Otra versión para no ser móviles de la desinformación.
Ante el tema migratorio, los políticos nacionalistas pretenden:
1) Ocultar y proteger los grandes negocios de los extranjeros ricos en el país (lavado y tráfico de influencias), haciendo una campaña contra los extranjeros pobres por algunos delitos que han cometido ciertos nicaragüenses.
2) Empoderar a los grupos neonazis, que serían los abanderados para alentar una crisis social, apoyada por el descontento popular contra el oficialismo.
3) Esto provocaría una crisis política para dividir y golpear al Gobierno Central, separando a los progresistas y retornando a la derecha dura al negocio del poder.
No obviemos el crecimiento de la violencia civil de por medio que ello podría implicar, ya no solo en la redes sociales, por lo que el frágil argumento de la paz en Costa Rica podría terminar de gastarse.
No es secreto el desgaste y división que produjo la campaña política anterior. Hay sectores con fuerte resentimiento político que apuestan por continuar la línea de la violencia para golpear al oficialismo, cuya base tampoco ha sido cauta en retomar posturas de respeto, pepetuando esta riesgosa división. Es cómplice el oficialismo por su falta de visión política extra-electoral.
Sea crítico en ambas vías
Sea crítico con el Gobierno actual, pero no sea ingenuo con los grupos que utilizan esta plataforma cibernética para manipular y utilizar al pueblo para sus fines políticos. Sea crítico con sus fuentes de información, porque de entrada, darle cuerda a una página que basa su propaganda en mentiras, es dejarse engañar.
Si le interesa la política, apunte a temas que realmente van a afectar al país si el gobierno no atiende: la crisis por endeudamiento y evasión fiscal, los problemas ambientales eternamente irresueltos, la desigualdad creciente que produce múltiples problemas sociales y otros de su interés.
Practique una oposición informada y responsable. No se oriente por discursos violentos, rechácelos, denúncielos, la violencia nunca es inocente ni tema para bromear. Quienes la han sufrido no estarán felices de ver como crece la violencia, en este y aquel lado de la frontera.
Finalmente pregúntese: ¿Quiénes coordinan y lideran este movimiento? ¿Quiénes convocaron a las calles? ¿Quienes les piden compartir la información? ¿Cuáles son sus fines? Si no lo sabe busque respuestas, sería mejor por el bien del país que tanto dice querer.
Análisis enviado a SURCOS por el autor, publicado también en la página de Facebook ContraVersión.
El autor aporta dos imágenes para fundamentar su análisis. Puede acceder a ellas aquí:
Sobre el odio a los migrantes nicaragüenses y otras enfermedades sociales
Juan Carlos Cruz Barrientos
Lo ocurrido este sábado 18 con la manifestación xenofóbica es una escenificación de nacionalismo exacerbado, odio hacia la población nicaragüense y autoritarismo fascistoide largamente alimentado por sectores de la ultraderecha. Tres fenómenos que se alimentan de la irracionalidad por un lado, de la ignorancia por otro y que en común tienen un caldo de cultivo en las condiciones objetivas de vida de las víctimas del modelo económico neoliberal: desempleados, trabajadores informales y asalariados mal pagados…
Estas personas enfilan sus frustraciones hacia quienes ven como la amenaza externa a los migrantes pobres de un país con el que largamente se mantiene una relación conflictiva: la clase trabajadora nicaragüense. Sin embargo son fenómenos que deben abordarse por separado ya que la manipulación ideológica de chovinismo, el odio hacia el migrante pobre y las exhortaciones a la mano dura, son armas que tarde o temprano devienen en gobiernos autoritarios filo-fascistas que lejos de resolver los problemas estructurales, los agravan.
No podemos dar pie a ningún argumento que legitime el uso de la simbología de unidad patriótica, como es la selección nacional de fútbol, ni la supuesta relación entre migración y creciente criminalidad, para aniquilar nicaragüenses como lo pretendían los manifestantes del sábado. El supremacismo costarricense en cualquiera de sus manifestaciones, es un invento ideológico de la derecha para ocultar lo que en común tenemos todos los pueblos centroamericanos que es la creciente desigualdad social entre ricos y pobres.
