No hay persona más dañina que la que llega a un puesto de poder sin tener los méritos y la conciencia requeridos. El destino de empresas, instituciones y naciones depende de las manos –expertas o torpes, virtuosas o viciosas- en las que caigan.
El estado de salud de una organización, o de todo un país, se mide por la prudencia y auto-contención que tengan quienes ejercen autoridad sobre los demás y tienen la fuerza, de hecho o derecho, de imponer sus criterios.
El asunto es más delicado con los centros de poder de alcance general, cuando padecemos, como simples ciudadanos, una sesión de la Asamblea Legislativa, o una discusión de Corte Plena, o nos enfrentamos a una decisión del Consejo de Gobierno. Con harta frecuencia se abusa del uso de la palabra y de la potestad decisoria. En el actual Parlamento, por ejemplo, se proponen e impulsan verdaderas ocurrencias, se manosean derechos e instituciones esenciales para la democracia, se confunde control político con altanería e irrespeto y se pretende forjar carreras políticas a golpe de amedrentamientos a jueces u otras autoridades públicas.
No parece importar ni el interés general ni el bien común a la hora de opinar y decidir. Estos espacios donde se ejerce poder y que por naturaleza deberían ser prudentes, pedagógicos y creadores de civismo y civilidad, le quedan debiendo mucho a la ciudadanía.
Prima el egoísmo de los intereses particulares, los propios y los del círculo cercano: familiar, de amigos, colegas y compañeros, cuando no de auténticos cómplices. Nos enfrentamos todos los días con legisladores muy valientes para golpear asalariados y pensionados, pero cautos hasta la parálisis frente a los verdaderamente poderosos.
La mayoría de los medios de comunicación han hecho de la descalificación al Estado y sus instituciones su razón de ser. De manera cotidiana y sistemática son atacadas la salud y la educación públicas en palmario apoyo a los sectores privados que usufructúan de estas actividades estratégicas. Se descalifica y ataca todos los días al Poder Judicial, las entidades encargadas de la energía y las universidades públicas, en evidente afán por debilitar la misión democrática esencial que prestan. En el fondo, una judicatura independiente e imparcial, un control energético equitativo, así como una docencia e investigación científica y crítica, resultan intolerables para una visión del mundo que sólo piensa en mercado, calificadoras internacionales, competitividad y lucro desenfrenado.
Hay un completo abandono del difícil arte de la representación política. Abocados a legislar y decidir para sí mismos y para el aplauso de la gradería, se ensancha la brecha entre representantes y representados. Corre peligro todo el sistema institucional y se pierde fe en la democracia. Es el reino de la demagogia allanándole el camino a la dictadura.
Todos los afanes de la Historia por encontrar equidades, controles y solidaridades mínimas, vuelven cíclicamente a verse sometidos a cuestionamientos irracionales e irresponsables.
Las muchedumbres, cansadas de una tierra prometida que nunca alcanzan, se tiran a las calles. Reclaman con buenas razones y mucha rabia largamente contenida su lugar en la mesa del reparto. Terminan arrebatando el plato del día, el techo que las proteja, la parcela que siembran y el salario y las jubilaciones dignas. Al final de cuentas, reclaman el derecho a no tener que endeudarse e hipotecar su futuro, para poder sobrevivir.
Sin otra salida, volverán a tomarse las Bastillas y los Palacios de Invierno. Por desgracia correrá sangre hasta que un “nuevo orden justo” deje de ser una frase hueca. Ni el gas lacrimógeno que asfixia, ni los balines que enceguecen, ni los disparos que matan, podrán evitar el impulso vital irrefrenable hacia ese nuevo orden. Ojalá, antes de semejante escenario, haya espacio para el ejercicio responsable del poder, el diálogo constructor de consensos, la prudencia de quienes tienen la palabra, el reparto justo de los bienes vitales y el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas.
Texto publicado en el Semanario Universidad y compartido con la Alianza por una Vida Digna por el autor.
El próximo miércoles 29 de enero a las 9 a.m. se llevará a cabo el conversatorio: «Diversidad de familias en la Biblia», en el aula tecnológica de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Nacional en Heredia.
Para este conversatorio se contará con la participación de la teóloga Alba Onofrio.
El Imperio Romano (27 a.C. – 476 d.C.) tenía un canciller para realizar las tareas esenciales de a) recibir, revisar y preparar las respuestas de la correspondencia para la firma del Emperador de los territorios conquistados, (AB: Epistulis); b) administración del archivo (A Memoria); Administración económica (A Rationibus); c) Estudio de consultas al emperador y preparación de respuestas (A Libellis); d) preparación del material documental e información sobre los asuntos sometidos a la jurisdicción del Emperador (A Cognitionibus)[1]. Sin duda alguna, era quien asesoraba al Emperador sobre su política internacional.
Dos mil años después, las cancillerías del imperio romano, tiene similitudes con el imperio estadounidense. Veamos:
Corresponde al Departamento de Estado las competencias gubernamentales e institucionales siguientes:
Asesorar al presidente de los Estados Unidos en política internacional.
La dirección de la representación de Estados Unidos en el exterior, ante otros países y ante los organismos internacionales, salvo aquellas cuestiones en las que quede expresamente reservada la representación a otro Departamento.
Plantear, proponer y llevar a términos los tratados internacionales del Estado con terceros.
Representar al Gobierno Federal ante cualquier evento internacional.
Toda la representación diplomática de la República.
Proteger a los ciudadanos, empresas e instituciones estadounidenses en el exterior.[2]
Desde luego, el estilo imperial ha cambiado, puesto que ahora “se reconoce la soberanía” de cada uno de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, el eje central del imperio tiene dispersas en todo el mundo unas 800 bases militares, manipula al mundo con el dominio financiero a través de su propia moneda, el dólar, estableciendo una política de castigo o sanción económica, comercial a cada uno de los países que no obedecen sus dictados. Prevalece su política de la Zanahoria y el Látigo.
Tampoco eso fue muy diferente en el imperio romano. Nuevamente, con las diferencias del caso, los Romanos también castigaban cruelmente a los pueblos que desobedecieron al Emperador. El territorio del Imperio Romano abarcaba tres continentes: sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron: Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del rio Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Considerando las distancias del tiempo, la tecnología y los avances jurídicos, la relatividad viene a sentar similitudes.
La Administración del presidente Trump presentó en diciembre de 2017 una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) inspirada por la idea “America First”, que busca retornar al ‘realismo basado en principios’ y que pretende conseguir cuatro grandes objetivos: proteger al país y al pueblo americano; fomentar la prosperidad de EE. UU.; preservar la paz; e impulsar la influencia de los EEUU en el mundo. La Estrategia designa a Rusia y a China como competidores estratégicos de los EEUU y ‘potencias revisionistas’. También rebaja la prioridad del sistema multilateral internacional, y confiere la mayor importancia a la seguridad económica de los EEUU[3], la seguridad de Washington y sus conciudadanos, particularmente la supremacía blanca primero, antes que cualquier otra nación, cultura y región. [4]
Mientras todo el mundo promovía las bondades del multilateralismo, Donald Trump dijo que su gobierno apuesta ahora al unilateralismo y revivió la Doctrina Monroe de “América para los americanos”.
