La Asada de San Juan de Cañas en Guanacaste respira aliviada. Un proyecto colaborativo entre la comunidad, el Hidrocec de la UNA, el TEC y la ONG Operación Bendición permitió instalar un sistema de remoción que devolvió el agua segura a los habitantes de esta comunidad.
Tras meses de incertidumbre por la contaminación de su fuente hídrica con aluminio, San Juan de Cañas hoy cuenta con un sistema de filtración que garantiza agua segura, pues cumple con los estándares nacionales de calidad.
La problemática surgió durante los talleres Conociendo la calidad de nuestra agua, que se imparte dentro del proyecto Fortalecimiento de la gestión del agua de las Federaciones, Ligas y uniones de la Región Chorotega (FLUS Chorotega). Johanna Rojas, responsable del área de calidad de aguas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), recuerda el hallazgo: “Vimos que el pH estaba muy ácido, volvimos a leer la muestra y el pH seguía estando en cuatro. Eso nos generó bastante curiosidad”.
Las pruebas de laboratorio lo confirmaron: el nivel de aluminio en el agua superaba los 0,2 miligramos por litro, el límite establecido por la normativa costarricense. “No creíamos que fuera tan peligroso. Pero ahora que inició todo eso nos dimos cuenta y tuvimos la certeza de que en verdad sí necesitábamos la ayuda para mejorar la calidad del agua”, comentó Cindy Barrantes administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada).
El diagnóstico activó una red de apoyo. Andrea Suárez, coordinadora del Hidrocec, recordó que la articulación entre actores fue clave. La FLUS Chorotega, la ONG Operación Bendición y el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se unieron para materializar la solución.
La tecnología que devolvió la seguridad del agua a la comunidad fue un sistema de filtración de dos etapas, que desarrollaron e instalaron expertos del TEC. “El filtro lo que tiene es un tipo de piedra caliza, por ahí va a pasar el agua y luego pasa por un segundo filtro de arena. En el primero se regula el pH y se retiene la mayoría del aluminio, y en el segundo terminamos de hacer la limpieza”, explicó Luis Guillermo Romero, investigador del CIPA, quien detalló, además, que tras un día de trabajo el agua salió con un pH alrededor de siete, y el aluminio muy por debajo de la norma nacional.
Katherine Sánchez, coordinadora de Proyectos de Agua de Operación Bendición, enfatizó que su labor va más allá de lo técnico. “Los proyectos que hacemos van a cambiar la vida de las personas”, afirmó, pero también empoderan a las comunidades, pues son estas las que administran y le dan sostenibilidad al sistema.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El ciudadano Marco Levy Virgo, afrodescendiente y miembro activo de la comunidad de Limón, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por lo que califica como omisiones y incumplimientos del Gobierno de la República en la implementación de acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente nacional.
En el documento, Levy argumenta que Costa Rica ha incumplido sus obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, suscrito mediante la Ley N.° 7316 de 1992, lo cual perpetúa la discriminación estructural hacia la población afrodescendiente del país.
El recurso, presentado con fundamento en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sostiene que las comunidades afrodescendientes del Caribe costarricense cumplen con las características de pueblos tribales reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos como Saramaka vs. Surinam y Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. En esos precedentes, la Corte reconoce que tales comunidades gozan de derechos equivalentes a los pueblos indígenas, incluyendo consulta previa, libre e informada, propiedad colectiva y protección cultural.
Omisiones señaladas
Levy señala que, pese a la ratificación del Convenio 169 hace más de tres décadas, Costa Rica no ha adoptado legislación ni políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos a la población afrodescendiente. Entre los incumplimientos destaca:
Falta de consulta previa en proyectos y políticas que afectan territorios afrodescendientes, como el plan de marina en el cantón central de Limón y otros proyectos impulsados por JAPDEVA.
Ausencia de legislación que reconozca la propiedad colectiva, participación política y protección cultural de estas comunidades.
Respuestas dilatorias e insuficientes del Ejecutivo ante solicitudes formales, pese a los mandatos de la Sala Constitucional en materia de consulta tribal afrodescendiente.
El recurso cita el Voto N.º 2025027898 de la Sala Constitucional, del 19 de septiembre de 2025, que reafirma la obligación estatal de realizar consultas previas a comunidades afrodescendientes, así como el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2024), que reconoce el autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal.
Derechos violados según el recurso
Entre los derechos presuntamente vulnerados se mencionan:
Igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 6 del Convenio 169.
Derechos territoriales y culturales, previstos en los artículos 13 al 19 del Convenio.
Supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, conforme al artículo 7 constitucional.
Derecho de petición, por las respuestas evasivas del Poder Ejecutivo a sus oficios.
