Un comunicado de un grupo de docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica expresa, mediante un comunicado, varias dudas acerca del Proyecto de Extinción de Dominio que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 19571. Entre otras conclusiones, señala que el proyecto: “pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal”.
El escrito, redactado por la profesora de esa maestría doctora Patricia Vargas González, señala en sus conclusiones:
“El proyecto de extinción de dominio que se tramita bajo el expediente N° 19.571 (en su texto actualizado al 8 de febrero de 2017), pretende desvincular la decisión que se adopte sobre el patrimonio criminal del procedimiento penal. A pesar de las buenas intenciones, se trata de una iniciativa problemática pues conserva su carácter penal y este inconveniente no se supera con un simple cambio de etiquetas. Su característica principal es el ejercicio del poder de imperio del Estado, lo que en Costa Rica excluye, al menos en el plano del deber ser, cualquier pretensión de regularlas ignorando los principios, derechos y garantías que se prevén en el ámbito de lo punitivo.
No se desconocen las dificultades que enfrenta el Estado cada vez que debe demostrar el vínculo entre los bienes cuya incautación pretende y una determinada actividad delictiva. Sin embargo, en ningún caso la parte acusadora debe resultar exenta de su deber de demostrar la comisión de actividades criminales, sobre todo las que se han realizado durante largos periodos. Tampoco el responsable debe ser favorecido con no ser sancionado penalmente por cometer esas actividades delictivas, bajo el entendido de que solo experimentará la pérdida de su patrimonio.
En síntesis, la respuesta no debe implicar crear vías de recuperación de activos al margen del proceso penal, exentas de todos los derechos y garantías asociados a este. Al contrario, se deben hacer las reformas dentro de este proceso, dotando al Estado de las herramientas para acabar con las riquezas de la criminalidad y, a la vez, permitiendo que la ciudadanía que pueda ser afectada esté en plenas condiciones de ejercer sus derechos. Contrario a lo que se ha asumido por muchos, el procedimiento penal no un obstáculo para la recuperación de los bienes de la criminalidad, todo lo contrario, es un instrumento que podría usarse con ese propósito siempre y cuando sea remozado”.
El comunicado de respaldo al escrito de la docente Patricia Vargas González es suscrito en un comunicado por los profesores Dr. Francisco Castillo González (Profesor Emérito); Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano Facultad de Derecho; Dr. Erick Gatgens Gómez, Vicedecano Facultad de Derecho; Msc. José Manuel Arroyo Gutiérrez; Dr. Álvaro Burgos Mata; Dr. Gustavo Chan Mora; Msc. Rosaura Chinchilla Calderón; Msc. Rosaura García Aguilar; Dr. Javier Llobet Rodríguez; Dr. Roy Murillo Rodríguez; Dr. Manuel Salas Rojas; y Dr. Carlos Tiffer Sotomayor.
En el siguiente enlace puede conocer el documento completo del comunicado:
El Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPP) y el Programa de Investigación en Violencia y Sociedad (PIVS), invitan el III Simposio Internacional Violencia y Sociedad, que se realizará del 20 al 23 de junio del año en curso en las sedes de Guanacaste, Pacífico, Caribe y Rodrigo Facio y se tendrá invitados internacionales.
San José Costa Rica, en el año de mil novecientos noventa y siete.
La Cocota
Por, Carlos Arturo Meneses Reyes.
Desde San José Costa Rica, última década del siglo XX.
Desde antes de arribar a este acogedor país centroamericano, tenía conocimiento que su formidable flora contenía el originario árbol del apetecido fruto. En alguna ocasión conversando con el fallecido escritor y periodista Don Ciro Osorio en su casa de habitación en la ciudad de Barranquilla, me contaba sobre la genial iniciativa de un trotamundos vate ocañero llamado SANTIAGO RIZO RODRÍGUEZ, quien hacia parte del grupo literario Los felibres y cuyo nombre artístico era EDMUNDO VELÁSQUEZ y así conocido en el ambiente cultural y poético. EDMUNDO VELÁSQUEZ, de rancia familia ocañera, nació en la ciudad de Nueva York el 22 de mayo de 1881 y falleció en San José de Costa Rica el 11 de diciembre de 1954.Difícil seguir el itinerario de su vida. Transcurriendo el año de 1910 decide enviar desde Costa Rica- vía marítima – a sus tías solteronas en Ocaña, unos pequeños palos de jocote con sus ramitas. Luego de publicar un libro de poemas: Psiquis, en Madrid, en 1913, lo cual demuestra lo inestable de su asiento, radicase unos años en Ocaña. Referencias indican que nuevamente residenciado en Costa Rica, en 1936, unió en nupcias con Carlota Brenes Arguello, artista y poetisa costarricense, que tomó el seudónimo de BLANCA MILANES, en fiel consonancia con la admiración que profesaba al escritor y poeta ocañero, Adolfo Milanés o Euquerio Amaya R.
Edmundo Velásquez, con quien podía-generalmente familiares- enviaba palitos de jocote. La suerte le sonrió pues el prodigioso fruto “prendió”, en las solariegas huertas del centro de Ocaña. Lo curioso es que, en otras regiones de Colombia, ni aun de la Provincia de Ocaña, se da. Solo en su casco urbano. Por eso es que los ocañeros nos hemos apropiado del Jocote. Allá la tenemos como una fruta 100% ocañera y símbolo en esa región. De mi parte sabia, antes de radicarme en este país, que en las calles de San José se vendía prolíferamente; conforme me lo relató el Dr. Jorge Arturo Portilla Álvarez. Pues, ciertamente, allá (Ocaña), el Jocote se conoce con el nombre de Cocota, de cosecha anual. Coincide para la época de acentuadas lluvias, entre los meses de agosto a octubre.
Ocaña es región de humedad relativa cercana al 80%. El grado de humedad del solar colonial o huerta ocañero contribuyó a su hábitat. El desarrollo urbanístico de la ciudad con la subsiguiente escasez de solares afectó el número de cocotos sembrados, a finales de los años de mil novecientos ochenta. Algunos inquietos explicaban, igualmente, que la canalización de aguas, las extensiones de redes de alcantarillados limitaban la disponibilidad de terrenos con el humus adecuado para la proliferación de árboles cocotos. En una Feria Científica de los Colegios, en Ocaña, ingeniosos estudiantes expusieron la extracción de productos del Jocote o Cocota tales como alcoholes, papel-cartón etc.
Anexo la referencia científica extractada del libro FRUTICULTURA TROPICAL, del Lic. José María Arias Rodríguez y publicado por la editorial Costa Rica:
Árbol de la familia de las anacardiáceas. Entre las variedades conocidas hay tres que se cultivan con relativa importancia, el jocote de fruta grande de tres a cuatro centímetros, de color amarillo rojizo cuando madura con cinco protuberancias en el extremo. Por lo que es llamado jocote de corona; otra variedad se llama ciruela, árbol de mediano tamaño, de fruto menor que el anterior, de color rojizo, con pulpa un poco ácida, pero bastante agradable; otra variedad es el sismoyo, similar al anterior, pero el fruto es de un color amarillo intenso con pulpa agridulce muy agradable. El jocote desarrolla árboles grandes de copa amplia debido al sistema de ramificación.
Las otras variedades mencionadas son generalmente de menor tamaño; la corteza de todas es rugosa y áspera, la madera es muy quebradiza. Se reproduce únicamente en forma vegetativa. Las semillas son estériles y salvo en casos muy raros aparece una semilla fértil que logra germinar. Este es un ejemplo en que la continua y prolongada reproducción vegetativa atrofió las condiciones germinativas de la semilla. Para el pueblo tienen más importancia los servicios que prestan los jocotes como soporte en las cercas, que la producción de frutas. Sus hojas son perseguidas por el ganado. A los brotes con hojas nuevas se les atribuye propiedades alimenticias.”
Complementaría destacando que para la época del año reseñada la fruta es totalmente comercializada, no solo en ventas callejeras sino también en supermercados.
«Es una especie de ciruela enorme que tiene sabor a lluvias, a tarde y a solar, su color nos empieza a hacer falta desde finales de agosto; chorros de rojo y ocre en ávidos labios, sol de verano con aguacero» (Casadiegos Benjamìn, «La Cocota»). Escritor ocañero. –
Santiago Rizo Rodríguez, quien como anteriormente se indica fue el primero en traer la cocota a nuestra región, envió por correo (fluvial) tres palitos del árbol, esto aconteció entre los años de 1908 y 1910. La casa donde se sembró el primer cocoto fue en la Casa del general Rodríguez ubicada en la carrera 13 N0. 11-29, propiedad de Don René Cure, de don Miguel Esper y actualmente, de don Carlos H. Carvajalino.
