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Bukele, Chaves, el TSE y la campaña política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Cuando uno creé que lo ha visto todo, que ya nada lo sorprenderá, algo impensable sucede que nos sacude fuertemente. El pasado miércoles 17 de setiembre en el show habitual del comediante presidencial, se emitió un video del dictador y déspota salvadoreño Nayib Bukele, alabando el gobierno como el que sueña su homólogo en Costa Rica… ¡nos libre Dios!

La alabanza del carcelero salvadoreño Bukele, se fundamentó en que su cuasi discípulo Rodrigo Chaves anunció el financiamiento de la cárcel de seguridad en Costa Rica y la supuesta instalación operativa de los escáneres donados por los Estados Unidos, pero que no pueden operar todavía, por la incompetencia del gobierno. Pero lo verdaderamente grave, lo que no puede permitirse, es que se entrometiera en nuestra campaña política, pidiendo el voto para los candidatos oficialistas, como si fuera un costarricense más.

Tanto el Bukele, que tengo claro no es más que el nuevo dictador salvadoreño, como Rodrigo Chaves, cuyas bacanales mentales lo hacen soñar con ser dictador en Costa Rica; se equivocaron totalmente. El mal imitador de Francisco Morazán debe saber que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, como extranjero tiene prohibido participar u opinar sobre nuestros asuntos políticos, pero además, por su pseudo investidura de presidente democrático de otro país, debe respetar las formas y normas de las relaciones diplomáticas internacionales y, como tal, le digo en buen francés: ¡fermé ta goulde!, que en buen tico se podría traducir como: cierra el h… pico.

En el caso de Rodrigo Chaves y sus “bacanálicas” pretensiones de ser dictador, debo recordarle que el jueguito que ha tenido durante tres años y medio de hacer campaña política y ser beligerante a diestra y siniestra, se acabó. Ahora entramos en el periodo oficial de campaña política, y al igual que en las diez y siete campañas políticas anteriores, el gobierno tiene prohibido hacer campaña política como usted, desacatando la ley, lo ha hecho. Se acabó Rodrigo Chaves que, a cada inauguración de obras construidas o iniciadas en otro gobierno, proyectos inexistentes, puentes sobre una acequia o el primer ordeño de una vaca, lleguen sus achichincles ministeriales con Laura Fernández y su teatro de marionetas delincuenciales, disfrazados de candidatos a diputados, a querer participar en sus bacanales de poder. Si, se acabó, y como dicen en lenguaje popular, de ahora en adelante… calladitos más bonitos.

Espero que el TSE, de una vez por todas, ponga orden. Porque con el cuento que solo puede intervenir por posible beligerancia política si hay una denuncia, se ha hecho de la vista gorda en muchos casos que, incluso, fueron denunciados por varios ciudadanos, yo entre ellos, desde hace seis meses; pero quedaron en la gaveta de una ineficiente e inoperante Inspección Electoral, para darle un trato menos rudo del que merece. Y digo lo anterior porque, el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política dice textualmente: “Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas…”. Sí, señores Magistrados, ustedes deben actuar ante denuncias…pero dice el artículo, pero primero y antes que nada investigar por si, o sea por ustedes mismos, por su propia acción, por su propia iniciativa, por su propia decisión, e incluso hilando más fino en la definición del RAE, “por si acaso” hay una acción ilegal de posible beligerancia o parcialidad política. Pero no lo hicieron, escondieron la cabeza como el avestruz; si, eso lo reclamo como ciudadano, y espero que de ahora en adelante asuman su responsabilidad.

Me pueden señalar por hacer este comentario crítico al TSE, órgano que para muchos resulta casi intocable. Personalmente dejé de creer en su infalibilidad hace cuarenta años y he sido crítico de su accionar en varias ocasiones, como consta en varios de mis libros. Creo que son seres humanos, susceptibles de equivocarse, salvo cuando se convierten en simples contadores de votos. Por eso los ciudadanos debemos estar atentos, reclamar nuestros derechos y la manera correcta y eficiente de salvaguardarlos sin miedo, especialmente en unas elecciones que se presentan atípicas.

Los demócratas debemos exigir ya a los candidatos que asuman posiciones firmes, que tomen el liderazgo que el país reclama contra esa banda de mentalidad autocrática que nos quiere robar nuestra democracia liberal, para imponer un régimen de extrema derecha estilo Bukele, Trump o Milei que, por medio de una autocracia electoral acabe de un tajo con nuestro estado social de derecho, las garantías sociales, la educación y cultura para todos, la conservación de la naturaleza y nuestra paz, que es lo que nos hizo grandes ante el mundo.

Si costarricenses, esta elección no es la más importante, es la definitiva; por eso, o nos pellizcamos para despertamos del letargo, y también pellizcamos a los “básicos de Pilar Cisneros y Chaves” para que se den cuenta del engaño sufrido estos tres años y medio, o nos llevará el pisuicas…y su banda.

Genocidio

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         La normativa internacional. El delito de genocidio fue incorporado al derecho internacional mediante la aprobación y entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.[1] Su descripción típica incluye “…todos los actos cometidos con el propósito de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” y describe como acciones específicas constitutivas de la conducta delictiva: (a) Matanza de miembros del grupo; (b) Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y (e) Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. (Artículo II).

         Esta figura penal es dolosa, es decir, su perpetración supone una “intención probada” de destruir físicamente a un grupo, siendo que la Convención entra a señalar las modalidades de comisión a ser castigadas: (a) El genocidio; (b) La asociación para cometer genocidio; (c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; (d) La tentativa de genocidio; (e) La complicidad en el genocidio. (Artículo III).

         La competencia para el juzgamiento del genocidio y figuras asociadas la tiene el tribunal competente del Estado en cuyo territorio se haya cometido el acto, o ante la corte penal internacional que sea competente conforme a los estados-parte que hayan reconocido su jurisdicción. (Artículo IV).

