En todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 han impactado en el funcionamiento del sistema de justicia y en acceso a la misma por parte de la ciudadanía. Costa Rica no es la excepción.
Este miércoles 1 de julio el Foro de Justicia – Costa Rica está organizando el conversatorio: “Justicia en tiempos de COVID 19”, con la participación de:
– Fiorella Salazar, Ministra de Justicia y Paz – Dinorah Álvarez, sub directora ejecutiva del poder judicial – Ignacio Alfaro, Mesa de Justicia Abierta – Marco Feoli, Foro de Justicia
A propósito de la negativa de algunos diputados de recibir a la señora Christiana Figueres, reconocida autoridad mundial en el tema del Cambio Climático, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático entre 2010 y 2016, y artífice del histórico Acuerdo de París durante la COP-21, quien había solicitado un espacio para referirse a la gran amenaza que representa para el cambio climático, la actividad petrolera, se me ocurrió escribir una pequeña reseña de la lucha sostenida por la sociedad civil a principios de este siglo XXI, a fin de evitar que Costa Rica se convirtiera en un enclave de explotación de hidrocarburos.
La historia comienza con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, en agosto de 1993 de la Ley de Hidrocarburos, la cual formaba parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, establecidas en el PAE III (Plan de Ajuste Estructural) adoptado en la Administración 1982-86. A través de esta ley Costa Rica se comprometía a promover la exploración y explotación petrolera en el país, para lo cual el Poder Ejecutivo tenía la potestad de dar en concesión el subsuelo costarricense, sin necesidad del aval ni del control de la Asamblea Legislativa.
Correspondió a la Administración (1994-98) impulsar internacionalmente el cartel correspondiente para las futuras concesiones, el cual contemplaba una segmentación de 19 bloques terrestres, además de 2 en el mar Caribe y 6 en el Océano Pacífico, para un total de 27 bloques que cubría prácticamente todo el territorio nacional y ambos mares. Solo quedaba por fuera, las altas cordilleras y -no por casualidad- la Península de Nicoya, donde ya se había establecido un desarrollo turístico extranjero.
Gracias a esa promoción la empresa estadounidense MKJ XPLORATION logró, en agosto de 1999, la concesión de los 4 bloques en la provincia de Limón, 2 terrestres y 2 marinos. Derecho que traspasa casi de inmediato a la subsidiaria local HARKEN ENERGY.
Correspondió a la siguiente administración (1998-2002), formalizar el contrato con la empresa concesionaria, con lo cual da inicio la primera fase de exploración en el Mar Caribe, con la llamada prospección sísmica, consistente en la exploración marítima a través de un barquito que arrastraba una larga sonda, recorriendo en forma de zig-zag, día y noche el mar y produciendo un ruido extraño, lo cual sorprendió evidentemente a los limonenses.
Paralelamente algunos vecinos de Puerto Viejo, se enteraron por una pequeña nota periodística, que en vista de una concesión para la exploración petrolera, se habían iniciado actividades en el mar del Caribe, con el objetivo de determinar si había indicios de petróleo.
Inmediatamente se asoció el misterioso barquito, con una eventual explotación de petróleo, lo cual causó pánico ante la posibilidad de los inevitables daños ambientales en ese mar precioso.
Como era lo lógico esos primeros testigos trataron de informarse en el MINAE, pero cual no sería su sorpresa y por supuesto justificada alarma cuando se les dijo que esa información era confidencial y se encontraba bajo estricto secreto.
¡Se encendieron todas las luces!
Como de petróleo, la gente sabía muy poco, excepto que han sido cuantiosos los daños ambientales donde se explota ese mineral, los vecinos acudieron en primera instancia a la organización Oil Watch de Costa Rica para obtener mayor información.
Entre más averiguaban, más les horrorizaba el panorama. Así que decidieron ponerse manos a la obra, ya que se dieron cuenta que el problema no era únicamente ambiental ni local, sino que tenía implicaciones económicas, políticas y sociales. Peor aún existía el riesgo de que el país se convirtiera en un enclave petrolero, con todo lo que esto representa, incluyendo la pérdida de soberanía.
Para comenzar se hicieron dos talleres en Suretka de Talamanca con ambientalistas y abogados; uno en diciembre de 1999 y otro en marzo del 2000.
De estos talleres surgió la necesidad de organizarse. Fue así como se creó el movimiento Acción de Lucha Antipetrolera, conocido por sus siglas como ADELA. Así empezó una lucha que muy pronto salió de las fronteras de esa pequeña comunidad.
Una de las primeras acciones de ADELA, fue lograr que la Municipalidad de Talamanca declarara en su sesión ordinaria número 82 del 16 de diciembre de 1999, que la conservación ambiental de la zona es incompatible con un desarrollo basado en la industria petrolera y recuerda que la zona está protegida por el sistema de Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre y Reservas Indígenas, por lo tanto declara al Cantón de Talamanca, libre de exploración y explotación petrolera
ADELA tuvo la particularidad de ser un movimiento abierto, comunitario, intercultural, y absolutamente horizontal. No se conformó ninguna junta directiva, ni hubo jefes, tampoco el liderazgo recayó en ninguna persona en particular. La modalidad consistió en identificar las diferentes áreas en que se debía trabajar y cada quien decidía donde encajaba mejor. Así se definieron las siguientes actividades:
Impulsar las acciones legales que se requirieran.
Organizar constantemente talleres de información y concientización en las diferentes comunidades.
Organizar y participar en mesas redondas, foros y debates a nivel nacional.
Llevar a cabo festivales, marchas y mantener una presencia viva y dinámica en todas las actividades que se realizaran en la zona.
Crear una página web y enviar periódicamente comunicados de prensa a todos los medios de comunicación.[1]
Elaborar continuamente material de divulgación: folletos, videos, hojas sueltas, artículos, afiches, mantas.
Elaboramos rótulos con un NO A LA PETROLERA, que colocamos a todo lo largo de la carretera desde Limón hasta Puerto Viejo.
Realizar una permanente labor de lobby con todas aquellas personas que pensamos pudieran contribuir significativamente a esta causa: diputados, profesores, maestras, jueces, ambientalistas….
Gestionar financiamiento y apoyo técnico, nacional y extranjeros.
Cada grupo trabajaba independientemente y se reunían una vez por semana para conocer los avances de cada quien y definir nuevas actividades.
El movimiento fue tomando terreno no solo a nivel local y nacional, sino incluso internacionalmente. Muchas fueron las cartas y faxes pidiendo al gobierno detener esa actividad. También se recibió apoyo técnico y en efectivo de diversas organizaciones.
Lo sorprendente es que la contraparte de ADELA, o sea quienes defendían la actividad en los debates públicos, las publicaciones periodísticas, etc. no eran precisamente los representantes de la petrolera, sino el propio gobierno, que estaba dispuesto a toda costa a lograr su objetivo.
Por su parte la petrolera continuaba con la tarea de la prospección sísmica, para lo cual se respaldaba en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito para la primera fase y que la SETENA (Secretaría Técnica Ambiental), les había aprobado en marzo de 1999.
Para la II Fase que consistía en la perforación de un pozo explorativo en el sitio, la compañía Harken presenta un nuevo EIA el cual el equipo técnico de la SETENA lo aprueba en julio del 2000
Gracias a uno de los apoyos técnicos internacionales, que fue una pieza fundamental para detener esa actividad, se obtuvo por parte de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), conjuntamente con aporte económico del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, financiamiento para la participación de dos expertos mexicanos con el propósito de evaluar ese segundo Estudio de Impacto Ambiental y un Adendum posterior.
Una de las conclusión y recomendaciones de esa revisión técnica, señalaba “El EIA y su Adendum, presentan importantes limitaciones técnicas, que no ofrecen información adecuada para la toma de decisiones, sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Por lo tanto, se recomienda al Gobierno de Costa Rica, no aprobarlo, al tenor de la estructura actual”.
Como señalaremos más adelante esa evaluación fue definitiva para que la Comisión Plena de la Setena reprobara el EIA con el cual se pretendía como ya se había señalado, continuar las labores de exploración.
