Convocatoria abierta – Curso de formación sobre Economía Social Solidaria / CEP Alforja – VAS UCR
¿Qué es la Economía Social Solidaria? ¿Cuáles son los principios y valores que la sustentan, y cómo se expresan en experiencias prácticas? ¿Cómo se relacionan las luchas sociales de distintos sectores con esta concepción de la economía? ¿Cómo construir Economía Social Solidaria en la práctica cotidiana?
En 2017, el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja y el Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica ofrecen un curso de formación sobre estos temas, dirigido prioritariamente a activistas integrantes de diversos movimientos sociales que apuestan por la sustentabilidad y la justicia ecológica, económica, social y cultural.
Contenidos y metodología
El curso parte del enfoque de educación popular como estrategia de formación, comunicación, articulación sociopolítica e incidencia. Busca propiciar la transformación de las miradas y de la acción partiendo del conocimiento cotidiano y estratégico de las personas participantes, para aportar al fortalecimiento de conocimientos y saberes así como a la transformación social sustentada en la acción colectiva.
En esta línea, se abordarán los diversos contenidos conceptuales y temáticos mediante la puesta en común y reflexión colectiva acerca de las experiencias de búsqueda de justicia ecológica, buen vivir y de economía social solidaria de las personas participantes y de personas invitadas, también mediante el acercamiento a experiencias de ESS y procesos por la justicia ecológica en desarrollo en Costa Rica y el mundo, y a través de la articulación de acciones e iniciativas concretas.
Se busca aportar a la dinamización de los movimientos de ESS en Costa Rica así como a la profundización de vínculos entre la ESS y otros movimientos sociales: no se concibe solamente como un proceso de formación si no también como un proceso de articulación y movilización intersectorial, estructurado desde los principios y valores de la ESS y a partir de la forma en que éstos se expresan en los esfuerzos organizativos, productivos y sociopolíticos de distintos movimentos sociales.
Así, el desarrollo del curso priorizará los siguientes objetivos:
Reflexión participativa que permita incidir en una transformación de la cultura política, ambiental y económica a partir de los principios y valores de la ESS.
Fortalecimiento de experiencias sustentables y responsables de producción y consumo, justicia ecológica y buen vivir.
Articulación entre distintas iniciativas de cara a generar circuitos económicos solidarios así como a visibilizar y profundizar los vínculos de la ESS con otros movimientos sociales, especialmente ecologistas y feministas.
A lo largo del curso se abordarán contenidos como los siguientes: principios y valores de la economía social solidaria, modelos de desarrollo y organización económica capitalista, circuitos económicos solidarios, crisis climática y justicia ecológica, buen vivir, feminismo, agroecología y soberanía alimentaria, cultura libre, educación y comunicación popular.
El proceso se implementará mediante sesiones presenciales y virtuales, y comprende una visita de campo a una experiencia de economía social solidaria y otra al Encuentro Mesoamericano de Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular “Democracia, Justicia Social y Ecológica: aportes de una educación popular transformadora”.
Se estima una dedicación semanal requerida de aproximadamente cuatro horas que incluyen la participación en las sesiones presenciales y virtuales, la lectura y visionado de materiales, y el desarrollo de un proyecto puntual de investigación-acción orientado a crear o fortalecer experiencias organizativas en la línea de la economía social solidaria.
La atención sistemática de las distintas sesiones y tareas contempladas se reconocerá mediante un Certificado de Aprovechamiento ofrecido por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica.
El curso será coordinado por Eva Carazo Vargas, activista, psicóloga social y comunicadora con amplia experiencia en organización popular e impulso de la economía social solidaria como apuesta articuladora para la transformación social, en el marco del “Proyecto de formación socio-ecológica en economía social y solidaria, justicia ecológica y buen vivir” del CEP-Alforja.
Calendarización
17 de abril al 4 de mayo: Preinscripción mediante la boleta disponible aquí.
5 de mayo: Confirmación de inscripciones. Aunque el curso es gratuito tiene una cupo limitado, por lo que de recibirse más solicitudes que los cupos disponibles se priorizará la participación de personas vinculadas a experiencias o procesos de economía social solidaria o a colectivos ecologistas, feministas, de derechos humanos, LGBTI, por derechos laborales, de educación y comunicación popular, culturales, y otros movimientos sociales, como segundo criterio se utilizará el orden de preinscripción. El 5 de mayo todas las personas que hayan realizado preinscripción recibirán un correo electrónico confirmando su participación o bien indicando los motivos por los que la misma no pudiera concretarse.
13 de mayo al 1 de julio: Primera parte del curso (sesiones presenciales los sábados 13 y 20 de mayo, 3 y 24 de junio, 1 de julio. Visita de campo 10 de junio).
22 de julio al 9 de setiembre: Segunda parte del curso (sesiones presenciales 22 de julio, 12 y 26 de agosto, 9 de setiembre. Visita de campo 5 de agosto).
Con ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra y la conmemoración de la semana universitaria por la lucha del movimiento estudiantil contra ALCOA (concesión de explotación de bauxita).
Las luchas socioambientales nos han acompañado y nos seguirán acompañando tanto a nivel latinoamericano como mundial, quienes han participado de las mismas han sufrido opresión, amenazas e incluso se les han asesinado.
La Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) invita a generar conciencia y acompañarnos en el conversatorio: «La defensa del ambiente en América Latina: riesgos y desafíos».
Oradores:
Dr. Nicolás Boeglin y M.Sc. Alvaro Sagot
La actividad se realizará el lunes 24 de abril en el Mini Auditorio del Edificio de Aulas (actual Facultad de Derecho), a las 2 p.m.
COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, realizaron varios conversatorios en el marco de los 20 años de la Red de Coordinación en Biodiversidad con los temas de transgénicos y biología sintética, como parte de una visita al país del Dr. Emmanuel González Ortega de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
El señor Emmanuel que nos visitó desde México, posee un Doctorado en Biotecnología de la Universidad de Barcelona y se ha dedicado entre otras cosas al estudio de los efectos de la implementación de la agrobiotecnología en México y al monitoreo de transgenes por biología molecular, así como al estudio de los efectos de la liberación de organismos genéticamente modificados a nivel ambiental y de biodiversidad a nivel social (socio económicos, etnológicos, culturales).
El objetivo de estos conversatorios fue abrir espacios de información, análisis y discusión sobre estos temas en el país con diversos actores de la sociedad, y para ambas organizaciones realizadoras de estos conversatorios es importante la participación de diferentes miembros de organizaciones sociales y luchadoras y luchadoras ambientales, ya que estos son temas que nos atañen directamente por las discusiones que se están dando a nivel nacional e internacional.
Conversatorios
Miércoles 19. Auditorio 180 de la Escuela de Biología de la UCR
– «Tecnología transgénica agrícola, años a la salud humana y a la ecología».
– Biología sintética: Impulsores genéticos y los riesgos a la biodiversidad y bioseguridad.