         Finalmente, la comisión de este delito admite como posible agente de la acción o conducta a la persona individual, sea como autor directo, como instigador o como cómplice.

         La normativa nacional. El tipo penal de genocidio fue vertido casi literalmente a la legislación interna de Costa Rica mediante artículo 382 del Código Penal vigente (1970).[2] Prevé una sanción entre 10 y 25 años de prisión, a quien tome parte con propósito homicida, en la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza, o creencia religiosa o política.[3] Con idéntica pena sanciona las conductas particulares de quien: (1) Causare a los miembros de esos grupos graves daños corporales o psíquicos; (2) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria (sic) que haga posible la desaparición de todos o parte de los individuos que los constituyen; (3) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esos grupos; y (4) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, niños de uno de esos grupos a otros distintos.[4]

         La génesis del concepto. El principal impulsor del concepto genocidio [del griego genus (raza, tribu) y el latín cidio (matanza, masacre)], fue Raphael Lemkin, jurista polaco-judío, quien por vez primera lo acuñó en su libro El Poder del Eje en la Europa Ocupada, publicado en los Estados Unidos de América en 1944, testimonio en el que denuncia los crímenes cometidos por los nazis en Europa.

         Para el criminólogo neozelandés Wayne J. Morrison, “El problema de Lemkin era que ninguna terminología adecuada del crimen cubría los datos que él estaba recibiendo. Las doctrinas tradicionales sobre las leyes o la guerra se basaban en la noción de que estas últimas se libraban entre Estados, en tanto que el Estado alemán estaba librando una guerra contra pueblos, bajo una ideología de superioridad biológica y limpieza racial, y reestructurando Europa. El objetivo nazi no era meramente la derrota de los enemigos del Estado, sino la reorganización biológica de Europa y, más tarde, el establecimiento de un nuevo orden mundial.”[5]

         Aparte de este señalamiento esencial de Morrison en tanto el genocidio es una acción dirigida contra poblaciones determinadas, respecto de las cuales cabe responsabilidad de dirigentes y líderes políticos, insiste en que los alemanes nazis tenían a los civiles como blanco deliberado, se trataba de destruir los elementos esenciales de la vida de ciertos grupos nacionales, destruyendo sus instituciones políticas, sociales, culturales; también su idioma, su seguridad personal, y por supuesto, su vida, libertad, salud y dignidad.

         Para ilustrar la barbarie del fenómeno genocida, el mismo Morrison hace un inventario de al menos 20 genocidios en el mundo, los más graves, durante el siglo XX. Recogemos los que nos han parecido los peores: (1) Entre 1885 y 1908, se exterminó a 8 millones de nativos congoleños del Estado Independiente del Congo, a manos del régimen de Leopoldo II de Bélgica. (No reconocido por la ONU); (2) Entre 1915 y 1922, al menos 1 millón y medio de armenios de Turquía fueron exterminados por los nuevos turcos surgidos del colapso del Imperio Otomano. (Reconocido por la ONU); (3) Entre 1932 y 1933 murieron 38 millones de ucranianos por hambruna impuesta por el gobierno stalinista de la Unión Soviética. (No reconocido por la ONU); (4) Entre 1939 y 1945 se masacró a 6 millones de judíos europeos y a otros 5 millones de gitanos, discapacitados, homosexuales y otros, por parte del régimen nazi de Alemania. (Reconocido por la ONU); (5) En 1965 fueron eliminados físicamente alrededor de 600 mil militantes comunistas por parte del gobierno de Indonesia. (No reconocido por la ONU); (6) En 1971 se calcula que entre 2 y 3 millones de bengalíes de Paquistán Oriental fueron asesinados por el Gobierno Pakistaní. (No reconocido por la ONU); (7) Entre 1975 y 1979 murieron 2 millones de camboyanos a manos del Gobierno de los Jemeres Rojos. (Reconocido por la ONU); (8) En 1995 fuerzas militares servio-bosnias mataron a cerca de 8 mil hombres civiles musulmanes, en la ciudad de Srebrenica, supuestamente bajo protección de los Cascos Azules de Naciones Unidas. Este fue solo un episodio de muchos otros. (Reconocido por la ONU); (9) En 1994 se dio muerte a más de 800 mil personas de la etnia tutsi de Ruanda por parte de milicias de la etnia hutu y soldados del gobierno. (No reconocido por la ONU).[6]

         En América Latina, los hechos más cercanos a genocidios han ocurrido con la masacre perpetrada por el gobierno paraguayo contra el pueblo indígena aché (1972), así como la política de exterminio llevada a cabo contra poblaciones aborígenes por regímenes militares guatemaltecos (1965-1992) y los desaparecidos por razones políticas en Argentina, Uruguay y Chile (1970-1980).

         Genocidio en Gaza. Frente a nuestros ojos, en todo tipo de pantallas, se revela una realidad que evidencia el desarrollo de un genocidio en toda regla. El gobierno del Estado israelí, encabezado por Netanyahu, su gabinete y el ejército de ese país, han puesto en práctica una estrategia de agresión indiscriminada que pretende destruir un grupo nacional, el pueblo palestino, mediante matanzas, atentados contra la integridad física y psicológica de las víctimas, sometiéndolas a condiciones de vida que procuran su aniquilamiento dando muerte a mujeres y niños, y obligando a una expulsión forzada de sus tierras. Todo va dirigido, como lo hicieron los nazis con los judíos, contra un pueblo, una etnia y una cultura. Estas acciones han producido ya, según cálculos conservadores 65 mil asesinados, incluidos más de 20 mil niños y niñas; se realizan constantes bombardeos y destrucción de viviendas, hospitales y escuelas, campos de refugio y ametrallamiento de personas mientras hacen fila para obtener alimentos. No puede caber duda de que se trata de un conjunto de acciones dolosas dirigidas al exterminio de los palestinos para consumar una limpieza étnica y cultural. Bajo ningún concepto de derecho penal internacional puede negarse que estas conductas criminales son técnicamente típicas del delito de genocidio.

