Ir al contenido principal

UCR anuncia nueva convención colectiva calificada de moderna y equitativa

  • Acuerdo se logró al terminar la tarde de este 16 de febrero

 

Luego de más de un año de negociaciones y 80 sesiones de trabajo, la Universidad de Costa Rica (UCR) terminó de negociar su convención colectiva la cual se califica de moderna, equitativa y acorde con el contexto actual.

La negociación se logró cerrar este viernes 16 de febrero cerca de las 6:00 p. m. a pocas horas de que se terminara el plazo final, que estaba estipulado a las 12:00 de la media noche de este mismo día.

Entre los principales aspectos que se acordaron, destaca la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, la protección especial de la trabajadora en estado de embarazo, la licencia de maternidad y lactancia de 15 meses, así como la garantía de la igualdad y la no discriminación por cualquier índole y espacios libres de violencia a lo interno de la institución.

UCR anuncia nueva convencion colectiva calificada de moderna y equitativa2

El trabajo negociado garantiza según las partes, a las y los trabajadores de la Universidad, un espacio laboral que integre y fomente medidas para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

Sobre este aspecto, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, ha reiterado en diversas ocasiones que se ha buscado desarrollar una Convención Colectiva moderna, humanista y basada en enfoque de derechos.

Por otro lado se logró reformar la manera en cómo se regirá la Junta de Relaciones Laborales (JRL), órgano encargado de ver los casos disciplinarios y de derechos laborales dentro de la Universidad. En este sentido, se establecieron plazos menores para la resolución de los casos, con el objetivo de lograr justicia pronta y cumplida. Se eliminó el Tribunal Arbitral, que antes dirimía veredictos que terminaban empatados, lo que provocaba que la resolución de los casos durara mucho tiempo, y además se creó el Órgano de Procedimiento de Instrucción, que se encargará de recibir las pruebas y fundamentos de los casos, para luego remitir un informe a la JRL.

Para el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, esto permite fortalecer la JRL, pues se brindan herramientas para que su accionar sea más efectivo y eficiente, de manera que pueda rendir informes en plazos menores a los actuales y siendo garante del respeto al debido proceso y de los derechos de las personas trabajadoras

Así mismo, en el tema de tiempos sindicales, se limitó la declaración del estado de conflicto y sesión permanente, que podrá realizar la Junta Directiva Central del Sindicato por un máximo de 45 días hábiles y se podrá extender por 30 días naturales más con la aprobación del Vicerrector de Administración. Anteriormente, estos plazos no existían, por lo que la declaración de conflicto se podría extender por tiempo ilimitado.

El último tema acordado fue el de la anualidad, que se refiere al aumento que cada año se hace a los salarios de todos los empleados de la institución. El tema fue debatido dentro de la Universidad e incluso dividió la opinión de funcionarios, apartándolos de la propuesta sindical.

Con ese objetivo desde el pasado día 15 se recolectaron mediante la plataforma Change.org más de 1.000 firmas. Con esta solicitud parte de la comunidad universitaria pidió al Sindicato ceder objetivamente en sus pretensiones de una anualidad del 5,5% considerando la situación económica del país y de la Universidad. Finalmente la anualidad se acordó en un 3,75% para toda la comunidad.

 

Información de Oficina de Divulgación e Información, UCR.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Costa Rica – Nicaragua: apuntes sobre la delimitación marítima decidida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Hace una semana, el pasado 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su decisión con relación a la demanda interpuesta por Costa Rica en febrero del 2014, solicitando al juez determinar la frontera marítima en ambas costas (véase comunicado oficial de la CIJ en francés y en inglés). Adicionalmente, el fallo incluye una respuesta a otra demanda planteada por Costa Rica, relacionada esta vez a la presencia de un campamento militar en la playa cercana a la Laguna de Portillos, interpuesta en enero del 2017 por Costa Rica. En una decisión anterior, leída el mismo día, fijó el monto por el daño ambiental causado por Nicaragua en Isla Portillos, que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestro artículo titulado «Costa Rica-Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ» publicado en Pressenza).

Dos Estados bioceánicos sin fronteras marítimas

A diferencia de los Estados costeros de América Latina, no existe ningún tratado de límites suscrito en materia marítima entre Costa Rica y Nicaragua, tanto en el Océano Pacífico como en el Caribe. Las líneas elaboradas por ambos Estados en algunos documentos oficiales publicados no responden a ningún título jurídico. Cabe recordar que negociaciones bilaterales se iniciaron en el 2002 (véase nota de La Prensa) y fueron suspendidas por Nicaragua en el 2005 a raíz de la demanda interpuesta ante la CIJ por Costa Rica por los derechos de navegación en el río San Juan. En estos anexos presentados por Costa Rica a la CIJ se detalla la secuencia de reuniones ministeriales y técnicas llevadas a cabo bilateralmente entre ambos Estados entre el 2002 y el 2005 (véase en particular anexos 29 a 37, pp. 237-334): su lectura permite apreciar cuán fructíferas pueden ser las relaciones entre ambos Estados cuando el clima político permite diálogos y mecanismos de consultas en aras de resolver problemas comunes.

Pese a no guardar ninguna relación el objeto de la demanda interpuesta por Costa Rica en setiembre del 2005 con el tema de la delimitación marítima, el retiro de Nicaragua de las negociaciones a partir de esta fecha evidencia un aspecto poco estudiado: el efecto profundamente perturbador de una demanda presentada de forma unilateral por un Estado contra otro, considerada como un acto inamistoso, y la consiguiente suspensión de toda la agenda bilateral existente.

El derecho del mar reconoce a un Estado costero el derecho de establecer una zona denominada «Mar Territorial» hasta un límite que no exceda las 12 millas náuticas, medidas a partir de líneas de base. A partir del «Mar Territorial«, un Estado puede pretender extender su «Zona Económica Exclusiva» (ZEE) y su Plataforma Continental hasta un máximo de 200 millas marinas. Como se puede apreciar, el lograr que el juez internacional confirme líneas pretendidas en la ZEE tiene un beneficio mucho mayor al de las líneas pretendidas en el Mar Territorial.

Un intercambio de notas y una demanda

Esta demanda de Costa Rica solicitando al juez determinar la frontera en ambos océanos se presentó ante la CIJ el 25 de febrero del 2014, pocas semanas después de la primera vuelta electoral en Costa Rica, y de forma un tanto sorpresiva. Al revisar los intentos de acercamiento previos al 2014, únicamente se registra el siguiente: en marzo-abril del 2013, se dió un intercambio de notas entre ambos (véase pp.158-172 de estos anexos presentados por Costa Rica a la CIJ), en el que Costa Rica le propone a Nicaragua retomar las negociaciones sobre las fronteras marítimas en ambos océanos, a lo que Nicaragua responde haciendo ver que se omite precisar las razones por las que Nicaragua las suspendió.

Se trata de un interesante episodio en el que se evidencia la poca disposición de ambos de crear condiciones reales para retornar a la mesa de negociación. Más allá del punto de saber si no hubiese sido tal vez más oportuno esperar que la CIJ fallara sobre los dos asuntos pendientes de resolución ante la CIJ (al 2013) para reactivar paulatinamente el diálogo con Nicaragua, sería interesante conocer qué fue lo que motivó a Costa Rica a solicitar formalmente el reinicio de negociaciones en el mes de marzo-abril del 2013 después de un largo período de tiempo sin hacerlo.

Esta falta de disposición para intentar encontrar una solución negociada antes de recurrir al juez internacional se hace mucho más evidente si se compara con otros casos ventilados en La Haya. Son muchos los años que han transcurrido entre Bolivia y Chile y entre Perú y Chile antes de que Bolivia optase por recurrir a la CIJ en el 2016, y Perú en el 2008. Estos y muchos otros ejemplos de la región latinoamericana (que se pueden encontrar de igual manera en otras latitudes) indican que, por lo general, los Estados se otorgan un tiempo, a veces muy extenso, en el que sus aparatos diplomáticos exploran diversas vías en aras de resolver sus disputas antes de accionar la vía judicial. Más cerca de nosotros, notemos que Honduras y El Salvador, cuya “guerra del fútbol” en 1969 propició una grave crisis, dio lugar al acuerdo de Lima (Perú) en 1980, y a la presentación de un compromiso conjunto ante la CIJ en 1986, resuelto por la CIJ en su fallo de 1992; o que la denuncia en 1980 por parte de Nicaragua de un tratado de delimitación con Colombia suscrito en 1928, originó una crisis que se resolvió con el fallo de la CIJ del 2012, ante la demanda presentada por Nicaragua contra Colombia en el 2001. Con relación a esta última controversia, es probable que muchos en Colombia lamenten (en silencio) el hecho que durante el período 1980-2001 no se hubiesen entablado negociaciones bilaterales con Nicaragua para delimitar la frontera marítima en el Mar Caribe.

Algunos intereses existentes en ambos océanos

Más allá del punto de saber qué fué lo que impidió a Costa Rica esperar que primeramente la CIJ resolviera dos asuntos pendientes ante la CIJ en el 2014 para proponer a Nicaragua entablar negociaciones sobre los límites marítimos, es de notar que la inexistencia de un acuerdo en la materia propició roces y notas de protestas.

Como es sabido el fenómeno del «Domo Térmico» se ubica a varias millas náuticas de las costas de Costa Rica y de Nicaragua en el Pacífico, y constituye un recurso único en materia pesquera (véase documento elaborado al respecto por la ONG Mar Viva y juego de mapas sobre su evolución). Por otro lado, Nicaragua desde varios años busca proceder a la prospección en materia de hidrocarburos en ambas costas. La edición de un mapa en Nicaragua en el 2012 sobre bloques ofrecidos en sus mares para la exploración de hidrocarburos (similar a otro publicado en el 2003) dió lugar a una nota formal de protesta de Costa Rica enviada a finales de julio del 2013 (véase nuestra nota al respecto publicada en CRHoy).

Mapas oficiales en busca de descuidos

La edición, por parte de Nicaragua, de mapas oficiales cuyas líneas se acercan a las costas de Costa Rica forma parte de las técnicas que tiene un Estado para intentar formalizar sus pretensiones en una zona. Un mapa editado en el 2002 dió lugar a una nota de protesta en el 2002 por parte de Costa Rica. Un mapa similar editado en el 2012 dió lugar a una nueva protesta por parte de Costa Rica en julio del 2013. En el artículo precitado publicado en CRHoy nos permitimos precisar lo que a menudo enseñamos a nuestros estudiantes a la hora de abordar la teoría del acto jurídico unilateral en derecho internacional público:

«Es importante señalar que un acto unilateral de un Estado susceptible de afectar derechos de otro Estado y que no de lugar a una protesta puede ser entendido por el contrincante como una aceptación tácita de su reclamo (y el día de mañana, entendido de la misma manera por un tercero llamado a zanjar una controversia entre ambos contendores). Cualquier inconsistencia en el tiempo (por simple descuido o negligencia) puede complicar singularmente la posición defendida. De ahí la labor imperiosa de los Estados de vigilar constantemente cualquier manifestación unilateral como lo pueden ser mapas oficiales editados por otros Estados (o que tengan alguna relación con entidades públicas estatales) susceptibles de abarcar áreas sobre las que pretenden tener derechos y manifestarse formalmente al respecto si es del caso. Ello se da usualmente cuando se trata de territorios fronterizos ubicados en zonas remotas mal demarcadas, poco accesibles, o bien cuando hay controversias territoriales irresueltas«.

