Hace ya doscientos años que aquella joven inglesa, cuyo nombre fue Mary Shelley(1797-1851), escribió su novela “Frankenstein o El moderno Prometeo”, una expresión literaria de un alto contenido poético, con la que ponía en duda de alguna manera, aquella visión mecanicista y deshumanizada de una civilización, prevaleciente ya en aquel entonces y basada en la creación de un ser humano robotizado que estaba destinado a la producción de ganancias ad infinitum para el capital, como un fin en sí mismo, privando de toda relevancia a cualquier otra dimensión o alcance de la condición humana, a pesar de elaborada construcción discursiva con la que se ha pretendido disfrazar ese hecho esencial, cada día más difícil de ocultar: el despliegue de toda una maquinaria de destrucción y de muerte al servicio de los amos del poder y la riqueza, cuyas fuerzas nos ha conducido ya al borde del abismo, de cuya presencia ya tenemos numerosas evidencias amenazantes, sin que las grandes mayorías se hayan percatado de ello, pues sucede que todo está diseñado para que las cosas no sucedan de otra manera. Es como si nos hubiéramos sentado a esperar el final, eso sí sin tener el coraje y la determinación que tuvieron los músicos del Titanic en la cubierta del inmenso barco de pasajeros, al seguir ejecutando sus melodías cuando ya la nave se estaba hundiendo, y los pasajeros de primera clase corrían para salvar sus vidas, mientras que muchos de la segunda y tercera morirían irremisiblemente, debido a que se les habían cerrado los accesos a la cubierta.
Con una fuerte dosis de cinismo y estupidez, como si estos dos términos al parecer antinómicos marcharan más bien al unísono, se habla en los medios de comunicación social de la robótica y de cómo ésta terminará por afectar el empleo, olvidando que esto hará prescindibles a los seres humanos, tal y como recientemente se informaba en el semanario “El Financiero”, que se publica en la capital de Costa Rica, al señalar que en los próximos años la introducción de la robotización en el mundo laboral costarricense terminará por afectar a la mitad de los trabajadores que hoy la conforman, no faltando algún imbécil que diga que no se puede detener la marcha del “ progreso”, pero evitando ofrecer cualquier respuesta digamos que “humana” al dilema planteado. Como si todo esto fuera poco, aparece una información en las redes sociales, en la que los emisores parecen alegrarse de que, la mayoría de los trabajadores de una planta industrial que el presidente estadounidense Donald Trump había “salvado”, obligando a sus propietarios a permanecer en el país, serán reemplazados por robots y por lo tanto perderán sus empleos, sus medios de vida y de existencia, aunque esto ya no será consecuencia del outsourcing o deslocalización de las plantas industriales, sino de la robótica. Lo terrible es que los informantes lo hacían en tono casi de burla y de hostilidad hacia el presidente Trump, sin mostrar ningún interés o preocupación por la suerte que puedan correr los trabajadores, para esas gentes el ser humano es apenas un apéndice de la gran maquinaria de hacer dinero ¿qué otra cosa podríamos pensar, de semejante despropósito?. Dos siglos antes los trabajadores ingleses, al ver que las máquinas los privaban de sus empleos, habían reaccionado de manera violenta destruyéndolas, dando origen al movimiento de los llamados ludditas, los que fueron ferozmente reprimidos por las autoridades gubernamentales, hoy nadie piensa en resistirse a la acción de las máquinas y a lo sumo miran con extrañeza, que a veces se traduce en admiración, los llamados procesos de robotización o mecanización, con la tendencia al uso de los cajeros automáticos en vez de los humanos, o de la compra y venta de boletos para los teatros y los cines, a través de las computadoras.
En Costa Rica, el doctor Francisco Antonio Pacheco, quien ocupó la cartera de educación hace unas décadas y ha tenido una larga carrera política y académica, hablaba de la necesidad de ajustar los programas de educación a un mundo en que los robots terminarían por reemplazar a los trabajadores, si bien como filósofo no mostró ninguna preocupación especial por hecho en sí mismo, aunque se pronuncia por mitigarlo, su artículo publicado en el diario La Nación de San José Costa Rica, del domingo 30 de abril de 2017, en la página 19 A, lo tituló EDUCACIÓN EN ÉPOCA DE ROBOTS, en el texto afirma que “La inteligencia artificial está a punto de generar un cataclismo en el panorama laboral, y esto exige cambios urgentes en el sistema educativo. Aquí seguimos preocupados por los choferes de Uber, cuando en realidad deberíamos preocuparnos por la desaparición, ya en curso, de todos los choferes”.
Para Pacheco una gran transformación se encuentra ya en vías de ejecución, de una manera tal que: “La comunicación en las redes lo penetra todo. Muchas de las decisiones van quedando progresivamente a cargo de las máquinas, es decir, de la inteligencia artificial, pues son más exactas y cualitativamente superiores a las que tomamos los seres humanos” afirmación esta última que no comparto, en modo alguno, no sólo por sus serias implicaciones de orden antropológico y axiológico, en lo que se refiere a los tan cacareados valores pero no los de la bolsa de Londres, Hong Kong o Wall Street, sino a los de orden ético o simplemente humano. Para el exministro y expresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica “No sólo se trata de la cantidad de datos y de la velocidad de procesamiento, las ideas mismas son contrastadas y combinadas vertiginosamente para ofrecernos en minutos conclusiones a las que el cerebro humano no podría llegar en siglos…Las fábricas están quedando a cargo de los aparatos inteligentes (luego, los imbéciles o no inteligentes somos nosotros) y, de pronto, se ven desoladas, pues casi nadie circula por ellas. Su funcionamiento, su diseño mismo y el control de su eficacia van dejando de lado la participación directa de los seres humanos” esto estaría ocurriendo hasta en procesos mucho más simples, haciendo aparecer el fantasma de la desocupación masiva (¡además de la que ya tenemos! Pacheco dixit) a la que habría hacerle frente cambiando o mejorando las propuestas educativas para la generación presente, la que está en vísperas de incorporarse al mercado laboral, algo que me atrevo a afirmar que resulta ser una política educativa que está muy lejos de permitirnos enfrentar, de manera radical, las consecuencias de un fenómeno con esas características tan deshumanizantes, por lo que el tema vuelve a ser político, y seguirá dependiendo tanto de la concepción de ser humano, como de la de humanidad que sigamos manejando.
Resulta innegable que estos fenómenos, con diferentes escalas e implicaciones han estado siempre presentes, a lo largo de los dos siglos transcurridos desde que Mary Shelley publicó su moderno Prometeo o Frankenstein, en muchos casos la tecnología actúa como si el genio de la lámpara de los cuentos de Aladino se hubiera escapado de ella, volviéndose en contra de sus presuntos amos: los propios seres humanos.
Volver a la interminable, por esencial, discusión de las tesis sobre si es la economía la que debe estar al servicio de los seres humanos, y no estos últimos al de aquella, resulta ser un punto inevitable de partida dentro de un debate que debe abarcar también a todos los elementos relativos al proceso de la producción de bienes y servicios, sobre todo visto en términos estructurales y ateniéndonos a su naturaleza cambiante. Ya la mecanización de la agricultura en todas las fases del proceso productivo, ocurrida en las grandes llanuras de los EEUU y el Canadá, a partir de los 1930 y 40, con el nacimiento de la llamada agricultura farmer, donde una finca con sesenta peones comenzaba a ser manejada por dos o tres, como consecuencia de la mecanización de todo el proceso, había provocado un fuerte impacto en los órdenes de lo social, lo económico y lo humano. Esas economías nacionales y muchas otras del mundo laboral de las potencias económicas de aquella época, desplazaron esa mano de obra hacia el sector industrial y el de servicios, pues no se hablaba entonces de tecnologías inteligentes, lo que dicho como se acostumbra a hacerlo, en esta época, tanto en el medio empresarial como en el gigantesco aparato mediático de control social, cada vez más centrado en las imágenes en detrimento de la reflexión escrita y el pensamiento abstracto, los que aceleradamente pierden importancia dentro de la gran mayoría de la población, significa que entre nosotros y las máquinas hay una cualidad esencial que nos separa: ellas son poseedoras de inteligencia y nosotros carecemos de ese atributo, algo que resulta muy discutible, desde luego.
Desde los primeros tiempos de la Revolución Industrial Inglesa, la primera de ellas en la historia de humanidad, se prescindió del ser humano en beneficio de las máquinas y sus propietarios, de tal manera que se dejó morir de hambre a los tejedores domésticos, mientras que la producción fabril en serie se iba adueñando del mercado y de los medios de vida de esas gentes, a quienes se sacrificó y punto. No hay duda de que estamos ante uno de los desafíos más grandes de la llamada civilización contemporánea, con su ridícula, además de pretenciosa, y deshumanizante religión secular del progreso, la que ha sido hábilmente mezclada con los viejos discursos teológicos del cristianismo y de las otras religiones monoteístas. ¿podrá, alguna vez, la humanidad mirarse en el espejo y podremos mirarnos todos como seres humanos de verdad y no como meros engranajes de una gran maquinaria de destrucción, tal y como nos decía el escritor argentino Ernesto Sábato, allá en los primeros años de la década de los 1950?
(*)Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
La Universidad de Costa Rica invita a la inscripción al Primer Foro Institucional 2017 UCR: «Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia», a realizarse los días 6, 7, 14, 21 y 28 de junio del 2017 en el Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).