“Rechazamos la ideología del globalismo y postulamos la doctrina del patriotismo”, “En el hemisferio Occidental estamos decididos a mantener nuestra independencia de la intrusión de potencias extranjeras expansionistas”, expresó Trump. “Ha sido la política formal de nuestro país desde el presidente (James) Monroe que rechazamos la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros asuntos”[5]
Quién es el emisario del imperio estadounidense que nos visitará el martes 21, después de visitar uno de sus más fieles países en América Latina, con unas 9 bases militares gringas, como lo es Colombia, en donde esta Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela por designación de Washington.[6] Mike Pompeo, de ascendencia italiana, dirige el Departamento de Estado, desde el 26 de abril de 2018, en sustitución de Rex Tillerson. Previamente fue el director de la Agencia de Inteligencia más conocida como La CIA. “Su nombramiento fue criticado, alegando que estaba a favor del espionaje masivo y de los líderes extranjeros, y que Edward Snowden debía ser juzgado y eventualmente condenado a muerte. También explica que quiere una CIA más «agresiva, brutal, despiadada e implacable».7, Se le describe como uno de los «halcones» frente a Irán y Venezuela.[7]
Por qué seleccionó a Costa Rica, además de Colombia y Jamaica, para visitarle en esta coyuntura mundial, donde todas las últimas acciones de Washington desde hace un semestre son para ganar adeptos a su reelección en noviembre próximo. Cuando Trump tiene un juicio político en el Senado, y su agresiva actitud guerrera en medio oriente no pareciera favorecerle. Además, está cambiando sus planes bélicos contra Venezuela, por algo más sutil pero macabro, hasta ahogar a la ciudadanía de ese país; luego de promover un golpe en Bolivia, el 20 de noviembre, para quedarse con sus riquezas naturales y, estar estrangulando la economía de Cuba. Aun cuando pareciera que China le doblegó en la negociación de concluir su guerra comercial, habiendo suscrito la primera de tres fases, nadie apuesta a que cumpla con esos acuerdos.
Nosotros, por gracia de la naturaleza. no poseemos litio, ni petróleo. Menos gas licuado, o grandes cantidades de oro. Así que por allí no va su interés con nosotros.
La pregunta sigue siendo ¿por qué viene a compartir su estrategia para América Latina con Carlos Alvarado.[8] y hablar de sus planes de “desarrollo”? Ya Carlos Alvarado, el PAC y los demás partidos políticos grandes, han venido implementando un estado neoliberal, con la sutileza y estilo, que no lo ha logrado ni Chile, quien ha sido la vitrina del FMI y del BM. Ya Costa Rica ha estado activo desde la creación del Grupo de Lima, por lo que ha participado dentro de la estrategia de Washington para América Latina, Dice Pompeo, que Costa Rica es un ejemplo de democracia, claro, si no vemos como ha disminuido los derechos laborales de los trabajadores en sus movilizaciones, y si no vemos los privilegios que tiene las grandes empresas que aquí funcionan en cuanto a los aranceles y algunos servicios del Estado.
Lo que no sabemos es, sí ahora Washington, quien ha logrado extender sus fronteras migratorias al sur de Honduras, quiera que Costa Rica juegue un papel mayor al que ya ha cumplido con los refugiados venezolanos y nicaragüenses. O será que nos pedirá que expulsemos a los refugiados del caribe y Centroamérica para seguir su juego racista y de xenofobia. O nos instalarán una base militar en Costa Rica, para su seguridad.
La verdad, no será nada bueno lo que nos trae este halcón, representante imperial. Seguramente ofrecerá financiar grandes proyectos, para no quedarse atrás de los chinos. Pero, sabemos que nada de esas ofertas son gratis, especialmente desde una administración que considera que “América es para los americanos”. Desde luego, sabemos de muchos ticos que quisieran ser estadounidenses primero. Tampoco ignoramos que los gringos siempre nos han visto como su colonia, y que a muchos nos agrada eso, aunque no lo expresemos tan abiertamente.
Un periodismo investigativo será muy necesario evaluando los resultados de esta “honorable” visita.
Como bien es sabido, cualquier acción militar de un Estado contra otro Estado que no se inscriba en el marco del ejercicio de la legítima defensa, o que no sea debidamente autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, constituye una clara violación a la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945: esta última constituye una regla esencial del ordenamiento jurídico internacional contemporáneo, que solo admite las dos excepciones previamente mencionadas.
La legitimidad de la defensa ejercida por un Estado contra otro en breve
Cuando un Estado Miembro de Naciones Unidas realiza un ataque contra otro Estado, alegando que su acción militar constituye un ejercicio de su derecho a la legítima defensa, previsto en el artículo 51 de la Carta (véase texto de la Carta), tiene la obligación de informar de inmediato al Consejo de Seguridad. Usualmente, los Estados que realizan operaciones militares siempre buscan la manera de justificarse ante la opinión pública internacional, explicando que tienen un carácter netamente defensivo: uno de los argumentos más esgrimidos para darle una apariencia de legalidad a sus acciones, es recurrir a la noción de legítima defensa.
De manera a familiarizar a nuestros estimables lectores con el alcance de las obligaciones que conlleva para un Estado el uso de la fuerza contra otro Estado bajo el amparo del artículo 51, nos permitimos reproducir el contenido de éste a continuación:
«Artículo 51: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales«.
Tal y como se desprende de este artículo 51, se debe tratar de una respuesta militar de un Estado a un ataque recibido con anterioridad por parte de otro Estado. No hay cómo interpretar de la letra de este artículo la existencia de una legítima defensa «preventiva» o «anticipada«, que por ejemplo sostuvo oficialmente Estados Unidos en abril del 2003 para justificar de forma groseramente falaz su agresión militar a Irak, o Israel en 1981 al bombardear instalaciones en Irak (Nota 1).
Las cuestionables argumentaciones en la lucha contra el terrorismo: Estados vs. entidades que no son Estados
Cuando se trata de un Estado (o de un grupo de Estados) actuando contra entidades no estatales, desde el 11/S se asiste a una peligrosa deriva con relación a la noción de legítima defensa, al intentar Estados Unidos y sus aliados justificar legalmente acciones militares unilaterales o colectivas contra grupos de personas o personas en el territorio de otros Estados, sin contar con el consentimiento previo de sus autoridades.
Ante los diversos abusos perpetrados por la denominada «Coalición» liderada por Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico (ISIS o ISIL por su siglas en inglés) en Siria y en Irak, en julio del 2016 circuló en la red un llamado colectivo suscrito por una gran cantidad de profesores de derecho internacional e investigadores denunciando esta cuestionable práctica (Nota 2).
Con relación a un Estado que acompañó incondicionalmente a Estados Unidos en su campaña de bombardeos aéreos en Siria y en Irak, el 15 de febrero del 2016 las nuevas autoridades electas en Canadá optaron por suspender todos sus bombardeos aéreos (véase sitio oficial de la operación «Impact«); en diciembre del 2016, fue Dinamarca la que anunció la suspensión de su apoyo aéreo a las operaciones contra ISIS llevada por esta autodenominada «Coalición» de Estados (Nota 3).
En este gráfico elaborado por la ONG Airwars, nuestros lectores podrán mejor comprender lo que la palabra «Coalición» esconde con respecto a los bombardeos en territorio sirio realizados hasta junio del 2017: es la fecha en la que el comando conjunto de la susodicha «Coalición» dejó de proporcionar los datos graficados.
En el 2018, la misma Airwars denunció la decisión de Países Bajos de no identificar fechas y lugares de bombardeos que hayan causado víctimas civiles: su informe (véase texto completo) titulado «Refusal by The Netherlands Defence Ministry to identify specific civilian harm events impedes natural justice, and runs counter to actions by other Coalition allies» en neerlandés y en inglés es de recomendada lectura. En diciembre del 2019, otra (burda) maniobra de las autoridades neerlandesas fue denunciado (véase informe titulado «Dutch defence ministry publishes incorrect statement on civilian deaths, hours before key parliamentary debate«).
En el caso de Francia un artículo de prensa (de los pocos) publicado en el 2019 en Libération y titulado «Syrie : la France, grande muette des frappes aériennes«, señala la estrategia gala, que difiere sensiblemente de la de sus socios anglosajones: consiste en sostener públicamente que si bien bombardea Siria, sus operaciones militares son tan precisas que no causan víctimas civiles. Se lee por en este mismo artículo por parte de un vocero militar francés que lo que se haga en Estados Unidos o en el Reino Unido no debe porqué interpelar a Francia:
«Il n’y a pas de pression publique pour avoir toutes les informations. Nous n’avons pas senti le besoin d’en dire plus»» (sic).
Las justificaciones oficiales dadas por Irán y por Estados Unidos al Consejo de Seguridad
Volviendo al marco de las acciones militares de un Estado contra otro Estado, recientemente el Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibió dos cartas oficiales.