Costa Rica Nicaragua apuntes sobre la delimitacion maritima decidida por la Corte Internacional de Justicia
Mapa editado por Nicaragua en el 2012 adjuntado a un brochure sobre concesión de bloques en materia de exploración de hidrocarburos destinado a empresas privadas.

Nótese que en junio del 2015, Costa Rica anunció que notificó a la empresa noruega Statoil de su litigio con Nicaragua y su oposición al otorgamiento de concesiones por parte de Nicaragua a esta empresa petrolera: al revisar la ubicación exacta de los bloques concesionados por Nicaragua en el Pacífico a Statoil (véase bloques en azul celeste en esta nota), surge la pregunta de saber cuál regla aplicable en derecho del mar le pemitiría a Costa Rica pretender ejercer su soberanía en esa zona. El clima de confrontación con Nicaragua, que ha caracterizado la administración (2010-2014) y (2014-2018) en Costa Rica, no permitió reconocer que Nicaragua tuvo el cuido de retirarse de la zona en litigio al otorgar en concesión estos bloques a Statoil en el 2015.

La decisión de la CIJ o el arte de satisfacer a dos Estados

El texto integral de la decisión de la CIJ como tal está disponible en francés y en inglés. Se recomienda su lectura integral, la cual permite apreciar mejor los alcances de esta decisión, que no siempre se deja ver en medios de prensa, editoriales y en declaraciones oficiales.

Un juego de mapas insertados en la misma decisión permite visualizar las pretensiones de los Estados y la línea determinada finalmente por la CIJ después de revisar cuidadosamente los alegatos de ambos Estados. Estos mapas ayudarían a los medios de prensa a informar de manera más precisa y a tomar distancia con declaraciones oficiales siempre incompletas y un tanto sesgadas.

-a) Con relación a la carpa militar de Nicaragua:

En su sentencia, la CIJ ordena a Nicaragua desmantelar su campamento, al considerar que está ubicado en territorio costarricense. En la página 33 figura el mapa del último sector de la frontera terrestre, en el que destaca que el punto terminal se ubica a varios kilometros de la Laguna de Portillos y de la franja de arena que se forma frente a ella. La CIJ rechaza la ubicación propuesta de Nicaragua del punto de inicio de la frontera en Punta Castilla (véase figura con la pretensión de ambos sobre la ubicación del punto inicial de la frontera marítima en página 37). El mapa elaborado por la CIJ de la página 33 indica que la Laguna de Portillos (denominada «Harbour Head» en Nicaragua) y la playa que la protege de la erosión marina constituyen un verdadero enclave de soberanía nicaragüense en el territorio costarricense. No se registra precedente alguno de una decisión de la CIJ estableciendo enclaves de un Estado en el territorio de otro Estado, y desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores sobre el punto de saber si esta es (o no) la primera vez en su historia que la CIJ procede de esta manera.

En su opinión disidente (véase texto) el juez ad hoc de Nicaragua se expresa en contra de este insólito resultado y de la negativa de la CIJ a reconocer efectos marítimos a este playón, cuyo acceso por mar es negado a Nicaragua. En su declaración la jueza Xue (China) también advierte de la «desconexión» de este enclave con el territorio de Nicaragua (véase texto). De igual forma se expresa la jueza Sebutinde de Uganda (véase texto de su declaración), el juez Gevorgian (Rusia) en su declaración (véase texto), así como el juez Tomka de Eslovaquia en la parte final de su declaración (véase texto).

-b) Con relación a la delimitación marítima:

En la página 68 de la sentencia figura el mapa de la frontera marítima fijada en el Mar Caribe, y en la página 93 figura el mapa de la frontera en el Océano Pacífico, ambos reproducidos en los párrafos siguientes. ¿Cómo llega el juez internacional a determinar estas dos líneas divisorias? Es lo que pretenderemos explicar de forma muy breve en las líneas que siguen.

El juez internacional: un juez que procura calmar los ánimos

Pese a un sector de la prensa tentado por usar los verbos «ganar» (en un caso) y «perder» (en el caso del contrincante) en sus titulares, la lectura pormenorizada del fallo permite ponderar afirmaciones de unos y otros, ampliadas por repetidoras locales y redes de difusión. En ese sentido, la puesta a disposición del texto de la sentencia por parte de la CIJ en tiempo casi real debiera ser utilizado de mejor manera por parte de algunos medios de prensa y analistas.

De manera a entender qué se concedió por parte del juez a ambos Estados con relación a sus respectivas pretensiones, el mapa de la página 68 debe ser comparado con el mapa de la página 35 que ilustra las pretensiones de ambos Estados en el Caribe. De igual forma, las líneas pretendidas por ambos Estados en el Océano Pácifico que figuran en el mapa de la página 70 deben ser comparadas a la línea finalmente adoptada por la CIJ (página 93). Esta comparación es muy sencilla de realizar y permite ponderar y matizar afirmaciones de unos y otros. Sorprende que ningún medio informativo haya tenido la iniciativa de elaborar una figura con estas líneas a la hora de graficar sus artículos sobre este tema.

El razonamiento utilizado por el juez de La Haya

El razonamiento de la CIJ consiste en estudiar los alegatos de ambos Estados para luego recurrir al criterio de la línea equidistante y revisar si circunstancias especiales justifican (o no) realizar ajustes a esta primera línea obtenida. Para cada una de las dos costas, la CIJ procede primero a establecer la línea en el Mar Territorial, para luego proyectarla en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), asegurándose que los criterios técnicos vigentes en derecho del mar aplican. Nótese que tanto Costa Rica como Nicaragua son parte a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (ver estado oficial de firmas y ratificaciones en el que figuran los Estados de América Latina, con excepción de Colombia, El Salvador, Perú y Venezuela).

En el Océano Pacífico, la CIJ rechaza la solicitud de Nicaragua de considerar que la peninsula de Santa Elena distorsiona significativamente la línea equidistance en la delimitación del Mar Territorial (párrafo 174). No así con relación a la delimitación de un espacio mucho más extenso como la Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde sí reconoce ese efecto distorsionante (párrafos 193-194), procediendo a ajustar la línea. En el Mar Caribe, procede a rechazar el argumento de Nicaragua de la concavidad de la costa, pero acepta que las Islas de Corn Islands justifiquen ajustar la línea (lo cual era objetado por Costa Rica): les reconoce pleno efecto a la hora de determinar la línea equidistante preliminar (párrafo 140) y les reconoce medio efecto a la hora de delimitar la ZEE (párrafo 154).

Costa Rica Nicaragua apuntes sobre la delimitacion maritima decidida por la Corte Internacional de Justicia2
Mapa de la frontera marítima en el Océano Pacífico que figura en la página 93 de la sentencia de la CIJ.

Desde el punto de vista general, la línea en el Océano Pacífico toma la dirección Noroeste para, a pocas millas náuticas, inclinarse paulatinamente en dirección Suroeste, mientras que en el Caribe, la línea fijada mantiene una dirección Norte y luego se inclina a una dirección Sur para finalmente terminar en una dirección Este levemente inclinada. Cabe notar que, en sus alegatos ante los jueces de la CIJ, Nicaragua descartó la pretensión de una línea horizontal en el Caribe (véase línea azul del mapa de la página 35): esta línea horizontal en el Caribe apareció en mapas editados en un documento oficial para concesionar bloques en materia de hidrocarburos, publicado en el 2003 y nuevamente en el 2012, que originó la demanda de Costa Rica el 25 de febrero del 2014 ante la CIJ.

En el Pacífico, Nicaragua logra imprimir a la línea que delimita la Zona Económica Exclusiva un efecto similar al logrado en el Caribe contra Honduras en el 2007 (véase mapa de la página 761 a comparar con líneas pretendidas por ambos que figuran en la página 686 del fallo de la CIJ del 2007 entre Nicaragua y Honduras).

Costa Rica Nicaragua apuntes sobre la delimitacion maritima decidida por la Corte Internacional de Justicia3
Mapa de la frontera en el Mar Caribe que figura en la página 68 de la sentencia de la CIJ.

A modo de conclusión: el canto de las sirenas del San Juan

Es de notar que mañaneras sirenas cantando victoria se dejaron oír en ambas orillas del río del San Juan con relación a este fallo (véase textos de los comunicados de prensa circulados por ambos Estados), señal inequívoca que confirma nuevamente el sutil balance y equilibrio que el juez internacional logra plasmar magistralmente en sus decisiones.

Tratándose del primer espacio de tiempo que se abre sin ningún litigio pendiente de resolución entre ambos ribereños del San Juan desde el año 2010, la ocasión que brinda el juez internacional es propicia y debería ser aprovechada por ambos Estados, protagonistas de un espectáculo nunca visto: cuatro demandas presentadas en La Haya en seis años y dos meses (de las cuales tres presentadas por Costa Rica).

Tuvimos la oportunidad de poner en contexto este inusitado espectáculo internacional y remitimos a nuestro estimable lector a nuestro artículo titulado «Una corte, dos Estados, tres controversias«, publicado en Debate Global.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Ante la Segunda Ronda Electoral

Vladimir De la Cruz

El escenario de la final electoral del primer domingo de abril está formalmente establecido, dos partidos políticos, Restauración Nacional y Acción Ciudadana y dos candidatos, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Esto no va a cambiar. Entre ellos hay que decidir. Aquí no juega ya el 40% de los votos válidos para escoger. Gana el 1 de abril quien tenga más votos, que en cualquier caso siempre será la mitad más uno de los votantes. Este método hace funcional el sistema electoral existente, porque siempre producirá un ganador, un Presidente. De aquí la mayor responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos no solo de ejercer el derecho de voto sino el deber de hacerlo, con conciencia de la grave situación que en este sentido, y en esta ocasión, enfrenta el país.

Funciona, para este proceso electoral, igualmente que para la primera ronda que acaba de terminar, la regla de que si quedasen empatados, gana el de mayor edad, en este caso Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, 43 años, de Restauración Nacional y no Carlos Andrés Alvarado Quesada, 38 años, de Acción Ciudadana.

La experiencia de las segundas vueltas que hemos tenido en el país, en el 2002 y en el 2014 indican que hay menos votantes en la segunda vuelta que en la primera, lo que en este caso puede perjudicar más a Acción Ciudadana que a Restauración Nacional.

Así, en las elecciones del 2002 hubo, en febrero, una participación del 68% de los electores del padrón nacional, y un 32% de abstencionistas, y en la segunda vuelta, abril del 2002, hubo 60% de votantes, con un 40% de abstencionistas.

En las elecciones del 2014, donde volvió a darse la segunda vuelta, tuvimos en las elecciones de febrero un número de votantes del 69% del padrón nacional, con un abstencionismo del 31% y en la segunda vuelta el abstencionismo alcanzó el 43%.

