El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) nos comparte la última edición de la Revista Ambientico, en la cual se presentan avances sobre el trabajo que se está llevando a cabo a través del Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A continuación la Editorial y la tabla de contenidos.
La imperante necesidad de proteger y manejar los humedales en Costa Rica
Las áreas silvestres protegidas del mundo son espacios únicos en términos de biodiversidad, pero con frecuencia altamente vulnerables. Muchas de ellas presentan desafíos sustanciales sobre el entendimiento de su importancia ecosistémica, amenazas antropogénicas producto de su poca valoración, o por los limitados recursos para su adecuada protección y manejo de manera conjunta con los múltiples agentes.
A pesar del mayor reconocimiento que las áreas silvestres protegidas puedan tener hoy en día, los ecosistemas de humedal son con frecuencia poco conocidos, protegidos y valorados. Muchos humedales en Costa Rica reflejan alto grado de deterioro producto de actividades agropecuarias, de una deficiente planificación del uso del suelo y de actividades industriales. Sistemas de riego, ganadería, deforestación, plaguicidas, aguas residuales, erosión de suelos, sedimentación, entre otros, generan alta presión sobre la cantidad y calidad del agua disponible, acelerando procesos de contaminación, eutrofización o simplemente desaparición de estos frágiles ecosistemas. Se estima que en el siglo XX se redujo la extensión de los humedales naturales del mundo en cerca de un 70 % considerando tanto los continentales como los marinos. Para el caso costarricense quizás la mayor limitante no es su disminución en área, sino su alto grado de deterioro, como mencionamos anteriormente.
No obstante, los ecosistemas de humedal son espacios altamente productivos y esenciales en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Entre ellos destacan el suministro de agua dulce, alimentos y materias primas como la madera, la recarga de aguas subterráneas, su biodiversidad, y la protección contra tormentas o su rol en la mitigación del cambio climático. Ellos son indispensables para que innumerables especies vegetales y animales puedan subsistir brindando beneficios irremplazables para la humanidad. Se conoce, por ejemplo, que el ciclo global y local del agua depende en gran medida de los humedales. Como se argumenta más adelante, la calidad de vida de las personas depende de la calidad del ambiente, y los humedales marinos (costeros), lacustres (lagos), ribereños (ríos) y palustres (pantanos, ciénagas) proveen beneficios en términos materiales, físicos y sociales que son necesarios para el mantenimiento y generación de este bienestar integral.
Enmarcado dentro de las metas globales de Biodiversidad (Metas Aichi) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025, resalta el aumentar para el año 2020 el área de humedales bajo categoría RAMSAR a 589 742 hectáreas en comparación con las 569 742 bajo categoría RAMSAR en el año 2015. Esto es 20 mil hectáreas adicionales de humedales de importancia internacional (HII) bajo protección y rehabilitación. El desafío no es menor. Para lograrlo es necesario aumentar la capacidad institucional para su gestión sostenible y conservación, el involucramiento de los actores locales de forma activa en las diversas actividades de manejo y mejoramiento, ajustes y aplicaciones más estrictas a la normativa, y el reconocimiento de su importancia entre la sociedad para su financiamiento. En esta edición les presentamos avances desarrollados desde el año 2015 por el Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
En su conjunto, el accionar del Proyecto Humedales se dirigió hacia el desarrollo e implementación de herramientas para gestionar de mejor forma la protección y la rehabilitación de los ecosistemas de humedal y para la conservación de las especies que habitan en ellos, en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y de adaptación a la variabilidad climática. Estos esfuerzos también contribuyen a que Costa Rica avance en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con los objetivos: 3, 5, 6, 11, 13 y 15, cumpliendo así con los compromisos país establecidos en el Proyecto Humedales.
Este lunes 16 de julio de 6:30 a 8 p.m. en el auditorio de la Universidad De La Salle se expondrá acerca de la Economía del Bien Común, un sistema económico al servicio del bienestar de las personas.
El evento estará a cargo de Christian Felber, fundador de la Economía para el Bien Común y el proyecto “Banco para el bien Común”.
El exministro de Santos, Yesid Reyes Triana, declinó posesionarse como Magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Su decisión es política no jurídica.
Son momentos en que a la JEP se le ha de rodear de máximo apoyo nacional y popular para que cumpla los fines altruistas que le han sido encomendados como es el juzgar los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en que hayan incurrido miembros de las fuerzas armadas del Estado, de todas las ramas de poder público incursos en el conflicto armado interno contra las farc-ep, sus comandantes, guerrilleros y personas privadas que hayan cometido acciones, así calificadas, en el mismo.
En este acometido de objetivos y de concepción de la justicia transicional bajo una inspiración universal y no el atosigado reducto de estereotipo de una justicia especial, a acomodarla a las camisas de fuerza de un sistema de justicia ordinario en Colombia, como si nada en absoluto hubiere pasado puesto las insurgencias no derrotadas militarmente ya están desarmadas y sometidas al establecimiento. Ante ese, que es el panorama que la dictadura mediática impone, yergue enhiesta la concepción del Sistema Integral de Justicia Reparación y No Repetición (SIJRNR) pactado en los Acuerdos de la Habana y del teatro Colón en el año 2016.
Llega el momento de dilucidar ante la opinión pública nacional e internacional, que los innumerables sofismas de desvirtuar los principios de la justicia transicional universal con que la mediática alienadora ha presentado como logros para el estado de derecho en Colombia , el que la rama legislativa y posteriormente la judicial del poder público, hayan desempeñado una labor de injerencia y verdaderos instrumentos para hacer trizas los Acuerdos erigiéndose en suplantadores de la voluntad de las partes contratantes, debidamente representadas en el escenario internacional como plenipotenciarios del Estado colombiano y los rebeldes insurgentes.
Como resultado del triunfo del NO se impusieron más de 85 reformas al Acuerdo inicial de La Habana, en particular al logro de una verdadera reforma rural integral, al espejismo de la definición de una economía sustitutiva de cultivos ilícitos, el culto a las víctimas para revictimizarlas y dejar en el limbo sus reparaciones y al difuso entretejido de no imponer una implementación, acorde con la alteración de orden público que la reforma de raíz de un sistema electoral corrupto demandaba. Garantizaban así los del mandato del NO la no implementación de los tales Acuerdos.