Jueves 20. Casa Claretiana, contiguo a la Iglesia de Ladrillo en San Francisco de Guadalupe. Confirmar asistencia a esta actividad al correo mariana@coecoceiba.org
Viernes 21. Sala de conferencias de la facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional. Charla Biología sintética: impulsores genéticos y los riesgos a biodiversidad y bioseguridad.
En razón de sustancias químicas en Siria que, el pasado 4 de abril han dejado un saldo mortífero de 87 personas, entre las cuales 20 niños, y más de 400 heridos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión este 5 de abril para escuchar a varios altos funcionarios de Naciones Unidas encargados de monitorear el uso de estas armas y a algunos de sus integrantes.
Las dudas y las tesis existentes
Las autoridades de Siria niegan haber hecho uso de estas armas (véase nota de prensa de Naciones Unidas). A la fecha no existe ninguna investigación realizada in situ por parte de alguna entidad independiente que permita conocer las causas de este trágico hecho. Esta inspección permitiría saber quiénes estaban en posesión de estas sustancias y su origen exacto.
Mucho más precavidos que otros, algunos medios de prensa como la BBC usan «chemical attack» en sus titulares entre comillas, ante algunas incógnitas aún no dilucidadas sobre lo que originó esta mortal explosión con sustancias químicas (vease nota de la BBC). De igual manera, El Pais (España) tituló su nota incluyendo el adjetivo «supuesto»: «Un supuesto ataque químico causa una matanza en la zona rebelde siria» (véase nota). Algunos medios de prensa internacionales tienen claridad sobre la posible manipulación informativa que pueda ocasionar este hecho no investigado ocurrido en Siria, otros al parecer no tanto. De igual forma, la ONG Human Rights Watch (HRW) refiere en sus análisis a la expresión «alleged chemical attack», dada la persistente falta de certeza (véase nota de HRW del 6 de abril del 2017).
Recordemos que en el 2013 unos (pocos) medios de prensa se interesaron por correos filtrados en los que se mencionaba un plan de la administración del Presidente Obama para endosar a las autoridades de Siria el uso de armas químicas: véase al respecto artículo titulado «U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime», retirado luego del medio que lo publicó inicialmente (MailonLine) y «capturado» por blogueros y algunos sitios como Web.archive.org al que lo referimos.
En noviembre del 2016, un informe divulgado hizo ver que ISIS (o Daesh) es una entidad que posee también armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak (véase nota del New York Times).
Rusia por su parte, ha sostenido que el 4 de abril, el Ejército sirio bombardeó desde el aire posiciones de los rebeldes que al parecer incluían un depósito de sustancias químicas (véase nota de prensa).
En cambio, para Estados Unidos, Francia y Reino Unido, no hay duda alguna sobre la responsabilidad directa de las autoridades de Siria en ordenar el uso de estas armas contra grupos rebeldes. Francia sobre el particular se muestra particularmente vehemente (véase nota de Le Monde). Al respecto, un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido circuló, con las reservas de Rusia y de China al no existir, según ellos, pruebas suficientes para imputar la intención de usar estas armas a mandos del Ejército regular sirio (véase nota de prensa). Estas posiciones antagónicas obligaron a Estados Unidos, Francia y Reino Unido a revisar su texto y enmendarlo para someterlo nuevamente a consideración. Este fue presentado el 12 de abril en una nueva sesión del Consejo de Seguridad en la que fue objeto de un veto por parte de Rusia y de una abstención por parte de China (véase breve nota nuestra sobre el desglose del voto de diez a favor, dos en contra y tres abstenciones).
Este nuevo drama humano se da en el marco del conflicto armado entre las fuerzas regulares sirias y los grupos rebeldes, en el que cualquier acción armada que cause la muerte de civiles es objeto de acusaciones recíprocas de ambos bandos.
Las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad sobre Siria
El 28 de febrero del 2017, un proyecto de resolución sobre el tema de las armas químicas en Siria presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido fue vetado por China y por Rusia, alegando la segunda que una resolución de un ente como el Consejo de Seguridad debe basarse en hechos probados y no en suposiciones (véase nota de prensa de Naciones Unidas).
La última resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria se adoptó el 31 de diciembre del 2016, en la que el Consejo de Seguridad manifestaba su beneplácito ante las iniciativas de Rusia y de Turquía en aras de relanzar una salida política al conflicto en Siria (véase texto de la Resolución 2336).
La última resolución sobre la violencia en Siria como tal del Consejo de Seguridad es la Resolución 2328 adoptada el 19 de diciembre del 2016, relativa a la evacuación de la población civil en Alepo ante el avance de las tropas sirias apoyadas por la aviación de Rusia (véase nuestra modesta nota al respecto). Diez días antes, Francia había intentado frenar el avance hacia Alepo, presentando un proyecto de resolución exigiendo un cese al fuego: el texto fue objeto de un veto por parte de Rusia. El 9 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la situación en Alepo (véase modesta nota nuestra).
Es oportuno recordar que en setiembre del 2013, el Consejo de Seguridad había adoptado la resolución 2118 (véase texto), exigiendo mediante un mecanismo de verificación y monitoreo a Siria destruir los arsenales de armas químicas. En el punto 18 se leyó que el Consejo de Seguridad instaba a los demás Estados a no proveer sustancias que permitan ser utilizadas en armas nucleares, químicas o biológicas en Siria. Lo hizo en los siguiente términos, en los que el Consejo…
«18. Reafirma que todos los Estados Miembros deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas o sus sistemas vectores, y exhorta a todos los Estados Miembros, en particular a los Estados Miembros vecinos de la República Árabe Siria, a informar inmediatamente al Consejo de Seguridad de cualquier violación de lo dispuesto en este párrafo» (Nota 1).
Los crímenes cometidos en el conflicto en Siria
Cabe recordar que el 21 de diciembre del 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas también creó un mecanismo de investigación sui generis para todos los crímenes cometidos en Siria desde el 2011: la resolución A/RES/71/248 se titula: «Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011» (véase texto oficial en español). No se trata de crear un nuevo tribunal penal ad hoc, ni una misión de fact finding en materia de derechos humanos, sino de un ente encargado de apoyar el enjuiciamiento penal de posibles responsables, una iniciativa que al parecer no cuenta con precedente alguno en Naciones Unidas. Es de recordar que ya existe, en el caso de Siria, un mecanismo independiente de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos en agosto del 2011 (véase sitio oficial e informes elaborados).
Según se desprende de las discusiones previas a su adopción formal, Costa Rica fue el único Estado en América Latina en coauspiciar el proyecto de resolución adoptado el 21 de diciembre por la Asamblea General (véase breve nota nuestra al respecto).
En octubre del 2016, la ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe sobre lo que se denomina oficialmente «efectos colaterales» a operaciones militares en Siria, en el que se lee que:
“It’s high time the US authorities came clean about the full extent of the civilian damage caused by Coalition attacks in Syria. Independent and impartial investigations must be carried out into any potential violations of international humanitarian law and the findings should be made public“ (véase informe de AI).
