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Resolver el problema fiscal y no morir en el intento

Escrito en 04/07/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Consideraciones generales

1) Costa Rica necesita encontrar una solución para el problema del déficit fiscal, cuyos riesgos principales derivan del crecimiento de la deuda, el estrujamiento que ésta pone sobre servicios públicos esenciales y, en especial, las presiones internacionales que todo esto trae consigo.

2) Hablar de déficit fiscal y deuda pública, inevitablemente evoca la idea de “exceso”, de donde se desprende el convencimiento de que es necesario “socarse la faja”, y optar por la austeridad y la contención. Es un “sentido común” muy popular que, dependiendo de las condiciones económicas, puede constituir un grave error.

3) En el período posterior a 2008, ciertamente ha habido un crecimiento de los gastos que excede del crecimiento de la producción nacional. En principio (años 2009-2013) la presión alcista venía principalmente de los rubros de remuneraciones y transferencias. Posteriormente su crecimiento se modera un poco, pero, en cambio, se disparan los gastos por intereses.

4) Con la crisis de 2008-2009, la capacidad de recaudación del Estado se cayó y jamás logró recuperarse, lo cual también abrió un hueco considerable en las finanzas públicas.

5) Durante todo el período posterior a 2008, la economía de Costa Rica crece alrededor de un 25-30% por debajo de sus estándares históricos de largo plazo (período 1983-2008). Por ello, hoy es alrededor de un 14-15% más pequeña de lo que sería si hubiese logrado reinstalar aquellas tendencias históricas. Ello ha tenido dos consecuencias dañinas: agrandó el efecto relativo del aumento de los gastos públicos, y debilitó los ingresos desde sus raíces más fundamentales, toda vez que la anemia crónica de la economía –sobre todo en un contexto de agudos problemas del empleo– inevitablemente impacta sobre la progresión de los ingresos que el gobierno logra captar.

6) En la Costa Rica actual, hay una enorme cantidad de personas que, por más que quisieran, no pueden contribuir con el pago de impuestos, porque o no tienen trabajo o el que tienen es muy mal remunerado. De ahí que podamos decir que más que gastos en “exceso”, lo que tenemos es ingresos insuficientes. Pero se nos propone recortar gastos, poniendo en riesgo el desarrollo futuro del país y creando condiciones para el ahondamiento de la desigualdad, o bien aumentos de impuestos cuyo inapropiado diseño podría hacer que gente que hoy sí tiene trabajo y sí paga sus impuestos, pierda ese trabajo y deje de pagar esos impuestos. Por cierto, los recortes de gasto también harían que la economía, que ya viene lenta, termine de quedar varada, empeorando entonces el empleo y debilitando aún más la recaudación de impuestos.

7) Recortar gastos públicos tendría sentido, si pudiéramos tranquilamente afirmar que todas las necesidades y demandas de la ciudadanía están satisfechas de sobra. Sin la menor duda, no es el caso. Lo cual no niega que haya ineficiencias, entrabamientos burocráticos e incluso vicios y excesos, que deben corregirse. Pero corregir para mejorar es algo muy distinto que mutilar.

8) A lo cual debe sumarse el hecho de que el sistema tributario de Costa Rica está de cabeza: quienes más tienen no contribuyen como se debiera (de hecho defraudan al fisco con pasmosa regularidad), lo que debilita aún más la capacidad recaudatoria del Estado y ahonda la injusticia y la desigualdad.

En resumen estamos necesitando:

Condición sine qua non: Reactivar vigorosamente la economía y, sobre todo, el empleo.
Avanzar hacia un sistema tributario realmente justo, progresivo, asentado en un diseño moderno.
Llevar adelante una reforma del Estado sustantiva, que permita levantar la productividad, la calidad, eficiencia, calidez y eficacia de los servicios públicos y de la institucionalidad pública en general. Esto demanda un proceso participativo y democrático de diálogo transparente, generoso y muy patriótico.

Para reactivar la economía y el empleo

1. No existe ninguna fórmula milagrosa, y definitivamente no se resolverá con las groseras simplezas que se han venido proponiendo (capacitación en el INA; crédito de banca para el desarrollo; “formalizar ‘a güevo’ la informalidad”, etc.).

2. La economía y el empleo podrían reactivarse si se lograran activar una o varias de las siguientes fuerzas impulsoras:

El consumo de la gente (muy improbable, dado el estancamiento de los salarios, los gravísimos problemas del empleo y los altos niveles de deuda de personas y familias).
La inversión productiva de las empresas (difícil en el tanto no hayan mercados dinámicos que justifiquen producir más, ni se subsanen los problemas de competitividad –recordemos que estamos en un contexto capitalista– que afecta a buen parte de la planta empresarial costarricense).
Las exportaciones y el turismo: ya se han dinamizado tanto como era posible en un contexto mundial algo más favorable. Sin embargo, y dado que el grueso de ese dinamismo se concentra en las zonas francas, el efecto positivo para el resto de la economía –inclusive el empleo y las finanzas públicas– ha sido insignificante.
La inversión pública: la cual se mantiene varada, en parte por rigideces burocráticas jamás resueltas, en parte por decisión política derivada de las medidas fiscales de austeridad.

3. De las anteriores, la única opción susceptible de un manejo político directo en el corto plazo, es la inversión pública: darle un buen empujón, planificada de forma tal que, hasta donde resulte posible, maximice su capacidad de generación de empleos y el uso de insumos de producción nacional, lo que a su vez maximizará el efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Esto se dice fácil, pero es mucho más complicado de llevar a cabo. De hecho, solo es posible con base en un gran acuerdo nacional para:

Romper cuellos de botella burocráticos y facilitar una fluida coordinación institucional;
Desanudar “amarres” legales;
Aprovechar expeditamente todos los fondos externos disponibles que no se están utilizando, y movilizar recursos financieros actualmente existentes en fondos de pensiones y asociaciones solidaristas;
Establecer un compromiso efectivo y real de cooperación –generosa, patriótica y transparente– entre las diversas instituciones públicas, organizaciones ciudadanas y también las empresas privadas, en especial las que puedan participar en los contratos de construcción de obra pública.

4. Se podría intentar asimismo tratar de reanimar la inversión privada, mediante la orientación prioritaria del crédito y la reducción de las tasas de interés, aunque dadas las condiciones adversas a las que brevemente hice referencia, ello en lo inmediato no sería fácil de lograr.

5. Medidas de carácter más focalizado y puntual podrían contribuir a dinamizar la economía en regiones más deprimidas y empobrecidas:

Promoción del turismo interno.
Facilitación de mercados regionales para productos agropecuarios, artesanales y de pequeña industria.
Fortalecimiento de las cadenas de comercialización que facilite el que esas producciones locales alcancen los mercados urbanos masivos.

6. Todo lo anterior sentaría las bases para un esfuerzo más amplio, que se prolongaría a mediano y largo plazo, encaminado a refundar nuestro aparato productivo sobre nuevas bases que, asimismo, cree las condiciones para un dinamismo sólido y perdurable:

Mayores niveles de productividad, con más valor agregado en la producción, densos encadenamientos productivos y mayor contenido de conocimiento.
Una economía más diversificada, capaz de aprovechar plenamente sus potencialidades y dotación de recursos productivos, incluyendo las especificidades de cada una de las regiones.
Con un desarrollo regionalmente equilibrado y socialmente inclusivo, que democratice la propiedad, abra posibilidades para la participación de las mujeres y distribuya los ingresos equitativamente.
Capaz de aprovechar mejor los mercados internacionales a los que hoy se tiene acceso, y de proyectarse a nuevos mercados, hoy escasamente explorados, y que busque maximizar las posibilidades de integración económica, cooperación, inversión conjunta y comercio a nivel centroamericano.
Construido de forma democrática y participativa, desde las regiones, las municipalidades y las diversas organizaciones ciudadanas.
Meticuloso en grado sumo en todo lo que signifique el cuido de los equilibrios naturales.
Asentado, por lo tanto, en una matriz energética renovada, basada en fuentes limpias.