Respecto al universo de la justicia transicional, expresado en la JEP, no lograron vulnerar su esencia de inspiración universal acorde con la fuente consuetudinaria y la normativa del derecho Internacional y El Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Lograron modificar el que los Magistrados(as) del Tribunal Especial de Paz no fueren extranjeros; pero a contrarréplica se acordó la inclusión de togados amicus curiae (amigos de la corte). Estos tienen una función de auxiliares del sistema de justicia creado y contribuyen con su voz y voto a dirimir conflictos en que en las salas de juicio o definición de situaciones en que no haya mayoría. Son verdaderos conjueces y en esta clase de definiciones de tales delitos de jurisdicción a los magistrados integrantes no se puede quedar en solo “salvar el voto”. Resulta que la enredadera jurídica para desnaturalizar e impedir la implantación de este instrumento de justicia especial, dispuso el “soberano” legislativo que esos amicus curiae serán unos invitados de piedra y no tendrían voz ni voto sino aporte de opiniones escritas. Esto traído a colación, como el que los terceros incursos en delitos de lesa humanidad opten voluntariamente a acogerse a esta jurisdicción especial, irrita al foro jurídico mundial y plasma la inquietud por la impunidad, sin ahondar en la asimetría aplicada para excluir de la comparecencia a la JEP y al deber de concurrir a la Comisión de la Verdad, a los altos mandatos de las fuerzas armadas y a la casta del generalato colombiano, activo en la implementación de la guerra contrainsurgente, cual arrodillados al mandato del Departamento de Estado USA, en el control y manejo de la guerra contrainsurgente en Colombia.
ILUSTRACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA JEP
De manera que el thema de contenido jurídico y político a abordar en su majestuosa independencia y soberanía judicial el Tribunal de Paz del SIVJRNR, podríamos resumirlo en:
-Definir sus verdaderas competencias internas, incluido su ordenamiento interno de funcionamiento, para lo cual no requiere de ley auxiliar procedimental del Congreso colombiano.
-Definir las normativas de procedimiento, que son de orden público y estricto cumplimiento y por no ser de contenido sustantivo, han de ajustarse al capítulo de las garantías y derechos constitucionales del ordenamiento vernáculo. Ello es posible hacerlo internamente, sin acudir a acto legislativo.
-Garantizar el dictado de las sentencias acorde con los principios de autonomía y de inescindibilidad del sistema universal de justicia transicional. Esta que es la función altruista y máxima responsabilidad de los togados de la JEP, tiene que asimilarlo pedagógicamente la ciudadanía que para su ejercicio – esos Magistrados (as)han de estar libres de agobio alguno. El criterio de no exigibilidad; la autonomía no vinculante de normativas existentes y nuevas creadas; lo no vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Comprender, como cualquier colombiano raso, que mientras exista el artículo 93 de la constitución política, se explica la existencia invulnerable de la JEP y su fuente de respaldo constitucional lo fue el artículo 22 ibidem.
ERRADICAR LA IMPOSICIÓN MEDIÁTICA DE LO FEMENTIDO
No tiene fe ni palabra el que la JEP ha de estar sometida a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. Mucho menos a los dictados del Congreso. Es falso y engañoso que a la competencia de la justicia transicional los incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan decidir si optan o no someterse a esa jurisdicción especial. Sobre ellos caerá la implacable egida de esta justicia. En grado de discusión está el que los expresidentes de la república no queden vinculados a esta situación de aforo especial, por así haberlo pactado, expresamente, las Altas partes contratantes y plenipotenciarias de los Acuerdos logrados para el fin del conflicto ya conocido e identificado; pero ello no obsta para que sobre los mismos este latente – cual espada de Damocles- el veredicto de la Justicia Internacional.
LO ESQUIVADO POR EL MAGISTRADO DIMITENTE
Pues sin lugar a duda fue al desarrollo de estas definiciones en las que no deseo quedar inmerso el pusilánime Yesid Reyes Triana. Demuestra que era un alfil del grupo de poder oligárquico dominante en el seno de la JEP. Que como resultado del efecto electoral presidencial se impone la hegemonía de derecha en el país y en compromiso con sus intereses personales y de clase dominante otea que un escenario de opinión judicial magisterial no le conviene. Opta por el ejercicio de “contribuir” en la docencia, a sabiendas que su mensaje al Foro y a la Academia será engañoso y falso a ritmo con la hegemonía imperante de derecha.
A su vez, la onda sonora de repercusión de esa tal renuncia , pone en entredicho la improcedencia del Comité de Escogencia de optar por cuadros del sistema de justicia corrupto cuestionado en todo el mundo; aplicar en contravía la exigencia de la carrera judicial y el acumulado de pergaminos de especialización de sus designados; optar por la NO escogencia del juez sabio por su experiencia en el terreno de los padecimientos regionales y la edad; descartando a los innumerables juristas de localidades y provincias, a los abogados (as) “de pueblo”, a los activistas sociales del derecho, a los desplazados del sistema de justicia imperante en Colombia, abogadas y abogados con suficientes calidades humanas y de formación que fueron explicablemente descalificados.
Es en el acumulado de la reserva popular donde se encuentra su reemplazo.