Nota del Administrador (de Café Cocota):
Liliana Ascanio nos ha enviado una breve historia de la cocota, fruta típica de nuestra tierra (a quien debe el nombre esta página web) y uno de los aspectos más representativos de toda nuestra región, entre muchos otros, que hacen de Ocaña y su provincia un lugar inolvidable. Desafortunadamente la información disponible sobre esta exquisita fruta es muy escasa, por lo cual agradeceríamos cualquier aporte adicional a este Texto.
Es justo decir, que la Cocota no proviene de Ocaña, pero sus características y su importante participación en la idiosincrasia y tradición Ocañera, hacen que sea hoy por hoy una fruta que los Ocañeros nos hemos apropiado, para hacerla como dice la introducción de este artículo «Una fruta 100% Ocañera».
Ante el anuncio hecho por el Presidente Donald Trump de proceder a «retirar» a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático adoptado en diciembre del 2015 (véase texto del acuerdo, versión en español), varios Estados de América Latina han reaccionado mediante comunicados de prensa. Se trata de documentos oficiales en los cuales los Estados de la región latinoamericana externan, cada uno a su manera, su preocupación al respecto.
Cabe recordar que el Convenio suscrito en París en diciembre del 2015 fue ratificado en el siguiente orden en la región latinoamericana, iniciado por Perú (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales) y concluido por El Salvador hace pocos meses:
– Perú (julio del 2016);
– Argentina, Brasil, Honduras, México y Panamá (setiembre del 2016);
– Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay (octubre del 2016);
– Cuba (diciembre del 2016);
– Guatemala (enero del 2017), cerrándose la lista con Chile (febrero del 2017) y El Salvador (marzo del 2017).
La ratificación de Perú (25 de julio del 2016) se contabilizó a nivel global como la número 21, mientras que la de Costa Rica (14 de octubre del 2016) se registró como la ratificación número 79 (véase breve nota nuestra al respecto). Para completar el panorama regional, en el hemisferio americano, los primeros Estados en ratificar este instrumento fueron Belice, Granada, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucia (22 de abril del 2016), un dato usualmente pasado por alto.
Los Estados que se manifiestan y los demás Estados de América Latina
La discusión entre los colaboradores del Presidente Donald Trump se dio a conocer hace varias semanas (véase por ejemplo nota de El Pais). La decisión del Presidente de Estados Unidos fue objeto de una amplia cobertura mediática desde su anuncio. No obstante, no todos los Estados se han manifestado, al menos a la hora de redactar estas breves líneas (2 de junio del 2017): en América Latina, entre los Estados omisos, se contabilizan a Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay. Se trata de Estados Partes a este convenio multirateral. Dicha omisión es confirmada al consultar los sitios oficiales de sus respectivos aparatos diplomáticos. En el caso de Panamá, la omisión es una, sin serla del todo: veremos que el texto circulado constituye, sin lugar a dudas, un interesante caso en el que el arte de expresarse sin manifestarse sale a relucir.
En el caso de Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana y Venezuela, al haber firmado pero no ser Estados Partes (ausencia de ratificación), resulta entendible que ninguno de ellos se haya manifestado. No obstante, como lo veremos a continuación, Ecuador sí ha procedido a hacerle ver a Estados Unidos su parecer.
Con respecto a Nicaragua, que ni tan siquiera ha firmado el convenio de París (único caso en América Latina), la ausencia de manifestación es de igual manera entendible.
Cabe recordar que en la actualidad, este instrumento ha sido firmado por 195 Estados, y ratificado por 148 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). La última ratificación registrada es la de Rumanía (1ero de junio del 2017).
Foto extraída de nota de prensa de DW.
Las diversas formas de expresión de pesar de los Estados
Los Estados, al igual que los individuos, expresan su malestar de muy diversas maneras: mientras que unos lamentan la decisión y externan su profunda decepción en sus comunicados oficiales (Argentina, Brasil, Ecuador y Chile), otros optan por formas y expresiones más neutras (Costa Rica), al tiempo que algunos evitan valorar o emitir juicio alguno sobre la decisión anunciada por el Presidente de Estados Unidos: es el caso de México.
Mientras que algunos Estados dan por un hecho que se trata de una denuncia del acuerdo de París, otros, como Brasil, sugieren más bien que se trata de un retiro provisional para reintegrarse a dicho tratado. Al constituirse el cambio climático en una «amenaza existencial» para los Estados isleños del CARICOM, era previsible una reacción conjunta (y solidaria) de los Estados anglófonos situados en esa precisa parte del hemisferio americano.
Recientes denuncias de tratados multilaterales en materia ambiental
De proceder a una denuncia (prevista en el artículo 28 del mismo Acuerdo de París), Estados Unidos se convertiría en el primer Estado Parte a dicha convención en acudir a esta figura, que prevé el derecho de los tratados y consagrada como tal en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados. En cambio, no sería la primera vez que un tratado en materia ambiental es objeto de una denuncia. Para citar un ejemplo reciente, el 15 diciembre del 2011, Canadá procedió a denunciar el Protocolo de Kioto adoptado en 1997: la solicitud fue inmediatamente notificada (véase carta oficial) a los demás Estados Partes por el depositario (véase nota al respecto). La peculiar visión (un tanto estrecha) de los problemas globales del Primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) explica que en la casilla correspondiente al mismo Canadá, se lea, con relación esta vez a la Convención para la lucha contra la Desertificación de Naciones Unidas de 1995 que:
«the Government of Canada had notified the Secretary-General of its decision to withdraw from the Convention. The withdrawal took effect on 28 March 2014. On 21 December 2016, Canada deposited with the Secretary-General an instrument of accession to the Convention» (véase cuadro oficial nota 4).
Ante la ausencia de notificación formal a Naciones Unidas dada a conocer al momento de redactar estas líneas, resulta prudente esperar a conocer el detalle exacto de lo que se solicitará al depositario de dicho instrumento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el pasado, los funcionarios de esta entidad se han mostrado particularmente creativos con, por ejemplo, el «retiro de la firma» («unsignature») acaecido en el 2002 del Estatuto de Roma adoptado en 1998 estableciendo la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto nuestra nota publicada por la SLADI con relación a esta inédita actitud de los Estados Unidos.
Nótese que el artículo 28 del Acuerdo de París precisa que hay un plazo de tres años antes del cual no hay manera de proceder a denunciar el acuerdo por parte de un Estado. El texto se lee así:
«1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte».
Ello significa que antes del 5 de noviembre del 2019, no hay denuncia posible. Aunado a este primer plazo, hay otro de un año adicional que estipula el inciso 2 del mismo artículo: «2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación».
Estamos por lo tanto ante una denuncia que surtiría efectos el 5 de noviembre del 2020. Este plazo de cuatro años explica que es muy posible que el Departamento de Estado de Estados Unidos esté en estos momentos ideando otra opción jurídica, distinta a la denuncia: su Presidente es un hombre apurado.
El contenido de las reacciones de los Estados de América Latina
Como se detallará muy brevemente en las líneas que siguen (en cada nota de pie de página se reproduce el texto integral del comunicado de prensa de cada Estado), cada Estado escoge la extensión y el contenido de su texto, así como el tono a usar. Algunos textos son largos, otros mucho más cortos. Nos limitaremos a reproducir únicamente la parte en la que se externa la preocupación o malestar causados.
Para Argentina (Nota 1), se lee que:
«El Gobierno argentino lamenta profundamente la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de Paris. Dicha decisión tiene impacto no solamente en la efectividad de dicho Acuerdo como instrumento de respuesta a la amenaza global del cambio climático sino también en el espíritu de solidaridad y cooperación demostrado por las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático».
Por otro lado, para Perú, primer Estado en haber procedido a ratificar este instrumento multilateral en América Latina, se lee (Nota 2) que:
«El Gobierno del Perú recibe con preocupación y decepción el anuncio efectuado en la fecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático.
El histórico Acuerdo de París, adoptado en el marco de la COP21 en diciembre de 2015 y ratificado hasta la fecha por 147 países, siendo el Perú el primer país de Latinoamérica en ratificarlo, se obtuvo luego de una intensa y compleja negociación multilateral, proceso en el cual el Perú ejerció un liderazgo al presidir la COP 20 de Lima, donde se sentaron las bases del acuerdo con la aprobación del “Llamado de Lima para la Acción Climática”.