En las elecciones actuales del 2018 participó un 65% del padrón nacional, con un 35% de abstencionismo, con lo cual si se mantiene el mismo patrón, el abstencionismo de la segunda ronda, abril del 2018, podría alcanzar a cifras superiores al 45%, además de que se inscribe esta segunda ronda en la Semana Santa, siendo el día de votación el último de la Semana Mayor, el Domingo de Resurrección, con el “sanguche” que provoca el Jueves y Viernes Santo, feriados por ley, anteriores a ese domingo, y la desmovilización general que la misma Semana Santa genera por el desplazamiento de miles de personas a disfrutar de esos días, como días no laborables, o días de vacaciones, según se tomen y se disfruten, siendo que quienes así los pueden disfrutar son las clases medias, medias bajas, medias medias y medias altas, y altas, sectores sociales radicados en la Gran Area Metropolitana, que en el interior del país, lo que probablemente pueda incidir directamente en mayor abstencionismo el primer domingo de abril

Pero, ¿quién se beneficia de este nivel de participación, tanto de votantes como de abstencionistas? Lo más seguro que el nivel de abstencionismo perjudique más, por lo anteriormente dicho, al partido Acción Ciudadana que a Restauración Nacional.

Los votantes de Acción Ciudadana, ha quedado demostrado con el resultado del 4 de febrero, están en el interior del país, no en las zonas y provincias periféricas, no en las zonas marginales y pobres del país, no en los cantones alejados, excluidos y abandonados de las políticas públicas, y hasta de las políticas sociales públicas, donde la acción de las iglesias cristianas no católicas resuelven, en la práctica, y en la inmediatez de las necesidades, las solicitudes y ayudas que los ciudadanos requieren, con más prontitud y eficacia.

3276 iglesias o templos cristianos no católicos, distribuidos por todo el país, especialmente, en estas regiones y poblaciones marginales y de población pobre, sin olvidar la base social que les significa el 22% de pobreza general y el 6% de pobreza extrema existente, que tiene el país, donde estos grupos religiosos actúan. Pero, también actúan en los sectores medios y altos, y hasta en el sector empresarial, que tienen organizado, y éste, en vínculo estrecho con el sector empresarial internacional, también identificado cristianamente.

En la estructura organizativa de los templos los hay mega templos, que logran reunir desde 5.000 hasta 10.000 feligreses por actividad religiosa, y los restantes. Hay distritos donde en una distancia de menos de 3 kilómetros hay 18 templos no católicos, disputando y organizando las almas.

Pero no solo los templos. Cerca de 10 canales de televisión nacional y regional, más de 20 radioemisoras, con sus repetidoras, dos periódicos y varios medios digitales, de carácter cristiano no católico hacen la diferencia con cualquier partido político, y hasta con la misma Iglesia Católica. Ni el gobierno tiene este grado de influencia con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, que de paso no le da ningún uso oficial importante. Ni siquiera el Tribunal Supremo de Elecciones lo aprovechó para, en este Sistema, haber establecido una franja horaria política de opinión para todos los partidos que acaban de participar en las elecciones de febrero.

Ningún partido político tiene un periódico importante propio. Algunos partidos políticos, especialmente de izquierda, tienen mensuarios de escasísima circulación. Ni hojas sueltas hacen circular. Información de páginas electrónicas mal diseñadas, sin claros objetivos políticos, insulsas, inodoras e incoloras doctrinariamente, es lo que algunos partidos políticos tienen. Ni los sindicatos tienen una buena prensa política gremial. El Eco Católico, de la Iglesia Católica, para leerlo hay que irlo a buscar a las iglesias, o a algunas casas curales, y aún así resulta difícil su obtención. No tiene buena difusión, y comparado con esos otros medios poco tiene de presencia real y efectiva por sus contenidos, muy espirituales o doctrinales.

En las mediciones tradicionales de encuestas se ha señalado un voto llamado “duro” que corresponde de manera específica al de los votantes que se identifican con un determinado partido. Así, por ejemplo, el Partido Liberación Nacional es el que mejor posicionado tiene este electorado. En estas elecciones, en general, las encuestas ubicaban ese voto “duro” en un 23%, mientras la simpatía por su candidato no llegaba al 20%, lo que se expresó en el voto a diputados que recibió este partido, igual que en la campaña electoral del 2014, y le produjo la fracción parlamentaria más grande, en la campaña del 2014, y en la próxima Asamblea Legislativa, 17 diputados, aun cuando pierde uno con relación a la actual. Los partidos que han perdido militancia han perdido sus votos “duros”.

Las iglesias no católicas que han ido creciendo, especialmente desde 1980, un 28% de la población nacional se identifica con ellas, han ido fortaleciendo sus militantes, sus adherentes, sus afiliados, sus “votos duros”. Los asistentes a estas iglesias son disciplinados, obedientes, seguidores fieles de lo que los pastores y guías espirituales digan. Son más sólidos en estos aspectos que la grey católica, y más sólidos aún que los militantes de los partidos políticos, que se “enredan” con la “libertad” de discutir, con la “democracia” intra partido, con la posibilidad de “disentir” de las líneas partidarias, con la existencia de microgrupos bastantes autónomos, con movimientos sociales bastante autónomos que participan a su interior, o como sucedió en la actual campaña electoral, que el grupo ganador de la convención de Liberación Nacional, con Antonio Alvarez, excluyó de la participación real y efectiva al grupo perdedor, jefeado por José María Figueres, que representó en esa Convención un 38% de los votantes.

Basta señalar que la sola posibilidad de que Antonio Alvarez, Liberación Nacional, haya insinuado la posibilidad de un acuerdo con Restauración Nacional, sus seguidores y votantes se dividieron y su propio partido también, en torno a esta posibilidad.

Lo que decía antes el líder político hoy ya no es tan de acatamiento obligatorio por sus seguidores, como sí es de acatamiento y obediencia lo que señale el Pastor o el guía espiritual de estos cristianos no católicos. Esta es una diferencia sustantiva en este proceso electoral de la segunda ronda.

En materia religiosa no hay estas libertades ni poses democráticas, ni ultra democratistas, como sucede en algunos partidos políticos. Los problemas de la fe no se discuten, se acatan. Y se acata la directriz de ir a votar por Fabricio Alvarado como ya se está instruyendo, en estas iglesias y templos no católicos, incluso advirtiendo de que estos feligreses no deben desplazarse en la Semana Santa de sus sitios de residencia y oración. Fabricio Alvarado es presentado casi como un designio divino, como el “Rey” esperado que “gobernará”.

Los temas que ocuparon la prioridad en la campaña electoral inteligentemente manejados y expuestos, con acción de masas, lograron levantar a Fabricio Alvarado sobre cualquiera de los otro candidatos que no pudieron posesionarse ni abanderarse en ellos, especialmente los de familia, matrimonio no igualitario, el del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para el caso de los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana, que terminaron finalistas, las encuestas no les daban un voto “duro” significativo. Apenas iban levantándose los candidatos sobre sus partidos. Igual sucedía con la Unidad Social Cristiana, su candidato superaba en mucho al partido, en apoyo, según lo que indicaban las encuestas, y en la realidad también así sucedió, mientras en Liberación Nacional el partido era el que sostenía al candidato.

Así, también, si en Liberación Nacional el partido elige los diputados, manteniendo casi los existentes, en la Unidad Social Cristiana el candidato eligió los diputados, aumentado su número para la próxima Asamblea Legislativa.

No fue así para los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana. Restauración Nacional como partido era débil en el conjunto electoral. De los partidos finalistas era quizá el más débil, con un solo diputado, de la actual Asamblea Legislativa, que era a la vez su candidato presidencial, mientras Liberación Nacional era el partido más poderoso, con 18 diputados, y la Unidad Social Cristiana con 8 diputados actuales, colocado éste en el cuarto lugar parlamentario, detrás de Acción Ciudadana que tiene 13 diputados y el Frente Amplio que tiene 9 diputados actuales.

En el caso de Restauración Nacional, que fue la sorpresa victoriosa, remontó su candidato y eligió 14 diputados. Acción Ciudadana, Partido que ejerce el Gobierno de la República, superó a la Unidad Social Cristiana y a Liberación Nacional, perdiendo 3 diputados. El Frente Amplio, que casi desapareció al elegir un solo diputado, sufrió una debacle electoral causada por su propio trabajo político y parlamentario, por su mal desempeño y proyección en este sentido, por su mala conducción partidaria, y por su miopía política que les impide hacer una correcta valoración de lo sucedido y sobretodo una correcta autocrítica. La miopía de su

Comité Político le ha conducido a justificar su catástrofe a factores externos.

El caso del Partido Integración Nacional es aparte. Efervescente artificialmente al principio se deshizo, aunque logró elegir diputados, pero al día siguiente de la elección ya estaba enfrascado en una división y pleito público que traerá cola. Otra crisis se dio con el partido Renovación Costarricense, cuya candidata a la presidencia al día siguiente de las elecciones anunció su retiro partidario.

La Unidad Social Cristiana por cuarta vez consecutiva, 2006, 2010, 2014 y 2018, no finaliza como partido gobernante, y Liberación Nacional por segunda vez consecutiva, 2014 y 2018, tampoco termina como partido gobernante. Ya había tenido Liberación Nacional una situación similar en 1998 y 2002, cuando en ese período gobernó el país la Unidad Social Cristiana de manera consecutiva. Comete un error garrafal Liberación Nacional si en el balance electoral se contenta con haber elegido más diputados que los otros partidos políticos, y no analiza más fríamente las causas de su derrota.

Para la Unidad Social Cristiana no ha sido una derrota este final. Desde el 2006, cuando se expresó la crisis de la situación que sufrieron sus expresidentes, ha ido levantándose poco a poco, y con las candidatura destacada de Rodolfo Piza en el 2014 y ahora en el 2018 se ha recuperado, y ha remontado con éxito proyectado hacia el 2022.

Pero, para ambos partidos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, por primera vez, no disputan la final, quedando excluidos de esa posibilidad. En la segunda ronda del 2002, la final fue entre Liberación Nacional, Rolando Araya, y la Unidad Social Cristiana, Abel Pacheco. En la segunda ronda del 2014 la final fue entre Liberación Nacional, Johnny Araya, y Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. En esta ocasión, 2018, la final será entre Acción Ciudadana, Carlos Alvarado y Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. Esto es lo más novedoso políticamente. Los elementos partidarios clásicos del bipartidismo tradicional, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, quedaron fuera. Nuevos partidos, Acción Ciudadana y Restauración Nacional, surgidos en el siglo XXI, disputan hoy el Gobierno de la República.

El comportamiento de los electores en las segundas rondas del 2002 y del 2014 fue por la libre. Esto significa que ante el escenario de la segunda ronda, con los dos partidos y candidatos finalistas, los electores de los otros partidos políticos que quedaron fuera, por la libre decidieron a quien darle su voto, de la misma manera que en ambos procesos electorales de segunda ronda, se retiraron de votar un grupo de ciudadanos aumentando el número y el porcentaje de abstencionistas.

En ambas segundas rondas pesó el sentimiento anti candidatos de Liberación Nacional, que era bien marcado, así como el sentimiento anti partido Liberación Nacional que también estaba muy definido. Así, de manera natural, el electorado se inclinó por Abel Pacheco, de la Unidad Social Cristiana, en el 2002, y por Luis Guillermo Solís, en el 2014. En esta segunda ronda del 2018 no hay un sentimiento anti Liberación Nacional que se pueda expresar en la final, pero si hay un sentimiento trasladado anti gobierno y por ello anti partido Acción Ciudadana, y anti Carlos Alvarado, que puede pesar.