En Colombia ganó la presidencia de la República un representante del bloque de poder oligárquico. Triunfó el continuismo de un modelo económico neoliberal a tono con la estructura de inversión de un Narco Para Estado. Se impuso la continuidad y lo aplauden los corruptos, detentadores de la Administración Pública. Impera un modelo extractivista de las riquezas naturales, y las fauces de la ferocidad inversionista de las depredadoras multinacionales que se mueven – como “Pedro por su casa”-en los territorios de las desmovilizadas farc, aplauden la acción de la traición del establecimiento a las insurgencias que, de buena fe y acorde con la observancia internacional, confiaron en un sistema político matrero e indecente. Ganaron los de siempre contra los que pierden siempre. Perdieron los que mueren sin asistencia en las puertas de lo que fueron los hospitales públicos, hoy privatizados, de inconmensurable valor, entregados a las mafias blancas del capital privado, los jóvenes y los padres de quienes soportan préstamos y no podrán entrar a la universidad pública y popular, puesto que los recursos oficiales son entregados para el buen funcionamiento “científico” de las universidades privadas. Perdieron los jóvenes rurales que engrosaran las fuentes de empleo de las fuerzas armadas, cuales maquinaria voraz de guerra en Latinoamérica, ante la permanencia de un servicio militar obligatorio y extorsivo y la potencialidad de niveles de elevación del conflicto armado interno. De jolgorio quienes ayudan a la permanencia de los fatídicos Tratados de Libre Comercio desiguales con Colombia, la permanencia de las bases y los efectivos militares estadounidenses, quienes abogaron por la suspensión de Colombia de la UNASUR, para conspirar abiertamente contra el gobierno venezolano. Quienes precipitaron a Colombia a la OCDE y en brazos de la OTAN, acorde con la teoría del enemigo interno, el gigantismo del ejército nacional y la expansión territorial del imperio para dominar la Amazonía. En el país festejan los de siempre, quienes no ajenos a despropósitos de creerse con un “mandato claro” en beneficios de sus intereses revivirán el conflicto armado interno, político, militar, económico, ecológico. Los del capital financiero parasitario y explotador que usufructúan el fruto del trabajo honrado, privando la posibilidad de ahorro y bienestar. Acaparan los fondos públicos de pensiones impidiendo un disfrute de cesantía digna. Los latifundistas, terratenientes y casa tenientes, que engordan el patrimonio improductivo y desconocen la función social de la propiedad, que implica obligaciones, conforme al espíritu constitucional vigente de 1991. Brindan los fundamentalistas religiosos de la tradición en una sociedad excluyente a las determinaciones de la libre personalidad, la escogencia de sexo y respeto por la comunidad LGTB. Están de jolgorios los sub judice de cuello blanco y crímenes de lesa humanidad, que esperan la reunificación de las altas cortes para continuar disfrutando de impunidad; puesto que los ex insurgentes están sometidos, el generalato colombiano y los terceros coparticipes en el conflicto armado interno, sindicados de crímenes de lesa humanidad, esperan la definición autónoma, e inescindible de una JEP que les atormenta. Festejan los que derrotaron a las negritudes, a los mestizos, a los pobres, a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, a los líderes sociales, populares, sindicales, comunales, ambientalistas. Quienes desconocieron el llamado de solidaridad internacional de personalidades, filósofos, economistas, científicos, cientistas sociales, de una intelectualidad cosmogónica que subsumen el padecimiento de un pueblo para conjurar el caos y la incertidumbre en un mundo de inequidades, en búsqueda civilizada a extirpar, tantos padecimientos del pueblo colombiano.
¿QUÉ VENDRA?
De todas formas, el panorama político de Colombia ha cambiado. La social democracia liberal desvaneció y se integró a la derecha. El Liberalismo dejó de existir en Colombia. El MOIR con Robledo y el tal Fajardo se pusieron al lado de los que vencieron al pueblo. Si el Polo Democrático Alternativo no se autocritica y purga internamente, desaparece. Los Verdes no se ubicaron hacia la izquierda. Los Progresistas se corrieron hacia el centro. La tendencia de los candidatos del bloque de poder oligárquico: Duque, Vargas Lleras, De La Calle, Fajardo, confluyeron tácticamente. El discurso del centro y derecha tomó auge, con la distinción que el bloque de poder oligárquico no matiza en tendencias y consolida la vigencia de una hegemonía de partido único de derecha. Hasta ahora habrá una verdadera oposición al sistema; pero carente de un partido político de masas, oteando el reto de las próximas elecciones de Alcaldías y consejos en que las oligarquías locales y militaristas- no así triunfantes absolutas en las grandes ciudades- cuentan con inconmensurables recursos de corrupción y del narcotráfico y con la existencia de un sistema electoral que le garantizará el dominio y ejercicio de los poderes locales. De otro lado, los incontables, quienes expresan el pensamiento de la izquierda revolucionaria NO armada y aquellos que permanecerán en la opción de la lucha armada por la consecución del poder por ese medio incivilizado y que les inspira el derecho universal de rebelión de los pueblos, contra las injusticas empotradas de un régimen neoliberal, sumiso al imperio, militarista, expansionista y salvaje. En ese sentido aceptemos la distinción entre la izquierda legal y la izquierda ilegal dentro de los elementos de distinción analítica de la compleja situación colombiana plasmada, un día después de una decisión electoral en que en cualquier país del mundo los corruptos (genocidas) son destituidos y en Colombia en cambio son entronizados.
Se demostró la eficacia del andamiaje electorero corrupto, anacrónico y condicionante del sistema electoral para perpetuarse en el poder. En forma insolente e insultante para la opinión nacional e internacional comenzó la emisión de boletines electorales cuando, aún en vivo, las cadenas televisivas registraban entrevistas a los jurados in situ, preguntando sobre la labor del conteo, manifestando que duraría en esa labor, cada mesa unos 20 minutos o más. Resulta ofensiva la arrogante presentación por parte de la Registraduría de conteo de millones de votos en menos de un cuarto de hora. Es despectivo que ab initio, en la mediática dictatorial, al lado de los guarismos anunciados, la fotografía del candidato Petro aparezca con una fisonomía o rostro de derrotado o afligido y la del Duque retocada, maquillada y su nariz (“el hocico del oso” de la derecha como lo indicó el hiriente expresidente Ernesto Samper) reluciente, aguileña y respingada. Resultó una prueba de fuego para el movimiento popular y revolucionario aceptar esa segunda vuelta electoral pese a todos los entuertos y falencias observadas durante la primera vuelta. Ante la no implementación de la Reforma Electoral, Rebelion.org publicó, en el mes de julio de 2017, mi artículo sobe la Imperiosa Necesidad de Aplazar las elecciones de 2018, demandándose, para entonces, la aplicación de conmoción interna por parte presidencial, ante la inminencia del saboteo a los Acuerdos de La Habana. Pero todo resultó ser hábil maniobra del jugador de póker Santos. (Una de las mil observaciones que se le hacen a la incapacidad política del Secretariado de las antiguas farc-ep, para sortear, a futuro, el manejo del brioso corcel de la implementación). La sola firma no valía.
Loable el discurso de reconocimiento institucional del candidato Petro. Ya no es el caudillo presidenciable, ahora se erige en el Dirigente de su pueblo. Sobre el elegido Duque, quien tendrá que alejarse de sus conmilones de camarilla corrupta tradicional, para alcanzar un mínimo respeto de los gobernados. Electo o escogido por siniestro personaje, resultó elegido en toda la acepción irregular del verbo. 8 millones de votos de imperiosa potencialidad de actividad política en las calles serán su prueba de fuego en los llamados primeros cien días de su gobierno. Anunció la Seguridad para los colombianos, pero en el imaginario popular significa la seguridad a los latifundistas terratenientes y explotadores de todos los pelambres, para continuar disfrutando de los privilegios de casta en el segundo país más inequitativo del planeta. El panorama de las disidencias armadas, que en modo alguno nos vengan con el cuento, son carteles de la droga, repuntan la gravedad y ahondamiento del conflicto armado que persiste en el país.