En un reciente reporte del mes de marzo del 2017 de la ONG Airwars.org, titulado «As claims escalate under Trump, Airwars tracks 1,000th alleged Coalition civilian casualty event» se lee que las cifras de civiles afectados por estas operaciones militares en Siria (y en Irak) van en aumento:
«Recent evidence indicates that in both countries, civilian casualties rose during the last months of the Obama administration and are now accelerating further under the presidency of Donald Trump – suggesting possible key changes in US rules of engagement which are placing civilians at greater risk».
Los denominados «efectos colaterales» en Irak tampoco debieran de ser ignorados o pasados por alto: el pasado 24 de marzo, una operación aérea de la coalición liderada por Estados Unidos causó la muerte de más de 200 civiles en Mosul (véase nota del New York Times).
Bombardeos aéreos en Siria y nacionalidades de las aeronaves
En buena lógica, un mecanismo como el establecido por la Asamblea General el 21 de diciembre del 2016 deberá de interesarse por las exacciones cometidas tanto por las autoridades sirias como por los grupos rebeldes (y quiénes los adiestran y asesoran), así como por otros Estados que se han involucrado en operaciones militares aéreas en Siria. Sobre este último punto, hay que precisar que el involucramiento militar en territorio sirio difiere sensiblemente: mientras que Rusia cuenta con el consentimiento oficial de Siria para bombardear posiciones de ISIS (o Daesh), las operaciones realizadas desde el aire por Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Turquía (y unos más Estados que forman parte de la denominada «Coalición contra ISIS») adolecen del consentimiento oficial de Siria para bombardear posiciones de ISIS, y la base jurídica invocada para justificarlas (legítima defensa) es altamente cuestionable y cuestionada (Nota 2).
Después de Canadá (febrero del 2016), Dinamarca optó en diciembre del 2016 por suspender toda participación en operaciones aéreas en Siria, luego de una operación en la que sus aviones bombardearan «por error» posiciones del ejército de Siria. Más allá del «error humano», algunos analistas se inclinan a pensar que el «error» fue inducido por los dos otros participantes a esta operación aérea, Estados Unidos y Reino Unido. Se trata del primer Estado europeo en retirar formalmente a sus aeronaves de la denominada «Coalición contra ISIS» (Nota 3).
El pasado 24 de febrero, por vez primera, Irak procedió a bombardeos en territorio sirio (véase nota de prensa), lo cual augura tensiones mayores a las ya existentes entre Siria e Irak.
De manera a tener mayor claridad sobre el funcionamiento de la denominada «coalición», puede resultar de cierto interés conocer la proporción existente entre bombardeos de Estados Unidos y de sus aliados en Siria: la ONG Airwars.org (véase quinto gráfico en este enlace de Airwars.org) reporta que al 2 de abril del 2017, en Siria se efectuaron un total de 7896 bombardeos aéreos, de los cuales 7524 fueron efectuados por Estados Unidos, y 372 por sus aliados.
El régimen de inspección sobre arsenal de armas químicas
Nótese que desde 1997 entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas, otorgando a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW en inglés, OPAQ en español: véase sitio oficial) la misión de erradicar el uso de las armas químicas y de verificar su destrucción. Siria es parte a dicha convención desde el 2013 y todos los informes y resultados de misiones de investigación de la OPCW disponibles en este enlace oficial.
Dicha convención cuenta con 192 Estados Partes: al revisar el detalle de quién es parte a dicho convenio y quién aún no entre los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, Israel se mantiene como el único Estado en no ser parte (véase listado oficial).
En el caso específico de Siria, y en consonancia con lo dispuesto en la resolución 2118 del Consejo de Seguridad precitada del 2013, el equipo de Naciones Unidas a cargo de monitorear la destrucción de armas químicas en suelo sirio (denominado OPCW-UN – veáse sitio oficial), presentó sus respectivos informes a finales del 2014 al cumplirse su mandato en Siria.
A solicitud de Siria, un equipo de Naciones Unidas realizó una nueva investigación en territorio sirio, con relación a varios incidentes en agosto del 2016 en lo que se sospechaba de muertes causadas por sustancias químicas. Los resultados de esta investigación fueron entregados al Consejo de Seguridad en enero del 2017 (véanse carta e informe disponibles en este enlace de Naciones Unidas). En las conclusiones se lee que: «6.3 A partir de las pruebas presentadas por la Autoridad Nacional de la República Árabe Siria, las historias clínicas examinadas, los resultados de los análisis de las muestras y la narración predominante en todas las entrevistas, el grupo de la Misión no puede concluir con certeza si se empleó o no una sustancia química concreta como arma en el incidente investigado. Por el resultado de los análisis de las muestras, el grupo de la Misión considera que probablemente ninguna de las sustancias químicas identificadas sea la causa de la muerte de las víctimas del incidente notificado» (p. 16).
El ataque de Estados Unidos perpetrado contra Siria a modo de represalia
De forma unilateral y sorpresiva, Estados Unidos lanzó un ataque con misiles dos días después contra posiciones del Ejército de Siria, a modo de represalia armada. Esta acción obligó al mismo Secretario General de Naciones Unidas a llamar a evitar una escalada de acciones militares horas después (véase nota oficial de Naciones Unidas).
Como bien se sabe, el uso de la fuerza es terminantemente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, y la única excepción a esta regla está previsa en el Artículo 51 de la misma (caso de legítima defensa). Las represalias que impliquen el uso de la fuerza contra otro Estado son prohibidas, y las únicas acciones militares jurídicamente válidas son las expresamente autorizadas por el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, esta acción militar de Estados Unidos se dió en clara violación a la legalidad internacional, y sin que medie autorización previa del Consejo de Seguridad: remitimos al respecto al análisis del Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) titulado «The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria» publicado en el EJIL-Talk.
Foto extraída de artículo de prensa sobre el tipo de misil Tomahawk usado por Estados Unidos contra Siria con 59 artefactos lanzados el 6 de abril del 2017 en la provincia de Olms.
En una entrevista al profesor Stefan Talmon de la DW, el universitario precisa el alcance de algunas afirmaciones erróneas circuladas en medios de prensa (véase entrevista). Un reciente artículo publicado el 9 de abril del 2017 en La Nación (Argentina) sobre este sorpresivo ataque de Estados Unidos concluye que: «Todavía no se sabe a ciencia cierta si el gobierno sirio usó armas químicas el 4 de abril. Por ahora, lo concreto es que 59 misiles estadounidenses fueron lanzados contra una instalación oficial de Siria y eso ocasionó un temblor diplomático global y una avalancha de dudas».
Pretextos para justificar guerras: el precendente de Irak (2003)
Con relación a la agresión militar a Irak acaecida en el 2003, se supo en el año 2015 que durante más de un año antes de dicha agresión, las máximas autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido intercambiaron opiniones sobre cuál sería el pretexto más convincente para justificar ante la opinión pública internacional una declaración de guerra a Irak (véase interesante reportaje del 2015 al respecto, titulado «Smoking gun emails reveal Blair’s ‘deal in blood’ with George Bush over Iraq war was forged a YEAR before the invasion had even started», que incluye cables confidenciales hechos públicos y los diversos «smoking guns» sugeridos). Como se recordará, Estados Unidos lideró una coalición de Estados en su aventura militar en Irak, los cuales a la fecha no parecieran haberse manifestado ante el ardid encontrado en aquella ocasión por los estrategas de la Casa Blanca para justificar esta acción militar colectiva (la cual no contó nunca con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).
