Considera el Sr. Presidente que debe de celebrar por la aprobación preliminar por parte de la Asamblea Legislativa, del Proyecto 20.580, y lo define como: “…un paso importante y urgente en el objetivo de llevar a Costa Rica hacia una economía sana y estable” (1).
¿Qué se entiende por “una economía sana y estable”? A mi parecer, debe de ser una que sea dinámica, próspera, auto suficiente, sostenible y respetuosa del medio ambiente, que no dependa de las deudas ni de ninguna moneda extranjera y que posibilite la distribución equitativa de la riqueza y el bienestar entre los ciudadanos (art. 50 Constitución Política).
El Sr. Presidente, dice que “Cada persona cuenta en la Costa Rica que seguimos construyendo”. Pero la verdad, lo que cabe decir es que ¡”cada empresa y cada persona que lucre y genere riqueza, cuenta!”. Es un hecho económico reconocido, que son las empresas, nacionales y extranjeras, las que generan los mayores ingresos y grandes capitales y no tanto las personas físicas o asalariadas. ¡Y también es un hecho económico, de claridad meridiana, que tanto la evasión como la elusión fiscal en Costa Rica, equivalen a miles y miles de millones de colones!
Una economía sana y estable, no se puede lograr cargando sobre el pueblo en general y las empresas que sí tributan, el pago de las obligaciones del Estado.
Dicho proyecto, aún no refleja, que como dice el Sr. Presidente: “estamos muy cerca de adoptar medidas de cambio valientes y de fondo”.
El sólo hecho de que las empresas generen empleo, no las exime de tributar, ni dentro, ni fuera de zona franca. El Estado costarricense es uno solo, y nuestro territorio, es uno solo. Nadie debería considerar que sus negocios, en Costa Rica, son extra-territoriales y “blindados” contra el ojo Fiscal y ello incluye al “portal” de importaciones en Golfito. Mucho menos, si se le exige a los ciudadanos asalariados el tributar sin falta y pagar hasta 101 tipos diferentes de impuestos (2). ¡Mucho menos con el nivel de DEUDA PUBLICA que tiene el Estado costarricense!
¿Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo, tiene que seguir pagando el Impuesto Único a los combustibles, para siempre? («Per omnia saecula seculorum.») ¡Y que el pueblo ama el subsidiar y aumentar con sus sacrificios las ganancias de los ya acaudalados!
¡Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo debe seguir cargando sobre sus hombros la gigantesca Deuda Pública, aprobando un Proyecto Fiscal como el 20.580 que de ninguna manera provee una solución responsable a la ya añeja falta de recursos propios del Estado! ¡Ponen “remiendos viejos”, en odres nuevos! ( Marcos 2:22).
Ingrese en el siguiente enlace para leer el texto completo:
Un sistema, con sus programas estratégicos para el desarrollo, se consideraría exitoso si los indicadores sociales y económicos generales mejoran, es decir, son superiores a los de años anteriores. Si su pueblo los tolera, fortalece y fomenta. De lo contrario, son un fracaso, demostrando el pueblo su disgusto con movilizaciones constantes.
Hasta donde podemos observar, en los países latinoamericanos, uno de los países que está presentando anualmente resultados positivos y significativos en lo social y económico, es Bolivia. No nos referimos al conocido índice de crecimiento general sobre el PIB, y los indicadores de inversiones industriales e intercambio comercial globales, pero a la calidad de vida de la ciudadanía.
Según el PNUD quien utiliza tres variables para definir el índice de desarrollo humano: 1) la esperanza de vida al nacer, 2) el nivel de alfabetización adulta y nivel de estudios alcanzado; y, 3) el producto interno bruto por persona y su acceso a recursos económicos, calificando de 1 a 0, siendo éste 0 la más baja y 1 la más alta. PNUD clasifica así tres categorías de países: Los países con IDH muy alto; los países con IDH alto; los que tienen IDH medio y, los con IDH bajo. En grado muy alto, se enlista a Chile, Argentina y Uruguay. En grado alto, la lista está encabezada por Costa Rica, Panamá y Cuba; el grado medio lo encabeza Bolivia, El Salvador y Nicaragua, terminando la lista con Haití con la categoría de IDH bajo.[1]
Esta clasificación nos puede ayudar a comparar los países un tanto académicamente, pero debemos incluir una mirada sobre su desarrollo político también. No sorprendería a nadie prever una caída en el IDH en el caso de Argentina, por las políticas económicas implementadas últimamente por su gobierno, además de las permanentes movilizaciones de su ciudadanía protestando. El crecimiento sin precedentes de su deuda externa, los recortes de los servicios públicos y el creciente desempleo, hace ver esa probable caída.