En el campo legal el apoyo de la Asociación Justicia para la Naturaleza fue fundamental. En enero del 2000, se hizo un Recurso de Amparo, firmado por 17 organizaciones ambientalistas presentado a la Sala Constitucional alegando que nunca se produjo un proceso de consulta popular dirigido a las comunidades afectadas , ni tampoco le suministraron información adecuada ni veraz para permitirle, a las comunidades y a las Municipalidades involucradas, emitir criterios en relación con dicho proyecto, sobre todo por las implicaciones que a nivel ambiental , a los recursos naturales, incluso a la salud pública, este tipo de proyectos ocasiona.
Posteriormente, con fecha 23 de agosto de 2000, los mismos recurrentes presentaron otro Recurso de Amparo en el que denunciaban una nueva concesión, esta vez a la empresa Mallon Oil Company, sobre 6 bloques, ubicados, esta vez en la zona norte del país, frontera con Nicaragua.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció el 8 de setiembre del 2000, en el que se anula el acto de adjudicación de la licitación N|LP 1-97 a la compañía MJK XPLORATION INC. Un triunfo muy celebrado, pero un triunfo a medias, pues la Sala IV acogió únicamente el punto de la falta de consulta a las comunidades indígenas. La lucha era dura, pero al menos con este Fallo se paralizaban temporalmente las obras.
La resolución que permitió anular el contrato definitivamente se basa como ya lo señalamos en el acuerdo tomado por la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Ambiental[2] la cual dictaminó en la sesión ordinaria No 009-2002, celebrada el 28 de mes de febrero del 2002, en el artículo No 2, “comunicar al interesado que se rechaza el Estudio de Impacto Ambiental y su anexo debido a las consideraciones de forma y fondo descritas en los resultados y considerandos de la presente resolución. Por tanto, la etapa de ejecución, descrita como la fase No 2 del Proyecto de Exploración y Explotación Petrolera en la Plataforma Caribe Costa Rica, y que consiste en la perforación de un pozo exploratorio, no es viable ambientalmente”. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD.
Como era de esperar, la empresa apeló la decisión. Lo que no era de esperar fue la tónica de esa apelación; porque ya entrado el siglo XXI, todavía ciertos norteamericanos se atrevían a usar términos y argumentos de la época colonialista, prepotentes, irrespetuosos y peyorativos, tratando de desvalorizar la capacidad técnica nacional y al sistema institucional costarricense.
A raíz de la apelación de la empresa, una vez más la sociedad civil se puso en marcha, escribiendo y solicitando a todos los simpatizantes con la causa enviar notas a la Ministra del Ambiente, pidiéndole rechazar esa apelación y ratificar el fallo de la SETENA.
Se tuvo noticia de que más de diez mil comunicados fueron enviados al despacho de la Ministra, provenientes de muchas partes del país y de otras partes del mundo, incluyendo personalidades importantes.
El tan esperado pronunciamiento de la Ministra se produjo el 6 de mayo del 2002, justamente dos días antes de finalizar su mandato. Dice así: “De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política; artículos 1º, 17, y siguientes, 83 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente; 11 de la Ley de Biodiversidad, 1°, 2º,41 y 55 de la Ley de Hidrocarburos; 214 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y el Decreto Ejecutivo No 25705-MINAE del 8 de octubre de 1996 y sus reformas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No 0146-2001-SETENA de las doce horas veinticinco minutos del veintiocho de febrero del año dos mil dos”.
De esta manera a través del movimiento ADELA y la masiva participación ciudadana, los costarricenses logramos el triunfo sobre esa peligrosa actividad en Costa Rica.
Las miles de personas y organizaciones que participamos en la campaña para defender a Costa Rica de actividades petroleras, celebramos jubilosas que en el país se estuvieran abriendo cada vez más los espacios para una verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones.
Valga decir que las razones que nos motivaron a esa lucha y las consecuencias nefastas que hubiera sufrido nuestro país, fueron el motivo que tuvo la SETENA para declarar esa actividad inviable ambientalmente.
Sin embargo el peligro de la explotación petrolera y sus dramáticas consecuencias siguen presente hoy. Lamentamos que pese a todos los esfuerzos que hicimos durante esa lucha, no fue posible lograr que la Asamblea Legislativa de ese entonces acogiera la propuesta de declarar a Costa Rica, libre para siempre de Exploración y Explotación Petrolera.
¡!Tarea pendiente que hoy urge reanudarla!!
[1] Incluso publicamos 2 libros: SE VENDE LINDO PAIS, edición artesanal y LA TRANCA, Ed. Tecnológica de Costa Rica,2003.
[2] Comisión Plena de la SETENA ,integrada por profesionales representantes de : Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Consejo Nacional de Rectores, Ministerio de Agricultura y Ganadería y coordinada por un representante del Ministerio de Ambiente y Energía.
El 26 de mayo entró en vigencia la ley de reforma sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica, antes de esa fecha y desde el inicio de la declaración de Estado nacional de crisis sanitaria producida por el covid-19, las siglas LGBTIQ[1] no habían sido mencionadas por ningún medio de comunicación hegemónica en el país.
Desde el inicio de la crisis sanitaria se visibilizó una intensa campaña de propaganda promovida por los medios de comunicación hegemónica, para impulsar un discurso tergiversado de sororidad que garantizaba beneficiar a todos los ciudadanos por igual.
A pocas horas de entrar en vigencia el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario los discursos solidarios con la homofobia, el clasismo y la desigualad no se hicieron esperar por parte de una sociedad blanqueada, heterosexualizada que sentía en riesgo de perder sus privilegios.
A pesar de los discursos de odio y las actitudes políticamente incorrectas hacia la “comunidad LGBTIQ” que ejerció esta parte de la población, un grupo de “activistas”, que se hacen llamar promotores de los derechos humanos, siguen insistiendo en adquirir migajas de lástima, disfrazadas de respeto, por parte de este sector de la población.
Mismos promotores de los derechos humanos que se encargan de elevar una imagen de “comunidad LGBTIQ” al beneficio del régimen heteronormativo. Sin reconocer la gran desigualdad y violencia estructural que atraviesa el cuerpo y los afectos de las personas que constituyen esas 6 siglas.
Nuestra “comunidad LGBTIQ” ha sido construida por Lesbianas y homosexuales (LG) privilegiados, bajo principios individualistas y que trata de sostenerse de la explotación y desigualdad de las otras 4 letras (BTIQ).
Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se junten para proponer y construir propuestas que den respuesta para acabar o trans-formar la desigualdad producida por la discriminación.
Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como trans-formar los sentimientos de superioridad producida por la discriminación entre las mismas personas del colectivo LGBTIQ.
Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como trans-formar la desigualdad de oportunidades y condiciones laborales producida por la discriminación hacia las personas LGBTIQ.
Tiene que llegar el momento en que un grupo de personas, de las 6 siglas, se sienten a pensar y organizar como erradicar las herramientas afectivas heredades de la heteronormatividad, para producir las nuestras y trans-formar los vínculos afectivos tóxicos para aprender a relacionarnos de una forma más sana entre nosotrxs mismxs. Es en ese momento que podremos empezar a hablar de nuestro propio tejido social.
Cuando ese momento llegue, podremos empezar a llamarnos “comunidad” por merito propio. Hasta el momento la palabra comunidad es un mito construido por un grupo de homosexuales y lesbianas privilegiadas que se ven y viven como heterosexuales por que el capitalismo les favoreció y no piensan trans-formar la estructura que les genera sus privilegios.
Como ejercicio crítico sobre la conciencia de mis privilegios y por la posibilidad que me permite la escritura para gestionar otras recursos epistémicos y lingüísticos les invito a hacer[2] una comunidad LGBTIQ tóxica, yo empiezo:
Yo soy el chico gay masculino que no soporta a los hombres afeminados.
Yo soy el chico gay que no sale con personas que viven con diagnóstico positivo VIH.
Yo soy la chica lesbiana afeminada que no soporta a las mujeres masculinizadas.
Yo soy la chica lesbiana que piensa que las ITS solo se le pegan a los homosexuales.
Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que no se identifica con el “ambiente gay” por que es muy promiscuo, lleno de drogas y fiestero.
Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que no construye relaciones afectivas con bisexuales por que son más propensos a ser “infieles”.
Yo soy el chico gay y la chica lesbiana que piensa que los bisexuales están confundidos, solo son personas que no se lxs han cogido bien aún.
Yo soy la persona diversa que promueve el ¨cuido propio¨ con un estilo de vida saludable. Por eso voy a un centro de acondicionamiento físico, que me cobra en dólares, y me alimento con comida artesanal que compro en barrio de moda de la ciudad donde vivo. Y me tomo muchas fotos con el fin de compartir mi estilo de vida sano por mis redes sociales.