El pasado 8 de enero, Irán remitió formalmente al Consejo de Seguridad una carta en la que justifica el ataque con misiles a dos bases militares en las que estacionan fuerzas militares norteamericanas ubicadas en Al-Assad y en Irbil (en Irak), realizado el día anterior: para justificar esta acción militar desde el punto de vista jurídico, Irán recurre a la legítima defensa prevista en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y explica que se trata de una respuesta puntual y proporcional a una acción militar anterior de Estados Unidos que se generó desde estas mismas dos bases situadas en el territorio irakí (véase texto de la carta elaborada por la diplomacia persa).
El mismo 8 de enero, el Presidente del Consejo de Seguridad recibió otra carta oficial: se trata de la que le remitió Estados Unidos, justificando de igual manera que el asesinato del General Ghassem Souleimani acaecido desde un dron de combate el 2 de enero del 2020 se justifica recurriendo a la legítima defensa prevista en la Carta de Naciones Unidas (véase texto de la carta norteamericana). Estados Unidos refiere en su carta a varios ataques sufridos en Irak por su personal, sus instalaciones, así como a los daños sufridos por su embajada el 31 de diciembre del 2019 en la capital irakí.
Ambos documentos oficiales fueron antecedidos por una carta oficial dirigida al mismo Presidente del Consejo de Seguridad, con fecha del 6 de enero, enviada por Irak y exigiendo que se respete su soberanía e integridad territorial (véase texto completo de la carta irakí). La primera misiva (Irán) refiere al debido respeto a la independencia, a la integridad territorial y a la soberanía de Irak, al tiempo que la segunda misiva (Estados Unidos) omite toda referencia a los derechos que ostenta Irak como Estado soberano.
De algunos otros vacíos en la carta de Estados Unidos
Más allá del irrespeto a la soberanía de Irak, que ha provocado serios cuestionamientos contra la presencia militar norteamericana en suelo irakí desde el pasado 2 de enero, es de notar que la lectura de la carta elaborada por el Departamento de Estado no permite (aún) conocer el carácter supuestamente «inminente» de la amenaza que representaba el alto funcionario iraní asesinado para Estados Unidos: la «amenaza inminente» que significaba fue un argumento usado con insistencia en Estados Unidos para explicar oficialmente este asesinato (una vez cometido), y el vacío de información desde entonces evidencia que muy posiblemente, la decisión de escoger esta opción militar en la Casa Blanca se tomó de manera totalmente antojadiza. Como sucede a menudo con decisiones de este tipo, sus efectos políticos suelen ser contraproducentes.
Tuvimos la ocasión de analizar, desde el punto de vista jurídico esta vez, el asesinato por parte de Estados Unidos en suelo irakí de Ghassem Souleimani (véase nuestra breve nota titulada «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, disponible en este enlace). Como lo indicamos, esta operación militar se distingue de muchas otras ejecuciones sumarias realizadas desde un dron:
«nunca un dron de combate usado por un Estado había eliminado físicamente a un alto funcionario perteneciente al aparato militar de otro Estado«.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Téhéran sert un avertissement à Trump après ses menaces», La Presse (Canada), edición del 5/01/20120
Esta carta oficial enviada por Estados Unidos adolece de elementos para caracterizar como «inminente» la amenaza que supuestamente representaba para Estados Unidos el General Ghassem Soleimani; tampoco aparece mención detallada alguna a «futuros planes» del mismo que pusieran en riesgo la vida de soldados o intereses norteamericanos. En cuanto a explicar claramente que esta acción fue necesaria y porqué es que lo fue, perdura la misma sensación.
En una reciente transcripción de una entrevista en Estados Unidos al mismo Secretario de Defensa (véase entrevista completa del 12/01/2020 del Canal CBSNews) se lee lo siguiente con relación a la «inminencia» de ataques a sedes diplomáticas norteamericanas:
«MARGARET BRENNAN: Probably and could have been. That is- that sounds more like an assessment than a specific, tangible threat with a- a decisive piece of intelligence.
SEC. ESPER: Well, the president didn’t say there was a tangible- he didn’t cite a specific piece of evidence. What he said is he probably- he believed, could have been—»
MARGARET BRENNAN: Are you saying there wasn’t one?
SEC. ESPER: I didn’t see one with regard to four embassies. What I’m saying is I share the president’s view that probably- my expectation was they were going to go after our embassies. The embassies are the most prominent display of American presence in a country«.
Las imprecisiones de estas declaraciones públicas dadas el 12 por el máximo responsable norteamericano en materia de Defensa y las omisiones de la carta de Estados Unidos del 8 al Consejo de Seguridad contrastan … con la extrema precisión del dron de combate norteamericano el 2 de enero: dada la información de primera mano que exigió para lograr su objetivo, inclina a pensar que Israel no es del todo ajeno a esta operación militar (y así lo sugieren notas periodísticas publicadas en Estados Unidos y en Israel, como por ejemplo esta nota de prensa del Times of Israel titulada «Israeli intel helped US carry out strike that killed Iran’s Soleimani — report«, edición del 12/01/2020). Resulta oportuno recordar que en octubre del 2019, el jefe de los servicios de inteligencia israelí había declarado en medios de prensa que Ghassem Soleimani podría ser el blanco de una futura operación de sus servicios (véase nota del Times of Israel titulada «Mossad chief: Iran’s Soleimani ‘knows his assassination is not impossible’ «, edición del 11/10/2019).
A modo de conclusión
Este asesinato constituye una nueva flagrante violación a las normas más básicas del ordenamiento jurídico internacional por parte de la actual administración norteamericana.
Más allá de las felicitaciones que recibió el Presidente de Estados Unidos por parte de Israel (constituyéndose en el único Estado en congratularse y en felicitar oficialmente al ocupante de la Casa Blanca por este asesinato), el repudio a esta acción norteamericana debiera ser mucho más contundente y generalizado por parte de los integrantes de la comunidad internacional, al constituirse en un peligroso precedente con consecuencias devastadoras para el ordenamiento jurídico internacional.
Notas
Nota 1: Cabe recordar que Israel fue el primer Estado que se refirió oficialmente a la noción de «legítima defensa preventiva«, en 1981, cuando la aviación israelí bombardeó el reactor nuclear de Osirak, en Irak. Véase FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien», Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167, disponible en este enlace.
Nota 2: Véase llamado colectivo titulado precisamente “Contra una invocación abusiva del derecho de legítima defensa para hacer frente al terrorismo” ( «A plea against the abusive invocation of self-defence as a response to terrorism – Contre une invocation abusive de la légitime défense pour faire face au défi du terrorisme»): el texto está disponible en este enlace (así como la larga lista de los académicos que suscribieron este manifiesto colectivo).
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Denmark’s decision to withdraw from airstrikes on Syria and Iraq«, publicada en MiddleEast Monitor, edición del 6/12/2016, disponible en este enlace.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
La Cátedra Seguridad y Convivencia Democrática invita a la mesa de análisis: El conflicto EEUU – Irán: Orígenes, Consecuencias y Escenarios Probables, este próximo jueves 16 de enero a las 3 p.m.
Los ateos como víctimas de la libertad religiosa del proyecto 19.099
Parece mentira que un ateo haya sido la primera gran víctima de la singular libertad religiosa que promueven ciertas sectas evangélicas en la agenda política nacional través de sus curules legislativa convertidas en púlpitos, y con el apoyo cómplice, tácito y explícito, de una pintoresca élite política que reúne líderes sindicales y gremios empresariales que están dispuestos a sacrificar el estado de derecho con tal de no ver disminuidos sus privilegios.
El problema político en Costa Rica no es entre evangélicos, católicos y no creyentes. Tampoco es entre heterosexuales y homosexuales, ni entre empleados públicos y empleados privados, ni siquiera entre estado y mercado; es entre una élite política que reúne intereses económicos contradictorios, y por tanto actúan para impedir cualquier solución en las que ellas pierden privilegios. Estos sectores son, de hecho, los enemigos públicos de cualquier reforma fiscal.
