«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué el reclamo de la infancia al respeto y al diálogo desarma la propaganda de la General Cañas y nos recuerda que la paz se practica con el ejemplo y no con la estricta estrategia del insulto.
Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ iluminando la carretera General Cañas mientras Costa Rica atraviesa uno de los períodos de mayor crispación política de sus últimas décadas.
La instalación lumínica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) es hermosa, pero las palabras en el escenario público también funcionan como espejos. Esta imagen nos obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿es este despliegue un simple gesto patriótico o una flagrante contradicción política que pretende maquillar con propaganda la retórica oficialista de la confrontación?
El viejo refrán popular alberga una sabiduría implacable: «dime de qué presumes y te diré de qué careces». En este contexto, resulta contradictorio que el Poder Ejecutivo exalte la concordia en las carreteras mientras, en la práctica cotidiana, se cultiva el enfrentamiento permanente como método de gobierno.
Como hemos podido observar, durante la administración de Rodrigo Chaves, y ahora bajo la línea de continuidad de la presidenta Laura Fernández, el aparato estatal se ha concentrado en deslegitimar de forma sistemática a las instituciones que garantizan el equilibrio republicano. La Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la prensa independiente han sido convertidos en blancos recurrentes de descalificaciones y etiquetados oficiales desde el poder.
Frente a este ambiente de constante hostilidad que promueven las altas esferas gubernamentales, la verdadera sensatez cívica ha brotado desde las aulas escolares. Los actos del pasado 1ero. de setiembre en el cantón de Coronado quedaron marcados por la intervención de Keyla Chavarría Jiménez, una estudiante de segundo grado y apenas ocho años de edad, quien con enorme lucidez sacudió la complacencia de los adultos al recordarles una verdad medular:«la democracia no solamente se hereda, también se cuida». Su mensaje desarmó la propaganda política actual, evidenciando que la estabilidad de una nación no se decreta, sino que se construye tolerando la disidencia.
Lamentablemente, el comportamiento del Gobierno transita por el rumbo contrario. En el preciso momento en que la escolar recordaba que el civismo exige convivir en la diversidad al dictar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aun así se hablan con respeto», el ministro de Justicia y Paz utilizaba su papelería oficial para validar el rastreo y etiquetado de profesores y defensores civiles bajo la premisa de tenerlos «identificados». De manera simultánea, la presidenta de la República arremetía contra la independencia judicial, acusando públicamente a los veintidós magistrados de la Corte Suprema de amoldar sus fallos a conveniencias de continuidad de sus cargos.
Estos ataques rompen el tejido social elemental, dado que no puede haber paz institucional cuando se pretende arbitrariamente dividir al país entre «ciudadanos legítimos» que aplauden al oficialismo, y supuestos «enemigos de la patria» bajo registro y vigilancia estatal.
Por esa razón, las peticiones de Keyla constituyen un severo y directo emplazamiento ético a las autoridades del Estado. Al exhortar a los adultos a deponer los discursos de odio, Keyla sentenció: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».
Lamentablemente, el oficialismo actual intenta validar su opacidad y sus despliegues autoritarios bajo la premisa de que el triunfo en las urnas les concede un poder absoluto e incuestionable. Olvidan de forma voluntaria que en nuestro ordenamiento constitucional el gobernante es un simple administrador transitorio y que el verdadero soberano es el pueblo. Los frenos técnicos de los tribunales y la fiscalización del periodismo independiente no son obstáculos ni complots; son las salvaguardas que protegen la libertad de la ciudadanía frente a los abusos del mandatario de turno.
La paz, tal y como lo resumió de forma magistral la escolar, va mucho más allá del desarme militar: «La paz no significa solamente vivir en un país sin ejército; significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».
Siendo así, es claro que la auténtica fortaleza republicana no radica en gritar más fuerte desde un micrófono presidencial ni en atemorizar a la judicatura, sino en respetar la legalidad y actuar con la humildad de saber que el poder puede equivocarse.
Este próximo 14 de septiembre, cuando la ciudadanía responda a la convocatoria de participar activamente en la faroleada nacional portando luces y banderas blancas por la concordia, se estará enviando una advertencia contundente a las cúpulas políticas.
Es hora de que los inquilinos temporales de Casa Presidencial abandonen la estricta estrategia del insulto y demuestren con acciones que, tal como concluyó Keyla en Coronado, «todas las personas merecen ser tratadas con dignidad».
Imagen: Página de la CNFL en Facebook aportada por el autor.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario por la UCR
En la primera entrega se ve cómo un fallido intento de femicidio en Bolivia mostró serias sospechas de cómo la derecha se alzó con sonados triunfos en la zona, solo con excepción de México y Brasil.
Con toda clase de pruebas que van saliendo- ante casi indiferencia de la gran prensa estadounidense – la corrupción y complicidad de nuestras élites con fraudes, noticias falsas, lavado de dinero, entre otros aspectos, son ya irrebatibles.
Horas después de la captura de Cerimedo, aquel equipo de técnicos de los parlamentarios bolivianos, del que hablamos en la primera parte de estas entregas, descubrió que dicha cuenta principal fue vaciada casi por completo. Sostienen que el millonario argentino en cuestión de minutos pasó a tener menos de un dólar en cesa cuenta.
Para este equipo, sin embargo, este tipo de transacciones siempre deja una huella, por eso hay posibilidad de saber a dónde fueron esos fondos.
Para el senador Leonardo Roca, la fiscalía de Bolivia tiene la oportunidad de descubrir desde dónde provenían los dineros por actividades de criptominería o de estructuras de financiamiento opaco, dijo.
Dicho rastreo financiero complica entonces el escenario procesal de Cerimedo, quien es identificado por medios internacionales como ex estratega de campañas electorales de la derecha regional (incluyendo a Milei, Bolsonaro, Paz, Noboa, el hondureño Asfura y Trump, entre otros). El investigado ya enfrenta además una pesquisa de la fiscalía boliviana por la presunta comisión de los delitos de extorsión y tráfico de sustancias controladas.
Por declaraciones dadas recientemente por el expresidente Morales y recogidas por múltiples medios regionales, sabemos que entre las andanzas de Cerimedo están dos granjas de bots y algoritmos en Bolivia y Buenos Aires para posesionar gobiernos de ultraderecha.
El expresidente Evo Morales sostiene que Cerimedo es la punta del iceberg del fascismo en América Latina, bajo la cobertura de un nuevo Plan Condor, como el promovido por Estados Unidos a partir de 1975, recordó.
En este gobierno de Rodrigo Paz, Cerimedo actuaba como todo un canciller o intermediario de Estados Unidos, participando en decisiones del gabinete, enfatizó Morales.
En sus manifestaciones hace referencia a lo que llama persecución contra los líderes populares y los graves problemas de corrupción con fondos públicos, narcotráfico, así como la presunta complicidad de diversos sectores de poder en su país y la región.