Ingrese en los siguientes enlaces para conocer del programa del Foro y el formulario de inscripción:
En días recientes se pudo leer en España que los familiares de Timoteo Mendieta Alcalá, un lider sindical fusilado en 1939 por las fuerzas franquistas, han procedido a una nueva exhumación en una fosa común situada en Guadalajara (Castilla-La-Mancha, España): ello en aras de recuperar los restos mortuarios de esta víctima del franquismo. Se lee en esta nota de prensa de El Pais (España) del pasado 10 de mayo del 2017 que:
«El equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha encontrado este miércoles un cráneo en la fosa común del cementerio de Guadalajara donde busca, desde el martes, los restos de Timoteo Mendieta, carnicero y presidente de UGT en su pueblo, Sacedón, que fue fusilado el 15 de noviembre de 1939. Su hija Ascensión, de 91 años, lleva toda la vida buscándolo para darle una digna sepultura».
El integrante de la ARMH a cargo de los trabajos, René Pacheco, precisa en esta otra nota de prensa la principal razón por la que no se logró encontrar la osamenta de Timoteo Mendieta con ocasión del primer intento: «En esta exhumación observamos lo mismo que en la primera, que estaba muy bien documentada, pero luego comprobamos que los cuerpos se han arrojado de forma aleatoria y no corresponde a lo recogido en la documentación», ha afirmado René Pacheco quien, no obstante, espera que esta vez sí sea posible encontrar los restos de Timoteo Mendieta».
Un primer intento realizado en el 2016
En enero del 2016, equipos forenses españoles habían procedido a la excavación de esta fosa común en España en busca de los restos mortales de Timoteo Mendieta. Cuando en el año 1939 fue fusilado, aduciendo las fuerzas franquistas «auxilio a la rebelión», su hija Ascensión Mendieta Ibarra tenía 13 años. Ante los obstáculos de la justicia española para acceder a los restos mortales de esta víctima de la guerra civil española enterrada en una fosa común con otros 22 cuerpos, Doña Ascensión decidió acudir a la justicia argentina.
La exhumación de la fosa común de Guadalajara inició el 30 de enero del 2016, con un emotivo acto muy concurrido al iniciar los trabajos (véase video); estos se mantuvieron por varias semanas. En los últimos días del año 2016, se informó que el análisis ADN de los huesos extraídos correspondientes a 11 de los cuerpos, realizado en Argentina, confirmó que ninguno de ellos pertenecía a Timoteo Mendieta (véase nota de CadenaSER del 30/12/2016). Nótese que los análisis de laboratorio para identificar los restos mortales se efectuaron en Argentina.
El hermetismo del Estado español ante el clamor de las víctimas del franquismo
Es gracias a la inclaudicable perseverancia de los familiares de Timoteo Mendieta, quienes interpusieron una demanda en Argentina en el 2010, que la jueza argentina María Servini de Cubría logró obtener de las autoridades de España, en aplicación del principio de jurisdicción universal, que sea exhumada una fosa común ubicada en Guadalajara. Se estima a unos 150.000 los desaparecidos durante la guerra civil española.
En este Boletín de Medicina Legal y Forense de Galicia (2012) se ofrecen diversos estudios sobre la labor realizada por expertos y colectivos en España a solicitud directa de familiares de víctimas del franquismo ante el mutismo de la justicia (véase texto). La nota introductoria de este documento concluye con un vehemente llamado a la clase política española:
«…deseo hacer desde estas páginas un llamamiento a nuestros nuevos representantes políticos. Apelo a su sentido humanitario para que sigan apoyando a todos los ciudadanos de nuestro pais que quieren saber donde están sus familiares desaparecidos en un conflicto que nunca tuvo que haber ocurrido».
Foto extraída de artículo de prensa titulado: «La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: «Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad».
La justicia argentina al servicio de las víctimas españolas
Timoteo Mendieta se convierte en la primera víctima del franquismo en ser objeto de una orden de exhumación que emane de la justicia … de Argentina. No existe nada similar originado en España desde un juzgado español en materia de exhumación de víctimas del franquismo.
¿Cómo puede explicarse que la exhumación de una persona fusilada en 1939 en España (y cuyos restos mortales yacen con otros en una fosa ubicada en territorio español) deba ser tramitada por sus familiares españoles ante un juzgado ubicado en Buenos Aires? ¿Cómo explicar que procesos similares hayan tenido lugar en América Latina después de oscuros años vividos en el Cono Sur y en América Central en los años 80, permitiendo a familiares de desaparecidos acudir a su sistema judicial para exigir el respeto a la memoria de sus abuelos o padres, víctimas de la violencia política?
¿Cómo entender que mientras que en América Latina es el mismo Estado (a veces obligado por una sentencia judicial) el que concurre con sus recursos a permitir que familiares puedan cerrar un doloroso proceso de duelo, en España las familias y las asociaciones deben sufragar ellas mismas los costos que conlleva su búsqueda?
Las respuestas a estas y a muchas otras preguntas se encuentran revisando el largo camino recorrido por los familiares de Timoteo Mendieta. Muchas de estas respuestas exhiben la incómoda situación de España con respecto a los avances logrados en América Latina y en diversos foros internacionales en materia de derecho a la verdad y derecho al duelo (ambos consagrados en sentencias de jueces nacionales y por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos).
La unión de dos excepciones: España y el derecho a la verdad – Argentina y la impunidad
El derecho a la verdad constituye un tema que ha cobrado particular atención en diversos órganos de Naciones Unidas en la última década, y sería de sumo interés conocer la posición de los delegados de España en sus intervenciones cuando el foro al que participan delibera sobre sus alcances.
Entre muchos textos de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, activamente promovido por Estados de América Latina, podemos citar la resolución 2005/66 adoptada, a iniciativa de Argentina, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2005, la cual «reconoce la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos». En el 2010, a iniciativa de El Salvador, la resolución A/RES/65/196 de la Asamblea General de Naciones Unidas «Proclama el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas» (véase texto). En el 2013, la misma Asamblea aprobó la resolución 68/165 (véase texto) sobre este preciso derecho.
En un ámbito como el del hemisferio americano (al que España participa en su calidad de Estado observador), se puede mencionar la resolución AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07) adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2007, la cual insta a todos los Estados del hemisferio americano:
«a tomar medidas pertinentes para establecer mecanismos o instituciones que divulguen la información sobre violaciones de los derechos humanos, y aseguren el acceso adecuado de los ciudadanos a esta información, con el fin de promover el ejercicio del derecho a la verdad».
Un detallado informe presentado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad (véase texto completo) señala que pese a notables avances en la región, varios desafíos aún persisten en el hemisferio en materia de justicia transicional, en aras de vencer la resistencia de algunos sectores políticos, de los aparatos militares y de varios sistemas judiciales.
En un artículo sobre su experiencia en España como voluntaria con las víctimas del franquismo (publicado en el 2012), la antropóloga forense costarricense Roxana Ferllini Timms explica que:
«España constituye una excepción dentro del proceso de transición de justicia, ya que el paso a la democratización no buscó conciliar la violencia y abusos de los derechos humanos que ocurrieron durante la Guerra Civil y el régimen Franquista. La transición en 1977 creó el pacto del olvido, el cual fundamentalmente dio cabida al silencio, neutralizando toda temática concerniente a ese pasado, incluyendo la exclusión de dichos temas en cursos de historia española» (véase artículo, página 78).
En una entrevista en el 2013, el juez español Baltasar Garzón había declarado:
«Me da mucha pena que tenga que ser en Argentina donde se investiguen estos crímenes porque España en su día paralizó el proceso, cuando me suspendió y con el auto posterior del Tribunal Supremo que cerraba todas las vías para las víctimas».
No es casualidad si los familiares de Timoteo Mendieta debieron viajar para presentarse ante un juzgado situado en Buenos Aires. Argentina, desde hace muchos años, lidera la lucha contra el olvido y la impunidad en América Latina: los jueces argentinos han logrado avances que sus hómologos latinoamericanos conocen y observan sin poder replicarlos. En el 2016, con relación a una histórica sentencia condenando por vez primera a los responsables del denominado «Plan Cóndor», cuya lectura fue transmitida en directo por varias embajadas argentinas en América Latina, habíamos tenido la oportunidad de señalar que la justicia de Argentina se sitúa a la vanguardia en la región: «esta decisión leída el pasado 27 de mayo representa un sustantivo avance en la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado en América Latina. Una lucha en la que pareciera que la justicia argentina cuenta con herramientas legales mucho más efectivas y con jueces mucho más determinados que las de otros Estados afectados por esta misma operación regional» (véase nuestra breve nota publicada por el OPALC).
María Lourdes Platero».
La orden judicial expedida por una jueza en Buenos Aires para excavar una fosa común en España
La solicitud hecha en el 2014 por la jueza desde Argentina precisaba (ver nota) a sus homólogos españoles que:
«Líbrese exhorto diplomático al Titular del Juzgado Territorial, que por razones de turno corresponda, con jurisdicción en Guadalajara (…) a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios para que en presencia de quien suscribe se proceda a la exhumación del cuerpo sin vida que se encontraría inhumado en la fosa n° 2, ubicada en el patio n° 4 del cementerio de Guadalajara, ocupando el penúltimo lugar, comenzando de arriba hacia abajo, o segundo lugar de abajo hacia arriba, de diecisiete cuerpos que se hallarían apilados en forma vertical».