Entre el culto a la fe evangélica, y su origen protestante, y las prácticas de algunos cultos devenidos en sectas religiosas existen abismales diferencias, la primera y más importante que hay que reconocerles, es reintroducir el tema de la ética y los valores en la política nacional. La época de la tecnocracia en la administración pública, inaugurada en América Latina como reestructuración luego de la crisis de la deuda en los 80’s, ha llegado a su fin, y el variopinto origen de los diputados del bloque evangélico-que ha despertado un elitismo no menos sectario entre partidarios del gobierno-revela el desgaste de ese modelo político en Costa Rica, y la región. Incluso algunos economistas políticos norteamericanos, como Kotz (2017), consideran que la estructura social de acumulación neoliberal en EEUU llegó a su fin con el gobierno de Trump, iniciando una nueva etapa histórica, aunque todavía nos encontremos en el momento de los regímenes de ruptura o anti sistema, pero que apuntan al resurgimiento de regímenes fascistas en potencias mundiales.
Sin embargo, acompañado de esta introducción de la ética en la política, las sectas religiosas reproducen sus propias prácticas organizativas dentro de la vida política, particularmente las relacionadas con el verticalismo (inherente a la teología cristiana) y la represión psicológica y física de la conducta individual. Es decir, buscan replicar sus prácticas de control del recurso humano a lo interno de su secta como mecanismo político de control de la sociedad, y la lucha por la destitución de Edgar Mora como ministro de educación es un ejemplo claro de esta práctica, como se desprende de las declaraciones del trailero autoproclamado “un costarricense más” que participó como representante en la mesa de negociación (Miranda, 2019).
El proyecto de ley 19.009 autoproclama que busca promover la libertad religiosa porque ratifica que la interpretación del artículo 75 de la Constitución Política, de que no se puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas. Es promovido principalmente por los diputados del bloque cristiano y minorías conservadoras, así como del apoyo menos decidido de un sector el PUSC, del PLN y del PAC. Sin embargo, es precisamente todo lo contrario a lo que pusieron en práctica en el caso del exministro Mora, quien era estigmatizado por haber admitido públicamente ser ateo, y a quien convenientemente parecen aplicarle las excepciones del 75 Constitucional, (el ateísmo como un culto que se opone la moral universal y o a las buenas costumbres), y por tanto, creer, en dicho términos del artículo 6 de dicho proyecto de ley: «ideas puramente filosóficas y humanistas ajenas a la religión» (Gaceta, Alcance 121)
Las sectas y el totalitarismo
¿Qué clase de contradicción gobierna la voluntad de un líder religioso para legislar en favor de la libertad religiosa y al mismo tiempo oponerse a la libertad de no practicar algún credo teológico? Pues lo que pasa es que dicho proyecto de ley lo que busca es otorgarle ciertos privilegios jurídicos a las organizaciones religiosas que hoy no gozan.
No debe quedar duda que cuando existen contradicciones tan hilarantes y desvergonzadas entre el discurso y la práctica, es porque buscan ocultar dobles y hasta terceras intenciones, muchas de ellas tan perversas como las de Nasson García, quien a pesar de predicar la renuncia a los placeres corporales, mantenía esclavas sexuales entre sus fieles, práctica que comparte con la secta laica de Keith Raniere. Lo cual muestra que el problema no es la religión sino el sectarismo, el cual se caracteriza por la hipocresía de imponer reglas morales a otros, que ni su líder es capaz de someterse.
Así el sectarismo es, de hecho, no predicar con el ejemplo, y por tanto absolutamente todo lo contrario al cristianismo. Por lo que a pesar que muchos políticos se autoproclamen cristianos, finalmente son los actos y no las palabras lo que cuenta en la teología cristiana. Por ejemplo, el personaje de A Puerta Cerrada – de J.P. Sartre- va a al infierno, a pesar de argumentar retóricamente que no se puede juzgar toda una vida por un solo acto. Así, para ser cristiano las palabras no bastan, como no le bastan a Dante para entrar al cielo como le hace ver San Pedro (Canto XXIV) cuando le pide mostrar sus actos virtuosos como moneda de cambio para ingresar al paraíso.
Así, la contradicción que acompaña la ley de libertad religiosa de las sectas religiosas y el denudo público del exministro Mora por reconocerse ateo, es en realidad una grosera evidencia de que tras los pastores de pueblo que hoy se sientan en la Asamblea legislativa hay una élite política, que como los mercaderes del templo que expulsó Jesús, utilizan la fe de los creyentes para enriquecerse, y buscan proteger y aumentar a toda costa sus privilegios.
La presencia de pastores evangélicos en el congreso costarricense hasta el 2018 podría resumirse en la defensa de los intereses económicos del proyecto 19.099. Sin embargo, su radicalización a partir de entonces no fue una casualidad, ya que como insiste Villalta en hacer notar, se nutre del desamparo y la desigualdad crecientes en el país, por lo que entre más pase el tiempo, su estructura política se seguirá fortaleciendo, ya que además, y contrario a sus valores socialdemócratas fundacionales, hoy el PLN ha decidido seguir la estrategia de aliarse moralmente con los valores de las sectas religiosas, y es evidente que ha decidido que las elecciones municipales sean la primera evaluación de resultados, y dejando claro que lo que le interesa es la disputa por el poder y no el buen gobierno y el bienestar del país.
Sin embargo, todos los aliados políticos de los fundamentalistas cristianos no pueden perder de vista que el carácter sectario de esas estructuras se traduce en regímenes políticos totalitarios y represores, a imagen y semejanza de la gobernanza interna de los cultos, y como lo fuera la Iglesia Católica en la época que se escribió La Divina Comedia. Sindicalistas, estudiantes, pescadores, traileros, desempleados, funcionarios públicos empresarios y partidos políticos, que hoy guardan relaciones cordiales con estos grupos religiosos, serán el enemigo mañana si cuestionan la autoridad religiosa que la secta sigue ciegamente, como sucede con Rony Chaves y Fabricio Alvarado.
Esto pasa en países con regímenes abiertamente teocráticos, como Irán, y por eso es absolutamente irresponsable que Costa Rica salga del periodo neoliberal para ingresar a uno totalitario religioso solo para proteger los intereses económicos de una élite política compuesta de sindicalistas y empresarios incapaces de ceder de sus privilegios, y cuya práctica es cada vez más incompatible con las formas republicanas de estado.
Los adversarios de la política democrática
De esta forma, el verdadero adversario de la democracia costarricense es hoy esa élite política, compuesta por igual de líderes sindicales como gremios empresariales, y no la religión evangélica, ni la católica ni sus cultos. Tampoco lo son los migrantes, ni los funcionarios públicos, ni los pescadores, ni los traileros, ni la comunidad LGTBIQ, ni los campesinos, ni los sufridos emprendedores, ni los desempleados, ni los estudiantes, ni las familias conservadoras, ni las feministas. El famoso problema de ingobernabilidad que otrora denunciara la tristemente célebre expresidenta Chinchilla consiste en el poder de veto dentro de la política nacional que del que pueden disponer algunas coaliciones lideradas por ciertos sindicalistas y del que gozan algunos gremios empresariales, y cuyo lobby legislativo y en otros poderes de la República ha sido evidenciado y ampliamente documentado por casos como la mina Crucitas, La Trocha Fronteriza o el Cementazo, por mencionar algunos casos recientes.
Por eso es indispensable aceptar la invitación de los cultos evangélicos para regir la vida política de acuerdo con valores, y no solo por argumentos tecnocráticos cuya eficacia es cuestionable y sus efectos adversos socialmente muy costosos.
Una solución equilibrada entre libertad y justicia, tanto en sus acepciones laicas como seculares, al problema político en Costa Rica permitirá la convivencia pacífica y la prosperidad, pero hay que saber de antemano, que no agradará a la élite política que se fortalece del caos y la desidia, y la cual no solo se apoya en una interpretación maniquea de La Biblia, sino también de La Divina Comedia, y por eso repiten que cuando San Pedro le pide a Dante sus actos virtuosos como moneda para ingresar al cielo, la moneda es solo una metáfora, sino que hay que pedírsela a los fieles a cambio de la salvación, ya sea individual en diezmo, o pública como en exoneraciones fiscales y remuneraciones laborales financieramente insostenibles para cualquier organización pública.