Solicitudes a la Sala Constitucional
Levy solicita a la Sala Constitucional que:
Declare con lugar el recurso de amparo.
Ordene al presidente de la República implementar de inmediato el Convenio 169 de la OIT, garantizando consulta previa, reconocimiento territorial y legislación específica.
Declare la nulidad de actos omitidos y ordene acciones afirmativas equiparables a las aplicadas a otras minorías.
Condene al Estado al pago de daños y perjuicios, así como costas y honorarios.
El recurso solicita además que se requiera al Ejecutivo un informe detallado sobre los avances en la implementación del Convenio 169, con el fin de asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de las comunidades afrodescendientes del país.
El conocimiento de la historia ancestral es tan esencial para el desarrollo de la identidad humana como la fe lo es para el espíritu. Sin embargo, cuando la historia y la religión se entrelazan con los asuntos políticos y socioeconómicos de sociedades multiculturales y pluriétnicas, como la de Cahuita, pueden transformarse en fuentes de división, en lugar de instrumentos de unidad y comprensión.
Por ello, cada cosa debe mantenerse en su lugar: que la fe inspire, la historia ilumine y la convivencia se construya.
Por su parte, la reunión convocada para el viernes 31 de octubre de 2025 por el Foro Tribal Afrocostarricense, a través de Laura y Hellen, anunciada apenas tres días antes por WhatsApp y con el supuesto fin de corregir errores en la conformación del Foro de 2022, terminó causando más daño que beneficio a la cohesión del pueblo.
La vieja estrategia de “dividir para vencer” parece haber resurgido, justo cuando la unidad de Cahuita —históricamente su mayor fortaleza— resulta más necesaria que nunca.
Cahuita ha sido la única comunidad tribal del Caribe costarricense que ha mantenido una posición firme en defensa de su territorio, oponiéndose al Plan Regulador Costero (PRC) impulsado por la Municipalidad de Talamanca.
No obstante, esta reunión se realizó sin el acuerdo previo de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), en contravención del artículo 15 de la Ley N.º 3859 de Desarrollo Comunal (1967), que exige decisiones colegiadas sobre el uso de bienes comunales para fines de esa naturaleza.
Tampoco se informó a los asociados ni se explicó la trascendencia jurídica del Foro como órgano de consulta obligatoria respecto al PRC y otras decisiones estatales que afectan los derechos de la comunidad, hoy declarado como un pueblo tribal, conforme al Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley N.º 7316 de 1992, que consagra el derecho a la consulta previa, libre e informada. Una comunicación transparente habría evitado conflictos.
La humildad y la cortesía no son signos de debilidad, sino virtudes que fortalecen el derecho afro tribal a la participación, reconocido en el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2021), y la Sentencia No. 2025-029985 de la Corte Suprema de Justicia con fecha 19 de septiembre del 2025.
Lo más lamentable fue que, en vez de fomentar el diálogo, se impidió el ingreso a personas por su aparente ascendencia europea o mestiza, bajo la frase de que “la reunión era solo para negros”.
Tal exclusión contradice el artículo 33 de la Constitución Política, que prohíbe toda forma de discriminación, y rompe con la armonía histórica de Cahuita, un pueblo donde afrodescendientes, chinos, árabes, indígenas, judíos y mestizos trabajaron unidos para levantar la comunidad que hoy conocemos.
De aquella reunión, descrita por los presentes como de “cuatro gatos”, surgió el anuncio de una nueva convocatoria para el domingo 9 de noviembre de 2025 a las 2pm.
Ojalá que esta o la próxima vez se realice con orden, transparencia y conforme a la voluntad del pueblo, para devolver legitimidad al proceso y reconstruir los puentes del diálogo que nunca debieron romperse.
Comunicado Gracias a la unión de varios colectivos comunitarios que trabajan incansablemente por los derechos de la comunidad escazuceña, hoy celebramos un logro histórico.
Tras meses de civismo, educación, conocimiento y convicción, el Concejo Municipal de Escazú aprobó con 5 votos a favor y 2 en contra, la instauración de la Comisión del Plan Regulador con participación ciudadana.
Este martes 28 de octubre 2025, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en coordinación con las Comisiones de Implementación del Plan Ambiental, Forestal y Territorial del Territorio (PAFT), realizaron la entrega de insumos de frijoles a 111 productoras y productores de 16 comunidades del Territorio Indígena de Cabagra.
Este proyecto tiene como objetivos garantizar el acceso a semillas, aumentar las capacidades en la producción de granos básicos del territorio y generar procesos resilientes bajo el modelo de trabajo colaborativo con visión indígena.