Se lee en este sitio sobre la memoria histórica en Guadalajara que el ayuntamiento respondió al juez español que:
«El informe, fechado el 27 de junio de 2014 y remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Guadalajara, explica que la fosa en la que fue enterrado Timoteo es una fosa común cuyo primer enterramiento data del 16 de noviembre de 1939 y el último el 9 de septiembre del mismo año. En la fosa se enterraron, según consta en el informe, 22 o 23 personas ejecutadas por el Juzgado Especial de Ejecuciones, según los distintos registros».
El documento del ayuntamiento de Guadalajara y sus anexos está disponible en esta nota, con relación a una primera respuesta negativa de la justicia española en febrero del 2015, aduciendo incertidumbre sobre la localización exacta del cuerpo para proceder a una exhumación.
El sufrimiento y el dolor ante la coraza institucionalizada del Estado español
El malestar de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas con España es evidente ante una ley de amnistía de 1977 siempre vigente. En el 2015, el Comité de Derechos Humanos reiteró nuevamente:
«… su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe también velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas. El Estado parte debe revisar su legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas y, a este respecto, se lo alienta a implementar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada en sus recientes observaciones finales (CED/C/ESP/CO/1, párr. 32). Asimismo, el Estado parte debe establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos y permitir la apertura de los archivos sobre la base de criterios claros y públicos, de acuerdo con los derechos garantizados por el Pacto» (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el sexto informe periódico de España, documento CCPR/C/ESP/CO/6 de agosto del 2015, disponible en la red, punto 21).
El malestar de gran parte de la sociedad española con respecto a la falta de respuestas a sus legítimos reclamos por parte del Estado español es profundo. En esta nota de prensa se lee, con referencia a la hija de Timoteo Mendieta, Asunción Mendieta Ibarra, que:
«En 2013 se echó a la espalda sus 88 años y viajó hasta Buenos Aires para declarar voluntariamente ante la jueza Servini. «En España no ha habido justicia para las víctimas ni solidaridad, lo ha impedido la tan cacareada ley de amnistía, que en realidad a quien amnistió fue a los personajes que participaron en las atrocidades que se cometieron contra los ciudadanos de este país», se queja María Ascensión Vargas, y añade que las víctimas de la dictadura no tienen «un estatuto jurídico como sí otras víctimas, por ejemplo las del terrorismo, que me alegro mucho por ellas, pero hemos viajado muy solitos».
La determinación de los familiares de las víctimas del franquismo es compartida con las nuevas generaciones y, contrario a la percepción errónea de algunos círculos políticos españoles, se va fortaleciendo conforme avanza el tiempo. Como bien lo expresa una de las nietas de Doña Ascensión, la periodista Aitana Vargas, en este reportaje publicado en el 2015 y titulado «La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: «Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad»:
«Creo que tal vez el luto de mi abuela sea de esos que conviven en los confines de la eternidad. No hay consuelo para una anciana cuyo padre fue acribillado a balazos cuando era una niña, acribillado a sangre fría como a miles de españoles que compartieron la misma desgracia. A quienes apretaron el gatillo no les tembló el pulso, ni les falló la puntería. Sistemáticamente mataron, asesinaron, torturaron, arrebataron niños de los brazos de sus padres. No hay consuelo ni para ella, ni para los familiares de quienes compartieron semejante destino. Porque no olvidemos que la causa de mi abuela es la causa de cientos de miles de españoles. Y esa causa, en una España democrática, no se puede olvidar ni sepultar bajo toneladas de tierra, piedra, escombros y presiones políticas – jamás».
En este artículo de Página12 (Argentina) sobre el caso de la familia Mendieta, las lágrimas que brotaron en los ojos de Doña Ascensión, al momento de ser informada del tan anhelado “sí” de la justicia española para poder finalmente proceder a la exhumación de los restos de su padre, ilustran el dolor lancinante de muchas familias en España:
“–¿Por qué llorás? –preguntó la abogada argentina.
–Lloro porque pienso en él; toda la vida bajo tierra –respondió.
En opinión de la letrada, esa expresión revela el sufrimiento del familiar de un desaparecido, al que no ha visto morir ni sabe dónde está.
“Para el familiar, el desaparecido no está muerto hasta que ve sus restos”.
Doña Ascensión: una inclaudicable voluntad que exhibe a España ante el mundo
La tenacidad de Doña Ascensión viene ahora a interpelar ante los ojos de España y del mundo el sistema judicial español y ponerlo a prueba. El hermetismo de las autoridades centrales españolas y del sistema judicial han sido tales que desde las comunidades autónomas, se han gestado valiosas iniciativas. Por ejemplo, lo que se ha calificado como el «insultante menosprecio del Estado» recientemente dio lugar a una iniciativa en Cataluña (véase nota de prensa de enero del 2017), mientras que desde el 2015, se cuenta en el País Vasco con un «Plan Vasco 2015-20 de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil» (véase documento). Hace pocas semanas entró en vigor la «Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía» (véase texto de la Ley 2/2017).
Conclusión
Esta reivindicación colectiva se ha convertido en una verdadera onda expansiva. Encuentra su origen en muchas familias cuyos hijos o nietos han decidido romper con silencios de antaño y miradas evasivas, encontrando el apoyo de activas asociaciones de familiares de víctimas. En este contexto, la exhumación de Timoteo Mendieta puede convertirse en un emblemático precedente para muchas víctimas de la guerra civil española y para sus familiares, y contribuir a relanzar el debate en el seno de la sociedad española sobre la pesada deuda que mantiene consigo misma.
Lista de personas enterradas en la fosa común de Guadalajara, según registros de la ARMH, publicada en esta nota de CadenaSer.
Nota: Para un análisis, desde la perspectiva del derecho internacional, de las diversas obligaciones que incumple el Estado español al no facilitar en lo más mínimo la labor de los familiares de las víctimas del franquismo y al mantener su sistema judicial hermético ante los constantes reclamos de las víctimas, remitimos al lector a un breve análisis escrito con ocasión de la primera exhumación realizada a inicios del 2016 por los familiares de Timoteo Mendieta. El mismo fue publicado en la Revista Los ojos de Hipatia (Valencia, España) y titulado: «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina», enero del 2016, texto disponible aquí.
Agradecemos a los editores de esta revista valenciana por haber aceptado incluir fotografías, mapas e hipervínculos que permiten apreciar el alcance de la labor realizada por Doña Ascención, sus hijos y sus nietos, así como por la ARMH. Una versión ampliada del texto, con algunas referencias bibliográficas adicionales, fue también publicada en España en el sitio jurídico ElJurista (marzo del 2016), disponible aquí.
La presente nota fue publicada en los sitios jurídicos de Ius360 (Perú) el 23/05/2017 y de Debate Global (Colombia) el 26/05/2017. Una versión más reducida fue publicada en distintos medios digitales de Costa Rica (Elpais.cr, Informa-tico) y Ecuador (Alainet).
La Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte CEMOAN.ORG invitan este próximo 31 de mayo y 1 de junio en la biblioteca Joaquín García Monge de la UNA de 9 a.m. a 4 p.m. al curso corto “La Mujer en el Islam, del Corán y Hadiz a los Debates Contemporáneos”, impartido por Sergio Moya, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de esta universidad.
Adenás habrá exposición fotográfica y de libros donados por el Centro Cultural Sahar; el documental “Veiled Voices” y el comenatrio de la Dra. Laura Fuentes Belgrave, docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional.
A través de un nuevo espacio llamado Enfoque Crítico https://enfoquecriticocr.blogspot.com/ se está haciendo un esfuerzo por “ayudar a formularse preguntas críticas y no convencionales, que permitan que el tratamiento exclusivo de muchos temas relevantes en espacios reducidos de élite, se trasladen a sectores más amplios de la población. Hay que intentar crear puentes entre esos espacios especializados y el común de la población, de manera que los ciudadanos promedio tengan mayor oportunidad de comprender temas que, por lo demás, afectan sus vidas” tal y como se lee en la página principal de este nuevo sitio.
Según Jorge Chaves en su comunicado enviado a SURCOS, este nuevo y modesto espacio se está re-creando para tratar de ayudar a generar un pensamiento más reflexivo en el común de la población, escogiendo, cada vez un tema relevante muy puntual sobre el cual se puedan publicar 4 artículos breves y accesibles de contenido, con el propósito de que sean de fácil lectura.
Es así como en la Página Principal podemos encontrar, por ejemplo, estos artículos:
También se pretende incluir algunos más largos y sesudos, o que abordan temas más amplios de marco o simplemente más largos. Para esto se ha creado una sección llamada Documentos Complementarios. En esta sección se puede encontrar una serie de artículos como: Salario-pensión como mecanismo de disciplinamiento, de Héctor Ferlini.
Road-book del cine Latinoamericano es la nueva publicación del cineasta y escritor Pedro Zurita que será presentado en el marco de la Muestra de Cine Latinoamericano Contemporáneo 2017. Esta publicación recorre el cine de la región a través de la experiencia de importantes figuras y personalidades del medio cinematográfico las que, mediante conversaciones y entrevistas, va develando los flujos y reflujos experimentados por el medio audiovisual desde una época en que los cine club fueran escuelas mentoras, al momento actual, donde el desarrollo tecnológico y la proliferación de obras y profesionales pareciera estar determinando el curso de la historia.