En medio de esta tempestad creada por este argentino, Beller lanzó recientemente más leña a la hoguera y públicamente reveló que en el domicilio que compartía con su expareja había también gran cantidad de dinero producto, según ella, de negocios oscuros.
Según afirma ella, en su red de Facebook e Instagram, dichos beneficios económicos vienen de la corrupción y comisiones ganadas por sus vínculos con el gobierno boliviano.
Ya el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una gira por el interior de su país describió, lo él consideró, nexos de la derecha suramericana con la corrupción, el lavado de activos y el negocio de la droga, pero la región tenía otras prioridades.
Según Petro, en el sur continental funciona una “Junta del Narcotráfico” como una red criminal transnacional, que es uno de los poderes ocultos más influyentes en el negocio global de la cocaína.
Según, el hoy exgobernante colombiano, esta red mafiosa se originó a partir de una antigua «junta directiva del narcotráfico» vinculada inicialmente al negocio de las esmeraldas en Colombia, la cual se ha reconfigurado para operar ahora de manera global.
Actualmente, sostiene Petro, operaría activamente en Colombia, Ecuador, México, España, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, enfocada en sectores legales como el fútbol, y utilizando una estructura que garantiza el cumplimiento de acuerdos entre diversos grupos criminales dispersos.
Los conocidos analistas mexicanos, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, junto al experto español en redes sociales, Julián Macías Tovar, son del criterio que la conexión de Cerimedo y sus operaciones digitales van más allá de lo que hasta ahora trasciende.
Recuerdan que el argentino no estuvo solo en la fundación del periódico extremista “Derecha Diario”, donde figuró como socio el periodista español y protegido de la Casa Blanca, Javier Negre.
Por estos analistas mexicanos conocemos que a Negre lo asocian con grupos de extrema derecha y permanece actualmente bajo cobijo de la Administración Trump en Estados Unidos.
Ese diario, más el canal digital Estado de Alarma TV (EDATV) controlado por Negre, ganaron visibilidad y millones de dólares en un tiempo récord, gracias a la promoción de conocidos expositores del talante de Milei, Marco Rubio, Vicente Fox, Felipe Calderón, Nayid Bukele, Álvaro Uribe, Daniel Noboa, etc.
Además, ambos medios, con la visibilidad por toda América hispana, actuaban como una especie de laboratorio político para estar al tanto de la reacción colectiva en torno el apoyo hemisférico para Donald Trump y sus virulentos ataques contra el socialismo, Nicaragua, Cuba y conocidas caras revolucionarias.
Negre, actualmente cierra fila con el estratega estadounidense Brad Parscale, quien provee, según afirmó Macías a los dos periodistas mexicanos, tecnología avanzada y tácticas de desinformación (IA, granjas de bots) para campañas políticas de la extrema derecha a nivel global.
Macías expone que, más allá de la ideología, existe una industria lucrativa del odio y las fake news que opera con total impunidad. Detalla cómo estos operadores usan el tráfico de influencias, medios afines y el control del algoritmo para servir a los intereses de Estados Unidos e Israel.
Casi al final de la entrevista opinó sobre cómo estos personajes encuentran aliados locales en América Latina para instalar sus narrativas, aunque en muchos casos su influencia real es mucho menor de lo que presumen.
En conclusión, los exponentes coinciden en la necesidad de mayor soberanía digital y regulaciones institucionales para detener esta estructura global que, según Macías, viola flagrantemente los derechos humanos mediante la vigilancia y la manipulación psicológica.
Sobre esta misma línea de pensamiento – “Make Colonialism Great Again: La Casa Blanca convierte la recolonización en su doctrina global” – se advierte que a la derechización del continente le importa más la capacidad de obedecer que empatías, soberanía, nacionalidad, etc.
El planteamiento anterior encuentra sustento sí, por ejemplo, vemos como don Rodrigo Paz Pereira es gallego de pura cepa nacido en Santiago de Compostela un lejano 22 de septiembre de 1967 y designado presidente para el país andino de Bolivia en las elecciones, en octubre de 2025.
Militarizó las protestas populares a pocos días de asumir el gobierno y hoy distintas fuentes lo vinculan a las andanzas de Cerimedo, pero él lo niega. Si obedece a pie juntillas al Escudo de las América.
Protagoniza, una y otra vez, un ejercicio de amnesia selectiva digno de aplauso, intentando explicarnos que los millones de dólares hallados en manos de su entrañable cofrade y productor de bots, así como valijas brillando oro, oliendo a gasolina y otros negocios chuecos, son simples espejismos de la geopolítica.
El argentino Fernando Cerimedo apresado cuando intentaba viajar a su país. (F. Diario Noticias Bolivia).
Va otro. Desde la cruzada del “Tigre” desde el Norte, dónde juró lealtad como ciudadano de las barras y las estrellas en 2023, Abelardo de la Espriella, (nacido en Colombia en 1978), empezó a caminar hacia la Casa de Nariño, gracias a aquel granjero argentino, viajero incansable desde Chile y la Patagonia, pasando por Honduras o dónde lo llamaran.
Petro se cansó de gritar al viento que el software electoral albergaba un fraude inminente, pero cuando lo dijo, 48 horas antes de los comicios, las cartas ya estaban tiradas. A nadie importó; el algoritmo había calculado tan bien las cosas que ya incluía, como una línea de código inevitable, la aceptación del resultado en el pueblo y el extravío de al menos 33 mil boletas, según Iván Cepeda, candidato perdedor.
Daniel Noboa, el otro estadounidense – según Wikipedia – elegido para cuidar a Ecuador y a los ecuatorianos con la ley y la Constitución en la mano, nació en Miami el 30 de noviembre de 1987 y tiene a su haber aun tres años más para llenar los barcos con bananos de oro como el principal producto de exportación dirigidos a todo el mundo.
Así, los bots de Cerimedo, llegan hasta la mitad de mundo y se imponen a los anti “trumpsionistas” locales, las denuncias de desapariciones de personas, militarización de los comicios y las protestas populares.
Ese Estado profundo norteamericano —el engranaje invisible donde los hilos de la economía, la política y la brújula moral se anudan en el café de la madrugada— devolvió a Honduras el 26 de julio de 2026 al expresidente Juan Orlando Hernández, empaquetado en una sombra de hierro y entregado al trono de los señores de la bruma, como si la historia fuera una baraja vieja que siempre vuelve a caer en la misma mano manchada de lágrimas, sangre y pólvora.
La excandidata presidencial de Honduras por el Partido Libre, Rixi Moncada, no se cansó de advertir que venía una fraude contra el progresismo. El algoritmo sabía ya, que su memoria, sufriría un muy “breve” lapsus, pero suficiente para vivir la “fiesta democrática” en Honduras, el pasado 30 de noviembre de 2025.