Soy el que se autodenomina queer por moda del imperialismo occidental y colonial.
Soy el chiquito privilegiado que se pinta las uñas, usa falda y cree que es revolucionario.
Soy la persona que piensa que de verdad existen las “feminazi”.
Yo soy el homosexual y la lesbiana joven que se desentiende de las personas de la “comunidad” envejecidas viviendo en condiciones de olvido y precarización.
Yo soy el cliente que le pide rebaja al scort o a la puta por su trabajo.
Yo soy el cliente que agrede y abusa del scort y de la puta por su trabajo.
Yo soy el cliente que paga más si el scort y la puta acceden a negociar el uso del condón durante la penetración.
Yo soy el cliente que se va sin pagar lo acordado.
Yo soy el gay musculoso que vive con ansiedad si no tengo la aprobación de mi belleza de los likes de Instagram en cada una de mis fotos sin ropa.
Yo soy el gordo que vive con ansiedad por que no tengo likes en Instagram.
Yo soy el “poco algo” que vive para alimentar el ego y la soberbia del gay musculoso.
Yo soy la persona hermosa que utiliza su belleza para subordinar a otrxs.
Yo soy la persona fea que me dejo subordinar por la persona hermosa.
Yo soy la persona queer de-construida que solo puede construir relaciones románticas e idealizadas.
Yo soy la persona queer de-construida que desea constituir familia tradicional y reproducirse.
Yo soy el homosexual y la lesbiana privilegiada que piensan que el matrimonio igualitario es la solución a todos los problemas de desigualdad que tenemos en la comunidad.
Yo soy el homosexual y la lesbiana privilegiada que piensa que la persona es podre porque quiere.
Yo soy el activo que espera que el pasivo “siempre” este listo. Porque un ¨buen pasivo” tiene el culito limpio por naturaleza.
Yo soy la persona que conocí por Grindr pero que me enfado cuando la otra persona cambia de opinión y ya no quiere tener penetración.
Yo soy el hombre que coge a pelo con otros hombres porque se siente más rico, y luego se coge con su esposa o a su pareja que vive engañada siendo monógama.
Soy la persona que no demuestra afecto a otras personas del mismo sexo en público porque piensa que hay que “respetar” a los heterosexuales.
Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi presencia discriminan a alguien por ser diverso, sobre todo si es feo.
Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi trabajo se expresan de manera discriminatoria sobre lo que es ser gay o lesbiana.
Yo soy la persona diversa que se queda callada, cuando en mi familia critican de manera discriminatoria mi “Estilo de vida” por ser gay o lesbiana.
Yo soy el dueño del bar gay que no les brinda garantías sociales a sus empleados.
Yo soy el dueño del bar gay que no paga salarios dignos a las Drags.
Yo soy el dueño del bar gay que explota con largas jornadas laborales, bajos salarios y sin garantías sociales a sus empleados. Y además los obligo a que se quiten la camisa.
Yo soy el dueño del bar gay que no deja entrar a mujeres trans al bar.
Yo soy el dueño del bar gay que no emplea personas trans en el bar.
Yo soy el dueño del bar ¨gay friendly¨ que deja que abusen sexualmente a mujeres en los baños.
Yo soy la organización LGBTQ que trabaja con hombres que tienen sexo con hombre (HSH). Pero que no atendemos hombres trans, porque ellos no son hombres.
Yo soy la organización LGBTQ que trabaja con mujeres trans que solo aceptamos chicas trans que den lástima por su condición de extrema vulnerabilización para así poder conseguir fondos internacionales.
Soy el activista LGBTIQ que lucra con el dolor y la miseria de los demás.
Soy el activista LGBTIQ que solo quiere figurar y levantar culitos.
Soy el empresario que lucra con el “Pride”
Soy el empresario que lucra con la “Expo Boda Gay”
Soy la cámara de comercio diversa Costa Rica.
Soy la inmobiliaria que se promociona gratis del “Pride”
Soy la marca registrada que se posiciona con el “Pride”
Soy la empresa privada que lucra con el “Pride”
Soy el político que hace populismo con el “Pride”
Soy parte de la junta directiva (personería jurídica) que privatiza y organiza el “Pride”.
Yo soy la clase de persona que mientras no me toquen mis privilegios, el resto de las personas me valen verga.
Sigue usted…
[1] LGBTI utilizadas por un grupo hegemónico heterosexualizado y privilegiado para categorizar las personas que se enuncian de la disidencia del régimen heteronormativo.
[2] Durante la cuarentena se viralizaron una seria de memes que tenían como dinámica construir situaciones o espacios bajo la categoría tóxico. Donde las personas podían contribuir agregando a la lista nuevas situaciones o características.
Los diputados que integran la actual Asamblea Legislativa ya no sorprenden a nadie. El nivel de irresponsabilidad con que actúan, llevan la institución a estados de desprestigio sin precedentes. Sin decoro, sin vergüenza, sin dignidad, sin capacidad de argumentar, presumiéndose semidioses alejados de la ciudadanía que con esperanza los eligió, legislando para quienes los adulan y les hacen creer que estarán eternamente en el puesto, inmunes e impunes.
La pequeña fracción de legisladores decentes, no tiene ni voz ni poder, pero al igual que todos los demás, hacen grandes esfuerzos por mantenerse aislados de la ciudadanía que los eligió.
Pero no están solos, a lo largo de la institucionalidad, se manifiestan los actos más inmorales e indecorosos a los que una sociedad se condena cuando el pueblo abandona su responsabilidad constitucional, escudándose en argumentos cobardes y de confort, para justificar el miedo que lo domina.
La mafia política está a sus anchas, se expresa con desparpajo; presume de no tener contendientes. Desde sus madrigueras, sus cipayos salen a hacerse de la institucionalidad y a destruir nuestras raíces, imponiendo cual facción totalitaria lo que para ellos y ellas debe ser nuestro país, confiados en que el autoritarismo, la corrupción y la impunidad en que se han movido, ya ancló definitivamente sus purulentas raíces en esta Costa Rica.
La crisis nacional trata de esconderse tras la emergencia nacional. Varias cosas desaparecieron de la mirada pública, entre ellas el narcotráfico. De seguro con la denominada pandemia, están en teletrabajo o en alguna burbuja social. Siempre he dicho que para que exista un narcotraficante se requiere el concurso de tres actores: un político que les abra las puertas del país de par en par, un juez que no los meta a la cárcel y un banquero que les guarde el dinero, sin uno de esos actores no hay narcotraficante que sobreviva.
Los autodenominados y beligerantes discursos “progres”, ahora guardan silencio cómplice ante las decisiones políticas que arrastran el país a una regresión social y política de inicios del siglo pasado. La voz oficial de la ética encontró un buen salario para callarse de una vez por todas. Todos ellos, dibujados por la denuncia social que escribía Santos Discépolo y que cantaba Gardel en 1928, “…la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas”.
Lo que no logra esconderse, es la irresponsabilidad del comportamiento legislativo que, a lo largo de los últimos cuarenta años, atendiendo los intereses de la mafia política, han usado la autoridad delegada del pueblo, apropiándose de un poder que nadie les dio, para –entre muchas cosas- nombrar una y otra vez un magistrado sumamente cuestionado, garante de los atropellos más inmorales, poniendo en entredicho la aplicación de la justicia.
Se les ocurrió, en un acto espurio, intentar impedir que se publique el nombre de los grandes contribuyentes que son evasores y elusores. Tratando de esconder que en el 2018 el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, de manera innovadora e imprevista, puso al descubierto los grandes empresarios que desde hacía diez años no pagaban un cinco al país. Ahí se demostró, que existe una fuerza que no se había considerado como tal, la ciudadanía, El Soberano, el que nace con la modificación constitucional del Art. 9 y que un magistrado –de esos que les interesa elegir a los diputados- aseveró en una charla universitaria, que “había que cortarle las alas”.
Una Defensora de los Habitantes que hasta sus colaboradores más cercanos le exigen que renuncie, por el irresponsable manejo del caso de la UPAD, que pretendía la apropiación indebida de nuestros datos sensibles.
Más aún, ser complacientes de que una minoría de hijos de papi, enquistados en palacio, amamantados en el capricho y la malacrianza, escudados en sus preferencias sexuales, desprestigien la decencia y la respetabilidad que existe en la población sexualmente diversa.