El recorrido es conducido por experimentadas figuras de las diversas disciplina que conforman el oficio cinematográfico (directores, productores, guionistas, fotógrafos, críticos, actores, directores de festivales) lo que permite una vasta y amplia panorámica de su circunstancias y su significado, su progresión y desarrollo en cada región, así como el entorno histórico y social de su quehacer. Incluye además experiencias de profesionales y artistas que luego de haberse formado en otras latitudes hoy aportan sus conocimientos en Canadá, Estados Unidos y Europa.
Las entrevistas y conversaciones aquí reunidas han sido realizadas desde el ‘set’, de forma clara y directa, con respuestas y reflexiones que concede la cercanía y relación entre el autor y sus convocados, proveyendo un tono intimista y explicito, desprejuiciado y revelador.
“Es un libro muy especial. Pocas veces se debe haber juntado una cantidad tal de personalidades de nuestro cine” declaraba Alquimia Peña, directora de la Fundación del Nuevo Cine, en la presentación de este en la pasada edición Festival de Cine Latinoamericano de la Habana.
El lanzamiento en el país será el martes 30 de mayo a las 5pm, en el Centro Cultural de la Embajada de Chile, ubicado en Los Yoses: 250mts. Sur del Automercado (tel. 2280.0037 x 123).
Importantes figuras de nuestra cinematografía conforman este glosario, entre ellos el director cubano Humberto Solás, el documentalista Patricio Guzmán, la realizadora brasileña Tata Amaral, el realizador peruano Francisco Lombardi, el director haitiano Arnold Antonin, el recordado realizador argentino Eliseo Subiela. Incluye además figuras ‘noveles’ en el contexto audiovisual como el salvadoreño Guillermo Escalón, el nicaragüense Frank Pineda, la hondureña Katia Lara, así como la panameña Pituka Ortega y la costarricense Isthar Yashin.
¿Hacia dónde va el cine? ¿Qué tanto ha influido la tecnología en su metodología y la forma de concebir una puesta artística? ¿Cuáles las condiciones existentes anteriores al fenómeno actual, la escuela de entonces en relación a la proliferante de hoy en día? ¿Cuál la razón del cine colectivo reciente en relación al individual presente?, ¿Cuáles las políticas y ayudas estatales que han permitido establecer estos cambios? Son algunas de las interrogantes que trata de despejar este ‘libro para escuchar’ y que serán comentados y analizados por el autor en una charla previa al lanzamiento del Libro, titulada: “Cartografía básica del Cine Latinoamericano”.
Pedro Zurita es autor del célebre “Cómo distribuir su filme y no morir en el intento”, primera publicación sobre distribución y mercado de cine latinoamericano en idioma español.
Es fundador/director de Videoteca del Sur de Nueva York, espacio único y pionero en la difusión y promoción del cine latinoamericano en los Estados Unidos.
Sus artículos y escritos han sido publicados en periódicos y revistas de NY y América latina.
Ha sido Director/Programador del Havana Film Festival de Nueva York, y la Muestra Iberoamericana de Cine de Nicaragua, amén de curador en diferentes festivales.
En 1993, participó en la distribución en EE.UU. del filme “Fresa y Chocolate” a través de Miramax.
Índice de participantes del Road-book del cine latinoamericano:
En días recientes, se informó de un inédito traslado realizado el 24 de abril de varias esferas del Diquís denunciado por los vecinos de las fincas Chánguina y Térraba en Palmar Sur (véase nota de la Extra). Como bien se sabe, estas misteriosas esferas precolombinas, descubiertas en los años 40 en Costa Rica, y que pueden llegar a pesar más de 15 toneladas, constituyen un vestigio arqueológico único. Este reciente traslado se refiere a esferas situadas en lo que antiguamente se denominaba «Finca 2-4» o más comúnmente «Finca 4», un lugar con posiblemente la mayor cantidad de esferas descubierto en Costa Rica.
Si bien la discusión se ha centrado en el tema de las esferas, una breve puesta en perspectiva del contexto social permite entender mejor la controversia suscitada, en particular para el lector poco familiarizado con esta precisa región de Costa Rica. Se intentará esbozar de forma muy resumida a continuación el entorno social de Finca Chánguina y Térraba; posteriormente, se analizará lo ocurrido desde la perspectiva de las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de preservación y protección de sitios arqueológicos, finalizando con algunas breves sugerencias en aras de cumplir estas obligaciones a cabalidad.
La Zona Sur: una zona históricamente azotada por la injusticia
Como bien se sabe, los nombres de lugares con un numeral de fincas en la Zona Sur de Costa Rica obedecen al hecho que, en una época, las empresas bananeras arrasaron gran parte de esta zona, incluyendo los nombres nativos de aldeas y caseríos existentes. La obra mundialmente famosa de «Mamita Yunai» del escritor Carlos Luis Fallas (más conocido como Calufa) editada en 1940, describe, como también varios textos de las escritoras Carmen Lyra y Yolanda Oreamuno, los abusos de todo tipo que marcaron la vida dentro de las fincas bananeras costarricenses en los años 20 y 30 del siglo pasado. La primera huelga de los trabajadores bananeros tuvo lugar en 1934. 50 años después, la «Yunai» anunció el cierre de sus operaciones en Costa Rica (véase nota de El Pais de diciembre de 1984). Cabe señalar que en el 2010, las autoridades educativas vieron frustrado su intento de retirar «Mamita Yunai» de los programas de lectura obligatoria en colegios costarricenses (véase nota de La Nación). En este estudio de Antoni Royo sobre la historia del banano en Costa Rica, titulado «La ocupación del Pacífico Sur costarricense por parte de la compañía bananera (1938-1984)», disponible en la red, se lee que: «en el Pacífico sur, en las zonas donde se presentaban mejores condiciones para el cultivo del banano, esto es las planas aluviales de los valles de los ríos Grande de Térraba, Esquinas y Coto Colorado, la Compañía emprendió una política de acaparamiento de tierras que a menudo vulneró los derechos de los ocupantes legítimos» (p. 12).
Fotografía de esferas en terrenos de la United Fruit Company (UFC) en Costa Rica en los años 1930 (ver artículo).
Dentro de esta sufrida región sureña de Costa Rica, hay una precisa zona que ha sido objeto de discusión y titulares de prensa en los últimos años. En el 2015, y durante varios meses, más de cien familias campesinas de Finca Chánguina permanecieron en la calle a raíz de una orden de desalojo a todas luces irregular ordenada por los tribunales (véase nota del Semanario Universidad, en particular la irregularidad detectada por la Procuraduría General de la República). En esta nota de La Nación del 2015 se lee que:
“Nosotros fuimos trabajadores de esas empresas (Chánguina y Térraba). Desde el 2001, el empresario (Echeverría) empezó a atrasarnos los salarios, a pagarnos con cupones para cambiarlos por comida, y, a lo último, ya ni una ni la otra. Cuando nos vimos sin posibilidad de salario y sin posibilidad de trabajo, nosotros decidimos tomar la tierra como una forma de cobrarnos el salario”.
En marzo del 2016, la orden de desalojo fue suspendida por un juez agrario (véase nota de La Nación), no sin antes el Presidente Luis Guillermo Solis proceder a declaraciones un tanto desafortunadas recogidas por la prensa (véase nota de La Nación). Hace pocos días, en abril del 2017, un artículo de opinión reseñaba la gran incógnita que persiste para estas familias campesinas.
Esta indefinición, de mantenerse, podría empezar a interesar a órganos interamericanos de derechos humanos, e incluso dar pié para activar un mecanismo previsto en un instrumento que Costa Rica ratificó en el 2014: el Protocolo Facultativo al Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (véase nota nuestra al respecto publicada en DIPúblico).
Ante una sensación de zozobra colectiva tan delicada, cualquier acción del Estado costarricense debiera de ponderarse y realizarse con la mayor cautela, consultando a las comunidades de la zona.
Mapa de ubicación de los principales sitios con esferas en el delta del Diquis, extraída de esta nota de Ifigenia Quintanilla titulada «Las esferas de nadie sí son de alguien».
Las esferas del Diquis ubicadas en «Finca 4», en Palmar Sur
La noticia de un traslado de esferas realizado sin ninguna comunicación previa evidencia un sorprendente desconocimiento del clima social que se vive en Chánguina y Térraba. Al tratarse de esferas indígenas declaradas en el 2014 por la UNESCO como «Patrimonio Mundial de la Humanidad», y ello a solicitud de las mismas autoridades de Costa Rica (véase listado oficial de 814 bienes o sitios declarados como tal en el mundo), este traslado realizado por las autoridades costarricenses plantea una serie de interrogantes que se intentaron aclarar (véase al final de esta nota el comunicado de prensa de la Directora del Museo Nacional de Costa Rica – Documento 1).
Como todo intento de aclaración, puede lograr su objetivo o bien, por el contrario, arrojar aún más dudas. Los enigmas, al parecer, no son exclusivos de las esferas del Diquis.
Nótese que «Finca 4» (como la denominan los especialistas en esferas del valle del Diquis) no fue seleccionada como uno de los cuatro sitios por el Estado costarricense ante la UNESCO. No por ello las esferas que ahí se encuentran, en particular las «esferas blancas» (piedra caliza) son de menor importancia: muy por el contrario, su fragilidad con relación a las esferas de color gris (granito) amerita por parte de las autoridades un cuido mucho mayor. Se lee en esta nota de la arqueóloga costarricense Ifigenia Quintanilla, titulada «Haber sido grande no significa nada: una pequeña crónica de la gran desgracia de Finca 4» que:
«Finca 4 fue el centro principal de los poblados con esferas de piedra del Diquís. Mi inventario ubica 30 esferas de piedra solo en las secciones 23 y 36, muchas de ellas monumentales, así como las únicas hechas de rocas de caliza con datos de contexto. Lothrop lo estudió en 1949 y recolectó la información de un saqueo donde se extrajeron 186 piezas de oro de dos enterramientos, hoy distribuidas entre el Museo del Oro del Banco Central de Costa Rica y Dumbarton Oaks, en Washington D.C.»