Para Costa Rica (Nota 3), Estado que procedió a depositar el instrumento de ratificación el 14 de octubre del 2016, después de Perú, Honduras, Argentina, Brasil, Panamá, México y Bolivia (véase breve nota nuestra al respecto), leemos que:
«El Gobierno de Costa Rica lamenta que la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París pueda significar un retroceso en materia climática al desconocer sus responsabilidades como uno de los principales emisores del globo».
En el caso de Brasil (Nota 4), un comunicado conjunto de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente señala que:
«O governo brasileiro recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio no dia de hoje, 1° de junho, de que o governo norte-americano pretende retirar-se do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e «renegociar» sua reentrada. Preocupa-nos o impacto negativo de tal decisão no diálogo e cooperação multilaterais para o enfrentamento de desafios globais».
La misma modalidad dual se lee en el caso de México (Nota 5), cuyo comunicado circulado por la Secretaría de Relaciones Exteriores omite lamentar o expresar decepción alguna con Estados Unidos, reafirmando los compromisos asumidos por México en este instrumento multilateral adoptado en París en el 2015.
En el caso de Chile (Nota 6), se lee que:
«El gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción por la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático. El Acuerdo de París es uno de los más importantes logros de la comunidad internacional. Es un marco de acción para hacer frente al cambio climático en el siglo XXI. En este sentido su implementación es fundamental para el bienestar de las presentes y futuras generaciones».
Al caer la tarde de este viernes 2 de junio en San Salvador, leemos por parte de El Salvador (Nota 7) que:
«El Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación frente al retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París.
Las investigaciones científicas en materia de medio ambiente evidencian que nuestro país, junto al resto de Centro América, están entre las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático, situación que se ha ido manifestando con más fuerza en los recientes años».
En el caso de Ecuador (Nota 8), quién no es Estado Parte, se leyó, también al bajar el sol de un laborioso viernes 2 de junio, que:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a nombre del pueblo y gobierno del Ecuador, lamenta el anuncio realizado por los Estados Unidos de América de retirarse del Acuerdo de París acordado en 2015 bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992» /…/ «La decisión de retiro de los EEUU y una posible renegociación unilateral, representa una clara amenaza para el multilateralismo, los derechos de la naturaleza y la capacidad del Ecuador y de los países en desarrollo de contribuir de manera efectiva a la lucha contra esta amenaza global».
Como se puede apreciar en el caso de Ecuador, el no ser Estado Parte al acuerdo no inhibe en lo más mínimo a sus autoridades a lamentar el anuncio de retirarse del mismo por parte de Estados Unidos. Savo error de nuestra parte, es el único Estado no Parte en haberse manifestado oficialmente mediante un comunicado de su diplomacia.
En el caso de Panamá, se cuenta con un texto de interés un tanto peculiar, al no mencionar ni en su título, ni en su contenido ninguna alusión a Estados Unidos. El escueto texto de dos párrafos permite no obstante ejemplificar las técnicas originales a las que a veces los Estados pueden recurrir para expresarse sin tomar posición alguna. Dejamos al lector descubrir él mismo si estamos ante una huella sin rastro o ante un rastro sin huella… El texto del comunicado de Panamá se lee (texto integral) de la siguiente manera:
«Panamá reitera su compromiso para mitigar efectos del Cambio Climático Creado: 02 Junio 2017 comunicado
El Gobierno de la República de Panamá recalca la importancia del acuerdo de París, producto de un arduo trabajo de 196 países, que luego de más de 23 años, logró un consenso en cuanto a la mitigación del cambio climático. Este esfuerzo multilateral debe continuar con firmeza para asegurar los resultados.
Panamá más que nunca reafirma su compromiso de fortalecer las acciones en esta dirección y continuar liderando iniciativas locales y regionales como el Centro Internacional de Implementación de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque REDD+ (ICIREDD)».
Tal y como se puede apreciar, el tono y contenido del comunicado de cada Estado varía en función de diversos parámetros, y la comparación de cada uno de los textos exhibe diferencias sustanciales que dejamos descubrir a cada uno de nuestros estimables lectores.
Breve balance de la región
Para algunos observadores, la posición del Presidente de Estados Unidos es poco seria: «Thus the reasons offered by President Trump for withdrawing the US from the Paris Agreement are truly baffling. One can only assume that yet again the international climate regime is being held hostage to the vicissitudes of domestic politics in the US» (véase artículo de la profesora Lavanya Rajamani (India) titulado «Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement» publicado en EJIL-Talk).
No obstante, al haberse demostrado en meses recientes que la poca seriedad no constituye limitante alguna al accionar del Presidente de Estados Unidos, las reacciones se han multiplicado. En el caso de América Latina, ocho reacciones oficiales a este insólito anuncio del Presidente Donald Trump de catorce posibles es un primer buen inicio. Al contarse entre estas a las de Argentina, Brasil y México, así como las de Perú, Chile y Ecuador en la región andina y las voces de Costa Rica y de El Salvador en Centroamérica, el balance es positivo. Ojalá no obstante que el movimiento se expanda con mucha mayor determinación: cabe recordar que una de las regiones más vulnerables del mundo al cambio climático es Centroamérica y que el impacto en el Caribe y en las costas de América Latina será innegable (véase informe del 2008 del PNUMA sobre impacto en los Estados del CARICOM así como reciente estudio de la CEPAL).
Nótese que los Estados del CARICOM, cuya coordinación suele ser ejemplar en muchos casos, reaccionaron de manera inmediata con un comunicado conjunto de sus quince Estados miembros (Nota 9) precisando que: «The Caribbean Community (CARICOM) is therefore deeply dismayed and disappointed by the decision of the United States to withdraw from the Agreement. For us Climate Change is an existential threat. As members of a Community of Small-Island and Low-Lying Coastal Developing States (SIDS), the reality of climate change is making itself manifest to us, especially given that our Region is the most prone to natural disasters globally».
Como indicado, al momento de redactar esta breve nota, no se ha tenido conocimiento de algún documento formal de Estados Unidos para saber con exactitud si se trata de denunciar este tratado, como lo asumen algunos Estados, o bien de pedir un retiro provisional en aras de reintegrarse al convenio.
El anunciar esta decisión en aras de medir el tipo de reacción que provoca fuera (y también dentro) de Estados Unidos podría también formar parte de la estrategia del nuevo (y ocurrente) ocupante de la Casa Blanca: el escoger el inicio del mes del ambiente (junio) para ello podría confirmar esta estrategia.
A modo de conclusión
Más allá del estilo tan peculiar de anunciar o hacer cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estrictamente jurídico, la prohibición expresa de hacer reservas a este tratado como tal (véase artículo 27 del Acuerdo de París) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Técnicamente, en caso de persistir el Presidente Donald Trump, Estados Unidos deberá proceder a denunciar el tratado, o bien presentar una inédita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de París como sus Estados Partes, así como también los especialistas en derecho internacional.
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Nota 1: El texto del comunicado de Argentina se lee así: «01 Junio 2017 Información para la Prensa N°: 216/17
«El Gobierno argentino lamenta profundamente la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de Paris. Dicha decisión tiene impacto no solamente en la efectividad de dicho Acuerdo como instrumento de respuesta a la amenaza global del cambio climático sino también en el espíritu de solidaridad y cooperación demostrado por las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático durante las negociaciones que llevaron a la adopción y posterior ratificación casi universal del Acuerdo de Paris.
Argentina mantiene firme su compromiso con el Acuerdo de Paris y continuará participando activamente junto a los demás Estados Parte en el proceso preparatorio para la 23° Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención con miras a obtener allí avances concretos en la aplicación del Acuerdo de Paris.
El cambio climático es un problema gravísimo y transversal con impactos económicos y sociales, y que demanda la acción urgente y unificada de la sociedad civil y de la administración nacional. Por ello el gobierno argentino reafirma la voluntad de continuar trabajando en la implementación de la contribución nacionalmente determinada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático de la Argentina en el ámbito del Gabinete Nacional de Cambio Climático».
Nota 2: El texto del comunicado de Perú se lee como sigue: «El Gobierno del Perú recibe con preocupación y decepción el anuncio efectuado en la fecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático.
El histórico Acuerdo de París, adoptado en el marco de la COP21 en diciembre de 2015 y ratificado hasta la fecha por 147 países, siendo el Perú el primer país de Latinoamérica en ratificarlo, se obtuvo luego de una intensa y compleja negociación multilateral, proceso en el cual el Perú ejerció un liderazgo al presidir la COP 20 de Lima, donde se sentaron las bases del acuerdo con la aprobación del “Llamado de Lima para la Acción Climática”.
El Gobierno del Perú reitera su firme compromiso con los objetivos del Acuerdo de París y su implementación, orientados hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y hacia la integración de la adaptación climática a las políticas de desarrollo sostenible, en un marco de provisión de financiamiento, tecnología y capacitación en favor de los países en desarrollo y los que tienen vulnerabilidades especiales frente a los efectos del cambio climático.
