“Aun cuando se prohibieran las huelgas estas no desaparecerán (…) Prohibir el derecho de huelga en una Constitución es tarea fácil, pero inocua, ya que el problema social que la huelga representa y que la produce, no se habrá solucionado en ninguna forma” (R. Facio)
La socialdemocracia moderna se sustentó en tres postulados fundamentales: Estado de bienestar (redistribución de la riqueza), economía mixta y reconocimiento, en general, del papel político de los sindicatos en la sociedad y en particular, en la solución de los conflictos laborales (reparto del poder político).
Como se sabe, el PLN, desde su fundación, se adhirió a la socialdemocracia internacional.
No obstante, desde hace muchos años, renegó de aquellos postulados de la socialdemocracia.
El Estado de Bienestar lo transformó en el bienestar de algunos pocos, de la élite política-económica, que históricamente ha lucrado con los recursos públicos.
La economía mixta, palanca que les favoreció acumular ostentosas ganancias, la empezaron a desmontar desde 1980, aguijoneada por el Consenso de Washington, con la firma de las Cartas de Intenciones con el FMI y los Programas de Ajuste Estructural (Gobiernos Monge Alvarez/Arias Sánchez), continuando con la aprobación del TLC y las más recientes reestructuraciones, incluida JAPDEVA.
A merced de esta restructuración, los recursos públicos se vienen devaluando y privatizando, con el consecuente desmantelamiento de la institucionalidad democrática, el deterioro de los servicios públicos y el endeudamiento insostenible.
El contemporáneo Proyecto de Ley de Reforma del Empleo público, se matricula dentro de esta lógica de desmontaje del constitucionalismo social.
La concepción del Estado Social viene, entonces, sustituida por el autoritarismo de mercado (Lex Mercatoria), que, además, implica la eliminación de la protección de los derechos de la persona trabajadora.
Cómo si lo anterior no fuera poco, desde la promulgación de la Ley de Asociaciones Solidaristas (1984), el PLN lanzó su conjura política contra los sindicatos.
Esta empresa ahora se está felizmente coronando con la aprobación -en primer debate- del proyecto de ley de destrucción del derecho de huelga.
Este proyecto se configura en el marco de esa ofensiva neoliberal, que pretende enervar todos los derechos de los trabajadores, particularmente los derechos colectivos de representación y participación sindical.
El objetivo de este proyecto legislativo resulta irreconciliable con la ideología socialdemócrata que reconoció, por una parte, el papel interlocutor político de los sindicatos y por otra parte, su rol en la construcción de las normas reguladoras de la relación laboral (autonomía colectiva) y en la solución de los inevitables conflictos entre el trabajo y el capital.
Las obras intelectuales del socialdemócrata Rodrigo Facio Brenes, que en las discusiones de la Asamblea Constituyente defendió brillantemente el derecho de huelga, dentro de poco sus detractores del Balcón Verde, las subastarán al mejor postor del mercado.
No queda la menor duda que el PLN ha hecho sobrados y demostrados méritos para solicitar su carné de afiliación a la Primera Internacional Neoliberal.
Este miércoles 02 de octubre a las 2:30 p.m. se llevará a cabo la charla: » Cine, poder y auto-representación: El caso del cine indígena en América Latina«, impartida por la Dra. Natalia Möller González.
La charla tendrá lugar en la Sala de Ex rectores, Biblioteca Joaquín García Monge.
Este 27 de setiembre, se cumplió el primer año desde que se procedió a recoger oficialmente en Naciones Unidas las firmas de los Estados interesados en suscribir el denominado «Acuerdo de Escazú«: desde el 27 de setiembre del 2018, este instrumento regional está formalmente abierto a la firma de los 33 Estados que forman parte de América Latina y del Caribe.
El mismo día de la ceremonia realizada en Nueva York, en setiembre del 2018, se recogieron un total de 15 firmas (entre las cuales, en América Latina, las de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Perú y Uruguay), y un día después, se recibió la de Paraguay; en el mes de julio del 2019, se registró la firma de San Vicente y las Granadinas.
Se trató de un primer buen impulso que merecía confirmarse durante el primer año, y que, como veremos a continuación, no logró mantenerse.
Un sólo año con una sola ratificación y cinco ratificaciones obtenidas en 24 horas
El único Estado que, al día 25 de setiembre del 2019, había procedido a depositar su instrumento de ratificación era Guyana, depósito realizado en abril del 2019: un resultado poco halagador, algo superado con el anuncio hecho por varios Estados 24 horas después.
