Sin ningún sonrojo ni mayores consideraciones de fondo el presidente Carlos Alvarado y el canciller de la República Manuel Ventura anuncian que “valoran” aliarse a Brasil con el fin de hacer una dupla para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con ello “salvar” al mundo de la candidatura de Venezuela.
Al principio me pareció un chiste. Es decir, ¿para quitar a un mal candidato el gobierno se tiene que aliar con un ecocida del planeta? ¿Cómo y dónde se les ocurren estas ideas? ¿Cuáles son los filtros y el análisis? ¿De qué diantres sirve una cancillería y ministerios que no pueden conectarse con la realidad y asesorar al presidente?
Será que el tema me tomó llegando de participar como comisionado en el “Tribunal de los Impactos Petroleros a la Naturaleza, los Pueblos y los Defensores y Defensoras”, en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil. Este espacio de la sociedad civil sesionó el 3 octubre pasado, en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía (UFBA).
Allí, un panel compuesto por comisionadas y comisionados de varios países de la región escuchamos de primera mano sobre el régimen de tierra, activistas y pueblos arrasados por las políticas etno y ecocidas, que en pocos meses ha impuesto el gobierno de Jair Bolsonaro. Las Quilombolas o territorios de personas negras y pescadoras arrasadas por la apertura, el despojo, y la privatización de PETROBRAS y la entrega de las costas a la extracción al desenfreno. El racismo ambiental y las zonas de sacrificio para poner refinerías, puertos oleoductos y vertederos de miles de porquerías que produce esta industria petroquímica.
Los hombres y mujeres del mar denunciando el asesinato de miembros de sus organizaciones, personas que han sobrevivido a varios atentados y que tienen en su piel las balas. Dentro del Tribunal, cada tanto las mujeres del mar entonaban canciones a Yemayá, Orisha y otros cantos de lucha que les dan ánimo para invocar la justicia. Ésta es cada día más injusta y lejana, desde que llegó Bolsonaro alentando el crimen, la misoginia, la homofobia, el odio, el armamentismo, la quema de la Amazonia, el extractivismo y la expansión de una criminal agro industria de ganado, palma y soja.
Brasil ha sido por muchos años el lugar donde mas activistas han sido asesinados. Según un estudio de la organización británica Global Witness, entre 2002 y 2013 asesinaron 908 personas en el mundo por la defensa del ambiente; de éstos casos casi la mitad (448) fueron en Brasil. Además, resulta dramático que dicho estudio revele que en solo 10 de los casos hubo alguna condena en este período de 11 años, lo que representa tan sólo un poco más del 1% del índice total de asesinatos. Otro estudio publicado este año titulado “Tierra de resistentes” asegura que en la última década se han registrado 1.179 ataques a activistas defensores de los bosques y las fuentes de agua. Brasil, con 754, es el país que mayor número de ataques registra.
Esto es especialmente grave en la Amazonia, que concentra estos asesinatos. La actual estrategia de terrorismo de Estado ha “depurado” y “mejorado” las técnicas genocidas ejecutadas en la guerra contrainsurgente por el ejército de Guatemala de “quitar el agua al pez”; es decir, destruir las comunidades que estaban en rebeldía. Ahora en Brasil se mata al pez y se quema el agua y el mar. Para poder seguir expandiendo el agronegocio -en base a petróleo barato- se está prendiendo fuego a la Amazonia, con sus defensores y pobladores originarios dentro. Igualmente, hay un aumento alarmante en el abuso racial, la agresión sexual, el feminicidio y la violencia contra las mujeres y las personas LGBT.
¿Será que la gente del Gobierno tico ya está pensando y calculando los puestos en los que van a caer sentados después que termine esta administración? ¿Será que esto no los deja ver lo insensato de aliarse y asociarse con uno de los gobiernos más violentos del mundo, con la excusa de bloquear a Nicolás Maduro? Se sabe que Maduro no es ningún santo y que de igual forma está entregando cuanto mineral y petróleo hay a los chinos, quienes poco a poco están destruyendo y consumiéndolo todo.