Para un país como el Perú, afectado por la intensidad y variabilidad de los patrones climáticos asociados al Fenómeno de El Niño, la adopción de medidas eficaces para la adaptación al cambio climático, en línea con la ejecución de nuestros compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, refuerza la convicción de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las obligaciones de este importante instrumento internacional, a fin de generar un desarrollo sostenible, en favor de las futuras generaciones».
Nota 3: El comunicado de prensa de Costa Rica se lee como sigue:
«Costa Rica aboga por incrementar y acelerar los compromisos climáticos frente a decisión de EE.UU de salirse del Acuerdo de París PUBLICADO EL 01/06/2017 06:36 PM
El Gobierno de Costa Rica lamenta que la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París pueda significar un retroceso en materia climática al desconocer sus responsabilidades como uno de los principales emisores del globo.
Para nuestro país, este hecho, lejos de impedir un avance en la materia, deberá ayudar a profundizar y acelerar el trabajo que están realizando el resto de los Estados en vías al alcance de objetivos y compromisos nacionales más ambiciosos, permitiendo alcanzar la meta que evite que la elevación de la temperatura del planeta sobrepase los 1,5°C.
La realidad del cambio climático está basada en una evidencia científica contundente y sus efectos son visibles y hasta catastróficos, particularmente en los países más vulnerables e, incluso, dentro del mismo territorio de los Estados Unidos de América. Esto significa que todos los países debemos elevar el nivel de ambición en plazos más cortos que lo acordado en París. Para esto, debemos seguir trabajando con la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos subnacionales, incluyendo a aquellos Estados de los Estados Unidos de América que están anuentes a aumentar los niveles de ambición en materia climática.
A su vez, será necesario redoblar los esfuerzos en temas como el del financiamiento climático, que apoye a los países más vulnerables y con menos recursos para atender sus necesidades y compromisos de reducción de emisiones y adaptación.
Por su parte, Costa Rica seguirá trabajando fuerte con otros países aliados, como lo ha venido haciendo en foros globales y regionales y aquellas instancias de la que forma parte, como es el caso de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) y el Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF, por sus siglas en inglés); además de seguir avanzando en la iniciativa de convertirse en un laboratorio de descarbonización con el apoyo de gobiernos amigos.
“Costa Rica exige el cumplimiento integral de los Acuerdos de París como compromiso con el futuro de nuestra especie. Ratifico nuestra voluntad inquebrantable en la acción mundial contra el cambio climático”, afirmó el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís. El país reafirma igualmente su aspiración de orientar su economía hacia la Carbono Neutralidad para el año 2021, como parte de sus acciones voluntarias pre-2020, y su compromiso de 1.73 toneladas C02e per cápita al 2030, como parte de su Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que busca lograr la descarbonización profunda y convertirnos en un país con emisiones netas cero.
Esto es consistente con la meta del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzo para limitar ese aumento a 1.5°C, la cual seguiremos defendiendo en las negociaciones climáticas e impulsando a lo interno con nuestras políticas y acciones.
Costa Rica, fiel a su fuerte compromiso y alta ambición en el proceso de implementación del Acuerdo de París, reitera la necesidad de que todas las partes del Acuerdo permanezcan firmes en sus compromisos y que juntos trabajemos por alcanzar los objetivos que acordamos en la COP 21 y que sumaron tantos esfuerzos y una decidida voluntad política por parte de los principales emisores y los países más vulnerables al cambio climático».
Nota 4: El comunicado de Brasil se lee de la siguiente forma:
Nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Meio Ambiente
Mudança do Clima
O governo brasileiro recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio no dia de hoje, 1° de junho, de que o governo norte-americano pretende retirar-se do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e «renegociar» sua reentrada. Preocupa-nos o impacto negativo de tal decisão no diálogo e cooperação multilaterais para o enfrentamento de desafios globais.
O Brasil continua comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a implementação do Acordo de Paris. O combate à mudança do clima é processo irreversível, inadiável e compatível com o crescimento econômico, em que se vislumbram oportunidades para promover o desenvolvimento sustentável e para novos ganhos em setores de vanguarda tecnológica. O governo brasileiro continua disposto a trabalhar com todos os Países Partes do Acordo e outros atores na promoção do desenvolvimento sustentável, com baixas emissões de gases de efeito estufa e resiliente aos efeitos adversos da mudança do clima.
O Acordo de Paris estabelece o arcabouço para que as Partes apresentem esforços nacionais refletindo as responsabilidades e capacidades de cada um. O Acordo dá margem para que cada país defina medidas e políticas para regular a emissão de gases de efeito estufa, da forma que melhor atenda a suas circunstâncias domésticas, conciliando o crescimento econômico com a defesa do meio ambiente.
Nota 5: En el caso de México, se lee que:
México reafirma su apoyo y compromiso con el Acuerdo de París para detener los efectos del Cambio Climático Global
Comunicado conjunto SRE-SEMARNAT.- Frente al anuncio del día de hoy del Gobierno de los Estados Unidos de denunciar el Acuerdo de París, el Gobierno de México expresa lo siguiente:
COMUNICADO
México reafirma su apoyo y compromiso con el Acuerdo de París para detener los efectos del Cambio Climático Global Autor Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha de publicación 01 de junio de 2017
México reitera su apoyo irrestricto al Acuerdo de París, y continuará implementando las metas establecidas en su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (NDC), e implementando su Estrategia Nacional de Cambio Climático.
El cambio climático global es un hecho incontrovertible, basado en evidencia científica. Contrarrestarlo exige la cooperación de todos los países, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
El Acuerdo de París contiene los compromisos concretos de todos los países para hacer frente al cambio climático y el calentamiento global. Es un acuerdo que fue negociado a lo largo de cinco años. Es uno de los grandes éxitos de la cooperación multilateral de este siglo. La ratificación de este tratado internacional por parte de la mayoría de los Estados, incluyendo a los grandes emisores, en tiempo récord, reflejó la voluntad compartida de actuar con urgencia, y lograr la meta fijada, que es evitar un calentamiento global superior a 1.5 grados centígrados.
El Acuerdo de París es uno de los pilares más importantes para lograr un mundo más estable, próspero, justo y sustentable. La acción global concertada, a través de este Acuerdo, es la única vía para responder al reto que representa el calentamiento global. Es imperativo mantener la unidad de toda la comunidad internacional frente al problema.
México se distinguió como uno de los principales líderes en la negociación del Acuerdo de París. Continuaremos fomentando la cooperación internacional, sin restricciones, para que el Acuerdo se aplique en su totalidad.
Mantener nuestro compromiso con el Acuerdo no sólo es una demanda de nuestra sociedad, sino que es indispensable para avanzar hacia una economía más sustentable, competitiva y resiliente.
Las acciones para frenar el cambio climático son un imperativo moral, porque se las debemos a las futuras generaciones. Son acciones socialmente necesarias, porque responden al interés inmediato de nuestras sociedades, y son económicamente viables, porque fomentan nuevas tecnologías que generan desarrollo y bienestar en nuestros países.
Nota 6: El comunicado de Chile tiene el siguiente contenido:
«Declaración sobre el retiro de Estados Unidos del acuerdo de París:
El gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción por la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático.
El Acuerdo de París es uno de los más importantes logros de la comunidad internacional. Es un marco de acción para hacer frente al cambio climático en el siglo XXI. En este sentido su implementación es fundamental para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.
Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. En los últimos años, hemos sido afectados por inundaciones e incendios devastadores, asociados con las variaciones climáticas. A ello se suman procesos de larga duración, pero no por ello menos graves, como el largo ciclo de sequía y acidificación del océano.
El Acuerdo de París fue promulgado por la Presidenta Bachelet el 24 de abril y es ley de la República desde el 23 de mayo pasado cuando fue publicado en el Diario Oficial.
En virtud de ello, Chile ha presentado compromisos concretos de reducción de emisiones y de aumento de la capacidad adaptativa de nuestros territorios. En materia de mitigación, la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Chile consiste en la reducción de un 30% por unidad de PIB al 2030 con esfuerzos propios, y hasta un 45% con ayuda internacional.
El gobierno de Chile seguirá trabajando en la consolidación de alianzas internacionales para la construcción de un mundo más sostenible, incluyendo a través de una eficaz implementación del Acuerdo de París».
Nota 7: El texto circulado al finalizar la tarde el viernes 2 de junio por El Salvador se lee de la siguiente manera:
Viernes, 02 Junio 2017 17:16 Pronunciamiento de El Salvador ante recientes hechos relacionados con el Acuerdo de París
«El Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación frente al retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París.