Todavía a mediados de agosto anterior, en un comunicado divulgado en redes sociales, Moncada recordó que durante las elecciones de noviembre el fraude electoral se cantó por injerencia extranjera para desplazar a su fuerza política del poder.
Su agrupación progresista corrió la misma suerte en la región de otras “izquierdas” de alternancias y posiciones socialdemócratas.
Las advertencias de Moncada sobre conspiraciones palaciegas y pantallas alteradas resonaron como un eco lejano en una noche de luna llena, ranas y grillos.
Personas hondureñas viven la “fiesta democrática” en noviembre pasado. La excandidata presidencial, Dixi Moncada, pide investigar las andanzas de Cerimedo en su nación. (Foto de El País de España).
La red de Cerimedo en Honduras, a la luz de lo que está saliendo en Bolivia – reportó el periódico Los Tiempos -, debe investigarse a fondo, atribuyendo el párrafo a Moncada.
Ahora, el asesor argentino, nadie lo conoce en Honduras. Y en un acto de magia ya desapareció de la memoria colectiva. ¿Para quién trabajó?, ¿con quién se reunió?, ¿qué estructura digital operó? y ¿cuál fue su participación en el proceso electoral de 2025?, preguntó la dirigente política a las autoridades de su país, pero Cerimedo, se esfumó.
Los pueblos son los hacedores de democracia. Solo ellos la originan, siempre y cuando la identidad que los caracteriza no sea borrada por quienes dicen representarlos.
El Dr. Erick Rodríguez, ex ministro de Salud venezolano en 2007 y especialista en comportamiento humano, fue de los primeros especialistas en la región de rescatar la identidad de los pueblos como un valor supremo que los une, mientras la falta de esta autoestima conduce a ir remedialmente a su “disociación” y a descarrilarlos.
Dicho concepto transcurre nada pacífico por estos lados, cuando la experiencia liberal reduce toda esta vivencia a llamados comiciales cada cierto tiempo, cerrando después cualquier posibilidad de referéndum u otros modos de revocatoria a los administradores escogidos durante costosas campañas.
No es una observación antojadiza de alguien nacido y amamantado en una de las “democracias” más ejemplares del continente. Pertenece a la lúcida mente del escritor guatemalteco, Severo Martínez Peláez, con su rigor característico en su obra “La patria de los criollos”, cuando nota en el final del capítulo 1 como nuestras oligarquías y clases dominantes son “reaccionarias”, sí se trata de defender sus intereses dentro de la democracia configurada por ellas.
Es cuando estas clases se esfuerzan para que el hacedor de democracia cambie su “identidad” y termine convencido que otros son los aptos para gobernar, para que piensen por él, actúe como su encomendero autorizado.
Él siente, pues, que es indigno por qué no fue a la Universidad, tiene una vida de vivir ahogado con la tarjeta de crédito, sus poros lo convencen de que es torpe, borracho, “choricero”, “tortero”, etc.
Solo los pueblos que no logran que los “disocien” conservan su verdadera “identidad” para lograr su independencia real, la solidaridad entre ellos, la soberanía y las grandes transformaciones en todos los campos.
Los Partidos Liberal y Conservador cubanos, desde la muerte de José Martí en 1895, hicieron lo imposible por borrar el camino trazado por el padre de la cubanía.
Los esfuerzos contra los principios sembrados por Martí no pararon durante la época de la seudo república por parte de las grandes e influyentes familias dueña de la isla. La identidad de ese pueblo resiste hasta hoy, a pesar de que Trump no se explica por qué el” régimen” no cae.
No menos importante fue también el rescate de ese gigante que cabalgó Suramérica, llamado Simón Bolívar, en manos por muchos años, de las más rancias oligarquías, atrincheradas en los partidos socialcristianos y socialdemócratas.
Herederos ambos de las agrupaciones a que hizo referencia el prócer en 1830, cuando en su proclama expresó su deseo, tras de su muerte, que cesara ya las divisiones políticas y se centraran en la unidad venezolana. Nunca lo hicieron, defendieron un mamarracho de participación del pueblo, hasta 1998.
En Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia quisieron reivindicar al libertador, pero los dueños de latifundios y minas de toda clase creyeron innecesario fomentar a tan peligrosa identidad.
Honduras lucha en pleno siglo XXI por rescatar a su Francisco Morazán, pero todo ha resultado en vano y hasta peligroso.
En Nicaragua transcurrieron más de 40 años para que Sandino surgiera como héroe, pero nunca por quienes lo enterraron y no se cansaban de echar tierra sobre su memoria.
Cada 30 de setiembre, los verás en Costa Rica acordándose de Juan RafaelMoraPorras, no como padre legítimo de nuestra segunda independencia, sinocomo testimoniodel cumplimiento de la ley de los filibusteros de ayer y hoy. Su crimen está elevado casi a festejo, jamás de ejemplo y legado de soberanía y dignidad de todo un pueblo.
Una identidad que él, junto al internacionalista salvadoreño, el general José María Cañas, pagaron con la vida.
Costa Rica atraviesa un escenario político distinto al que caracterizó su vida en os últimos 75 años. Transita por un terreno árido. Tanto por la irrupción de personajes ajenos a los bloques políticos tradicionales, como por la introducción de una agenda que prioriza temas hasta ahora ausentes (en particular la crítica a los poderes del Estado) expresadas en un tono poco habitual en el escenario político nacional. Suficiente para remecer las estructuras tradicionales e introducir en el debate la sensación de que peligran sus instituciones democráticas.
Un griterío ensordecedor ha sustituido el debate sobre alternativas de desarrollo. Ni el gobierno, ni la oposición, parecen sentirse obligados a poner sobre la mesa ideas sobre el tema. Barridas para debajo de la alfombra, se podría pensar que tienen poco que ver con el debate sobre la democracia.
¿Qué problema han resuelto los representantes de esa nueva expresión política que gobierna el país desde 2022? Pensemos un poco: ¿alguna propuesta para enfrentar la deuda sin coartar la creciente necesidad del gasto social? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna sugerencia para tratar el tema de la informalidad, de la creciente desigualdad social? ¿Alguna propuesta para restaurar una indispensable calidad de la educación pública, la atención del seguro social, las pensiones?
La lista es interminable. No se trata de ver los problemas resueltos en los cortos cuatro de la una administración. Eso no se puede. Estoy hablando de ideas, de propuestas capaces de ilusionar a los costarricenses, de hacernos ver un camino por el que nos gustaría caminar. ¡Ideas! Siempre pienso que, en política, son el motor de todas las cosas.
El sistema democrático tradicional
Elliot Coen, consultor político costarricense, decía –con acierto, en mi opinión– que la extrema derecha gana “porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro y se convirtió en una abstracción inútil”.