Breve recuento de las gestiones de Costa Rica ante la UNESCO
Las diversas gestiones de Costa Rica en vistas de obtener una declaratoria mundial iniciaron en el año 2002, y hacia finales del 2011 se perfiló la recta final que culminaría exitosamente a mediados del 2014 (véase nota nuestra de abril del 2014). En este voluminoso documento en inglés del 2013 producido por el Ministerio de Cultura de Costa Rica titulado «Precolumbian Chiefdom Settlements with Stone Spheres of the Diquís» y colgado en el sitio de la UNESCO (véase document completo) se detallan los pasos seguidos por Costa Rica ante esta organización internacional y la descripción detallada de los cuatro sitios de esferas escogidos. Tal y como se puede apreciar, se trata de una iniciativa de larga data llevada adelante contra vientos y mareas, e intereses de diversa índole siempre prestos a interponerse en el camino. En esta nota publicada por ICOMOS, la misma especialista costarricense señala que:
«Hace unos meses la encargada de asuntos culturales de una Embajada de Costa Rica en un país europeo me preguntaba: ¿Contra quién competimos en la candidatura ante UNESCO? Mi respuesta fue que competíamos contra nosotros mismos, que competíamos por ser competentes en la gestión de nuestro patrimonio».
Aún no se conoce de un trabajo o investigación que recopile las diversas etapas y vicisitudes de este largo trajinar así como los apoyos decisivos que lograrían finalmente el objetivo fijado, y ello pocos meses después de finalizar la administración de la Presidenta Laura Chinchilla (2010-2014).
En efecto, fue en el marco de la 38 Reunión del Comité de Patrimonio Mundial realizada en la ciudad de Doha (Catar) que la UNESCO anunció oficialmente el 23 de junio del 2014 que había declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, conjuntamente con 30 otros sitios en el mundo, las esferas precolombinas ubicadas en cuatro sitios del sur de Costa Rica (véase nota de la UNESCO). En esta nota de Redcultura.com, se puede leer el texto oficial de la declaratoria, en las páginas 42 y 43 del documento oficial adoptado en Catar).
Al acogerse a una declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad, a su solicitud, Costa Rica asume, desde la perspectiva del derecho internacional público, una serie de compromisos vinculantes. Están los de carácter general, que derivan, por ejemplo de la Convención de la UNESCO sobre sitios arqueológicos. Una de estas obligaciones es la que se lee en el Artículo 5:
Articulo 5
a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general;
b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban;
c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural;
d) adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y
e) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación científica en este campo.
Otra obligación de carácter general para el Estado se desprende de los incisos 2 y 3 del Artículo 6 de este mismo instrumento adoptado en 1972 por la UNESCO:
Los Estados Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado.
Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural de que tratan los artículos 1 y 2 situado en el territorio de otros Estados Partes en esta Convención».
Foto extraída de nota de Icomos/Costa Rica (ver nota). Foto 2: extraída de nota de prensa de Redcultura.com, con ocasión de la visita de la Directora General de la UNESCO a Costa Rica en mayo del 2013 (ver nota completa).
Las obligaciones jurídicas derivadas de la Declaratoria de la UNESCO.
Al final de esta nota, remitimos a algunos artículos de doctrina sobre las implicaciones que conlleva para un Estado la inscripción de un sitio por parte de la UNESCO. De manera general, se puede afirmar que a las obligaciones de carácter general previamente referidas, se añaden las más específicas contempladas en la misma Declaratoria hecha por la UNESCO (y disponible en las páginas 42-43 de este enlace de Redcultura.com). Es altamente deseable que Costa Rica traduzca en términos legales la serie de recomendaciones de carácter técnico formuladas en junio del 2014 por parte de la UNESCO. No se tiene claridad en torno al punto de saber si la reciente decisión de trasladar esferas de un lugar a otro responde a una directriz técnica de la UNESCO (o de un órgano técnico en Costa Rica a cargo de este tema – ICOMOS, véase sitio oficial) o si estas entidades fueron consultadas previo a ordenarla. Cabe recordar que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios -ICOMOS- es una entidad internacional no gubernamental, creada en 1964 para velar por el resguardo del patrimonio histórico y arquitectónico. En Costa Rica, cuenta con una oficina (véase sitio oficial sobre su labor), la cual, entre muchos otros casos, ha externado serias reservas con relación a la construcción de un nuevo edificio para albergar el Poder Legislativo (véase secuencia de comunicados en su sitio bajo el acápite «Documentación sobre la polémica del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa»).
Tal y como se desprende del texto de la misma Declaratoria de la UNESCO de junio del 2014 (también disponible en este enlace oficial), esta entidad recomendó a Costa Rica: «Recommends that the States Parties give consideration to the following:
a) Conducting detailed Heritage Impact Assessments (HIA’s) in accordance with the ICOMOS Guidance on Heritage Impact Assessments for World Cultural Heritage for the Diquís Hydroelectric Dam and the Southern International Airport, to identify their potential negative impacts on the property; and submitting all proposals for development projects to the World Heritage Committee for examination, in accordance with paragraph 172 of the Operational Guidelines,
b) Reaching a consensual agreement with the property owner of El Silencio to ensure the site’s long-term protection,
c) Completing the development of risk preparedness and disaster management plans including protective measures and emergency plans for Finca 6 during major flood events and completing the formal integration of the revised buffer zones in the Regulatory Plan for Osa County,
d) Ascertaining the required financial and personnel resources outlined in the management plan, including providing for a guardian or site manager for each of the properties to ensure their long-term protection and also assist visitors to the site; ICOMOS considers that further public involvement may have the potential to attract volunteers who may contribute to expanded security and visitor services,
e) Involving the local teams in the process of monitoring and provide training to facilitate both monitoring and documentation tasks».
Se ha intentado obtener una versión traducida al español del texto de la declaratoria de la UNESCO del mes de junio del 2014, sin éxito a la fecha. Se agradece desde ya a nuestros estimables lectores el enviárnosla en caso de que exista (correo electrónico: cursodic@gmail.com). En caso de que no exista, se sugiere a las autoridades de Costa Rica proceder a realizar su traducción oficial y su debida divulgación sin mayores preludios, al cumplirse el próximo 23 de junio, tres años desde que se adoptó en Catar.
La inauguración de las placas conmemorativas, en cambio, tuvo lugar pocos meses después de adoptarse la declaratoria, en noviembre del 2014 (véase nota de La Nación que incluye extractos de cierto interés de los discursos pronunciados por parte de las autoridades de Costa Rica).
Foto extraída de nota de Ifigenia Quintanilla, titulada «Una arqueóloga ajena al espectáculo», mayo del 2017, cuya lectura completa se recomienda al evidenciarse una lectura errada por parte de las autoridades nacionales en la organización de un reciente «festival de esferas».
Cuatro sitios declarados Patrimonio Mundial de muchos más
La península de Osa resguarda una enorme cantidad de sitios con esferas precolombinas. Se trata de un vasto territorio que ameritaría, desde el punto de vista arqueológico, una mayor protección por parte del Estado. Una de las esferas que se puede observar en la ciudad norteamericana de Boston fue extraída de Finca 5, cuando los propietarios de fincas bananeras de los años 40 en Costa Rica decidían ellos mismos qué hacer con estas esferas (véase nota de ICOMOS del 2012).
Son muchas esferas en muchos sitios, y sería muy oportuno que el Estado proceda a clasificarlos en función de su importancia y de su valor arqueológico, estableciendo algún tipo de zonificación. Esta clasificación /zonificación permitiría a las autoridades costarricenses concentrar sus esfuerzos en ciertos sitios, con la ayuda de las comunidades aledañas a estos. Nótese que la UNESCO coloca el beneficio a las comunidades aledañas a sitios declarados como patrimonio mundial como una prioridad de su accionar. Subyace a esta idea central la de asesorarlas, capacitarlas y empoderarlas en la identificación, conservación, valorización y conocimiento técnico de esos sitios únicos a nivel del planeta. Ante las serias limitaciones del Estado costarricense en la materia, iniciativas provenientes de centros académicos, entidades estatales desconcentradas y de la sociedad civil pueden permitir alcanzar estos loables objetivos.
En un artículo titulado precisamente «Oportunidad para rectificar«, que tuvimos la oportunidad de publicar en julio del 2014, indicábamos que:
«El cantón de Osa fue declarado hace exactamente 20 años «cantón de interés arqueológico» mediante el Decreto Ejecutivo 23387-C del 22/06/1994. Unas 20 primaveras más tarde, en el marco de la XXXVIII sesión del Comité de Patrimonio Mundial realizada en la ciudad catarí de Doha, la UNESCO declaró oficialmente el pasado 23 de junio del 2014 como Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad las esferas precolombinas ubicadas en cuatro sitios del sur de Costa Rica. El comunicado de prensa del Museo Nacional de Costa Rica con relación a esta declaratoria precisa que: “Es importante mencionar que uno de los principales compromisos asumidos por el Estado de Costa Rica es efectuar un estudio de impacto patrimonial, a fin de contar con un desglose detallado de los factores que podrían incidir en forma negativa en el futuro de los cuatro sitios declarados; así como el pronto diseño de estrategias de mitigación”.