Reforma tributaria de fondo, moderna, justa y progresiva

1. La reforma tributaria actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa es, en el mejor de los casos, un parche mal puesto y, en el peor, otro retroceso que agrava la inequidad del sistema tributario costarricense. En su mayor parte lo que hace es sustraer recursos del bolsillo de grupos medios y pobres, lo que debilitará aún más el consumo privado y, por lo tanto, ralentizará aún más la economía. La han justificado aduciendo que facilitará tener acceso a créditos externos por $1000 millones. Al momento de escribir esto se ha dado a conocer además, planes para la colación de bonos en los mercados financieros internacionales por $4000 millones. Con ello, sin embargo, lo que se hace es admitir que el problema no está siendo resuelto y que se opta, una vez más, por patear la bola hacia delante, pero además eligiendo la vía que mayor vulnerabilidad puede generar en el mediano y largo plazo: la emisión de deuda en una moneda extranjera que, por lo tanto, Costa Rica no emite ni controla.

2. Teniendo en cuenta que el discurso oficial magnifica las amenazas asociadas al actual problema fiscal, lo que entonces corresponde, de forma proporcional, es exigir que este sea el momento para un verdadero acuerdo nacional alrededor de una reforma sustantiva, y dejar de perder el tiempo con anodinas vagabunderías.

3. Una reforma tributaria seria, debe diseñarse a partir de un criterio central ineludible: que cada quien contribuya según sus posibilidades efectivas, y que los grupos sociales más vulnerables sean protegidos. Esto, que es un imperativo ético y humano ineludible, también es una condición de viabilidad, e incluso una consideración pragmática y de sobrevivencia política. Es así por una cuestión de indispensable legitimidad política, y para empezar a revertir la desigualdad y toda la peligrosa involución que pone en peligro y amenaza destruir la democracia costarricense.

4. Esta reforma debería diseñarse y aplicarse de forma compatible con los esfuerzos de reactivación de la economía y el empleo. Ni cualquier reforma ni cualesquiera tributos resultan entonces apropiados. Evitar, por lo tanto, y en lo posible, los impuestos que compriman el consumo de grupos medios y populares, como los que pudieran penalizar la inversión productiva y frenar la necesaria creación de empleos. Por ello deben priorizarse tributos sobre altos ingresos personales, formas pasivas de riqueza personal, consumo conspicuo, actividades socialmente dañinas y ambientalmente perjudiciales, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

5. Equidad horizontal y vertical: es decir, pagarán más quienes más riqueza tienen y mayores ingresos perciben, pero, al mismo tiempo, pagarán igual quienes reciben montos similares de ingreso o controlan cuantías similares de riqueza, independientemente de la fuente de aquellos ingresos o de las características de esta riqueza.

6. Una mayor progresividad sobre los ingresos personales: escalas del 15% en adelante, hasta una tasa marginal del 50% para ingresos muy altos (mayores a 10 millones al mes). Se aplicaría tanto a ingresos provenientes del trabajo, como a ingresos de capital o patrimoniales, a las mismas tasas progresivas. Por ello mismo es importante avanzar hacia la puesta en vigencia del llamado principio de “renta global”, de modo que se tribute sobre la totalidad de los ingresos que una persona recibe, y que se apliquen tasas progresivas y uniformes, independientemente del tipo de ingresos de que se trate.

7. Impuestos sobre grandes herencias, gravadas como un impuesto progresivo sobre ingresos de capital a lo largo de un período suficientemente largo, según las mismas tasas progresivas que se aplicarían a los ingresos del trabajo o del patrimonio o capital, pero a partir de un monto mínimo de herencia (por ejemplo: 200 millones de colones).

8. Impuesto progresivo sobre riquezas o patrimonios personales acumulados (que podrías oscilar entre 0,5 y 1,5% anual), a partir de un mínimo que podría ser de 300 millones de colones.

9. Sobrecargo del 10% sobre impuesto a la renta empresarial para actividades que generen efectos sociales y/o ambientales indeseables.

10. Elevación del impuesto selectivo de consumo al 20% sobre las diversas formas de consumo conspicuo o formas de consumo que propicien la generación de gases de efecto invernadero: autos de lujo; yates; jets privados; joyas; pinturas de muy elevado precio; bebidas alcohólicas muy caras; perfumes exquisitos; etc. Algo similar se aplicaría sobre formas de consumo dañinas para la salud (la comida chatarra, por ejemplo), o para el ambiente (el plástico, por ejemplo).

11. Aprobación del IVA con una tasa del 13%: en la medida en que haya voluntad política de avanzar en una reforma tributaria realmente justa y progresiva, podría justificarse políticamente la aprobación del IVA, sin modificar su tasa actual, con tasas preferenciales para aquellos bienes y servicios considerados prioritarios desde el punto de vista social, y procurando afinar y maximizar las posibilidades del IVA como mecanismo para el control cruzado del fraude fiscal. En todo caso, la aplicación del IVA se pospondría por un plazo de dos años a fin de que no entorpezca los esfuerzos de reactivación de la economía.

12. Combatir decididamente el fraude fiscal: la evitación del pago de impuestos, hasta por un monto que excede del 8% del PIB (según algunos estudios), es a todas luces excesivo, sobre todo cuando la carga tributaria (monto de impuestos respecto del PIB) apenas llega al 13%. Al respecto, cabe considerar políticas como las siguientes:

Definir metas cuantitativas explícitas de reducción del fraude, a razón, por ejemplo, del equivalente al 0,75% del PIB al año.
Reforzar el personal de la administración tributaria y elevar sus niveles de calificación.
Elevar la calidad de la infraestructura informática y tecnológica.
Reformas legales que permitan levantar los velos que encubren la riqueza y los ingresos de las personas y familias más adineradas. Es indispensable que se instale en nuestra cultura la convicción de que la transparencia en materia tributaria es un muy básico deber ciudadano.
Una política de Estado que promueva una vigorosa cooperación internacional para combatir y sancionar el fraude fiscal, con la meta de llegar a la total proscripción de los paraísos fiscales.

Reforma del Estado sobre bases dialógicas y participativas

1. El sector público de Costa Rica no es excesivamente grande. Por el contrario, es pequeño: lo es respecto de lo que es usual en los países de más alto nivel de vida en el mundo, como claramente lo es respecto de las necesidades y demandas de la ciudadanía, del desarrollo de la economía, la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, y el logro de una efectiva protección de la naturaleza.

2. Revolución de la productividad en el sector público costarricense: es un completo desatino ideológico hablar de recorte o reducción. Lo que corresponde es centrar el esfuerzo en el logro de mayor eficiencia y eficacia; mayor calidad y calidez en los servicios; fluidez organizativa y cooperación interinstitucional; combate enérgico a cualquier forma de corrupción.

3. Es seguramente necesario entrar a estudiar los sistemas de contratación y remuneración en el sector público. Hay incoherencias y algunos excesos, sin que esto signifique que deba imponerse criterios estándar, inapropiados puesto que distintas instituciones atienden distintos problemas y tienen distintos requerimientos. Es indispensable llevar adelante este proceso de forma dialógica y respetuosa, con generosidad y ánimo constructivo por todas las partes. El interés central debería ser uno: tener un personal altamente calificado y muy motivado, comprometido y productivo, remunerado de forma apropiada.