La policía, educada militarmente por colombianos y chilenos, saca su casta y su valentía cuando tiene que enfrentar a las personas ciudadanas que defienden lo que justamente les pertenece. Pero son inútiles al defender nuestras fronteras, nuestro oro, nuestra paz.
Fueron muy valientes para encerrar en flagrancia a Andrea Díaz, campeona nacional de surf, empresaria de Playa Tamarindo, pero un estropajo al impedir cualquier fiesta en lujosos condominios.
Andrea es criminalizada, por una caprichosa orden superior. Se atrevió a hacer uso del derecho humano esencial, el ejercicio de sus derechos políticos. Hacía valer el derecho a trabajar y producir en su propio negocio, impedido por los desaciertos y la negación absoluta de quienes asumieron el gobierno, que reciben el salario diariamente –pagados con nuestro esfuerzo y nuestra pobreza- y que se resisten a buscar soluciones sustentadas en el diálogo y la construcción de consensos, en esta emergencia nacional, que tiene hincada, con la rodilla en el cuello, la economía.
El feminismo tico ya institucionalizado, guarda silencio en estas circunstancias, pareciera que el patriarcado le fuera inherente, así lo denuncian ya muchas mujeres.
El país va arrastrado por los que ya casi dejan sus puestos y manifestaron que Costa Rica es una finca, a llegar humillados y de la mano del miedo, ante el FMI. A regalar las joyas de la abuela. Poco les importa entregarnos al mejor postor. Ellos se irán del país, a reunirse con los que ya se fueron.
Según ellos nos tienen rodeados, que ya lograron su victoria absoluta. Se asumen de la misma jauría, como zorros del mismo piñal. Se equivocan de medio a medio.
No conocen este pueblo, que de donde nadie sabe, saca en su momento lo mejor de sí para ser ejemplo mundial, lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia y lo haremos de nuevo.
Ser persona ciudadana no es igual que ser pueblo, lo primero exige responsabilidad y el deber; lo segundo es ser masa.
Este país tiene la reserva moral para levantarse y tomar el camino correcto. No será la primera vez que lo hagamos. Lo haremos bien. Tampoco necesitamos de muchos, sino de las personas ciudadanas suficientes, llenas de dignidad, de vergüenza, de coraje, sabiduría y conocimiento. Las mujeres jugarán el papel más importante al frente de esta tarea, exigiendo a todos a ponerse en pie.
Nos protege el mandato constitucional de asumirnos El Soberano y ejercer el Poder que nos corresponde y nos pertenece, para establecer sin miedo, desde los disensos, los consensos del nuevo pacto social.
Toda una lección de coherencia, conocimiento y serena reflexión le dio la diputada Paola Vega, en la sesión plenaria del pasado martes 23 de junio, al grupo de legisladores que presentaron el tan anunciado Informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), un deplorable documento donde demostraron su enorme desconocimiento acerca de la importancia de la educación superior pública para el país, del sentido de la autonomía universitaria como un ámbito de libre discusión cultural y científica, algo esencial para la vida democrática de cualquier nación que se precie de tal. En síntesis, la necesidad del principio esencial del ejercicio cabal de la libertad de cátedra, sin el que no existe tampoco la universidad verdadera, una donde la libertad es uno de sus atributos esenciales e ineludibles. Además, como bien indicó Paola Vega en su memorable intervención en el plenario legislativo, es hora ya de que esos diputados se quiten la careta, con la que pretenden ocultar sus afanes privatizadores y totalitarios (palabra que me atrevo a utilizar por mi cuenta, pues no la empleó la diputada Paola Vega), para sostener un debate franco y abierto acerca de una institucionalidad universitaria que ha sido esencial para la movilidad social en este país, aunque para ellos ese tema de verdad no es algo de su interés, como tampoco les importan de verdad los temas presupuestarios en sus diferentes aristas, ni el pretendido(y nunca concretado, ni en términos teóricos ni operacionales) “buen manejo” de los recursos del FEES, de que hablan en sus discursos, cuando en realidad lo que buscan es privatizar la universidad pública, cercenándola y sometiéndola a los designios del mercado, tanto al pretender privarla de recursos financieros esenciales, como en cuanto a limitarle la autonomía para la formulación de sus políticas académicas, lo que se expresa en sus pretensiones de dictarle ¿cuáles son las carreras que se deben impartir? y ¿cuáles deben ser sus áreas de investigación? obligándola para ello a la venta de servicios y a la ejecución de “otras acciones” para la obtención de recursos por esa vía, dejando de lado el servicio a la comunidad nacional, una de sus principales razones de ser. Recordó también la misma diputada cómo se ha tergiversado el tema de los salarios de los trabajadores universitarios, todo con el propósito de desprestigiar a las universidades públicas ante una opinión pública desinformada, indicando que sólo el 4% de los trabajadores ganan un salario de cuatro millones de colones: esos son los catedráticos que, después de haber obtenidos altas metas académicas con posgrados de gran exigencia, y habiendo realizado importantes investigaciones, es que alcanzan esa condición. En cuanto a los demás salarios de los trabajadores universitarios, destacó que estos se mueven alrededor del millón de colones y aún menos, sobre todo entre la gran cantidad de docentes interinos con jornadas de medio o tres cuartos de tiempo. Para la diputada Paola Vega lo preocupante es saber si los diputados, cuyo salario alcanza los cuatro millones de colones, cumplen sus funciones con la misma dedicación y esfuerzo con las que lo hacen los catedráticos de las universidades públicas.
Mientras el diputado Carlos Ricardo Benavides reconoce que votará el informe sobre el FEES sin haberlo leído, pues afirma que no tuvo tiempo para hacerlo, lo que deja mucho que desear, sucede que el diputado Erick Rodríguez Steller, en su intervención en el plenario del martes 23 de junio, nos da una muestra de su ignorancia oceánica, su torpeza política, y hasta de un inocultable “resentimiento social” que él, por lo demás, atribuye a otros, los que asegura suelen ser gentes de “izquierda”, a quienes llama chancletudos (nunca he podido entender esa extraña asociación que hacen algunos entre las posiciones de los que se sitúan a la izquierda del espectro político y el uso de ese tipo de calzado). Su obcecación o ceguera lo conducen a tal grado de pérdida de contacto con la realidad, como para llegar a afirmar que la universidad pública lo que hace es formar los cuadros políticos de la izquierda, cosa que en términos de resultados no se puede corroborar, dado el caos y la crisis perenne en que se encuentran las fuerzas de ese sector del espectro político tan vilipendiado por los diputados de la mencionada comisión. Recordando su experiencia como estudiante dice el diputado Rodríguez Steller que recibió una gran cantidad de cursos donde lo obligaban a leer a Karl Marx (¿lo habrá entendido?) y al brasileño Teotonio dos Santos (de grata memoria para quien esto escribe, un autor que leyó siendo muy joven), pues al parecer el pobre diputado únicamente tuvo profesores de una cierta orientación ideológica, por suerte su alma no se perdió en la contaminación de ese infierno “marxista-leninista” al que, como en el caso del Covid 19, se vio expuesto, durante los últimos años de la década de los ochenta, algo que fue replicado durante la misma sesión por la diputada Paola Vega, quien recuerda haber recibido clases con José Merino en la mañana de un día, luego en la tarde con César Zúñiga, quien es hoy el principal asesor del partido Nueva República, y en la noche con Roberto Gallardo, el ministro de planificación de Laura Chinchilla, pasando de leer autores como José Carlos Mariátegui a otros como Francis Fukuyama. ¿Dónde está la universidad marxista-leninista de que se nos habla dijo la diputada? Una que, a contrapelo de lo afirmado, produjo en seno a un político como el diputado Erick Rodríguez Steller, más bien orientado hacia la derecha política.
Como puede apreciarse, estamos sumergidos en unos tiempos históricos en los que, aunque le suene paradojal o incomprensible a mucha gente, la historia misma se torna esquiva frente a nuestra irrelevancia y mediocridad manifiestas, dentro de un medio sociopolítico donde la mentira más descarada es el pan cotidiano. Sucede así, de manera inevitable, que mientras el tiempo cotidiano se limita a transcurrir sólo porque la duración no puede ser detenida, continuando así las agujas del reloj con su incesante marcha, todo en medio de la creciente insignificancia en la que nos encontramos, como bien indicaba el filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis (1922-1997), hace ya un cuarto de siglo, dentro de lo que constituye una especie de sino fatal.