Es muy importante que la sociedad, las organizaciones de mujeres, la población afro, la academia, artistas, las diversidades se pronuncien y presionen para hacer desistir al gobierno costarricense de esta pésima idea. Si Costa Rica se referencia -teóricamente- por la diferencia en trato de los derechos humanos es por mucha gente que ha puesto alma y solidaridad con los pueblos, que ha trabajado por la ecología y los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por los migrantes y por las diversidades. Todas estas personas que se sientan interpeladas favor de manifestarse urgentemente.
Al fin de cuentas, el trueque ha sido oro por cuentas de vidrio: a la riqueza biológica se le puso el sello de “mercancía”, pero se sigue extrayendo sin mayor retribución para los pueblos y comunidades que la han cuidado y multiplicado a lo largo de generaciones.
Silvia Rodríguez.
Álvaro Vega Sánchez,
Sociólogo
La lucha por la defensa de la Montaña de Salitral es histórica. Hace más de treinta años la pionera organización por la defensa de los derechos de la naturaleza en nuestro país, la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), impulsó una iniciativa para contener proyectos urbanísticos que afectarían sustancialmente ese pequeño pulmón desamparadeño. Mi tata, un inmigrante sancarleño, se incorporó a un comité local para apoyar esa lucha como queriendo redimirse del peso de la culpa por haber talado muchos árboles en las montañas de aquella llanura norteña. Sus dos grandes preocupaciones eran que la “lava de cemento” arrasara con nuestras montañas y la contaminación con nuestros ríos (sus máximas: “los ríos se limpian solos” y “sembrar un árbol es un deber de todo ser humano”).
Hoy, cuando vuelve la amenaza sobre ese ecosistema, me permito retomar una vieja idea que expuse en un artículo que escribí en 1998 –la maternidad-paternidad de esta idea es secundaria, más bien pertenece a esos insignes luchadores por la defensa de nuestras montañas–. Así como nuestros visionarios estadistas del siglo pasado hicieron de la conservación una política de Estado (¡Cómo nos hacen falta políticas de Estado!) creando Parques Nacionales que alcanzaron a proteger prácticamente una cuarta parte del territorio nacional, hoy podríamos impulsar una ley para garantizar la protección de zonas con potencial ecológico, es decir, declarar legalmente a estas como Parques Ecológicos Cantonales. Son muchas las propiedades grandes y medianas improductivas que se podrían gravar para financiar esta iniciativa, tanto para sufragar gastos de expropiaciones como de manejo.
Cada cantón debería contar, al menos, con un parque de este tipo. Un espacio natural que contribuiría a embellecer el paisaje urbano, crear ambientes más saludables, permitir que nuestra hermandad biodiversa de flora y fauna encuentre un rincón acogedor para reproducirse y nuestros hijos y nietos un lugar de esparcimiento y para aprender a valorar la riqueza natural. Como bien señalan los bio-arquitectos y defensores de los ríos, hay que “tropicalizar” las urbes.
Los galardones internacionales otorgados al país por sus esfuerzos conservacionistas y el reconocimiento como destino turístico ecológico de primer nivel, deben ser un acicate para mejorar las prácticas de protección y promoción de los recursos naturales. En este campo como en el de la descontaminación y el manejo de desechos sólidos nos queda mucho por hacer. Es urgente acompañar los procesos crecientes de urbanización con políticas y acciones que protejan los pocos bioecosistemas con los que todavía contamos.
Nuestra aspiración no debe ser convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina, siguiendo la lógica del capitalismo salvaje y demencial, sino en el primer “país ecológicamente rico”, tal y como lo concibe la insigne defensora del patrimonio ecológico, la Dra. Silvia Rodríguez (Rodríguez, Silvia (2013). El despojo de la riqueza biológica: de patrimonio de la humanidad a recurso bajo soberanía del Estado. Heredia: EUNA).
Declaremos la Loma de Salitral como Parque Ecológico de Desamparados e impulsemos una política de Estado en esa dirección. También esta Montaña es patrimonio de la humanidad. No solo los incendios están dando al traste con la vida en nuestro planeta. Hay que parar la “lava de cemento” y el espíritu mercantilista que la impulsa. Dejemos de cambiar oro verde por cuentas de vidrio.