El caso de Costa Rica, es menos grave, pero, su situación es de un alto riesgo. Ya está publicada la última encuesta de hogares de julio del presente año, se confirma un aumento de 1.1% en la pobreza y de la extrema pobreza en 0.6% entre el 2017 y 2018. Si las amenazas de implementar medidas impopulares, es decir, en contra de las mayorías sociales, se ejecutan, es muy probable que Costa Rica, caiga más debajo de la escala establecida por el PNUD, el próximo año.
Los demás países centroamericanos están en peores condiciones de vida, no solamente por las medidas neoliberales implementadas por sus gobernantes durante el último quinquenio, pero por el crecimiento de la corrupción y la impunidad de sus gobernantes. Es en el caso salvadoreño donde su actual gobierno se ha librado de acusaciones públicas de alta corrupción.
La imposición de círculos mafiosos dentro de los gobiernos, con altos niveles de nepotismo y corrupción, así como de sus vínculos con el crimen organizado, hacen que sus pueblos se dispongan a organizar caravanas masivas de migrantes en busca de mejores condiciones de vida. Son pueblos que dejaron de creer en los discursos vacíos de la clase política. Pueblos que están viviendo los resultados de políticas neoliberales donde si no hay negocio, no se invierte en los servicios públicos esenciales. Honduras encabeza a estos gobiernos del área centroamericana, donde queda muy poco por concesionar y licitar, como recursos y servicios que antes le servían al pueblo empobrecido. Durante los últimos ocho años, su pueblo ha aprendido a sobrevivir con miedo y terror. Los carteles de la droga, del tráfico humano, el negocio del sicariato, del soborno, la extorción, de las pandillas en complicidad con autoridades, etc., hicieron de este país un paraíso centroamericano para la delincuencia. No solamente han coexistido con las autoridades locales, pero con las agencias de los EUA, quienes, desde el golpe de Estado en 2009, han convertido a este país en su aliado estratégico, para experimentar todo tipo de negocio sin obedecer un marco jurídico alguno. Desde luego, históricamente Honduras ha cumplido los dictados de Washington, pero entre 2007 y 2009, ese pueblo tuvo la esperanza de ver una luz de su autonomía y soberanía. Algo intolerable para el imperio yanqui.
Después de ocho años de protestas, demandas y esperanzas, el pueblo catracho se ha dado por vencido. Con más de un 63% de pobreza (6 millones de personas), un 80% de empleo precario y sub empleo arriba del 50%, el pueblo está convencido que no hay medio lícito y “democrático” que permita rescatar un sistema de gobierno y de institucionalidad democrática que priorice a su pueblo. Dejando alrededor de 25 mil víctimas asesinadas, muchos presos políticos y muchas personas con daños laterales, dejando sus barrios abnegados de inseguridad social, de instituciones cadavéricas y altos niveles de desempleo formal, mejor se va. Su emigración es un hecho, aunque sea con pocos Lempiras en su bolsillo, dejando atrás a seres queridos y amistades, se ha dispuesto a tomar la última medida de salvación para cualquier ser humano: abandonar su propia patria, la tierra que le vio nacer y donde tuvo sembrada sus esperanzas de vida.
Por ahora se habla de 4 a 5 mil personas en caravanas, de todas las edades y en diferentes condiciones, pero con el común denominador: POBRES y MISERABLES. Su disposición voluntaria de llegar a cumplir su meta, les ha obligado a saltar obstáculos que pueden hacer temblar a los más valientes, pero siempre con esa voluntad férrea de seguir avanzando.
Este fenómeno es otra prueba más de que los sistemas políticos de libre mercado y desregulación impuestos por algunos gobiernos, agencias internacionales y multilaterales son un fracaso. Este fracaso, evidentemente no es de un gobierno izquierdista como el venezolano. Ese fracaso denunciado por la OEA (Almagro y Grupo de Lima) del cual se conocen sus causas, como las fabricadas por Ronald Regan en Nicaragua en los ochenta, pero con intereses mucho más económicos ahora con relación a Venezuela, esta demostrado por la voluntad de estos pueblos empobrecidos de Centro América.