Kotz, David (2017) Social Structure of acummulation, marxist theory and system information. En «Stability and Change in Capitalism».
Union for Radical Political Economics. Chicago, EEUU: ASSA Convention.
La Gaceta (2017) Proyecto de ley para la libertad religiosa y de culto. Expediente 19.099, texto sustitutivo. Poder legislativo. República de Costa Rica. Diario oficial La Gaceta, Alcance 121. San José: Imprenta Nacional.
Hulda, Miranda (2019) El sacrificio de un alfil sigue sin resolver el caos. Semanario Universidad, San José: Universidad de Costa Rica. Disponible en <https://semanariouniversidad.com/pais/el-sacrificio-de-un-alfil-sigue-sin-resolver-el-caos/> (Consultado 6/7/2019)
La operación militar desde un dron de combate realizada por Estados Unidos en territorio iraquí para eliminar físicamente al general iraní Ghassem Soleimani el pasado 2 de enero ¿constituye o no una violación a las normas del derecho internacional público? Es lo que se intentará brevemente exponer en las líneas que siguen.
Drones y asesinatos selectivos
Como es sabido, un dron de combate es un vehículo no tripulado de combate aéreo — también conocido por sus siglas en inglés «UCAV, unmanned combat air vehicle«.
Con relación a la cuestionable práctica de algunos Estados que consiste en eliminar físicamente desde un dron militar a personas (una técnica moderna a la cual recurren Estados como Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia, Israel, Pakistán, Reino Unido, Rusia y Turquía en particular en Medio Oriente, pero también más recientemente en el desierto del Sahel – caso de Francia), esta práctica se ha concentrado en eliminar a personas o grupos de personas sospechosas de pertenecer a entidades armadas consideradas como terroristas.
Es una conducta muy cuestionable en la medida en que, a partir de información militar o de servicios de inteligencia, los Estados establecen listas de personas a ejecutar de manera sumaria, lo cual es prohibido por la normativa internacional en materia de derechos humanos. Precisamente, en su informe del 2010 (véasetexto completo), el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias refiere a la práctica detallada de Israel, Estados Unidos y Rusia (pp.5-9).
Sobre la práctica cuestionada de Estados occidentales en esta precisa materia, una obra colectiva publicada en el 2018 incluye este muy completo artículo del profesor Nicolas Haupais (Francia), titulado «Drones et kill lists. Remarques sur les exécutions extra-judiciaires«, en el que el autor señala lo siguiente:
«Les Etats occidentaux tuent les individus qui semblent faire peser sur eux une menace, voilà un point qui paraît acquis. La notion d’imminence, toujours accolée au terme « menace » renvoie moins à un déterminant temporel qu’à la désignation d’un profil à haut risque. Il ne s’agit pas d’établir qu’une attaque va être lancée de manière imminente mais seulement qu’il faut de manière imminente neutraliser un individu dont on pense, au regard de ses antécédents, qu’il a la capacité de le faire. Encore faut-il déterminer en quoi consiste cette capacité. Les personnes qui sont éliminées en Syrie ne sont évidemment pas celles qui commettraient elles- mêmes l’action terroriste«.
No obstante, y salvo error de nuestra parte, el ataque realizado por Estados Unidos en la noche del 2 de enero del 2020 en Irak se distingue de ataques similares anteriores: nunca un dron de combate usado por un Estado había eliminado físicamente a un alto funcionario perteneciente al aparato militar de otro Estado.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Téhéran sert un avertissement à Trump après ses menaces», La Presse (Canada), edición del 5/01/20120
La actual Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias (véase cuenta en twitter) hizo ver inmediatamente que la justificación oficial de la operación contra la vida de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos es poco sólida al señalar que:
«#Pentagon statement on targeted killing of #suleimani: 1. It mentions that it aimed at “deterring future Iranian attack plans”. This however is very vague. Future is not the same as imminent which is the time based test required under international law. (1)«
No cabe duda que las justificaciones oficiales dadas por Estados Unidos y su particular interpretación de las reglas imperantes serán objeto de fuertes debates en los círculos jurídicos especializados, así como en futuras sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entre muchas opiniones, referimos al análisis crítico del profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham), titulado «The Soleimani Strike and Self-Defence Against an Imminent Armed Attack» (EJIL-Talk, edición del 7/01/2019).
La administración norteamericana y su irrespeto a normas básicas internacionales
No es la primera vez que una administración norteamericana ignora algunas de las reglas fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, causando estupor e indignación en diversas latitudes, ante una acción militar como la acaecida el pasado 2 de enero (y cuyas consecuencias son impredecibles y se extienden más allá del Medio Oriente).
En primer lugar, las autoridades de Irak no fueron consultadas por parte de Estados Unidos, desconociendo así Estados Unidos la soberanía territorial de Irak y la obligación, que tiene todo Estado, de consultar a las autoridades de otro Estado y contar con su consentimiento previo a cualquier acción en su territorio. Es muy posible que esta violación flagrante a la soberanía de Irak lleve a sectores políticos en Irak a ordenar a sus autoridades el retiro de las fuerzas norteamericanas de su territorio, estimadas en unos 5.200 efectivos.
En segundo lugar, el intentar justificar esta acción aduciendo que Estados Unidos ejerció su «legítima defensa» contradice la letra del mismo Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945: la idea de ejercer la legítima defensa de manera «preventiva» constituye una peligrosa deriva interpretativa, que Estados Unidos usó de forma groseramente falaz para justificar su agresión a Irak en abril del 2003. La Carta de Naciones Unidas no da margen alguno para una acción militar de un Estado contra otro Estado basada en una legítima defensa «preventiva» o «anticipada«.
De alguna manera, Estados Unidos ha optado con esta acción por poner a prueba a toda la comunidad internacional, y ello explica el repudio generalizado a esta acción militar, considerada por las autoridades de Irán como una verdadera «declaración de guerra«. Esta decisión pone en alerta máxima a todas las embajadas norteamericanas en Medio Oriente, a sus bases militares y a sus empresas; así como a los aliados de Estados Unidos en varias partes del mundo y a sus nacionales, como por ejemplo el Reino Unido (véase nota de prensa titulada «Iran crisis: ‘We will not lament Soleimani’s death,’ Boris Johnson says» del 5/01/2020). Francia y Paises Bajos han también solicitado a sus nacionales en Medio Oriente reforzar todas las medidas de seguridad.
Cabe señalar que el único Estado en celebrar y felicitarse por la realización de esta acción militar norteamericana fue Israel, mediante declaraciones oficiales brindadas a la prensa por su Primer Ministro. En octubre del 2019, el jefe de los servicios de inteligencia israelí había declarado en medios de prensa que Ghassem Soleimani podría ser el blanco de una futura operación de sus servicios (véase nota del Times of Israel titulada «Mossad chief: Iran’s Soleimani ‘knows his assassination is not impossible’ «, edición del 11/10/2019).
Un pequeño detalle de forma pasado desapercibido
Resulta de interés señalar que en su comunicado oficial, el Departamento de Defensa de Estados Unidos consideró oportuno precisar que la acción se hizo siguiendo órdenes del Presidente de Estados Unidos. En efecto, se lee en el texto que:
«At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani«.
Se trata de una precisión raramente incluida en comunicados oficiales del Departamento de Defensa, y que podría indicar que el Pentágono no estaba de acuerdo en escoger esta opción militar y que desea hacer ver que la entera responsabilidad de esta acción, y en particular sus consecuencias, recaen en el Presidente (véase comunicado del Departamento de Defensa, disponible en este enlace).