En efecto, desde este 26 de setiembre del 2019, Guyana ya no está sola: depositaron en Naciones Unidas sus respectivos instrumentos de ratificación Bolivia y Uruguay, así como Jamaica, San Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas.
A su vez, quienes no habían firmado este instrumento aprovecharon de este primer aniversario para hacerlo: Granada y Nicaragua.
Remitimos a nuestros estimables lectores al comunicado oficial de la CEPAL así como estado oficial de firmas y ratificación disponible en este enlace oficial de la Secretaría General de Naciones Unidas.
Breves apuntes sobre los alcances logrados en Escazú
Como se recordará, el denominado «Acuerdo de Escazú«, cuyo título oficial es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«, fue adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica, luego de 4 años de intensas negociaciones (2014-2018) auspiciadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas: este convenio internacional, de alcance regional, es el primero en la historia del derecho internacional público en unir derechos humanos y protección del ambiente en un texto de carácter vinculante para los Estados. En efecto, hay una gran cantidad de tratados de derechos humanos, y existe otra gran cantidad de tratados en materia de protección del ambiente: pero, a diferencia de varias declaraciones y resoluciones no vinculantes adoptadas por diversas Organizaciones Internacionales y Estados en los últimos años, no se contaba con un convenio que, además de vinculante, vinculara ambos ámbitos.
Por lo tanto, no se trata de cualquier tratado, sino de una iniciativa audaz, que busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, en aras de consolidar y hacer más efectivo de lo que es el derecho a vivir en un ambiente sano (véase texto oficial en español).
A diferencia de negociaciones de otros instrumentos internacionales, el marco utilizado por parte de la CEPAL para las negociaciones propició una amplia presencia y participación de organizaciones de la sociedad civil, lo cual merecería ser replicado – o al menos imitado – en muchos otros recintos multilaterales.
Uno de los aspectos más novedosos del «Acuerdo de Escazú» es el de haber incorporado una disposición (el Artículo 9) en aras de proteger a los defensores del ambiente, a menudo objeto de todo tipo de intimidaciones, persecuciones, acciones legales claramente intimidatorias y asesinatos, constituyéndose así en el primer instrumento de carácter vinculante que contempla obligaciones para los Estados al respecto. Como bien es sabido, el indignante clima de impunidad en el caso de muchos de estos asesinatos contribuye a minar la credibilidad de las instituciones, las cuales deben garantizar investigaciones creíbles y sanciones ejemplarizantes para quienes atentan contra la vida y la seguridad de los que defienden los derechos de sus comunidades.
Este Artículo 9 se adoptó con base en un documento de trabajo preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú sobre los defensores del ambiente y la imperiosa necesidad de protegerlos (véase nota oficial presentada a las demás delegaciones durante las negociaciones): una iniciativa de estos cinco Estados que merece, como mínimo, ser saludada.
Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada «Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina», 30 de julio del 2019
Precisamente, en un comunicado conjunto circulado el 13 de setiembre del 2018, varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas llamaron a firmar este instrumento internacional. En su texto titulado “UN experts urge prompt ratification of landmark Latin America and Caribbean environment treaty” (véase texto completo en inglés), se lee que:
”This agreement is a major leap forward in the protection and safeguarding of human rights defenders in environmental matters. By establishing specific binding provisions, Latin American and Caribbean States are not only recognising the acute and alarming situation faced by environmental defenders in countries of the region, but are also taking concrete steps to reaffirm their role and respect, protect and fulfil all their rights“.
Nótese que, más recientemente, una excitativa suscrita por 17 Procedimientos Especiales en materia de derechos humanos de Naciones Unidas fue enviada el 15 de julio del 2019 a las autoridades de México, instándolas a ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase carta).
Vale la pena mencionar que el pasado 17 de setiembre, la ONG Human Rights Watch (HRW) dió a conocer su informe titulado «Rainforest Mafias. How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon» (véase texto completo así como comunicado de prensa de HRW), en el que detalla la impunidad campante que se ha instalado en Brasil con relación al asesinato selectivo de líderes ecologistas e indígenas que defienden la Amazonia en los últimos años.
La ausencia de algunas firmas y en particular una de ellas
Cabe precisar que Brasil, así como México, figuran entre las 20 firmas reunidas hasta el momento por el «Acuerdo de Escazú«, y que no se registra la de Chile, como tampoco la de Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, ni la de Venezuela.