Un «estudio de impacto patrimonial» es una novedosa herramienta que debiera ser ampliada a toda la Zona Sur, y regulada en las demás regiones del país en las que permanecen bajo tierra vestigios arqueológicos. A la fecha, no se tiene información sobre el estado en el que se encuentra este estudio que Costa Rica se comprometió a entregar a la UNESCO al recibir la declararatoria en junio del 2014.
En esta nota oficial de la UNESCO sobre las esferas del Diquis, se lee que: «It seems essential for the success of the management plan implementation that the financial and human resources required for the administration and management of all four site components will be available to the National Museums of Costa Rica, to allow for site managers and guardians to be present on site. For the future protection and conservation of the Precolumbian Chiefdom Settlements with Stone Spheres of the Diquís it also seems essential that Heritage Impact Assessments are undertaken for any proposed developments which might have the potential to negatively impact the property«.
Mapa de ubicación de sitios arqueológicos con esferas precolombinas en la zona sur de Costa Rica elaborado por el Museo Nacional, órgano adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Extraído de nota de ICOMOS.
Nótese que la última frase refiere a posibles proyectos futuros que puedan impactar significativamente estos sitios declarados patrimonio de la humanidad y que la UNESCO es muy vigilante en torno al respeto que los Estados deben tener con los sitios de este tipo, y su entorno inmediato: ello significa un rediseño de políticas públicas que integre estos sitios dentro de un entorno que trascienda los linderos de las cuatro propiedades de estos sitios. El respeto a la integridad del Patrimonio de la Humanidad obliga a preservar no solamente sitios, sino restringir el uso del suelo en propiedades circundantes, en aras de preservar su entorno paisajístico, social y natural.
En otras palabras, un Estado que alberga en su territorio vestigios precolombinos considerados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la comunidad internacional, debería, en buena lógica, proceder a redefinir algunos aspectos de su política interna en la zona en la que se localizan.
La deuda histórica de Costa Rica con los pueblos indígenas, que se mantiene pese a innumerables declaraciones, estrategias y leyes persiste en la Zona Sur, como en tantas otras partes de Costa Rica: ello puede (al menos en parte) explicar esta falta de atención que se expresa en la poca valoración del legado cultural precolombino ubicado en el territorio costarricense. En este artículodel 2014 publicado en el Semanario Universidad, sobre las amenazas climáticas que enfrentan las esferas del Diquis, se puede leer que:
“Como costarricenses no nos hemos dado cuenta de los valores arqueológicos que tenemos y que están en riesgo».
También Costa Rica desde junio del 2014 hubiera podido extender su oferta turística a un sector preciso del volumen de visitantes internacionales. En particular cuando se trata de una zona como la Zona Sur, la cual mantiene los Indices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos en Costa Rica. En este artículo titulado «Ambiente, Pueblos Indígenas y Megaproyectos: el caso de las esferas precolombinas de Costa Rica», publicado en julio del 2014, nos permitíamos referir a una posible estrategia regional al respecto: «Costa Rica entraría a formar parte del grupo de Estados que se benefician de un sector importante del turismo cultural y de las rutas de visitantes que siguen el patrimonio mundial en cada región o subregión del mundo. En ese caso se trataría de enlazar estas rutas con las ya existentes en Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala y Honduras, Estados que cuentan con varios monumentos y sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad». Hay muchos más cambios en la política pública que esta importante declaratoria de la UNESCO hubiese podido incentivar desde y para la Zona Sur de Costa Rica.
Comunidades vigilantes ante amenazas a las esferas
Nótese que varias de las comunidades organizadas del Sur de Costa Rica se muestran particularmente vigilantes y atentas a cualquier daño causado a estas esferas precolombinas. Es gracias a sus acciones que se detectó un traslado a todas luces insólito en estos días recientes. Son muchas las amenazas que pesan sobre estas misteriosas esferas: están las relacionadas al inexorable paso del tiempo, las desacertadas decisiones de unos y otros, el saqueo, como bien lo ilustra esta reveladora nota titulada «El drama del silencio o el drama de El Silencio» de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla.
Existen otras amenazas que provienen de acciones de entidades privadas (en particular de empresarios turísticos, o los dedicados a monocultivos, en particular a la producción de piña en pleno auge, como lo denunció la FECON el pasado 21 de abril, entre otros) así como del mismo Estado costarricense: la declaratoria de interés público por parte de la Presidenta Chinchilla de un aeropuerto internacional en la zona sur fue considerada como contradictoria con los esfuerzos de Costa Rica ante la UNESCO años después realizados por su administración. En el 2012, similares discusiones tuvieron lugar con relación al proyecto hidroeléctrico Diquis del ICE.
Con relación a la piña, el Estado costarricense parece inclinarse por favorecer este monocultivo, a punto tal que las comunidades afectadas y cansadas de clamar por justicia, han tenido que recurrir al sistema interamericano de derechos humanos (véase nota sobre audiencia ante la Comisión Interamericana celebrada en marzo del 2015). Nótese que la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) con base en un formulario D-1 a la empresa piñera que pretende ubicar 600,2 hectáreas de piña en Palmar Sur fue tramitada en de forma expédita y fue aprobada el 15 de diciembre del 2016 (véase resolución 2331-2016), recordando otros polémicos expedientes tramitados por la SETENA pocos días antes de las festividades de fin de año en Costa Rica. Se reproduce al final de este texto el comunicado de prens del Museo Nacional de Costa Rica con fecha del 12 de mayo del 2017 (Documento 2). En esta nota de La Nación del 15 de mayo, se lee que la SETENA omitió varias consultas a otras entidades públicas, posiblemente debido al «modo express» con el que tramitó este expediente.
Más allá de las aprobaciones decembrinas expeditas a las que están acostumbrados los abogados especializados en derecho ambiental en Costa Rica (y que usualmente terminan en los tribunales siendo consideradas ilegales), se puede apreciar cuán apetecida es la región del Diquis. En el caso de los dos megaproyectos anteriormente mencionados (aeropuerto en Palmar Sur y Proyecto Hidroeléctrico El Diquis del ICE), ambos han sido objeto de duras (y, en nuestra modesta opinión, fundamentadas) críticas en los últimos años: en el caso del proyecto del Diquis, la polémica con las poblaciones indígenas fue tal que dio lugar a la visita en tres ocasiones entre el 2011 y el 2013 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, James Anaya: véase penúltimo informe de septiembre del 2013, Documento A/HRC/24/41/Add.4 disponible en la red, que concluye (punto 78) señalando que:
«78. El Relator Especial continuará monitoreando esta situación y el desarrollo del proceso de consulta entre el Gobierno y los pueblos indígenas concernidos con respecto al proyecto hidroeléctrico El Diquís».
En su informe de septiembre del 2014 Documento A/HRC/27/52/Add.4 (disponible en la red) leemos (página 22, punto 70) que:
«70. El Relator Especial lamenta que no consta en los archivos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos una respuesta por parte del Gobierno de Costa Rica a su última comunicación del 25 de febrero de 2014. No obstante, valora el diálogo que ha mantenido con el Gobierno de Costa Rica desde la publicación de su informe de 2011 y los esfuerzos que ha dado el Gobierno en implementar las recomendaciones hechas por el Relator Especial».
En el 2016, Costa Rica finalmente adoptó mediante Decreto Ejecutivo una guía denominada «Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas» para garantizar una consulta previa e informada a las poblaciones indígenas. En este mes de mayo del 2017, las comunidades indígenas de Costa Rica han sido llamadas a validar o enmendar esta propuesta de las autoridades costarricenses (véase nota de Elpais.cr del 14 de mayo del 2017).
Los vestigios arqueológicos en Costa Rica y su protección
En la actualidad, el tema de los vestigios arqueológicos es a veces incorporado al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y no se tiene conocimiento de una decisión de la SETENA suspendiendo un proyecto por afectar el patrimonio arqueológico en una determinada zona. El saqueo y venta de objetos precolombinos es común en muchas partes de Costa Rica.
¿Qué ocurre cuando un determinado proyecto, de cierta envergadura, puede tener algún impacto en materia arqueológica? Muy poco, como lo veremos en las líneas que siguen, evidenciando algunas (graves) lagunas en la legislación vigente aplicable, la cual fue adoptada en 1981. El artículo 13 de la Ley 6703 precisa en efecto que: «Artículo 13 – Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas, fueren descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por terceros, los trabajos deberán ser suspendidos de inmediato y los objetos puestos a disposición de la Dirección del Museo Nacional. El Museo Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se organizarán las labores de rescate arqueológico».
Todo proyecto, en particular de cierta envergadura, supone proceder a excavaciones a diferentes profundidades en el suelo. Es muy común encontrar esta afirmación en las decisiones de la SETENA: «El Arqueólogo Alexander Rodríguez Villegas, CI-152-2008, determina que no existen vestigios, ni restos arqueológicos que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto» (en este caso se trataba de la contrucción de un muro de retención de unos 100 metros de longitud, véase resolución de la SETENA 2153-2016, p. 2). En el caso de la ampliación de la represa hidroeléctrica de Brasil, en Santa Ana, se indicó que «La prospección arqueológica en la zona de impacto no evidencia ningun afloramiento o depósito de restos arqueológicos» (véase texto de informe de consultoría, página 4).