Los próximos días y semanas permitirán saber cuán acertada (o desacertada) fue la opción escogida por el actual ocupante de la Casa Blanca para responder a los daños sufridos por la Embajada de Estados Unidos en Irak por parte de manifestantes enardecidos el 31 de diciembre del 2019. Como bien se sabe, esta legación diplomática (cuya sede fue inaugurada en enero del 2009 y es la más grande que posea Estados Unidos, con una superficie mayor a la del Vaticano) está ubicada en la Zona Verde de máxima seguridad en la capital iraquí.
A modo de conclusión
Con esta operación militar realizada con un dron de combate, Estados Unidos desafía nuevamente al resto de la comunidad internacional, y sienta un peligroso precedente que violenta las reglas fundacionales del ordenamiento jurídico internacional: esta acción militar norteamericana en Irak amerita una condena generalizada firme y sin ambigüedades por parte de todos los integrantes de la comunidad internacional.
En cuanto a los efectos a corto y mediano plazo, la profesora norteamericana Mary Ellen O´Connell (Universidad de Notre Dame) concluye su artículo titulado «The Killing of Soleimani and International Law» publicado en EJIL-Talk este 6 de enero (y cuya lectura completa recomendamos) indicando que:
«In the event the Iraqis failed to take adequate steps, the U.S. can keep its people safe by evacuating them from Iraq. Ironically, that is what the U.S. is busy doing now as the danger to Americans has grown exponentially following the killing of Soleimani. The Iraqi Parliament has voted for U.S. forces to leave in the wake of the violation of their sovereignty. The unlawful use of force has not aided the U.S«
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / UCR.
El pasado 20 de diciembre del 2019, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que, luego de estudiar la demanda presentada en el 2015 por parte de las autoridades palestinas contra Israel debido a exacciones cometidas en diversas partes de su territorio ocupado, ha procedido a iniciar formalmente una investigación.
Este anuncio fue considerado por la ONG Amnesty International (AI) como un «paso histórico» (véase comunicado de prensa), y desde Naciones Unidas se indicó que constituye un «paso trascendental en la búsqueda de la rendición de cuentas en los cinco decenios de ocupación israelí» (véase comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas del último día del 2019). Mientras tanto, en Israel, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa calificaron a la CPI como antisemita (véase nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters): ello como parte de las vociferaciones y gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí, que ya no impresionan mayormente.
Palestina y la CPI: breve puesta en contexto
Como bien se recordará, Palestina es parte, como Estado, al Estatuto de Roma (instrumento internacional adoptado en 1998 que crea la CPI) desde el mes de enero del 2015: véase notificación del Secretario General de Naciones Unidas, actuando en su calidad de depositario del Estatuto de Roma.
Por su parte, Israel se resiste siempre a ser Parte a este tratado internacional (véase lista de Estados Partes en este enlace oficial de la CPI). Siguiendo el inédito ejemplo de Estados Unidos, Israel procedió incluso, en agosto del 2002, a «retirar su firma» a dicho instrumento: una verdadera innovación en derecho internacional público, al no haberse nunca pensado que un Estado pudiera retirar una firma a un acuerdo al que no es parte. Se lee en esteenlace oficial sobre notificaciones recibidas por Naciones Unidas que:
«Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty» (según consta en la Nota 4 situada al final).
En diciembre del 2014, la Asamblea de Estados Partes a la CPI acordó reconocerle a Palestina el estatuto de Estado observador, causando temores (fundados) en Israel (Nota 1). En su nota oficial sobre la aceptación de la jurisdicción de la CPI enviada en enero del 2015 (véase documento oficial), Palestina solicitó que se extendiera a actos ocurridos desde el 13 de junio del 2014, de manera que la ofensiva israelí en Gaza del 2014 pueda también ser examinada por la CPI.
Con relación a esta última operación militar, un informe de una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de más de 180 páginas, presentado en junio del 2015, titulada “Report of the detailed findings of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1” (disponible en esteenlace) confirma las escalofriantes cifras dadas en su momento a conocer sobre el saldo en víctimas mortales de esta operación israelí en el verano del 2014: 3 civiles y 67 militares del lado israelí; y 2,251 muertes palestinas, de las cuales 1,462 correspondiente a civiles, entre las cuales 299 mujeres y 551 niños.
En este otro enlace oficial de la CPI se pueden revisar los diversos documentos correspondientes a las distintas etapas procesales por las que se ha tramitado la demanda contra Israel presentada decididamente por las autoridades palestinas.
Cabe recordar que varios años antes de lograr ser reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas como «Estado No miembro Observador» (noviembre del 2012), Palestina había reconocido, en enero del 2009, la jurisdicción de la CPI para que esta pueda investigar las diversas exacciones cometidas por Israel contra la población civil palestina a finales del 2008 (Nota 2). Este primer intento se frustró, al decidir la Oficina del Fiscal de la CPI en abril del 2012, que no le compete a la CPI ni a su órganos determinar la calidad de Estado, la cual debe ser examinada y resuelta por los órganos competentes de Naciones Unidas. En la nota de la Oficina del Fiscal de abril del 2012, se puede leer que:
«However, the current status granted to Palestine by the United Nations General Assembly is that of “observer”, not as a “Non‐member State”. The Office understands that on 23 September 2011, Palestine submitted an application for admission to the United Nations as a Member State in accordance with article 4(2) of the United Nations Charter, but the Security Council has not yet made a recommendation in this regard. While this process has no direct link with the declaration lodged by Palestine, it informs the current legal status of Palestine for the interpretation and application of article 12«.
Desde noviembre del 2012, luego de un acalorado voto, Palestina logró finalmente ser reconocida como «Estado No Miembro Observador» por la Asamblea General de Naciones Unidas, permitiéndole desde entonces suscribir, en calidad de Estado, una gran cantidad de instrumentos internacionales auspiciados por Naciones Unidas.
El anuncio de la Fiscal de la CPI
En su comunicado oficial del 20 de diciembre del 2019 (reproducido en su integralidad al final de esta misma nota en inglés y en francés), la Fiscal de la CPI precisa que:
«I am satisfied that there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation in Palestine, pursuant to article 53(1) of the Statute. In brief, I am satisfied that (i) war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip («Gaza») (for specifics, see paras. 94-96); (ii) potential cases arising from the situation would be admissible; and (iii) there are no substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interests of justice«.
«Je suis convaincue qu’il existe une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête dans la situation en Palestine en application de l’article 53‑1 du Statut. En résumé, je suis convaincue : i) que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train de l’être en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza (« Gaza ») (pour plus de détails, voir par. 94-96 de la requête) ; ii) que les affaires susceptibles de résulter de la situation en cause seraient recevables ; et iii) qu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser que l’ouverture d’une enquête desservirait les intérêts de la justice«.
En su solicitud hecha a la primera instancia de la CPI (véase texto completo), la Fiscal aduce que:
«17. Based on the above, and countless resolutions and pronouncements rendered by the international community over the years, the Prosecution considers that the Occupied Palestinian Territory is “the territory [where] the conduct in question occurred” within the terms of article 12(2)(a).23 Accordingly, the Court has jurisdiction over alleged crimes committed in that territory. This determination is made strictly for the purposes of determining the Court’s ability to exercise its jurisdiction and the scope of such jurisdiction, and is without prejudice to any final settlement, including land-swaps, potentially to be agreed upon by Israel and Palestine«
Una justicia penal internacional amenazante para Israel y para su socio incondicional: Estados Unidos
Como se recordará, en setiembre del 2018, la CPI «tomó nota» de las amenazas proferidas en su contra por el Consejero Principal en materia de Seguridad del Presidente de Estados Unidos: remitimos a nuestros estimables lectores a la nota que publicamos en su momento titulada «Corte Penal Internacional (CPI) toma nota de amenazas hechas por Estados Unidos«, en la que nos permitimos señalar que:
«Al parecer, hay una preocupación latente de este alto funcionario norteamericano con relación a lo que puede haber encontrado la CPI con respecto a actuaciones de militares y de jefes militares israelíes. Esta preocupación recuerda una infidencia – pocamente divulgada – que se lee en un cable diplomático secreto del 2010 dado a conocer por Wikileaks. Durante una conversación con diplomáticos norteamericanos (véase cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv) se lee lo siguiente por parte del Coronel Liron Libman: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. El Coronel Liron Libman es un alto funcionario israelí conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional, al haber ostentado durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF)«.