Este desolador panorama se nos muestra e intensifica también en toda su desolación, en un medio social y político donde las más elementales virtudes republicanas desaparecieron hace mucho rato, uno donde en la prensa de circulación diaria ya no se hacen, desde hace muchos años, crónicas de los debates parlamentarios, los que se tornan por lo demás cada día más irrelevantes, con unos diputados que ya no debaten, y ni siquiera se escuchan entre ellos, cuando se presentan algunos atisbos de lo que pudiera calificarse como un debate, o discusión de alguna relevancia. Hace ya mucho tiempo que la decadente prensa diaria no registra las crónicas parlamentarias, mientras nosotros recordamos las de otrora en las plumas de Guillermo Villegas Hoffmeister y Óscar Castro Vega (ambos de grata memoria), de Álvaro Madrigal (quien nos acompaña con su frecuentes artículos, en su doble condición de abogado y periodista), de los hermanos Joaquín y Carlos Vargas Gené siempre tan hábiles con la pluma y el arte de la política(en el mejor sentido del término), y muchos otros de una culta además de acuciosa generación de periodistas, los que en su gran mayoría ya nos dejaron, hace algún tiempo, mientras nos íbamos adentrando en la charca mediocre del “periodismo corrongo”, tan dado a las más torpes ligerezas, de que nos habla reiteradamente el periodista y escritor Carlos Morales Castro, en una de sus obras más recientes(LOS HECHIZADOS DEL SIGLO XXI Editorial Prisma San José Costa Rica 2006).
Es en medio de este panorama circense, donde a veces se presenta sin embargo la oportunidad de darnos cuenta del grado de decadencia en que se encuentra la institución parlamentaria en Costa Rica, aunque no es el único caso entre los países de la región, las sucesivas legislaturas de la Asamblea Legislativa de este país centroamericano, tan pagado de sí mismo, se muestran año con año, década tras década, cada vez más decadentes, más alineadas a los intereses de los poderes fácticos e integradas, cada vez más, por una pléyade de mediocres e ignorantes diputados, donde muchas mujeres no se muestran menos decadentes que sus contrapartes masculinas, pido perdón por la herejía a las feministas burguesas. Es aquí, donde a veces sentimos la tentación de invocar a los hados mágicos de un pasado no tan lejano como para haberse borrado de nuestra memoria, no porque todo tiempo pasado haya sido mejor en todos los órdenes de la vida social y política, pero que resulta inevitable mencionar cuando vemos como la gradería de sol (“la canaille”, según Voltaire) continúa asaltando la cancha, algo que está ocurriendo ahora ante la indiferencia casi generalizada, de acuerdo con los términos de la célebre afirmación del recordado y prolífero columnista, escritor y dramaturgo Alberto Cañas Escalante (1920-2014), por lo que uno no puede dejar de pensar en los tiempos de aquellos parlamentarios de relieve y de calidad manifiestas, tanto en la profundidad de su pensamiento como en el despliegue de sus dotes oratorias, en el caso del ya mencionado polemista y crítico, o de otros de la talla de un Rodolfo Solano Orfila, Óscar Aguilar Bulgarelli (que afortunadamente nos acompaña en estos aciagos días), Cristian Tattembach Yglesias, Arnoldo Ferreto Segura, Rodrigo Carazo Odio, Enrique Azofeifa Víquez, Fernando Volio Jiménez, José Manuel Salazar Navarrete, Guillermo Villalobos Arce, Rolando Araya Monge, Manuel Mora Valverde, Alfonso Carro Zúñiga, Rogelio Ramos Valverde, Julio Suñol Leal, Carlos José Gutiérrez, Humberto Vargas Carbonell, Jorge Luis Villanueva Badilla, Álvaro Aguilar Peralta, Rodrigo Gutiérrez Sáenz, Daniel Oduber Quirós, Francisco Morales Hernández(uno de los fundadores de la UNA), Ángel Edmundo Solano Calderón y muchos otros que prestaron grandes servicios al país, por lo que pido disculpas por no poder enumerarlos en este momento. Esas fueron unas gentes que nos iluminaron, durante los memorables debates que dieron en las legislaturas del parlamento costarricense de la segunda mitad del siglo pasado, dentro de lo que resulta un vivo contraste con la oscuridad e insignificancia del presente.
A raíz del informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior FEES que presentaron un grupo de diputados, encabezados por Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, hemos podido tener una muestra cabal de la estulticia y la ignorancia reinantes en la presente legislatura (2018-2022), un tema sobre el que será necesario volver. Su desconocimiento y torpeza se hicieron más que evidentes, tanto en el documento mismo como en la discusión del tema en el plenario legislativo, tal y como lo demostramos en las consideraciones que hicimos al inicio de este texto. ¿Qué dirían Rodrigo Facio Brenes y muchos de los otros constituyentes de 1949 tan celosos de la autonomía universitaria, cuya autonomía y libertad tan bien cautelaron en el texto constitucional?
El gobierno de «unidad nacional» ya ha mostrado sus garras y dientes, puesto que ha unido a la clase política alrededor de una agenda laboral regresiva que solo complace a unos cuantos. Comenzó concediendo enormes exenciones y cuantiosas amnistías y continuó desfalcando pensiones, autorizando despidos, congelando salarios y cargando sobre las espaldas de quienes menos tienen los costos de las crisis fiscal, sanitaria y económica.[1] Así engendró un consenso que ha saboteado sistemáticamente el pacto social de 1949 sin ofrecer nada a cambio, pues a la religión del mercado le basta con su dios fetiche: el dinero. Pero eso no se puede llevar a cabo sin quebrantar la Constitución de la República y sin atizar un conflicto social que ya hierve en su confinamiento.
Un depredador de la norma superior
Ese gobierno de unidad «nacional» reforzó la coalescencia de poderes que la voluntad del constituyente quiso independientes (artículo 9, entre otros), reduciendo la oposición en el Legislativo y debilitando más la independencia judicial. Esto se volvió evidente a partir de la segunda elección de Oscar Arias y es consecuencia de que los diputados nombran acomodaticia y secretamente a los magistrados.
En vez de pagarle su voluminosa deuda a la CCSS, ese gobierno y sus grandes empresarios han puesto en riesgo su autonomía y sostenibilidad (artículo 73). Mientras cierta prensa se ha dedicado a desprestigiarla, igual que a otras instituciones públicas. Asimismo, las universidades ven amenazada su autonomía (artículos 84 y 85), blanco predilecto de todo tirano. El informe legislativo que se acaba de presentar da vergüenza ajena y pasará a la historia como un monumento a la arrogancia de esta legislatura, basada, como suele suceder, en la «ignorancia oceánica» de quienes votan hasta sin leer.[2] Ni por su forma, ni por su contenido es de recibo; sin embargo, fue aprobado sin sonrojarse por 31 diputados.[3] No se sabe qué es más alarmante, si ese informe de mayoría o su aprobación.[4]
Por otra parte, la ley 9635 para el «Fortalecimiento de las finanzas públicas» fue una falsa solución a una crisis falsa. Fue impuesta contra una multitud de voces que trataron de negociarla, configurando la más clara contravención del artículo 9 vista hasta ahora. La solución es falsa porque no resuelve el problema, ni erradica su causa; es una reforma remendona y regresiva que el Covid-19 dejó desarropada, junto a su dogmática regla fiscal. Pero así se evitó eficazmente la cuestión de fondo: evasión, elusión y contrabando (sin que casi nadie mencione el narcotráfico). Tal reforma deshonró el artículo 50 que manda al Estado a procurar «…el más adecuado reparto de la riqueza». Por cierto, que Costa Rica forme parte hoy de los diez países más desiguales del mundo es un resultado de política económica anticonstitucional y necesita ser urgentemente revertido. En buena ley habría que despedir por eso a todos los responsables.