A modo de conclusión: el mundo ante la peculiar manera de tomar decisiones de la actual administración norteamericana
A diferencia del tiempo tomado por la administración del Presidente Georges W. Bush para consultar y definir la mejor estrategia en Irak, la administración del Presidente Donald Trump pareciera esta vez haber reaccionado sin mayor cautela ni consulta y de manera unilateral. No se tiene claro si se han previsto las consecuencias de este ataque militar en Siria y el riesgo de escalada que conlleva.
Con esta acción, se confirma esta muy peculiar manera de tomar decisiones en materia de política exterior del nuevo ocupante de la Casa Blanca. Durante la reunión celebrada el 7 de abril sobre este ataque norteamericano a Siria, se dejó entrever que Estados Unidos cuenta con el respaldo político de varios otros integrantes del Consejo, pero que no hay argumentos jurídicos que sostengan su posición (véase acta o «Proces Verbal» de la sesión). Esta primera sesión posiblemente será objeto de una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que los demás integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas deberán tomar posición con respecto a esta decisión unilateral que constituye una violación flagrante a las disposiciones contenidas en la Carta de Naciones Unidas de 1945.
–Notas–
Nota 1: Sobre las negociaciones previas a la resolución 2118, véase CARDOZA ZÚÑIGA R., «El uso de armas químicas en Siria, un desafío para el derecho internacional», ACDI / Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Vol.8 (2015), pp.17-40. Texto disponible aquí.
Nota 2: En un llamado inequívoco de los especialistas en derecho internacional publicado en agosto del 2016 en Bélgica, y suscrito por diversos especialistas en derecho internacional y sus mentores (texto disponible aquí en francés, en inglés, en portugués, en español y en árabe) se señala, entre otros puntos que:
«De esta manera, ha sido justificado, en nombre de la legítima defensa, un número importante de intervenciones militares, como aquella contra Al-Qaida, el Levante (EIIL, también conocido como Daesh), o contra grupos afines. Si bien algunos Estados han minimizado dichos precedentes por su carácter excepcional, existe un gran riesgo que el derecho de legítima defensa se transforme rápidamente en una llave que permita justificar de manera sistemática el origen de acciones militares en todas las direcciones y en forma unilateral. Ahora bien, sin oponernos por principio al uso de la fuerza contra los grupos terroristas – particularmente en el actual contexto de la lucha contra Daesh – nosotros, profesores e investigadores en derecho internacional, estimamos que dicha invocación creciente del derecho de legítima defensa es objetable. El derecho internacional prevé en efecto una serie de medidas para luchar contra el terrorismo que deberían ser utilizadas previo a la invocación de la legítima defensa».
Nota 3: Véase con respecto a la decisión de Dinamarca nuestra breve nota: BOEGLIN N., «The decision of Denmark to withdraw from airstrikes on Syria and Iraq», Debate Global, 9 de diciembre del 2016, texto disponible aquí.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Científicos y militantes de la empatía se reúnen en un proyecto sencillo y ambicioso: demostrar que la brutalidad no es inherente al ser humano – y que podemos cambiar
“Somos violentos, es la naturaleza humana… Semejantes afirmaciones no tienen fundamentos.”
No, la violencia no ha existido desde siempre.
Científicos y militantes de la empatía se reúnen en un proyecto sencillo y ambicioso: demostrar que la brutalidad no es inherente al ser humano-y que podemos cambiar.
Hubo una época en la que no existía la violencia. No se trata ni de un sueño ni de una fábula, o de alguna especulación filosófica. Es la trama cada vez más divulgada por las ciencias que se encuentran a medio camino entre la arqueología, la antropología, la biología evolutiva, y por las disciplinas que estudian el cerebro y la mente humana. El conocimiento contemporáneo cambia la imagen de una humanidad hecha de violencia y de competitividad, por otra que se nutre de empatía y de cooperación. Los estudios sobre la naturaleza humana nos permiten imaginar un mundo sin matanzas, sin guerras, sin brutalidad: nada de esto sería un efecto colateral, debido a lo que somos… Médico, psicoterapeuta y cineasta, el francés Michel Meignant explora este terreno en un documental todavía en fase de producción, para el que se está movilizando una campaña de financiación participativa. Hemos entrevistado a dos de sus ponentes.
Una prehistoria serena
La muerte violenta que inflige un humano a otro aparece más tarde que la humanidad en sí y solo constituye un fenómeno muy limitado. Es lo que indican las huellas arqueológicas. Prehistoriadora, directora de investigaciones en el CNRS, Marylène Patou-Mathis dedicó un libro respecto a este tema en 2013, Prehistoria de la violencia y de la guerra (Editorial Odile Jacob). “Empecé este proyecto porque me molestaba escuchar siempre lo mismo –somos violentos, es la naturaleza humana, existió desde siempre- cuando aquellas afirmaciones no tienen ningún fundamento. En calidad de científica, me dije a misma: habrá que hacerles preguntas a los datos.”
¿Los resultados? Si bien escasea la violencia en el paleolítico, se da en ciertas circunstancias. “Sus primeras apariciones remiten al canibalismo. Éste se puede considerar como un ritual funerario. También como un ritual vinculado al sacrificio de un individuo a quien se comen los miembros de un grupo para federar al mismo: en la comida caníbal todo el mundo participa en la culpa, por así decirlo”. Pero, ¿a qué viene el sacrificio? “Para tratar de responder a un problema, a una crisis mayor como una epidemia o una hambruna, se sacrifica algo muy preciado: un miembro del grupo.”
He aquí algo que rompe con las ideas preconcebidas, donde se activaría la violencia primitiva mediante la lucha por los recursos o por rivalidades de los apetitos. Según un imaginario muy difundido, empezaría la violencia en el momento en el que se agrede al otro para sacarle algo. Existen varios mitos de este tipo que circulan, sin tener ningún tipo de fundamento arqueológico o antropológico: por ejemplo la rapiña de mujeres, que es una proyección fantasiosa de la sociedad decimonónica.”
Tampoco conviene ser ingenuos: no estamos en el jardín de Edén, y hay que permanecer con los dos pies sobre la tierra. “No hay que confundir violencia y agresividad. Ésta es un reflejo, algo animal, que nos permite sobrevivir.” Mecanismo de defensa, la agresividad natural está vinculada a nuestro estatuto de predador. “Los cazadores recolectores matan animales para alimentarse. Pero allí también, siempre existen rituales –antes, mientras, y después de la caza. No se conoce ningún pueblo de cazadores que no tenga semejantes rituales. Son imprescindibles para poder matar a este cercano, casi similar, este casi hermano que representa para ellos el animal.”