Resulta oportuno recordar también que el 19 de junio del 2018, Estados Unidos se retiró formalmente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: ello después de una votación en la que se decidió crear un órgano de investigación para examinar las exacciones cometidas por las fuerzas de seguridad de Israel contra los manifestantes que participaron a la denominada «Marcha del Retorno» desde el 30 de marzo (Nota 3).
Foto de la delegada de Estados Unidos saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el representante de Palestina, el 15 de mayo del 2018 en Nueva York. Foto extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018)
A modo de conclusión
Este anuncio decembrino, hecho por parte de la Fiscal de la CPI en la víspera de los días en que se celebra la Navidad, constituye una esperanzadora señal en Palestina. En particular para muchas familias palestinas que esperan ansiosas, y desde muchos años, que la justicia penal internacional se interese por las diversas exacciones cometidas por los altos mandos militares israelíes en contra de la población civil palestina.
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Comunicado oficial de la CPI según se desprende de este enlace oficial de la CPI:
Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, and seeking a ruling on the scope of the Court’s territorial jurisdiction
«Today, I announce that following a thorough, independent and objective assessment of all reliable information available to my Office, the preliminary examination into the Situation in Palestine has concluded with the determination that all the statutory criteria under the Rome Statute for the opening of an investigation have been met.
I am satisfied that there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation in Palestine, pursuant to article 53(1) of the Statute. In brief, I am satisfied that (i) war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip («Gaza») (for specifics, see paras. 94-96); (ii) potential cases arising from the situation would be admissible; and (iii) there are no substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interests of justice.
As there has been a referral from the State of Palestine, there is no requirement to seek Pre-Trial Chamber’s authorisation before proceeding to open an investigation, and I do not seek to do so.
However, given the unique and highly contested legal and factual issues attaching to this situation, namely, the territory within which the investigation may be conducted, I deemed it necessary to rely on article 19(3) of the Statute to resolve this specific issue.
Earlier today, I therefore requested from Pre-Trial Chamber I a jurisdictional ruling on the scope of the territorial jurisdiction of the International Criminal Court («ICC» or the «Court») under article 12(2)(a) of the Rome Statute in Palestine.
Specifically, I have sought confirmation that the «territory» over which the Court may exercise its jurisdiction, and which I may subject to investigation, comprises the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza. Such determination is made strictly for the purposes of determining the Court’s ability to exercise its jurisdiction and the scope of such jurisdiction under the Statute.
As I have observed in my submissions before the Chamber, determining where I can investigate in the unique circumstances of this situation should be resolved before I commence an investigation, and not settled only later by judges after my investigations are completed. This foundational question should be decided now, and as swiftly as possible in the interests of victims and affected communities; potential witnesses and their related protection needs and obligations as well as the conduct of the investigations and the efficiency of the judicial proceedings, not to mention providing clarity for the States concerned. As such, as a prosecuting office, we believe this is the responsible step to take in the circumstances of this situation.
By seeking this ruling, I have invited the Chamber to rule expeditiously, while also permitting victims, relevant States, and others to participate in these proceedings, as appropriate. By engaging in an open and transparent manner in obtaining a ruling on this important issue, I hope that the process would not only assist the Chamber in its determination, but also endow its decision, and my ensuing investigation, with greater clarity and reinforced legitimacy.
It is necessary for this specific matter before the Chamber to be resolved without undue delay so that my Office can take the appropriate next steps accordingly«.
Texte du communiqué oficiel de la CPI tel que publié sur ce lien officiel de la CPI
Déclaration du Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, à propos de la clôture de l’examen préliminaire de la situation en Palestine, et de sa requête auprès des juges de la Cour afin qu’ils se prononcent sur la compétence territoriale de la Cour
«Je souhaite annoncer, aujourd’hui, qu’au terme d’un examen préliminaire approfondi, mené en toute indépendance et objectivité, de l’ensemble des renseignements fiables qui sont en la possession de mon Bureau à propos de la situation en Palestine, ce dernier est parvenu à la conclusion que tous les critères définis dans le Statut de Rome (le « Statut ») pour l’ouverture d’une enquête étaient remplis.
Je suis convaincue qu’il existe une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête dans la situation en Palestine en application de l’article 53‑1 du Statut. En résumé, je suis convaincue : i) que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train de l’être en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza (« Gaza ») (pour plus de détails, voir par. 94-96 de la requête) ; ii) que les affaires susceptibles de résulter de la situation en cause seraient recevables ; et iii) qu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser que l’ouverture d’une enquête desservirait les intérêts de la justice.
Puisque l’État de la Palestine a déféré la situation en cause, il n’est pas nécessaire de demander à la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête, et je n’ai pas l’intention de le faire.
Cependant, compte tenu du caractère unique et hautement controversé des questions juridiques et factuelles liées à cette situation, à savoir le territoire au sein duquel l’enquête peut être menée, j’ai estimé qu’il était nécessaire d’invoquer l’article 19‑3 du Statut pour résoudre cette question spécifique.
Plus tôt dans la journée, j’ai donc demandé à la Chambre préliminaire I de se prononcer quant à la portée de la compétence territoriale de la Cour pénale internationale (la « CPI » ou la « Cour ») dans la situation en Palestine, conformément à l’article 12‑2‑a du Statut de Rome.
En particulier, je lui ai demandé de se prononcer quant au « territoire » sur lequel la Cour peut exercer sa compétence, et qui peut faire l’objet d’une enquête, à savoir s’il comprend la Cisjordanie, notamment Jérusalem-Est, et Gaza. Cette décision ne portera que sur la capacité de la Cour à exercer sa compétence en vertu du Statut et sur la portée de cette dernière.
Comme je l’ai indiqué dans les observations que j’ai présentées à la Chambre, compte tenu du caractère unique de la situation en cause, il est impératif que les juges se prononcent sur la question du territoire sur lequel je peux enquêter avant même que je ne commence l’enquête, et non une fois que celle-ci sera finie. Les juges doivent trancher cette question fondamentale dès à présent, le plus rapidement possible, dans l’intérêt des victimes et des communautés touchées, des témoins potentiels et de leurs besoins en matière de protection, compte tenu des obligations de la Cour en la matière, de la conduite des enquêtes ainsi que de l’efficacité de la procédure judiciaire, sans oublier le souci de clarté pour les États concernés. Ainsi, en tant qu’organe chargé des poursuites, nous sommes convaincus qu’il s’agit là d’une mesure raisonnable et nécessaire au vu des circonstances propres à cette situation.
Dans ma requête, j’ai prié la Chambre de se prononcer dans les plus brefs délais, tout en donnant la possibilité aux victimes, aux États concernés et aux autres participants à la procédure, de présenter leurs observations, le cas échéant. En demandant ouvertement et en toute transparence à la Chambre de statuer sur cette question importante, j’espère faciliter la tâche de cette dernière mais aussi renforcer la légitimité de sa décision et de l’enquête que je vais mener et apporter plus de clarté à l’ensemble du processus.
Il est crucial que la Chambre tranche cette question spécifique dont elle est saisie sans retard excessif afin que mon Bureau puisse prendre les mesures appropriées en conséquence«.
— Notas —
Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Palestina: estatuto de Estado observador acordado por Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI)«, publicada en DIPúblico, edición del 11/12/2014 y disponible en este enlace.
Nota 2: Véase al respecto: PELLET A. «The Palestinian Declaration and the Jurisdiction of the International Criminal Court«, Volume 8, Journal of International Criminal Justice (2010), pp. 981-999, disponible en este enlace.
Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«) disponible en este enlace.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Durante el año 2019 el nombre de la adolescente Greta Thunberg ha resonado en distintos lugares del mundo, siendo una nueva voz para la juventud, y una voz que ahora se encuentra al frente de la exigencia por la justicia ambiental y la toma de conciencia ante el cambio climático. Su mensaje se ha hecho viral, y ha provocado la desobediencia civil con las huelgas de los viernes en colegios, así como campamentos internacionales de estudiantes en Europa. En estos espacios, jóvenes de distintos países se organizan y se reúnen para discutir sobre cambio climático.