¡Entonces concluimos que fue lo que se ganó la oligarquía colombiana y que tanto lo que perdió el movimiento popular!
Es de gran importancia la presencia familiar, más que todo materna, para el desarrollo emocional y cerebral de las niñas y niños entre 0 y tres años.
Esta certeza que hace años tenía, me la confirmó una doctora especialista en audiología. Ella me explicó que, si los padres se percatan de la sordera de su hijo y le ponen un audífono en los primeros tres años, el pequeño aprende a hablar perfectamente.
Si el audífono lo ponen entre 3 y 6 años, aprende a hablar más o menos bien, pero, si lo ponen después de los 6 años, los centros de la palabra ya están CERRADOS.
Esta es la más clara demostración de que los primeros tres años determinan el futuro de nuestras capacidades y características emocionales e intelectuales.
Tenemos el deber de insistir para hacer conciencia en los padres y las madres de la importancia de su presencia y de su cariño, para despertar y estimular la mente, la curiosidad y la compasión de sus hijas e hijos para desarrollar personas con más oportunidades.
Es de gran importancia si se inicia una campaña de divulgación de la necesidad de que al menos el papá o la mamá se mantengan con su niño o su niña en los primero tres años, porque, en mi opinión, tanta delincuencia e infelicidad juvenil, deriva de la falta de amor que han sufrido y que no les ha permitido aprender la autoestima y la empatía con las otras personas.
Estoy convencida de que muchas familias no se han percatado del daño que hacen al tratar, -lo más precioso que tienen-, como un paquete que se pone por aquí y por allá sin evaluar el daño y el dolor que provocan.
Si algo ha caracterizado a la Costa Rica del nuevo siglo, ha sido el hecho de que, cada vez más, el crecimiento económico depende de la deuda. Y, en particular, de la deuda privada, algo que tanto la prensa como las/los economistas de la ortodoxia dominante, acostumbran abordar con cierta indisimulada histeria y su dosis de amarillista superficialidad. Se trivializa el problema y, de paso, se evita sacar conclusiones que, por relevantes, podrían ser incómodas.
Hace 20 años, el ratio o relación entre el crédito y la producción nacional (“crédito al sector privado / Producto Interno Bruto (PIB)”) era tan solo del 17%. Al finalizar 2017 esa relación alcanza el 61%, y solo la parte de crédito a las familias (consumo + vivienda) llega al 37%. O sea, más del 60% del total del crédito es deuda de las familias.
Y, sin duda, el auge que la economía costarricense experimentó en los años 2006-2007 (con tasas de crecimiento del PIB en el orden del 7-8%), se alimentó fundamentalmente del crédito al sector privado y, en especial, a las familias. En total, ese crédito se multiplicó por 3,06 veces entre diciembre de 2004 y diciembre de 2008. El crédito para consumo aumentó en 2,87 veces y para vivienda en 3,09 veces, muy por encima del crecimiento total del PIB.
Con el impacto negativo de la crisis económica mundial y el abrupto deterioro del empleo, el crédito se frenó en 2009. Pero en el período posterior a ese año y hasta la actualidad, el dinamismo muy mediocre que la economía costarricense manifiesta, vuelve a sustentarse sobre esas mismas bases. Así, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2017, las colocaciones crediticias al sector privado pasaron de representar un 48% del PIB, hasta llegar al 61%, mientras la parte correspondiente a las familias saltó del 27% al 37%. Con un agravante: también la deuda pública ha crecido sostenidamente durante esos mismos años.
Y, sin embargo, es posible que nuestros niveles de deuda, medidos relativamente a la producción nacional (el PIB), todavía sean pequeños comparados, por ejemplo, con los de Estados Unidos. El problema, sin embargo, es que veníamos de niveles de deuda mucho más bajo, y en poco tiempo esta se ha multiplicado espectacularmente. Nos vamos haciendo adictos a la deuda. Siendo por otra parte claro, porque así lo manifiestan los datos, que ese gris crecimiento de la economía –incluso en los momentos algo mejores que se vivieron hacia 2015– responde principalmente al impulso que le da el consumo de las familias -impulsado por el crédito– y, en menor grado, el consumo público, ya que, por su parte, la inversión empresarial, para la formación de nuevas capacidades productivas, se mueven en una tendencia muy opaca y declinante, y el sector externo sigue pesando negativamente.
Esto introduce elementos de inestabilidad, potencialmente peligrosos. Lo cual es mucho más claro si tenemos en cuenta el peso del crédito en moneda extranjera (principalmente dólares). En la banca privada éste último representa, al día de hoy, el 73% del total del crédito colocado (29% para los bancos públicos). Ello permite entender el empeño del Banco Central por mantener estable el tipo de cambio, ya que, en caso contrario, no solo muchas familias y empresas podrían verse en problemas, sino que incluso podríamos ver caer más de un banco privado.
Y, por favor, no olvidemos la gravedad, imposible de exagerar, del problema del empleo, claramente asociado a un modelo económico donde las actividades más dinámicas –finanzas y zonas francas, incluyendo servicios empresariales– aportan muy poco empleos (y también muy pocos impuestos, en particular las zonas francas), mientras que las que sí crean mayor cantidad de empleos (y pagan más impuestos), como es el caso de la industria manufacturera, la actividad agropecuaria y la construcción, atraviesan un largo proceso de declive.
En su conjunto son condiciones que propician el agravamiento de las desigualdades y del malestar social, en virtud de que una parte sustantiva de la población trabajadora vive la frustrante realidad de la carencia de empleos dignos. Esto último, mezclado con las características del modelo de crecimiento de la economía, los altos niveles de fraude fiscal y las graves deficiencias de nuestro sistema tributario, son, a fin de cuentas, las razones fundamentales detrás del problema del déficit fiscal. Cierto que los gastos –en particular remuneraciones y transferencias– tendieron a crecer con relativa celeridad, y que ello detonó el problema del déficit en los años inmediatos posteriores a 2008. Pero nada de eso hubiera tenido, ni de lejos, el impacto que a la larga ha tenido, si la economía no hubiese quedado atrapada en ese estado de anemia crónica y con tan agudos problemas del empleo.