En el caso chileno, resulta sumamente sorprendente que se haya negado a firmar este tratado, al ser uno de sus principales impulsores durante la fase de negociación. Tuvimos la oportunidad de analizar este insólito cambio de orientación por parte de las nuevas autoridades chilenas electas a finales del 2017: véase nuestra breve nota titulada «El Acuerdo de Escazú sobre derechos humanos y ambiente: Chile se desdice«. En esta precitada nota, se reproduce al final el comunicado oficial conjunto de Chile y de Costa Rica difundido con ocasión del Día Mundial del Ambiente en junio del 2018: se recomienda su lectura integral, la cual evidencia cuán contradictoria resulta ser la actual posición de Chile así como los diversos argumentos esgrimidos por parte de sus máximas autoridades. En esta emisión producida en Chile del programa «Las cartas sobre la mesa«, representantes chilenos de la sociedad civil desmenusan y desvirtúan uno a uno los distintos argumentos precitados (véase emisión disponible en este enlace).
Como bien se sabe, en noviembre del 2018, Brasil anunció que desistía de ofrecerse como sede para organizar la próxima Conferencia Mundial de Estados Partes a la Convención Marco sobre Cambio Climático (más conocida como «COP25«) a realizarse en noviembre del 2019 (véase nota de prensa de El Tiempo, de noviembre del 2018). El repudio generalizado externado por diversos integrantes de la comunidad internacional ante la actitud omisa de Brasil para contener los incendios en la Amazonia brasileña desde julio del 2019, confirma la visión tan peculiar de las actuales autoridades de Brasil con relación a la protección del ambiente.
Fue entonces cuando Chile (diciembre del 2018) anunció que sustituiría a Brasil en esta tarea. A pesar de ser la sede de la reunión más importante del 2019 en materia ambiental a nivel global como lo es la COP25, las actuales autoridades de Chile han optado por mantener sus distancias con el «Acuerdo de Escazú«, al punto de no querer tan siquiera firmarlo. Desde la perspectiva de los Estados que ven con suma reticencia el reconocerle derechos a quienes defienden el ambiente y que no consideran necesario mejorar el acceso de las comunidades a la información en materia ambiental (y mucho menos garantizarles su plena participación), la actual posición chilena es extremadamente útil y oportuna.
En el caso de Colombia, Estado que se mostró sumamente incómodo durante las negociaciones, proponiendo modificaciones y enmiendas en aras de limitar sustancialmente el alcance de varias disposiciones, la presión ejercida para que por lo menos firme el Acuerdo de Escazú se mantiene. Se lee en esta publicación muy completa (cuya lectura se recomienda y que puede interesar a muchos otros Estados), titulada «Colombia y el Acuerdo de Escazú» (véase texto integral) que:
«Son alarmantes las cifras de conflictos ambientales y de asesinatos de defensores y defensoras del ambiente en Colombia. A pesar de contar con una amplia legislación en materia de información, participación y justicia ambiental en Colombia, la conflictividad ambiental en el país se agudiza cada día. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta de vital importancia para cambiar esta situación en el país» (p. 89).
La ausencia de la firma de Chile, de Colombia y la de otros Estados podría revertirse en caso de que algunos Estados de la región, por alguna razón, cambien súbitamente de parecer e inicien su propio proceso en aras de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia ambiental. Como bien se sabe, sin firma por parte del Poder Ejecutivo, los integrantes de los Poderes Legislativos no tienen cómo iniciar el trámite de aprobación de un instrumento internacional.
A modo de conclusión
Es de notar que América Latina llegará a la reunión preparatoria de la COP25 (denominada «PreCop«), a realizarse en Costa Rica del 8 al 10 de octubre próximos, con la ausencia de las firmas antes mencionadas, así como con la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica, Estado que promovió activamente, conjuntamente con Chile, esta iniciativa regional durante la fase de negociaciones, albergando la ronda final y dándole el nombre de «Acuerdo de Escazú» a este novedoso instrumento. En esta breve nota nuestra se reproduce en la parte final el comunicado oficial de Costa Rica celebrando la adopción del texto, el 4 de marzo del 2018. Costa Rica sí firmó el texto el 27 de setiembre del 2018 con ocasión de la ceremonia oficial realizada en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Si bien nuevas firmas pueden registrarse antes del 8 de octubre, es muy difícil que, en estos pocos días que quedan de aquí a la PreCop, alguna iniciativa para acelerar el proceso de aprobación tenga lugar en el seno de la Asamblea Legislativa costarricense.