Los migrantes nicaragüenses no son responsables del desempleo en Costa Rica. La causa del desempleo es el estancamiento de nuestra economía que dejó de crecer desde hace años y en eso nada tienen que ver los migrantes. Los migrantes nicaragüenses tampoco son responsables de la sobredemanda de servicios médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social porque se trata de una migración joven que hace poco uso de los mismos. Los problemas en la calidad de atención que brinda la Caja hay que buscarlos en las malas decisiones y en la corrupción de la alta gerencia y algunos cuantos médicos inescrupulosos.
Tampoco es cierto que exista una relación estadística entre el aumento de la criminalidad y la migración nicaragüense. Dicho aumento es fruto de la actividad de las bandas de narcotraficantes y ahí tampoco tiene que ver el grueso de los migrantes nicaragüenses.
En todo caso los hechos del sábado 18 favorecen a Ortega para descalificar a los que huyen de la tiranía y de paso alimentar el desprecio hacia el pueblo costarricense. No es descartable esperar de Ortega otras sorpresas fronterizas, como autoagresiones, para desviar la atención y alimentar el sempiterno recurso del conflicto entre ambas naciones al estilo de Isla Calero.
Frente a los chistes y comentarios xenófobos, frente a la desinformación y las mentiras, frente a los llamados patrioteros, no podemos permanecer indiferentes. Una escalada del odio contra nuestros hermanos de la clase trabajadora nicaragüense tampoco resolverá los problemas estructurales que nosotros los ticos no hemos podido resolver, sólo fortalecerá a los políticos oportunistas que se valen del malestar y la frustración social para llevar agua al molino del fascismo.
Son muchos los esfuerzos realizados por diversas organizaciones internacionales para dar cuenta de los elementos que componen el progreso de un país de forma multidimensional. En esta oportunidad, se hará referencia al Índice de Desarrollo Humano (IDH) y al Índice de Desigualdad de Género (IDG) para Costa Rica, ambos elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El IDH es un índice compuesto que estudia el progreso de un país a través de tres dimensiones: el disfrute de una vida larga y saludable, el acceso a la educación y tener una vida digna; por su parte, IDG hace hincapié en la salud reproductiva, el empoderamiento y la participación de las mujeres en el mercado laboral. En este sentido, el enfoque de dichos índices, da cuenta de los desafíos que enfrentan los países para un óptimo desarrollo humano, donde los indicadores económicos se acompañan de indicadores de índole social.
Según el último Informe (2016), de los 188 países que analiza el PNUD, Costa Rica ocupó el puesto 66 en el IDH, catalogándose como un país con “desarrollo humano alto”. Dentro de los datos más relevantes a resaltar, es que la esperanza de vida al nacer es de 79,6 años (hombres: 77,2; mujeres: 82,1), los años esperados de escolaridad rondan los 14,2 (Hombres: 13,8; Mujeres: 14,5), los años promedio de escolaridad los 8,7 (igual entre hombres y mujeres) y, el ingreso nacional bruto (INB) por persona (ajustado a PPA), ronda los 14 mil dólares anuales, monto muy cercano al de Brasil ($14.145), Tailandia ($14.519) y China ($13.345). Con respecto a este último indicador, si se desagrega por sexo, el INB de las mujeres es de S9.995, mientras que el de los hombres es prácticamente el doble: $18.052.
Con respecto al IDG, Costa Rica se ubica en la posición 63. Entre los indicadores más preocupantes de dicho índice está la elevada tasa de natalidad adolescente (56,5 nacimientos por cada mil mujeres de edades entre los 15 y 19 años) y la escasa ocupación de las mujeres en escaños políticos (para el 2014 eran del 33,3%, porcentaje que asciende en las recientes elecciones al 45,6%, cifra histórica más alta). Otro aspecto por resaltar es que, aunque el porcentaje de población con algún tipo de educación secundaria es mayor en las mujeres (mujeres: 54,5%, hombres: 53.8%), la tasa de participación en la fuerza de trabajo de ellas es bastante menor que la de ellos (46,8% vs. 76,6% en el 2015).