Los partidos excluidos de participar en la segunda ronda, en estos procesos, del 2002 y 2014, ninguno de ellos, llamó a votar a sus electores por una u otra opción que se presentaba como finalista. De hecho se dejó en “libertad” de conciencia la emisión del voto. Pero esto respondió también a que en el país no tenemos cultura política, ni cultura ciudadana de esta naturaleza, de que los votantes de un partido sean llamados, por sus partidos o por sus candidatos derrotados, o por sus dirigentes partidarios, a votar por tal o cual partido o candidato en la segunda vuelta.

No hay tampoco cultura política de pactos o coaliciones electorales en estas segundas vueltas, como se estila en los sistemas parlamentaristas y europeos. Responde esto a que los partidos políticos hoy son frágiles organizaciones partidarias y débiles organizaciones electorales, carentes de una base militante sólida, que pueda responder a estas “líneas” de partido.

La demanda que hoy se trata de imponer sobre los finalistas de estas elecciones, hacia abril, de posibilidades de coalición, de pactos intra partidarios, de acuerdos políticos, de que exhiban sus inmediatos colaboradores de gabinete o ministros posibles, son igualmente débiles y frágiles, en posibilidad de materializarse realmente. Igualmente los mismos partidos políticos finalistas y sus candidatos sienten que es como meterse en una camisa de fuerza.

La poca cultura política y ciudadana en este sentido, con estos finalistas, Restauración Nacional y Acción Ciudadana, un pacto de esta naturaleza, castigaría a esos partidos, que podrían darles apoyo, en sus bases electorales. Por otro lado, por parte de estos grandes partidos opera la idea de que sin pactos ni coaliciones se resuelva el resultado electoral, de modo que el partido que entre a gobernar asuma la totalidad de la responsabilidad, quedando estos partidos atrincherados en sus parcelas legislativas afinando y apuntando las armas del control político, y de la crítica pública, que se iniciará prácticamente de inmediato a la toma del Poder, y la instalación del nuevo Gobierno, el mismo 8 de mayo.

De los partidos políticos, que recién han participado, solo el Frente Amplio ha dado su apoyo a Acción Ciudadana y ha llamado a sus electores a sumarle sus votos en esta segunda ronda. De hecho, desde su ascenso al gobierno en el 2014 habían establecido una débil alianza estratégica con este partido Acción Ciudadana, que fue también su carlanca, expresada así en el apoyo constante a las políticas impulsadas por el gobierno, en el trabajo legislativo, en el esfuerzo que hicieron para las elecciones municipales, sin éxito alguno. Personalidades destacadas de Liberación Nacional también le están sumando apoyo.

El escenario de los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana, como finalistas, pone al electorado en la disyuntiva de apoyar un proyecto de características religiosas atrevido, osado, desafiante, por su naturaleza no católica, con una población mayoritariamente católica, o de apoyar un partido de gobierno, que no está bien visto en esta etapa final por el electorado. Es una definición que adquiere las características de conservadurismo versus progresismo, de fanatismo religioso versus liberalismo político, de fanatismo religioso rayando en un Estado fundamentalista evangélico contra el liberalismo clásico anticlerical del siglo XIX, de posiciones anti todo lo que vaya contra los “preceptos” bíblicos y la misma Biblia, contra los libertinos, es la sensación de que puede llegar una talibanismo evangélico recalcitrante al Ejecutivo Nacional. Solo falta que se proclame un Santo Oficio por parte del Partido y de los partidarios extremos y fanatizados del Partido Restauración Nacional.

Es la disyuntiva también de mantener un Estado de características liberales, de ejercicio cada vez más amplio de libertades y derechos humanos, de respeto a conductas y derechos de ciudadanos que son minorías, o de impedirlas, restringirlas y hasta de reprimirlas brutalmente, con castigos bíblicos, como se han manifestado partidarios de Fabricio Alvarado, pidiendo “pena de muerte” contra opositores y gays.

Es la discusión de disminuir el peso del Estado en la conducción de la educación pública, que así viene siendo desde 1882, de otorgarle a los padres de familia un derecho de veto sobre lo que los niños y jóvenes deben recibir de contenidos educativos, y de exigir, exageradamente, como se han manifestado algunos padres de familia impidiendo el inicio del ciclo escolar, con amenaza no solo de no enviar sus niños a las escuelas, que serían los directamente perjudicados, sino de cerrarlas, de mantenerse ciertos programas educativos, y de que la Biblia deba ser el principal texto de estudio en las escuelas.

Estos temas están levemente apareciendo en el escenario de discusión de esta segunda ronda electoral. No así los grandes temas nacionales, que están establecidos en los lineamientos programáticos de gobiernos de ambos partidos.

Los encuentros que han empezado a hacer los candidatos Fabrico Alvarado y Carlos Alvarado con la Iglesia Católica y con los partidos políticos, especialmente con los que eligieron diputados, así como los que tienen programados con cámaras empresariales y otras organizaciones, son absolutamente válidos y correctos. No hay por qué demonizarlos. Esto es parte de la política nacional, es propio de la necesidad y de la cultura política. Cuando no hay segundas vueltas electorales, los partidos ganadores acostumbran inmediatamente a realizar este tipo de encuentros con el resto de los partidos políticos, los sectores activos de la sociedad, y hasta con los candidatos electos de otros partidos.

El encuentro de Fabricio Alvarado y de Carlos Alvarado con la Jerarquía de la Iglesia Católica fue determinante e importante. ¿Qué es lo qué más le interesaba a la Iglesia asegurar? No era solo la cuestión de la familia, del no al matrimonio homosexual, del no a a la interrupción del embarazo. En esto la Iglesia Católica tiene la misma agenda que Restauración Nacional y sus iglesias. Ya desfilaron juntos el 3 de diciembre. Lo que le interesaba a la Iglesia asegurar, con Fabricio Alvarado, en caso de que él gane, es que no se afecten las temporalidades de la Iglesia Católica en sus distintas arquidiócesis o diócesis, que no se afecten las celebraciones religiosas católicas que tienen carácter público, que no se afecten las celebraciones de los santos de las diferentes comunidades, los días de San José, de la Virgen María, de la Virgen de los Angeles, y otras vírgenes, las procesiones y romerías distintas que hay en el país, así como el conjunto de bienes o temporalidades que tiene la Iglesia, y los apoyos financieros o económicos que el Estado le da a la Iglesia, a sus sacerdotes y a los colegios y escuelas católicas. Al año el Gobierno le da a la Iglesia Católica alrededor de ¢500 millones de colones. Solo entre los años 2010-2012 el gobierno le dio ¢1.652 millones de colones.

Está en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 19.099, “Para la Libertad religiosa y de culto”, con el cual lejos de fortalecer el secularismo, o de orientarse hacia un Estado laico, se plantea un refortalecimiento hacia varias religiones por parte del Estado, dejando de ser la Iglesia Católica la única beneficiaria de este tipo de apoyos. Este proyecto lo impulsó, en este Gobierno, el primer Ministro de la Presidencia, el Obispo luterano Melvin Jiménez, proyecto apoyado entonces por el diputado y actual candidato presidencial Fabricio Alvarado. Además, le interesa a la Iglesia Católica asegurar que con el nuevo gobierno se van a mantener las exenciones tributarias que la Iglesia Católica tiene, y que no se vayan a restar fondos a las ayudas que la Iglesia recibe para proyectos de bienestar social, como el apoyo que también el Estado da a los Obispos.

Esto quedó garantizado con Fabricio Alvarado, en la reunión de Paso Ancho, con la jerarquía católica, fortaleciendo el manto religioso de objetivos estratégicos comunes, de ambas congregaciones, la católica y la no católica.

A su vez, las iglesias no católicas, en caso de ganar Fabricio Alvarado, se acogerían por iguales a los beneficios que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado, donde el Estado y el Gobierno “evangélico” de Costa Rica definirían cuáles son las religiones que se aprobarían para recibir dichas ayudas. De hecho el proyecto de Ley propuesto por el Gobierno de Acción Ciudadana haría que el Estado dejara de ser uniconfesional para pasar a uno multiconfesional. En parte, tras bambalinas, esto se está jugando en esta segunda ronda electoral.

En esta relación de “prelados”, y estas agendas de temas comunes, entre el candidato de Restauración Nacional y los líderes de la Iglesia Católica, queda más débil Carlos Alvarado. De consolidarse esta situación casi está asegurado el triunfo de Fabricio Alvarado en esta segunda ronda.

Curiosamente, en el Partido Acción Ciudadana, se ha planteado como un elemento estratégico para esta segunda ronda fortalecer en sus elementos distintivos, de orden propagandístico, el color blanco sobre el amarillo y rojo de su bandera, que por lo demás no lo pueden cambiar como símbolo partidario ni electoral, porque así está inscrito.

Quien impulsa esto en el Partido Acción Ciudadana ha perdido de vista que este color blanco es el que han utilizado los grupos religiosos, católicos y no católicos, para realizar sus marchas pro vida, antiaborto, anti matrimonio igualitario, anti guías educativas, y ha perdido su orientación política de entender que eso es contribuir más a esas otras aguas religiosas que a las propias del Partido Acción Ciudadana, como alternativa electoral en la segunda ronda.

Si fuera un asunto de colores, deberían impulsar el color blanco y amarillo, usando el amarillo de la bandera del Partido Acción Ciudadana, con el blanco, con lo cual utilizarían los colores que tradicionalmente usa la Iglesia Católica, lo cual podría darle mayores beneficios políticos electorales, si de ello se tratara, a este Partido, en la segunda ronda, y pondría el énfasis en la diferencia religiosa, católicos y no católicos, que está marcando al país en este momento histórico, porque al final, así va a suceder. De ganar Fabricio Alvarado, el país se marcará más por orientaciones religiosas católicas y no católicas, los espacios de lucha y de crecimiento y decrecimientos de estas organizaciones religiosas se llevarán al seno del Estado, del Gobierno, de sus instituciones y de las políticas públicas.

Finalmente, aparecen los grupos paralelos a los partidos políticos, tanto de Restauración Nacional como de Acción Ciudadana. Los de Restauración, los de carácter cristiano, que ya han empezado a operar en barrios marginales y poblaciones pobres, con prácticas de asistencialismo social y económico, que no están al margen de lo que realizan muchas de sus iglesias, pero que en este momento cobran relevancia por su impacto electoral, y a nivel de Acción Ciudadana lo que se ha llamado la Coalición Por Costa Rica, procurando atraer en un solo haz el grueso del electorado alrededor de la propuesta de gobierno de Carlos Alvarado, para evitar la ruptura institucional democrática que se ha logrado constituir y construir del Estado costarricense, desde 1821, y asegurar que las libertades y derechos no se disminuyan, y puedan ampliarse y enriquecerse.

Este es el escenario electoral que está a la vista en este momento de inicio de la segunda ronda. La tramoya electoral ha empezado a funcionar. Procuremos que el movimiento de esta máquina electoral no provoque una trampa, un embuste, un enredo a los electores.