4. ¿Realmente se requiere –como alguna gente lo plantea– fusionar instituciones? No lo creo, o a lo sumo podría tal vez justificarse en casos muy calificados. Lo que sí se requiere es mejorar sustancialmente los mecanismos de cooperación, diálogo y articulación, lo cual también supone desanudar trabas burocráticas y airear espacios feudalizados.

5. Por ello mismo, se requiere reforzar decididamente los dispositivos de rendición de cuentas, participación democrática y control ciudadano. El Estado costarricense debe ser mucho más democrático y el debate sobre las políticas públicas mucho más transparente y participativo, y mucho mejor informado. Costa Rica no puede darse el lujo de permitirse ninguna involución democrática. Por el contrario, nuestro objetivo debe ser avanzar hacia una democracia más plena y participativa, realmente pluralista.

(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

Enviado por el autor.

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Construir y Reconstruir la Democracia Directa

Escrito en 30/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Oscar Ávila

Un indicador sobre la debilidad en el ejercicio del sistema democrático, puede ser la perseverancia de monarquías sin que la ciudadanía llegue a elegir a su primer ministro, como ocurre todavía, como es el caso de Asia donde hay 13 países con monarquías. En Europa queda una docena de ellas, después de haber disuelto 18, pero ahora mantienen un sistema electoral parlamentario que les ha dado buenos resultados. La de Rumanía fue la última en disolverse en 1947 en Europa. África tiene tres y Oceanía mantiene dos. El continente americano es quien no tiene monarquía alguna, aunque sí tuvo en Brasil (hasta 1888), Haití (hasta 1859) y México (hasta 1867).

Cada vez más se demuestra que el sistema democrático como doctrina política y sistema de vida en nuestras sociedades requiere de algunas adecuaciones para recuperarse del trauma causado por los golpes militares, técnicos, suaves e indirectos, en los cuales ha estado presente y activa la corrupción, el narco tráfico y los secuestradores de la democracia representativa. América Latina necesita urgentemente volver a los principios fundamentales de la democracia que respeta la libertad y los derechos humanos, así como favorecer la igualdad de oportunidades en la participación activa de la vida económica, social y política de cada nación que la integra. Debemos rescatar los principios de una democracia directa y participativa que exprese la voluntad de las mayorías, respetando las minorías y los derechos individuales. Esto no se importa ni del Norte de América, ni de Europa y menos de Asia o África. Esto exige nuestra propia reconstrucción.

Estamos observando como algunos ex presidentes se han dedicado a guiar y dirigir proyectos políticos de organismos multilaterales, encaminados, según ellos a recuperar la democracia de algunos Estados. Su nominación para integrar comisiones de esta índole, generalmente depende de la voluntad de los Secretarios Ejecutivos de los organismos mismos, con criterios políticos de quienes controlan al organismo multilateral, como ha venido siendo el caso de la OEA. El señor Luis Almagro ha llevado y traído ex presidentes a cumplir misiones trascendentes en la política nacional e internacional, de acuerdo a sus criterios personales. Esto lo ha llevado a integrar ex funcionarios con dudosa reputación, e incluso, juzgados como delincuentes, que luego guardan prisión (caso Álvaro Colom). Se integran en comisiones de observación electoral, en Comisiones de Investigaciones Políticas, etc, que luego, producen o, la re elección fraudulenta de un proceso electoral viciado (caso Honduras) o la implementación de estrategias intervencionistas, para la quiebra económica, política y social y, eventualmente militar de un Estado (caso Venezuela con Grupo Lima). Pero sabemos que el Sr. Almagro tiene superiores por encima de él, que no necesariamente es el Consejo Superior de la OEA, pero seguro es el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Mike Pence, esta activamente involucrado en esta estrategia imperial. Ya la ex presidenta Sra. Chinchilla de Costa Rica, miembro del ala conservadora del PLN, tiene listas sus valijas para irse a Brasilia, a dirigir la Comisión de Observadores Electorales, sospechamos que para asegurar un fraude contra Lula Da Silva, en el mes de octubre próximo. Para las próximas elecciones en México, el primero de julio, la OEA lleva a 80 observadores, también sospechamos de sus maniobras.

En muchos casos, los perfiles de los y las altas funcionarias de las élites políticas que utilizan los organismos multilaterales, son conservadores con currículum que no muestra los resultados exitosos de sus anteriores gestiones públicas. Así que el producto de su gestión no es otra que asegurar la continuidad de poder en manos de grupos políticos que llegan a la similitud de mafias instaladas para robar, como lo ha demostrado la CICIG y la MACCIH en Guatemala y Honduras, respectivamente.

Es sabido que cualquier re-elección se da en importantes condiciones desfavorables para cualquier opositor o contendiente a procesos electorales por muy transparentes que estos sean, lo que realmente no lo son. Después de cuatro o cinco años de sostener el poder presidencial de una nación, quien preside o dirige una nación, logra concentrar toda una serie de mecanismos, recursos e influencias que, ningún partido de oposición logra superar. Después, queda al libre criterio del re-electo si gobierna con una visión socialista (en sus distintas variantes), liberal (en sus distintas variantes), conservadora, hegemónica dictatorial y hasta militarista o neo fascista. Estas últimas son las atractivas del gobierno estadounidense, por estar afín a sus principios de trasfondo.

Es por esto que en América Latina hemos venido experimentando algunos procesos que distan de ser democráticos y, mucho menos directos y participativos con un seguimiento constante desde la ciudadanía.

El caso nicaragüense actual ilustra lo que sucede cuando una ciudadanía no ejerce sus facultades democráticas de vigilancia activa hacia sus elegidos. Por varias razones, la ciudadanía que logró re establecer el gobierno sandinista, permitió que su gobierno se fuera adecuando al sistema capitalista de mercado y sacara provecho individual del poder que el pueblo le prestó. Así, logró, con cantos de sirena, poesía y música folclórica, adormecer un amplio sector social, además de utilizar el monopolio de la fuerza, que le da la constitución, para amedrentar a sus oponentes. Su astucia fue la utilización del histórico y revolucionario partido FSLN y toda su simbología para mantener la hegemonía del poder. Si hubiese habido algo de testosterona, posiblemente no se hubiera re elegido a Daniel Ortega. Si hubiera consultado con Pepe Mujica, y siguiera sus conceptos, no se hubiera lanzado nuevamente.

Después de poco más de dos meses, Nicaragua, con casi dos centenas de muertes, centenas de heridos, instituciones de servicio público a medio funcionamiento y una economía al bordo de la quiebra, su instrumento de salvación es indiscutible mente la Mesa de Diálogo, coordinada por el Consejo Episcopal de la Iglesia Católica. En pasos hacia adelante y con cortos estancamientos, Nicaragua ha avanzado más que Honduras en resolver su crisis política, con una gran diferencia en formas de resolución de conflictos, años de batallas y victimas sociales y políticas. Desde luego, aún les falta definir sus proyectos políticos y económicos para el futuro, reformas institucionales y jurídicas, definición de posiciones ideológicas, etc. Esto será cuando inicien con un nuevo proceso electoral. Ahora, esperamos que los Ortega den ese trascendental paso y decidan una fecha para las próximas elecciones. Deben saber, que prolongar este conflicto es extender el dolor, llanto y luto de miles de familias inocentes. Si dan la fecha, todos y todas, incluyendo el FSLN, se preparan para la contienda electoral, a construir la Nicaragua que soñó Sandino, Carlos Fonseca, los comandantes sandinistas y mucha ciudadanía de ese valiente pueblo. Además, eso es una necesidad de toda Centroamérica.