Lo anterior resulta preocupante ya que después de tres años, no hemos logrado incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo realizada por el INEC, para el II trimestre de 2018, la tasa de participación laboral de los hombres fue 74,9%, mientras la de las mujeres sigue siendo del 46,8%. Peor aún, aunque la tasa de participación femenina no ha variado en los últimos años, sí lo ha hecho la tasa de desempleo femenina, la cual pasó de un 10,6% a un 12% en el último año. A lo anterior, deben sumársele las manifestaciones de violencia sexual, psicológica y simbólica contra las mujeres que según datos del INAMU se han mantenido constantes en los últimos años, a pesar de las inversiones que ha realizado el Estado con el objetivo de reducirlas.
En síntesis, Costa Rica ha presentado avances en materia de desarrollo humano y en acceso a oportunidades para el desarrollo de una vida digna, que incluso nos acerca a los estándares de países desarrollados; sin embargo, siguen existiendo disparidades en torno al desarrollo económico-social que impactan negativamente a grupos particulares. Es de este modo que, en términos de género, las mujeres siguen siendo uno de los grupos que, aunque presentan características favorables en el acceso a la educación y salud, experimentan dificultades en el acceso al empleo, al salario equitativo y en la ocupación de curules políticas en toma de decisiones.
Por último, después de analizar los datos anteriores y dadas las manifestaciones de violencia contra la mujer que han sacudido al país en lo que llevamos del año, es necesario que el Estado, junto con el sector privado, articulen esfuerzos con miras a reducir la desigualdad de género -en todas sus dimensiones-, lo anterior considerando que se requiere de un esfuerzo país para poder alcanzar este objetivo, más aún, conociendo la situación fiscal que de no resolverse a corto plazo, podría terminar impactando negativamente a los grupos más vulnerables, entre ellos a las mujeres y las niñas.
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.
Por: Byron Barillas y Luis Bonilla /Académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
San José, C.R. (2018)
Como parte de la investigación que venimos desarrollando desde mediados del año 2017 en varias zonas del país sobre el tema del agua, a finales de enero y principios de febrero del presente año nos correspondió hacer entrevistas en los cantones de Guápiles y Guácimo. En este último cantón descubrimos algo que para el equipo investigador es un hallazgo relevante, para entender parte de la problemática en torno al agua que se vive en ese cantón, y que de alguna forma, también podría explicar la de las otras zonas involucradas en dicho estudio, aunque con sus propias especificidades.
El contexto específico del hallazgo ocurrió ante la pregunta a una líder y dirigente comunal muy experimentada de Guácimo, que trataba de indagar, cuáles instituciones asumen con responsabilidad sus funciones con respecto al tema de la contaminación del agua, producida por la actividad piñera en varias comunidades. Ante lo cual responde que no hay una responsabilidad de las instituciones que sea parte de una “política institucional”, sí puede notarse el compromiso de personas, que la asumen desde una postura ética de su trabajo, como es el caso de algunas personas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que manifiestan un compromiso con el problema de la contaminación del agua y están apoyando a las comunidades.
También considera que, ante algunos lineamientos de política como lo es, el decreto del Estado para producir “piña responsable” orientado a mejorar las prácticas de este cultivo, no existe una reglamentación específica diseñada para hacer efectivo este decreto. Además, aunque hay un cuerpo de leyes ambientales que sirven de marco para que las instituciones hagan su trabajo, tampoco se cumplen; aunque, esto se matiza con el hecho que algunas instituciones carecen de personal para operar la legislación ambiental; por ejemplo cuando algún funcionario se pensiona en algunas instituciones del MINAE no se reponen esas vacantes.
La NO política, en este caso, hace referencia a esa especie de “vacío institucional” en que aparentemente funcionan algunas instituciones; aunque, paradójicamente, exista una nutrida legislación nacional para que estas desarrollen su labor de protección y fiscalización. En la entrevista, sin embargo, se destaca el caso de la municipalidad de Guácimo, donde se indica que no ha existido en el pasado reciente, un esfuerzo del gobierno local por establecer algunas políticas específicas orientadas a la protección del recurso hídrico del cantón. Aunque ha habido iniciativas de algunos líderes comunales para que el gobierno local asumiera por ejemplo alguna medida de protección de las zonas de recarga acuífera en la parte sur del cantón de Guácimo, de donde se obtiene el agua para buena parte de sus habitantes.