         No es de recibo tampoco la alegación de que esto es una “defensa propia” originada en el ataque terrorista de Hamas en octubre de 2024. El derecho penal común contempla los límites de la legítima defensa, obligando a respuestas proporcionadas y razonables, prohibiendo los excesos en toda acción defensiva. Además, el conflicto palestino-israelí no surgió hace un año. Ya son siete décadas en que, como medida agónica del colonialismo inglés, se impuso la creación del Estado de Israel, iniciándose de inmediato las estrategias de despojo y exterminio, más allá del territorio concedido, contra las posesiones territoriales de Palestina. Una solución adecuada, en estos momentos avalada por la inmensa mayoría de naciones del mundo, será la creación y reconocimiento de un Estado Palestino al lado del Estado de Israel.

         Es inadmisible, finalmente, la estrategia propagandística del Estado agresor, acusando de antisemitismo cualquier crítica que se haga a Israel. Los responsables de este genocidio son los militantes de una ideología sectaria llamada sionismo, supremacistas blancos, de extrema derecha y fanáticos del mito bíblico del pueblo elegido, que no puede ser asimilado, bajo ningún concepto, al pueblo y cultura judía.

[1] Emitida el 9 de diciembre de 1948. Entró en vigencia el 12 de enero de 1951. Costa Rica firmó adhiriéndose a esta Convención el 14 de octubre de 1950. El Estado de Israel la firmó el 9 de marzo de 1950. La Delegación Palestina se adhirió el 2 de abril de 2014. Los Estados Unidos de América se adhirió el 25 de noviembre de 1988.

[2] El autor de este artículo no encontró evidencia de que el tipo penal de genocidio fuera incorporado a la legislación interna antes de la emisión del Código Penal de 1970.

[3] El tipo penal costarricense en comparación con el texto de la Convención agrega, en este encabezado, el “propósito homicida”, elimina la razón por “etnia” y agrega la razón “política”.

[4] Este mismo tipo penal nacional, prácticamente es copia literal del Artículo II de la Convención de Naciones Unidas, con la única diferencia que no incluye el supuesto 1) de la Convención referido a causar “Matanzas” de los grupos aludidos, probablemente por darse por supuesto en el encabezado de la versión vernácula el “propósito homicida”.

[5] Morrison, Wayne; Criminología, civilización y nuevo orden mundial; Antrophos Editorial; Barcelona, 2012.npp. 86-93.

[6] Ibid., p. 94.

La crisis de la socialdemocracia: entre la irrelevancia y el olvido

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La socialdemocracia, alguna vez presentada como síntesis entre el marxismo y la democracia liberal, como esa “tercera vía” que prometía un camino intermedio, ha quedado atrapada en un laberinto sin salida desde la proclamación del supuesto “fin de la historia” de 1991. En aquel momento, fue absorbida por el totalitarismo liberal ganador de la Guerra Fría que, disfrazado de pluralismo y falsa horizontalidad, la despojó de su núcleo original: la defensa de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas, cooperativistas y de los sectores populares.

De aquel proyecto que aspiraba a constituirse en alternativa real frente al capitalismo salvaje, apenas subsiste una sombra. La socialdemocracia se desplazó hacia un progresismo cultural que, en lugar de reforzar la base social y económica de los pueblos, se volcó a la defensa de agendas propias del liberalismo individualista: la fragmentación de derechos en torno a minorías culturales, la mercantilización del consumo como identidad y una política reducida a gestos y banderas simbólicas. En lo económico, mutó en una versión moderada del neoliberalismo, legitimando la apertura indiscriminada de mercados, la subordinación al capital transnacional y la lógica devastadora de la globalización occidental.

La fórmula tantas veces repetida “abiertos en lo económico y progresistas en lo social”, no es más que un disfraz del neoliberalismo más acérrimo. Se ofrece con un rostro amable, igualitario y moderno, pero en la práctica reproduce la misma concentración de poder en las élites económicas y políticas de siempre, mientras concede migajas de justicia cultural que maquillan la desigualdad estructural.

Sin un retorno a las raíces, a la tradición y a un mestizaje ideológico con lo propio, con la memoria histórica, las formas comunitarias, las identidades populares y los valores autóctonos, como existió en Costa Rica en su momento, la socialdemocracia está condenada a la muerte política. Su alejamiento de los pueblos y la adopción de agendas ajenas a su realidad en nombre del falso progreso, la arrastra a un vacío existencial donde solo prospera el nihilismo: un discurso hueco de inclusión sin sustancia, una socialdemocracia zombi, un progresismo incapaz de transformar, y una economía que perpetúa las cadenas del capital.

Una ideología que no logra arraigarse en la historia concreta de los pueblos, que no dialoga con la tradición ni se mezcla con lo propio, termina por perder vitalidad y horizonte. La socialdemocracia, en su versión actual, ha dejado de ser alternativa para convertirse en mera administradora del mismo sistema que afirmaba combatir. Si no ocurre un retorno a las raíces y una reconciliación con las verdaderas demandas de las mayorías, su destino será la irrelevancia y el olvido.

El capital, mientras tanto, ha sabido estudiar a fondo a sus adversarios históricos y extraer de ellos lecciones para neutralizarlos, incorporando parte de sus banderas como medidas preventivas y desarmando así cualquier posibilidad de cambio real.

Hoy, esta corriente que en su momento fue rebelde debe ir más allá y dejar de creer que con publicar algo en redes sociales o participar en un acto performativo es “hacer resistencia”, mientras la vida material del pueblo se deteriora en todos los aspectos.