Imagen ilustrativa, Campaña de Defensa Loma Salitral.
El pasado jueves 3 de octubre se llevó a cabo el coloquio: «Etnopolítica y reivindicaciones territoriales en Buenos Aires, Puntarenas» en la Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias Políticas de la UCR.
En el coloquio se trataron los siguientes temas:
Historia e identidades en las comunidades indígenas del Pacífico Sur costarricense
Comunidades indígenas de frente a la política pública,el Estado y su jurisdicción
La comunidad indígena de Salitre: lecturas desde el territorio, los procesos de recuperación
Entre identidad y etnopolítica: la afirmación de lo propio y la acción del Estado
Este martes 15 de octubre a las 10:30 a.m. se llevará a cabo el foro: Derecho a Huelga, en la Sala de audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
El foro estará a cargo del Dr. Mauricio Castro Méndez, el Dr. Walter Antillón Montealegre, ambos de la Facultad de Derecho y la Licda. Ariane Grau Crespo del APSE.
Modera: Dr. Gerardo Hernández Naranjo, director del Posgrado de Ciencias Políticas.
La Universidad de Costa Rica le invita este jueves 10 de octubre al conversatorio: Sociedad, política y Universidades Públicas en la Costa Rica actual, a cargo del Dr. Roberto Ayala de la Escuela de Sociología y el MSc. Roberto Fragomeno de la Escuela de Filosofía.
Este miércoles 9 de octubre de 4 p.m. a 7 p.m. se realizará el conversatorio: Verdades incómodas acerca del cambio climático: jornada ecologista por la justicia climática.
El conversatorio tendrá lugar en la Casa Claretiana de Ejercicios Espirituales, Iglesia de Ladrillo, San Fco. de Guadalupe.
Construyendo Justicia Climática y transición energética justa desde el ecologismo
Participan: -De la era petrolera a la era post-petrolera: ambiciones e hipocresías» por Gabriel Rivas. Coecoceiba -Matriz energética en Costa Rica: pasos para una transición energetica justa. Osvaldo Durán, Proal -Lectura desde el ecologismo AL Plan Nacional de Descarbonización. Lo bueno, lo malo, y lo feo. -Propuestas de las comunidades ante la crisis climática. Mariana Porras. FECON
Pronunciamiento del Colectivo de Geografía Crítica “24 de Abril” por motivo del premio “Campeones de la Tierra”, recientemente otorgado a Costa Rica por parte de la ONU
Hablar de ambiente en Costa Rica es una polémica tarea. Por un lado, se ha convertido en un signo de orgullo internacional, un amplificador del nacionalismo y una noticia agradable que nos conforta en medio de nuestras angustias cotidianas. Por otro, es un triste conteo de fracasos, un interminable recuento de las consecuencias más perversas -por lo general ocultas- del modelo de desarrollo y una alerta de que no estamos haciendo las cosas tan bien como nos dicen.
El premio ambiental que el país recibió recientemente en la ONU como “Campeón de la Tierra” es un vergonzoso recordatorio de que estamos escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Debajo de la pomposidad de la Pre-COP (a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre en Costa Rica) y del aséptico mundo de los organismos ambientales internacionales, estamos escondiendo a los niños y niñas envenenados por agrotóxicos en las escuelas, a las personas que no pueden tomar agua del tubo de sus casas por contaminación, a las áreas protegidas que sirven como corredores logísticos del narcotráfico, a las y los activistas que han sido asesinados por defender el ambiente frente a la voracidad del capital…
Nos dicen que la cobertura boscosa y las áreas protegidas han aumentado en los últimos 30 años y que casi el 100% de nuestra electricidad se genera con “energías limpias”. Sin embargo, detrás de esta fachada, se importan y se queman toneladas de combustible diariamente para alimentar una flotilla de vehículos particulares que crece más rápido que la misma población (en busca del american way of life), se envenenan aguas, suelos, aire y cuerpos por la expansión del agronegocio y se dedican las mejores tierras agrícolas para el cultivo de postres de exportación (primer productor mundial de piña), empujando al país hacia una peligrosa dependencia alimentaria, en donde la comida que se sirve en nuestras mesas, cada vez más, es importada desde otras latitudes. Desde esa perspectiva, no hay contradicción entre protección y destrucción ambiental, sino una perversa y conveniente complementariedad. Detrás de los premios ambientales y el reconocimiento de la “comunidad internacional”, quedan los paisajes y las personas que buscan resistir los efectos de estos fracasos ambientales.