Entre los compromisos de la ciudadanía latinoamericana esta en: ayudar a Nicaragua a salir de esta crisis; como es ayudar a Venezuela a no caer en las garras de las corporaciones mundiales y estadounidenses, con un control salvaje del Pentágono; contribuir con la lucha contra la amplia corrupción e impunidad, además del narco Estado, existentes en Honduras; como lograr que Lula Da Silva participe en las próximas elecciones de Brasil; además de, evitar los acostumbrados fraudes en México, para que López Obrador dirija los destinos de ese grandioso país; que se construya el tren transoceánico en Sur América, para sacar a Bolivia de su aislamiento comercial; presionar al nuevo gobierno colombiano para que cumpla los compromisos de la Paz y, desde luego, evitando una invasión militar donde participen los gobiernos lacayos de nuestro continente, contra Venezuela.

Seguramente, podríamos entusiasmarnos para que en el próximo mundial de fútbol en el Norte de América, en ocho años, contemos con paz, prosperidad, equidad y justicia social para todas nuestras poblaciones, ausentes de mafias controlando gobiernos e instituciones internacionales.

Enviado por el autor.

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Revista AMBIENTICO: Humedales de Costa Rica: frágiles ecosistemas bajo amenaza

Escrito en 30/06/2018. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación, Madre Tierra.

El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) nos comparte la última edición de la Revista Ambientico, en la cual se presentan avances sobre el trabajo que se está llevando a cabo a través del Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A continuación la Editorial y la tabla de contenidos.

Por medio del siguiente enlace usted podrá acceder a la versión en línea: http://www.ambientico.una.ac.cr/rev_ambientico.php?revID=266

Editorial

La imperante necesidad de proteger y manejar los humedales en Costa Rica

Las áreas silvestres protegidas del mundo son espacios únicos en términos de biodiversidad, pero con frecuencia altamente vulnerables. Muchas de ellas presentan desafíos sustanciales sobre el entendimiento de su importancia ecosistémica, amenazas antropogénicas producto de su poca valoración, o por los limitados recursos para su adecuada protección y manejo de manera conjunta con los múltiples agentes.

A pesar del mayor reconocimiento que las áreas silvestres protegidas puedan tener hoy en día, los ecosistemas de humedal son con frecuencia poco conocidos, protegidos y valorados. Muchos humedales en Costa Rica reflejan alto grado de deterioro producto de actividades agropecuarias, de una deficiente planificación del uso del suelo y de actividades industriales. Sistemas de riego, ganadería, deforestación, plaguicidas, aguas residuales, erosión de suelos, sedimentación, entre otros, generan alta presión sobre la cantidad y calidad del agua disponible, acelerando procesos de contaminación, eutrofización o simplemente desaparición de estos frágiles ecosistemas. Se estima que en el siglo XX se redujo la extensión de los humedales naturales del mundo en cerca de un 70 % considerando tanto los continentales como los marinos. Para el caso costarricense quizás la mayor limitante no es su disminución en área, sino su alto grado de deterioro, como mencionamos anteriormente.

No obstante, los ecosistemas de humedal son espacios altamente productivos y esenciales en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Entre ellos destacan el suministro de agua dulce, alimentos y materias primas como la madera, la recarga de aguas subterráneas, su biodiversidad, y la protección contra tormentas o su rol en la mitigación del cambio climático. Ellos son indispensables para que innumerables especies vegetales y animales puedan subsistir brindando beneficios irremplazables para la humanidad. Se conoce, por ejemplo, que el ciclo global y local del agua depende en gran medida de los humedales. Como se argumenta más adelante, la calidad de vida de las personas depende de la calidad del ambiente, y los humedales marinos (costeros), lacustres (lagos), ribereños (ríos) y palustres (pantanos, ciénagas) proveen beneficios en términos materiales, físicos y sociales que son necesarios para el mantenimiento y generación de este bienestar integral.

Enmarcado dentro de las metas globales de Biodiversidad (Metas Aichi) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025, resalta el aumentar para el año 2020 el área de humedales bajo categoría RAMSAR a 589 742 hectáreas en comparación con las 569 742 bajo categoría RAMSAR en el año 2015. Esto es 20 mil hectáreas adicionales de humedales de importancia internacional (HII) bajo protección y rehabilitación. El desafío no es menor. Para lograrlo es necesario aumentar la capacidad institucional para su gestión sostenible y conservación, el involucramiento de los actores locales de forma activa en las diversas actividades de manejo y mejoramiento, ajustes y aplicaciones más estrictas a la normativa, y el reconocimiento de su importancia entre la sociedad para su financiamiento. En esta edición les presentamos avances desarrollados desde el año 2015 por el Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

En su conjunto, el accionar del Proyecto Humedales se dirigió hacia el desarrollo e implementación de herramientas para gestionar de mejor forma la protección y la rehabilitación de los ecosistemas de humedal y para la conservación de las especies que habitan en ellos, en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y de adaptación a la variabilidad climática. Estos esfuerzos también contribuyen a que Costa Rica avance en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con los objetivos: 3, 5, 6, 11, 13 y 15, cumpliendo así con los compromisos país establecidos en el Proyecto Humedales.

CONTENIDOS

Editorial: La imperante necesidad de proteger y manejar los humedales en Costa Rica

Sergio A. Molina-Murillo

Inventario nacional de humedales para Costa Rica: Resultados preliminares

Jessica Francini Acuña-Piedra, María José Elizondo Campos

Vínculo jurídico entre la zona protectora y los ecosistemas de humedal

Juan Manuel Herrera Zeledón

Humedales y bienestar humano

Marcela Gutiérrez Miranda, Miriam Miranda Quirós

Participación local en la gestión de los humedales Ramsar de Costa Rica

Aurora Camacho Navarro

Sensibilización socioambiental para la conservación y el uso sostenible de los humedales

Aurora Camacho Navarro

Especies exóticas invasoras: dos casos en humedales Ramsar

Paulina Vargas Alpízar

Diseño e implementación de acciones de adaptación al cambio climático en un humedal Ramsar del bosque seco

Lenin Corrales, Wlfrán Murillo

Rehabilitación de ecosistemas de humedal como medida de adaptación a los impactos de la variabilidad climática: El caso del sitio Ramsar Palo Verde, sector Catalina

Wlfrán Murillo Masís, Miriam Miranda

Rehabilitación de ecosistemas de humedal como medida de adaptación a los impactos de la variabilidad climática: El caso del sitio Ramsar Palo Verde, humedales Mata Redonda y Corral de Piedra

José Carlos Leal Rivera, Miriam Miranda Quirós, Marcela Gutiérrez Miranda

Valoraciones biofísicas iniciales e importancia climática del Sitio Ramsar Turberas de Talamanca

Lucía Corrales Ulate, Lenin Corrales Chaves

Costa Rica fue sede de la adopción de un histórico acuerdo en favor de la democracia ambiental

María Virginia Cajiao

Normas mínimas para la presentación de artículos a Ambientico

Editor

Información proporcionada por Dr. Sergio A. Molina-Murillo, Director & Editor, Revista de Ciencias Ambientales y Revista Ambientico.

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Economía del bien común

Escrito en 29/06/2018. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Este lunes 16 de julio de 6:30 a 8 p.m. en el auditorio de la Universidad De La Salle se expondrá acerca de la Economía del Bien Común, un sistema económico al servicio del bienestar de las personas.

El evento estará a cargo de Christian Felber, fundador de la Economía para el Bien Común y el proyecto “Banco para el bien Común”.

Enviado por Gloria Gavioli.

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El voto en blanco de Yesid Reyes a la JEP

Escrito en 29/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El exministro de Santos, Yesid Reyes Triana, declinó posesionarse como Magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Su decisión es política no jurídica.