La crisis fiscal es falsa pues las fuentes de ingreso sobran y bastaría con cobrar bien los impuestos. Pero falta voluntad política; si no se permitiese el robo del impuesto de ventas, por ejemplo, el déficit caería más del 2,5% del PIB. El principal problema es que las mayores fortunas desaparecen por el arte prestidigitador de la «ingeniería fiscal». Al respecto, la propuesta del grupo de economistas heterodoxos, en el cual figuran Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, acierta al proponer un mínimo impositivo del 25% sobre las grandes corporaciones para salir de la crisis.[5]
Aún así el sistema tributario costarricense seguiría siendo regresivo, ya que a un pensionado se le quita hasta un 69%. El sistema es tan regresivo que las exenciones se otorgan a quienes más pueden y no a quienes menos tienen. ¿Por qué se le cobraría a un pensionado un 55% de impuestos, mientras a una gran corporación como Appel, Amazon, Google o Facebook apenas un 25%? En rigor, a una pensión se le debería cargar únicamente lo que a cualquier otro ahorro, es decir, nada. Por definición, el ahorro sale de un ingreso neto, es decir, después de pagar los impuestos respectivos. Por tanto, recargarlo con otro -como quiera que se le llame- es doble imposición a un dinero ya gravado. Un segundo impuesto es en sí mismo regresivo, ni qué decir de un tercero o un cuarto. Cualquier monto resulta así discriminatorio y desproporcionado, es decir, abusivo y falta entre otros al artículo 33. Una pensión no es ni un salario ni un dividendo, es un derecho o beneficio social que adquiere el trabajador a través de un financiamiento tripartido. Por cierto, pretender liberar al Estado de financiar pensiones, como se ha querido hacer creer, también es anticonstitucional (artículo 73).
La ley 9796 que obliga a los pensionados a ser súper solidarios ha resultado ser otro disparate legislativo que se contradice a sí mismo. No solo es regresiva sino que además viola el artículo 34, porque «ninguna ley», «para ninguna persona», puede ser «retroactiva» y, desde luego, ninguna puede estar por encima de la norma superior. Su corolario, la ley 9836, que pretende usar ese «ahorro» para subsidiar a los más pobres, también choca con el artículo 73 sobre los seguros sociales, que no pueden ser transferidos ni utilizados «(…) en finalidades distintas a las que motivaron su creación (…).»[6] En el mismo sentido, la Asesoría técnica de la Asamblea Legislativa había advertido que usar una pensión con otra finalidad distorsiona el instrumento, atropella el derecho adquirido y la expectativa del propietario.[7] Unos diputados ignorantes del problema han encontrado una medicina que es peor que la enfermedad.
Por otra parte, la ley 9808 «Para brindar -ni que fuera cuestión de licor- seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos» se propuso restringir todo lo posible el derecho a huelga, especialmente las «huelgas políticas». Se deshonró así, una vez más, el artículo 9 de la Constitución que todos parecen pasar por alto, tal vez porque constituye, desde que se reformó en el 2003, la principal salvaguarda contra el autoritarismo de Estado. Para honrarlo, los legisladores debieron haberse dedicado más bien a garantizar la organización de los trabajadores del sector privado, quienes no pueden sindicalizarse sin ser despedidos, a pesar de los artículos 25 y 60. Alguno debió recordarle a la UCCAEP que no son esclavos. Pero eso no cabe en esa agenda de «unidad nacional». Ahora, en plena pandemia, estos trabajadores han tenido que verificar dolorosamente que a su trabajo se le trata como a una «simple mercancía», lo cual viola abiertamente el artículo 56.
Para colmo el Presidente presentó el 1 de mayo pasado otro informe mamarracho que está lejos de cumplir con la «evaluación de resultados» y la «rendición de cuentas» que exige el artículo 11. Este rápido recuento revela que el gobierno de «unidad nacional» ha conculcado o desconsiderado cuando menos los artículos 9,11, 25, 33, 34, 50, 56, 60, 73, 84 y 85 de la Constitución. A lo cual hay que sumar la presunta violación del artículo 24 por parte del Presidente en relación con la UPAD. Por eso los gobernantes han quedado expuestos cada vez más a denuncias y recursos; solo el Presidente encara ya cinco causas penales por incumplimiento de deberes y prevaricato.
En pocas palabras, nuestros representantes no cumplen con su juramento (artículo 194) porque en vez de estar aprobando leyes democráticamente progresivas, se han dedicado a burlar el diseño participativo y popular de la República. El pueblo tiene todo el derecho a pedir que renuncien, en primer lugar a sus pretensiones y en segundo lugar a sus puestos, por incumplimiento de deber, por actuar contra su juramento y compromiso moral; aunque hayan tenido el cuidado de no incluir en su agenda la revocatoria de mandato. ¡Qué se vayan todos!
El convidado de piedra
A ese desgobierno de «unidad nacional» le persigue, desde el principio, una sombra: el pueblo brilla por su ausencia. Así que no es casualidad que premie a los más ricos y perjudique a la clase trabajadora que es la columna central de esta democracia. El pueblo es el dueño de la República y la fuente de cualquier otro poder; pero nadie nota a ese señor, que también es señora, en Casa Presidencial, ni en Asamblea Legislativa. Y cuando se manifestó masivamente, en oposición a la ley 9635, se le ninguneó como «cuatro gatos», además de vacilar a sus dirigentes.
El Presidente no vio pasar al pueblo que le gritaba en la calle, ni porque salió vestido de maestra. Dado que es medio sordo, requiere una movilización más contundente. Mientras el Soberano permanezca pasivo, como dice don Carlos que le gusta, el representante tiende a ejercer arbitrariamente el poder que se le ha delegado. Volvió a pasar durante el presente encierro con las múltiples propuestas que le llegaron. Él solo prestó oídos a la UCCAEP, aunque representa únicamente a los más grandes empresarios o «grandes contribuyentes», que sería mejor comenzar a llamar de otra manera.[8]
Así, por ejemplo, Guillermo Zúñiga, ex Ministro de Hacienda, ha venido haciendo en su blog una serie de oportunas, comedidas y certeras sugerencias sin dejar de apuntar la necesidad de renovar el pacto social tomando la senda del diálogo, pero nadie responde desde la otra acera.[9] Lo mismo le ocurre al grupo de economistas pluralistas. Para el gobierno hay una verdad única y la tiene en el bosillo. Sin embargo, al decir de José Luis Sampedro, hay dos tipos de economistas: los que se dedican a hacer «más ricos a los ricos» y los que trabajan para hacer «menos pobres a los pobres».
Todo indica que estamos atravesando por lo que Rogelio Cedeño ha llamado, evocando una expresión altanera de Oscar Arias, una «dictadura en democracia».[10] No es que una mayoría aplaste a una minoría, como cabe cautelar en derechos humanos. Se trata de que un pequeño grupo se ha empeñado en hacer retroceder derechos adquiridos, porque la «clase política no le tiene miedo al pueblo» (a confesión de parte relevo de prueba). Se trata de una minoría que atropella a la mayoría que la eligió. Ignorando el límite de la carta magna, ese grupo se arroga un poder que no tiene. Por eso se deslegitima con cada decisión que toma contra los trabajadores. En consecuencia, para estos el gobierno del bicentenario está resultando ser un ruidoso fiasco.
La hora que os anuncié
Solo hay una manera de detener tanto abuso de poder: el Soberano debe presentarse en la escena política y exigir cuentas. No basta con que sea un supuesto, ni una romántica ficción jurídica. El pueblo debe tomar el camino de la democracia participativa directa para sacudir ese andamiaje que carcome, como un cáncer, la democracia representativa. Del confinamiento habrá que salir a la calle, antes de que los cuatro gatos -ahora sí y con el perdón de tan magníficos animales- terminen de destruir lo que tanto ha costado edificar durante décadas. Contrariamente al criterio de Oscar Arias, los problemas de la democracia solo se solucionan con más democracia; porque como dice un cartel anónimo: «Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema».
Dada la pandemia, cabe calcular el momento, pero actuar con la contundencia que ha caracterizado al pueblo costarricense en cada hito histórico. No hace mucho hubo que parar el Combo del ICE y casi se logra detener el TLC en una jornada cívica inolvidable. Ahora, con más fuerza, razón y convicción que nunca habrá que defender nuestra República participativa y popular. Ha llegado la hora de parar el neoliberalismo que actúa como absoluto, al punto de querer pasar leyes por encima de la Constitución. Aunque los días del capitalismo «salvaje» (patriarcal, colonial y depredador) estén contados, no será posible salir de la pandemia a la solidaridad, sin derrotar a esa dictadura disfrazada de democracia que ha venido a ponerse al servicio de la insolidaridad.[11] Ha llegado la hora de la «hipercreatividad» del pueblo (E. Dussel), empezando por las jornadas de diálogo y pedagogía social como las que viene organizando Surcos y la Alianza por una vida digna. ¿Qué más podríamos perder? Solo los grilletes mentales que nos atan a un grupúsculo dominante que no halla el hilo de su hegemonía ni de su proyecto país, extraviado como está en el laberinto de sus mezquindades y auto eximido del glamur político de otrora.[12]
[1] Manuel Hernández: «La suspensión unilateral del ajuste salarial es manifiestamente ilegal». En: Surcosdigital.