De confirmarse la falta de ratificación costarricense antes de iniciar la PreCop en Costa Rica, estaríamos presenciando una nueva ausencia: una ocasión propicia para reflexionar, en Costa Rica, sobre los logros que se pueden alcanzar por parte del aparato diplomático desde el Poder Ejecutivo, y la dificultad para trasladarlos luego como prioridad al Poder Legislativo.
No obstante, la PreCop también podría convertirse en un espacio para fomentar en América Latina la urgente necesidad de saldar una vieja deuda pendiente de la región con la justicia ambiental y con los defensores del ambiente y sus derechos: lo pactado en Escazú en marzo del 2018 es un primer paso en esta precisa dirección.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
A un año después del estreno en cines en Costa Rica, la película no para de tener funciones especiales en todo el país
En el próximo mes de octubre, dentro del marco del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, se realizarán varios cineforos gratuitos, en donde se contará con la participación de varios de los actores y actrices de la película “El Baile de la Gacela”.
Garabito, Aguas Zarcas, Cartago y Heredia serán las comunidades beneficiadas en esta ocasión.
Estas funciones son realizadas gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica y los Centros Cívicos por la Paz.
«El Baile de la Gacela» se estrenó el año pasado en suelo nacional, con excelentes críticas y siete semanas en cartelera.
Fue ganadora del premio Golden Zenith a la Mejor Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Montreal, uno de los 15 Festivales de Cine Clase A del mundo.
En Costa Rica ganó «Mejor Dirección» en los Premios Nacionales de Cultura Costa Rica, y el Premio del Público en el Costa Rica Festival Internacional de Cine.
Ha tenido más de 30 funciones especiales por todo el país y Festivales de Cine alrededor del mundo.
Enviado a SURCOS por Karolina Hernández Chaves, Productora Audiovisual, Comunicadora y Gestora Cultural, Dos Sentidos S.A.
En los últimos años los monocultivos han adquirido una presencia determinante en la economía de la región Huetar Norte desplazando otras actividades.
En el mes de abril el Instituto Tecnológico efectuó la apertura de la Agencia para el Desarrollo Región Huetar Norte, una iniciativa que promueve el desarrollo de esta zona mejorando la competitividad e infraestructura, la atracción de inversión y la generación de más empleo.
Esta iniciativa que tuvo como antecedente el impulso hace algunos años de la zona Económica Especial de la zona Norte, pone en evidencia el compromiso de esa Institución universitaria con el desarrollo de la región Huetar Norte, desde su sede Regional ubicada en Santa Clara.
Dicha iniciativa coincide con el lanzamiento reciente por parte de la Administración Alvarado, del programa Franja de Desarrollo que incluye una lista de 79 proyectos para la reactivación económica en los cantones fronterizos.
Entre las iniciativas están la construcción de un centro de valor agregado, la construcción de la sede de la Universidad Técnica en San Carlos, la inauguración del Parque Solar Cooperativo de Coopelesca, 23 proyectos de agua potable, además de la realización de estudios de factibilidad para el aeropuerto de Altamira de San Carlos y la conclusión de estudios del tren de carga Pacífico-Norcaribe. Asimismo, se efectuó el lanzamiento del Plan Nacional de Cacao, el emprendimiento China Verde y la entrega de la II etapa de la Ruta Maleku entre Guatuso y Upala.
No obstante, como se mencionó en un artículo anterior la propuesta es un conjunto de proyectos específicos e iniciativas puntuales, con poca conexión entre ellos, sin un enfoque articulador de desarrollo territorial y lo que es más importante sin una valoración correcta de la dinámica territorial y de los grandes desafíos del desarrollo de esa región.
El desarrollo de la región Huetar Norte, presenta una dinámica económico-productiva que expresa territorialmente la implementación del modelo de apertura comercial que se ha venido gestando desde los años noventa y que se ha intensificado a partir del 2000. Algunas actividades productivas han incremento sus áreas tal es el caso de la piña, cítricos, raíces y tubérculos, ornamentales, mientras otras se han reducido, como es el caso de ganadería, granos básicos y palmito.