Las investigaciones científicas en materia de medio ambiente evidencian que nuestro país, junto al resto de Centro América, están entre las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático, situación que se ha ido manifestando con más fuerza en los recientes años.
El Salvador considera que existe una oportunidad histórica para consolidar las alianzas en la región y con otras regiones del mundo en cuanto al impulso de los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París.
Actualmente, como Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), nuestro país lleva a cabo los preparativos para la próxima cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de este organismo y la Unión Europea.
Este encuentro, al más alto nivel, se desarrollará en San Salvador a finales de octubre y tendrá entre uno de sus ejes temáticos centrales el cambio climático, por lo que consideramos que este espacio podrá contribuir a fortalecer la alianza birregional y avanzar así en nuevos caminos que nos permitan concretar medidas conjuntas para enfrentar este fenómeno».
Nota 8: El comunicado de Ecuador emitido al finalizar la tarde del 2 de junio reza que:
Ecuador lamenta anuncio de retiro de EEUU de Acuerdo de París sobre Cambio Climático, 2 de Junio, 2017, 4:47 pm
«El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a nombre del pueblo y gobierno del Ecuador, lamenta el anuncio realizado por los Estados Unidos de América de retirarse del Acuerdo de París acordado en 2015 bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992.
El Acuerdo de París es la principal respuesta de la comunidad internacional ante la amenaza del cambio climático. El documento incluye los compromisos de cada país para lograr su implementación en materia de mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia y desarrollo de tecnologías y construcción de capacidades, de conformidad con los principios de la Convención, en particular la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países.
El Ecuador, como Presidente del Grupo de los 77 más China reitera su firme compromiso con el objetivo, principios y propósito de la Convención, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.
“Ecuador será un puntal en la defensa de los derechos de la naturaleza, en aportar con soluciones a la crisis ambiental global y en particular al Cambio Climático que es para nosotros una prioridad como país de alta vulnerabilidad”, declaró la Canciller María Fernanda Espinosa, acorde al fomento de la diplomacia verde que caracteriza al Gobierno del Ecuador.
La decisión de retiro de los EEUU y una posible renegociación unilateral, representa una clara amenaza para el multilateralismo, los derechos de la naturaleza y la capacidad del Ecuador y de los países en desarrollo de contribuir de manera efectiva a la lucha contra esta amenaza global».
Nota 9: El texto del comunicado conjunto del CARICOM se lee de la siguiente manera:
«- CARICOM dismayed and disappointed by US withdrawal from Paris Agreement
The Paris Agreement on Climate Change was more than just another international agreement on another complex international issue. It reflects the acknowledgment and acceptance that climate change is a global issue requiring global solutions.
The Caribbean Community (CARICOM) is therefore deeply dismayed and disappointed by the decision of the United States to withdraw from the Agreement.
For us Climate Change is an existential threat. As members of a Community of Small-Island and Low-Lying Coastal Developing States (SIDS), the reality of climate change is making itself manifest to us, especially given that our Region is the most prone to natural disasters globally.
The need for global action to combat this phenomenon is past urgent. As one of the prime contributors to the emissions which continue to push global temperature rise to an untenable level, the leadership of the United States in efforts to curb the warming of the planet is an important factor.
Abdication of that responsibility sends a negative signal particularly to those of us most vulnerable to the effects of climate change despite the fact that we do little or nothing to contribute to its causes.
However, CARICOM is encouraged by the fact that the overwhelming majority of Nations remains firmly committed to the Paris Agreement. Our own commitment will never waiver. Our existence is at stake».
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que:
«El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física» (p. 24).
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, quiénes son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que la de sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas y demás entidades sociales.
En Costa Rica, con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento).
El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto
De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Álvaro Sagot titulado «¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?» mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).
Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinoamericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza).
Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado «Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio».
Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades
En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dio lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó «los que buscan camorra» (véase nota de La Nación).
En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a «ayudarla a luchar» contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los «malos costarricenses» opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada «trocha fronteriza»: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas ) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Álvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).
En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, muchas e interesantes coincidencias se dieron: por ejemplo, el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Constitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado «La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales» suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18.11.2009; la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión de organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.
Muertes de ecologistas e impunidad rampante
Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:
«El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes».
(Véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).
Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).
La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente
Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su «delito»? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Parte de las supuestas «pruebas» presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). En esta otra nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015, se lee que: «El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día».
Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: «Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió».
La protesta social ante un debate público
En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda será dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica, analizando la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).
También se abordarán algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el líder comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:
«Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia».
En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara.
La «técnica» consistiendo en ausentarse de audiencias por parte de empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a un lider comunitario, a dos profesores universitarios y a dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de los acusados titulado «Audiencias con el Infinito: ausencias…», se lee que:
«los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos». De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente».
A continuación, remitimos el lector al programa del foro que tendrá lugar sobre la protesta social este próximo 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:
Cuarta Mesa Redonda, miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR
“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”
Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR
Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED
Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán
El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.
Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)», Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12.
— Notas —
Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).
Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante». Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La inter-acción universidad-sociedad: propuestas y desafíos a cien años de la Reforma de Córdoba.
Hacia la universidad de los saberes: la acción social para el fortalecimiento de la universidad pública
A 100 años de la Reforma de Córdoba nos corresponde reflexionar, discutir y decidir sobre el papel de la Universidad Pública en su relación con la sociedad desde la Acción Social, con participación activa de los estudiantes, docentes y comunidades.
Recientemente la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) decidió de manera mayoritaria rebajar un 1% adicional a los salarios de todos los trabajadores cotizantes, como una medida para enfrentar en un futuro el posible desfinanciamiento del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
Nadie en su sano juicio estaría en contra de tomar medidas para proteger las pensiones de esa importantísima institución que nos cura y nos cuida, sin embargo la lógica de financiamiento está inspirado en el aporte tripartido (trabajadores, patronos y Estado), en esta ocasión y por segunda vez desde el 2005 (ley de protección al trabajador) con los mismos argumentos se procedió a un aumento por etapas de la cuota solo para los trabajadores y que todavía no se ha terminado de aplicar.
El argumento patronal usual es que ellos ya pagan un porcentaje alto (5,08%) de las planillas mientras que el obrero es bajo (3.84%), el Estado aporta (1,24%), representado por el Gobierno de turno se opuso a el aumento de la cuota obrera pues la institución abrió una mesa de diálogo con el fin de buscar soluciones.
La decisión de elevar el aporte de los trabajadores permitirá que, en un plazo de cinco años, no se utilicen parte de las ganancias de las inversiones del régimen, dijo Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, sin embargo la ley de protección también obliga a los bancos a girar un porcentaje de sus ganancias, algo que hasta el día de hoy no se ha cumplido.
Vivimos en uno de los países más caros de América Latina, si añadimos que el salario promedio está alrededor de 500 mil colones, un rebajo del 1% en salarios de rangos muy bajos sin duda tiene efectos negativos en el disponible de las familias, pero nos plantea unas dudas adicionales: ¿A pesar del sacrificio de los trabajadores será suficiente esta medida para solventar las necesidades de la CCSS? Para nosotros solo aumentar las cuotas obreras no es la solución al problema quizás más bien lo complique.
Los regímenes de pensiones como el de la CCSS tienen varios factores que los afectan a saber:
La cantidad de población que trabaja para mantener a los pensionados. Por lo que el envejecimiento de la población (menos nacimientos) daña el régimen
La evasión patronal, de trabajadores independientes y la informalidad del empleo.
Si la economía no va bien alimenta los problemas pues también los pequeños empresarios pueden tener dificultades para enfrentar sus obligaciones con la seguridad social, los malos salarios y el desempleo.
La capacidad de invertir y generar ganancia del régimen, afectado por el nivel de burocracia, gastos innecesarios, manejo de tasas de intereses de los préstamos de vivienda, morosidad.
Es evidente que pretender solo aumentar las cuotas obreras no es la solución al problema de futuro desfinanciamiento del régimen de IVM, lo que significa también que es un tema de carácter nacional que debe tener también múltiples propuestas de solución, entre las cuales están la definición de las políticas de Estado, esas que pocas veces ayudan a la clase trabajadora pero sí enriquecen a los ya poderosos.
(*)Secretario General, Central General de Trabajadores.
La organización guatemalteca UNSITRAGUA Histórica compartió con SURCOS el Link por medio del cual pueden bajar del Informe Sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad desde un Enfoque de Derechos Humanos.