La idea de complementariedad entre protección y destrucción ambiental que proponemos es que, para poder perpetuar la acumulación de capital -destruyendo a su paso el ambiente y los tejidos sociales que cuidan y viven de la naturaleza- el Estado y las grandes empresas requieren de sellos ambientales, de certificaciones, premios y demás cortinas de humo que les permitan continuar con su actividad lucrativa y destructora. Porque, para nadie es un secreto, el tema ambiental se convirtió en una moda, un bonito discurso y un gran negocio. Frente a la incontestable evidencia de una crisis ecológica global (cuya manifestación más dramática es la crisis climática, que amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana), lo “verde” se convirtió en políticamente correcto. Inclusive los grandes contaminadores del mundo (sector petrolero, agroindustrial, automovilístico, minero, etc.) reivindican sus prácticas empresariales “sostenibles” para mejorar su imagen, bajo una práctica que ha recibido el nombre de greenwashing o “lavado verde”.
Este secuestro y cooptación del tema ambiental por parte del status quo capitalista no es nuevo. Desde los años 1990 ha logrado imponerse con éxito en los principales centros de gobernanza ambiental mundial una perspectiva que busca hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado (primero fue el “desarrollo sostenible” y luego la “economía verde”). Tanto desde la ONU como desde el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, las propuestas oficiales que se ofrecen para encontrar salida a la crisis ecológica global se mantienen prisioneras de la ortodoxia del crecimiento económico sin límites. Desde esta perspectiva, la solución a los problemas ambientales radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la “eficiencia” y “limpiar” la economía, deliberadamente evadiendo una discusión más profunda sobre modelos de desarrollo y sobre la necesidad de repensar los actuales sistemas de producción y consumo. Pareciera ser que -parafraseando a Hickel y Kallis (2019)-: “lo políticamente aceptable es ecológicamente desastroso, mientras que lo ecológicamente necesario es políticamente imposible”.
Este es el verdadero motivo por el cual Costa Rica ha adquirido tal grado de visibilidad y prestigio internacional en el tema ambiental. La imagen de Costa Rica como “Campeona de la Tierra” ha sido cuidadosamente elaborada desde los agentes nacionales e internacionales del capitalismo verde, como un ejemplo de que sí es posible salvar el planeta sin cambiar las reglas del juego del sistema capitalista. Esto termina siendo una patética fábula que nos cuentan para calmar nuestra conciencia, pero que, en el fondo, ha provocado una profundización de la crisis ecológica global. Se realizan cumbres, conferencias y congresos, se redactan informes y diagnósticos, se firman acuerdos y compromisos internacionales…sin embargo, no cabe duda que estamos peor de lo que estábamos hace 25 años, tanto a nivel nacional como mundial.
Aún más, podríamos decir que Costa Rica ha funcionado desde los años 1990 como una especie de “eco-laboratorio” del capitalismo verde, escenario donde se experimentan nuevas formas de gobernanza ambiental basadas en el mercado. La implementación de este tipo de políticas y programas en materia ambiental, de manera sistemática, ha tendido a excluir a las comunidades y demás actores sociales –sobre todo, aquellos que tienen un posicionamiento crítico o disidente-, como lo demuestra el reciente Plan Nacional de Descarbonización. Más allá de las buenas intenciones y de los puntos rescatables que éste pueda contener, no debemos olvidar que se trata de una propuesta implementada de manera vertical y sin un proceso de consulta ciudadana. Por fuera del glamuroso ambientalismo “de saco y corbata”, quedan excluidos e invisibilizados una diversidad de actores, subjetividades y puntos de vista alternativos que también componen la sociedad costarricense, tales como pueblos indígenas, grupos ecologistas críticos, organizaciones comunales de base, jóvenes en huelga por el clima, entre otros, cuyos aportes mucho podrían ayudar para encontrar solución frente a tan graves problemáticas.