Si bien este mensaje y las movilizaciones planteadas representan un espacio de resistencia entre las juventudes de los países de Europa; en América, y sobre todo en NuestrAmerica, la realidad es muy distinta. En países del primer mundo, como Suecia, desobedecer a la obligación básica de no asistir al colegio puede interpretarse como un acto simbólico de resistencia entre la juventud; sin embargo, en muchos de nuestros países completar la escolaridad no es ni siquiera materialmente posible entre las familias más pobres.
No es la idea de este texto desvirtuar las movilizaciones de la juventud por el cambio climático, ni presentar argumentos adulto centristas, pero no deja de llamar la atención que algunos medios de comunicación ensalcen el efecto que ha tenido el fenómeno Thunberg sobre las juventudes latinoamericanas. Este discurso lanzado por los medios de comunicación no hace más que reforzar el eurocentrismo histórico que aún se mantiene vivo y toma fuerza en las sociedades latinoamericanas.
Los Global Climate Strikes (Huelgas Globales por el Clima) impulsados por Greta y por el movimiento Fridays for Future fueron generalmente apoyados por las ONG, distintas empresas, grupos académicos y algunos gobiernos locales. En el caso de Costa Rica, se organizó la “Marcha Nacional por el Ambiente” el domingo 18 de agosto. La marcha hizo un recorrido desde el Parque Metropolitano la Sabana hasta la Plaza de la Democracia, y contó con el apoyo del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Municipalidad de San José y distintas ONG y Asociaciones Ambientales como: Green Wolf Costa Rica, Movimiento Tortuga, Eco Runners, EcoGrecia, Coalición Ambiental, Ríos Pura Vida, entre otros. Al ser domingo y contar con los debidos permisos municipales, más que marcha o paro, este evento tuvo tintes de desfile.
Después de un inicio difícil y atribulado por el descontento masivo en Chile, la COP 25 (Conferencia de las Partes) finaliza en Madrid como la COP más larga de la historia y en la que no fue posible lograr prácticamente ningún acuerdo novedoso o necesario. Hubo fuertes desencuentros entre los participantes respecto a los Mercados de Carbono, tema insigne del capitalismo verde de nuestros días y por demás controversial. La duración e ineficiencia de esta COP no hace más que provocar pensar en una cosa: el desperdicio enorme de recursos. Recursos materiales y humanos, además de ambientales; todo lo que se supone que los líderes y diplomáticos presentes en la COP quieren evitar. Es así como esta conferencia se va transformando en un evento donde asisten delegaciones de los gobiernos para lucir sus logros climáticos y proyectarse internacionalmente, sin embargo, en el fondo, sus alcances son nulos.
Como invitada especial de esta COP 25, Greta brindó un discurso emotivo y político, bien estructurado y acertado. La activista increpó a los líderes y gobiernos presentes en la conferencia por no haber hecho lo suficiente ante la crisis climática que se vive hoy. También enfatizó en que la fuerza está en la gente, que la gente está cambiando y está tomando conciencia, lo cual da esperanza para revertir el desastre ambiental al que hemos llegado. En lo medular, este discurso recuerda las palabras dadas por la líder lenca Berta Cáceres, durante la entrega del premio Goldman en reconocimiento a su labor en el año 2015. Además de haber sido una mujer indígena y un ejemplo para el mundo entero, Berta era una líder ecologista y feminista en su comunidad. Durante la entrega del galardón, Berta otorgó unas palabras magistrales en las que culpó a la depredación capitalista, racista y patriarcal de exterminar los recursos naturales y los ríos de su tierra, dinamitando los ejes espirituales de su cultura. Aboga a la rebeldía, e indica que la Madre Tierra nos exige actuar. A diferencia de Greta, Berta dio su discurso en torno a su cosmovisión, rescatando las diversidades naturales, étnicas y culturales de un país tan desconocido internacionalmente como lo es Honduras. Como parte de sus palabras, Berta proclamó:
¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!
En contraposición a Greta Thunberg, Berta no tuvo voz en espacios tan diplomáticos y de corte tan internacional como son las Conferencias de las Partes; sin embargo, su ejemplo resultó ser tan peligroso para el gran capital y el Estado militar de Honduras, que en marzo 2016 pagó con la muerte sus acciones de protección a la vida.
Mientras tanto, en otro país cercano a Honduras, Costa Rica, se asiste a la COP 25 con una delegación de más de 80 personas. A pesar de sus contradicciones socio ambientales internas, Costa Rica insiste en resaltarse como un ejemplo a seguir a nivel mundial. Desde afuera, la percepción de Costa Rica en cuanto a su economía y política ecológica resulta positiva. Este balance, además de haber sido impulsado con una fuerte plataforma mediática, es alimentado en la idiosincrasia costarricense. El desarrollo de la actividad turística en el país desde la década de los noventa (con campañas que hoy día son tan fuertes como “Esencial Costa Rica”) ha impulsado un discurso ecológico y ambientalista que se ha insertado en el imaginario de los y las costarricenses, pero que a la vez resulta contraproducente a la hora de que la población actúe o haga exigencias a las autoridades en cuanto al cambio climático.
Los movimientos ecologistas en Costa Rica cuentan con una larga historia, son diversos y presentan distintas estrategias y formas de proceder. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, comparten ciertas demandas con el objetivo de mejorar las relaciones humanas con la naturaleza.
Lo peligroso de asumir el discurso impulsado por Greta como modelo para el ecologismo o ambientalismo en América Latina y en Costa Rica, es el de caer en el olvido o la negación de las luchas y resistencias ecologistas pasadas y presentes que se dan día a día desde distintas trincheras en nuestros países. En Latinoamérica, más que discursos en eventos magnos o huelgas con permisos institucionales para alzar la voz por la naturaleza, la lucha por la conservación y la protección de los recursos naturales es un asunto de vida o muerte para los principales líderes de la región, es decir, un asunto de sobrevivencia. Por ejemplo, en Colombia, mueren asesinadas personas activistas en comunidades costeras y rurales casi todos los días.
No podemos, hoy más que nunca, darnos el lujo de olvidar todo el camino recorrido. No hay que ir muy lejos para corroborar que en este país -Costa Rica-, la protección de la naturaleza y de la vida de quienes la defienden se encuentra bajo constante amenaza. En marzo del año 2020 se cumplirá un año del asesinato político del líder indígena Sergio Rojas, quien lideró y ejerció, junto con la comunidad bribri, su derecho autónomo a la toma y protección de sus tierras. Evidentemente, Sergio no se alineaba con lo normalizado por el Estado, tanto que en vida sufría constantes amenazas y criminalizaciones que lo buscaban desprestigiar. Al día de hoy, este delito sigue impune.
Entonces, no es posible hablar (al menos todavía) de justicia ambiental en un país como este. Un país que no respeta la diversidad de cosmovisiones y formas de relación ancestral con la naturaleza de sus pueblos originarios. Un país donde se minimiza el efecto de las extensiones de monocultivos de piña sobre la seguridad de los ecosistemas y de las personas que viven en ellos.
Por lo tanto, Greta no constituye, y no debe de constituir, la voz de la juventud latinoamericana en cuanto acciones en pro del medio ambiente, sobre todo porque no vive y no representa la realidad que de este lado del mundo se vive. Ejemplos como los de Berta y Sergio son un constante a lo largo y ancho de Latinoamérica y para comenzar a hablar de justicia ambiental debemos primero reconocer su trabajo; para luego hacerlo visible, reivindicarlo y reproducirlo.
Margarita Loría y Fernando Bermúdez (Organización Política Carmen Lyra)- Costa Rica
Imagen ilustrativa tomada de civilsocietyreview.org
MUSADE invita este próximo 18 de enero a las 2 p.m. a la mesa redonda: «Las Mujeres en la Política Ramonense», con la participación de las mujeres de los diferentes partidos políticos de este cantón.