Este informe demuestra que todo lo que denuncian los sindicatos, sectores populares, mujeres, estudiantes, pueblos originarios y población en general no es con la intención de darle una mala imagen a su país o porque no se quiere el «desarrollo» de del mismo, sino porque muchas veces el desarrollo es solo para algunos sectores privilegiados.
Para acceder al Informe, ingrese en el siguiente enlace:
Este miércoles 31 de mayo del 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) auspició una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros para examinar la situación imperante en Venezuela. La reunión concluyó con una falta de acuerdo entre los presentes sobre el texto final a adoptar, posponiendo (por consenso) la reunión a una futura fecha sin mayor precisión, ello después de cuatro horas. Se trata de un esfuerzo diplomático para intentar encontrar una salida política a la crisis que se polariza con el paso del tiempo en Venezuela y que ya contabiliza 62 muertes.
El desafío era mayor que en ocasiones anteriores, al tratarse de la máxima instancia de la OEA, y al tener lugar pocas semanas después del anuncio por parte de Venezuela de retirarse definitivamente de la OEA (cuyo procedimiento se formalizó el pasado 27 de abril del 2017).
¿Cómo explicar lo ocurrido? Es lo que se intentará responder en las líneas que siguen, a partir de algunos datos sobre este tipo de reuniones al más alto nivel que generan usualmente una gran expectativa pero cuyo éxito depende de la habilidad política de quiénes las convocan. Premura y torpeza diplomática son usualmente hábilmente aprovechados por quiénes objetan este tipo de convocatoria, tal y como lo veremos a continuación. En este caso no obstante, otros elementos también deben ser considerados, ya que para muchos Estados, cualquier iniciativa debe necesariamente contar con la anuencia de Venezuela.
La Reunión de Consulta en el seno de la OEA
¿Qué es una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores? Los artículos 61 a 65 de la Carta de la OEA (véase texto) preven las reglas vigentes con relación a su funcionamiento. Toda decisión que se apruebe debe adoptarse sea por consenso, sea con un voto que reúna 23 votos necesarios (las dos terceras partes de los 34 Estados Miembros). Se lee en el mismo sitio de la OEA (véase enlace oficial) que:
«La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta. Cualquier Estado Miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la Organización, el cual decide por mayoría absoluta de votos si es procedente la Reunión».
Como se puede leer, «urgencia» e «interés común» son nociones que responden a apreciaciones por parte de cada Estado con relación a una determinada situación. La facultad de solicitar la convocatoria recae en un Estado. En el caso de Venezuela, la convocatoria a esta reunión fue decidida, en aplicación del artículo 62 de la Carta, por un voto: 18 a favor, uno en contra (Nicaragua), 13 abstenciones (incluyendo la de Costa Rica) y 2 ausencias (véase nota de prensa con detalle del voto acaecido el pasado 15 de mayo). Costa Rica se abstuvo debido a que se pospuso la fecha inicial proyectada del 22 de mayo al 31 de mayo, según explicó su representante ante la OEA al externar su «profunda decepción» y las dificultades de su canciller para viajar a Estados Unidos en la fecha del 31 de mayo (véase nota de La Nación).
La encargada de negocios de Costa Rica en Venezuela (Costa Rica no cuenta con Embajador en Caracas desde mayo del 2014) fue llamada a consultas a San José al iniciar el mes de mayo del 2017 (véase nota de prensa), días después de anunciarse en Venezuela la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte de su Presidente. No se tiene información sobre algún otro Estado de América Latina que carezca de un embajador en Caracas (y se agradece desde ya a nuestros estimables lectores proporcionarnos alguna información al respecto).
En este enlace oficial de la OEA se reseñan las diversas Reuniones de Consulta efectuadas desde 1939: nótese la mención «documento reservado» que acompaña los dígitos de algunas de las actas o memorias.
La actual jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017.
Venezuela y la OEA en los últimos meses
Cabe recordar que el pasado 26 de abril del 2017, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en ese sentido: véase texto del Documento CP/RES. 1079 (2111/17) reproducido al final de esta nota (Documento 1 en español). El 3 de abril, una memorable tarde vivida en el Consejo Permanente, con la presencia de la canciller de Argentina y del vice canciller de Costa Rica, concluyó con la adopción de una resolución, luego de la salida de la sala de los delegados de Venezuela y de Bolivia, ante una maniobra consistente en otorgar la dirección del debate a Honduras en vez de la Presidencia de turno del Consejo Permanente, a saber Bolivia (véase breve nota nuestra al respecto). Anterior a ello, el 23 de marzo del 2017, una declaración conjunta suscrita por Estados Unidos, Canadá y 12 Estados de América Latina sobre la situación en Venezuela circuló en la que se lee que los firmantes de la misma «reiteramos nuestra disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas, a fin de considerar los próximos pasos necesarios» (véase texto reproducido por DIPúblico).
Ante lo ocurrido el 26 de abril en el Consejo Permanente de la OEA, el 27 de abril del 2017, Venezuela inició formalmente el trámite de denuncia de la Carta de la OEA suscrita en 1948, convirtiéndose en el primer Estado Miembro de la OEA en acudir a esta figura que prevé el derecho de los tratados y consagrada como tal en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (véase nota de prensa). En este enlace se puede leer la nota oficial de Venezuela con fecha del 27 de abril del 2017 detallando las razones que fundamentan su decisión.
La Reunión de Consulta como instancia suprema
Los diversos documentos oficiales de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada este 31 de mayo están desde ya disponibles en este enlace. Es una pena que no estén en línea los diversos discursos pronunciados por los cancilleres presentes: salvo algunas excepciones, todos leyeron un texto que ameritaría poder ser revisado concluida la reunión. De particular interés resulta el punto de saber, entre otros, quiénes aludieron expresamente a la Carta Democrática de la OEA adoptada en el 2001, exigiendo aplicarla en el caso de Venezuela (y quiénes evitaron mencionarla esta vez). Recordemos que en junio del 2016, un proyecto de resolución sobre Venezuela refiriendo a la Carta Democrática concluyó con una resolución del Consejo Permanente de la OEA omitiendo toda mención a este instrumento interamerciano (véase nuestra breve nota al respecto con ambos textos reproducidos).
Una Reunión de Consulta puede analizarse desde diversas perspectivas. Para muchos, es la cita política de mayor importancia y relieve dentro de la OEA y la medición de fuerzas que en ella se da es seguida con mucha atención. Agotada esta vía, no queda ninguna de mayor alcance a la que se pueda acudir.
En una declaración dada por el portavoz del Secretario de Estado de Estados Unidos 24 horas antes de la cita, se lee que Estados Unidos «anticipaba» desde ya una participación «robusta«.
«As to the participation level, I think many countries are still accrediting representatives, so I think it’s too early to worry about the number you mentioned. And we’re anticipating quite robust participation. We’ve already got many or most of the leading foreign ministers in the region coming» (véase texto completo).
Políticamente, se trata en efecto de convocar a los cancilleres de todo el hemisferio americano, una meta raramente alcanzada en la historia reciente. Enviar a un canciller desde su capital no es igual a enviar a su subalterno (vice canciller) o a un embajador. En ese sentido, la presencia física de los ministros reflejó el apoyo a la iniciativa. Los cancilleres acreditados que se hicieron presentes fueron en total 19, a saber los de Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Santa Lucía (véase listado de jefes de delegación). Como previsto, Estados Unidos no envió a su Secretario de Estado: raramente recorre los pocos bloques que separan su oficina de la sede de la OEA en Washington.
Se ignoraba si Venezuela optaría por enviar a su canciller o si escogería no enviar delegación alguna en señal de protesta. A pocas horas de iniciar la cita, Venezuela anunció que sí acudiría (véase nota de El Mundo). Finalmente, la silla de la delegación venezolana permaneció vacía durante toda la reunión.
Luego de los discursos de rigor, en los que se pudo medir la percepción de cada Estado de la situación imperante en Venezuela (con un interés marcado por lo expresado por el representante de Brasil, recientemente objeto de un comunicado conjunto de dos órganos de derechos humanos rechazado vehementemente por el Palacio del Itamaraty- véase nota), la cita debió consensuar alguna decisión. En materia resolutiva, circularon dos borradores de resolución, tal como lo informó la prensa en estos días (véase nota El Universal): se trataba de un proyecto de resolución presentado conjuntamente por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá (véase texto al final de esta nota Documento 3 en inglés) y por otro lado, de un borrador de resolución presentado por Antigua y Barbuda. Un tercer borrador propuesto por el CARICOM el mismo día de la reunión fue presentado, al tiempo que Antigua y Barbuda anunció cuando tomó la palabra el retiro de su texto, inclinándose por la propuesta del CARICOM (Documento 2 en inglés). Al comparar a ambos documentos reproducidos al final (Documentos 2 y 3), el lector podrá apreciar que uno de ellos aún contiene citas no definitivas e indicaciones de Estados a consultar para ciertos párrafos, evidenciando la premura con la que se presentó.