Los nicaragüenses huyen hacia Costa Rica, los hondureños y guatemaltecos hacia México, Estados Unidos y Canadá, además de España. Los catrachos podrían hacer lo que hacen los nicaragüenses, huir hacia el Sur, pero su razonamiento es que en Nicaragua hay otra dictadura, con una pobreza igual o peor que en Honduras. Así que no se trata de ir a vivir a un contexto con ideología (dis que izquierdista) determinada, pero en mejores condiciones políticas y económicas. El mito de que EUA es el “sueño americano” sigue calando en las mentes de estos pueblos. Pero queda la esperanza de unas condiciones mejores en México con un nuevo gobierno más democrático. Es de esperar a diciembre próximo.
Este 18 de octubre fue dado a conocer el estudio denominado «Encuesta Nacional de Hogares Julio 2018«, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Sus hallazgos eran esperados al permitir medir de mejor manera la realidad social costarricense, objeto de valoraciones diversas, en particular durante la reciente campaña electoral de este 2018: mientras que para unos el deterioro social heredado de las administraciones anteriores – correspondientes a los períodos (2006-2010) y (2010-2014) – se mantenía, para otros, Costa Rica estaba logrando desde el 2014 revertirlo y ello debería de verse reflejado en las mediciones a venir.
Foto extraída de artículo de prensa (Semanario Universidad) titulado «Centroamérica reduce pobreza del 53% al 49%», edición del 18/11/2015
Los principales hallazgos del INEC
En este documento oficial del Estado costarricense, se puede leer (véase texto completo), con relación a la pobreza, que:
«el 21,1 % de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza por LP, esto equivale a 328 848 hogares, 23 617 hogares más que el año anterior, en términos porcentuales representa un incremento de 1,1 pp en el nivel pobreza, lo cual es una variación estadísticamente significativa» (p. 43).
Asimismo, se señala que:
«El porcentaje de hogares en pobreza extrema presenta un aumento de 0,6 pp, pasando de 5,7 % en el 2017 a 6,3 % en este año, en términos absolutos representa un aumento de 12 371 hogares, pasa de 86 663 hogares en el 2017 a 99 034 en el 2018» (p. 44).
Se sugiere al lector revisar los gráficos de las páginas 43-44 que ilustran de manera muy clara el aumento de la pobreza medida con relación a hogares (p. 43) y personas (p. 44).
Se detalla también la medición de la pobreza ya no de los hogares sino en número exactos de personas: el estudio no las distingue, pero se puede adelantar que gran parte de estas personas poseen un rostro femenino. Según los datos del INEC para el 2018,
«La incidencia de la pobreza en términos de personas es de 22,9 %, en términos absolutos representa 1 142 069 personas en el 2018, esto equivale a un aumento de 0,8 pp respecto al 2017, es decir, 49 666 personas más en condición de pobreza» (p. 44)
De igual forma, con relación a la pobreza extrema, se puede leer que:
«Por su parte, el porcentaje de la población en extrema pobreza se estima en 7,2 %, 1,0 pp más respecto al año anterior, lo que corresponde a 360 783 personas con ingresos per cápita inferiores al costo de la Canasta Básica Alimentaria en el 2018, 54 273 personas más que en 2017» (p. 44).
De manera a dimensionar estas cifras para el lector poco familiarizado con estadísticas poblaciones de Costa Rica, es de notar que la población total de Costa Rica asciende a unos cinco millones de habitantes para el 2018, según cables de noticias circuladas en setiembre del 2018 sobre el nacimiento del «tico 5.000.000.».
Cabe precisar que los datos aportados en julio del 2015 por el INEC en una encuesta similar (véase texto completo) indicaban que «el 21,7% de los hogares en el país se encuentran en situación de pobreza, esto equivale a 317 660 hogares en dicha condición» (p. 22) y que «En condición de pobreza extrema, la cantidad de hogares se incrementó respecto al año 2014, pasando de 94 810 a 104 712 hogares en el 2015, cifra que representa el 7,2% de los hogares en el 2015» (p. 23).
Hallazgos que… ¿confirman la creciente desigualdad en Costa Rica?
Con relación al coeficiente Gini que mide la desigualdad, se puede leer que:
«El coeficiente de Gini, es una medida resumen de la desigualdad en la distribución de los ingresos per cápita entre los hogares. Para el 2018, el nivel de concentración del ingreso se mantuvo en 0,514 mismo valor observado el año anterior» (p. 41).
Mantener la cifra del coeficiente Gini en un 0,514 con relación al 2017 no es para nada halagüeño, si se considera que Costa Rica constituye, con Guatemala y República Dominicana, el único Estado en el que el coeficiente Gini ha progresado, a diferencia de la tendencia general observada en los últimos dos decenios en el resto de América Latina. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, es a partir del 2007 que la desigualdad social en Costa Rica que mide el coeficiente Gini progresa de manera significativa.