La tarea política inmediata y urgente que nos debe ocupar es que de esta segunda ronda electoral los costarricenses debemos salir mejor.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Claro González Valdés, un caballero de la prensa y la academia

Rogelio Cedeño Castro (*)

 

El súbito deceso de mi ahora recordado amigo, el periodista y escritor Claro González Valdés, anunciado durante el día de ayer, sábado 10 de febrero de 2018, tiene la cualidad de ser una de esas noticias que tienden a sumirnos en la perplejidad, son algo así como el resultado de la vertiginosidad de la existencia humana, en esa imparable dialéctica de vida o muerte, donde ambos términos se contraponen en muchos momentos, mientras que otros se complementan o yuxtaponen según sea el caso. Todavía no logro reponerme del asombro que me causó una noticia como esa, como siempre inesperada para nosotros los mortales. Su partida me trajo recuerdos de mi temprana juventud, cuando tuve la satisfacción de conocerlo, lo mismo que a su hermano Francisco, quien se dedicó a la enseñanza de las matemáticas. Era muy joven entonces, hace poco más de medio siglo e intentaba introducirme en el periodismo radiofónico, cuando nos encontramos en el camino, el ya venía del Diario de Costa Rica, de su experiencia al lado de don Otilio Ulate, un gran formador de periodistas a la usanza de aquellos tiempos, después siguió en esa ruta siendo uno de los primeros periodistas que se graduaron de la Universidad de Costa Rica, su inquietud intelectual y su bonhomía lo llevaron por otros caminos. El siguió fiel a los caminos del periodismo y yo me fui por los de la sociología académica, aunque ninguno de los dos abandonó jamás los afanes de escribidor. No tengo porque ponerme triste, en vida nos demostramos afecto y solidaridad que es lo que en realidad vale, estoy en deuda con él, ahora sólo puedo decir contradiciendo en esto al poeta peruano César Vallejo, tuviste también tu vida para demostrarnos tu afán por ella, con ternura y constancia supiste demostrarnos la manera en que amaste a los tuyos. Adiós amigo, te recordaré siempre.

 

(*)Sociólogo y escritor

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Ambiente y Derechos Humanos: opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Nicolás Boeglin (*)

 

El pasado 7 de febrero del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su respuesta a la solicitud de opinión consultiva que le hiciera Colombia el 14 de marzo del 2016. Se trata de la Opinión Consultiva OC-23, titulada «Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad física – Interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación a los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos«. Colombia solicitó en el 2016 al juez interamericano aclararle qué ocurría con los derechos de las poblaciones isleñas colombianas en el Caribe amenazadas por megaproyectos promovidos por otros Estados susceptibles de causar un impacto en el ambiente marino, como parte de una estrategia (un tanto original) para intentar contener a Nicaragua en aguas del Caribe. La originalidad radica en que, a la fecha, Colombia no ha presentado ningún recurso de revisión o de interpretación con posterioridad al fallo de noviembre del 2012 (que resuelve la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia en el Caribe). Al adoptar sus máximas autoridades un tono desafiante y amenazante y al no usar estas herramientas procesales previstas en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Colombia fue objeto de dos nuevas demandas presentadas en el 2013 por Nicaragua: la estrategia colombiana consistió en presentar excepciones preliminares en ambas demandas, las cuales fueron rechazadas en un fallo dado a conocer el 17 de marzo del 2016 por la jurisdicción de La Haya (Nota 1). El Presidente de Colombia calificó de «injuriosa» esta decisión de la CIJ (véase nota de prensa titulada «Santos llama a unidad para defensa soberanía ante decisión «injuriosa» de CIJ«). Alguna infidencia debería poder explicarnos si la decisión de presentar una solicitud a la Corte Interamericana por parte de Colombia se tomó en relación al fallo de la CIJ declarándose competente, o si hay que ver en esta extraña cercanía de fechas una simple coincidencia.

Más allá del espectáculo raramente visto por parte de un Estado de América Latina con relación a un fallo de la CIJ que no le es favorable, el procedimiento consultivo del sistema interamericano de derechos humanos es abierto a recibir opiniones de otras entidades, denominadas «observaciones». Además de una gran cantidad de observaciones aportadas por entidades académicas y expertos, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil, cuatro Estados brindaron las suyas: Argentina, Bolivia, Honduras y Panamá (véase texto disponible en este enlace). Es muy probable que la observación aportada por cada uno de estos Estados interese a las ONG argentinas, bolivianas, hondureñas y panameñas, de manera a contrastar la posición externada al juez interamericano con la realidad que viven las ONG y las comunidades.

El texto de la OC-23 fue oficializado este 7 de febrero del 2018, y está desde ya disponible en este enlace de la misma Corte: se recomienda la lectura del texto integral, que reafirma una serie de principios en materia ambiental y en materia de derechos humanos que van mucho más allá de lo señalado por Colombia en su comunicado oficial (Nota 2). Al tratarse de la primera oportunidad en la que la Corte es solicitada en materia ambiental en el marco de un procedimiento consultivo, la amplia interpretación dada por el juez interamericano permite precisar el alcance de algunas de las disposiciones del Pacto de San José de 1969 y de otros instrumentos interamericanos de una manera extremadamente novedosa, que merece ser saludada y divulgada.

El enfoque limitado de la consulta colombiana rebasado por el juez interamericano

A diferencia del marco restringido al que Colombia quiso reducir su consulta, la Corte lo amplia en los siguentes términos, al leerse en el párrafo 35 que:

«35. Esta Corte ha indicado que, en aras del interés general que revisten sus opiniones consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos. Las cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los Estados parte del Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta. Por tanto, este Tribunal considera que no corresponde limitar su respuesta al ámbito de aplicación del Convenio de Cartagena. Además, tomando en cuenta la relevancia del medio ambiente en su totalidad para la protección de los derechos humanos, tampoco estima pertinente limitar su respuesta al medio ambiente marino«.

Estamos por lo tanto ante una opinión de la máxima instancia en materia de derechos humanos del hemisferio americano, que precisa las disposiciones del Pacto de San José en materia ambiental, y recuerda a los Estados la relación intrínseca de los derechos humanos con la defensa del ambiente: lo cual, es muy probable, interesará a muchas entidades de la sociedad civil, tanto en Colombia como fuera de ella. ¿Qué pasa con una población y sus derechos cuando se ve amenazada por un megaproyecto? ¿Qué obligaciones tiene el Estado hacia esa comunidad? ¿Qué derechos son particularmente susceptibles de verse violentados? ¿Qué poblaciones son más vulnerables que otras? A estas (y muchas otras preguntas) es que el juez intenta responder en su opinión consultiva, además de las respuestas a las preguntas formuladas por Colombia.

Un recordatorio de las obligaciones del Estado más que propicio

El extenso recordatorio de las obligaciones internacionales del Estado al que procede la Corte se da en un momento en que en Colombia (como en muchos otros Estados), comunidades indígenas y campesinas ven destruídos sus entornos (sitios con valor cultural y espiritual en el caso de las poblaciones indígenas), mientras megaproyectos (minería química a cielo abierto, hidroeléctricas, desarrollo inmobiliario, monocultivos, entre muchos otros) apoyados por el mismo Estado amenazan las fuentes de agua de muchas comunidades y sus modos de producción tradicional, y obliga a desplazar a estas poblaciones. Ello sin hablar de casos de líderes comunitarios y ecologistas asesinados, amenazados o intimidados, alrededor de los cuales campea una indignante impunidad debido a la inoperancia del Estado para investigarlos y sancionarlos debidamente. Un informe recientemente publicado en Honduras llega a contundentes conclusiones con relación a la responsabilidad de las autoridades hondureñas en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres (Nota 3).

La tendencia a eliminar físicamente a líderes indígenas, campesinos, ecologistas es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida. La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluída). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6 asesinatos.

Nótese que en noviembre del 2017, expertos de Naciones Unidas urgieron a los Estados de América Latina reunidos en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Chile a adoptar sin más preludios un tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos (véase nuestra breve nota publicada en ElPais.cr titulada «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente» en la que referimos a algunas propuestas de Colombia sumamente cuestionables). La próxima ronda de negociación de este instrumento regional tendrá lugar en el mes de marzo del 2018 en Costa Rica.

Ambiente y Derechos Humanos opinion consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Foto de marcha contra el proyecto minero Pacific Rim en El Salvador, extraída de artículo titulado «Libre comercio y minería: un caso salvadoreño que debemos observar».

La expansión a la que procede la Opinión Consultiva OC-23 en breve

Más allá de las obligaciones de un Estado hacia otro en caso de realizar un proyecto susceptible de generar un daño ambiental transfronterizo, sobre el que la Corte recuerda lo que establecen diversos tratados internacionales en la materia, es en el terreno de las obligaciones del Estado hacia su propia población en el que el juez interamericano realiza aportes de interés, obviados por Colombia en su comunicado oficial. Al respecto, sería oportuno saber si el juez constitucional colombiano reconoce valor vinculante a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana cuando son solicitadas por Colombia, línea que el juez constitucional costarricense mantiene desde 1995 para opiniones solicitadas por Costa Rica: esta posición ha sido debatida recientemente con motivo de una opinión consultiva relacionada a las parejas del mismo sexo y a los cambios de identidad sexual que ha polarizado a la sociedad costarricense, irrumpiendo con una inusitada fuerza en el debate político de cara a los comicios electorales realizados el pasado 4 de febrero en Costa Rica (Nota 4).

Entre los puntos de interés para el movimiento de los derechos humanos y el sector ecologista en Colombia y fuera de ella, destaca lo que señala la Corte en el siguiente párrafo sobre la interrelación entre derechos humanos y protección del ambiente:

«47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano – y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros«.

Se lee también que: «59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad«.

Con relación a los distintos derechos humanos que se ven afectados por problemas ambientales, la Corte precisa en esta opinión consultiva que:

66. La Corte considera que, entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales, se encuentran los derechos a la vida, integridad persona, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente. Sin perjuicio de los mencionados, son también vulnerables otros derechos, de acuerdo al artículo 29 de la Convención, cuya violación también afecta los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas e infringe el deber de conducirse fraternalmente entre las personas humanas, como el derecho a la paz, puesto que los desplazamientos causados por el deterioro del medio ambiente con frecuencia desatan conflictos violentos entre la población desplazada y la instalada en el territorio al que se desplaza, algunos de los cuales por su masividad asumen carácter de máxima gravedad«.

«67. Además, la Corte toma en cuenta que la afectación a estos derechos puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Se ha reconocido que los daños ambientales “se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables”, por lo cual, con base en “la normativa internacional de derechos humanos, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación”.

Ambiente y Derechos Humanos opinion consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos2
Foto de marcha en San José en contra del proyecto minero Las Crucitas extraída de artículo titulado «Canadian mining company reorganizes to seek damages from Costa Rica» publicado en ISDS.

Con relación a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), remitimos al lector a los párrafos 156 y subsiguientes en los que se precisa por parte del juez interamericano que:

«164. Dentro del proceso de aprobación de un estudio de impacto ambiental, el Estado debe examinar si la realización del proyecto es compatible con las obligaciones internacionales del Estado. En este sentido, el Estado deberá tomar en cuenta el impacto que puede tener el proyecto en sus obligaciones de derechos humanos. La Corte ha señalado en casos de comunidades indígenas que los estudios de impacto ambiental deben abarcar el impacto social que implique el proyecto. Al respecto, la Corte advierte que si los estudios de impacto ambiental no incluyen un análisis social, este análisis debe ser realizado por el Estado al momento de supervisar dicho estudio«.

168. La Corte considera que la participación del público interesado, en general, permite realizar un examen más completo del posible impacto que tendrá el proyecto o actividad, así como si afectará o no derechos humanos. En este sentido, es recomendable que los Estados permitan que las personas que pudieran verse afectadas o, en general, cualquier persona interesada tengan oportunidad de presentar sus opiniones o comentarios sobre el proyecto o actividad antes que se apruebe, durante su realización y después que se emita el estudio de impacto ambiental«.