La verdadera resistencia no se construye en la virtualidad ni en gestos simbólicos de una curul, sino en la organización concreta, en la recuperación de la soberanía política y económica, y en la reconstrucción de un proyecto arraigado en la memoria del pueblo. Sin ese salto cualitativo, la socialdemocracia seguirá siendo un actor ornamental del sistema que dice cuestionar, destinada a diluirse entre la irrelevancia y el olvido.

Academia Morista Costarricense invita a acto conmemorativo del magnicidio de Juan Rafael Mora

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Academia Morista Costarricense invita al público en general a participar en el acto conmemorativo del magnicidio de Juan Rafael Mora Porras, expresidente y héroe nacional.

La actividad contará con una conferencia magistral a cargo del Dr. Tomás Federico Arias Castro y con el estreno mundial de la obra musical “Armando el Magnicidio”, del compositor Mario Alfagüell.

Fecha: Martes 30 de setiembre, 2025
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Foyer del Teatro Nacional
Entrada gratuita.

¿Nos estamos convirtiendo en un país de “arrastrados”?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Henry Mora Jiménez

En el español costarricense, el adjetivo «arrastrado» o «arrastrada» es un término muy coloquial y bastante fuerte, cargado de un significado negativo.

La característica principal de una persona «arrastrada» es la falta de dignidad, de vergüenza o de auto respeto. Se usa para describir a alguien que se rebaja o humilla a sí mismo por algún interés calculado, para conseguir un beneficio, ganar el favor de alguien o por simple sumisión.

Y claramente, la palabra engloba varias actitudes que se consideran despreciables, como por ejemplo:

  1. Servilismo y adulación excesiva: Es la característica principal. Un «arrastrado» es un «lamebotas» o un «chupamedias». Hace todo lo que le pide otra persona (generalmente alguien con más poder o estatus) sin cuestionar, con tal de quedar bien.
  2. Falta de autenticidad: No actúa por sus propias convicciones, sino por mera conveniencia. Cambia su opinión o comportamiento para coincidir con quien cree que le puede ayudar.
  3. Oportunismo: Se aprovecha de situaciones o se apega a las personas para sacar un provecho, sin importarle los medios.
  4. Sumisión extrema: No defiende su posición ni su dignidad. Permite que lo traten mal con tal de no perder el favor de la otra persona.

Veamos algunos ejemplos de uso común:

En el trabajo: Un compañero que le hace todos los mandados al jefe, le dice siempre que sí a todo (incluso cuando está mal), y le cuenta chismes de los otros empleados con tal de ser el favorito.

En la política: Un persona que defiende ciegamente a un político o partido, ignorando todas sus faltas, solo por fanatismo o porque espera conseguir un puesto o una dadiva.

En la vida social: Alguien que solo busca amistad con gente de dinero o influencia, cambiando su forma de ser para encajar y obtener beneficios.

En una relación de pareja: Una persona que acepta maltratos, infidelidades o faltas de respeto constantes por no tener la voluntad de terminar la relación.

En resumen, llamar a alguien «arrastrado» en Costa Rica es un insulto grave al carácter de esa persona. Es acusarla de carecer por completo de dignidad y de actuar de manera servil y oportunista. Es un término que refleja desprecio hacia la actitud de quien no valora su propia integridad por un beneficio mezquino.

Pero ¿Y qué observamos en la Costa Rica actual?

Diputados y diputadas serviles y acríticos al poder de turno, aunque con sus acciones nieguen radicalmente lo que en el pasado juraron defender; alcaldes y alcaldesas oportunistas que se pasan de bando partidario no por verdadera convicción sino por interés propio; ciudadanos sumisos y sin escrúpulos que avalan la corrupción, los berrinches y las faltas del presidente sin importar su gravedad; medios de comunicación (públicos y privados) y periodistas que venden su imparcialidad al mejor postor; políticos y líderes sociales que cambian de partido como cambian de vestimenta; dirigentes políticos que ya ni se apenan de que sus partidos sean denominados “partidos taxi”; funcionarios públicos que aplauden y ejecutan órdenes evidentemente incorrectas o ilegales con tal de no contrariar al Ministro de turno o a Casa Presidencial; “influencers” que se comportan como verdaderos sicarios de la verdad y defensores de la “post verdad”. Y ni mencionemos el servilismo hacia el gran vecino del norte, que con contadas excepciones siempre nos ha caracterizado.

Como ha ocurrido en otras ocasiones cuando se han normalizado insultos hasta convertirlos casi en cumplidos (recuerdo en especial el término choricero: “soy choricero, y qué?”), Costa Rica transita hoy por un filo de navaja. La gran diferencia y el peligro real radica en que esta vez no se trata de un mote para un grupo, sino de la normalización de «ser un arrastrado» como estrategia política y social válida. Estamos peligrosamente cerca de que la falta de dignidad, el servilismo y el oportunismo -las actitudes que precisamente definen al «arrastrado»- dejen de ser vistos como lo que son: vicios repudiables que carcomen la confianza y pudren el tejido social. Al aceptar pasivamente que políticos, líderes e influencers actúen con una absoluta falta de autenticidad y vergüenza, no solo los normalizamos: les damos un permiso tácito para que sigan destruyendo los cimientos de la sana convivencia en beneficio propio. Esta no es una simple polarización; es la evidencia de una clara decadencia moral que nos degrada como sociedad.

Frente a esto, nuestro rechazo debe ser activo y consciente.

¡No lo aceptemos! Exijamos, como ciudadanos, autenticidad, coherencia y, sobre todo, dignidad en la vida pública.

¡No lo permitamos! Rechacemos con nuestro voto, nuestra voz y nuestra interacción diaria a quienes premian la sumisión y el arrastre.

¡No lo normalicemos! Señalemos y denunciemos la adulación excesiva y la falta de escrúpulos, aunque vengan de «nuestro bando».