La ausencia de violencia no significa que no haya conflictos: “Los testimonios etnográficos acerca de los pueblos llamados tradicionales –como los Bosquimanos, o los San, en África austral, con los que tuve la suerte de convivir durante un período- nos informan que allí escasea la violencia. Cuando estalla una pelea, todos se reúnen. Si no se logra resolver la situación, hay separación: se va una parte con uno de los protagonistas del conflicto.”
¿La arqueología nos permite dibujar la prehistoria de la empatía? “Sí. Se la ve cuando se descubren esqueletos que presentan heridas incapacitantes o malformaciones congénitas. Existen casos múltiples, como por ejemplo, el caso de un Neandertal descubierto en Shanidar, en Irak, a quien le faltaba el antebrazo y que había vivido más de 40 años: esto nos revela que el grupo se habría hecho cargo de él, y que no lo habían rechazado ni dejado morir.” ¿Qué se sabe de las actitudes prehistóricas hacia los niños? “No se dispone de medios arqueológicos para definir el tipo de educación que recibían los niños del paleolítico. Pero si observamos a los cazadores recolectores contemporáneos, comprobamos que no recurren a la violencia educativa: la nalgadita, la bofetada, son desconocidas.
¿Cómo la humanidad serena de los comienzos llegó a ser brutal? “En cuanto se sedentarizan los grupos, va aumentando la demografía. Esto produce un cambio económico, la domesticación de las plantas y de los animales. Aparece el almacenamiento, bienes. En las pinturas rupestres se ven retratados unos personajes de mayor tamaño que otros: élites. No quiero dármela de Rousseau, pero los hechos están aquí.” ¿Existen pueblos sedentarios sin violencia? “Sociedades llamadas horticulturas de tamaño reducido. La cuestión del número es esencial.”
Brutalidad “soft” de la educación
Existen dos categorías de violencias hacia los niños: ambas se transmiten por generación. Médico, psicoterapeuta, autora de varios libros dedicados al tema (¿Nos habrían abusado a todos?, publicado por Georg, o ¿Víctima? ¡No gracias!, publicado por Jouvence), empeñada en redactar una compilación de varios tomos, la ginebrina Cornelia Gauthier ha estudiado ambas formas de violencia, pero sobretodo la más común: “El maltrato viene de gente que anteriormente fueron abusados ellos mismos. La violencia educativa diaria, en cambio, la practica casi todo el mundo, más o menos ignorándolo o creyendo actuar con criterio, con esta idea de que la necesitará el niño para llegar a ser una buena persona.”
“Constituida de amenazas, de gritos, de llantos ignorados y de algunas bofetadas o nalgaditas, parece insignificante, casi benéfica, cuando en realidad sería más bien la cuna de todas las violencias”: al disminuir la capacidad de empatía del niño, permitiría en el futuro, el desarrollo de nuestras violencias adultas. Conllevaría también el mecanismo de su reproducción. “Es un lenguaje que uno va aprendiendo desde muy pequeño: puesto que aprende el niño imitando, el modelo educativo que se establece determina lo que será considerado como normal o como bueno a sus ojos.”
Pero… al prescindir de cualquier forma de violencia en el arsenal educativo, ¿no aumentamos el riesgo de fabricar a “niños reyes?” “¡Olvídese de esta idea recibida! ¿Será que se dejará al niño hacer todo lo que le parezca? Por supuesto que no. Necesita límites. De hecho las anda buscando. Se trata de uno de los peores malentendidos entre el adulto y el niño.” Veamos esto de cerca. “El adulto establece un límite. Eso al niño le da seguridad, y por lo tanto se encargará de comprobar la existencia de este límite. Cuando le dicen: “No debes hacer esto”, está más que claro, ya se sabe: el niño lo hará. Y en esta situación, el adulto se ofusca, se enfada porque interpreta con el filtro de la desobediencia una cosa que para el niño es una mera verificación.” ¿Qué hacer entonces? “Repetir: “no, no lo hagas”, sin amenazas, con calma y firmeza. Será tranquilizante para el niño, aunque frustrado, crecerá de este modo sin los bloqueos emocionales que se le fabrican al recurrir a la violencia educativa.”
Otro malentendido clásico: “Le dicen a un niño de 2 años: “No, no puedes tocar el mando a distancia.” El niño oye “mando”, procesa la información con su lóbulo frontal, todavía carece de madurez desde el punto de vista neurológico para borrar a la vez esta imagen en su espíritu para acatar la orden. Luego, lo tocará mirándonos a los ojos, moviéndose con mucha lentitud: pero no desobedece, comprueba.”
Siguiéndole los pasos a Olivier Maurel, Cornelia Gauthier considera que la violencia educativa aparece en la historia de la humanidad vinculada a la sedentarización. “Al incrementarse el número de nacimientos en las sociedades de cazadores recolectores, se destetaron a los níños con más edad para poder amamantar a los más jóvenes. Esto debió hacer ocasionado agresividad en los mayores, que comenzaron a golpear a los menores. La madre, ultra agresiva por las hormonas que la afectan al alimentar a su cría, debe de haber empezado quizás a golpear a los mayores… Es una hipótesis verosímil para explicar la aparición del ciclo de la violencia en el círculo familiar:”
Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro; producción de Pressenza.
“El punto de partida para migrar es, sin duda, la profunda desigualdad en la distribución de los recursos, resorte fundamental que impulsa buena parte del movimiento de las personas en el mundo”. Ricardo Ramírez Arriola
El pasado miércoles 5 de abril, se llevó a cabo en el Instituto Cultural de México, el panel “Migración: Agenda urgente para las izquierdas en el mundo”.
Se contó con la presencia de los siguientes panelistas:
Angela Isphording, jefa del Departamento de América y Naciones Unidas de la RLS-Berlín
Torge Löding, director de la Oficina Regional RLS-México
El evento fue organizado por la Fundación Rosa Luxemburg México.
Los procesos migratorios en el mundo son una realidad cada vez más cruda para las personas de las clases más marginadas, es por ello que en este espacio se abordaron diversas problemáticas a las que se enfrentan actualmente las migraciones, y se buscó identificar las apuestas de las izquierdas en este tema.
La ley recientemente aprobada que declaró a Río Cuarto (hasta hace unos días distrito de Grecia), como Cantón de la provincia de Alajuela, entraña una discusión sobre la planificación del desarrollo en Costa Rica a escala regional, local y territorial, que no debería ser pasada por alto por los tomadores de decisiones en nuestro país.
En Costa Rica desde los años setenta del pasado siglo, se definieron seis regiones socioeconómicas para la planificación del desarrollo: una central (que va desde San Ramón hasta Turrialba atravesando el área metropolitana) y cinco periféricas (Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe), en las que están incluidas las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón, y algunos cantones de las otras provincias en el norte y sur del país (como Río Cuarto, Sarapiquí y San Carlos en la región Huetar Norte, o Pérez Zeledón en la región Brunca).