Sobre el tema específico de las poblaciones indígenas, al que la Corte dedica varios párrafos a lo largo de su opinión consultiva, la Corte advierte que:

«169. En casos de proyectos que puedan afectar el territorio de comunidades indígenas, los estudios de impacto ambiental y social deben respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas379. En este sentido, es necesario tomar en cuenta la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio. Es preciso proteger esta conexión, entre el territorio y los recursos naturales que tradicionalmente han usado y que son necesarios para su supervivencia física y cultural y para el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, a efecto de garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas sean respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados«.

Con relación al acceso a la información, leemos que para los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

«214. En relación con actividades que podrían afectar el medio ambiente, esta Corte ha resaltado que constituyen asuntos de evidente interés público el acceso a la información sobre actividades y proyectos que podrían tener impacto ambiental. En este sentido, la Corte ha considerado de interés público información sobre actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en el territorio de las comunidades indígenas y el desarrollo de un proyecto de industrialización forestal«.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala además, en tres párrafos que consideramos revisten enorme interés, que:

«219. Esta Corte ha señalado que, en el marco de esta obligación, la información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción.

220. Por otra parte, respecto a las características de esta obligación, las Directrices de Bali y distintos instrumentos internacionales establecen que el acceso a la información ambiental debe ser asequible, efectivo y oportuno«.

221. Adicionalmente, conforme lo ha reconocido esta Corte, el derecho de las personas a obtener información se ve complementado con una correlativa obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocerla y valorarla. En este sentido, la obligación del Estado de suministrar información de oficio, conocida como la “obligación de transparencia activa”, impone el deber a los Estados de suministrar información que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos, lo cual es particularmente relevante en materia del derecho a la vida, integridad personal y salud. Asimismo, este Tribunal ha indicado que la obligación de transparencia activa en estos supuestos, impone a los Estados la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa. Dicha información debe ser completa, comprensible, brindarse en un lenguaje accesible, encontrarse actualizada y brindarse de forma que sea efectiva para los distintos sectores de la población«.

Ambiente y Derechos Humanos opinion consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos3
Foto de afiche de un foro sobre los impactos ambientales de la piña realizado en Costa Rica, al que declinaron participar tanto el sector productivo como el sector estatal, extraída de artículo (Elpais.cr) titulado «A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica».

Con respecto a la participación ciudadana en materia ambiental, lo señalado por la Corte Interamericana constituye una contundente llamada de atención a muchos Estados:

226. La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable.

227. El derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos se encuentra consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana. En el contexto de las comunidades indígenas, este Tribunal ha determinado que el Estado debe garantizar los derechos de consulta y participación en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de conformidad con sus costumbres y tradiciones. Ello significa que además de aceptar y brindar información, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan opinar sobre cualquier proyecto que pueda afectar su territorio dentro de un proceso de consulta con conocimiento y de forma voluntaria. Por lo tanto, el Estado debe generar canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas«.

Finalmente, entre otros puntos, en materia de acceso a la justicia, se lee que:

«237. En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte establece que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas previamente en esta Opinión. En este sentido, los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental; para asegurar la plena realización de los demás derechos de procedimiento, es decir, el derecho al acceso a la información y la participación pública, y para remediar cualquier violación de sus derechos, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de derecho ambiental«.

A modo de conclusión

La presente nota se limita a extraer algunos párrafos de manera selectiva, y se recomienda la lectura integral de esta opinión consultiva OC-23 del juez interamericano. No se tiene claro si al solicitar esta opinión consultiva, Colombia midió el posible alcance de esta. Como señalado al inicio de esta nota, el juez interamericano no limitó su análisis al área geográfica a la que Colombia pretendía limitarle la consulta, ni a la problemática del daño ambiental transfronterizo, sino que fue mucho más abarcativo.

Estamos seguros que muchas comunidades indígenas y campesinas en Colombia (así como en otras partes del continente) u otras comunidades amenazadas por megaproyectos en Colombia (y fuera de ella), colectivos ecologistas y otras entidades de la sociedad civil, entre muchos otros, interpelarán de ahora en adelante a sus respectivos ordenamientos jurídicos con esta valiosa opinión brindada por el juez interamericano a todos los Estados del hemisferio americano.

 

————————

Notas:

Nota 1: Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro breve análisis titulado: «Nicaragua-Colombia: la CIJ se declara competente«, publicado en el sitio jurídico de DerechoalDía.

Nota 2: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al ser notificado se lee como sigue (texto integral):

«Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda posición de Colombia para la protección de derechos humanos y medio ambiente en el Gran Caribe. 7/02/2018.

Bogotá (feb. 7/18). Colombia recibió hoy, 7 de febrero de 2018, la respuesta a una solicitud de opinión consultiva a través de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le dio herramientas a Colombia para que se activen mecanismos de protección frente a amenazas de daño transfronterizo en el Gran Caribe.

La Corte IDH avaló la tesis de Colombia sobre la obligación que tienen los Estados de garantizar la protección del medio ambiente marino y la protección contra daños transfronterizos.

Lo anterior significa que, por ejemplo, si un Estado pretende construir y operar grandes proyectos de infraestructura en el Gran Caribe, este debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que otros Estados se vean afectados, cumpliendo con los principios de prevención y precaución.

Esto le permite a Colombia continuar avanzando en la protección efectiva del medio ambiente en el Gran Caribe y de los derechos e intereses de los colombianos, especialmente de los habitantes del Archipiélago y la comunidad raizal, así como la protección y preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower.

Opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La solicitud de opinión consultiva, presentada por Colombia el 14 de marzo de 2016 ante la Corte IDH, hace parte de la estrategia integral de defensa jurídica adoptada por Colombia en septiembre de 2013, y está estrechamente relacionada con la defensa de los intereses de Colombia en el marco de los procesos interpuestos por Nicaragua y que actualmente cursan ante la Corte Internacional de Justicia.

A través de esta, se resaltó la importancia fundamental que tiene el medio ambiente marino para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de la población costera insular de la región del Gran Caribe, y la necesidad imperante de tomar medidas para su protección haciendo uso de los mecanismos disponibles en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana, que tiene sede en San José de Costa Rica, ejerce una función contenciosa, una función consultiva, y la función de dictar medidas provisionales«.

Nota 3: Véase nuestro breve análisis titulado «El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE«, publicado en Pressenza.

Nota 4: Remitimos al lector a nuestro breve análisis titulado «La opinión consultiva de la CorteIDH sobre derechos de la comunidad LGTBI en Costa Rica: breve puesta en contexto» publicado en Elmundo.cr. Nótese que la opinión consultiva solicitada por Costa Rica OC-24 fue notificada el 9 de enero del 2018, llevando la fecha del 25 de noviembre del 2017. En cambio, la OC-23 solicitada por Colombia lleva la fecha del 15 de noviembre y fue notificada el 7 de febrero del 2018. Se ignora si es (o no) la primera vez que se altera el orden lógico de notificación de opiniones consultivas por parte de la Secretaría de la Corte de San José.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

 

Proponen reactivar comités patrióticos

A la redacción de SURCOS llegó una propuesta para reactivar los comités patrióticos. El documento, suscrito por Pablo Hernández Arias en calidad de secretario ejecutivo del Partido Obrero Socialista, señala lo siguiente:

En vista de la amenaza a los derechos democráticos y a las libertades que representa la posibilidad que el Fundamentalismo Religioso se haga del Gobierno en la Segunda Ronda electoral con la candidatura de Fabricio Alvarado, hacemos un llamado a la reactivación de los Comités Patrióticos que en la lucha contra el TLC surgieron para enfrentar al Fundamentalismo Neoliberal. Ya la Juventud está organizando una Coalición Juvenil por Costa Rica y toca a las personas que no somos jóvenes sumarnos desde nuestro lugar y reformular o refundar las estructuras que horizontalmente surgieron en la lucha contra el TLC para continuar la lucha ahora por impedir que este movimiento reaccionario enemigo de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión , del carácter laico de la vida pública y enemigo de la educación científica y de los derechos humanos y sociales, gane esta segunda ronda. No se trata de apoyar al PAC ni a Carlos Alvarado. Se trata de la unidad del pueblo por una Costa Rica democrática y diversa y respetuosa de los derechos democráticos. Se trata de votar contra una variante neofascistoide con el NO PASARÁN. No llamar a votar por Carlos Alvarado sino votar por él para que no gane el oscurantismo, la barbarie y el fundamentalismo religioso.

El Partido Obrero Socialista POS se coloca al servicio de esta reorganización y cuenten con nuestra modesta pero sincera y consecuente disposición de luchar por esta causa.

 

Pablo Hernández Arias

Secretario Ejecutivo del POS

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Presentación del libro: Literatura y producción audiovisual en Costa Rica

Este próximo 19 de febrero a las 7 p.m. se estará llevando a cabo la presentación del libro Literatura y producción audiovisual en Costa Rica, en el Centro de Cine, Bario Amón.

Autores: Bernardo Bolaños Esquivel y Guillermo González Campos.

Invitacion Libro Cine Bernardo Bolanos

Enviado por Bernardo Bolaños Esquivel.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Los datos y cálculos electorales… y la conciencia

Héctor Ferlini-Salazar

 

Desde cualquier punto de vista que se mire, el proceso electoral 2018 en Costa Rica ha significado un socollón político. El ascenso de una opción de gobierno con marca religiosa no estaba contemplada. En mi artículo “Cuatro claves para una elección”, publicada en SURCOS el 26 de enero, comenté que los temas de la corrupción y de los derechos humanos habían disparado las candidaturas de Juan Diego Castro y Fabricio Alvarado respectivamente; a la postre este último resultó ganador de la primera vuelta.

Los datos obtenidos, las declaraciones que provienen de representantes de las opciones electorales descartadas para la segunda ronda, y especialmente, el renacimiento de un compromiso ciudadano que se expresa en redes digitales con la creación de múltiples grupos con tono pluralista y en el activismo palpable que busca evitar un gobierno dirigido por una religión altamente conservadora, augura un gane amplio de Carlos Alvarado para otorgar cuatro años nuevos de gobierno al PAC.

Será, muy probablemente (si ese compromiso ciudadano se mantiene y aumenta conforme se acerque el 1 de abril), un triunfo contundente de Carlos Alvarado que enviará al país al menos dos mensajes: a) las opciones fundamentalistas no tienen hoy viabilidad política para llegar al Poder Ejecutivo en Costa Rica, b) las bancadas del PLN y del PUSC tendrán que tener mucho cuidado con las alianzas que hagan con Restauración Nacional en la Asamblea Legislativa si desean renacer como opciones electorales, pues habrá una ciudadanía que ya no estará atada a sus partidos. Tendrán que asumir con responsabilidad los grandes temas como el problema fiscal, el sistema de seguridad social (incluye educación, salud, recreación y otros), la protección de los derechos humanos, el agua, para citar los más apremiantes y que concentran la mirada ciudadana.