El estancamiento prolongado, la precarización, la inflación, “han pulverizado el contrato social. Para el trabajador informal o el repartidor de plataformas, el Estado no es un garante de justicia”, señaló. Yo agregaría que hoy tampoco es un instrumento de esperanza.
Sobre el sistema democrático tradicional, el exvicepresidente de la República Kevin Casas, hoy secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, escribió recientemente un artículo. De paso por el país, sugirió su lectura.
Es un texto curioso, publicado en Americas Quaterly el pasado 31 de agosto. El entusiasmo por lo que Casas califica de “notables y sostenidos progresos en desarrollo humano” en América Latina está vinculado, en el artículo, a la celebración de elecciones democráticas. En su opinión, “las elecciones le han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder sin precedentes”. Al mismo tiempo señala –citando datos de la Cepal– que la pobreza en América Latina se redujo a la mitad desde 1990, que la extrema pobreza bajó en cerca de 40% y la desigualdad de ingresos ha disminuido en prácticamente en toda la región en las últimas tres décadas.
Una lectura que no deja de sorprender. Desde mi punto de vista choca, por un lado, con la impresión que deja cualquier recorrido atento por la región. Desde luego choca si solo miramos el escenario costarricense, el político y el económico. Por otro lado, me parece difícil de sostener ese vínculo entre el proceso electoral y el desarrollo virtuoso, con la idea de que las elecciones han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder “sin precedentes”.
El mismo artículo reconoce lo vacío de esos procesos electorales, las crecientes irregularidades con que operan. Lo más sorprendente, por contradictorio, es la afirmación de que estudios de la propia IDEA muestran que, en la región, se ha ido perdiendo la credibilidad en las elecciones y la confianza en las autoridades electorales.
Entonces ¿a qué atenernos?
Veamos los datos de la Cepal a los que acude Casas. Se trata del “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”. Es cierto que podemos ver en el gráfico 3 que el 51,2% de la población estaba en la pobreza en 1990 y que 15,5% estaba en la pobreza extrema. Esas cifras habrían caído a 29,1% y 11,4% en 2023. De modo que podemos estar satisfechos con esa reducción, sobre todo si no entramos en detalles de cómo se hacían las mediciones entonces. Pero hay que ser cuidadoso en el manejo de las cifras. El mismo gráfico nos muestra que en 2010 el 31,5% estaba en la pobreza y el 8,6% en pobreza extrema. O sea, en los últimos quince años la pobreza se mantuvo prácticamente sin cambio, mientras la pobreza extrema creció ligeramente.
En el mismo documento de la Cepal podemos leer que “en la dimensión laboral, América Latina y el Caribe viven una crisis en cámara lenta desde 2010”. “De 2014 a 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo el 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década perdida de 1980”. Y el 49% de los trabajadores trabajaban en la informalidad, en el cuarto trimestre de 2022.
En todo caso, el informe advierte que “para 2023 se proyecta un leve aumento de la pobreza y la pobreza extrema, lo que alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación experimentada en 2022 en estos indicadores”.
En el informe se puede leer también que el índice de desigualdad de Gini cayó entre 2019 y 2022. Pero “pese a estas mejoras, las brechas de ingreso continúan siendo muy elevadas en los países de la región”. “No solo en el ingreso total, sino también en el ingreso laboral, que es la principal fuente de recursos para los hogares de todos los estratos”. Pero no se trata solo de los ingresos laborales, sino también del patrimonio. “Junto con la desigualdad del ingreso, la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad”. El patrimonio de los 105 milmillonarios de América Latina y el Caribe (es decir de las personas cuyo patrimonio excede los mil millones de dólares) “llegó a 453 mil millones de dólares corrientes en 2022, 4.600 millones de dólares más que en 2021”, dice la Cepal.
Para tener una idea de la magnitud de la riqueza de esos 105 milmillonarios, comparémosla con el PIB de tres países: el de Costa Rica fue, en 2024, de poco más de 89 mil millones de dólares; el de Chile, en 2025, fue de 357 mil millones de dólares; el de Colombia, 457 mil millones.
No me voy a extender sobre el tema. El informe de la Cepal está disponible en línea y me parece que da una imagen más ajustada de la realidad que un entusiasta optimismo sobre los notables progresos en desarrollo humano que los repetidos proceso electorales habrían ayudado a promover en la región.
Volvamos a hablar sobre la democracia.
La calidad de la democracia
Es muy difícil oír a Kevin hablar de democracia sin recordar su papel en la discusión del TLC en 2007, cuando era vicepresidente de la República, durante el gobierno de Oscar Arias. Sus recomendaciones para volcar la votación a favor del tratado -conocidas como el “Memorando del Miedo”– son cualquier cosa menos una receta democrática.
Permítanme una referencia personal sobre el tema. A Kevin lo había conocido antes de que asumirá sus cargos políticos. Después lo vi poco. Nos volvimos a encontrar en un hotel de San José, en alguna reunión a la que yo asistía como periodista y cuando ya había pasado lo del TLC. Kevin se me acercó y dijo algo sobre ese hecho, sobre el que suponía –con razón– que yo estaba muy molesto. Me dijo que lo lamentaba, que había sido un error lo del memorando. Yo estuve de acuerdo con él. Le dije que si de verdad era así, debía decir públicamente que lo que se había logrado de manera ilegítima, fraudulenta, era también ilegítimo. Kevin me contestó –y creo que lo cito textualmente, pese a que, de eso, ha pasado mucho tiempo– que “eso no lo podía hacer”.
Pero creo que la actitud de Kevin se enmarca en un escenario que ya estaba más comprometido para la democracia. Su memorando no era más que el reflejo de un clima creado antes y de mucho mayor trascendencia para la democracia y para la independencia de poderes en el país.
Me explico. Oscar Arias aspiraba a volver al gobierno. La constitución se lo impedía. Empezó entonces a mover sus hilos. Necesitaba el apoyo de la Sala Constitucional. Creyó que lo tenía, pero cuando se puso a votación el tema, lo perdió. Se sintió traicionado, pues le habían prometido los cuatro votos necesarios. Pero no desistió. Hacía falta lograr la mayoría en la Sala y maniobró para lograr la elección de magistrados favorables a su tesis. Manipuló el Poder Legislativo y el Judicial para lograr su objetivo.
¿Para qué lo hizo? Creo que la razón principal era hacer aprobar el TLC. De paso vio la oportunidad de privatizar las telecomunicaciones. Darle un golpe al ICE. Todo eso se hizo.
Viendo el mundo de hoy me parece evidente la mirada corta de quienes apostaban por un tratado que ha contribuido a desarticular la economía nacional, mientras se avanzaba con el proceso de privatizaciones, cuyos resultados me parecen evidentes y lamentables.
Desde mi punto de vista, ambas cosas resultaban un ataque al entramado social sobre el que sustenta la democracia costarricense.