El sentido común dominante –incluso entre el muy hegemónico contingente de los/las economistas de la ortodoxia– ignora sistemáticamente estos factores estructurales más profundos. Todo se reduce a una operación propagandística enfocada en la criminalización de los empleados y las empleadas del sector público, y en el ataque contra diversas instituciones públicas. Lo cual no niega que hay excesos, ineficiencias y burocratismos que deben corregirse. Pero es algo que debe hacerse en bien de la calidad y eficacia del servicio que la ciudadanía merece recibir, sin pretender ilusamente que ello pueda corregir el actual problema fiscal.
Por otra parte, y en correspondencia con lo anterior, se ha popularizado una historia mítica, que atribuye la pérdida de dinamismo que la economía viene experimentando en el último año y resto, al problema fiscal. Es la misma leyenda urbana que asegura que las tasas de interés han subido a causa del déficit del gobierno, y que corregir este déficit reanimará el crecimiento económico y la creación de empleos.
Las relaciones de causalidad que subyacen a estas presunciones, siempre son omitidas: lo afirman, pero se guardan muy mucho de explicar cómo operan las relaciones que dan lugar a los resultados observados. Pero no es difícil adivinar la teoría detrás de tales fantasías, la cual básicamente imagina un mundo de “agentes económicos” racionales, en capacidad de modular su comportamiento y sus decisiones, teniendo en cuenta, con precisión matemática, las implicaciones atribuibles al déficit fiscal. Un absurdo de dimensiones galácticas, insostenibles como lo es el edificio total de la economía ortodoxa, del cual también se deduce la idea errónea de que ha sido el déficit gubernamental el que ha hecho subir las tasas de interés. En realidad, es fácil constatar que éstas aumentaron en el momento justo en que el Banco Central así lo quiso, y puso en marcha los diversos instrumentos de política a su disposición, para hacerlas subir.
Todas estas supercherías son las que subyacen a las propuestas frente al déficit fiscal que el gobierno de Carlos Alvarado viene presentándonos, tanto las medidas de restricción del gasto, como las diversas propuestas de reforma tributaria en la Asamblea Legislativa.
El error de fondo surge de un sentido común tan popular como erróneo: el de que la mejor forma de resolver un problema de acumulación de deuda, es “socándose la faja”. Y si bien ello podría ser correcto en el caso de una persona o una familia sobre-endeudada (pero incluso en ese caso no siempre lo es), deja de serlo cuando hablamos de una economía en su conjunto. Porque apretarse el cinturón, y optar por la vía de la austeridad, provocará lo que normalmente provoca, tal cual la teoría crítica-heterodoxa lo anticipa y la evidencia lo ratifica: el derrumbe de la economía y, con esto, la pérdida de capacidad económica para afrontar la deuda, y, entonces, el agrandamiento relativo de ésta. Justo por ello la deuda de Grecia se volvió impagable. Y, en efecto, jamás será pagada, pero, entretanto, el pueblo griego fue desangrado brutalmente, bajo el prejuicio estúpido de que la cuestión se resolvería si se “apretaban la faja”.
El gobierno de Carlos Alvarado no parece querer entender esto. Y ello es grave. Porque si la economía viene débil y con severísimos problemas del empleo, la vía por la que se está optando agudizará esa debilidad y deteriorará aún más el empleo. Y si eso ocurre, el peso de las deudas privadas se multiplicará, como también su efecto deflacionario, con lo que el retroceso de la economía podría agravarse. Con lo que podría darse el auto-cumplimiento de las profecías tantas veces pronunciadas: el déficit fiscal desembocaría en una grave crisis, pero no por causa del déficit mismo, sino en virtud de haberse optado por una estrategia errónea.
No imagino que el presidente Alvarado ni ninguno de los encumbrados personajes que le rodean, lean esto. De seguro no lo harán. Aun así, y con todo respeto, concluyo con este mensaje: “presidente Alvarado, por favor medite, sé que a usted le sobran buenas intenciones, pero ello no basta para impedir que lo que está haciendo pueda causar mucho más daño que bien”.
(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.
Este 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) (véase sitio oficial) dio a conocer su informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua, la cual se originó a partir de protestas callejeras el 18 de abril del 2018. Como Estado parte al Pacto de San José de 1969, Nicaragua debe cumplir con algunas obligaciones en materia de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza por parte de sus fuerzas para contener manifestaciones callejeras.
Es precisamente el uso desproporcional de la fuerza por parte de las autoridades contra manifestantes y estudiantes el que explica la gran cantidad de personas fallecidas (212) y heridas (más de mil) desde hace dos meses en Nicaragua, provocando diversas reacciones por parte de la comunidad internacional. Este 22 de junio, los integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinaron la situación en Nicaragua y respaldaron el contenido del informe, pese al «rechazo integral» del informe, externado por el delegado de Nicaragua, aduciendo el sesgo con el que fue elaborado (véase declaraciones disponibles en este enlace de YouTube).
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno» (La Prensa Gráfica).
El texto del informe (que consta de 91 páginas en total) está también disponible en este otro enlace, por si el acceso al enlace oficial no logra la descarga completa del documento.
Hace exactamente un mes, el pasado 22de mayo, la misma CIDH había publicado un informe preliminar después de una visita in situ a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de reproducir (véase nota nuestra al respecto). Las quince recomendaciones hechas en este informe preliminar siguen sin ser acatadas por las autoridades de Nicaragua, por lo que fueron nuevamente reproducidas en la parte final del informe presentado este 21 de junio por la CIDH (véase punto 285 de la página 88).
El pasado 5 de junio, fue en el marco de la Asamblea General de OEA que se adoptó una resolución (véase texto reproducido en esta nota nuestra).
En las conclusiones y recomendaciones del informe presentado este 21 de junio, se lee que:
278. La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua, ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos. En particular, la CIDH constata un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. Lo anterior se refleja en más de las 212 personas que han perdido la vida hasta el 20 de junio, así como en el número de heridos y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 junio la CIDH tenía registradas en 1.337 y 507, respectivamente. A pesar del llamado al cese inmediato a la represión estatal por la propia Comisión, ésta no ha sido detenida. Por el contrario, la respuesta represiva ha recrudecido en las últimas semanas, acentuándose la crisis que afecta al país.