La diversificación de la economía local incluye también el surgimiento de novedosas actividades en expansión como el turismo ecológico, la reforestación y los proyectos hidroeléctricos.
Como lo apuntara, el investigador Barrientos del programa Estado de la Nación (2008) si bien la Región Huetar Norte ha logrado transformar su dinámica productiva para adecuar su desarrollo a las nuevas condiciones del contexto nacional e internacional, este desarrollo alcanzado no se ha traducido en beneficios equivalentes para las familias de la región.
En este marco, señala como dinámicas o cambios territoriales los siguientes: una estructura bipolar, donde se ubican por un lado las empresas comercializadoras, agroindustriales y agroexportadoras y por el otro, los productores familiares, los cuales implementan diversas actividades; un incremento de actividades rurales no agrícolas; la degradación de la biodiversidad; nn debilitamiento del sistema institucional público. (Barrientos, 2008:24-25)
En tanto un estudio de SEPSA-PROCOMER del mismo año, indica que a pesar de las potencialidades de la RHN (invaluables recursos naturales, para la producción para el mercado nacional y para la exportación), contradictoriamente, presenta bajos índices de desarrollo social y humano (Upala, Los Chiles y Guatuso, poseen las posiciones más bajas entre los últimos diez cantones más pobres del País); concentración de la actividad productiva, de la exportación y de los servicios básicos en los principales cantones, aspectos que se expresan grandes disparidades a lo interno de la Región.
En las últimas décadas, de un patrón de desarrollo ligado a la producción ganadera extensiva y de granos, se pasó a otro caracterizado por la industria extractiva forestal, plantaciones forestales mono-cultivos, la producción de naranja, piña y raíces y tubérculos a gran escala. A causa de este actual patrón de desarrollo, se presenta una creciente degradación y pérdida de su rica base de recursos naturales. (Cudeca,2011)
Frente a esa dinámica económica, social y ambiental de la región se plantean grandes desafíos al desarrollo regional, primero la dinámica productiva en especial agroexportadora no está generando el empleo necesario para sostener a la población de la zona, lo que junto al ingreso de mano de obra nicaragüense es un factor importante en esta dinámica.
El segundo desafío, está referido al negativo impacto ambiental que el modelo productivo ligado a la agro-exportación, el cual está produciendo una importante degradación a la base de recursos naturales. El balance realizado sobre el uso de los recursos naturales deja claro que el modelo de desarrollo en estos cantones tiende a generar impactos ambientales críticos, que requieren ser atendido con un enfoque de mayor armonía entre desarrollo productivo, protección de los recursos y calidad ambiental.
Por otra parte, el tercer desafío remite a las unidades productivas campesinas, que aún son significativas en la zona deben lograr una mayor participación en la industrialización y comercialización de sus productos, en el mercado nacional e internacional y potenciar las articulaciones con el de las modernas empresas agrícolas, mejorar los servicios de información y asistencia técnica, en lo que se requiere un rol central del estado costarricense.
Como atenuante frente a los desafíos regionales, como lo expresara el XIII Informe del Estado de la Nación “la respuesta de las instituciones públicas a los desafíos y oportunidades que presenta la Región Huetar Norte se caracteriza por la dispersión, los agotados esquemas de coordinación regional de las instituciones públicas, no coinciden unos con otros, lo que dificulta emprender programas integrales de alcance regional”.
Este próximo 09 de octubre a las 5 p.m. se realizará la presentación del libro: «Historia Contemporánea de Costa Rica 1808-2010» en el Edificio del Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la UNED.
Condenamos que Costa Rica se sume a las acciones de guerra contra Venezuela como parte del grupo de dementes que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)
El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la trigésima reunión de ministros de relaciones exteriores, actuando como órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
El pronunciamiento de este grupo de dementes, entre los cuales se encuentra el ministro de relaciones exteriores de Costa Rica, Manuel Ventura, no significa otra cosa que sumarse a las acciones de desestabilización y guerra contra Venezuela. Es decir, la irresponsable administración Alvarado Quesada respalda las acciones encaminadas a la agresión militar contra la República Bolivariana.
Los considerandos del pronunciamiento de ese grupo de psicópatas se basan solo en especulaciones y mentiras descaradas y por supuesto como es práctica común no presentan ninguna prueba. Pero es en los por tanto donde ese grupo de representantes de la extrema derecha continental pone en evidencia su demencial visión de las cosas que arrastra a la región a un conflicto militar.