Gráfico extraído de artículo de prensa (La Nación) titulado: «Desigualdad baja en América Latina pero sube en Costa Rica», edición del 31/07/2017
La variación del coeficiente Gini en América Latina desde el 2002 hasta el 2016 en curva sostenidamente descendente se puede también apreciar en el gráfico I.5 (página 49) del Panorama Social de América Latina (2017) publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y disponible aquí.
Se lee en el reciente estudio del INEC cómo es que se reparte la desigualdad dentro del territorio costarricense, comparando datos del 2017 y del 2018:
«la Huetar Caribe presenta el menor nivel de desigualdad en el ingreso, esto a pesar de que aumentó respecto al 2017, por otra parte, en el 2018 la región Brunca pasa a ser la región con el mayor nivel de desigualdad (0,524). Además de la región Huetar Caribe, la Chorotega y la Brunca aumentó el nivel de desigualdad respecto al año anterior, mientras en la Central, la Pacífico Central y la Huetar Norte la desigualdad disminuye. El aumento en el coeficiente de Gini de la Chorotega, así como la disminución en el de la Pacífico Central son estadísticamente significativos» (p. 41).
El declive de Costa Rica en materia de IDH
En el 2017, se dio a conocer la posición de Costa Rica con relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH), una medición que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), colocando a Costa Rica en el puesto 66 a nivel mundial: referimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota cuya versión final fue publicada en HablandoClaro y en el sitio de Pressenza, titulada «Indice de Desarrollo Humano 2016. Costa Rica en el puesto 66«, disponible en este enlace de HablandoClaro y en este otro de Pressenza.
En el mes de marzo del 2018, se indicó que Costa Rica pasó de la posición 66 (2016) a la posición 63 (véase clasificación oficial del PNUD para el 2017). El desglose de los rubros evaluados se encuentra en este enlace oficial del PNUD. De manera a poder apreciar mejor qué significa para Costa Rica estar en posiciones que oscilan entre los puestos 66 y 63, adjuntamos a continuación clasificación anterior en materia de IDH, a nivel mundial, en el que se puede destacar el verdadero desplome del IDH correspondiente al período (2006-2010):
Elaboración propia del autor, con base en los datos compilados hasta el 2012 por el Estado de la Nación.
Los recientes datos para el 2018 que arroja el INEC vienen a confirmar diversas advertencias hechas desde varios años por algunas entidades internacionales y nacionales a las autoridades de Costa Rica sobre la imperiosa necesidad de adecuar su denominado «modelo» de desarrollo de forma tal que redistribuya de manera mucho más equitativa la riqueza que genera.
A modo de conclusión: un «modelo» bastante cuestionable
En efecto, generar ganancias para algunos sectores privilegiados sin que ello incida en los índices sociales de un Estado o en una mejoría paulatina de otros sectores más desprotegidos arroja algunas interrogantes muy válidas sobre el tipo de «modelo» económico seguido. Un ejemplo, entre muchos otros, sobre la escaza o nula distribución de la riqueza generada lo constituye uno de los principales productos de exportación de Costa Rica, la piña exportada desde los años 2007 al mercado mundial denominada «Sweet Gold» o MD-2. Este producto ha contado a partir del 2007 con políticas del Estado para favorecer su vertiginosa expansión so pretexto del «desarrollo» que aporta a las comunidades y los «miles de empleos» que genera, según las autoridades públicas costarricenses.
En el 2007, Costa Rica exportaba piña por un valor de 487 millones de US$; según cifras oficiales, en el 2017 exportó piña por concepto de 940 millones de US$. La riqueza generada es innegable, pero… ¿qué pasa con el desarrollo? En esta precisa materia, en el 2007, Costa Rica se ubicaba en el puesto 48 a nivel global con relación al indicador del IDH; para el 2017, se ubica en el puesto 66. A nivel local, los cantones en los que se localizan extensas plantaciones de piña se mantienen entre los cantones con menor IDH con relación a los demás 81 cantones (véase clasificación del Atlas 2014 que posiblemente confirmaría una nueva clasificación al 2018).
Los datos arrojados por el INEC vienen ahora a interpelar a varios decisores políticos y a confirmar que diversas advertencias hechas en el pasado a sus antecesores persisten. Sería de sumo provecho que el INEC piense en pormenorizar sus datos a nivel cantonal, de manera a tener una lectura mucho más precisa de la realidad costarricense a nivel local, como sí la ofrece la medición IDH en el plano cantonal.