Son momentos en que a la JEP se le ha de rodear de máximo apoyo nacional y popular para que cumpla los fines altruistas que le han sido encomendados como es el juzgar los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en que hayan incurrido miembros de las fuerzas armadas del Estado, de todas las ramas de poder público incursos en el conflicto armado interno contra las farc-ep, sus comandantes, guerrilleros y personas privadas que hayan cometido acciones, así calificadas, en el mismo.

En este acometido de objetivos y de concepción de la justicia transicional bajo una inspiración universal y no el atosigado reducto de estereotipo de una justicia especial, a acomodarla a las camisas de fuerza de un sistema de justicia ordinario en Colombia, como si nada en absoluto hubiere pasado puesto las insurgencias no derrotadas militarmente ya están desarmadas y sometidas al establecimiento. Ante ese, que es el panorama que la dictadura mediática impone, yergue enhiesta la concepción del Sistema Integral de Justicia Reparación y No Repetición (SIJRNR) pactado en los Acuerdos de la Habana y del teatro Colón en el año 2016.

Llega el momento de dilucidar ante la opinión pública nacional e internacional, que los innumerables sofismas de desvirtuar los principios de la justicia transicional universal con que la mediática alienadora ha presentado como logros para el estado de derecho en Colombia , el que la rama legislativa y posteriormente la judicial del poder público, hayan desempeñado una labor de injerencia y verdaderos instrumentos para hacer trizas los Acuerdos erigiéndose en suplantadores de la voluntad de las partes contratantes, debidamente representadas en el escenario internacional como plenipotenciarios del Estado colombiano y los rebeldes insurgentes.

Como resultado del triunfo del NO se impusieron más de 85 reformas al Acuerdo inicial de La Habana, en particular al logro de una verdadera reforma rural integral, al espejismo de la definición de una economía sustitutiva de cultivos ilícitos, el culto a las víctimas para revictimizarlas y dejar en el limbo sus reparaciones y al difuso entretejido de no imponer una implementación, acorde con la alteración de orden público que la reforma de raíz de un sistema electoral corrupto demandaba. Garantizaban así los del mandato del NO la no implementación de los tales Acuerdos.

Respecto al universo de la justicia transicional, expresado en la JEP, no lograron vulnerar su esencia de inspiración universal acorde con la fuente consuetudinaria y la normativa del derecho Internacional y El Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Lograron modificar el que los Magistrados(as) del Tribunal Especial de Paz no fueren extranjeros; pero a contrarréplica se acordó la inclusión de togados amicus curiae (amigos de la corte). Estos tienen una función de auxiliares del sistema de justicia creado y contribuyen con su voz y voto a dirimir conflictos en que en las salas de juicio o definición de situaciones en que no haya mayoría. Son verdaderos conjueces y en esta clase de definiciones de tales delitos de jurisdicción a los magistrados integrantes no se puede quedar en solo “salvar el voto”. Resulta que la enredadera jurídica para desnaturalizar e impedir la implantación de este instrumento de justicia especial, dispuso el “soberano” legislativo que esos amicus curiae serán unos invitados de piedra y no tendrían voz ni voto sino aporte de opiniones escritas. Esto traído a colación, como el que los terceros incursos en delitos de lesa humanidad opten voluntariamente a acogerse a esta jurisdicción especial, irrita al foro jurídico mundial y plasma la inquietud por la impunidad, sin ahondar en la asimetría aplicada para excluir de la comparecencia a la JEP y al deber de concurrir a la Comisión de la Verdad, a los altos mandatos de las fuerzas armadas y a la casta del generalato colombiano, activo en la implementación de la guerra contrainsurgente, cual arrodillados al mandato del Departamento de Estado USA, en el control y manejo de la guerra contrainsurgente en Colombia.

ILUSTRACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA JEP

De manera que el thema de contenido jurídico y político a abordar en su majestuosa independencia y soberanía judicial el Tribunal de Paz del SIVJRNR, podríamos resumirlo en:

-Definir sus verdaderas competencias internas, incluido su ordenamiento interno de funcionamiento, para lo cual no requiere de ley auxiliar procedimental del Congreso colombiano.

-Definir las normativas de procedimiento, que son de orden público y estricto cumplimiento y por no ser de contenido sustantivo, han de ajustarse al capítulo de las garantías y derechos constitucionales del ordenamiento vernáculo. Ello es posible hacerlo internamente, sin acudir a acto legislativo.

-Garantizar el dictado de las sentencias acorde con los principios de autonomía y de inescindibilidad del sistema universal de justicia transicional. Esta que es la función altruista y máxima responsabilidad de los togados de la JEP, tiene que asimilarlo pedagógicamente la ciudadanía que para su ejercicio – esos Magistrados (as)han de estar libres de agobio alguno. El criterio de no exigibilidad; la autonomía no vinculante de normativas existentes y nuevas creadas; lo no vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Comprender, como cualquier colombiano raso, que mientras exista el artículo 93 de la constitución política, se explica la existencia invulnerable de la JEP y su fuente de respaldo constitucional lo fue el artículo 22 ibidem.

ERRADICAR LA IMPOSICIÓN MEDIÁTICA DE LO FEMENTIDO

No tiene fe ni palabra el que la JEP ha de estar sometida a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. Mucho menos a los dictados del Congreso. Es falso y engañoso que a la competencia de la justicia transicional los incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan decidir si optan o no someterse a esa jurisdicción especial. Sobre ellos caerá la implacable egida de esta justicia. En grado de discusión está el que los expresidentes de la república no queden vinculados a esta situación de aforo especial, por así haberlo pactado, expresamente, las Altas partes contratantes y plenipotenciarias de los Acuerdos logrados para el fin del conflicto ya conocido e identificado; pero ello no obsta para que sobre los mismos este latente – cual espada de Damocles- el veredicto de la Justicia Internacional.

LO ESQUIVADO POR EL MAGISTRADO DIMITENTE

Pues sin lugar a duda fue al desarrollo de estas definiciones en las que no deseo quedar inmerso el pusilánime Yesid Reyes Triana. Demuestra que era un alfil del grupo de poder oligárquico dominante en el seno de la JEP. Que como resultado del efecto electoral presidencial se impone la hegemonía de derecha en el país y en compromiso con sus intereses personales y de clase dominante otea que un escenario de opinión judicial magisterial no le conviene. Opta por el ejercicio de “contribuir” en la docencia, a sabiendas que su mensaje al Foro y a la Academia será engañoso y falso a ritmo con la hegemonía imperante de derecha.

A su vez, la onda sonora de repercusión de esa tal renuncia , pone en entredicho la improcedencia del Comité de Escogencia de optar por cuadros del sistema de justicia corrupto cuestionado en todo el mundo; aplicar en contravía la exigencia de la carrera judicial y el acumulado de pergaminos de especialización de sus designados; optar por la NO escogencia del juez sabio por su experiencia en el terreno de los padecimientos regionales y la edad; descartando a los innumerables juristas de localidades y provincias, a los abogados (as) “de pueblo”, a los activistas sociales del derecho, a los desplazados del sistema de justicia imperante en Colombia, abogadas y abogados con suficientes calidades humanas y de formación que fueron explicablemente descalificados.

Es en el acumulado de la reserva popular donde se encuentra su reemplazo.

Enviado por el autor.