[2] Rogelio Cedeño: «Los enemigos de la universidad pública y sus desvaríos». En: elpais.cr
[3] Walter Antillón: «Autonomía constitucionalmente garantizada» y Yamileth González: «Algunas observaciones sobre el informe de mayoría de la comisión FEES». En: Surcosdigital.
[4] Ver al respecto el excelente comunicado del Instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad nacional.
[5] Francisco Guerrero: «Piketty y Stiglitz proponen impuesto mínimo de 25% sobre grandes corporaciones para superar la crisis». En: latercera.com
[6] Msc. Francisco Esquivel: «El financiamiento de las ˝pensiones˝ no contributivas.» En: cambiopolítico.com.
[7] Hernán Alvarado: «El autogol político 9796.» En: Surcosdigital.
[8] Oscar Madrigal: «Murió la oportunidad.» En: Surcosdigital.
[9] Guillermo Zúñiga: «La carreta delante de los bueyes»; Gilberto López: «El mundo unilateral de la UCCAEP»; Mario Hidalgo: «Con falsedades intenta apropiarse de la historia del país». Ver también videforo: «¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar la UCCAEP?» Idem.
[10] Rogelio Cedeño: «Entre la indefensión y la mentira más descarada». Idem.
[11] Álvaro Vega: «Del distanciamiento a la convivencia digna». Idem.
[12] Según una broma de Mafalda: «vivimos en un país raro donde la clase obrera no tiene obras, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase.»
Hace unos días, en el programa radial La Lupa que compartí con don Roberto Suñol y don Alex Sibaja, la conversación giró en torno a la necesidad de que el Banco Central inyecte recursos al sistema financiero, para ser utilizados por los sectores productivos nacionales, hoy golpeados por la pandemia.
Desde luego no se trata de regalar la plata; ni se trata de financiarles el reparto de dividendos. Lo que discutimos fue sobre la necesidad de generar fondeo para financiar el capital de trabajo de las compañías y, con ello, tratar de mantener el mayor empleo posible. Externé una opinión favorable, insistiendo en que los criterios debían ser muy claros para evitar abusos. Cualquier esfuerzo para sostener emprendimientos viables y ayudar al empleo debe ser bienvenido.
El Banco Central puede hacerlo; cuenta con los instrumentos para llevarlo a cabo. Pero este asunto de fondear programas para el aparato productivo y la generación de empleo lo tiene paralizado. Está amarrado al dogma monetarista, el cual formula que la función principal del Banco es el control de la inflación, por lo que los demás objetivos pasan a segundo plano. Recuerden que antes de la emergencia sanitaria la economía y el empleo venían de capa caída, pero tenían controlada la inflación.
EMPLEO COMO OBJETIVO PRINCIPAL. Les recordé que el año en que estuve en la Asamblea junto con otros diputados, presentamos una iniciativa para que el empleo fuera también un objetivo principal del Banco Central, al mismo nivel que el control de la inflación. Las dos cosas se pueden hacer. El proyecto original lo presentamos a principios del 2011, diputados de Liberación Nacional, del Partido Acción Ciudadana, del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Movimiento Libertario, y del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Arrancó con buen apoyo. En el año 2013 llegó a ocupar un buen lugar en la Comisión de Asuntos Económicos y en junio del 2013, los miembros de la Comisión lo aprobaron por unanimidad. La iniciativa mantenía en aquel momento un amplio apoyo. Esta condición facilitó que el proyecto se trasladara a la Comisión Plena Primera donde existían la mayoría de los votos para convertirlo en ley de la República.
OPOSICIÓN DE LA PRESIDENCIA. Pero la oposición que se dio esos días desde la Casa Presidencial y desde el Banco Central, hizo que diputados del Partido Liberación Nacional usaran el reglamento legislativo para evitar la votación. Tampoco el Poder Ejecutivo lo convocó en sesiones extraordinarias, en momentos en que pudo haberlo hecho. El proyecto “se varó”. Y finalmente el proyecto fue archivado.
¡SORPRESA! Para mi agradable sorpresa, esta semana me llegó la noticia que 9 diputados del PAC habían presentado de nuevo este proyecto, hoy bajo el expediente 21.264. Esto fue en febrero del año pasado. La exposición de motivos del “nuevo proyecto” presentado por los diputados del PAC, dice con claridad que es una copia del proyecto que originalmente habíamos presentado y que el propósito es ponerlo en la discusión, dado que se había vencido el trámite en la Asamblea.
Hoy está asignado a la Comisión de Gobierno y Administración, cuenta con informe de Servicios Técnicos y se está a la espera de la consulta al Banco Central.
Nótese que, si el proyecto original se hubiera transformado en ley, hoy el Banco Central debería estar actuando sin mayores dudas, ni dilaciones, atendiendo la urgencia del empleo. En buena hora se volvió a presentar esta iniciativa. La evidencia de hoy nos dice la importancia de señalarle al Central que también tiene que velar prioritariamente por el empleo. Si no hay espacio fiscal, y la política monetaria “se parquea”, ¿entonces qué? ¿La mano invisible? ¿El piloto automático? ¡Por Dios, hagan a un lado la ideología y pónganse prácticos!
CONCLUYO. Aplaudo que los diputados del PAC hayan recuperado este proyecto. La situación nacional demuestra que esta es una idea correcta. Y ya le llegó la hora. Los diputados deben aligerar el conocimiento de esta iniciativa y volverla ley de la República cuanto antes.
El Ciclo de charlas/conversatorios para pensarnos en tiempos de COVID-19 invita al conversatorio “Soberanía Alimentaria: la agricultura familiar y promoción del abastecimiento de mercados de cercanía. Realidades, posibilidades y obstáculos”, la cual contará con la participación de Ana Valtriani, Javier Di Matteo y Gina Lipka.
La transmisión del conversatorio será vía Zoom el 30 de junio a las 5 p.m. hora Argentina, 2 p.m. hora de Costa Rica.
El pasado 11 de junio, Estados Unidos anunció oficialmente sanciones contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nuestra breve nota al respecto titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)«).
Este 23 de junio, fueron 67 Estados Partes al Estatuto de Roma los que difundieron un comunicado conjunto rechazando estas insólitas sanciones norteamericanas unilaterales contra la justicia penal internacional.
La iniciativa de esta respuesta colectiva recayó en Costa Rica y en Suiza.
El texto del comunicado conjunto en breve
El comunicado suscrito (véase texto completo reproducido al final de esta nota) precisa que:
«As States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), we reconfirm our unwavering support for the Court as an independent and impartial judicial institution. In line with the 11 June press release of the President of the Assembly of States Parties, we reiterate our commitment to uphold and defend the principles and values enshrined in the Rome Statute and to preserve its integrity undeterred by any measures or threats against the Court, its officials and those cooperating with it»
/
«En tant qu’États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la Cour en tant qu’institution judiciaire indépendante et impartiale. Conformément au communiqué de presse du 11 juin du Président de l’Assemblée des États parties, nous réitérons notre engagement à soutenir et défendre les principes et les valeurs consacrés par le Statut de Rome et à préserver son intégrité sans se laisser décourager par des mesures ou des menaces à l’encontre de la Cour, de son personnel et de ceux qui coopèrent avec elle».
También se señala en este llamado conjunto por parte de sus firmantes que:
«We remain committed to an international rules-based order. The ICC is an integral part of this order and a central institution in the fight against impunity and the pursuit of justice, which are essential components of sustainable peace, security and reconciliation. We will therefore continue to respect our cooperation obligations under the Rome Statute and we call on all States to ensure full cooperation with the Court for it to carry out its important mandate of ensuring justice for the victims of the most serious crimes of international concern».