279. La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión.
280. De igual forma, la CIDH reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno. El Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables.» (p. 87)
Con relación al hostigamiento que sufren líderes sociales y defensores de los derechos humanos, se lee (punto 264 en página 82) que:
«264. La CIDH advierte el constante uso de las redes sociales y otros medios de información con el objeto de difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el inicio de las protestas, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y religiosos han sufrido diversos señalamientos por parte de autoridades estatales y actores no estatales en los que se les hostiga, descalifica y estigmatiza, tanto por denunciar las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la represión estatal a las protestas, como por presuntamente alentar a la participación de la población en las manifestaciones. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado rechazó la existencia cualquier política de persecución a las personas defensoras de derechos humanos».
Se recomienda la lectura completa del informe, así como la parte de conclusiones y de recomendaciones finales (pp. 87-91) de manera a poder apreciar mejor la labor de fiscalización ejercida por un órgano de derechos humanos como la CIDH y la urgente necesidad de acompañar a las autoridades de Nicaragua y a las organizaciones de la sociedad civil en la efectiva implementación de sus recomendaciones incluidas en la parte final de dicho informe.
En Nicaragua, como en muchas otras partes del mundo, la violencia sólo puede generar mayor violencia y conflictividad: una crisis política debe resolverse sin enlutar cada día a más familias cuyos miembros son ultimados a tiros por fuerzas de seguridad (o fuerzas paramilitares que actúan en la mayor impunidad con la complicidad del Estado).
Este sábado 23 de junio, un niño de 14 meses fue abatido de un tiro en la cabeza (véase nota de prensa), sumándose a once menores de edad fallecidos en Nicaragua en los últimos dos meses en el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, le invita este martes 26 de junio a las 2 p.m. a los Diálogos Críticos con la Ciudadanía donde se tratará el tema: “¿Ideología de género o teoría de género? Las tergiversaciones del fundamentalismo religioso”.
Se contará con la participación de la M. Sc. Rocío Chaves Jiménez, directora del Instituto de Estudios de Género de la UNED y la M.Sc. Patricia Oliva Barboza, investigadora del CICDE-UNED. Conducción a cargo de Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE-UNED.
El pasado 13 de junio, fue convocada una reunión urgente de la Asamblea General de Naciones Unidas, a solicitud de Argelia y de Turquía, para examinar la dramática situación que se vive en Gaza, con una violencia que enluta a más de un centenar de familias palestinas desde el pasado 14 de mayo (véase carta oficial de ambos Estados del 8 de junio). A los miles de heridos provocados por la respuesta desproporcional e indiscriminada de las fuerzas militares de Israel ante las manifestaciones en Gaza, y que suman ya más más de 13.000 (según datos aportados en esta nota de prensa de EuropaPress), hay que añadir un mortífero saldo de 124 muertes, al 9 de junio del 2018 (véase nota de France24).
El calificativo de «crímenes de guerra» usado por una ONG norteamericana como Human RightsWatch el mismo 13 de junio viene ahora a interpelar a las entidades a cargo de la aplicación del derecho penal internacional y a quiénes siguen justificando el uso de la fuerza por parte de Israel (véase comunicado oficial del 13 de junio del 2018).
Como se recordará, el pasado 1ero de junio, un veto de Estados Unidos impidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptar una resolución presentada por Kuwait con relación a la urgente necesidad de proteger a los civiles palestinos y sus vidas. Este proyecto de resolución se discutió ante el recrudecimiento de la violencia, el cual se originó a partir del pasado 14 de mayo, y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes contra civiles palestinos, incluyendo a mujeres y a menores de edad, a médicos y a periodistas.
Breve puesta en contexto
Cabe precisar que Israel y Estados Unidos escogieron el 14 de mayo, día de la proclama de independencia de Israel y víspera de la conmemoración de la Nakba para Palestina, para inaugurar oficialmente la sede diplomática norteamericana en Jerusalén, un hecho condenado por varios integrantes de la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de la Conferencia Islámica que preside Turquía (véase declaración oficial del 15/5/2018). La declaración de Francia (véase texto) refleja la desaprobación generalizada a esta decisión norteamericana que la comunidad internacional no debiera de pasar por alto, y que ningún Presidente de Estados Unidos se había atrevido a materializar, por más solicitudes recibidas por parte de Israel.
Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestras reflexiones publicadas en MiddleEastMonitor, bajo el título «The US Embassy move to Jerusalem: the need for a response from the international community«. Entre algunas opciones, se sugiere que Estados que aún no han reconocido a Palestina como Estado lo hagan: en el caso de España, se trata de una asignatura pendiente desde noviembre del 2014, mes en el que el pleno del Congreso de España adoptó una resolución mediante la cual “instaba” al Poder Ejecutivo a reconocer a Palestina como Estado, con 319 votos a favor, una abstención y dos votos en contra.
Es de notar además que el 16 de mayo, fueron 10 los integrantes del Consejo de Seguridad que exigieron mediante misiva formal (véase texto) al Secretario General de Naciones Unidas preparar un informe escrito, de conformidad con lo expuesto en la resolución 2334 adoptada por este mismo órgano en diciembre del 2016: este informe, cuyo contenido detalla las exacciones cometidas en Jerusalén Oriental, en Gaza y en Cisjordania por parte de Israel (véase textodel informe), será presentado y discutido este 19 de junio durante la reunión mensual sobre Oriente Medio del Consejo de Seguridad.
Foto de la delegada de Estados Unidos saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el representante de Palestina el pasado 15 de mayo del 2018, extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).
Nótese que el contundente voto obtenido este 13 de junio en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas refleja el profundo y cada vez mayor repudio a las exacciones israelíes y a los intentos de justificarlas por parte de Israel. La reciente suspensión, el pasado 5 de junio, de un partido de fútbol entre las selecciones de Israel y de Argentina previsto en Jerusalén para este 9 de junio, y la anterior cancelación de un concierto de la popular cantante Shakira oriunda de Colombia en Israel (29 de mayo), evidencian este repudio que se manifiesta desde la misma sociedad civil (movimiento «Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la colonización y la ocupación ilegal israelí«, más conocido por sus siglas como «Movimiento BDS«).