Desigualdades inter-regionales
Las cinco regiones periféricas concentran el 83,2% del territorio terrestre nacional, pero solo albergan al 37,8% de la población. Mientras que la región Central concentra el 62,3% de la población y solo el 16,8% del territorio.
La dispersión poblacional en las regiones periféricas podría estar relacionada con la presencia de la mayoría de nuestros recursos naturales en dichos territorios: parques nacionales, reservas biológicas, yacimientos minerales, fuentes de energía, atractivos turísticos, entre otros. La parte negativa es que estas regiones se han caracterizado por contar con escasas oportunidades de empleo, educación y salud de calidad; además, cuentan con las peores vías de comunicación terrestre en el país. Por lo anterior, no es casualidad que estos fueran algunos de los principales reclamos de las comunidades de Río Cuarto para solicitar su autonomía político-administrativa en relación con Grecia.
De hecho, durante el 2015, en todas las regiones periféricas de Costa Rica, la tasa de desempleo fue más alta que el promedio nacional, al igual que la incidencia de la pobreza. El ingreso promedio en estas regiones fue hasta un 30% inferior al promedio nacional, como revela el compendio Estadísticas Regionales 2010-2015 recientemente publicado por MIDEPLAN. Más aún, estas desigualdades entre las regiones se han profundizado en los territorios que componen las regiones, los cuales, como en el recién creado cantón de Río Cuarto, padecen los peores estragos de la exclusión socioeconómica.
Desigualdades intra-regionales
A lo interno de las regiones periféricas también han surgido cantones y territorios que funcionan como polos de desarrollo, concentrando las inversiones y las oportunidades regionales, pero que a su vez relegan las actividades económicas de menor valor agregado a cantones y territorios que se convierten así en la periferia de la periferia. Por ejemplo, el crecimiento de la industria y el comercio en Grecia de Alajuela a partir de los años noventa apenas permeó la economía de Río Cuarto, la cual a la fecha sigue siendo fundamentalmente agrícola. Este acontecimiento es observable en todas las regiones de planificación, no solo en las periféricas, pero es en ellas donde las brechas tienden a ensancharse.
El surgimiento de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR), al amparo del Sistema Nacional de Planificación (SNP), ha evidenciado las tensiones a lo interno de las regiones por la reproducción de estas dinámicas centro-periferia en escala regional en nuestro país. También, el Índice de Desarrollo Social Distrital del 2013, reveló la intensidad de las disparidades a lo interno de los cantones y ha servido de guía al gobierno para priorizar su política social.
Sin embargo, sobre este fenómeno y sus consecuencias se cuenta con escasa información estadística, ya que con excepción de los Censos Poblacionales y de Vivienda, indicadores tan importantes como la tasa de desempleo, el ingreso promedio o la pobreza se calculan periódicamente solo con desagregación regional, por lo que se carece de información confiable sobre lo que acontece en los cantones y distritos de nuestro país.
Ojalá que la declaratoria de Río Cuarto como cantón, dé lugar a un seguimiento en el tema del desarrollo regional, local y territorial; que permita avanzar en la medición periódica de variables claves con desagregación al menos cantonal. Si bien, es un esfuerzo que requerirá más y mejores recursos, es una tarea que no debe seguir siendo postergada. Contar con información pertinente y de calidad es indispensable para la toma de las mejores decisiones, tanto a nivel político como económico, para asegurar un desarrollo que beneficie a toda la población costarricense.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.tripmondo.com
Enviado a SURCOS por Oficina de Comunicación, UNA.
Hoy, hace tres años, un Plenario Legislativo evidentemente desinformado, aprobó en Primer Debate el proyecto de nueva Ley de Aguas (Exp. 17.742) que ingresara por la vía de “Iniciativa Popular”. Proyecto que tendría que haberse votado antes de esa fecha fatal, pues el plazo constitucional había vencido el 29 de marzo del 2014, pero que además, en una manipulada comisión legislativa, había sido “desconectado” del texto por el cual habían firmado, ¡vilmente engañados!, unos 160 mil ciudadanos. Al burlarse el “Principio de Preclusión” que garantizaba un plazo máximo de dos años para votarlo, y el “Principio de Conexidad” establecido para que la “voluntad del soberano, del pueblo, del que firmó por una nueva Ley de Aguas”, no fuere irrespetada, todo el proyecto economicista promovido por el Banco Mundial a través de la GWP, derivó en evidente inconstitucionalidad.
Al enterrarse sin poderse votar en Segundo Debate durante los 36 meses anteriores, surgió del despacho de diputados como Antonio Álvarez y Juan Marín, principalmente, otro proyecto (Exp. 20.212) que al ser orientado contra los agricultores, las ASADAS y el SENARA, hoy hace “aguas” en la Asamblea Legislativa. Pese a que fue anunciado como producto de “un gran consenso”, luego se demostró que no era así, y por ello no ha podido superar el trámite de comisión.
Hemos de aclarar que no estamos celebrando triunfo alguno, pues la amenaza sigue latente, y que más bien estamos llamando a los costarricenses que quieren seguir gozando del agua como un bien social y cuyo acceso en calidad y cantidad suficientes sea un derecho humano, a mantenerse alertas, pues los otros, los que están poco menos que desesperados por la situación de ambos proyectos, tienen muchos dólares para seguir pujando por la aprobación de cualquiera de los dos.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer el pasado 21 de marzo los resultados de su medición anual en materia de Desarrollo Humano (Índice de Desarrollo Humano – IDH) para el 2016, ubicando a Costa Rica en el puesto 66 (véase, de las pocas editadas en Costa Rica, esta nota de prensa de Elpais.cr).
A nivel global, Costa Rica y Serbia comparten el puesto 66, escoltados por dos Estados isleños del Caribe: Trinidad y Tobago (en la posición 65) y Cuba (en el puesto 68). En la medición anterior correspondiente al año 2015, estos mismos cuatro Estados se situaban en el siguiente orden: Trinidad y Tobago (64), Serbia (66), Cuba (67) y Costa Rica (69).
En el 2016, el primer Estado miembro de la Unión Europea aparece en la posición 4 (Alemania), el primero del hemisferio americano es Canadá en el puesto 10, mientras que el primer Estado asiático es Japón con la posición 17. El Estado de África mejor ubicado es Mauricio (64), mientras que en la península arábica, es Catar (33).
El IDH en breve
Como bien se sabe, el IDH es un indicador desarrollado por Naciones Unidas desde varias décadas, que clasifica anualmente a los Estados con base en información proporcionada por los mismos Estados. El Informe Global 2016 sobre el IDH (véase texto completo del informe) precisa la metodología y la clasificación obtenida en el 2016. Se lee en esta nota oficial del PNUD que:
«El IDH se creó para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país. El IDH índice también puede usarse para cuestionar las decisiones normativas nacionales, comparando cómo dos países con el mismo nivel de ingreso nacional bruto (INB) per cápita obtienen resultados diferentes en materia de desarrollo humano. Estos contrastes pueden impulsar el debate sobre las prioridades normativas de los gobiernos».