En el caso de la represa hidroeléctrica del Reventazón realizada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se hallaron objetos de más de 12.200 años AC, sin que ello significara un rediseño de las obras (véase nota de La Nación del 2015). En el EIA del Proyecto Pailas II del ICE, se lee (véase texto del EIA) que: «Con el propósito de proteger el Patrimonio Nacional Arqueológico el responsable ambiental deberá velar por el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación (prospección, supervisión de movimientos de tierra en casa de máquinas, cercar sitios funerarios en terrenos adquiridos por el ICE, traslado del petroglifo Zapote, charlas de sensibilización a la población) planteadas en este documento. Estas medidas se ejecutarán durante la etapa de construcción del proyecto; en el caso de la prospección deberá realizarse con antelación a cualquier movimiento de tierra ya que de este estudio puede derivarse una evaluación o rescate arqueológico» (p. 31). A inicios del mes de mayo del 2017, se informó del traslado de un petroglifo por parte de los encargados del proyecto Pailas II del ICE (véase nota de La Nación).
La declaración de un perito incluido en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) financiado por la empresa a cargo de un proyecto es un primer paso. El cuido que la empresa a cargo de un proyecto quiera tener con estos vestigios depende del valor que les atribuya. El ICE sí pareciera tenerlo, y sería muy oportuno revisar cuáles son las demás empresas a cargo de proyectos hidroelectricos alertando a las autoridades sobre la presencia de objetos de valor arqueológico en el sitio de su proyecto, en aras de tener una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Sólamente el ICE detecta vestigios arqueológicos al realizar una represa hidroeléctrica en Costa Rica?
Como se puede apreciar de las líneas anteriores, las regulaciones vigentes y el mecanismo previsto se basan en el interés que pueda demostrar el proyectista en lo que encuentra al excavar una zona determinada con su maquinaria:
– si desea proteger vestigios arqueológicos, acude a las autoridades del Museo Nacional de Costa Rica.
– si no desea hacerlo, los sepulta bajo tierra. Puede ser que el ojo atento de algunos de sus operarios brillen al detectar la presencia de objetos antiguos en cada movimiento de tierra: en este caso, es muy posible que los ojos del jefe de la cuadrilla o supervisor brillen aún más que el de sus subalternos.
Resulta claro que, cuando se habla de una zona en la que existen vestigios de alto valor arqueológico de interés mundial, esta regulación resulta a todas luces insuficiente. En zonas con estas características, estas regulaciones debieran ser sustancialmente modificadas, y es probable que la UNESCO se muestre atenta al accionar del Estado costarricense en este preciso ámbito, en particular con relación a las recomendaciones hechas desde el 23 de junio del 2014.
Nótese que el recurrir a las autoridades del Museo Nacional es un buen primer paso. Pero lamentablemente, lleva al proyectista a extraer las piezas consideradas de importancia por el Museo Nacional, dejando todo lo demás para proseguir con su proyecto. La historia del suelo en la que se encontraron estas piezas se borra conforme avanza la excavadora. Precisamente, en una reciente nota sobre el uso del formulario D-1 usado por la SETENA, titulada «¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?«, la arqueóloga Ifigenia Quintanilla concluye su texto advirtiendo que:
«La práctica actual de la arqueología que surge a partir de los D1 se orienta a “liberar” terrenos. La arqueología se convierte en una herramienta técnica para permitir el desarrollo de los proyectos amparada en el criterio del salvamento de los objetos y de la información. Esta tendencia a mediano y largo plazo mostrará un país desprovisto de sitios arqueológicos, con información fragmentaria y a un cúmulo de objetos depositados en las bodegas del Museo Nacional sin posibilidades de ser mostrados ni puestos en valor».
A modo de conclusión
Lo ocurrido el pasado 24 de abril trascendió a la luz pública gracias a una activa vigilancia de una comunidad organizada en Palmar Sur. Pareciera incluso que esta última tiene mayor comprensión que las autoridades sobre el significado y el alcance de los compromisos adquiridos por Costa Rica desde junio del 2014 ante la UNESCO y ante la comunidad internacional como tal.
Las comunidades de la zona, pero también las unidades académicas y los entes especializados, las asociaciones que luchan por la preservación del patrimonio cultural y arqueológico, deben mantenerse vigilantes y denunciar cualquier anomalía en el accionar del Estado costarricense con relación a estas esferas en una zona tan rica desde el punto de vista arqueológico.
Nos inclinamos a pensar que la declaratoria de la UNESCO debió invitar a Costa Rica y a sus diversas instituciones públicas, a replantear algunas cosas en materia de arqueología y de protección a su patrimonio. En el caso de la península de Osa, y mientras se proceda a lo que podríamos denominar una «zonificación del patrimonio arqueológico», se impone una verdadera moratoria regional para megaproyectos que signifiquen la remoción de grandes cantidades de tierra (como la piña y algunos megaproyectos turísticos así como proyectos hidroeléctricos, entre otros) y un reglamento que obligue a cualquier proyecto en Osa a someterse a un riguroso análisis sobre el posible daño al patrimonio arqueológico (con la intervención directa de las autoridades del Museo Nacional de Costa Rica y de unidades académicas independientes).
Estas y algunas otras herramientas, a consensuar con las comunidades de la Zona Sur, permitirían, sin lugar a dudas, resguardar de forma mucho más eficiente este verdadero tesoro declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en el 2014.
DOCUMENTO 1:
Comunicado de Prensa, Museo Nacional de Costa Rica, 24 de abril del 2017
Aclaración pública del Museo Nacional
MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA, 24 DE ABRIL DEL 2017
Con relación al movimiento de esferas arqueológicas que el Museo Nacional intentó realizar la mañana del 24 de abril en la Finca 2-4 de Palmar Sur aclaramos que:
El Museo cuenta en la zona sur con un robusto programa de investigación en conservación a cargo del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural (DPPC). Su énfasis son los cuatro sitios arqueológicos declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco en el 2014. Una de las acciones de protección previstas en la agenda de trabajo de este año es el traslado de las esferas arqueológicas localizadas en la Finca 2-4 de Palmar Sur a la zona de acopio del sitio Museo Finca 6, para su mejor protección y atención especializada.
La reubicación que piensa realizarse es con fines de conservación, investigación y de carácter temporal. Una vez ejecutadas las acciones técnicas necesarias, los restos arqueológicos volverán a su ubicación el Finca 2-4.
El traslado, previsto para hoy 24 de abril, no fue posible realizarlo, por una reacción inmediata de la ciudadanía vigilante de su patrimonio. La alerta pública se expandió mediante las redes sociales y puso en evidencia la falta de comunicación de nuestra Institución ante una comunidad organizada, a la cual felicitamos por demostrar su alto nivel de compromiso en pro de la protección de su legado precolombino.
En el intento de traslado no participó personal técnico debidamente identificado (conservadores y arqueólogos del DPPC); tampoco se divulgó previamente su propuesta de conservación. Esto generó confusión en la comunidad. La Dirección General del Museo Nacional reconoce esta omisión y se disculpa por ella.
Además de disculparnos, el Museo se compromete a no incurrir a futuro en acciones de intervención que no sean de conocimiento previo de las comunidades aledañas a los sitios arqueológicos patrimonio de la humanidad.
Rocío Fernández S., directora MNCR
DOCUMENTO 2:
Comunicado de Prensa, Museo Nacional de Costa Rica, 12 de mayo del 2017
El Museo Nacional y la protección del patrimonio
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de patrimonio nacional arqueológico, el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) ejerce potestades en la protección, investigación y conservación de dicho patrimonio.
El Cantón de Osa tiene registrados por el MNCR cerca de 200 sitios arqueológicos de la época precolombina, de los cuales a la fecha se conocen nueve dentro del área del proyecto de la compañía piñera.
Ninguno de los cuatro sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial se encuentran dentro del área de dicho proyecto, ni se ven afectados de forma directa por el mismo.
En diciembre de 2016, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al proyecto piñero, por considerar que cumplía con los requisitos establecidos; estos incluyen la inspección y dictamen de un arqueólogo independiente (no vinculado al MNCR).
El 31 de marzo 2017, el Museo Nacional envió una nota al ingeniero Marco Arroyo, secretario general de SETENA, solicitando revisar los protocolos vigentes en el caso de proyectos a desarrollarse en un área mayor a los 500m2. Antes de dar la viabilidad ambiental, el MNCR promueve sustituir la inspección vigente por una evaluación arqueológica con el propósito de prevenir cualquier daño del patrimonio arqueológico.
El 09 de mayo el arqueólogo del Museo Nacional Adrián Badilla, así como funcionarios de SETENA, ACOSA-SINAC, Dirección de Aguas y consultores del proyecto, realizaron una nueva inspección del área. De esta visita, el Museo concluye que, debido al potencial arqueológico, debe de hacerse una evaluación al área total del proyecto.
En seguimiento a los cambios sugeridos por el Museo Nacional a SETENA en relación con los protocolos para otorgar permisos para futuros proyectos, el 10 de mayo 2017, la arqueóloga en jefe del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional, Myrna Rojas, hizo una presentación sobre los cambios que promueve el MNCR ante la Comisión Plenaria de SETENA.
En cumplimiento de la Ley 6703, de comprobarse cualquier afectación al patrimonio arqueológico durante el proceso de preparación del terreno y el cultivo de piña en el área del proyecto, el MNCR actuará de inmediato en ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades.