Este desinterés por crear políticas específicas de protección del recurso hídrico, asimismo, de apegarse a la normativa del campo ambiental para fiscalizar y corregir los abusos de algunas empresas piñeras o bien de desarrolladores de proyectos habitacionales que contaminan el agua, es lo que estamos entendiendo por el ejercicio de la “NO política”; así, la NO política, es la otra forma de “hacer” política, pero esta vez en términos de omisión e incluso de negligencia.
Por otra parte, la política en su sentido propositivo, que adversa a la “NO política”, la rescatamos de una experiencia de democracia directa llevada a cabo en este cantón, esa experiencia es el plebiscito, una novedosa forma de ejercer la ciudadanía política en contextos donde se deben dirimir temas conflictivos; que en el caso de Guácimo, y creemos que a nivel nacional, constituye un experimento exitoso de protección del recurso hídrico utilizando dicho mecanismo de democracia participativa. Haciendo una breve reseña, ese proceso de plebiscito que comenzó en el año 2001 a iniciativa de organizaciones sociales defensoras del agua para impedir la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa privada, con el aval inicial del ICE y del mismo gobierno local, tuvo al final un resultado exitoso para la gestión de democracia participativa que logró anular la autorización para que se construya dicha represa.
El proceso fue arduo y rico en enseñanzas, sobre todo para las comunidades de Guácimo que ganaron el plebiscito al gobierno local que favorecía la hidroeléctrica, producto de una labor de convencimiento por parte de líderes comunales que desplegaron mucha energía al seno de las organizaciones populares y comunales. Nos parece válido señalar, que ese ejercicio democrático sigue estando en el reservorio de la memoria colectiva de las comunidades para enfrentar la “NO política” que se ha venido reinstalando como práctica nociva, para una auténtica defensa del recurso hídrico en dicho cantón.
Para fines analíticos del estudio, la categoría de la “NO política”, que surge de indagaciones empíricas, será de mucha utilidad en futuras reflexiones académicas, al brindar nuevos elementos e ir construyendo un marco teórico más elaborado para explicar la problemática del recurso hídrico desde el punto de vista socio-político.
Este próximo 23 de agosto de 9 a.m. a 12 m.d. se llevará a cabo la conferencia: El papel de las universidades públicas en la política de Gobierno Abierto, en la Sala de Exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, Heredia.
Para información e inscripción, comuníquese a los teléfonos 2562 4096 / 2562 4098 / 2562 3146 o al correo transparencia@una.cr
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
El pasado 6 de agosto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán (véase comunicado oficial de la Casa Blanca). Se trata de sanciones tomadas de manera unilateral por la actual administración norteamericana y que se añaden a las adoptadas el 8 de mayo del 2018, aduciendo supuestos incumplimientos por parte de Irán del denominado Pacto Nuclear adoptado en julio del 2015. Como previsible, el único Estado en felicitar a Estados Unidos por esta decisión fue Israel (véase nota del Times of Israel).
Se lee en el precitado comunicado por parte del Presidente norteamericano que:
«Since my announcement on May 8 withdrawing the United States from the JCPOA, my Administration has sanctioned 38 Iran-related targets in six separate actions. Reimposition of nuclear-related sanctions through today’s actions further intensifies pressure on Tehran to change its conduct«.
Sanciones norteamericanas alegando incumplimientos por parte de Irán: su contexto en breve
Este anuncio se da a pocos días de otro anuncio del Presidente de Estados Unidos, sugiriendo esta vez una cita con las máximas autoridades persas, que provocó profundo estupor en Israel (véase artículo de prensa del Express, Reino Unido).
Foto extraída de artículo de prensa titulado «US-Iran tensions: Israel ‘SHOCKED’ by Trump’s offer to meet Iran leader Rouhani» (Express, Reino Unido, edición del 2/08/018).
Esta decisión unilateral norteamericana de reinstaurar sanciones contra Irán contradice la resolución adoptada por el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2015, la cual endosa el acuerdo pactado en materia nuclear con Irán y el riguroso mecanismo de verificación al que accedieron someterse las autoridades persas (véase texto completo de la resolución 2231 del 20 de julio del 2015 en favor de la cual votó Estados Unidos); a su vez, esta decisión unilateral confirma la visión bastante peculiar del actual ocupante de la Casa Blanca, dispuesto a desechar un documento que se logró acordar por parte de la comunidad internacional con Irán en julio del 2015 luego de largas negociaciones.