Más de una vez escribí sobre las consecuencias de esas acciones. Siempre pensé que ese manoseo de los poderes Legislativo y Judicial tendría graves consecuencias para el país. Quizás alguien podría pensar que no, que exagero. Pero me parecía que eso era corrosivo, que tendría consecuencias a largo plazo. Me preguntaba que si una persona que había gozado de los mayores honores y privilegios se sentía con derecho de manipular la Constitución en beneficio propio, ¿dónde debía detenerse un padre que no podía alimentar y educar adecuadamente a sus hijos?
Creo que aquellas aguas trajeron estos lodos. Y no veo otra manera de enfrentar el problema sin ir a sus raíces. Chaves no es más que la versión chabacana de esa tragedia, que tiene antecedentes más largos.
Cómo retomamos el camino perdido
Si es así, ¿cómo retomamos el camino perdido? Coen ha sugerido algo que quisiera rescatar: “La extrema derecha no está ganando en América Latina porque sus consultores hayan descubierto el algoritmo de la piedra filosofal. Gana porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro. Lo convirtieron en una “abstracción inútil”.
Es esa grieta la que tenemos que sellar. Entiendo bien lo sensible que es la discusión de cómo hacerlo. Pero hay que intentarlo. Desde mi punto de vista ha sido esa insensata destrucción de lo nacional –desde el sistema bancario hasta las telecomunicaciones, el sistema público de salud, de educación– la apuesta por un modelo de desarrollo basado en un “sector dinámico” de zonas francas que no alcanza para desarrollar un país, mientras un “régimen definitivo”, orientado al mercado local, que emplea a cerca de 85% de la mano de obra, se tambalea. Un sistema que mantiene en la informalidad a poco más de 40% de la población económicamente activa, que se suma a un desempleo de 10% y un subempleo de alrededor de 8% no es sustento para ningún régimen democrático. Son cifras que han permanecido con poca variación (salvo durante la pandemia), con un índice de desigualdad superior al promedio de la OCDE.
De la OCDE son también cifras que nos debían llenar de vergüenza. Pero, sobre todo, hacernos ver que el camino emprendido requiere revisión. Me refiero a la tasa de pobreza entre menores de 17 años, en la que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los países de esa organización, con una tasa de 29,6%. Nos siguen Israel, con 23% y España, con 21%. Tampoco hemos hecho la tarea con los mayores de 66 años. Aunque no somos los primeros, ocupamos un sexto lugar, con una tasa de pobreza de 25,8%.
En fin, somos parte de la desolación que afecta a “millones de personas” provocada por proyectos que funcionan mal, que han minado la base social y el apoyo a la democracia. Por lo tanto, hay que empezar por ahí, por reconstruir el modelo de economía nacional, por revivir la seguridad social y la educación pública. Por atender las necesidades de la gente. Por reconstruir el tejido social sobre el que se basa nuestro orden político. Por difícil que sea, no veo otro camino.
En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…
En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.
Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.
En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.
La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.
En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.
Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.
En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.
Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.
Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.
Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.
Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.
En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.
El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.
La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.
El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.
Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.
La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.
El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.
Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.
Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.
Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.
El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.
El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.
Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.
El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.
Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.
Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.
El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.
Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.
Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.
En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Desde hace varias semanas, la Asamblea Legislativa de Costa Rica examina el Expediente Legislativo 25.542, relativo a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, suscrito el 8 de diciembre del 2025.
Como es costumbre en este tipo de trámite legislativo relacionado a un tratado internacional, han sido varias las consultas solicitadas por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa a diversas entidades gubernamentales, académicas, así como a algunas personas. El pasado 3 de septiembre comparecieron funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, una entidad pública costarricense) al parecer muy poco informados sobre algunos aspectos jurídicos debatidos en Naciones Unidas y en el seno de la Unión europea (UE) desde hace varios años con relación al comercio con Israel: véase esta nota del medio digital Delfino.cr y titulada de manera muy oportuna “PROCOMER desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina ocupada”.
En lo que concierne posiciones más informadas y críticas con relación a la conveniencia de aprobar en estos momentos un TLC con Israel, remitimos en particular al criterio enviado por Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, así como por el economista Luis Paulino Vargas Solís y otra opinión remitida por quien suscribe estas líneas. Desde perspectivas y razonamientos muy distintos, y citando en el caso de los dos primeros, numerosas fuentes de información, los tres criterios enviados son coincidentes en poner en tela de duda la supuesta conveniencia para Costa Rica de aprobar este tratado en las actuales circunstancias con Israel (tal y como lo sostienen varias entidades gubernamentales, así como varias cámaras empresariales y los precitados jerarcas de PROCOMER en su comparecencia del día 3 de septiembre del 2026).
Los textos completos de cada uno de los tres criterios pueden ser consultados en los siguientes enlaces:
Es muy posible que hayan sido enviados escritos críticos adicionales a estos tres, de los que no tenemos conocimiento.
El texto enviado por la representante de Palestina explica de manera muy detallada las razones por las que no se puede separar el tema comercial de asuntos legales relacionados a la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado por parte de Israel, y del drama indecible al que Israel somete la población civil en Gaza desde octubre del 2023.
Con respecto a la perspectiva estrictamente comercial, se recomienda la sección 3 del escrito del economista Luis Paulino Vargas Solís sobre lo que denomina “La irrelevante relación económica y comercial entre Costa Rica e Israel” (páginas 19-21), en particular gráficos muy ilustrativos elaborados a partir de los mismos datos oficiales de PROCOMER y de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior).
Con respecto a nuestra perspectiva jurídica internacional, ésta se ha dado a conocer en este mismo espacio de SURCOS Digital hace ya más de un año (véase nuestra nota publicada el 12 de agosto del 2025 y titulada “¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?”) y lo remitido a la Asamblea Legislativa no hace más que resumirlas y actualizarlas, a partir de un hecho muy sencillo de corroborar: el Primer Ministro israelí sigue siendo objeto de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) siempre vigente desde noviembre del 2024, para que sea juzgado a título individual por crímenes de guerra cometidos en Gaza; al tiempo que Israel (como Estado) enfrenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un procedimiento iniciado por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Una situación que ha llevado a muchos Estados a suspender o bien a revisar a la baja sus compromisos comerciales con Israel, en particular los que, al igual que Costa Rica, son Estados Parte a la precitada convención contra el genocidio (y que tienen muy claro los alcances de la obligación jurídica de prevenirlo).
Desde el mes de agosto del 2025, fecha en las que redactamos y publicamos en SURCOS Digital algunas reflexiones con respecto a este TLC, Israel ha ido acumulando una serie de pronunciamientos en su contra de diversos órganos de Naciones Unidas y de condenas por parte de diversos Estados en el mundo, por sus reiteradas exacciones en el territorio palestino ocupado. Resulta de cierto interés “destacar” la omisión total de Costa Rica, cuya diplomacia pareciera enmudecida cuando se trata de condenar el accionar de Israel en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. El pasado 2 de septiembre, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado para que otros Estados además de Sudáfrica remitan a la CIJ observaciones y datos sobre el incumplimiento de Israel con respecto a lo que le ha ordenado la justicia internacional e informen de las acciones que han tomado para impedir el genocidio en curso (véase comunicado oficial).