En realidad, si en algo somos campeones mundiales, es en haber logrado ocultar detrás de una cortina de humo verde la sistemática destrucción de ecosistemas y comunidades, propia de un modelo de desarrollo capitalista sin límites, del cual nuestro país no escapa. Somos campeones en eco-marketing, en hacer de lo verde marca, no realidad.
Referencia:
Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.
Por ejemplo Limón ¿por qué las filas interminables de furgones ruidosos y contaminantes si se podría disponer de un moderno y veloz ferrocarril? ¿Por qué los servicios portuarios en manos de una transnacional holandesa con tarifas que duplican y hasta triplican las de JAPDEVA? Sería muy arbitrario atribuírselo a los sindicatos, y, sin embargo, hay quienes, con suprema ligereza, lo hacen, no obstante la obvia contradicción que plantea el hecho de que si tan negativo era el sindicato ¿por qué entonces las tarifas de JAPDEVA era mucho más bajas?
Acaso usted tenga razones muy fundamentadas para criticar a los sindicatos. Y posiblemente yo comparta muchas de esas críticas. Y, sin embargo, ¿cómo negar que el sindicalismo es una institución importantísima en cualquier sociedad que se precie de democrática? O sea: necesitamos que los sindicatos sean mucho mejores de lo que son, precisamente porque la democracia los necesita, como un contrapeso necesario frente al poder del capital. Pero, además, ¿no es cierto que la sindicalización es un muy básico derecho humano? ¿Cómo entonces en la democrática Costa Rica ese derecho le es negado a la gran mayoría de quienes trabajan en el sector privado?
Pero, en fin, ¿es que todo lo malo que pasa en nuestro país es culpa de los sindicatos? Hay gente que insiste en repetir semejante tontería. El gobierno de Alvarado, en particular, se ha dejado decir barbaridades, como atribuir el mal desempeño de la economía y hasta el incremento de asesinatos, a los sindicatos. Ridículo e irresponsable, un verdadero insulto a la inteligencia.
Reitero: usted podría tener razones muy respetables para criticar a los sindicatos. Pero esto de lo que hablo va mucho más allá: es, a decir verdad, una campaña infame y manipuladora.
¿Se ha detenido usted a preguntarse qué hay detrás de todo eso?
De manera un tanto sorpresiva, Costa Rica, mediante declaraciones hechas por su Presidente, ha anunciado oficialmente que intentará obtener un escaño en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las elecciones previstas el próximo 17 de octubre.
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos es la máxima instancia en materia de Derechos Humanos dentro el organigrama de Naciones Unidas, compuesto por 47 Estados (véase composición actual). Se trata de Estados electos por tres años por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, según una repartición geográfica en la que se cuenta, por parte de América Latina y el Caribe, con 8 puestos. Actualmente son ocupados por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay.
Esta entidad fue creada en el 2006 y continúa en parte la labor ejercida desde 1946 por la denominada Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que integraban 53 Estados.
Foto de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, extraída de nota de prensa titulada: «Costa Rica se postula para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para sustituir a Venezuela» (La Tercera, Chile).
Los Estados de América Latina cuyo mandato expira en el 2019 son Brasil y Cuba: mientras que Brasil ha solicitado ser reelecto nuevamente en este 2019 para un nuevo mandato, Cuba ha optado por no hacerlo: véase enlace oficial sobre Estados candidatos a esta elección prevista para la segunda semana de octubre, en la que se cuenta con 15 candidaturas (sin contar con la de Costa Rica) para ocupar 14 vacantes.
Las elecciones recientes por América Latina y el Caribe dentro del Consejo de Derechos Humanos: breve repaso
En el 2018, fueron electos por la región de América Latina y el Caribe, Argentina, Bahamas y Uruguay (véase nota oficial de Naciones Unidas). En el 2017, lo fueron Chile, México y Perú (véase nota oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2016, de dos vacantes para la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, quedaron electos Brasil (con 137 votos a su favor) y Cuba (con 160 votos), no logrando su designación Guatemala (con apenas 82 votos reunidos). En octubre del 2015, lograron su elección Panamá (con 157 votos a favor), Ecuador (152) y Venezuela (131), al tiempo que Bahamas (con 113) no logró ser electa. En el año 2013, fueron electos Cuba (148 votos) y México (135) quedando fuera Uruguay (con tan solo 93 votos). En el año 2012, fueron electos Argentina (176 votos recibidos), Brasil (184) y Venezuela (154).