La casilla correspondiente al IDH de Costa Rica medido en el 2016 se puede acceder en este enlace oficial del PNUD: en ella, se desglosa el IDH con los diversos valores numéricos usados para cada una de las variables. Nótese en este desglose que el único valor que no fue asignado fue el de pobreza, con un rubro que se mantiene con la indicación «n.a /not available». Se ignora si la gran cantidad de estudios y diagnósticos sobre la pobreza realizados en Costa Rica por entidades estatales impide, por alguna razón, a los investigadores del PNUD cuantificar con algún valor numérico esta variable y se esperaría que, con ocasión de la próxima medición del IDH, sea plenamente integrada.
La evolución de Costa Rica en materia de IDH
En el 2015, Costa Rica ostentaba la posición 69 a nivel mundial, según se desprende del Informe IDH 2015 (véase texto). La desmejorada posición para el 2016 puede también ser comparada al IDH de Costa Rica en el año 2003, año en el que Costa Rica ostentaba la posición 42 a nivel mundial. Desde el año 2006, el descenso de Costa Rica ha sido significativo. En el 2011, cayó al puesto más bajo en su historia, el puesto 69, lo cual puede plantear algunas interrogantes sobre los efectos, en materia social, de la gestión de la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010). Al haberse mantenido en el 2014 con un IDH en la posición 68, las interrogantes son mayores, al no haber logrado la administración de la Presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) mejorar sustancialmente el IDH de Costa Rica: en el 2015, Costa Rica volvió a ocupar la posición 69.
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (Costa Rica)
2003———–Puesto 42 a nivel mundial
2004———– Puesto 45 a nivel mundial
2005———-47
2006———-48
2007———-48
2008———-50
2009———-54
2010———-62
2011———-69
(Fuente: Informe Estado de la Nación / PNUD. Informe EdN, XVIII (2012), p. 363. Cabe señalar que en las últimas ediciones del Estado de la Nación, por alguna razón que desconocemos, ya no se incluye en sus listas de indicadores el IDH desarrollado por el PNUD como tal).
El IDH (2016) en el resto de América Latina
En América Latina, mientras que Chile permanece con el puesto más alto (39), Haití se mantiene como el último Estado de América Latina, con el puesto 163.
De manera a comparar el puesto 66 de Costa Rica con el de algunos de los otros Estados de América Latina, el Informe Global IDH (2016) indica lo siguiente: Argentina se sitúa en el puesto 45, Bolivia en el 118, Colombia en el 95, Cuba en el puesto 68, Ecuador en la posición 89, México en la 77, Perú se ubica en la posición 87, República Dominicana en la 99, Uruguay en la 54 y Venezuela en el puesto 71. Una comparación con el Informe IDH 2015 (véase texto), el Informe IDH 2014 (véase texto) y el Informe IDH 2013 (véase texto) permite apreciar quiénes progresan y quiénes no, y quiénes se estancan.
Para el 2016, en América Central, Belize se sitúa en la posición 103, El Salvador en el puesto 117, mientras Nicaragua en el puesto 124, Guatemala en el 125 y Honduras en el 130. Panamá lidera a los Estados de Mesoamérica en el puesto 60.
Foto extraída de artículo de CRHoy del 2012 titulado «20% de las familias pobres apenas concentró el 4,2% del total de ingreso de los hogares».
El irresuelto problema de la desigualdad social
Es de notar que Costa Rica es uno de los Estados de América Latina en los que la desigualdad ha crecido en mayor proporción, así como en República Dominicana. En este estudio de la Comisión Económica para América Central (CEPAL) del 2015, se lee que: «Los cambios en los indicadores de desigualdad de la región han ocurrido de manera gradual y son apenas perceptibles en las variaciones interanuales, pero resultan evidentes al comparar períodos más largos. Durante el período 2002-2013, en 15 de los 17 países considerados se evidencian mejoras distributivas, reflejadas en la disminución del índice de Gini (véase el gráfico I.1). Las excepciones son Costa Rica y República Dominicana, cuyos índices de Gini son superiores en 2013 que en 2002» (p. 14).
Gráfico sobre variación anual del coeficiente Gini en el que República Dominicana y Costa Rica presentan una evolución distinta a la de los demás Estados de América Latina, extraído de este análisis sobre crecimiento y desigualdad (UNAM, 2013).
Al ser considerada América Latina la región más desigual del mundo, figurar en posiciones tan destacadas debió haber interpelado a muchos sobre los correctivos a incorporar al modelo económico actualmente en voga en Costa Rica y en otros Estados de la región: no cabe duda que sin estos, se convierte en un generador de abundante riqueza, la cual tiende a concentrarse cada vez mas en menos sectores, mientras los índices de mayor pobreza aumentan.
La tendencia es confirmada en el último panorama social de América Latina publicado por una entidad como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (véase estudio), en el que se analizan las medidas correctivas implementadas con algun grado de éxito por algunos Estados de América Latina.
Foto extraída de artículo de prensa (El Financiero) del 2013 titulado «Crece desigualdad de ingresos en Costa Rica según Informe de Estado de la Nación».
El coeficiente Gini en Costa Rica: breves apuntes
Un indicador internacional como el coeficiente Gini que mide la desigualdad social en función del ingreso (véase sitio del PNUD con medición del coeficiente Gini al 2014) advierte que, en el caso de Costa Rica, pasó de 0,485 en el 2005 a 0,524 (2013): en este mismo 2013, un artículo de prensa publicado en Informa-tico se tituló «Costa Rica ya es modelo de desigualdad social en América Latina». En el precitado estudio de la CEPAL publicado en el 2014 (véase documento), los dos gráficos sobre índices de desigualdad (el Gini y otro denominado Theil en la página 100) evidencian lo anómalo de la situación de Costa Rica en comparación con el resto de América Latina.
En otro acápite del mismo estudio sobre el índice de bipolarización en la distribución del ingreso (índice de Wolfson) se lee que:
«En cuanto a la evolución del índice, en el gráfico II.4 se constata que la bipolarización del ingreso disminuyó en 15 de 18 países entre 2004 y 2012, mientras que aumentó solo en tres países (Costa Rica, el Paraguay y Guatemala)» (p. 105).
En este estudio del 2012 de la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung sobre pobreza y desigualdad en América Latina, en el capítulo sobre el caso de Costa Rica, se indica que: «Para el 2009, el coeficiente de Gini se ubica en torno a los 0.44 puntos, cuando en 1990 tomaba un valor de 0.37.5 Como el coeficiente de Gini es más sensible a los cambios en la parte media de la distribución, se puede complementar con otros indicadores de desigualdad como el índice de Theil, más sensible a la parte alta de la distribución, o la varianza del logaritmo del ingreso, más sensible a lo que sucede en la parte inferior de la distribución. Estos otros indicadores ofrecen la misma tendencia hacia el aumento en la desigualdad en las dos últimas décadas» (p.76).