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La victoria pirrica de la oligarquía

Escrito en 28/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

En Colombia ganó la presidencia de la República un representante del bloque de poder oligárquico. Triunfó el continuismo de un modelo económico neoliberal a tono con la estructura de inversión de un Narco Para Estado. Se impuso la continuidad y lo aplauden los corruptos, detentadores de la Administración Pública. Impera un modelo extractivista de las riquezas naturales, y las fauces de la ferocidad inversionista de las depredadoras multinacionales que se mueven – como “Pedro por su casa”-en los territorios de las desmovilizadas farc, aplauden la acción de la traición del establecimiento a las insurgencias que, de buena fe y acorde con la observancia internacional, confiaron en un sistema político matrero e indecente. Ganaron los de siempre contra los que pierden siempre. Perdieron los que mueren sin asistencia en las puertas de lo que fueron los hospitales públicos, hoy privatizados, de inconmensurable valor, entregados a las mafias blancas del capital privado, los jóvenes y los padres de quienes soportan préstamos y no podrán entrar a la universidad pública y popular, puesto que los recursos oficiales son entregados para el buen funcionamiento “científico” de las universidades privadas. Perdieron los jóvenes rurales que engrosaran las fuentes de empleo de las fuerzas armadas, cuales maquinaria voraz de guerra en Latinoamérica, ante la permanencia de un servicio militar obligatorio y extorsivo y la potencialidad de niveles de elevación del conflicto armado interno. De jolgorio quienes ayudan a la permanencia de los fatídicos Tratados de Libre Comercio desiguales con Colombia, la permanencia de las bases y los efectivos militares estadounidenses, quienes abogaron por la suspensión de Colombia de la UNASUR, para conspirar abiertamente contra el gobierno venezolano. Quienes precipitaron a Colombia a la OCDE y en brazos de la OTAN, acorde con la teoría del enemigo interno, el gigantismo del ejército nacional y la expansión territorial del imperio para dominar la Amazonía. En el país festejan los de siempre, quienes no ajenos a despropósitos de creerse con un “mandato claro” en beneficios de sus intereses revivirán el conflicto armado interno, político, militar, económico, ecológico. Los del capital financiero parasitario y explotador que usufructúan el fruto del trabajo honrado, privando la posibilidad de ahorro y bienestar. Acaparan los fondos públicos de pensiones impidiendo un disfrute de cesantía digna. Los latifundistas, terratenientes y casa tenientes, que engordan el patrimonio improductivo y desconocen la función social de la propiedad, que implica obligaciones, conforme al espíritu constitucional vigente de 1991. Brindan los fundamentalistas religiosos de la tradición en una sociedad excluyente a las determinaciones de la libre personalidad, la escogencia de sexo y respeto por la comunidad LGTB. Están de jolgorios los sub judice de cuello blanco y crímenes de lesa humanidad, que esperan la reunificación de las altas cortes para continuar disfrutando de impunidad; puesto que los ex insurgentes están sometidos, el generalato colombiano y los terceros coparticipes en el conflicto armado interno, sindicados de crímenes de lesa humanidad, esperan la definición autónoma, e inescindible de una JEP que les atormenta. Festejan los que derrotaron a las negritudes, a los mestizos, a los pobres, a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, a los líderes sociales, populares, sindicales, comunales, ambientalistas. Quienes desconocieron el llamado de solidaridad internacional de personalidades, filósofos, economistas, científicos, cientistas sociales, de una intelectualidad cosmogónica que subsumen el padecimiento de un pueblo para conjurar el caos y la incertidumbre en un mundo de inequidades, en búsqueda civilizada a extirpar, tantos padecimientos del pueblo colombiano.

¿QUÉ VENDRA?

De todas formas, el panorama político de Colombia ha cambiado. La social democracia liberal desvaneció y se integró a la derecha. El Liberalismo dejó de existir en Colombia. El MOIR con Robledo y el tal Fajardo se pusieron al lado de los que vencieron al pueblo. Si el Polo Democrático Alternativo no se autocritica y purga internamente, desaparece. Los Verdes no se ubicaron hacia la izquierda. Los Progresistas se corrieron hacia el centro. La tendencia de los candidatos del bloque de poder oligárquico: Duque, Vargas Lleras, De La Calle, Fajardo, confluyeron tácticamente. El discurso del centro y derecha tomó auge, con la distinción que el bloque de poder oligárquico no matiza en tendencias y consolida la vigencia de una hegemonía de partido único de derecha. Hasta ahora habrá una verdadera oposición al sistema; pero carente de un partido político de masas, oteando el reto de las próximas elecciones de Alcaldías y consejos en que las oligarquías locales y militaristas- no así triunfantes absolutas en las grandes ciudades- cuentan con inconmensurables recursos de corrupción y del narcotráfico y con la existencia de un sistema electoral que le garantizará el dominio y ejercicio de los poderes locales. De otro lado, los incontables, quienes expresan el pensamiento de la izquierda revolucionaria NO armada y aquellos que permanecerán en la opción de la lucha armada por la consecución del poder por ese medio incivilizado y que les inspira el derecho universal de rebelión de los pueblos, contra las injusticas empotradas de un régimen neoliberal, sumiso al imperio, militarista, expansionista y salvaje. En ese sentido aceptemos la distinción entre la izquierda legal y la izquierda ilegal dentro de los elementos de distinción analítica de la compleja situación colombiana plasmada, un día después de una decisión electoral en que en cualquier país del mundo los corruptos (genocidas) son destituidos y en Colombia en cambio son entronizados.

Se demostró la eficacia del andamiaje electorero corrupto, anacrónico y condicionante del sistema electoral para perpetuarse en el poder. En forma insolente e insultante para la opinión nacional e internacional comenzó la emisión de boletines electorales cuando, aún en vivo, las cadenas televisivas registraban entrevistas a los jurados in situ, preguntando sobre la labor del conteo, manifestando que duraría en esa labor, cada mesa unos 20 minutos o más. Resulta ofensiva la arrogante presentación por parte de la Registraduría de conteo de millones de votos en menos de un cuarto de hora. Es despectivo que ab initio, en la mediática dictatorial, al lado de los guarismos anunciados, la fotografía del candidato Petro aparezca con una fisonomía o rostro de derrotado o afligido y la del Duque retocada, maquillada y su nariz (“el hocico del oso” de la derecha como lo indicó el hiriente expresidente Ernesto Samper) reluciente, aguileña y respingada. Resultó una prueba de fuego para el movimiento popular y revolucionario aceptar esa segunda vuelta electoral pese a todos los entuertos y falencias observadas durante la primera vuelta. Ante la no implementación de la Reforma Electoral, Rebelion.org publicó, en el mes de julio de 2017, mi artículo sobe la Imperiosa Necesidad de Aplazar las elecciones de 2018, demandándose, para entonces, la aplicación de conmoción interna por parte presidencial, ante la inminencia del saboteo a los Acuerdos de La Habana. Pero todo resultó ser hábil maniobra del jugador de póker Santos. (Una de las mil observaciones que se le hacen a la incapacidad política del Secretariado de las antiguas farc-ep, para sortear, a futuro, el manejo del brioso corcel de la implementación). La sola firma no valía.

Loable el discurso de reconocimiento institucional del candidato Petro. Ya no es el caudillo presidenciable, ahora se erige en el Dirigente de su pueblo. Sobre el elegido Duque, quien tendrá que alejarse de sus conmilones de camarilla corrupta tradicional, para alcanzar un mínimo respeto de los gobernados. Electo o escogido por siniestro personaje, resultó elegido en toda la acepción irregular del verbo. 8 millones de votos de imperiosa potencialidad de actividad política en las calles serán su prueba de fuego en los llamados primeros cien días de su gobierno. Anunció la Seguridad para los colombianos, pero en el imaginario popular significa la seguridad a los latifundistas terratenientes y explotadores de todos los pelambres, para continuar disfrutando de los privilegios de casta en el segundo país más inequitativo del planeta. El panorama de las disidencias armadas, que en modo alguno nos vengan con el cuento, son carteles de la droga, repuntan la gravedad y ahondamiento del conflicto armado que persiste en el país.