Tal y como tuvimos la oportunidad de escribirlo en julio del 2015, en una nota publicada en Derechoaldia reproduciendo al final el texto del comunicado de prensa emitido por la diplomacia de Costa Rica:
«El documento acordado este 14 de julio en Viena constituye sin lugar a dudas la culminación de uno de los ejercicios diplomáticos más arduos y complejos de los últimos tiempos, realizado en un período marcado por discursos hostiles e intentos variados tendientes a minar el proceso de negociación. Permite apaciguar en parte la confrontación existente entre Estados Unidos e Irán que inició en 1979, y que se ha mantenido desde entonces muy presente, desbordando el marco de las relaciones bilaterales entre ambos Estados» (véase nota nuestra editada en el sitio de Derechoaldia el 15 de julio del 2015).
El repudio generalizado a la decisión de Estados Unidos de reimponer sanciones a Irán
En un comunicado conjunto del 6 de agosto del 2018, la Alta Representante de la Unión Europea y los jefes de las diplomacias de Alemania, Francia y Reino Unido lamentaron la decisión norteamericana, concluyendo que:
«La préservation de l’accord nucléaire avec l’Iran relève du respect des accords internationaux et importe pour la sécurité internationale» (véase texto en francés de esta declaración conjunta).
Por otro lado, China ha anunciado que estas sanciones norteamericanas no afectarán en lo más mínimo su creciente comercio con Irán (véase nota de prensa).
Por su parte, la Comisión de la Unión Europea (UE) anunció la entrada en vigor inmediata del denominado Estatuto de Bloqueo este 7 de agosto: se trata de una herramienta jurídica que busca resguardar y proteger a todas las empresas europeas que inviertan en Irán de las sanciones norteamericanas (véase comunicado de prensa de la UE). Se lee en el comunicado antes mencionado que:
«El estatuto de bloqueo permite a los operadores de la UE reclamar compensación por daños y perjuicios como consecuencia de las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos a las personas que ocasionen tales daños y anula el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras basadas en ellas«.
Como es sabido, Teherán se ha convertido desde julio del 2015 en una apetecida capital para muchos consorcios y empresas europeas: para citar un ejemplo reciente, una importante misión empresarial encabezada por el jefe de la diplomacia española en persona visitó Teherán en febrero del 2018 (véase comunicado oficial de España).
Cabe recordar que a 24 horas de anunciadas las sanciones unilaterales contra Irán en mayo del 2018, la Organización Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA) desmintió públicamente a Estados Unidos, señalando que Irán si cumplía con todas las obligaciones contraídas en el Pacto Nuclear suscrito en julio del 2015: sobre este punto preciso, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en DIPúblico, titulada «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«.
Foto de los jefes de la diplomacia de Irán y de Estados Unidos, extraída de artículo de prensa del 2013 del Times of Israel titulado «Kerry, Zarif to meet in Geneva as nuke talks ramp up».
En América Latina, Irán ha desplegado una hábil agenda diplomática regional en años anteriores, cosechando logros recientes como, por ejemplo, en enero del 2018 la llegada del primer embajador de Chile a Teherán (véase nota de HispanTV); y celebrando, en abril del 2018, la visita oficial del jefe de la diplomacia persa a Brasil (véase comunicado oficial del Itamaraty) así como a Uruguay (véase comunicado oficial de Uruguay).
En el caso específico de Costa Rica, no ha existido ningún acercamiento con Irán desde julio del 2015 (salvo error de nuestra parte), optando más bien Costa Rica por un acercamiento con la potencia rival de Irán en Medio Oriente, Arabia Saudita, con la que Estados Unidos mantiene relaciones muy estrechas (véase nota de prensa sobre visita realizada en enero del 2018 por altos funcionarios saudíes). Ya en este cable confidencial norteamericano del 2008 dado a conocer por Wikileaks, se podía leer que para Estados Unidos, el tema de Irán no ameritaba mayor atención en el caso costarricense:
«Although there is no particular Costa Rican cooperation with Israel to limit the influence of Iran in the region, we do not detect any sympathy for Iran on the part of Costa Rica nor any expansion or opening of relations. To the GOCR (as to most other governments in Central America), Iran has no natural ties to the region«.