Como bien se sabe, los 13 Estados anglófonos del Caribe suelen a veces tomar sus distancias con relación a iniciativas provenientes de los Estados de América Latina.
De última hora, también circuló la idea de establecer un «grupo de contacto» para mediar entre las autoridades venezolanas y la oposición (véase cable de EFE recogido en El Periódico). Al final, y luego de una larga suspensión en aras de encontrar un consenso, se debió reconocer falta de acuerdo y concluyó la cita.
Se ignora si el Departamento de Estado «anticipó» también la perfecta coordinación de los Estados del CARICOM en lo que pareciera ser una hábil estrategia diplomática previamente definida: una propuesta inicial de un solo de sus integrantes, permitiendo desviar la atención para luego presentar en bloque un solo texto el mismo día de la reunión. Diplomáticamente, la maniobra merece mención, y sorprende que haya sorprendido a algunos. Es probable que los recortes presupuestarios anunciados por parte del nuevo Presidente de Estados Unidos al Departamento de Estado estén empezando a surtir sus efectos.
Presencia de cancilleres en citas similares
En agosto del 2012, a raíz del tono y de la actitud de las autoridades del Reino Unido con relación al asilo diplomático concedido a Julian Assange en Londres, Ecuador había solicitado una urgente Reunión de Consulta (véase documentos oficiales aprobados): esta cita, objetada por Estados Unidos y Canadá, se realizó con la presencia de 12 cancilleres, un Vice canciller (Guatemala) y los demás 20 delegados. Los Estados que enviaron a su canciller a la cita fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (véase nota en este mismo sitio al respecto): un mensaje claro de solidaridad con Ecuador enviado al Reino Unido sobre la imperiosa necesidad de respetar una institución como el asilo diplomático, la cual encuentra sus orígenes en… América Latina.
Nótese que la última Reunión de Consulta convocada por Costa Rica (véase nota de La Nación) se realizó en diciembre del 2010, con relación a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua detectada en octubre del 2010: en aquella ocasión (véase documentos oficiales aprobados), de 34 posibles ministros asistiendo a la cita, solamente la presenciaron dos cancilleres (incluyendo en esta cifra al canciller René Castro Salazar de Costa Rica).
Mapa de Google Earth usado por Eden Pastora en octubre del 2010 para ubicarse en el extremo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y exacavar un caño artificial en Isla Portillos (izquierda). A la derecha, mapa corregido por Google Earth en noviembre del 2010. Figura extraída de esta breve nota nuestra.
En el caso de la Reunión de Consulta solicitada por Ecuador a raíz de la incursión de un comando militar colombiano en su territorio, celebrada en marzo del 2008 (véase documentos oficiales aprobados), asistieron a la cita 16 cancilleres y 3 vicecancilleres (Costa Rica, Estados Unidos y Perú) (véase información disponible aquí): en este enlace se encuentran disponibles los diversos informes realizados de previo a dicha cita, relacionados a la profunda crisis diplomática causada por la denominada «Operación Fénix» ordenada por las autoridades militares colombianas. Nótese que la información contenida en una de las computadoras incautada perteciente a Raúl Reyes fue trasladada por Colombia a las autoridades de Costa Rica con datos muy precisos sobre las relaciones de las FARC en Costa Rica. Ello llevaría, luego de algunas declaraciones anticipadas, a destituir al Ministro de Seguridad de Costa Rica pocos días antes de su esperada comparecencia ante una Comisión del Poder Legislativo (véase nota de prensa).
Últimos altercados de Venezuela con Estados de América Latina
Con respecto a las relaciones de Venezuela con los demás Estados de la región latinoamericana, al iniciar el mes de marzo del 2017, las diplomacias peruana y venezolana intercambiaron fuertes comunicados de prensa a raíz de declaraciones consideradas ofensivas por parte de Perú hechas por la jefa de la diplomacia venezolana (véase nota de este mismo sitio).
Hace pocos días, Venezuela reaccionó airadamente a un inédito comunicado de Honduras en el que se lee «es crucial mayor derramamiento de sangre» en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto – a todas luces inusual – de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.
El último cruce de comunicados oficiales entre Venezuela y Costa Rica remonta a los primeros días del año 2016 (véase texto de ambos comunicados precedidos de nuestro breve análisis publicado en el sitio jurídico de Ius360).
A modo de conclusión
No cabe duda que la crisis política en Venezuela es objeto de una particular atención por parte de la comunidad internacional y de los medios internacionales desde varios años. En los últimos meses, los acontecimientos violentos y las muertes ocurridas durante las manifestaciones han recrudecido dicha atención: los diversos llamamientos a la cordura y a una actitud más conciliadora por parte de algunos sectores en Venezuela no han aún logrado encontrar eco alguno. Durante esta nueva cita en la OEA, los diplomáticos exhibieron en algunos casos un vocabulario muchos más acorde a los usos y a los protocolos vigentes, en aras de acordar algún mecanismo más efectivo de diálogo político en Venezuela y algún acompañamiento a este. Otros, por el contrario, aprovecharon el espacio para lanzar duras críticas a las autoridades de Venezuela, lo cual no fue objeto de ninguna reacción ante el vacio persistente de la silla de la delegación venezolana.
El desafío consistió para muchos en cambiar de tono en aras de intentar recobrar la confianza que Venezuela pareciera haber perdido por completo en esta entidad hemisférica. Como todo desafío, algunos lo lograron, otros no.
Es posible que lo escuchado por parte de varios delegados a la cita sea usado en Venezuela para confirmar el distanciamiento con la OEA, contribuyendo a reactivar los esfuerzos de otros foros regionales tales como la UNASUR, la misma CELAC, o inclusive, alguna iniciativa proveniente de los Estados del CARICOM.
DOCUMENTO 1
CP/RES. 1079 (2111/17)
CONVOCATORIA A UNA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES PARA CONSIDERAR LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2017)
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
CONSIDERANDO la creciente preocupación de los Estados Miembros de la OEA ante la situación en la República Bolivariana de Venezuela;
TENIENDO EN CUENTA lo establecido en el Artículo 61 de la Carta de la Organización de Estados Americanos sobre la posibilidad de convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar problemas de carácter urgente y de interés común;
RESUELVE:
Convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar el tema “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”.
DOCUMENTO 2
PROPUESTA DE RESOLUCION PRESENTADA POR EL CARICOM, RC19/Doc.2917
DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,
Reiterating its commitment to the principles of non-interference and of non-intervention as set forth in the Charter of the OAS, as well as to representative democracy which is essential to the stability, peace, and development of the Region.
REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.
RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, including the principles of state sovereignty and independence, as enshrined in Article 3 of the Charter of the OAS
EXPRESSING:
Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community.
Its deep concern regarding the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition.
The urgent need to put in place a renewed process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith.
CALLS FOR:
The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.
The establishment of concrete plans for the restoration of peace and stability as soon as possible.
Absolute respect for human rights, the rule of law and the constitutional processes of Venezuela.
All parties to commit to engage in a renewed dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the wellbeing of the nation.
The Government of Venezuela to reconsider its decision to withdraw from the OAS.
DECLARES:
The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, as may be requested by the Government of Venezuela.
Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a renewed dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.
Its willingness to remain seized of the situation with due regard to the principles earlier enunciated
DOCUMENTO 3
DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
(Presented by the Permanent Missions of Peru, Canada, United States, Mexico, and Panama)
THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,
REITERATING its commitment to representative democracy, which is essential for the stability, peace, and development of the region, as well as to the principles of non-intervention and solidarity, as set forth in the Charter of the Organization of American States (OAS).
REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.
RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, we invite Venezuela to reconsider its decision to withdraw from it.
EXPRESSING:
Its deep concern regarding the deterioration of the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition, as well as the need to address the humanitarian situation in the country.
(Its concern regarding the interruption of the democratic order, and) (PAR), The urgent need to put in place a new process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith, in order to establish concrete plans for the peaceful restoration of the democratic order as soon as possible.
Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community, (as requested by the parties by mutual agreement).
(AYB) CALLS FOR:
The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.
Absolute respect for human rights and the rule of law.
A halt to the convocation of a National Constituent Assembly as presently conceived.*
The cessation of arbitrary detention, respect for the due process of law, and the suspension of trials of civilians by military tribunals.*
The fulfilment of the commitments undertaken by the parties, made by the Working Groups during the previous process of national dialogue, with regard to the liberation of political prisoners, respect for the constitutional powers, and the establishment of an electoral calendar with the presence of international independent electoral observers.*
All parties to commit to a new process of dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the well being of the nation.