¿Pero qué ocurrirá si este compromiso ciudadano que hoy observamos en redes digitales se acaba el 1 de abril? Para responder quiero comentar tres experiencias vividas recientemente en mis constantes actividades en comunidades para trabajar el tema de la construcción de cultura de ciudadanía y democracia participativa. En la Zona Sur, durante un taller en setiembre, un participante dirigente sindical del sector de pequeña agricultura, aprovechó su comentario sobre el tema del encuentro para arremeter contra “la ideología de género y las guías de educación sexual”. En la Zona Norte, en octubre, en otra actividad, una compañera de larga lucha y compromiso con los derechos de las mujeres campesinas habló también contra las guías para promover la afectividad y la sexualidad integral. En Limón, en las semanas finales de 2017, otro participante de las actividades que promuevo en torno al tema de  construcción de cultura de ciudadanía y democracia participativa, dirigente comunal de larga trayectoria y participante de muchas organizaciones comunitarias, igualmente se pronunció en contra de los temas relacionados con la sexualidad. En esas fechas no se conocía el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del matrimonio igualitario. Como vemos, todas son personas comprometidas con su gente y sus comunidades, ninguna tenía una argumentación consistente para sus discursos, pero los asumen plenamente y los defienden a viva voz porque los mensajes difundidos desde fuerzas políticas y medios de persuasión no son inocentes y están diseñados para ser incorporados. El compromiso social no siempre implica conciencia política.

¿Es suficiente entonces si se gana esta elección de Carlos Alvarado? ¿Se rendirán las fuerzas que impulsan esos temas y otras ideas como que el problema del déficit fiscal está en los programas sociales que gastan mucho y no en la evasión, la elusión y un sistema tributario injusto? ¿Qué vendrá después? Como lo propuse en el texto “La fuerza nace desde las comunidades” (2011), la construcción de una fuerza social transformadora que oriente al país por una ruta de justicia social, implica dos ingredientes claves: – Elevar la conciencia del pueblo, esto es, desarrollar un proceso educativo para lograr una clara comprensión de los problemas, sus causas profundas, y las soluciones. – Elevar la calidad organizacional, lo cual implica, más gente participando conscientemente en las organizaciones sociales y comunitarias con ánimo plural, y mejor articulación entre los grupos.

Esta tarea, que es la tarea de construir una sociedad nueva basada en la justicia y el respeto a los derechos de cada persona, no se hace desde las redes digitales que si son útiles como medios de difusión, pero la construcción de conciencia política implica un cara a cara, una comunicación directa para palpar la realidad de cada comunidad y de cada persona, desentrañar ideas, percepciones y vibraciones para comprender por qué una persona acepta y divulga determinadas ideas y estar en capacidad de construir una respuesta inteligente a partir de la credibilidad que provee la cercanía humana. Esas ideas, percepciones y vibraciones solo se comprenden en la vivencia concreta, no por la vía digital, y en esa vivencia concreta, se descubre los elementos que pueden generar rupturas culturales y construir, primero, conciencia social, y luego, conciencia política, es decir, reconocimiento del rol o papel que se tiene en la dinámica de poder y definir si se desea seguir con ese papel o se quiere transformar en unión con las personas cercanas. Por eso la fuerza nace desde las comunidades. No hay que ver esta frase con dramatismo y argumentar que “no tengo tiempo”, pues todas las personas tenemos una o varias comunidades: habitacional, laboral, familiar, deportiva, artística, estudiantil… donde podemos sembrar con inteligencia la semilla de la conciencia y cuidar que germine y se multiplique.

Hay que ganar esta elección porque se reconoce la calidad del candidato, porque se siente identificación con el programa, o porque se quiere evitar el triunfo del fundamentalismo religioso, pero luego la tarea sigue… desde las comunidades.

 

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

CELAG: Iglesias evangélicas y el poder conservador en Latinoamérica

Este breve artículo desnuda los verdaderos intereses ocultos de Fabricio Alvarado y Restauración Nacional.

 

Por Javier Calderón Castillo

 

La participación pública de pastores y seguidores de iglesias evangélicas o neopentecostales en los procesos electorales viene creciendo y haciendo sinergia en la ofensiva conservadora vivida en la región. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones de derechas en sus respectivos países. Participan en elecciones –con candidaturas propias o pautadas– utilizando su poder simbólico y retórico para vincular las creencias de la fe a la elección de ofertas políticas, canalizando la desesperanza social de la población/feligreses (en su mayoría pobre) y su enojo con los partidos políticos (que no les articulan, ni les dan respuestas) de tal manera que combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación pos-existencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal.

Según informes periodísticos, existen más de 19 mil iglesias neopentecostales en el continente, que organizan a más de cien millones de creyentes, es decir, una quinta parte de sus habitantes[1]. Estas cifras indican un desplazamiento de la Iglesia Católica, con sus distintas congregaciones, como estructuras mediadoras del poder simbólico de la fe de los latinoamericanos[2]. La estructura de la iglesia católica parece haber perdido el monopolio de la fe y poco a poco va dejando de ser el bastión de legitimación -de evasión o consulta- de las creencias y ofertas políticas[3] para la mayor parte de la población.

Los neopentecostales, sin embargo, no son los primeros grupos religiosos en participar abiertamente en política. En la segunda mitad del siglo pasado –desde 1947– se organizaron partidos políticos afiliados a la doctrina europea de la democracia cristiana, con muy diversas posturas políticas nacionales, llegando a ganar la presidencia en algunos países (Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela, entre otros) y teniendo ministros, senadores y diputados en todo el continente[4]. Aunque se trata de un proyecto en decadencia que en la actualidad no moviliza la fuerza política lograda en el siglo XX, este precedente establece –con algunas diferencias– un antecedente del “fenómeno” evangélico o neopentecostal.

Los rasgos distintivos de la participación política de los neopentecostales, pastores y sus iglesias, se pueden sintetizar en cuatro:

  1. Posturas ultra-conservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales.
  2. Abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo.
  3. Gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses.
  4. Despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales.

Antes de analizar esos rasgos de participación, veamos el mapeo de los partidos políticos evangelistas, sus alianzas y el porcentaje de adhesión de feligreses:

Partidos políticos evangélicos-neopentecostales

 celag cuadro evangelicos

I

Los pastores neopentecostales se caracterizan por su capacidad de oratoria y el carisma sobre las multitudes. Se basan en las enseñanzas de las iglesias pentecostales norteamericanas fundadas a comienzos del siglo XX, de las cuales toman su doctrina religiosa centrada en la difusión y estudio del evangelio, en búsqueda del “avivamiento y encuentro con el espíritu santo como experiencia vital del pentecostal”[20]. Eso hace que los feligreses tengan una identidad y fuerte adhesión a su Iglesia de base, más que a una estructura lejana como el Vaticano. Critican a la Iglesia católica por tener como referente al Papa (al que llaman un falso profeta) y recurren a la polémica luterana sobre la popularización masiva de la lectura y el estudio de la Biblia[21]. Se puede decir que su desarrollo y expansión en Latinoamérica no es casual por la focalización en grupos indígenas y sectores excluidos, lo cual puede calificarse como una acción de inserción neocolonial.

En Brasil, donde reunen a cerca de 22 millones de militantes pentecostales, se han convertido en un partido político con influencia decisiva sobre los destinos de la nación[22]. Antes del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Cuhna lideró la bancada evangelista para impedir la concreción de normas a favor de derechos reproductivos de las mujeres y fue el líder del impeachment –juicio parlamentario- que terminó expulsando a la presidenta electa por voto popular[23].

Interpretan las escrituras biblícas como argumentos políticos en contra de procesos políticos progresistas. En Colombia jugaron un papel central en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La Habana en el plebiscito en 2016. Se han aliado con el senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien tiene en sus listas al Congreso a pastores de la Iglesia del Avivamiento, Ríos de Vida, la Adventista y otras[24]. Los más de 10 millones de feligreses de 266 iglesias neopentecostales fueron convocados a votar por el NO, en contra del Acuerdo de Paz, porque supuestamente atentaba contra el concepto de familia. Una interpretación hecha a conveniencia y contraria al enfoque de género incluido en el acuerdo como transversal, que se refiere a la inclusión de las mujeres en la construcción de la paz, bastante alejado a cualquier otra consideración de orden moral o de estructuración de la organización familiar (cualquiera que sea)[25].

La agenda política de los grupos/partidos evangélicos en todo el continente parece ser similar al movimiento de “Tradición, Familia y Propiedad” surgido en los años 60 en el Cono Sur y vinculado a acciones a favor de las dictaduras[26]. Aunque este grupo fuera contrario al protestantismo, coinciden en su oposición conservadora a cualquier alteración del orden patriarcal de los roles de mujer y hombre, de cualquier aspecto sexual distinto a la reproducción y niegan cualquier idea liberal o progresista de la familia o las reformas para ampliar derechos y la democratización de la sociedad.

II

En general, la política a la que adhieren o promueven los pastores y las iglesias pentecostales es coincidente con el neoliberalismo, como lo expresan las iglesias evangelistas colombianas y centroamericanas, quienes fomentan la “ética protestante” ligada al libre comercio, al trabajador exitoso, ahorrador, constante y abnegado, donde “el éxito material aparece como una prueba de elección por Dios. Si un individuo gana mejor en su vida, estará tentado a asociar ese progreso a su Iglesia, y a involucrarse aún más”[27]. Otros pastores optan por posturas pragmáticas de derechas, como el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, del Partido Republicano Brasileño y pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, quien acompañó al PT siendo Lula presidente y él senador -aunque retornó a su causa en contra de Dilma Rousseff y en la actualidad está apoyando al gobierno de Temer y sosteniendo posiciones neoliberales en la gestión de la alcaldía carioca[28]-.

También existen algunos grupos evangelistas que apoyan a gobiernos progresistas como en Nicaragua y en menor medida en El Salvador, manejando un discurso pragmático de funcionalidad con el gobierno o, como ocurrió en el proceso de formación y desarrollo de la democracia cristiana, sectores de la iglesia interpretan la función social de la iglesia de formas distintas a la neoliberal[29]. En general, por sus adhesiones o apoyos a partidos ultra conservadores como se observa en la Tabla 1, se puede afirmar que los evangelistas están más cerca del neoliberalismo que de la justicia social.

III

Sólo en Brasil, las autoridades fiscales reportan que las iglesias evangelistas movilizaron, en 2015, 25 mil millones de reales (7 mil millones de dólares), una astronómica cifra que le ha permitido un crecimiento exponencial a las iglesias, que manejan franquisias y sus propios templos en cualquier pueblo, ciudad o país del mundo. Las iglesias evengelicas o neopentecostales están expandiéndose de Brasil a todo el mundo, en especial a los países de Latinoamérica y África[30].

En Colombia tienen reportados activos por 5 mil millones de dólares[31]. En los demás países no se conocen los montos que manejan los miles de pastores y sus iglesias, aunque se especula que es un “gran negocio de la fe”, una relación económica que no está regulada en algunos países, donde no pagan impuestos, ni los pastores están auditados por entidades del Estado que certifiquen ingresos y egresos, tipo de gastos y destinación de las ganancias[32]. También cada feligres ayuda como predicador de la iglesia al desarrollar las campañas políticas, sin mediaciones clientelares y autofinanciados.

De acuerdo a lo reportado en Brasil y Colombia, los ingresos económicos de las iglesias evangelistas en los demás países de Latinoamérica son altos, y al no ser auditados pueden destinarse a apoyar partidos políticos, o las propias candidaturas de los pastores. Una ventaja singular en la política latinoamericana, donde las campañas electorales son cada vez más profesionales y más costosas[33]. Podríamos estar ante un escándalo de la misma magnitud que el de Odebrecht.