El reciente recurso a la justicia internacional por parte de Irán
Al mantener incólume su posición Estados Unidos con relación a las sanciones anunciadas en mayo del 2018 contra Irán, el 17 de julio del 2018 Irán acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), interponiendo una demanda contra Estados Unidos (véase comunicado de prensa de la CIJ en inglés y en francés). Tuvimos la ocasión de analizar los alcances de esta demanda iraní en una breve nota nuestra a la que nos permitimos remitir a nuestros lectores, en la que concluimos haciendo referencia al esfuerzo creativo que debe estar suponiendo esta demanda para los asesores legales del Departamento de Estado (Nota 1).
Al haber acompañado Irán su demanda contra Estados Unidos con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente (véase texto completo), la CIJ fijó a finales del mes de agosto las audiencias orales entre ambos para tomar una decisión al respecto (véase comunicado de prensa en francés y en inglés del pasado 26 de julio del 2018). Es probable que en caso de asistir a estas audiencias, la delegación de Estados Unidos alegue, entre otros puntos, que la CIJ carece de toda competencia para ordenar medidas provisionales en su contra. En caso de no comparecer (una posibilidad que no se puede descartar dado el espectáculo que ofrece al mundo el actual Presidente norteamericano), las audiencias en La Haya se mantendrían con la sola presencia de la delegación persa, sin afectar mayormente el procedimiento (Nota 2).
A modo de conclusión
El retiro de Estados Unidos en el 2018 del Pacto Nuclear suscrito con Irán en julio del 2015 se basa en hechos inexistentes. Las sanciones reimpuestas a Irán por Estados Unidos se inscriben en esta misma lógica.
Cabe indicar que la demanda iraní presentada en julio del 2018 constituye la primera acción legal interpuesta en La Haya por un Estado contra Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, en enero del 2017: este último se ha caracterizado por acciones unilaterales e inconsultas que violentan acuerdos previos suscritos por Estados Unidos.
Desde esta perspectiva, otros Estados cuyos derechos se han visto vulnerados en razón de la actitud desafiante de Estados Unidos bien podrían acudir de igual forma a la justicia internacional de La Haya en el futuro.
—Notas—
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Irán demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por sanciones comerciales del 8 de mayo«, CIARGlobal, edición del 24 de julio del 2018, disponible aquí.
Nota 2: En 1973, una solicitud de medidas provisionales de Australia contra Francia con relación a los ensayos nucleares franceses en el Océano Pacífico dió lugar a audiencias en La Haya con la presencia de una sola delegación (véase acta de audiencias de mayo de 1973).
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, UCR.
La Cátedra Manuel Mora Valverde de la UNED presenta el Ciclo de Conferencias por el Natalicio de Manuel Mora Valverde este próximo 27, 29 y 31 de agosto de 2018 a las 6 p.m. en el Paraninfo de la UNED, Sabanilla.
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, le invita a la presentación del libro: «Mi corazón dice no. El movimiento de oposición al TLC en Costa Rica«, este próximo martes 21 de agosto a las 6 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Educación.
Para más información: 2511-8690.
Compartido por Programa Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, UCR.
La respuesta de la administración Alvarado Quesada a la Mesa de Unidad Sindical sobre la propuesta fiscal presentada por esa instancia sindical era de esperarse y es la consecuente con la estrategia política del gobierno para mantener en el movimiento sindical la ilusión de un diálogo, pero avanzando con su objetivo central que es aprobar el proyecto Nº 20580.
Cabe entonces preguntarse: ¿tiene sentido lo manifestado por el vicepresidente Marvin Rodríguez de mantener el discurso de la “vía del diálogo” cuando el proyecto Nº 20580 sigue avanzando en la Asamblea Legislativa? ¿Qué sentido tiene una mesa de diálogo sobre el tema fiscal con el gobierno, si su proyecto fiscal, con el cual mantenemos diferencias irreconciliables, avanza en la corriente legislativa?