Recientemente, una solicitud para que compareciera ante la Comisión de Relaciones Internacionales la Cónsul Honoraria de Palestina, Wajiha Sasa Marín, así como otras personas y entidades, incluido el autor de estas líneas, fue rechazada (véase nota del Semanario Universidad del 20 de agosto).
Al tener la Asamblea Legislativa la responsabilidad de decidir si este TLC con Israel le conviene a Costa Rica o no le conviene, resultará de interés observar cuáles han sido las entidades llamadas a comparecer a esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».
Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.
La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.
Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.
Cuando las decisiones generan sospechas
Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.
El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.
Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.
Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.
¿Mano dura o reformas democráticas?
Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.
Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.
La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.
El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.
Escuchar el malestar ciudadano
El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.
Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.
Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:
Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.
La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.
La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.
El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.
No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.
Cuando escuchamos al expresidente Rodrigo Chaves en las conferencias de prensa de casa presidencial, es casi inevitable asociar sus palabras con los discursos del viejo filósofo nazi Carl Schmitt, considerado “el enemigo del liberalismo más brillante del siglo XX” (*).
Su discurso se caracterizaba por un gran desprecio hacia las democracias parlamentarias y sus simpatías eran muy claras por la existencia de un líder autoritario en las sociedades modernas de su época.
Además, Carl Schmitt sentía gran desprecio por conceptos como la “separación de poderes” y los “derechos humanos universales”, bases de la democracia moderna. Al referirse a la vida política alemana durante el gobierno de Adolfo Hitter, lo avalaba diciendo: “dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”.
Esta frase, por cierto, nos parece que encaja bastante bien con el discurso radical, irrespetuoso y neofascista del presidente de facto, Chaves Robles.
No nos llamemos a engaño, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, hoy estamos en las puertas de una era neofascista en nuestro país, arrastrados por un monstruo bicéfalo, de un lado la presidenta en ejercicio y “asistenta” y, del otro, un ministro de la Presidencia que se desempeña como un presidente de facto, ambos torciendo a su antojo los destinos de la democracia costarricense. Y lo peor, empujados por algunos sectores de nuestro país, especialmente por un sector de la clase trabajadora débil y empobrecida, cuyo desencanto por la ausencia de soluciones verdaderas a sus problemas de sobrevivencia, avalan ese discurso de odio de “los presidentes”, quienes parecen fantasear, un día sí y otro también, con las ideas del pensador nazi Carl Schmitt.
La ciudadanía costarricense debe de avocarse ya a construir alternativas que nos alejen de semejante despeñadero. ¡Cómo decían nuestros abuelos, para mañana es tarde!
(*). Rachman, Gideon(s.f.) La era de los líderes autoritarios. Editorial Crítica. (pp. 294 y siguientes)
UNA Comunica. Aunque Costa Rica cumple 15 meses con una inflación por debajo de cero (deflación), la realidad indica que este panorama no se ha traducido en una mayor actividad económica, tampoco en un costo menor en los créditos que pagan las personas, ni en la generación de nuevas fuentes de empleo.
El II Informe de la situación macroeconómica y proyecciones para el 2026, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), encadena una serie de variables que desde la política monetaria definida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) afectan la actividad económica del país.
A julio de este año, el índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en -0,28%. Frente a ello, el BCCR mantiene una Tasa de Política Monetaria (TPM) del 3%, luego de meses en que desde distintos sectores empresariales y desde el propio Cinpe se ha solicitado una mayor flexibilización de este indicador al considerarse restrictivo para la economía.
La observación que realiza el Cinpe en este informe es que, aunque la TPM ha venido en descenso, su transmisión es incompleta y poco efectiva hacia las tasas de interés reales que, por ejemplo, pagan los ciudadanos por sus créditos ante el sistema financiero nacional.
Lo anterior deriva de un análisis que revela el mantenimiento de tasas de interés reales alejadas de un valor neutral, “lo cual resulta preocupante, pues está afectando la economía”, advierten los investigadores.
El Cinpe dividió su análisis en dos periodos: uno de enero 2020 a mayo 2023, con un aumento importante en la inflación en la etapa post-Covid; el otro, entre 2023 y 2026 que refleja la actual etapa de deflación.
Para el primer periodo, la Tasa Básica Pasiva (TBP), sobre la cual las entidades financieras calculan las tasas de interés de los créditos que otorgan a las personas, se ubicó en un 0.58%, pero para el segundo periodo de estudio fue el 5.31%; “es decir, un aumento de 4.7 puntos porcentuales entre un periodo y otro, que en términos reales, indican que los costarricenses están pagando un monto sustancialmente mayor por sus préstamos”, advierten.
La investigación determinó que la economía costarricense experimentó un “endurecimiento monetario” de entre cinco y seis puntos porcentuales en términos reales producto de la deflación y por la tardanza en la transmisión de la baja en la TPM a las tasas pasivas y activas de las entidades financieras.
Para el Cinpe-UNA el costo de este endurecimiento se percibe en los niveles de empleabilidad. Muestra de ello es que, mientras el país registraba hasta 2.227.240 personas ocupadas en febrero 2020 (antes de la pandemia), para junio de 2026 la cifra llegó a 2.182.916. Esto, a pesar de que la población en edad de trabajar continúa en crecimiento.
Aunque el porcentaje de desempleo se mantiene bajo (7%), la reducción no se explica por la creación de nuevas fuentes de empleo. Por el contrario, los investigadores lo justifican a partir de una reducción sostenida en la participación laboral que bajó del 60%, en el 2022, a un 54% en el 2026.
Por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, el número de ocupados se redujo en 24.057 personas este año comparado al anterior. Dicha contracción, cercana al 10%, evidencia que “la pérdida de dinamismo productivo ha tenido una incidencia importante sobre la contratación laboral”, destaca el informe macroeconómico.
Otros sectores económicos como transporte y almacenamiento (-2.505 personas), actividades financieras y de seguros (-19.880) y actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo (-13.898), también han perdido puestos laborales.
Construcción (14.341 personas), agricultura, ganadería y pesca (2.912) y administración pública y planes de seguridad social (7.874) registran incrementos en ocupación, aunque no compensan a nivel general el resultado final.
A este panorama se agrega la situación del tipo de cambio que ha generado una apreciación del colón respecto al dólar de un 22% entre enero y junio de este año, lo cual se traduce en una pérdida de competitividad para sectores como el exportador y el turístico, que reciben dólares con un valor menor al trasladarlos a colones y la consecuente afectación a los márgenes de ganancia.