El voto de la resolución en breve
Materializado el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén el 14 de mayo, las manifestaciones en Palestina no tardaron, así como la violenta respuesta israelí, con un saldo de 59 muertes palestinas acaecidas el mismo 15 de mayo.
La resolución votada este 13 de junio (véase texto final reproducido al final de esta nota y disponible en este enlace) es muy similar a la vetada por Estados Unidos el pasado 1ero de junio en el Consejo de Seguridad. Después de los considerandos colocados en la parte inicial de la resolución, se incluyeron 17 párrafos operativos, cuyos tres primeros se leen de la siguiente manera:
«1. Pide a todas las partes que respeten plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular en lo que respecta a la protección de la población civil, y reitera la necesidad de adoptar medidas apropiadas para velar por la seguridad y el bienestar de los civiles y asegurar su protección, así como para garantizar que se rindan cuentas por todas las violaciones;
2. Deplora el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por las fuerzas israelíes contra los civiles palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y especialmente en la Franja de Gaza, en particular el uso de munición real contra manifestantes civiles, incluidos niños, así como personal médico y periodistas, y expresa su grave preocupación por la pérdida de vidas inocentes;
3. Exige que Israel, la Potencia ocupante, se abstenga de llevar a cabo esas acciones y cumpla plenamente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949» ;
El detalle del voto
Puesta a votación después de un intento de Estados Unidos de enmendar el texto con una condena expresa a Hamas, que no recogió votos suficientes, la resolución titulada «Protección de la población civil palestina» obtuvo a su favor 120 votos, y tan solo 8 Estados votaron en contra (Australia, Estados Unidos, Israel, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Islas Salomon y Togo).
Posiblemente en razón de presiones de diversa indole recibidas por parte de Estados Unidos y de Israel, fueron 45 Estados los que optaron por abstenerse, entre los cuales Argentina, Canadá y México.
De manera a completar el panorama, hay que precisar también que 20 Estados optaron por el «No Show« (ausencia física del delegado al momento de registrarse el voto): en el caso del hemisferio americano, se registra a Haití y a Dominica (Commonwealth de).
En América Latina, votaron a favor de esta resolución los siguientes Estados: Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Por alguna razón que sería extremadamente oportuno conocer en algunos casos, se abstuvieron Argentina, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, así como República Dominicana.
Con relación a la Unión Europea (UE), de sus 28 Estados miembros, votaron a favor de esta resolución 11 Estados, a saber: Bélgica, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Malta, Portugal, así como Suecia.
A modo de conclusión: el descrédito de Israel y de su incondicional aliado
El mayoritario apoyo recibido pese a los intentos de Israel y de Estados Unidos de frenarlo constituyen un nuevo episodio en el que claramente la diplomacia de Palestina sale victoriosa.
Cabe precisar que el frustrado intento de Estados Unidos de presentar un texto condenando expresamente a Hamas ya se había presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado 1ero de junio, dando lugar a una inédita situación en los anales de Naciones Unidas: de quince votos posibles, el texto norteamericano obtuvo un solo voto a favor (Estados Unidos).
Es posiblemente la primera vez desde 1945 que Estados Unidos exhibe ante los demás integrantes del Consejo de Seguridad una soledad tan pronunciada, la cual evidencia la total pérdida de credibilidad de la diplomacia norteamericana.
Este 19 de junio, después de una fuerte crítica del jefe de la diplomacia del Reino Unido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la inclusión de Israel en el punto 7 de su agenda, Estados Unidos probablemente notifique su retiro del máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos (véasenota de The Telegraph titulada “United States ‘to announce withdrawal from UN human rights council”).
Texto de la resolución adoptada este 13 de junio del 2018 por la Asamblea General de Naciones Unidas, titulada «Protección de la población civil palestina»
Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental Ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado
Argelia, Turquía y Estado de Palestina: proyecto de resolución
Protección de la población civil palestina
La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones pertinentes relativas a la cuestión de Palestina,
Recordando también sus resoluciones pertinentes sobre la protección de los civiles, en particular la resolución 71/144, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados, la resolución 72/131, de 11 de diciembre de 2017, relativa a la seguridad del personal de asistencia humanitaria y protección del personal de las Naciones Unidas, y la resolución 72/175, de 19 de diciembre de 2017, relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad,
Recordando además los informes pertinentes del Secretario General, incluido el más reciente, de 14 de mayo de 2018, sobre la protección de los civiles en los conflictos armados,
Recordando todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, entre otras, las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, 338 (1973), de 22 de octubre de 1973, 605 (1987), de 22 de diciembre de 1987, 904 (1994), de 18 de marzo de 1994, 1397 (2002), de 12 de marzo de 2002, 1515 (2003) de 19 de noviembre de 2003, 1544 (2004), de 19 de mayo de 2004, 1850 (2008), de 16 de diciembre de 2008, 1860 (2009), de 8 de enero de 2009, y 2334 (2016), de 23 de diciembre de 2016,
Recordando también la declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 28 de julio de 2014,
Teniendo presente la carta de fecha 21 de octubre de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General
Recordando las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, en particular las relativas a los niños y los conflictos armados, entre otras, sus resoluciones 1894 (2009), de 11 de noviembre de 2009, y 2225 (2015), de 18 de junio de 2015, así como las declaraciones pertinentes de su Presidencia, y las resoluciones sobre la protección del personal médico y de asistencia humanitaria y de los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado en los conflictos armados, entre otras, las resoluciones 2222 (2015), de 27 de mayo de 2015, y 2286 (2016), de 3 de mayo de 2016, así como las demás resoluciones y declaraciones de la Presidencia pertinentes,
Reafirmando la obligación de respetar y velar por que se respete el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias, de conformidad con el artículo 1 de los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949,
Expresando su grave preocupación por la intensificación de la violencia y las tensiones y por el deterioro de la situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en particular desde el 30 de marzo de 2018, así como su profunda alarma por la pérdida de vidas de civiles y el elevado número de bajas de civiles palestinos, en particular en la Franja de Gaza, incluidas muertes de niños, causadas por las fuerzas israelíes,
Condenando todos los actos de violencia contra civiles, incluidos los actos de terror, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción,
Reafirmando el derecho a la reunión y protesta pacíficas y la libertad de expresión y de asociación,