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«Nous demeurons engagés pour un ordre international fondé sur des règles. La CPI fait partie intégrante de cet ordre et est une institution centrale dans la lutte contre l’impunité et la recherche de la justice, qui sont des composantes essentielles d’une paix, d’une sécurité et d’une réconciliation durables. Nous continuerons donc à respecter les obligations de coopération qui nous incombent en vertu du Statut de Rome et nous invitons tous les États à coopérer pleinement avec la Cour pour qu’elle puisse s’acquitter de son important mandat, qui est de rendre justice aux victimes des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale«.
Es de señalar que por alguna razón, el texto en español de dicho comunicado no ha sido editado en algun sitio oficial de algún Estado de habla hispana, razón por la que nos limitamos a reproducir las versiones oficiales en inglés y en francés.
Como se puede observar, si bien, a diferencia del título, el texto como tal no menciona expresamente a Estados Unidos, reafirma de manera inequívoca el apoyo de los 67 Estados que lo suscriben a la justicia penal internacional, intentando así responder a la inédita decisión norteamericana anunciada el pasado 11 de junio.
Algunos detalles breves sobre los firmantes
Los Estados Partes al Estatuto de Roma suman un total de 123 Estados Partes (según el registro oficial del depositario del Estatuto de Roma, que recae en la Secretaría General de Naciones Unidas).
El listado de los 67 Estados, que antecede el texto del comunicado conjunto divulgado este 23 de junio desde La Haya, permite identificar claramente a Estados Partes al Estatuto de Roma que por alguna razón, optaron por no apoyar la iniciativa que presentaron Costa Rica y Suiza, suscribiendo el texto.
La ausencia de sus firmas obedece posiblemente a fuertes presiones diplomáticas ejercidas por Estados Unidos. En el caso de América Latina, no aparecen El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá ni Paraguay. En el caso de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), Hungría y Polonia tampoco consideraron oportuno firmar el comunicado, al igual que Corea del Sur y Japón en Asia.
En su red personal de Twitter, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, agradeció a Costa Rica y a Suiza por haber iniciado esta respuesta colectiva.
El hecho que Costa Rica haya sido uno de los que tomó la iniciativa no hace sino reafirmar su tradicional vocación de apego a la justicia y de defensa del derecho internacional. En el caso específico de la CPI, cabe recordar que Costa Rica fue el único Estado en Centroamérica en resistirse a firmar con Estados Unidos un «Acuerdo Bilateral de Inmumidad» (o ABI) en el período 2005-2006, de los más de 100 suscritos por Estados Unidos (véase listado). Al respecto, el tipo de presiones ejercidas por los diplomáticos norteamericanos en los años 2005 y 2006 al más alto nivel en Costa Rica y la respuesta a sus peticiones puede analizarse revisando estos cables confidenciales (véase cable 1, cable 2 y cable 3) dados a conocer por Wikileaks. En el segundo de estos cables, se puede leer que: «After the meeting, however, Arias’s running mate Laura Chinchilla asked for a copy of the U.S.-Colombia Article 98 agreement, which we have since provided her«.
En esta publicación del 2012 de la Universidad para la Paz (véase texto completo), el ex Canciller de Costa Rica Bruno Stagno Ugarte, en su artículo titulado «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008» desmenuza el impacto de las sanciones a las que fue finalmente sometida Costa Rica por mantenerse fiel a los principios sobre los que se fundamenta la CPI (artículo en pp. 304-331).
A modo de conclusión
Volviendo a las sanciones contra el personal de la CPI anunciadas en este mes de junio del 2020, tal y como lo indicábamos en la conclusión de nuestra nota anterior: «No cabe duda que esta decisión norteamericana no cuenta con ningún precedente en la historia del derecho internacional«.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against ‘corrupt’ ICC», Times of Israel, edición del 11/06/2020
Responder a una insólita decisión unilateral (saludada y celebrada por un solo Estado, Israel) mediante una contraofensiva diplomática colectiva resulta ser un gesto inédito: desde esta perspectiva, el comunicado conjunto suscrito por estos 67 Estados Partes al Estatuto de Roma puede considerarse como una verdadera «première» en la historia de la justicia penal internacional.
Texto integral del comunicado conjunto en inglés así como en su versión en francés, tal como circulado por la Misión de Francia ante Naciones Unidas:
—– Statement in support of the International Criminal Court (ICC) following the release of the US Executive Order of 11 June 2020
endorsed by Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Belize, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gambia, Germany, Greece, Guyana, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Mexico, Namibia, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Peru, Portugal, Romania, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, State of Palestine, Sweden, Switzerland, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Kingdom, Uruguay and Venezuela.
23 June 2020
As States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), we reconfirm our unwavering support for the Court as an independent and impartial judicial institution. In line with the 11 June press release of the President of the Assembly of States Parties, we reiterate our commitment to uphold and defend the principles and values enshrined in the Rome Statute and to preserve its integrity undeterred by any measures or threats against the Court, its officials and those cooperating with it.
We remain committed to an international rules-based order. The ICC is an integral part of this order and a central institution in the fight against impunity and the pursuit of justice, which are essential components of sustainable peace, security and reconciliation. We will therefore continue to respect our cooperation obligations under the Rome Statute and we call on all States to ensure full cooperation with the Court for it to carry out its important mandate of ensuring justice for the victims of the most serious crimes of international concern.
We recall that the ICC is a court of last resort, which anchors a system of justice for serious international crimes rooted in national courts. National authorities have the primary responsibility to investigate and prosecute Rome Statute crimes. The ICC only steps in when States are unwilling or unable to genuinely carry out national proceedings.
The ICC, as the world’s first and only permanent international criminal court, is an essential component of the multilateral architecture upholding the rule-of-law. It embodies our collective commitment to fight impunity for international crimes. By giving our full support to the ICC and promoting its universal reach, we defend the progress we have made together towards an international rules-based order, of which international justice is an indispensable pillar.»
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«Déclaration en soutien à la Cour pénale internationale (CPI) suite à la publication du décret américain du 11 juin 2020
Les États mentionnés ci-après ont approuvé cette déclaration en soutien à la Cour pénale internationale (CPI) suite à la publication du décret américain du 11 juin 2020 : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Belize, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Equateur, Espagne, Estonie, État de Palestine, Fidji, Finlande, France, Gambie, Grèce, Guyana, Irlande, Islande, Italie, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Mexique, Namibie, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République démocratique du Congo, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint Marin, Saint Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Trinité et Tobago, Tunisie, Uruguay et Venezuela.
En tant qu’États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), nous réaffirmons notre soutien indéfectible à la Cour en tant qu’institution judiciaire indépendante et impartiale. Conformément au communiqué de presse du 11 juin du Président de l’Assemblée des États parties, nous réitérons notre engagement à soutenir et défendre les principes et les valeurs consacrés par le Statut de Rome et à préserver son intégrité sans se laisser décourager par des mesures ou des menaces à l’encontre de la Cour, de son personnel et de ceux qui coopèrent avec elle.
Nous demeurons engagés pour un ordre international fondé sur des règles. La CPI fait partie intégrante de cet ordre et est une institution centrale dans la lutte contre l’impunité et la recherche de la justice, qui sont des composantes essentielles d’une paix, d’une sécurité et d’une réconciliation durables. Nous continuerons donc à respecter les obligations de coopération qui nous incombent en vertu du Statut de Rome et nous invitons tous les États à coopérer pleinement avec la Cour pour qu’elle puisse s’acquitter de son important mandat, qui est de rendre justice aux victimes des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale.
Nous rappelons que la CPI est une juridiction de dernier ressort, qui ancre un système de justice pour les crimes internationaux graves dans les tribunaux nationaux. Les autorités nationales conservent la responsabilité primaire d’enquêter sur les crimes du Statut de Rome et d’en poursuivre les auteurs. La CPI n’intervient que lorsque les États ne veulent pas ou ne peuvent pas mener véritablement à bien des procédures nationales.
La CPI, en tant que première et unique Cour pénale internationale permanente au monde, est un élément essentiel de l’architecture multilatérale qui défend l’état de droit. Elle incarne notre engagement collectif à lutter contre l’impunité des crimes internationaux. En apportant notre plein soutien à la CPI et en promouvant sa portée universelle, nous défendons les progrès que nous avons accomplis ensemble vers un ordre international fondé sur des règles, dont la justice internationale est un pilier indispensable.» —–
Programa Alternativas le invita este viernes 26 de junio a las 6 p.m. por Facebook Live a escuchar el programa que tratará sobre el tema: «Realidad nacional contemporánea«. Conversaremos sobre la realidad económica, social, y laboral de nuestro país.
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