Documentos / artículos recientes de interés (breve selección)
CHAVERRI P.,»¿Por qué persiste el estancamiento de la pobreza en Costa Rica?«, 2015, artículo de opnión, Semanario Universidad, disponible aquí
INEC, Costa Rica Mapas de Pobreza 2011, Informe, San José, 2011, 63 páginas, disponible aquí.
La ciudadanía pide diálogo para lograr consenso por un plan fiscal progresivo, equitativo y justo. Cuarenta y una organizaciones sociales promueven una carta pública dirigida al Presidente de la República y a las fracciones legislativas a fin de propiciar “un diálogo sereno, transparente y propositivo” que permita obtener los recursos financieros que el país necesita para su desarrollo.
Para ver el documento, firmar y compartir, siga este vínculo:
Se extiende la invitación a la comunidad de San Ramón, Piedades Sur para asistir a la Asamblea Popular sobre el tema: “El Plan Fiscal y cómo afectará a su comunidad”, en el salón comunal de El Salvador, el próximo jueves 18 de octubre a las 4 p.m.
Ante el ascenso de los sectores de ultraderecha, neofascistas, en Brasil, el Departamento Ecuménico de Investigaciones nos propone este diálogo como urgente y necesario, para ampliar la comprensión de la situación geopolítica en la región.
El DEI invita a la charla con el Dr. Bruno Simoes: «Golpe y elecciones en Brasil. Una mirada psicopolítica«, el próximo martes 16 de octubre a las 6 p.m. en la sala de audiovisuales, primer piso, de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós (Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio- Montes de Oca).
La entrada es libre.
Información compartida por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.
En política lo obvio no siempre es lo real. Es lo menos evidente frente al público lo que mueve el tablero de los dueños del poder. Ese tablero, generalmente, está en manos de poderes fácticos detrás del telón. En la tarima del escenario vemos a sus principales actores, actuando de acuerdo al libreto preparado previamente por terceros.
Sin lugar a dudas los organismos multilaterales y bilaterales han estado día a día, observando, al asecho y actuando sobre la controversia de las últimas semanas para resolver el déficit fiscal.
Lo evidente es que tres partidos políticos (PAC, PLN y PUSC) apuestan por la reforma fiscal aprobada en primer debate el viernes 5. Éste está en el período de consulta en varias instituciones. Sin embargo, es al llegar a la Corte Suprema de Justicia adónde existen mayores probabilidades de rechazarse, dados los casos anteriores sobre el mismo tema. Pero, podría ser que pase su aprobación.
Mientras éste proceso llega a concretarse (puede tardar un mes), las discusiones sobre las probables opciones se mantienen, aun después de suspender la huelga de trabajadores. Ignorar esta discusión es evitar servir al futuro del país.
Sabemos que sí el Estado cobra a los evasores del ISR su deuda, se rescatarían hasta el 8% del PIB. Un porcentaje arriba del déficit actual. Esto sin aplicar la carga de impuestos indirectos que se tienen proyectados por la Asamblea y el Ejecutivo.
No obstante existen otras propuestas que están detrás de bambalinas: subir y ampliar el IVA, imitando a otros países, de por sí empobrecidos y en miseria, además de la reducción de servicios sociales y venta (privatización) de bienes y servicios, con lo cual el Estado adquiera ingresos frescos. Nada que envidiar de las experiencias chilenas, argentinas y brasileñas.
Lógicamente, nuestra Costa Rica entraría al grupo de países empobrecidos, con una juventud sin futuro, emigrando a otros territorios en busca de algo mejor, mientras los antes pensionados, esperan su último suspiro. Sin servicios básicos, ni salud, ni educación, menos trabajo y perdiendo sus techos, y hasta su dignidad, como hemos visto en Grecia, Argentina, Brasil, Italia y no digamos los países balcánicos y países africanos.
En pocas palabras, se nos estaría aplicando la receta de los «chicagos boys», el recorte presupuestario a todo servicio público en salud, educación, comunicaciones, vivienda social, carreteras para zonas campesinas e indígenas; crédito agrícola a pequeños y medianos productores; subsidios a medio ambiente (parques naturales), es decir, lo que no sea negocio rentable, perdería importancia alguna. Solamente se fortalecería aquello que pueda venderse al mejor postor en un corto plazo. En esa escuela del neoliberalismo, ya fracasada, el Estado debe reducirse al máximo, para que la iniciativa privada predomine y venda cuanto servicio sea requerido por la ciudadanía.