Poniendo de relieve la necesidad de aplicar medidas de rendición de cuentas, y destacando a este respecto la importancia de velar por que se realicen investigaciones independientes y transparentes que sean conformes a las normas internacionales,
Alarmado por el empeoramiento de la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza, y destacando la necesidad de lograr una solución duradera de esta crisis que sea conforme al derecho internacional,
Destacando que los conflictos armados tienen un efecto particular sobre las mujeres y los niños, incluso en cuanto refugiados y desplazados, así como sobre otros civiles que pueden ser vulnerables por motivos específicos, entre ellos las personas con discapacidad y las personas de edad, y destacando la necesidad de que el Consejo de Seguridad y los Estados Miembros fortalezcan más la protección de los civiles,
Recordando que solo se puede alcanzar una solución duradera del conflicto israelo-palestino por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como mediante negociaciones creíbles y directas,
Destacando que la Franja de Gaza constituye una parte integral del territorio palestino ocupado en 1967,
Reafirmando el derecho de todos los Estados de la región a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente,
1. Pide a todas las partes que respeten plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular en lo que respecta a la protección de la población civil, y reitera la necesidad de adoptar medidas apropiadas para velar por la seguridad y el bienestar de los civiles y asegurar su protección, así como para garantizar que se rindan cuentas por todas las violaciones;
2. Deplora el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por las fuerzas israelíes contra los civiles palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y especialmente en la Franja de Gaza, en particular el uso de munición real contra manifestantes civiles, incluidos niños, así como personal médico y periodistas, y expresa su grave preocupación por la pérdida de vidas inocentes;
3. Exige que Israel, la Potencia ocupante, se abstenga de llevar a cabo esas acciones y cumpla plenamente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949 ;
4. Deplora todas las acciones que pudieran provocar actos violentos y poner en riesgo la vida de civiles y exhorta a todos los agentes a que velen por que las protestas se desarrollen de manera pacífica;
5. Deplora también el lanzamiento desde la Franja de Gaza de cohetes dirigidos contra zonas civiles israelíes;
6. Pide que se adopten medidas urgentemente para velar por que se establezca inmediatamente un alto el fuego duradero que se respete plenamente;
7. Pide también a todas las partes que actúen con la máxima moderación y calma y destaca la necesidad de que se adopten inmediatamente las medidas significativas necesarias para estabilizar la situación e invertir las tendencias negativas sobre el terreno;
8. Destaca la necesidad de responder a las situaciones de conflicto armado en que los civiles sean objeto de ataques o se obstaculice deliberadamente la asistencia humanitaria a ellos destinada, incluso considerando la posibilidad de adoptar las medidas apropiadas que puedan tomarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;
9. Pide que se examinen medidas para garantizar la seguridad y la protección de la población civil palestina en el Territorio Palestino Ocupado, en particular en la Franja de Gaza;
10. Pide también que se adopten medidas inmediatas para poner fin al cierre y las restricciones impuestos por Israel a la entrada y salida de la Franja de Gaza y a los desplazamientos en esa zona, en particular la apertura continua de los puntos de paso de la Franja de Gaza para que se permita la circulación de la ayuda humanitaria, los bienes comerciales y las personas, de conformidad con el derecho internacional, incluido en lo que respecta a las legítimas necesidades de seguridad;
11. Exige que todas las partes cooperen con el personal médico y de asistencia humanitaria para permitir y facilitar el acceso sin trabas a la población civil, y pide el cese de todas las formas de violencia e intimidación dirigidas contra el personal médico y de asistencia humanitaria;
12. Insta a que se preste asistencia humanitaria inmediatamente y sin obstáculos a la población civil palestina de la Franja de Gaza, teniendo presentes las necesidades fundamentales de atención médica, alimentos, agua y combustible, e insta a que se preste más apoyo al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, en reconocimiento de la función esencial que desempeña, junto con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, en la provisión de asistencia humanitaria y de emergencia, especialmente en la Franja de Gaza;
13. Alienta a que se adopten medidas tangibles en pro de la reconciliación entre los palestinos, en particular en apoyo de los esfuerzos de mediación realizados por Egipto, así como medidas concretas para reunir la Franja de Gaza y la Ribera Occidental bajo el legítimo Gobierno palestino y velar por su funcionamiento efectivo en la Franja de Gaza;
14. Acoge con beneplácito la colaboración del Secretario General y el Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz del Oriente Medio y Representante Personal del Secretario General ante la Organización de Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina para prestar asistencia, en cooperación con los asociados pertinentes, en los esfuerzos para distender la situación inmediatamente y hacer frente a las necesidades urgentes en materia de infraestructuras, asistencia humanitaria y desarrollo económico, en particular mediante la ejecución de proyectos aprobados por el Comité Especial de Enlace para la Coordinación de la Asistencia Internacional a los Palestinos, e insta a que se refuerce esa colaboración;
15. Solicita al Secretario General que examine la situación actual y presente un informe por escrito lo antes posible, como máximo en un plazo de 60 días a partir de la aprobación de esta resolución, que contenga, entre otras cosas, sus propuestas sobre las maneras y los medios de garantizar la seguridad, la protección y el bienestar de la población civil palestina que vive bajo ocupación israelí y, en particular, recomendaciones sobre un mecanismo de protección internacional;
16. Pide que se redoblen los esfuerzos de manera urgente para crear las condiciones necesarias para iniciar negociaciones creíbles sobre todas las cuestión es relativas al estatuto definitivo a fin de poner fin sin demora a la ocupación israelí que comenzó en 1967 y lograr una paz amplia, justa y duradera basada en el ideal de una región en la que dos Estados democráticos —Israel y Palestina— vivan el uno al lado del otro en paz y con fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de referencia de la Conferencia de Madrid, incluido el principio de territorio por paz, la Iniciativa de Paz Árabe y la hoja de ruta del Cuarteto, como se pide en la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad y demás resoluciones pertinentes;
17. Decide suspender temporalmente el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia y autorizar al Presidente de la Asamblea General en su período de sesiones más reciente a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
En el marco de la conmemoración del centenario de la Reforma de Córdoba, la Universidad de Costa Rica realizó durante la semana del 23 al 28 de abril diversas actividades para reflexionar y discutir sobre los temas relevantes vinculados con el quehacer de la Universidad Pública latinoamericana. Uno de estos espacios fue la conferencia impartida por el Dr. Boaventura de Sousa Santos “La función decolonizadora de la Universidad pública latinoamericana”, disponible en pdf en el siguiente enlace.