Ausencia injustificada de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

La Asamblea General de la ONU es el único foro capaz de reunir a todas las naciones del planeta. Ante ella, cuando un jefe de Estado comparte un mensaje, sus palabras tienen un peso inigualable. Por ello, para muchos de los Estados allí reunidos, la voz de Costa Rica goza de un prestigio muy bien ganado, como sustento de un pueblo amable con mandatarios usualmente decentes, cultos, muy respetados. Pues se reconoce a nuestro pueblo, como, por ejemplo, amante de la paz, identificado con la protección del ambiente y comprometido con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, aprobada por aclamación ante la presencia del Papa Francisco. Y es que tan valorada ha sido nuestra Patria, que algunos costarricenses han sido incluso sugeridos para ocupar el alto puesto de la Secretaría General.

Por eso y mucho más, la ausencia injustificada del presidente de Costa Rica en las asambleas generales anuales, sin brindar excusa razonable alguna, sorprende a los que discretamente lo mencionan, pues el nuestro no es un país que antes hubiese buscado aislarse de la comunidad internacional. Al contrario. Para los gobernantes ticos, han sido de especial importancia los lazos estrechos con organismos trascendentales de la ONU, como la Corte Internacional de Justicia, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Fondo de Población, la UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de Aviación Civil Internacional, el Banco Mundial, la ACNUR, un Instituto dedicado a la promoción del desarme, la ONU MUJERES y otros más, que en forma conjunta y respetuosa, juegan para Costa Rica, y las otras 192 naciones del mundo, un papel único e irreemplazable de colaboración, cuya existencia depende de la contribución solidaria de todos los pueblos del mundo.

Sin la ONU, mis amigos, reinaría un caos inimaginable en las relaciones internacionales, por lo cual la ONU requiere del apoyo de naciones grandes y poderosas económicamente, pero también de otras naciones, quizá pequeñas, pero poderosas en otros ámbitos, como los que por años se le han reconocido a la Costa Rica que llevamos orgullosamente «en las entrañas».

Con su rechazo a participar, nuestro presidente le hizo daño a su propio país, pues la ausencia no fue la del representante supremo de cualquier «banana republic», gobernada por un sátrapa tropical, sino la de una nación poseedora de una voz humilde, pero con un eco que no se ha quedado dentro de los muros de la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Hacemos votos para que nuestro próximo presidente de la República, nos permita aún desde antes de su elección, vislumbrar que sí podremos reconstruir la esperanza que sentimos urgente.

El dilema del 57%: más allá del voto útil y el voto castigo

Escrito en . Publicado en Análisis.

JoseSo (José Solano-Saborío)

La cifra es elocuente y define la coyuntura: el 57% de la ciudadanía costarricense se declara sin partido o candidato definido (CIEP-UCR). Este no es un dato de apatía, sino el síntoma de una profunda desilusión y una crisis de representatividad. Para este electorado pivotal, la elección de febrero no es una simple contienda entre partidos, sino un complejo plebiscito sobre el rumbo del país, donde la disyuntiva parece reducirse a un oficialismo percibido como populista y autocratizante y una oposición fragmentada que ofrece cambio, pero con rostros múltiples y a veces contradictorios.

Ante este escenario, el votante indeciso debe tomar una decisión que trasciende el candidato individual. Se trata de elegir una estrategia de país, sopesando tres dimensiones críticas: la preservación de la democracia liberal, la consecución de la justicia social y la modernización del Estado Social de Derecho para hacerlo viable en el siglo XXI.

El oficialismo: ¿Continuidad o consolidación de un riesgo?

La opción oficialista se presenta como la defensora de la integridad y la transparencia, “único mal que nos aleja de convertirnos en una potencia regional”, aunque se tenga que sacrificar la justicia social y los logros del Estado Social de Derecho. Su argumento se centra en culpar a las instituciones sociales que califica como “corruptas e ineficientes” e “instrumentos de la élite”, por lo que hay que eliminarlas, algo así como la versión tica del “Estado Profundo” del QAnon de los gringos.

Que atractivo tiene el chavismo que ofrecer al 57% de indecisos o “sin partido”.

Pros para el votante indeciso: Ofrece una aparente estabilidad y continuidad en políticas macroeconómicas como la reducción de la deuda pública. Apela a la “modernización” de un modelo que, en el pasado, dio prosperidad al país, pero que fue corrompido. Para quien prioriza evitar un shock económico sobre una regresión en derechos sociales, puede parecer atractivo.

Contras fundamentales: El gran riesgo radica en la deriva autocrática. Las constantes pugnas con otros poderes del Estado, la retórica confrontativa y las prácticas que erosionan los controles y equilibrios democráticos son una alerta máxima. Un voto por el oficialismo puede interpretarse como un aval a este estilo de gestión, que podría consolidar un modelo de concentración de poder incompatible con la democracia costarricense histórica. Además, en el caso de los partidos más viejos o tradicionales, su discurso a menudo se muestra resistente a las reformas modernizadoras pero progresivas urgentes que el país necesita en materia fiscal, de empleo y de eficiencia estatal.

La oposición fragmentada: oportunidad y desconfianza

La oferta opositora es plural, pero su fragmentación es a la vez su fortaleza y su mayor debilidad. Una parte de nuevas opciones política y coaliciones representan la alternativa de cambio, pero sin una visión unificada, ni convincente hasta ahora.

Pros para el votante indeciso: Encarna la posibilidad de restaurar los equilibrios democráticos y frenar la concentración de poder que pretende consolidar el chavismo. Diversos sectores opositores proponen agendas de modernización del Estado, atracción de inversión y generación de empleo, abordando problemas económicos críticos que afectan la calidad de vida. Un voto por la oposición es, en esencia, un voto por la alternancia y la renovación del sistema.