El panorama internacional también genera tensiones en este marco de análisis, con presiones inflacionarias que afectan en distintas latitudes, principalmente, por efecto de los conflictos militares.
En este punto, también se refleja la disparidad de la política económica seguida por Costa Rica, donde, con deflación, se ha sostenido una tasa de interés real varias veces superior. “Las economías que enfrentan un problema inflacionario operan con posturas reales menos restrictivas que la economía que enfrenta el problema deflacionario. La prudencia es adecuada, pero debe valorarse en función de las condiciones internas”, señala el estudio.
Correcciones
El Cinpe-UNA considera que se debe procurar una política monetaria que se traduzca en mejores condiciones de crédito para las empresas y los hogares, donde las decisiones sobre tasas de interés lleguen de manera oportuna al costo del financiamiento, sobre todo las del régimen definitivo, que generan la mayor parte del empleo.
Aprovechando la deflación existente, los investigadores apuntan hacia una política expansiva de demanda que reactive sectores claves de la economía, y que se alinee con medidas de eficiencia tributaria. Además, consideran de especial importancia favorecer los encadenamientos productivos entre empresas del régimen de zonas francas con el resto de la economía nacional y potenciar los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en actividades que generen valor agregado.
Hacia el cierre del año, el Cinpe-UNA prevé un crecimiento económico de entre un 3% y un 3.5%, con tasas de interés que oscilan entre el 3.2% y el 3.7% y una inflación en el margen del 0.2% y 0.7%, lo cual devolvería el indicador a terreno positivo, aunque todavía fuera del rango meta de 2% a 4% establecido por el Banco Central.
A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué su llamado al respeto y al diálogo desarma la retórica de la confrontación oficialista y nos recuerda que la paz es una tarea cotidiana
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».
Al inaugurarse este mes de la patria en la Costa Rica de 2026, el ambiente nacional se respira tenso, marcado por una preocupante polarización y por discursos oficiales que erosionan cotidianamente el respeto institucional. Frente a esa estridencia permanente que emana desde las cúpulas del poder, la bocanada de aire fresco y lucidez cívica ha venido desde la inocencia escolar.
Este artículo se basa en la conmovedora alocución pronunciada el pasado 1ero. de setiembre en el parque de San Isidro de Coronado por la niña Keyla Chavarría Jiménez, de segundo grado de escuela y tan solo ocho años de edad, con ocasión de la apertura del Mes de la Patria. Sus palabras no repiten consignas de la politiquería barata; por el contrario, configuran una lección magistral de civismo que desmonta el populismo discursivo y nos recuerda que «la democracia no solamente se hereda, también se cuida».
El mensaje de Keyla es un recordatorio de que la salud de una república depende de la calidad ética de la convivencia humana y del respeto absoluto a las reglas del juego democrático. Mientras el aparato propagandístico del oficialismo insiste en insultar a los críticos y en catalogar de enemigos a quienes piensan distinto, la estudiante de segundo grado devolvió la brújula al debate nacional al sentenciar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aún así se hablan con respeto».
En una Costa Rica que padece el debilitamiento de su Estado social, la persecución discursiva hacia la academia y el quebrantamiento de la neutralidad pública, la voz de la infancia nos alerta que los valores de la paz y la libertad «no debemos darlos por sentado», ya que «la democracia es un tesoro que recibimos de quienes estuvieron antes que nosotros».
A la par de esta hermosa profesión de fe cívica, la alocución de Keyla se convierte, de forma involuntaria pero categórica, en la advertencia más severa para los gobernantes que confunden el mandato temporal de las urnas con una corona absolutista.
Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la descalificación sistemática como herramienta de gestión, el clamor escolar resuena como un emplazamiento ético directo a los adultos que dirigen el Estado: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».
Gobernar bajo el imperio del derecho implica entender, tal como lo expuso esta niña en Coronado, que «la paz no significa solamente vivir en un país sin ejército, significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».
La soberanía no reside en las marcas de un partido político transitorio, sino exclusivamente en el pueblo —esa Nación plural y soberana que define nuestra Constitución—, y la mejor forma de honrarla en este mes patrio es protegiendo los contrapesos institucionales que blindan la libertad de los ciudadanos frente al abuso.
El próximo 14 de setiembre, cuando se espera que muchos ciudadanos participen en la faroleada que se está convocando y utilicen la luz blanca de la concordia para disolver pacíficamente la retórica del odio, la ciudadanía estará respondiendo al llamado de esta escolar de ocho años para «defender siempre el respeto» y «construir juntos una cultura de paz».
Escuchemos la reserva moral que habita en nuestras aulas y exijamos a los administradores temporales del Estado que abandonen los gritos estridentes; es hora de que demuestren estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda y de la grandeza del pueblo al que juraron servir.
A Juan Rafael Mora y el general José María Cañas en sus 166 años de su crimen. El 30 de setiembre de 1860. Un luto no se celebra.
Rafael A. Ugalde Quirós Periodista, abogado y notario por la UCR.
El uso de financiamientos opacos expone un evidente injerencismo hemisférico que busca manipular la soberanía y comprar influencia en América Latina.
Revelaciones recientes ponen de manifiesto los mecanismos ocultos detrás de la injerencia en los asuntos internos de nuestros países, desde la Patagonia hasta México, apuntando siempre hacia el mismo norte: la Casa Blanca.
«Acaban de dispararle. Está abatida”. Este mensaje gélido tintineaba en el teléfono de la propia víctima, en manos del argentino Fernando Cerimedo —el asesor estrella de campañas electorales en la región, estratega de algoritmos y redes sociales, e investigado ahora como supuesto autor intelectual del atentado contra su pareja, Nadia Beller, la noche del 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, esto, según versión de la fiscalía boliviana.
La joven abogada y política boliviana, deslumbrada por los discursos libertaristas contra un quinto gobierno de Evo Morales en 2019 abandonó entonces sus sueños dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), sin imaginarse que siete años después estaría recuperándose de tres balazos con que intentaron acabar con su vida, su hijo en gestación y en medio de una polémica cada vez más confusa.
Dentro del debate actual por su intento de femicidio se cruzan manoseos electorales de la derecha latinoamericana del Departamento de Estado norteamericano y promotor del Escudo de las Américas. Se investiga un sin números de pistas clandestinas controladas por la policía.
Las afirmaciones de Beller por sus redes sociales dejan una serie de dudas sobre todos los triunfos de la derecha en Suramérica, así como en Honduras.
Según ella, su expareja, actualmente detenido en el presidio de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, estaba a cargo de granjas de bots y a algoritmos en Buenos Aires y Bolivia para alterar resultados electorales, inducir a votantes hacia posiciones fascistas y consolidar gobiernos conservadores.