The government of Venezuela to seek international humanitarian assistance
DECLARES:
The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, including steps to provide humanitarian assistance, as may be requested, with support of organizations specialized in this area, and their readiness to establish a humanitarian support group for that purpose.
Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a new process of dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.
Its intention to remain seized of the situation.
*In consultation by the delegation of TT
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Alberto Álvarez, coordinador del Programa de Formación, en una sesión del Taller Socio-Teológico.
Los fundamentalismos y el neointegrismo religioso cobran fuerza en Costa Rica. Así lo demuestran hechos recientes, como la designación del pastor evangélico Gonzalo Ramírez Zamora en el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa costarricense, a inicios de mayo. El pastor ha impulsado una agenda abiertamente fundamentalista que se opone al reconocimiento de derechos relacionados con temas como la técnica de fecundación in vitro (FIV) y personas del mismo sexo que luchan dentro del marco legal costarricense, por el reconocimiento de “sociedades de convivencia”. Esto lo ha hecho exponiendo ideas que son el resultado de la manipulación de la religiosidad en favor de sus intereses particulares.
El panorama no es muy distinto en el resto de Latinoamérica: las tendencias religiosas fundamentalistas se abren espacio en la política pública en detrimento de los derechos humanos. Frente a este escenario, el DEI reconoce la urgencia de un debate abierto para el análisis crítico y para tomar acciones desde las comunidades, que pongan freno a esos retrocesos. Por eso la institución abre espacios de formación e investigación que promueven la reflexión y la propuesta entre los participantes de los talleres que ofrece, quienes a su vez tienen incidencia continua en sus localidades.
Uno de estos espacios es el Taller Socio-Teológico, que se realiza el DEI, entre abril y mayo con un programa que abarca un mes. El taller reúne a 27 personas latinoamericanas para tejer redes por medio del trabajo colectivo y compartir sus experiencias previas al taller. Esto con el objetivo de fortalecer acciones conjuntas una vez que regresen a sus comunidades, como comenta Alberto Álvarez Toirac, investigador y coordinador del Programa de Formación del DEI.
Durante cuatro semanas de taller, el trabajo grupal fue acompañado por una pluralidad de personas facilitadoras, que propiciaron un intercambio sobre distintos temas, a partir del eje del taller “Saberes insurgentes desde Abya Yala frente a los fundamentalismos político-religiosos y la crisis del orden mundial”
Análisis de coyuntura y proyectos de incidencia de las organizaciones participantes
Al inicio del taller el grupo contó con un análisis de coyuntura socio-económica, en compañía de Wim Dierckxsens (investigador y economista) que repasó hechos recientes que marcan el acontecer mundial, como la llegada del multimillonario republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
“Muchas ellos vienen de luchas muy locales, y es bueno tratar de proponer un panorama en que no se sientan solos. Se dan cuenta de que en todos los países es muy parecido. Tienen un contexto más allá de su país, para que una vez que hayan visto lo global, regresar a su actividad y se sientan reforzados en el quehacer en la localidad con una visión más ampliada del mundo», comentó Wim.
Gustavo Cabrera, (miembro de SERPAJ y parte de la Asamblea de Socios del DEI), facilitó una sesión para compartir un análisis de la coyuntura política.
Tras el repaso del análisis, el grupo compartió un mapeo de conflictos y luchas sociales, en compañía de Henry Picado, quien tiempo atrás realizó una pasantía en el DEI.
Además, reconociendo la necesidad de los talleristas de asumir su corporalidad como una dimensión importante en sus propias luchas, Francisco “Pacho” Mejía, facilitó un espacio desde la biosalud y la espiritualidad integral.
Jaime Prieto compartió un análisis de los fundamentalismos religiosos cristianos al cierre de la primera semana. Señaló con detalle el modo en que el fundamentalismo religioso se expresa en las formas de hacer política. Comentó ampliamente sobre los discursos de que se vale el poder económico para influenciar la arena política. Heidy Díaz, guatemalteca integrante de Cedepca, participó en la sesión y comentó: “Ya había escuchado del DEI, pero no había venido antes. Con Jaime Prieto fue muy interesante ver los fundamentalismos, desde la política, un tema que comúnmente no se toca”.
El quehacer del Programa de Investigación del DEI también tuvo una sesión para compartir las posibilidades de acompañamiento de proyectos por medio de las pasantías que ofrece la institución y el Seminario de Construcción Colectiva que se realiza, por dos meses, a final del año.
Zuiri Méndez y Karoline Mora, conversaron sobre sus investigaciones como pasantes en el DEI actualmente.
Wim Dierckxsens repasa un análisis de coyuntura política.
Feminismos y orígenes del patriarcado ancestral
Nioe Víquez Moreno, coordinadora del programa de investigación y Silvia Regina, directora del DEI, compartieron con el grupo a partir del tema Feminismos de Abya Yala, con una introducción al pensamiento feminista y el feminismo negro decolonial.
El feminismo comunitario fue otro de los espacios que despertó gran entusiasmo entre talleristas, con una propuesta pragmática que asume la sanación como apuesta política.
Lorena Cabnal (feminista maya-xinka de Guatemala), acompañó con profundidad ejercicios liberadores y reflexiones de los orígenes del patriarcado ancestral.
Cosmovisiones indígenas y afrodescendientes: reconstrucción de lo político
Una mirada sobre la recuperación del saber originario como saber insurgente, a partir del tema «Sabiduría, espiritualidad y política desde el Popol Wuj» fue compartida por Herbert Álvarez (Guatemala). Quien hizo una restrospectiva de los orígenes del texto, una compilación de saberes ancestrales cuya escritura significó un modo de resistir ante el poder colonial. Conversó también de Derecho consuetudinario maya y otras formas de resistencia vigentes entre pueblos originarios.
«Una de las cosas más significativas es cómo el Popol Wuj nace como una forma de resistencia. Me gusta mucho la idea de que el pensamiento maya es ’qué siente tu corazón’, a diferencia del pensamiento occidental: ’qué piensas’», señaló Jairo Santay, quien vino desde Guatemala al taller.
Pai Paulo, Padre de Santo (Brasil), compartió la propuesta de la «Acción político-socio-comunitaria desde el Candomblé», que motivó al debate y generó inquietudes entre el grupo de talleristas, que contrastaron esa experiencia con otras espiritualidades propias de sus lugares de origen. Pai Paulo recuperó la epistemología y cosmogonía de las religiones de matriz africana, con temas como la resistencia y la memoria desde la espiritualidad, el empoderamiento de las mujeres y la afirmación del poder local de la comunidad como fuerza política transformadora.
A media semana, el trabajo con el cuerpo tuvo su espacio con la sesión de Qigong-Taichi, facilitada por Ineke Lamey. Los espacios de trabajo corporal se integran al programa del taller siguiendo las intenciones del DEI de compartir una formación y un intercambio integral entre talleristas.
Nioe Víquez, coordinadora del Programa de Investigación, comparte una sesión para dialogar sobre feminismos.
Horizontes del colonialismo y reconstrucción socio-comunitaria de la vida
Durante la cuarta y última semana de taller, a partir del tema «Horizonte político-epistémico del colonialismo y reconstrucción socio-comunitaria de la vida», Alberto Álvarez realizó junto con el grupo una síntesis de contenidos, hilando preguntas, reflexiones y propuestas concretas que emergen entre el grupo, motivado por la riqueza de contenidos y convivencia que propicia el espacio de intercambio y formación.
Incorporó como parte de la metodología participativa, el video-foro, con la proyección del documental que explora la migración desde Centroamérica, Casa en Tierra Ajena, una producción de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad de Costa Rica (UCR), y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Luego del video-foro se abrió un espacio para conversar con Ivannia Villalobos, realizadora del documental y con Carlos Sandoval, investigador social y autor del libro que da pie al documental.
Metseri Paulina Alba, participante de México que comparte en su trabajo local con comunidades indígenas, resume buena parte del sentir expresado por su grupo de compañeros del taller: «Estas posibilidades de acción colectiva realmente sí han marcado muchas coyunturas políticas en América Latina. Como la organización de pueblos, que parte muchas veces de repensar, de estar en un espacio de autoreflexión, también de cómo nos estamos insertando -no nada más como personas-, sino pues… de dónde venimos: como comunidad a estos procesos. Y yo creo que vale la pena».
Para leer más noticias del DEI ingrese en el siguiente enlace: www.deicr.org