Contras fundamentales: La falta de unidad genera incertidumbre. ¿Un gobierno de coalición por un posible consenso para la eventual segunda ronda? ¿Será viable o será ingobernable? Existe el temor fundado de que, una vez en el poder, las facciones opositoras repitan viejas prácticas clientelistas o impulsen reformas sin los consensos necesarios, generando conflictividad social. Para el votante que valora la justicia social, el desafío es discernir si la “modernización” propuesta no será un eufemismo para desmantelar conquistas sociales.

Estrategias de voto: ¿El voto útil o quebrar el voto?

Aquí es donde la decisión del 57% se vuelve táctica.

El voto útil: Consiste en apoyar al candidato opositor con mayores posibilidades de derrotar al oficialismo en una eventual segunda ronda, aunque no sea la opción preferida. Es una estrategia pragmática cuyo objetivo principal es garantizar el cambio de gobierno y la defensa del sistema democrático.

Pro: Maximiza la probabilidad de evitar la reelección del oficialismo. Es una respuesta contundente a la polarización.

Contra: Sacrifica la expresión de una preferencia ideológica más afinada. Puede perpetuar un sistema bipartidista de facto y desincentivar la oferta de propuestas más innovadoras y específicas.

Quebrar el voto (o voto estratégico distinto): Implica votar por una opción opositora que, aunque no lidere las encuestas, represente mejor los valores e intereses del votante (por ejemplo, una opción más centrada en la modernización tecnocrática o, por el contrario, en una justicia social renovada). La esperanza es que una buena votación para estas opciones fuerce al eventual ganador opositor a incorporar sus agendas en un gobierno de coalición y consensos.

Pro: Fortalece la democracia al mostrar el peso real de distintas corrientes de opinión. Envía un mensaje claro sobre las prioridades de la ciudadanía (medio ambiente, transparencia, economía social solidaria, etc.).

Contra: Es un riesgo calculado. Si el voto opositor se fragmenta demasiado, podría facilitar el paso a la segunda ronda del oficialismo, frustrando el objetivo común de cambio.

Un voto por la gobernabilidad democrática futura

El ciudadano del 57% no debe sentirse presionado a elegir entre democracia y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. La verdadera elección es cómo construir una gobernabilidad que garantice ambas.

La pregunta clave es: ¿Qué escenario ofrece más posibilidades de reconstruir un pacto social que modernice el Estado Social de Derecho sin destruirlo?

Un voto por el oficialismo, en la percepción mayoritaria, parece condenar al país a otros cuatro años de polarización y estancamiento en las reformas urgentes, con el riesgo latente de una mayor erosión democrática y concentración del poder e, incluso, la venta o desmantelamiento del ICE, la Banca Estatal, el INS y demás ‘joyas de la abuela’.

Un voto por la oposición, a pesar de su desorden, abre la puerta a la incertidumbre, pero también a la oportunidad. La responsabilidad del 57% no termina el primer domingo de febrero. Su verdadero poder será exigir, vigilar y participar para que, cualquiera que sea el resultado, el próximo gobierno entienda que su mandato no es imponer una ideología, sino facilitar un diálogo nacional que reconcilie la justicia social con un Estado eficiente, la sólida con una economía pujante. El voto no es el fin, es el primer acto de una ciudadanía que despierta para reclamar su futuro.

Sin hablar de seguridad pública, seguridad alimentaria y el agro, la recesión turística, por ahora me voy prometiendo hablar de esto y qué oferta hacen los movimientos políticos, en la próxima.

Saludos desde el este.

La Angostura de Puntarenas 1860: escaramuzas, magnicidio y memoria de Juan Rafael Mora Porras

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Introducción

Los sucesos de La Angostura de Puntarenas en 1860 constituyen un momento decisivo de la historia costarricense, donde la lealtad, la geografía y la traición marcaron el destino de la república. El regreso de Juan Rafael Mora Porras, acompañado de hombres como su cuñado José María Cañas Escamilla, su hermano José Joaquín Mora, e Ignacio Arancibia, conocido como “El Terneras”, buscaba restaurar la legitimidad rota por el golpe de 1859. La captura en La Angostura y el fusilamiento del 30 de septiembre de 1860 sellaron uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional: un magnicidio de Estado contra el héroe de 1856.

José María Cañas Escamilla: el leal general

El general José María Cañas Escamilla, nacido en El Salvador en 1809, encarna la figura del extranjero que adoptó a Costa Rica como patria. Militar de talento, hombre culto y de visión modernizadora, había sido gobernador de Puntarenas, diplomático y uno de los estrategas clave en la guerra contra los filibusteros. Cañas no solo era el cuñado de Mora, sino también su más cercano colaborador político y militar.

Su decisión de acompañarlo en la expedición de 1860 refleja una fidelidad inquebrantable. Sabía que el retorno era arriesgado, pero entendía que el deber patriótico estaba por encima de su seguridad personal. Como apunta Vargas (2010), “Cañas asumió que el destino de Mora era también el suyo; la república debía defenderse aun si ello costaba la vida” (p. 142). Su fusilamiento en El Jobo, junto al de Mora, convirtió su figura en símbolo de lealtad absoluta y de integración centroamericana en la gesta costarricense.

Ignacio Arancibia, “El Terneras”: el audaz extranjero

Entre los hombres que acompañaron a Mora en 1860 destacó Ignacio Arancibia, apodado “El Terneras”. Chileno de origen, Arancibia había llegado a Centroamérica como aventurero militar y se convirtió en uno de los más firmes aliados de Mora. Cuñado de don Juanito y Jefe político de Esparza, había conocido a Mora en sus viajes de exportación de café a Valparaíso. Su figura resume la solidaridad internacional de aquella causa: un hombre que, no siendo costarricense, entregó su vida por la república. Fue fusilado al lado de Mora el 30 de setiembre de 1860.

La traición y la soledad estratégica de Mora

Los planes de Mora se frustraron debido a la traición de un soplón que alertó al gobierno ilegítimo de Montealegre. Las fuerzas leales que debían reunirse con Mora fueron detenidas y puestas en calabozo, mientras que el paso por la “Barranca hacia Puntarenas” fue cortado por tropas gubernamentales.