Aquí es donde el Movimiento Sindical, particularmente el Bloque Unitario Sindical y Social (BUSSCO) tiene que, de manera forzada por los hechos, parar y hacer un balance sobre lo que está ocurriendo y tomar las decisiones correspondientes. Ha quedado claro que el gobierno nunca tuvo intencionalidad de resolver en forma conjunta y en una mesa de negociación con el movimiento sindical el tema fiscal, queda claro también que este tema no es simplemente un asunto técnico, sino esencialmente político, que por más “propuestas técnicas” que el movimiento sindical presente, la incidencia en lo fiscal es un asunto de fuerza política, aunque reconocemos como positivo que los sindicatos hicieran el esfuerzo por presentar propuestas sobre un tema complejo como es el fiscal.
Es entonces que, definidas ya las cosas, desde nuestra perspectiva, la definición del carácter de la lucha es lo determinante y así ha sido históricamente, por eso recapitulamos brevemente sobre los resultados de algunas luchas recientes en el tiempo y la importancia del carácter de la lucha.
La lucha contra la transnacional Millicom, que resultó en la expulsión de esa empresa de nuestro país, tuvo un carácter profundamente patriótico. Definidos los objetivos y el carácter los trabajadores del ICE se lanzaron a la lucha y obtuvieron el resultado ya mencionado.
En la lucha contra el Combo del ICE fue igual. Solo que la respuesta de las masas se dio en gran medida por el correcto enfoque del carácter patriótico y popular de esa lucha. Finalmente se logró que el Combo del ICE fuera retirado de la corriente legislativa y se asestó un golpe en profundidad a la administración Rodríguez Echeverría.
La lucha contra RITEVE fue lo contrario. Cuando existían factores objetivos y subjetivos para expulsar la empresa de nuestro país, el carácter patriótico y popular de esa lucha se difuminó en las negociaciones y la administración Pacheco de la Espriella logró resistir el embate y RITEVE logró permanecer en el país.
En la lucha contra el TLC el carácter amplió el espectro y se convirtió en una lucha patriótica, popular y antimperialista. Ya sabemos el resultado de esa lucha cuando la derecha vio una oportunidad en la propuesta del referéndum, nacida de los propios sectores sociales. Perdido el carácter inicial, la lucha derivó en una disputa electoralista y jurídica que condujo finalmente al movimiento popular en su conjunto a una derrota estratégica (ver: http://www.comisiondeenlace.co.cr/archivos/7295/balance-de-la-lucha-contra-el-tratado-de-libre-comercio/trata-dos-de-libre-comercio/).
Obsérvese entonces la importancia del carácter de la lucha y en esta coyuntura particular donde la ofensiva neoliberal apunta a descargar los efectos de la “crisis”, sobre las espaldas de los trabajadores (as), se hace imprescindible priorizar esa discusión.
Es decir, la lucha contra el paquete fiscal 20.580 tiene un claro contenido popular, de clase y de defensa de los derechos laborales. Este proyecto pretende fiscalmente poner a pagar más impuestos a los sectores populares/laborales y medios, es decir a la clase trabajadora en general. Además al precarizar condiciones laborales de la clase trabajadora del sector público se abre el camino para el despido masivo de trabajadores (as) del sector. Es así entonces que, en este caso, la lucha debe continuar con un marcado carácter clasista y popular, que involucre a toda la clase trabajadora.
El enemigo tiene claridad meridiana sobre lo que tiene que hacer, romper la resistencia sindical, reducir a los empleados públicos, quebrar cualquier resistencia a su proyecto neoliberal-plus. Dadas las condiciones y las respuestas del gobierno, aceptar participar en una mesa de diálogo en esta coyuntura no significaría otra cosa que la claudicación.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) realizó el pasado 31 de julio la exposición de los resultados del proyecto de investigación: El territorio de Salitre: violencia, memoria y derechos, 2010-2017, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós en Sabanilla.
El proyecto documenta las acciones de recuperación y aporta información básica desde la perspectiva de las propias personas recuperadoras, para comprender el conflicto por el territorio de Salitre, a la vez que entrega diversos productos audiovisuales y escritos.
A continuación se adjunta una presentación del informe.