Por lo anterior, el MNCR puntualiza:
Los permisos se otorgaron en apego a los estudios arqueológicos realizados por un consultor independiente, según los requisitos establecidos por SETENA, sin embargo, después de una inspección arqueológica por parte del Museo Nacional, el arqueólogo a cargo por parte de nuestra institución recomienda una evaluación al área total del proyecto.
El Museo Nacional coordina con SETENA la implementación de cambios en los requisitos legales vigentes en materia arqueológica para otorgar permisos a proyectos de gran escala.
El Museo Nacional ejercerá una labor vigilante de protección y rescate del patrimonio arqueológico durante el desarrollo del proyecto piñero. Ninguno de los 4 sitios arqueológicos declarados patrimonio mundial se encuentran en el área del proyecto de la piñera.
Material adicional:
Emisión de radio del programa «El Hormiguero», Radio U, realizado el 5 de mayo del 2017. Invitados: Daniel Villalobos, Erick Morales, Ifigenia Quintanilla, Nicolás Boeglin, disponible aquí
Emisión radial, «Desayunos de Radio Universidad», realizado el 9 de mayo del 2017. Invitados: Mauricio Álvarez, Ifigenia Quintanilla y Bernardo Aguilar, disponible aquí (buscar programa Desayunos del 9 de mayo del 2017).
Emisión radial «Interferencias», realizado el 11 de mayo del 2017, Radio Universidad. Entrevistadas: Ifigenia Quintanilla y Rocío Fernández, disponible aquí.
Foto de una de las 60.000 tumbas bogomilas de la época medieval (que se encuentran dispersas en Bosnia Herzegovina, y parte de la frontera con Croacia, Montenegro y Serbia) conocidas como «Stecci» y propuestas a la UNESCO desde el 2011 para ser inscritas como Patrimonio Cultural de la Humanidad (ver nota). Ver artículo en francés de la UNESCO con ocasión de su declaratoria como patrimonio de la humanidad en el 2016.Jóvenes turistas costarricenses sonrientes pese al calor de medio día, posando entre lápidas bogomilas, en las cercanías de Stolac, Bosnia y Herzegovina, agosto del 2003. Archivo personal.
Artículos de doctrina / Breve selección
BIRAULT Charline, «L’inscription des mégalithes du Sud-Morbihan au Patrimoine mondial de l’UNESCO», 65 páginas. Texto disponible aquí.
DISKO Stefan, TUGENDHAT Helen and GARCÍA-ALIX Lola, «World Heritage Sites and Indigenous Peoples’ Rights: An Introduction», 35 páginas. Texto disponible aquí.
FEIGERLOVA Mónika & MALTAIS Alexandre L., «Obligations Undertaken by States under International Conventions for the Protection of Cultural Rights and the Environment, to What Extent they Constitute a Limitation to Investor’s Rights under Bilateral or Multilateral Investment Treaties and Investment Contracts?» Tésis, IUHEI (Ginebra, Suiza), 55 páginas. Texto disponible aquí.
PRIEUR Michel, «Les conséquences juridiques de l’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO», Revue Juridique de l’Environnement, 2007, Volume 32, pp. 101-112. Texto disponible aquí.
SÁNCHEZ Ana María, «Patrimonio cultural natural. Efectos jurídicos de su declaración». Texto disponible aquí.
SAN MARTIN CALVO Marina, «La acción normativa de la UNESCO y su órganos asesores en el ámbito de la protección de los bienes culturales», 44 páginas. Texto en línea disponible en la red.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
El próximo 6, 7, 14, 21 y 28 de junio de 2017 se estará llevando a cabo el Primero Foro Institucional 2017 “Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia” en el Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).
Para más información, ingrese en el siguiente enlace:
La Encuesta Continua de Empleo (ECE) del primer trimestre de 2017, publicada hace pocos días, revela una importante mejora en la dinámica de creación de empleos. Pese a esto, las desigualdades entre hombres y mujeres, en términos de empleo, se mantienen.
La encuesta del INEC estima que la tasa de desempleo abierto del primer trimestre se ubicó en 9,1%, ligeramente por debajo del valor observado en el mismo periodo de 2016. Este resultado es destacable, principalmente, porque correspondió con una disminución de la población desempleada en cerca de 2 mil personas, así como de la población fuera de la fuerza de trabajo aproximadamente en 8 mil personas. Esto quiere decir que más personas se incorporaron a la fuerza de trabajo y menos se quedaron sin empleo. Sin embargo, esto difiere de lo que venía sucediendo en nuestro país.
Durante cuatro trimestres consecutivos (desde el tercer trimestre de 2015 y hasta el tercer trimestre de 2016) la población fuera de la fuerza de trabajo iba en ascenso. Es decir, en los últimos años hubo un claro comportamiento de salida de trabajadores y trabajadoras del mercado laboral. Personas que al no encontrar un empleo dejaron de buscarlo o que por obligaciones familiares (mujeres principalmente), se vieron obligadas a abandonar su empleo o la búsqueda activa del mismo. Por ello, la ECE revelaba que la cantidad de personas desocupadas disminuía, pero no porque encontraran empleo, sino porque dejaban de buscarlo y por tanto dejaban de ser contabilizadas como desempleadas.
De ahí que entre el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017, hubo un fortalecimiento en la creación de puestos de trabajo que permitió a más costarricenses sumarse al mercado laboral y encontrar un empleo. Esta mejora también benefició a las personas que se encontraban trabajando menos de 40 horas a la semana pero querían trabajar más horas, es decir, a las subempleadas, ya que la tasa de subempleo disminuyó al 6,8%, la más baja desde que se realiza la ECE (2010).
Sin embargo no todas son buenas noticias. Al desagregar, entre hombres y mujeres, las tasas de desempleo y subempleo mencionadas, se observan las profundas desigualdades de género una vez más, sin que las mejoras en el mercado laboral tiendan a reducir esas brechas. La tasa de desempleo entre las mujeres fue de 11%, mientras que entre los hombres fue de 7,8%.
En términos absolutos, en el último año, el total de hombres desempleados disminuyó en casi cuatro mil, mientras que las mujeres desempleadas aumentaron en cerca de mil quinientas en el mismo periodo. Más aún, la cantidad de hombres fuera de la fuerza de trabajo disminuyó en catorce mil, mientras que la cantidad de mujeres en esta misma condición aumentó en seis mil. Esto quiere decir que la dinámica de creación de empleos está beneficiando principalmente a hombres, ya que sigue habiendo una salida sistemática de mujeres del mercado laboral.
Hay que reconocer, pese a este lamentable hecho, que en el primer trimestre de 2017 hubo una contención en la salida de mujeres de la fuerza de trabajo, ya que un año atrás, el resultado fue más dramático (cuando alrededor de 30 mil mujeres se salieron del mercado laboral).
Otro dato importante que revela la ECE es que si bien el subempleo disminuyó, al desagregarlo entre hombres y mujeres se observa esta misma asimetría: la tasa en hombres es de 5,4%, mientras en mujeres fue 9,1%. Esta desigualdad tiene una estrecha relación con que el ingreso promedio mensual de los hombres ronda los 478 mil colones, y el de las mujeres, 435 mil colones.
Lo anterior puede explicarse por el hecho de que son principalmente las mujeres quienes realizan los trabajos no remunerados, como el cuidado de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, motivo por el cual suelen desarrollar actividades a tiempo parcial y de baja remuneración, lo que afecta directamente su nivel de ingresos.
Es muy importante desagregar la información económica a la hora de diseñar e implementar políticas públicas, ya que como se observó, detrás de un indicador general se esconden importantes desigualdades, en este caso se analizaron las de género, sin embargo, también muchas otras se hacen visibles si se desagregan los datos por grupos de edad, por zona y por región de planificación. Las realidades que viven los diferentes grupos de personas muchas veces distan de la que muestra un indicador general.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.infonews.com
Cabe la pregunta pues el texto aprobado por el TSE para la recolección de firmas el pasado 30 de enero del 2017, desdeñó lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política, recogido en el artículo 2 de la Ley “Regulación del Referéndum”, que en su párrafo primero dice:
“De conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política, no podrán someterse a referéndum proyectos de ley sobre materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa”.
Pese a la claridad de lo determinado, el texto del proyecto de ley nacido en las curules del Movimiento Libertario, contiene una serie de normas de materia tributaria y fiscal, como las que determinan cambios en el impuesto único a los combustibles, variaciones en exoneraciones legales (¡materia fiscal!), modificación a exenciones propias del Código de Procedimientos Tributarios, nuevos procedimientos expropiatorios y servidumbres forzosas sobre terrenos privados, por simple decreto ejecutivo, y, pese a que la Sala Constitucional había resuelto que los derechos fundamentales constituyen un límite a la materia de referendo, la materia de expropiaciones y servidumbres forzosas que se haría vía decreto ejecutivo, constituye una delegación inconstitucional al Poder Ejecutivo.
Los puntos anteriores, y otros, fueron planteados en recurso de amparo acogido el 28 de abril por la Sala Constitucional, presentado por representante de la Cámara de Empresarios de Combustibles contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), expediente Nº 17-006294-0007-CO, y debieron de ser respondidos por el TSE la semana pasada.
Cualquiera que hubiere sido la justificación del TSE para haberse saltado algo tan fundamental, casi podríamos estar seguros de que los argumentos emitidos por recurrentes, serán determinantes para un fallo favorable al recurso de amparo.