Es allí donde se utilizan los términos como “perseguir, capturar, extraditar y sancionar” a personas vinculadas al gobierno de Venezuela. Solo les faltó la palabra “matar”. Es el lenguaje de corte neofascista de la derecha latinoamericano que no significa otra cosa que la intensificación de las políticas de agresión. Podríamos denominarlo un PLAN CÓNDOR 2.0”.
Pero es en el punto cinco del pronunciamiento de ese grupo de dementes donde se esconde el veneno de esa resolución. Se dice en ese aparte: “instruir a los Representantes Permanentes ante la Organización de Estados Americanos de los Estados partes del TIAR que den seguimiento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela y su impacto en la región con objeto de evaluar la formulación de eventuales recomendaciones, en el marco del Artículo 8 del TIAR, para lo cual podrán conformar una o más comisiones ad hoc. Dichas recomendaciones serán elevadas al Órgano de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en su próxima sesión.”
Pero qué nos dice el Artículo 8 del TIAR: “Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada.”
Eso fue lo que signó el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, un demente irresponsable que no tiene la menor idea de las consecuencias de lo que firmó. Es decir, al colocarse en el pronunciamiento el Artículo 8 del TIAR y el hecho de que Costa Rica avaló esa resolución, Costa Rica se suma a una muy cercana aplicación de ese artículo, especialmente el empleo de la fuerza armada contra Venezuela.
Es de tal gravedad lo acordado, que incluso el gobierno de Uruguay ha decidido denunciar y retirarse del TIAR, por cuanto “…esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional. Los que creemos en el sistema multilateral no podemos permitir que sucedan estas cosas”. Por el contrario, la administración de Carlos Alvarado nos arrastra a este escenario de confrontación militar en alianza con el gobierno de EEUU (Trump y sus halcones), con el gobierno paramilitar colombiano, con el narcomilitar gobierno hondureño y con los neofascistas de Bolsonaro y Piñera. Vaya alianzas de este gobierno del PAC.
Por tanto exigimos:
La renuncia inmediata del ministro de relaciones exteriores Manuel Ventura por la irresponsabilidad de sus actos que compromete a todo el pueblo de Costa Rica.
La denuncia y retiro de Costa Rica del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) vestigio vergonzante de la guerra fría y de las dictaduras militares latinoamericanas del cual Costa Rica no tiene por qué se parte.
La inmediata rectificación del gobierno de Costa Rica en materia de política exterior, de abandonar su estrategia de agresión a países y pueblos hermanos y que efectivamente contribuya desde mecanismos que promuevan el diálogo y la negociación, a fortalecer los principios de no intervención en los asuntos internos y el respeto a la soberanía de cada país con fin de ser un factor que propugne en la solución de los conflictos y el fortalecimiento de la integración regional y no como sucede ahora, el gobierno, es decir Costa Rica, convertido en una correa de transmisión de los intereses imperialistas en la región
Al evangelismo político, y sus aliados conservadores, el matrimonio igualitario se les atraganta. Es una obsesión enfermiza que, por la gravedad de los síntomas, resulta realmente preocupante.
Ahora salen con algo que hace muy poco rechazaban visceralmente: un proyecto sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo. Lo que entonces repudiaban como engendro diabólico, hoy –en cobarde gesto de capitulación y derrota– lo ponen sobre la mesa.
Y lo hacen apoyándose en una argumentación tan endeble, que provocaría carcajadas y vergüenza ajena, si no fuera porque fácil se olfatea el tufo de la mala intención que lo anima.
Reconocen que en materia de derechos humanos hay un movimiento progresivo que implica ampliar y consolidar los derechos más antiguos, y avanzar hacia el reconocimiento de nuevos derechos. Admiten, incluso, que eso vale también para el matrimonio igualitario. Pero enseguida optan por lanzar a Costa Rica a la retaguardia de esa progresividad, a etapas previas y superadas, admitiendo de hecho que ése es, justamente, su objetivo: que abdiquemos de cualquier liderazgo, y seamos tan solo un gris y vergonzante vagón de cola.
Citan a la Sala Constitucional y la Corte IDH, pero arbitrariamente desconocen sus pronunciamientos más recientes, para aferrarse y sacar de la tumba los que emitieron 10 o 15 años atrás. Esos dos altos tribunales han avanzado en la ruta de la progresividad de los derechos, pero los proponentes del proyecto prefieren no enterarse. Con gusto necrófilo, prefieren aferrarse a ideas difuntas.