¡Entonces concluimos que fue lo que se ganó la oligarquía colombiana y que tanto lo que perdió el movimiento popular!

Enviado por el autor.

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Primera infancia: desarrollo emocional y mental en los primeros tres años

Escrito en 26/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gloria Gavioli

Es de gran importancia la presencia familiar, más que todo materna, para el desarrollo emocional y cerebral de las niñas y niños entre 0 y tres años.

Esta certeza que hace años tenía, me la confirmó una doctora especialista en audiología. Ella me explicó que, si los padres se percatan de la sordera de su hijo y le ponen un audífono en los primeros tres años, el pequeño aprende a hablar perfectamente.

Si el audífono lo ponen entre 3 y 6 años, aprende a hablar más o menos bien, pero, si lo ponen después de los 6 años, los centros de la palabra ya están CERRADOS.

Esta es la más clara demostración de que los primeros tres años determinan el futuro de nuestras capacidades y características emocionales e intelectuales.

Tenemos el deber de insistir para hacer conciencia en los padres y las madres de la importancia de su presencia y de su cariño, para despertar y estimular la mente, la curiosidad y la compasión de sus hijas e hijos para desarrollar personas con más oportunidades.

Es de gran importancia si se inicia una campaña de divulgación de la necesidad de que al menos el papá o la mamá se mantengan con su niño o su niña en los primero tres años, porque, en mi opinión, tanta delincuencia e infelicidad juvenil, deriva de la falta de amor que han sufrido y que no les ha permitido aprender la autoestima y la empatía con las otras personas.

Estoy convencida de que muchas familias no se han percatado del daño que hacen al tratar, -lo más precioso que tienen-, como un paquete que se pone por aquí y por allá sin evaluar el daño y el dolor que provocan.

Imagen ilustrativa tomada de www.oticon.es

Enviado por la autora.

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Presidente Alvarado: Por favor, no juegue con fuego

Escrito en 26/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Si algo ha caracterizado a la Costa Rica del nuevo siglo, ha sido el hecho de que, cada vez más, el crecimiento económico depende de la deuda. Y, en particular, de la deuda privada, algo que tanto la prensa como las/los economistas de la ortodoxia dominante, acostumbran abordar con cierta indisimulada histeria y su dosis de amarillista superficialidad. Se trivializa el problema y, de paso, se evita sacar conclusiones que, por relevantes, podrían ser incómodas.

Hace 20 años, el ratio o relación entre el crédito y la producción nacional (“crédito al sector privado / Producto Interno Bruto (PIB)”) era tan solo del 17%. Al finalizar 2017 esa relación alcanza el 61%, y solo la parte de crédito a las familias (consumo + vivienda) llega al 37%. O sea, más del 60% del total del crédito es deuda de las familias.

Y, sin duda, el auge que la economía costarricense experimentó en los años 2006-2007 (con tasas de crecimiento del PIB en el orden del 7-8%), se alimentó fundamentalmente del crédito al sector privado y, en especial, a las familias. En total, ese crédito se multiplicó por 3,06 veces entre diciembre de 2004 y diciembre de 2008. El crédito para consumo aumentó en 2,87 veces y para vivienda en 3,09 veces, muy por encima del crecimiento total del PIB.

Con el impacto negativo de la crisis económica mundial y el abrupto deterioro del empleo, el crédito se frenó en 2009. Pero en el período posterior a ese año y hasta la actualidad, el dinamismo muy mediocre que la economía costarricense manifiesta, vuelve a sustentarse sobre esas mismas bases. Así, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2017, las colocaciones crediticias al sector privado pasaron de representar un 48% del PIB, hasta llegar al 61%, mientras la parte correspondiente a las familias saltó del 27% al 37%. Con un agravante: también la deuda pública ha crecido sostenidamente durante esos mismos años.

Y, sin embargo, es posible que nuestros niveles de deuda, medidos relativamente a la producción nacional (el PIB), todavía sean pequeños comparados, por ejemplo, con los de Estados Unidos. El problema, sin embargo, es que veníamos de niveles de deuda mucho más bajo, y en poco tiempo esta se ha multiplicado espectacularmente. Nos vamos haciendo adictos a la deuda. Siendo por otra parte claro, porque así lo manifiestan los datos, que ese gris crecimiento de la economía –incluso en los momentos algo mejores que se vivieron hacia 2015– responde principalmente al impulso que le da el consumo de las familias -impulsado por el crédito– y, en menor grado, el consumo público, ya que, por su parte, la inversión empresarial, para la formación de nuevas capacidades productivas, se mueven en una tendencia muy opaca y declinante, y el sector externo sigue pesando negativamente.

Esto introduce elementos de inestabilidad, potencialmente peligrosos. Lo cual es mucho más claro si tenemos en cuenta el peso del crédito en moneda extranjera (principalmente dólares). En la banca privada éste último representa, al día de hoy, el 73% del total del crédito colocado (29% para los bancos públicos). Ello permite entender el empeño del Banco Central por mantener estable el tipo de cambio, ya que, en caso contrario, no solo muchas familias y empresas podrían verse en problemas, sino que incluso podríamos ver caer más de un banco privado.

Y, por favor, no olvidemos la gravedad, imposible de exagerar, del problema del empleo, claramente asociado a un modelo económico donde las actividades más dinámicas –finanzas y zonas francas, incluyendo servicios empresariales– aportan muy poco empleos (y también muy pocos impuestos, en particular las zonas francas), mientras que las que sí crean mayor cantidad de empleos (y pagan más impuestos), como es el caso de la industria manufacturera, la actividad agropecuaria y la construcción, atraviesan un largo proceso de declive.

En su conjunto son condiciones que propician el agravamiento de las desigualdades y del malestar social, en virtud de que una parte sustantiva de la población trabajadora vive la frustrante realidad de la carencia de empleos dignos. Esto último, mezclado con las características del modelo de crecimiento de la economía, los altos niveles de fraude fiscal y las graves deficiencias de nuestro sistema tributario, son, a fin de cuentas, las razones fundamentales detrás del problema del déficit fiscal. Cierto que los gastos –en particular remuneraciones y transferencias– tendieron a crecer con relativa celeridad, y que ello detonó el problema del déficit en los años inmediatos posteriores a 2008. Pero nada de eso hubiera tenido, ni de lejos, el impacto que a la larga ha tenido, si la economía no hubiese quedado atrapada en ese estado de anemia crónica y con tan agudos problemas del empleo.

El sentido común dominante –incluso entre el muy hegemónico contingente de los/las economistas de la ortodoxia– ignora sistemáticamente estos factores estructurales más profundos. Todo se reduce a una operación propagandística enfocada en la criminalización de los empleados y las empleadas del sector público, y en el ataque contra diversas instituciones públicas. Lo cual no niega que hay excesos, ineficiencias y burocratismos que deben corregirse. Pero es algo que debe hacerse en bien de la calidad y eficacia del servicio que la ciudadanía merece recibir, sin pretender ilusamente que ello pueda corregir el actual problema fiscal.

Por otra parte, y en correspondencia con lo anterior, se ha popularizado una historia mítica, que atribuye la pérdida de dinamismo que la economía viene experimentando en el último año y resto, al problema fiscal. Es la misma leyenda urbana que asegura que las tasas de interés han subido a causa del déficit del gobierno, y que corregir este déficit reanimará el crecimiento económico y la creación de empleos.