En la noticia difundida en medios de prensa este 3 de octubre del 2019 (véase por ejemplo nota de Elmundo.cr), se indica que las autoridades de Costa Rica han tomado esta decisión debido a la posibilidad que Venezuela sea electa este próximo 18 de octubre por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta iniciativa contó con el respaldo de diputados, según se desprende en esta otra nota de prensa de Elmundo.cr, y con el apoyo de los últimos Ex Presidentes de Costa Rica (véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr). En la noche del mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica circuló un comunicado oficial de prensa, en el que no menciona expresamente a Venezuela, al señalar únicamente que:
«Sería contraproducente que el asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Consejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.«
En el mismo comunicado de prensa, se precisa que:
«Costa Rica espera trabajar en conjunto con otros países, y en especial, expresa a la República Federativa del Brasil, su deseo que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades» (Nota 1).
No se tiene claro si se considera por parte de Costa Rica que todos los Estados que integren al Consejo de Derechos Humanos deben respetar los derechos humanos: remitimos a nuestros estimables lectores a la lista de Estados que lo integran en la actualidad para hacerse una idea al respecto, disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas.
El denominado «Grupo de Lima» y su comunicado, y las resoluciones recientes sobre Venezuela en Naciones Unidas
En un reciente pronunciamiento del autodenominado «Grupo de Lima» (véase texto del comunicado del 23/09/2019), los 11 Estados que lo conforman (conjuntamente con el representante de Venezuela que consideran legítimo), habían externado que:
«7. Rechazan la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho Consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental e instan a la Asamblea General de Naciones Unidas a no apoyar esa candidatura«.
No se desprende del precitado comunicado si el autodenominado «Grupo de Lima» consideró que, además de rechazar la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, había que proponerse buscar una alternativa a esta.
Cabe precisar que 24 horas después de este pronunciamiento del «Grupo de Lima«, Venezuela y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas anunciaron la firma de un Memorandum de Entendimiento relativo a asistencia técnica y cooperación en materia de derechos humanos (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). En una primera resolución titulada «Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela» del 26 de setiembre, el Consejo de Derechos Humanos acogió con beneplácito esta iniciativa (véase texto completo). En una segunda resolución votada el 27 de setiembre, titulada «Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela«, el Consejo aprobó el establecimiento de un mecanismo de investigación («Fact Finding Mission«) en Venezuela (véase texto de resolución). Una de las dos resoluciones fue mucho más publicitada en los medios internacionales que la otra, y dejamos a nuestros estimables lectores adivinar cuál de las dos.
Costa Rica ante un enorme desafío para su diplomacia
Más allá de las motivaciones que han llevado a las autoridades de Costa Rica a tomar esta repentina decisión, una candidatura/país sometida a un recinto universal como el de Naciones Unidas no debiera de decidirse con tanta premura, ya que se construye siempre con cierta antelación.
Precisamente, un primer reto radica, para Costa Rica, en obtener los apoyos necesarios para lograr ser electa, con muy poco tiempo de preparación para negociarlos con cada uno de los Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas.
En el mes de octubre del año 2014, con una candidatura que contó con un tiempo de preparación mucho mayor, Costa Rica no logró ser reelecta frente a las candidaturas de Bolivia, El Salvador y Paraguay. Tuvimos en aquella ocasión la oportunidad de analizar en detalle este frustrado intento de la diplomacia de Costa Rica, en el que Costa Rica logró reunir tan solo 120 votos frente a sus contendores, señalando en conclusión que:
«El anuncio de una reelección siempre debiera hacerse público una vez valoradas las posibilidades de ganar la contienda» (Nota 2).
Desde aquella ocasión (octubre del 2014), Costa Rica ha optado, por alguna razón, por no presentar su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender al observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento del que beneficia Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos.