Es un intento –agonizante y patético– por desconocer e irrespetar, lo que esos dos tribunales dejaron claramente estatuido. Y, sin embargo, y contradictoriamente, una y otra vez buscan refugiarse en dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual no tiene jurisdicción para Costa Rica.
O sea: ¿desconocer al tribunal bajo cuya jurisdicción nos hemos colocado para acoger lo que diga un tribunal que carece de esa legitimidad?
Eso es, sin más, violencia contra el Estado de derecho.
Pero nada tan violento como la afirmación según la cual no corresponde reconocerle plenos derechos a las parejas del mismo sexo, porque, en términos relativos, son muy poquitas.
Aunque fuera una sola pareja en toda Costa Rica. Incontrovertible: dos seres humanos son dos seres humanos, y tienen derecho a tener todos los derechos.
La región Chorotega presenta severos problemas con el recurso hídrico, ya sea por escasez o bien por contaminación
La Primera Dama de la República, Claudia Dobles, Coordinadora para el Desarrollo de la Región Chorotega expuso en la sesión del Consejo de Gobierno realizada en Nicoya durante la pasada celebración de la Anexión sobre los proyectos que se impulsan en esa provincia.
En el primer tema abordado, informó sobre el Plan de Infraestructura y Gestión Integral del Agua para Guanacaste, un esfuerzo interinstitucional que define la ruta para la administración del recurso hídrico proponiendo proyectos de infraestructura y mejoras en la gestión.
Aseguró que este año concluirán proyectos como la Red secundaria del Canal del Sur; la ampliación y mejoras de sistema potable Nicoya II, Liberia I, Tilarán, Guanacaste II, Hojancha, Tempate, Bolsón Ortega, Curubandé; la construcción del acueducto costero Santa Cruz, Las Trancas Papagayo Bahía, entre otros.
En vivienda dijo se destinan más de ¢23.700 millones correspondiente a 838 soluciones en ejecución, en infraestructura educativa, financiamiento por más de ¢15.000 millones que corresponden a 190 centros educativos en los once cantones de Guanacaste.
En infraestructura en salud, la inversión de más de ¢3.000 millones en obras en los cantones de Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Bagaces, Cañas, Abangares, Nicoya; además, la Caja destinará $42 millones a cuatro grandes proyectos: las áreas de salud de Bagaces, Liberia y Santa Cruz y el edificio para la atención de la enfermedad renal crónica.
En el sector agrícola, mencionó a la inversión de más de ¢619 millones para la adaptación al cambio climático y la mejora de la productividad en 277 fincas ganaderas. También a la apertura de la primera etapa del Mercado Mayorista Chorotega y a gestiones interinstitucionales con el sector pesquero.
La Primera Dama hizo referencia a la Mesa de Inversión Privada en la que se busca la generación de empleo, mediante la liberación de inversiones por $418 millones para 14 proyectos turísticos que generarán 7.000 empleos en los próximos cinco años.
Por su parte, en cuanto a las obras ejecutadas, el ICE hizo entrega de la Planta Geotérmica Las Pailas II, la más moderna de su tipo en Centroamérica, que con sus 55 megavatios de capacidad instalada producirán cada año la energía equivalente al consumo promedio de 137.000 hogares, siendo la sétima obra de generación del país que utiliza el vapor volcánico para producir electricidad.
La semana anterior el Presidente de la República, anunció el inicio de operaciones de la primera etapa del Mercado Regional Mayorista Chorotega, en el que alrededor de 6.500 personas productoras de Guanacaste y Upala comercializaran sus productos de manera directa, aunque en esta etapa solo se han integrado unas 20 empresas y organizaciones agrícolas.(El País,CR,Nacionales,25 de julio de 2019).
El informe de la labor institucional en la Región permite conocer los proyectos y las acciones que se están ejecutando en diversos campos de inversión pública y privada y en la generación de empleo y de mejoramiento de los servicios de salud y educación, no obstante sería importante conectar esas acciones con la problemática del desarrollo socioeconómico de las últimas décadas, así como con la atención de los grandes desafíos que se han planteado para esta región.
El Estado de la Nación en su Informe VI, dedicó un capítulo especial al Desarrollo de la Región Chorotega, en el que señala que ésta región experimentaba un profundo cambio de una economía exclusivamente agropecuaria a una economía cada vez más orientada hacia los servicios, cambio que ha traído cuantiosas inversiones y ha generado nuevas oportunidades empresariales y laborales para ciertas zonas y actividades.