Esta maniobra aisló a Mora de sus aliados en el interior del país, dejándolo únicamente con el apoyo del último bastión fiel: los porteños. Comerciantes, estibadores y vecinos de Puntarenas se convirtieron en su sostén material y moral, aunque insuficiente para revertir la superioridad numérica y logística de las fuerzas oficiales. Esta soledad estratégica explica parte de la vulnerabilidad de los moristas en La Angostura y su posterior captura.

La Angostura: escaramuzas y captura

En el estrecho paso de La Angostura, Mora, Cañas, Arancibia y unos doscientos seguidores intentaron resistir al ejército de Montealegre. El terreno favorecía la defensa: mar a un lado, manglar al otro, y un único camino estrecho hacia el interior. Sin embargo, la superioridad numérica y logística de las fuerzas gubernamentales pronto inclinó la balanza.

Las escaramuzas fueron intensas: disparos, emboscadas improvisadas, cargas de bayoneta. La crónica literaria de Manuel Argüello Mora en Eliza del Mar subraya la valentía de los leales, y la obra de Dionisio Cabal recuerda la dignidad con que enfrentaron la captura. Finalmente, el grupo fue reducido: Mora, Cañas y Arancibia fueron apresados, con lo que se cerró la esperanza de restauración inmediata.

Camino al patíbulo: la dignidad en El Jobo

El 30 de septiembre de 1860, Mora, Cañas, José Joaquín Mora, Arancibia y otros compañeros fueron llevados al sitio de ejecución en El Jobo. La marcha se convirtió en un acto de dignidad republicana: los prisioneros avanzaron erguidos, sin claudicar. La memoria popular recogida por Cabal y la novelística de Argüello transmiten la intensidad de esos instantes: el héroe caminando hacia la muerte con serenidad y valentía.

“Mora caminaba erguido hacia su sentencia con la muerte, Arancibia trastabilla, Mora lo pone de pie con su brazo, a lo que Arancibia, ex jefe político de Esparza y cuñado de Mora, le dice: usted muere en su Patria, pero yo muero muy lejos de la mía”.

La frase revela la hondura humana del momento: Mora sostiene a su compañero extranjero, y Arancibia reconoce el sacrificio doble de morir en tierra ajena. Ese instante resume la dimensión universal del drama: el líder republicano muere por su patria, y el extranjero solidario, por una causa que adoptó como propia.

El consejo de guerra fue un mero formalismo. La sentencia estaba dictada desde antes: eliminar física y simbólicamente a Mora y sus leales. El fusilamiento constituyó un magnicidio de Estado, ejecutado no solo contra un expresidente, sino contra la memoria de la república soberana que él representaba.

Magnicidio de Estado y memoria

La ejecución constituyó un magnicidio de Estado, no solo contra Mora, sino contra su proyecto de república soberana. Gudmundson (1990) ha señalado que “la ejecución de Mora no solo fue un castigo personal, sino el intento de asesinar una visión de república cimentada en la soberanía” (p. 237).

El sacrificio de Mora, Cañas y Arancibia no pudo ser borrado por la narrativa oficial. La memoria popular porteña, la literatura de Eliza del Mar y las recreaciones culturales posteriores restituyeron su legado. En ellos no aparecen como caudillos vencidos, sino como mártires republicanos que enfrentaron la ingratitud de un régimen ilegítimo.

Hoy, la figura de Cañas simboliza la fidelidad sin fisuras y el compromiso de un centroamericano que entregó su vida por Costa Rica; mientras que Arancibia representa la audacia y el internacionalismo de la causa. Su memoria junto a Mora reafirma que la defensa de la soberanía no conoce fronteras.

Conclusión

Las escaramuzas de La Angostura y el fusilamiento en El Jobo fueron más que episodios bélicos: fueron un parteaguas en la historia política costarricense. La lealtad de Cañas, la audacia de Arancibia y la firmeza de Mora constituyen un legado ético que interpela a la república hasta hoy. El magnicidio de 1860 reveló la crudeza del poder oligárquico, pero también dejó sembrada la semilla de una memoria resistente, que en la literatura, la historia y la cultura popular ha reivindicado a los héroes caídos.

La traición, la soledad estratégica y la superioridad oligárquica marcan la tragedia de Mora en 1860. Sin embargo, la fidelidad de Cañas, la audacia de Arancibia y el coraje de Mora frente a la adversidad consolidan un legado ético y moral: la defensa de la soberanía y la dignidad de Costa Rica, incluso ante la traición y la muerte. La memoria histórica y literaria asegura que estos hombres no fueron vencidos, sino recordados como símbolos de lealtad y heroísmo republicano.

Referencias

  • Argüello Mora, M. (1899). Eliza del Mar. San José: Tipografía Nacional.
  • Cabal, D. (2006). La Cantata de 1856. San José: Editorial Costa Rica.
  • Gudmundson, L. (1990). Costa Rica antes del café: Sociedad y economía en la época colonial tardía. Editorial Universidad de Costa Rica.
  • Meléndez, C. (1975). Juan Rafael Mora y su tiempo. Editorial Costa Rica.
  • Molina, I. (2000). Costa Rica en el siglo XIX: Estado, nación y sociedad. Editorial Porvenir.
  • Vargas, H. (2010). El ocaso de un héroe: Mora Porras y la política costarricense del XIX. San José: EUNED.

*Historiador y especialista en la Campaña Nacional

Conferencia virtual con el Dr. Pablo Semán analizará el avance de las extremas derechas en América Latina

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La Maestría Centroamericana en Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita a la comunidad académica y al público en general a la conferencia “América Latina, las extremas derechas y el espejo de Próspero”, a cargo del Dr. Pablo Semán, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La actividad se realizará de manera virtual el martes 14 de octubre de 2025, a las 4:00 p.m. hora de Costa Rica (7:00 p.m. en Argentina), con transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook y YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, la Maestría Centroamericana en Sociología y la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).