Nótese que en el 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez, sustituyendo a la Comisión de Derechos Humanos, los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos)(véase nota oficial de Naciones Unidas).
Cabe recordar que la última vez que Costa Rica fue electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, realizada en el mes de mayo del 2011, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136, al tiempo que Nicaragua no logró ser electa, recibiendo el apoyo de tan solo 98 Estados miembros de Naciones Unidas.
Una segunda dificultad para Costa Rica, tiene que ver con los intercambios de compromisos que los Estados ya han pactado entre sí en materia de candidaturas, y que pueden ser difícilmente revisados a menos de dos semanas de la elección: algunas candidaturas se anuncian y se negocian con mucho tiempo de antelación y es probable que Venezuela y Brasil ya tengan asegurados gran parte de sus votos. No se trata de semanas o meses, sino en algunos casos, de años (Nota 3).
Brasil anunció su candidatura en diciembre del 2016 y distribuyó en junio del 2019 la listas de sus promesas y compromisos (véase carta oficial del 27/06/2019), mientras que Venezuela lo hizo en setiembre del 2019 (véase carta oficial). Usualmente, las candidaturas por la región son avaladas por el GRULAC (Grupo América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), consensuando la designación de los Estados deseosos de presentar su candidatura por la región en función de los escaños liberados año tras año: como indicado anteriormente, puede ocurrir que sean más los postulados que las vacantes.
Finalmente, si bien en el marco regional (OEA – Organización de Estados Americanos), se puede decir que la diplomacia venezolana ha ido perdiendo significativos apoyos en los últimos años, en el marco universal (Naciones Unidas) su margen de maniobra es mucho más amplio, al poder contar con apoyos nada despreciables así como con la influencia que puedan tener varios de sus aliados sobre otros Estados.
Foto del tablero de votación del 23 de julio del 2014, al votarse una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones creando una comisión de investigación sobre la ofensiva militar isarelí en Gaza (29 votos a favor, 17 abstenciones y un solo voto en contra), extraída de nota nuestra sobre los alcances de esta resolución.
A modo de conclusión
Tal y como indicado con anterioridad, los votos obtenidos para alcanzar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos representan una cifra elevada, debido a las intensas gestiones que despliegan los Estados en su contienda anual en Nueva York: en el 2006 Costa Rica logró reunir 6 votos; en el 2014, 120 votos y en ambos casos no resultó electa. En el 2011, reunió 138 votos y logró su elección.
Para algunos analistas consultados por la prensa costarricense, Costa Rica «no la tiene fácil para ganar un puesto» (véase artículo de CRHoy publicada el 7/10/2019). Una de los dos analistas consultados precisa que:
«No soy muy optimista y me preocupa lo que pueda conllevar un nuevo fracaso diplomático«.
La medición de fuerzas entre Costa Rica y de Venezuela se inició con este anuncio oficial dado a conocer el 3 de octubre, y la tarea para la diplomacia costarricense durante estas dos semanas no será fácil: se observará el resultado de las gestiones diplomáticas de Costa Rica (y de Venezuela) el próximo 17 de octubre, cuando sean llamados a depositar en una única urna sus votos cada uno de los 193 integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluyendo los 11 integrantes del autodenominado «Grupo de Lima«. Nótese que, a diferencia de la OEA, Naciones Unidas reconoce como únicos representantes legítimos de Venezuela a las autoridades encabezadas por el Presidente Nicolás Maduro.
Notas
Nota 1: El texto integral del comunicado oficial de Costa Rica se lee de la siguiente manera: «RELACIONES BILATERALES OCTUBRE 03, 2019 08:49 PM. Costa Rica anuncia candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. San José, 3 de octubre de 2019.- El Gobierno de Costa Rica anuncia que presentará una candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con la presentación de dicha candidatura Costa Rica reafirma su tradicional e histórico compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos, y al mismo tiempo, expresa su deber de asumir un papel proactivo para lograr que ese asiento en el Consejo sea ocupado por un país que demuestre los más altos estándares en los procesos de promoción y protección de los derechos humanos.
Sería contraproducente que el asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Consejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Se considera sobre todo que esta posibilidad restaría legitimidad al Consejo de Derechos Humanos que exige a los Estados que pretendan formar parte ese órgano aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estar sujetos al mecanismo de Examen Periódico Universal durante el período en que sean miembros.