IV

Las iglesias evangelistas también tienen una enorme red de emisoras de radio y canales de televisión. Algunos pastores justifican estas inversiones porque es la manera de llegar al creciente número de feligreses, “ya no pueden atender a tantos de forma presencial”[34], lo cual acrecienta el poder simbólico a desplegar por dichas organizaciones basadas en la fe. Al tiempo que son la forma de exposición mediática/política que genera una ventaja sobre los demás candidatos.

En Brasil, estas iglesias están apoyadas por la cadena Rede Records, de propiedad del Pastor Eder Mecedo, un potentado y multimillonario evangelista quien dice haber vendido más de 10 millones de copias de 34 libros, escritos sobre distintas temáticas, ayudado por sus feligreses que están repartidos en 147 países del mundo en la Iglesia Universal del Reino de Dios[35], la misma del actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cravella. Un sistema copiado por todas las iglesias evangélicas del continente y con una capacidad de generar mensajes culturales muy fuertes, construyendo no sólo una ética pentecostal económica y moral, sino una estética ligada a la fe, la política y la predicación del evangelio.

Estos rasgos distintivos de las iglesias evangélicas son tan sólo la puerta de entrada para conocer un fenómeno que congrega multitudes en búsqueda de redención moral y la refrendación del mito de la predestinación, que está haciendo tránsito de forma creciente a la política, buscando integrar en el Estado los preceptos y verdades bíblicas que se pensaban superadas por la conquista del laicismo estatal. Son actores políticos emergentes, con una fuerza de cohesión sobre sus feligreses/votantes, que logran desequilibrar elecciones y son apetecidos por todas las formaciones políticas que coinciden con sus postulados religiosos y conservadores.

 

[1]https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-11-10/brasil-evangelicos-america-latina-religion-rio-de-janeiro-alcalde_1287360/

[2]http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Bourdieu-P.-2009.-La-eficacia-simbólica.-Religión-y-pol%C3%ADtica.-Editorial-Biblos.compressed.pdf

[3] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372013000100001

[4] http://www.odca.cl/conocenos/historia/

[5] http://www.jornada.unam.mx/2014/07/30/politica/022a1pol y http://www.animalpolitico.com/2016/02/el-numero-de-catolicos-en-mexico-va-a-la-baja-aumentan-los-ateos-y-de-otras-religiones/

[6] http://www.prensalibre.com/hemeroteca/arde-no-le-quita-votos-al-frg y http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/catolicos-evangelicos-cifras-encuesta

[7] http://www.proceso.hn/proceso-electoral-2017/36-proceso-electoral/pastor-evangelico-es-candidato-de-la-democracia-cristiana-a-la-alcaldia-capitalina.html

[8] http://www.lapagina.com.sv/nacionales/47335/2011/02/18/Pastores-evangelicos–aliados-estrategicos-de-los-partidos-politicos-(IV-entrega) y https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/Hay-mas-evangelicos-que-catolicos-en-El-Salvador-20171031-0067.html

[9] https://www.laprensa.com.ni/2015/12/06/politica/1949145-pastores-aseguran-que-evangelicos-votaran-por-democracia-en-nicaragua y https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5014:la-poblacion-evangelica-en-nicaragua-ronda-el-35&catid=60:centroamerica

[10] http://radios.ucr.ac.cr/diputados-evangelicos-moneda-la-alza

[11] http://www.midiario.com/uhora/nacionales/evangelicos-en-panama-estan-detras-de-partido-politico-en-formacion y http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cristianismo-religion-mayoria-pero-crece-numero-ateos/23952767/foto/255629#gallery

[12] http://www.portadacristiana.com/archivos/2905

[13] http://www.elcomercio.com/actualidad/catolicos-evangelicos-iglesias-papafrancisco-ecuador.html

[14] http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/Mayor-porcentaje-catolicos-cristianos-conforman_0_2036796350.html

[15] https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/evangelicos-peru-raul-zegarra-noticia-470187

[16] https://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/06/eleicoes-2014-bancada-evangelica-reelege-deputados.htm

[17]http://protestantedigital.com/internacional/27908/Pastor_de_megaiglesia_en_Paraguay_justifica_su_respaldo_al_Gobierno

[18] http://www.chilecristiano.com/index.php/noticias/447-evangelicos-fundan-movimiento-politico y https://laicismo.org/wp-content/uploads/2017/01/Chile-datos-creencias-Censo-2012.jpg

[19] http://www.elpais.com.uy/que-pasa/evangelicos-banca.html

[20] http://www.redalyc.org/html/137/13709607/

[21] http://www.ieca.com.ec/libros/fundamentos-de-teologia-pentecostal.pdf

[22] http://virginiabolten.com.ar/editorial/crisis-representatividad-poder-manos-evangelistas/

[23] https://www.elobservador.com.uy/quien-es-el-evangelista-que-hizo-tambalear-rousseff-n701868

[24]http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/iglesias-cristianas-se-organizan-para-las-elecciones-de-2018-107072

[25]http://www.semana.com/nacion/articulo/cristianos-evangelicos-inclinaron-la-balanza-con-su-no-en-el-plebiscito/498230

[26] http://www.scielo.org.ar/pdf/syr/v22n38/v22n38a04.pdf

[27] http://nuso.org/articulo/el-poder-evangelico-en-brasil/

[28] http://www.t13.cl/noticia/mundo/evangelico-gana-rio-y-temer-se-fortalece-caida-izquierda-brasil

[29] https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:39819-comunidad-evangelica-hay-una-gran-voluntad-de-parte-del-gobierno-y-los-resultados-lo-reflejan-las-encuestas

[30] https://elcomercio.pe/economia/mundo/brasil-dinero-captan-iglesias-evangelicas-ano-385572

[31] http://cnnespanol.cnn.com/2016/10/20/deben-pagar-impuestos-las-iglesias-asi-esta-el-panorama-en-america-latina/

[32] http://cnnespanol.cnn.com/2016/10/20/deben-pagar-impuestos-las-iglesias-asi-esta-el-panorama-en-america-latina/

[33] http://www.lanacion.com.ar/1781894-cuanto-cuestan-las-campanas-electorales

[34] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41144099

[35] http://www.elmundo.es/papel/historias/2016/03/04/56d8227dca474107628b4626.html

 

Compartido por Jorge Arturo Chaves Ortiz del Centro Dominico de Investigación.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Médica pediatra comparte análisis del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral Educación Diversificada

De Tatiana Barrantes

 

Como madre y Pediatra leí las 70 páginas del “Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral Educación Diversificada” del MEP, y me di a la tarea de hacer un resumen/análisis de los puntos relevantes en el documento, el cual les presento a continuación. Es importante aclarar, que la guía es un documento para el docente, de manera que NO es lo que le llegará al estudiante sino un manual de los temas y las actividades a desarrollar en clase. De hecho, las primeras 30 páginas hablan de antecedentes y aspectos meramente pedagógicos.

Sí contienen:

– El amor como parte fundamental de las relaciones afectivas (sexuales y no). El respeto por las creencias personales y de los otros. Énfasis en que las RsSx implican responsabilidad personal y mutua y que tienen el fin de generar placer y bienestar para ambas partes. Derecho a decir que no y que sea respetado (pág 32).

– Equidad entre hombres y mujeres en materia de derechos generales (pág 39) Igualdad de derechos para personas con discapacidad o LGTBI (pág 41).

– Identificación de relaciones abusivas o violentas (no solo sentimentales). Reconocimiento del daño emocional que genera el abuso sexual en todas sus formas (pág 44).

– Identificación de los procedimientos de denuncia y protección ante abuso sexual en todas sus formas, dentro y fuera del colegio.

– Conocimiento en derechos: sexuales y reproductivos, educación sexual, acceso a información científica, anticoncepción, igualdad, autonomía, a una vida libre de violencia, libertad de opinión, etc (pág 47).

– Identificación de las responsabilidades del Estado en sus diferentes Poderes, Ministerios e Instituciones en cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos (pág 48).

– Historia y mecanismos para el cumplimiento y ejercicio pleno de derechos ciudadanos sexuales y reproductivos, y derechos humanos en general. Respeto y defensa de los derechos ajenos (pág 52).

– Productos finales que puedan ser compartidos con el resto de la comunidad estudiantil del colegio, en materia de prevención de violencia y respeto de derechos.

– Bibliografía nacional, con documentos elaborados por diferentes Instituciones y Ministerios. Bibliografía extranjera de organismos internacionales (OPS, UNESCO) e investigadores sobre el tema.

– Nombre y calidades de los profesionales involucrados en la elaboración del documento.

– En el glosario se incluyen entre otras cosas las definiciones de: autoerotismo y masturbación (pág 59), diversidad sexual (pág 63), erotismo (pág 64), expresiones de género (pág 64), género (64), heteronormatividad (65), identidad de género (65), orientación sexual (65), prácticas o comportamientos sexuales (66).

Constaté que NO incluye:

– No hay planes, actividades o productos que involucren estudiantes de primaria. El contenido y los proyectos son exclusivamente para alumnos de 10mo año.

– Ninguna mención a que derecho sexual y reproductivo sea sinónimo de homosexualidad, enfoque exclusivo en métodos anticonceptivos o libertinaje sexual.

– Ningún tema incluye actividades específicas relacionadas con tipos y uso de métodos anticonceptivos, ni en la teoría ni en la práctica. Responsabiliza a la CCSS en esta materia, como ente prestador de servicios de salud. Aquí un comentario: en realidad esto sí está así contemplado en el Programa de Atención Integral al Adolescente de la CCSS. (documento también público).

– Ningún tipo de material gráfico o audiovisual de contenido sexual explícito, ni hetero ni homosexual. En realidad no incluye materiales de ningún tipo para el uso del estudiante. Algunas actividades requieren el uso de materiales elaborados por el docente o los alumnos, pero no son de contenido sexual gráfico.

– Ningún tipo de actividad que fomente o requiera de masturbación o autoerotismo, ni tampoco de tocamientos a otros.

– Ninguna referencia al aborto. De hecho la palabra “aborto” no aparece ni una sola vez en el documento (verificado con la herramienta de búsqueda).

– Ninguna actividad es específica para desarrollar en clase el tema de diversidad de género. Tampoco para el desarrollo del tema de «prácticas y comportamientos sexuales».

– Ninguna referencia sobre matrimonio (hetero ni homosexual). Tampoco se menciona la palabra “matrimonio” en todo el documento.

– No incluye datos nacionales sobre la edad de inicio de las RsSx, embarazo adolescente, ETS y VIH en población adolescente. Este punto, para mí, es una carencia sensible, porque ubica al lector y al usuario en la realidad nacional y los riesgos que la población está enfrentando.

– En mi búsqueda en internet no encontré noticias o documentos, fidedignos o no, que relacionen al Dr. Douglas Kirby con algún caso de pedofilia. De toda la bibliografía (35 documentos) únicamente dos son de autoría de este doctor, quien, por lo que pude encontrar, fue un investigador internacional reconocido en temas de salud sexual y reproductiva. Esto lo hice porque en un comentario en Facebook alguien cuestionó el uso de documentos del Dr. Kirby como material de referencia.

De todo lo anterior ya saqué mis propias conclusiones y mi decisión. Bienvenido quien quiera aportar las suyas

 

*Imagen tomada de http://www.mep.go.cr

Compartido por Ignacio Navarrete.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/