Es así que nuestra democrática Costa Rica puede concluir sus días, pasando de la folclórica expresión “pura vida” hacia “pura miseria mae”.
De nuestra ciudadanía depende nuestro futuro, si nuestro Gobierno sigue como ha mostrado ser en estas semanas.
A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.
¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.
No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.
El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.
Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.
Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.
Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.
*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/
A pesar de que el apoyo a la huelga se mantiene cercano al 50%, si experimentó una baja desde el 52 para colocarse en el 46%. Según el estudio del CIEP-UCR.
Compartimos el informe brindado por la Unidad de Comunicación del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas, que se realizó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y el Programa Estado Nación. Este informe estudia la opinión pública en el contexto actual de crisis fiscal, disponible en: https://www.ciep.ucr.ac.cr/index.php/noticias/96-apoyo-a-la-huelga-se-debilita
Ingrese en el siguiente enlace para descargar el informe:
Una verdadera carrera de criminalidad se ha ensañado a lo largo y ancho del país y lo ocurrido en la Provincia de Ocaña- Nororiente colombiano- sacudida por el secuestro de un niño de cinco años, hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander) no es extraña a esa sintomatología. De los habitantes de El Carmen se pregona: los del Centro del casco urbano son decentes. Los del extremo de Guamalito, vinculados al arribismo consumista del traqueteo narco paramilitar. El comportamiento anómalo en el manejo de una sociedad trasciende a la función estatal, más allá de la gobernabilidad de un país. Al cuerpo de nación le afecta lo de un Estado fallido.
Lo acaecido en los últimos sesenta años en Colombia lo catalogan como un país en guerra (internacionalmente, como un país asolado por un conflicto armado interno). Esa guerra interna ha dejado 262.197 muertos. 80.514 desaparecidos. 37.094 víctimas de secuestros. 15.867 víctimas de violencia sexual, 17.804 menores reclutados. Pese haberse firmado un Acuerdo de fin del conflicto con las Farc-ep, 25.000 personas fueron expulsadas de sus lugares de origen. A más de seis millones asciende la población desplazada durante los últimos años. Ya son cerca de 500 los líderes sociales asesinados, desde ese supuesto fin del conflicto con el anterior presidente Santos, titular del opaco Premio Nobel que no significó emblema, ni representó la Paz.
LA FINALIDAD DEL ACUERDO Y UN DESPROPOSITO DE PAZ
El Estado colombiano no ha demostrado un firme propósito en la obtención del fin del conflicto armado interno. La no cooperación armónica de los poderes públicos constitucionales así lo demostró. La injerencia de los órganos de control, la Procuraduría y en especial la Fiscalía, constituyéndose en una talanquera en la noria de la implementación de los Acuerdos. Los partidos políticos, cual conmilitones en el ejercicio de la guerra, gracias al ejercicio de un sistema electoral corrupto e ilegitimo, echaron a perder la finalidad de la salida política al conflicto armado interno en Colombia. Todos a uno y en particular el partido fascista denominado Centro Democrático (CD), dieron al traste con la finalidad que un Acuerdo de Paz o fin del conflicto con una insurgencia no derrotada militarmente. No acatan el significado de erradicar o sacar la violencia de la práctica política. Ese propósito lo desconocieron. Generaron la polarización de las figuras Santos-Uribe, siendo la misma cara de la moneda del Bloque Oligárquico Anti insurgente dominante. Bombardearon la implementación de los acuerdos, desde todos los ángulos. No permitieron el fin del conflicto; sino que por el contrario enfilaron toda actividad hacia el engaño, la felonía, la traición y la frustración de un pueblo, generando el enfilamiento del conflicto a manifestaciones de una nueva guerra, aún no esclarecida en la realización de sus propósitos. ¡Implantaron en el escenario nacional la paz de los sepulcros!
QUE ESTA PASANDO CON EL ESTADO, CON LAS FUERZAS ARMADAS, CON LA POLICÍA, CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS
El panorama nacional y regional es claro oscuro. Paramilitarismo se asimila a terror estatal. Para el mes de mayo de 2018 un estudio difundido por el periódico The Guardian, indica que el ejército colombiano ejecutó, a 10.000 civiles en los falsos positivos, para truncar las estadísticas, hacer ver que estaban “ganando” la guerra y aumentar la ayuda militar estadounidense. Los investigadores Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Rodríguez (“Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”). Corresponde a un ejercicio frio y calculado, durante décadas de conflicto. Las ejecuciones extrajudiciales “fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con discapacidad funcional… Para los Juristas del Mundo que han participado en Caravanas de Juristas en Colombia. (La VI Caravana Internacional de Juristas se realizó en el pasado mes de agosto, con visitas a escenarios como El Catatumbo): “Nos ha sido muy difícil confrontar la bondad de los colombianos con unas tragedias humanas insospechadas”. “la violencia y la falta de esclarecimiento es lo que nos mantiene más preocupados”. Concluyen que luego de tantas denuncias y conocimientos de causas “nada hacia el futuro…”.