Costa Rica espera trabajar en conjunto con otros países, y en especial, expresa a la República Federativa del Brasil, su deseo que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades.
El Gobierno de Costa Rica agradece, asimismo, el apoyo expresado por señores y señoras ex presidentes de la República, así como de señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa. En este sentido, hace un llamamiento a sumar todos los esfuerzos nacionales a una candidatura que ha recogido la dignidad y defensa de nuestros valores.
La candidatura puede afrontar todos los obstáculos, pero es una lucha que Costa Rica no se puede permitir dejar de dar.
Comunicación Institucional (907 CR Consejo de DDHH) Jueves 3 de octubre de 2019.«
Nota 2: Véase nuestra nota titulada «Bolivia, El Salvador y Paraguay electos en el Consejo de Derechos Humanos«, publicada en el sitio especializado de DIPúblico, edición del 27/10/2014.
Nota 3: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:
«La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014. Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011«.
(*) Este artículo fue redactado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
“Aun cuando se prohibieran las huelgas estas no desaparecerán (…) Prohibir el derecho de huelga en una Constitución es tarea fácil, pero inocua, ya que el problema social que la huelga representa y que la produce, no se habrá solucionado en ninguna forma” (R. Facio)
La socialdemocracia moderna se sustentó en tres postulados fundamentales: Estado de bienestar (redistribución de la riqueza), economía mixta y reconocimiento, en general, del papel político de los sindicatos en la sociedad y en particular, en la solución de los conflictos laborales (reparto del poder político).
Como se sabe, el PLN, desde su fundación, se adhirió a la socialdemocracia internacional.
No obstante, desde hace muchos años, renegó de aquellos postulados de la socialdemocracia.
El Estado de Bienestar lo transformó en el bienestar de algunos pocos, de la élite política-económica, que históricamente ha lucrado con los recursos públicos.
La economía mixta, palanca que les favoreció acumular ostentosas ganancias, la empezaron a desmontar desde 1980, aguijoneada por el Consenso de Washington, con la firma de las Cartas de Intenciones con el FMI y los Programas de Ajuste Estructural (Gobiernos Monge Alvarez/Arias Sánchez), continuando con la aprobación del TLC y las más recientes reestructuraciones, incluida JAPDEVA.
A merced de esta restructuración, los recursos públicos se vienen devaluando y privatizando, con el consecuente desmantelamiento de la institucionalidad democrática, el deterioro de los servicios públicos y el endeudamiento insostenible.
El contemporáneo Proyecto de Ley de Reforma del Empleo público, se matricula dentro de esta lógica de desmontaje del constitucionalismo social.
La concepción del Estado Social viene, entonces, sustituida por el autoritarismo de mercado (Lex Mercatoria), que, además, implica la eliminación de la protección de los derechos de la persona trabajadora.
Cómo si lo anterior no fuera poco, desde la promulgación de la Ley de Asociaciones Solidaristas (1984), el PLN lanzó su conjura política contra los sindicatos.
Esta empresa ahora se está felizmente coronando con la aprobación -en primer debate- del proyecto de ley de destrucción del derecho de huelga.
Este proyecto se configura en el marco de esa ofensiva neoliberal, que pretende enervar todos los derechos de los trabajadores, particularmente los derechos colectivos de representación y participación sindical.
El objetivo de este proyecto legislativo resulta irreconciliable con la ideología socialdemócrata que reconoció, por una parte, el papel interlocutor político de los sindicatos y por otra parte, su rol en la construcción de las normas reguladoras de la relación laboral (autonomía colectiva) y en la solución de los inevitables conflictos entre el trabajo y el capital.
Las obras intelectuales del socialdemócrata Rodrigo Facio Brenes, que en las discusiones de la Asamblea Constituyente defendió brillantemente el derecho de huelga, dentro de poco sus detractores del Balcón Verde, las subastarán al mejor postor del mercado.
No queda la menor duda que el PLN ha hecho sobrados y demostrados méritos para solicitar su carné de afiliación a la Primera Internacional Neoliberal.
