futuro.

El-crepúsculo-de-las-simples-cosasDescarga

15 de mayo, Día del Agricultor

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Jorge Luis Hernández Cascante

En mi caso con la dicha de ser hijo de don pachico y nanita;
dos de pura cepa campesina.

Camino en la tierra de ellos,
regada de sudor y esperanza suyas,
Ahora,
envuelto en su abundancia de trinos, colores y flores (el café, cada mata vestida de novia), surcos y esperanza;
conmueve
y a la vez mueve
a continuar soñando, viviendo, luchando
en medio de esta pandemia.

La vida hecha brote sigue
los agricultores en su día,
como siempre
año tras año,
solos
aislados
arrinconados entre surcos, matas esfuerzo y cosecha;
de comida para todos!!

Feliz día hijos e hijas
de la tierra y la luna.

Compromiso del presidente: renovar el pacto social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Del discurso del Presidente de la República ante la Asamblea Legislativa voy a concentrarme en un solo punto, que considero es el compromiso fundamental que asumió ante la ciudadanía: su palabra para renovar el Pacto Social y robustecer el Estado Social de Derecho. Visión correcta: la reconstrucción nacional será de tal magnitud, que exigirá el compromiso de todos y el sacrificio compartido.

Lo cito: “Quienes hoy vivimos en este país y tomamos decisiones, estaremos a la altura de las circunstancias en la medida en que reconozcamos nuestra pluralidad, nuestra multiplicidad de representación y que logremos superar la crisis emanada de la pandemia, al mismo tiempo que renovamos nuestro pacto social y modernizamos el Estado Social de Derecho. A esa tarea debemos abocarnos a trabajar en unión.” (4 de mayo de 2020)

Reconoce que ante estos desafíos nacionales debemos tomar en cuenta al menos:

a-   Renovar el Pacto Social. Éste marcará el derrotero hacia el desarrollo nacional, incluyente, progresista, modernizante.

b-   Defender del Estado Social de Derecho, modernizándolo. Y, sobre todo, robusteciéndolo.

c-    Incluir la pluralidad que conforma nuestra Nación: distintos enfoques, distintas propuestas, distintas realidades.

En consecuencia, la representación en el proceso debe ser múltiple. El país no le pertenece a un solo grupo; la visión que surja deberá ser diversa e incluyente.

Una convocatoria de esta magnitud no puede pasar inadvertida, ni quedar solo en el papel. Mientras se van atendiendo los problemas de corto plazo, el Presidente debe tener a su equipo sobre la mesa de trabajo, dibujando las pautas de este proceso, de esta convocatoria nacional.

En este momento, día a día, el Ejecutivo, la Asamblea, los bancos, los empresarios, los trabajadores, todos los estamentos sociales van tomando decisiones. Esto dejará en su momento unas cuentas en el balance que habrá que cuantificar en detalle, y habrá que empezar a saldar.

Ese balance reflejará caída y destrucción de riqueza y producción, mayor desempleo, aumento en el subempleo, desbalances regionales, ruptura de cadenas productivas, pobreza, marginación, eventualmente tensiones sociales nuevas. Enseñará, al mismo tiempo, nuevas oportunidades y fortalezas a desarrollar.

En esta ruta, es necesario conocer con claridad a qué se ha comprometido el Gobierno, con los bancos que están financiando sus necesidades de flujo de caja y, sobre todo, con el FMI.

En un principio, las autoridades dijeron que no había condicionamientos; después han ido dando otro tipo de señales. Desde decir que los documentos con el FMI son públicos, y que vayamos a estudiarlos, hasta la carta que dio el Ministro de Hacienda este miércoles donde aclara preguntas sobre los créditos, pero adelanta medidas sobre lo que llama “reformas estructurales”, que incluyen una ley de empleo público, una ley de venta de activos públicos y una ley de órganos desconcentrados, entre otras. Pero, ¡ojo!, precisamente, el nuevo pacto tendrá que definir cuáles son las reformas estructurales sobre las que refundaremos la República. ¡Que no se ponga la carreta delante de los bueyes!, pues el proceso puede arrancar deslegitimado.

La emergencia nacional no quita la necesidad de la comunicación oportuna y las propuestas económicas las han venido dando a cuenta gotas. Y debe ser claro que ese proceder no ayuda al clima para la renovación del Pacto Social. Que sea sólido, exige información clara y a tiempo.

EN CONCLUSIÓN: Articular todos los esfuerzos para impulsar el nuevo desarrollo exige tomarle la palabra al Presidente en su llamado. Sin mezquindades; sin cálculos políticos, con espíritu constructivo, reconociéndole que atinó en su propuesta.  ¡Manos a la obra! ¡Convoque cuanto antes D. Carlos!

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog http://notasaltema.blogspot.com