Ese “nada hacia el futuro” martilla la conciencia nacional ante la impunidad. Rebosan los dossiers sobre investigaciones y conocimiento sobre el paramilitarismo. La Corte Penal Internacional (CPI) no da compás de espera. Pero corresponde colocar el dedo en la llaga en el papel de los partidos políticos en el incremento del conflicto armado interno en Colombia. El propósito de un Acuerdo del fin del conflicto con las antiguas Farc- ep era sacar la violencia de la política. Los partidos de la derecha militarista no lo han permitido. Corresponde a una imposición de condiciones a regir para ambas partes: para el régimen y para quienes los confrontan.
Asistimos al exterminio, en escala genocida, contra los líderes sociales. Pero existen relaciones de con causalidad entre los asesinatos selectivos y sistemáticos a líderes en las diferentes regiones del país y los postulados del partido fascista Centro Democrático (CD). A manera de enunciado:
Todo lo relacionado con la mega minería, la defensa del agua y otros recursos ambientales corresponde a lo programático neoliberal del partido CD. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera sin límite al cinturón de la soberanía nacional es del ejercicio de poder hegemónico actual. Las manifestaciones contra los procedimientos para oponerse a tal fin las enarbolan los líderes sociales y dirigentes comunitarios, en defensa de lo autóctono nacional y soberano. El indicio o señal de la actual ocurrencia es que esos contradictores son exterminados sistemáticamente.
Se conoce como reclamantes de tierras, a sujetos activos de los diez millones de hectáreas que, en un tiempo anterior y muy reciente de los periodos sanguinarios de Uribe en el poder, fueron desfoliados de sus tierras por la aplicación de la reforma agraria blanca del paramilitarismo en los campos colombianos. Lo programático del CD enfila contra la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras. Consagran el estatus quo de los juicios de pertenencia, en el sistema aberrante imperante en el Código Civil colombiano de la usucapión a los veinte años sin justo título; es decir, por las vías de hecho y el embuchado de los “terceros poseedores de buena fe”. Hoy esas tierras no son de paramilitares en particular, ni de agentes del ejército (…) son de multinacionales de los agrocombustibles, entre otros. La senadora del CD, María Fernanda Cabal, radica proyectos para el manejo de tierras, proteger a esa multinacionales y terratenientes particulares del latifundio improductivo, que criminalmente ocuparon esas tierras y persisten en los despojos a victimas campesinas. Ese proyecto busca “no molestar” a los que se quedaron con las tierras de los desplazados. En la usanza del vituperio, que es el modus operandi de ese partido fascista, el CD, esa flamante senadora, que cual ventrílocua señala a los reclamantes de tierras como “vagos y bandidos que no les gusta trabajar”, a sabiendas de sus consecuencias, ha llevado a considerar a Hernando Gómez Buendía: “Este asunto es crucial para el CD y por eso ha sido cogestionado entre Duque y su bancada”.
Buen número de los acribillados líderes sociales son voceros de los reclamantes de tierra; sacrificados por tener conocimiento de las situaciones de despojo y mantener los contactos con las victimas despojadas de esas tierras. El sicariato al servicio de los intereses programáticos de un partido fascista como el CD. Todo, por cuanto impulsan la desigualdad económica y social, bajo lo legal y la permanencia de despojo y de concentración de tierras. Enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal, pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder gracias al sistema desbastador de lo extractivo en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, a parecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales.
Ese partido, CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas de modos de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social. Corresponde “hacia el futuro” desentrañar o desenmarañar la simbiosis para beneficiarse mutuamente, como si existieren intereses y finalidades en común, entre la existencia de la sistematicidad de los crímenes a líderes sociales y comunitarios (ya hoy no acusados de auxiliares de las güerillas) y el acumulado político para ese partido fascista, el CD.