Las relaciones de causalidad que subyacen a estas presunciones, siempre son omitidas: lo afirman, pero se guardan muy mucho de explicar cómo operan las relaciones que dan lugar a los resultados observados. Pero no es difícil adivinar la teoría detrás de tales fantasías, la cual básicamente imagina un mundo de “agentes económicos” racionales, en capacidad de modular su comportamiento y sus decisiones, teniendo en cuenta, con precisión matemática, las implicaciones atribuibles al déficit fiscal. Un absurdo de dimensiones galácticas, insostenibles como lo es el edificio total de la economía ortodoxa, del cual también se deduce la idea errónea de que ha sido el déficit gubernamental el que ha hecho subir las tasas de interés. En realidad, es fácil constatar que éstas aumentaron en el momento justo en que el Banco Central así lo quiso, y puso en marcha los diversos instrumentos de política a su disposición, para hacerlas subir.

Todas estas supercherías son las que subyacen a las propuestas frente al déficit fiscal que el gobierno de Carlos Alvarado viene presentándonos, tanto las medidas de restricción del gasto, como las diversas propuestas de reforma tributaria en la Asamblea Legislativa.

El error de fondo surge de un sentido común tan popular como erróneo: el de que la mejor forma de resolver un problema de acumulación de deuda, es “socándose la faja”. Y si bien ello podría ser correcto en el caso de una persona o una familia sobre-endeudada (pero incluso en ese caso no siempre lo es), deja de serlo cuando hablamos de una economía en su conjunto. Porque apretarse el cinturón, y optar por la vía de la austeridad, provocará lo que normalmente provoca, tal cual la teoría crítica-heterodoxa lo anticipa y la evidencia lo ratifica: el derrumbe de la economía y, con esto, la pérdida de capacidad económica para afrontar la deuda, y, entonces, el agrandamiento relativo de ésta. Justo por ello la deuda de Grecia se volvió impagable. Y, en efecto, jamás será pagada, pero, entretanto, el pueblo griego fue desangrado brutalmente, bajo el prejuicio estúpido de que la cuestión se resolvería si se “apretaban la faja”.

El gobierno de Carlos Alvarado no parece querer entender esto. Y ello es grave. Porque si la economía viene débil y con severísimos problemas del empleo, la vía por la que se está optando agudizará esa debilidad y deteriorará aún más el empleo. Y si eso ocurre, el peso de las deudas privadas se multiplicará, como también su efecto deflacionario, con lo que el retroceso de la economía podría agravarse. Con lo que podría darse el auto-cumplimiento de las profecías tantas veces pronunciadas: el déficit fiscal desembocaría en una grave crisis, pero no por causa del déficit mismo, sino en virtud de haberse optado por una estrategia errónea.

No imagino que el presidente Alvarado ni ninguno de los encumbrados personajes que le rodean, lean esto. De seguro no lo harán. Aun así, y con todo respeto, concluyo con este mensaje: “presidente Alvarado, por favor medite, sé que a usted le sobran buenas intenciones, pero ello no basta para impedir que lo que está haciendo pueda causar mucho más daño que bien”.

(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

Enviado por el autor.

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Situación en Nicaragua: el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Escrito en 25/06/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin (*)

Este 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) (véase sitio oficial) dio a conocer su informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua, la cual se originó a partir de protestas callejeras el 18 de abril del 2018. Como Estado parte al Pacto de San José de 1969, Nicaragua debe cumplir con algunas obligaciones en materia de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza por parte de sus fuerzas para contener manifestaciones callejeras.

Es precisamente el uso desproporcional de la fuerza por parte de las autoridades contra manifestantes y estudiantes el que explica la gran cantidad de personas fallecidas (212) y heridas (más de mil) desde hace dos meses en Nicaragua, provocando diversas reacciones por parte de la comunidad internacional. Este 22 de junio, los integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinaron la situación en Nicaragua y respaldaron el contenido del informe, pese al «rechazo integral» del informe, externado por el delegado de Nicaragua, aduciendo el sesgo con el que fue elaborado (véase declaraciones disponibles en este enlace de YouTube).

Situacion en Nicaragua el informe de la Comision Interamericana de Derechos Humanos — Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno» (La Prensa Gráfica).

El texto del informe (que consta de 91 páginas en total) está también disponible en este otro enlace, por si el acceso al enlace oficial no logra la descarga completa del documento.

Hace exactamente un mes, el pasado 22 de mayo, la misma CIDH había publicado un informe preliminar después de una visita in situ a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de reproducir (véase nota nuestra al respecto). Las quince recomendaciones hechas en este informe preliminar siguen sin ser acatadas por las autoridades de Nicaragua, por lo que fueron nuevamente reproducidas en la parte final del informe presentado este 21 de junio por la CIDH (véase punto 285 de la página 88).

El pasado 5 de junio, fue en el marco de la Asamblea General de OEA que se adoptó una resolución (véase texto reproducido en esta nota nuestra).

En las conclusiones y recomendaciones del informe presentado este 21 de junio, se lee que:

278. La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua, ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos. En particular, la CIDH constata un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. Lo anterior se refleja en más de las 212 personas que han perdido la vida hasta el 20 de junio, así como en el número de heridos y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 junio la CIDH tenía registradas en 1.337 y 507, respectivamente. A pesar del llamado al cese inmediato a la represión estatal por la propia Comisión, ésta no ha sido detenida. Por el contrario, la respuesta represiva ha recrudecido en las últimas semanas, acentuándose la crisis que afecta al país.

279. La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión.

280. De igual forma, la CIDH reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno. El Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables.» (p. 87)

Con relación al hostigamiento que sufren líderes sociales y defensores de los derechos humanos, se lee (punto 264 en página 82) que:

«264. La CIDH advierte el constante uso de las redes sociales y otros medios de información con el objeto de difundir mensajes estigmatizantes y deslegitimadores en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el inicio de las protestas, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y religiosos han sufrido diversos señalamientos por parte de autoridades estatales y actores no estatales en los que se les hostiga, descalifica y estigmatiza, tanto por denunciar las violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de la represión estatal a las protestas, como por presuntamente alentar a la participación de la población en las manifestaciones. En sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado rechazó la existencia cualquier política de persecución a las personas defensoras de derechos humanos».

Se recomienda la lectura completa del informe, así como la parte de conclusiones y de recomendaciones finales (pp. 87-91) de manera a poder apreciar mejor la labor de fiscalización ejercida por un órgano de derechos humanos como la CIDH y la urgente necesidad de acompañar a las autoridades de Nicaragua y a las organizaciones de la sociedad civil en la efectiva implementación de sus recomendaciones incluidas en la parte final de dicho informe.

En Nicaragua, como en muchas otras partes del mundo, la violencia sólo puede generar mayor violencia y conflictividad: una crisis política debe resolverse sin enlutar cada día a más familias cuyos miembros son ultimados a tiros por fuerzas de seguridad (o fuerzas paramilitares que actúan en la mayor impunidad con la complicidad del Estado).

Este sábado 23 de junio, un niño de 14 meses fue abatido de un tiro en la cabeza (véase nota de prensa), sumándose a once menores de edad fallecidos en Nicaragua en los últimos dos meses en el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

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Diálogos críticos con la ciudadanía: ¿Ideología de género o teoría de género? Las tergiversaciones del fundamentalismo religioso

Escrito en 25/06/2018. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, le invita este martes 26 de junio a las 2 p.m. a los Diálogos Críticos con la Ciudadanía donde se tratará el tema: “¿Ideología de género o teoría de género? Las tergiversaciones del fundamentalismo religioso”.

Se contará con la participación de la M. Sc. Rocío Chaves Jiménez, directora del Instituto de Estudios de Género de la UNED y la M.Sc. Patricia Oliva Barboza, investigadora del CICDE-UNED. Conducción a cargo de Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE-UNED.

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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Consideraciones generales

Reforma tributaria de fondo, moderna, justa y progresiva

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