Pese a esos cambios afirma. que la región sigue mostrando importantes fracturas internas, ya que a la par de los nuevos polos de desarrollo se encuentran zonas y actividades deprimidas, junto a los grupos de población conectados con las oportunidades viven poblaciones postergadas. Persiste la tradicional desarticuación social e institucional en las microrregiones y se ejercen nuevas y viejas presiones sobre su patrimonio natural.
En materia de desarrollo humano agrega, la región Chorotega presentaba el mayor número de hogares pobres de todas las regiones, persiste el desempleo y la región se distingue por presentar las tasas de subutilización más altas del país, hay avances en materia de salud y educación, pero se mantienen problemas importantes en la cobertura y calidad de los servicios que se ofrece.
La acción del Estado en Guanacaste se ha caracterizado en las últimas décadas por el impulso de megaproyectos de infraestructura, en una región cuyas municipalidades tienen la menor participación nacional en el presupuesto de los gobiernos locales.
Terminaba señalando el informe que esfuerzos de desarrollo regional los hay y son significativos, pero Guanacaste padece, un serio problema de falta de encadenamientos entre las diversas actividades económicas y los sectores sociales, serias fracturas y brechas territoriales, económicas, sociales, culturales y hasta políticas, que debieran generar interrogantes de importancia para los actores regionales y para el Estado nacional. (VI Informe del Estado de la Nación, 1999, p.317)
Frente a ese panorama el Informe plantea una serie de desafíos para el desarrollo integral, humano y sostenible de la región Chorotega que probablemente siguen presentes en la actualidad entre ellos: las subregiones diversas y la pluralidad de actores; la disponibilidad de recurso hídrico un serio desafío regional; cambios en el uso del suelo y el desigual potencial agrícola y forestal; un dinamismo económico fuerte pero territorialmente concentrado; la difícil articulación del turismo a la economía regional; la gestión de las fuentes de energía; el sistema de áreas protegidas se expande pero es vulnerable; profundos cambios en la dinámica de empleo; un bajo nivel de desarrollo social caracteriza a los cantones; las oportunidades no llegan las comunidades pesqueras; la adecuación de la oferta educativa a las necesidades de la región; acciones dispersas caracterizan las acciones del Estado y los gobiernos locales de la región son los más pobres del país.
Congreso Inaugural del Maria Sibylla Merian, Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS)
Este congreso se realizará en la Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Auditorio UCAGRO, del 25 a 27 de septiembre de 2019.
Algunos de los temas que se tratarán en el Congreso son:
CONFLICTOS Y PROCESOS DE PAZ EN CENTROAMÉRICA Y SUS IMPLICACIONES LATINOAMERICANAS
AMNISTÍA, DERECHO A LA VERDAD Y CONCEPTOS DE PAZ
MIGRACIONES, NARCOTRÁFICO, VIOLENCIA Y PROCESOS DE GUERRA Y PAZ EN AMÉRICA LATINA
MUJERES, IDENTIDADES, VIOLENCIA Y PAZ
PROCESOS DE PAZ, CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y CONFLICTOS AMBIENTALES
Además se tendrán las siguientes actividades artísticas: Inauguración de la exposición fotográfica: Insurrección y revolución, 1979-1989, de Margarita Montealegre (en forma electrónica) y la proyección del documental Los Ofendidos, dirigido por Marcela Zamora.
CALAS MARIA SIBYLLA MERIAN CENTER
El Maria Sibylla Merian Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) fue creado en marzo de 2017 por cuatro universidades alemanas y cuatro universidades latinoamericanas, por iniciativa del Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF, Alemania).
Su sede principal está ubicada en la Universidad de Guadalajara, México y además de la sede en la Universidad de Costa Rica, el CALAS cuenta con sedes en: Flacso, Eduador; Universidad de San Martín, Argentina y las siguientes universidades alemanas: Universidad Friedrich Schiller de Jena, Universidad Leibniz de Hanover, Universidad de Bielefeld, Universidad de Kassel.
El Laboratorio de Investigación del CALAS actual (2017-2020) se enmarca en el tema: “Visiones de paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina” en la que se desarrolla el programa “Afrontar las crisis: perspectivas transdiciplinarias desde América Latina”.