El Partido CD, apoyados por el presidente electo, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto y con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión, como si ello fuera albur de cualquier “perico de los palotes” y no de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de esencial aplicación del juez natural. La finalidad buscada apunta a entrabar y colocar talanqueras a la insoportable situación de no continuidad de las conversaciones con el ELN y la actitud de avestruz, ante la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Lo de la injerencia en la Justicia, por parte del fatídico partido CD, será tema de análisis en otra oportunidad, destacándose la búsqueda de una Justicia de bolsillo, al no aplicar ni el eufemismo de cortesana y de limarle a la Constitución del 91, el incisivo de la tutela: instrumento de mejor trato para servir de algo al sufrido pueblo. Sin olvidar la suerte de las ciudades, en el gobierno hegemónico de la derecha militarista, los pobres de los lugares apartados soportan la focalización de la violencia y son los sectores populares los que continúan poniendo los muertos en esta guerra que no termina.
¿Quién LOS ESTA MATANDO?
Por todo ello a futuro surge la cuestión: “¿Quién los está matando?”. La actividad política de denuncia nacional e internacional no se detiene. La convocatoria a la audiencia pública “Colombia por la Vida” en Popayán, requirió la presencia de los cuadros de ese partido CD, Guillermo Botero, como ministro de la guerra. De la Nancy Patricia Gutiérrez, como ministro del Interior. Ninguno de los dos asistió. La Fiscalía General aplica falsos positivos judiciales a miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y del Congreso de los Pueblos y luego del escarnio y la picota pública son liberados.
Lo teleológico o finalista del presente enunciado corresponde a analizar que está trazada una directriz con el propósito que cualquier manifestación progresista, socialdemócrata, de la Colombia Humana y en especial consecuentemente revolucionaria, sea borrada de la faz del escenario político del país. Resulta inocultable que el partido fascista CD, se propone eliminar de la contienda política a todo líder y práctica política que proponga alternativas al modelo depredador de economía de casino neoliberal, que huela a defensa de los derechos humanos y la ecología, de reclamación y recuperación de tierras, de educación popular y defensa de la educación pública. No existe proclama política que reivindique el buen nombre de los líderes asesinados por parte de ese partido llamado e inscrito como Centro democrático (CD). De manera que cada día que cae un líder social o un testigo de excepción expresará: ¡un buen muerto!
No puede resultar que con el cumulo de sintomatologías enunciadas, un actor político como el partido Centro Democrático (CD) pueda eludir el peso de las investigaciones de la inteligencia del sistema estatal judicial y de la Corte Internacional de Justicia o Corte Penal Internacional (CPI).
Parecen los conciliábulos de sus Directorios Regionales, émulos de los partidos liberal y conservador, con su canibalismo político en la época de la violencia de los años 1950, tan degradados como en el presente, en que el “monstruo” Laureano Gómez editorializaba en el diario El Siglo, lo difundían los pulpitos del clericalismo anticomunista y al día siguiente se producía la masacre de liberales, tipo El Carmen, en el Norte de Santander, en el año de 1949.
LA RESPUESTA POPULAR
El actual gobierno hegemónico de derecha en Colombia entregó al imperio estadounidense la política exterior frente al caso de la República Bolivariana de Venezuela. Ha confiado, a pie juntillas, su política de seguridad al Centro Democrático. Su política corporativista y de especulación financiera a los gremios económicos. Semejando los sábados de Duque a los sábados de Uribe, el analista Manuel Humberto Restrepo Domínguez, en artículo publicado en el portal Rebelion.org. alude a los Talleres del Horror, enunciando que vuelven las masacres y la paz de los sepulcros. De otro lado, el líder popular Gustavo Petro ha roto el paradigma de la existencia de las tales “Águilas Negras” o “Águilas Verdes”, en la búsqueda de sustituir, dentro del contexto de investigación y desmonte definitivo del paramilitarismo, los ejemplos o modelos de antaño, superados y conocidos y centrarnos en los agentes de carne y hueso, criminales y desalmados de quienes están “de nuevo en el poder” atribuyéndose “el derecho a matar” e imponiendo el deber de “dejarse matar”.
Pero la Caravana de juristas Internacionales, en puntualización de la abogada británica Sue William, que nos visitó, plasmó una recomendación: “Después regresamos a nuestros países y escribimos un informe para visibilizar la situación del Catatumbo y el país, y que espero que sea un pequeño paso para cambiar”. ¡Ese también sea el reto “a futuro” de y para los juristas colombianos!
Al finalizar el presente escrito circula la noticia que el menor Cristo José, hijo del Alcalde de El Carmen Norte de Santander fue liberado, luego de siete días de desaparecido.