A esto, según Beller, así como periodistas de la zona, se deberían las interrupciones durante los conteos de votos cuando los candidatos de la derecha eran desplazados del primer lugar.
Una vez reanudado el conteo, los candidatos alineados con Washington terminaban ganando los comicios, tal como sucedió en Perú, Honduras, Argentina, Brasil y Colombia, de acuerdo con denuncias publicadas por fuerzas políticas.
Un día después de reventar el escándalo con Cerimedo, las actuales autoridades del Perú ordenaron la destrucción de todas las boletas de las votaciones de 2026.
El escenario se vuelve aún más delicado, luego que parlamentarios bolivianos mostraron documentos presuntamente relacionados con blanqueos de dinero proveniente de droga y corrupción en el actual gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.
En el centro de esta tensa situación aparece el ciudadano argentino, señalado como el estratega maestro para ganar elecciones en la región gracias a sus granjas de «bots» y la difusión de «fake news» desde e Bolivia y Buenos Aires.
De esta manera, Cerimedo y su expareja sentimental, la joven abogada boliviana Nadia Beller, se han convertido en figuras claves de esta especie de “Boliviagate”.
Sobre Cerimedo pesan ya cargos de presuntos femicidio en grado de tentativa, tráfico de drogas y lavado de activos, según reportó el periódico español El País de España en un trabajo del periodista, Caio Ruvenal Rodríguez, desde la ciudad de Cochabamba.
Hay noches que lo cambian todo, y la del 17 de agosto de 2026 fue una de ellas. Frente al exclusivo Swiss Hotel, el peligro se camufló de rutina: dos hombres con chalecos naranjas de repartidor salieron de la penumbra. Lo que vino después quedó grabado en la frialdad de las cámaras de seguridad.
En las imágenes, que hoy revisan la policía y los jueces, se ve el peor de los horrores: una mujer embarazada de unas seis semanas cayendo herida, obligada a contener la respiración en un charco de su propia sangre para salvar su vida.
Beller ganó en 2019 una curul por la izquierda boliviana. Sin embargo, nunca llegó a ejercer el cargo debido a, -según denuncias de la izquierda boliviana-, el golpe de Estado promovido en ese entonces por el Departamento de Estado norteamericano y las oficinas centrales de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Evo Morales.
Hoy en día, a través de sus redes sociales y desde la cama de un hospital, Beller niega rotundamente haber simpatizado alguna vez con el Movimiento al Socialismo (MAS). Explica que su posterior acercamiento al gobierno ultraderechista de Paz Pereira se debió estrictamente a razones técnicas y a su perfil como jurista.
Este acercamiento con el ala derecha del gobierno impulsó a la abogada de 36 años a promover una serie de acusaciones contra Morales por, según dijo, presuntos delitos de corrupción y de integridad física de menores de edad. Sin embargo, esa misma cercanía con las élites, tuvo un costo personal que casi la lleva a la tumba.
Fue en ese entorno donde creyó encontrar el amor de su vida, una relación que, según ha relatado en sus redes sociales, terminó siendo una de las peores pesadillas en su existencia.
Este acercamiento con la derecha del gobierno llevó a esta abogada a declarar su guerra contra Morales y a poner en peligro su propia integridad física.
Según ella – consultar a Beller especialmente en Instagram y Facebook – “Morales había trasgredido la ley también en relación con una supuesta trata de personas”. Cargos estos no comprobados por la justicia,
En uno de los múltiples informes en esas redes sociales critica a las Madres de Plaza de Mayo, por considerar que el exgobernante boliviano no merece ese respaldo por la persecución de que es objeto.
A principio del pasado mes de agosto retomó las acusaciones contra Morales y solicitó al gobierno de Paz la aprehensión inmediata del líder indigenista por nuevos cargos atribuidos por ella, terminando su diligencia con la siguiente frase: “el que a hierro mata, a hierro muere”.
El argentino Fernando Cerimedo -primer plano- junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Cumbre del Escudo de las Américas en marzo pasado (F. Periódico El día)
Ninguna de las afirmaciones y denuncias contra Morales ha sido comprobadas por la justicia boliviana ni los enemigos políticos del dirigente aborigen.
Por el momento, Morales sigue en libertad y empoderado por sus denuncias contra la derecha boliviana, a raíz de las pruebas surgidas contra Cerimedo.
En declaraciones recientes del expresidente en formatos audiovisuales abordó las gestiones de Beller para su captura y desmintió al gobierno de Rodrigo Paz, en el sentido de que Cerimedo nunca ocupó puesto alguno ni representó el Estado.
El presidente Paz, tras las denuncias de Morales, divulgó un video para romper su silencio sobre el caso de Cerimedo. En ese documento aseguró tajantemente que el consultor argentino «jamás tuvo la autorización» para representar a la Presidencia, al Gobierno ni a su familia. No hay ni hubo, dijo, vínculo laboral con el argentino.
“A principio no iba a ir a esa cita, pero Cerimedo me dijo que fuera porque posiblemente era importante”, estas declaraciones de Beller en cuanto superó la anestesia por una intervención quirúrgica de casi cinco horas para salvar su vida, sirvió para que su expareja fuera apresada en el aeropuerto, a punto de volar hacia su natal Argentina.
Condujo igualmente a la policía a allanar un apartamento rentado por el argentino y a encontrar en él valijas llenas de dólares. Localizó además direcciones exactas de las granjas de bots y contactos importantes dentro y fuera de Bolivia.
Fue durante estos vastos cateos que la policía – incluyó también el apartamento compartido con su expareja – dio a conocer la existencia de una billetera digital de criptomonedas con contactos en Estados Unidos y Latinoamérica, así como las huellas digitales dejadas por las remesas enviadas y de qué negocios provenían dichos fondos.
Por investigaciones encabezadas por parlamentarios de oposición al gobierno de La Paz, es que han trascendido nexos entre las enormes cantidades de dinero que manejaba Cerimedo con redes de extorsionistas, contrabando de gasolina, lavado de dinero y transporte aéreo de sustancias que se investigan hacia varios países de la región. Todo en proceso de investigación.
Según el senador opositor, Leonardo Roca, quien aparece actualmente lidereando el rastreo financiero contra el consultor político argentino, hay múltiples y millonarios movimientos en criptomonedas.
A partir de los peritajes forenses, este legislador mostró en sus redes sociales y entrevistas sostenidas con medios bolivianos, un código de billetera virtual que funcionaba como puente hacia una red de otras diez cuentas.
El rastreo, agregó, arroja los siguientes hallazgos principales: La billetera registra transacciones por más de 44 millones de dólaresalo largo de seis meses.
Otras versiones de la bancada opositora señalan un flujo globalizado que roza los 200 millones de dólares.
En la segunda entrega abordaremos qué rastros oscuros hay en cuentas de Fernando Ceremedo y qué representó para el fascismo y la recolonización emprendida por el Escudo de las Américas.
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