En el caso de Chile, que ha logrado frenar y luego reducir sus niveles de desigualdad en materia social, se precisa en un documento de trabajo del PNUD que aún queda mucho por recorrer: «No obstante, el país está aún lejos de lograr los niveles de equidad y progreso social que presentan las naciones más desarrolladas. En efecto, la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, por lo que hay diferencias muy marcadas de los estándares de vida que logran distintos grupos de la población. El coeficiente de Gini debe caer aún 20 puntos adicionales, para que la desigualdad del ingreso en Chile converja al nivel promedio de la OCDE» (Véase LARRAÑAGA O., RODRIGUEZ M.E., «Desigualdad de Ingresos y Pobreza en Chile 1990 a 2013», Documento de trabajo, Dic. 2014, Santiago de Chile, PNUD, p. 37). La mención de Chile en materia de desigualdad social cobra particular relevancia al tratarse de un Estado que ha ingresado a la OCDE, aspiración que tiene Costa Rica desde el 2013.
La evolución del coeficiente Gini en Costa Rica entre 1987 y el 2012 puede ser revisada en este estudio del Informe del Estado de la Nación del 2013 (gráfico p.2). Se ha intentado obtener un gráfico reciente (al 2016) sobre la progresión del coeficiente Gini en Costa Rica con relación al resto de América Latina en los últimos 10 años, sin éxito a la fecha: al respecto, agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores el hacernos llegar alguna publicación digital que lo contenga. Posiblemente este gráfico arroje algunos datos que puedan explicar mejor este notable declive del IDH en Costa Rica durante ese período, mientras que otros Estados progresan en materia de Desarrollo Humano.
Con relación a la pobreza en Costa Rica, en el 2014 se leyó en este artículo de La Nación, que: «La pobreza en los hogares de Costa Rica llegó al nivel más alto en cinco años al alcanzar en el 2014 un 22,4%. Esto significó un incremento de casi dos puntos porcentuales frente al 2013 según reveló, la mañana de este jueves, la Encuesta Nacional de Hogares 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)». Otro documento del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) del 2016 arroja cifras similares con relación a la pobreza (véase documento). Tanto MIDEPLAN como el INEC son entidades estatales, sus datos no han sido cuestionados, por lo que surge nuevamente la pregunta de saber porqué el IDH 2016 se estableció para Costa Rica sin contar con un valor numérico correspondiente a la variable de la pobreza.
El desmejoramiento de la calidad de los servicios públicos, también puede estar influyendo, entre otros factores, en esta medición en la que Costa Rica se ve superada por ocho Estados de América Latina y del Caribe con respecto al IDH en este último ejercicio correspondiente al 2016.
De otros indicadores y datos preocupantes
En una materia como la ambiental, en la que Costa Rica figura en diversos foros internacionales como un Estado a la vanguardia, un indicador desarrollado por dos universidades norteamericanas (indicador EPI) arrojó en el 2014 un vertiginoso descenso de Costa Rica, pasando del puesto 5 al puesto 54 (véase nota en este mismo sitio). Los investigadores norteamericanos consideraron oportuno elaborar una nota sobre Costa Rica a raíz de algunas declaraciones oficiales de Costa Rica cuestionando la metodología EPI (véase nota).
Posiblemente relacionado con el tipo de partículas que circulan en el aire que respiran a diario los costarricenses, en particular los habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM), este dato se leyó en un reciente artículo en temas de salud: «Cerca de un 12% de la población costarricense padece de asma, de acuerdo con la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, en tanto que con un 32%, Costa Rica es el país con mayor prevalencia de asma en niños en América Latina».
En un ámbito muy distinto, este otro gráfico extraído de un informe del 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Costa Rica (órgano técnico adscrito a la Defensoría de los Habitantes) ilustra otro alarmante síntoma que debería de haber interpelado a los decisores políticos costarricenses desde hace muchos años: el aumento vertiginoso de la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Costa Rica.
Estos datos (así como muchos otros) permiten evidenciar el notable deterioro del clima social, de la calidad de vida, de la salud, consecuencia lógica de advertencias tan sostenidas como recurrentes de los diversos instrumentos de medición en materia social en Costa Rica.
Estos datos (así como muchos otros) permiten evidenciar el notable deterioro del clima social, de la calidad de vida, de la salud, consecuencia lógica de advertencias tan sostenidas como recurrentes de los diversos instrumentos de medición en materia social en Costa Rica.
De algunas iniciativas privadas recientes
Con respecto a estos últimos, resulta oportuno indicar que desde Costa Rica, en el 2013, una alianza entre una entidad como el INCAE Business School y las universidades Oxford y de Harvard (con el generoso apoyo de la Fundación Rockefeller, la Pratham Education Foundation, y la empresa Deloitte) propuso una nueva forma de medir el desarrollo social, con la creación del Índice de Progreso Social (véase nota del INCAE). Se puede consultar la plataforma del Social Progress Index en este enlace. No se ha podido conocer cuáles son las deficiencias detectadas en el IDH que elabora el PNUD por parte del INCAE y de sus socios anglosajones para proceder a crear una nueva metodología de medición, en la que, como era previsible, Costa Rica aparece en una posición privilegiada en América Latina.
De igual forma, el reciente creado Índice de Felicidad (Happy Planet Index), otorga a Costa Rica una envidiable posición como uno de los países «más felices» del mundo.
Es de notar que estas y algunas otras iniciativas de índole privado encuentran mayor eco en los medios de prensa que la medición del IDH elaborada por el PNUD.
A modo de conclusión: la persistente pertinencia del IDH en Costa Rica
Jugar con variables, datos y metodologías para reflejar de la manera más precisa la realidad social constituye siempre un desafiante ejercicio. Con relación a la metodología utilizada para establecer el IDH, es posiblemente perfectible, y podría incluso ser mejorada en el futuro. En el 2014, el economista costarricense Pablo Sauma discutió y analizó algunos aspectos metodológicos relativos al IDH, concluyendo su artículo de opinión publicado en La Nación en los siguientes términos: «En cualquier caso, se concluye que el IDH sigue siendo un indicador importante para comprender la situación del desarrollo a nivel mundial y de Costa Rica en particular, y que con una perspectiva de mediano y largo plazo se confirma que como país hemos perdido impulso en el avance hacia el logro de mayores niveles de desarrollo, por lo que debemos realizar esfuerzos renovados en las dimensiones consideradas, especialmente en educación».
La posición 66 obtenida por Costa Rica en año 2016, precedida por la posición 69 para el 2015, confirman ambas que, además de haber perdido impulso, los esfuerzos de sus autoridades no han (aún) logrado extraer a Costa Rica de las posiciones en las que la administración (2006-2010) concluyó su ejercicio gubernamental.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional invita el evento ELAN Network Costa Rica, el cual se estará llevando a cabo del 7 al 9 de abril del 2017 en el Estadio Nacional con el objetivo de “buscar la vinculación de Centros de Investigación aplicada e iniciativas de fomento al desarrollo y la innovación”.
El evento es gratuito, pero tiene capacidad limitada.
Para más información, comuníquese al teléfono 2277 3907 o al correo electrónico costarica@elannetwork.org
Imagen de portada tomada de www.elannetwork.org
Enviado a SURCOS por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