El Dr. Semán es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Antropología Social por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Su trayectoria académica ha estado marcada por investigaciones sobre religiosidad popular, cultura política y transformaciones sociales en América Latina. En esta conferencia analizará la reconfiguración del panorama político contemporáneo y el papel que están desempeñando las extremas derechas en la región.

La actividad cuenta con el apoyo de la Maestría Centroamericana en Sociología, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), el Posgrado en Sociología de la Universidad Nacional de Honduras y el Programa de Posgrado en Sociología de la UCR.

¿Había que desaforar necesariamente al presidente?

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Alberto Salom Echeverría

Costa Rica contempla en su artículo 148 Constitucional, el aforo o inmunidad en favor del presidente de la República. Esto significa que en caso de que, a juicio del fiscal general se le deba procesar ante la presunta comisión de un delito, solamente el Ministerio Público por medio de este fiscal general, que es bajo cuya responsabilidad se acopia la información, puede solicitar ante la Asamblea Legislativa el desafuero (o sea, quitarle la inmunidad al presidente), con el fin de que el primer poder de la República conozca del asunto. Cuando así ocurra, el Congreso integrará una comisión para recomendar al plenario lo que considere pertinente. Una vez que la comisión llegue a un veredicto concluyente, lo remitirá para ante el presidente legislativo, con el objeto de que éste, a su vez, lo someta a la consideración del pleno de los diputados, compuesto por los 57 legisladores.

El pleno solamente podrá resolver desaforar al presidente, cuando el informe de la comisión haya sido aprobado por la mayoría de sus miembros y luego sea remitido al plenario legislativo, donde deberá ser aprobado por dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea. El presidente de la República, si lo desea podrá comparecer ante los diputados en su defensa, mas no está obligado a ello. En el caso de que no se reúna la mayoría calificada de 38 votos, el asunto se tendrá por rechazado y el proceso se detendrá hasta que el titular de la presidencia de la República haya concluido el período para el cual fue electo.

¿Está obligado el fiscal general a someter la solicitud de desafuero a la Asamblea Legislativa, si posee indicios claros de que ha habido la comisión de un delito por parte del presidente de la República?

En general la jurisprudencia considera que hay tres planos para analizar la cuestión y resolver si merece o no que el Ministerio Público por medio de la fiscalía someta el desafuero a la consideración de la Asamblea Legislativa:

Lo legal. No existe ni en la Constitución de la República, ni en el Código Procesal Penal, una ley o consideración que exprese que el fiscal general posee la obligación de someter para ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial (para la formación de causa), tras haber detectado indicios de un delito. Por otra parte, el presidente no podrá ser procesado penalmente mientras esté en el ejercicio de sus funciones, excepto que, el pleno de la Asamblea mediante mayoría calificada declare que hay lugar a formación de causa, de acuerdo con el artículo 148 constitucional.

Lo jurídico-práctico. ¿Qué pasa si el fiscal decide no someter el desafuero al presidente de la República, a la consideración del Poder Legislativo, a pesar de haber acumulado indicios de que éste hubiere cometido algún delito?

Si no hay tal solicitud de parte del fiscal, significa que ningún tribunal penal podrá investigar, ni juzgar al presidente mientras esté en funciones. Pero debe quedar claro que, tanto cuando el fiscal se abstenga de someter el asunto a consideración de la Asamblea, como cuando este primer poder de la República, habiéndose sometido a su consideración el desafuero, no obtenga la mayoría calificada de 38 votos necesaria para iniciar la formación de la causa, en ninguno de estos dos casos implica que el presidente haya quedado absuelto del delito o los delitos que se le imputan. El proceso causal se detiene por un tiempo, y se reiniciará en los tribunales comunes, cuando legalmente el funcionario concluya su mandato. Por otra parte, el ciudadano común puede solicitar también el desafuero contra el presidente. Sin embargo, por la naturaleza o importancia de la persona que se intenta acusar, se requiere de un respaldo jurídico serio, de modo que, sin el aval del Ministerio Público, se considera muy difícil que la iniciativa ciudadana prospere.

El plano ético y funcional. Aquí la jurisprudencia considera que, dada la responsabilidad institucional que tiene ante sí y ante la ciudadanía el fiscal general, siempre que tenga indicios sólidos o fundados contra la figura del presidente, en el sentido de que ha incurrido en algún delito, tiene el deber de someter el caso ante la Asamblea Legislativa; esto implica al menos lo siguiente:

-Debe abrir el Ministerio público bajo la dirección del fiscal, una investigación preliminar, sin violar los límites del aforo.

-Lo anterior lo conduce necesariamente al imperativo de recabar toda la evidencia que le sea posible, como para justificar la solicitud de la formación de causa.

-Por lo general, las dos premisas anteriores son base firma para que el fiscal proceda a presentar la solicitud a la Asamblea Legislativa, o sea con base en la evidencia acumulada. Solo razones excepcionales inhibirían al fiscal de proceder conforme lo dicho, por cuanto el fiscal está sometido también a control, en primer término, por parte del Poder Judicial al que se debe. Si tiene evidencia seria y no procede a elevar el asunto a la Asamblea, podría considerarse que el fiscal ha incurrido en una falta grave por omisión de deberes o encubrimiento.

En resumen, podemos decir que el fiscal general no está obligado legalmente a pedir el levantamiento del aforo; prácticamente, es el único actor que posee legitimidad para hacerlo con eficacia, desde el punto de vista ético, si tiene indicios suficientes acumulados, contra el presidente, por el bien del estado de derecho y por transparencia, debe proceder, so pena de hacerse cómplice del delito de encubrimiento o complicidad.