Gran parte de estos beneficiarios del proyecto, sufrieron importantes afectaciones en sus cultivos por la Tormenta Tropical Rafael del año 2024.
Se trata de la ejecución del primer proyecto correspondiente a la segunda etapa del PAFT Cabagra, con una distribución de beneficios con impacto, en un 56% de mujeres y 44% de hombres.
La ADICABAGRA y las Comisiones PAFT contemplan el seguimiento y evaluación de las actividades de siembra, cultivo y cosecha y pretenden continuar impulsando el encadenamiento productivo en todas las áreas de la economía local de Cabagra.
Muchos éxitos a estos productores y productoras de frijoles en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra.
Lic. Luis Alberto Soto Ramírez Trabajador Social del Equipo Interdisciplinario MEP – Escuela La Guaria, Limón
Un aporte para el debate de la Comunidad Educativa Recuperemos las huellas del pasado para emprender los pasos hacia el futuro: algunos retos…
En su historia es claro el rol de un destacado pionero, Santos Zeledón, y de otras personas de la comunidad en la construcción de la Escuela, guiados por principios de altruismo y compromiso para con los demás y el progreso social, que incluye su visión de la educación como base fundamental de sus anhelos, en coherencia con una Costa Rica en pleno apogeo de un Estado Social de Derechos.
Hoy, 60 años después, otros son los desafíos para la educación y el desarrollo en una CR que por más de cuatro décadas en su modelo de política social y económica se ha guiado por el neoliberalismo, reduciendo así al Estado de Bienestar y generando enormes brechas, con pueblos en zonas costeras y rurales como los del Caribe Sur, con los menores índices de Desarrollo Social.
¿Cómo habrán sido aquellos primeros pasos del origen de una escuela rural limonense que hoy se engalana cumpliendo 60 años de un exitoso quehacer educativo, lleno de aportes al desarrollo de una Comunidad, dando satisfacciones personales a las muchas generaciones de familias que han pasado por sus aulas durante estos 60 años de historia?
Importante recuperar un inédito relato, escrito en el año 2005 por puño y letra del propio Don Omar Bustamante Marín, quien narra que fue el primer maestro, elaborado con motivo del 50 aniversario de la Escuela. Una narración que refleja la visión del educador que llegó a la comunidad, siendo originario de una familia campesina del Valle Central y que, según el mismo lo cuenta, fue nombrado en el año 1970 como director interino de la “Escuela la Cabaña de Pandora del Valle la Estrella”, remembranza que también recoge una descripción de la perspectiva y de la actitud de los habitantes de aquella época hacia la importancia de la educación.
Familia pionera fundadora de la escuela.
Su historia dice así:
“… después de un día en tren llegué a Limón, al otro día salí de Limón a las 3:00 am y llegué a Pandora, al Comisariato de José el Chinito y Victoria su esposa. Allí me encontré un Negrito, llamado Benjamín: lo primero que me dijo “I want to drink”. Le pregunté por la dirección, me señaló por donde quedaba. Caminé entre cacaotales, cuando llegué a un potrero, pregunté por Don Santos Zeledón, o Santos Paniagua, o Pritti (Víctor Brown). Así lo hice, cogí las dos valijitas, caminé. Cuando finalmente llegué al potrero estaba chapeando. Pregunté por la escuela “la Cabaña” me respondieron que allí la iban a construir.
Me senté en una valija y le mostré el Telegrama de nombramiento.
De inmediato don Zeledón hizo arreglos para la madera, acto seguido se pensó en contactar con Sherman un Negrito bajito, claro, grueso para la carpintería. Así en menos de una semana teníamos escuela.
Empezamos el programa con poco más de 15 estudiantes, la mayoría de primero, aunque sus edades fuesen de 18 años para abajo. Después de varios meses reuní la Junta de Educación y el Patronato, que a la postre eran los mismos, con la única intención de cambiar de nombre, pues consideraba “la Cabaña”, como algo estigmatizante, en armonía con “La Cabaña del TIO TOM”, trato inhumano que recibían los negros africanos. Les propuse el nombre de “La Guaria”. Por unanimidad se aprobó. De inmediato transcribí el acuerdo al Supervisor Don Ramón Camacho. Envié documento a la Gobernación y a partir de esa fecha se llamaría el “Distrito la Guaria de Pandora”. Con el tiempo como la escuela era el centro más importante, todos decían que iban para La Guaria. Por extensión este hermoso lugar se llama La Guaria.”
Sin duda alguna el principal desafío que hoy enfrenta este Centro Educativo es hacer frente a nuevas necesidades de infraestructura pues su población asciende a 310 estudiantes y más de 30 funcionarios, y se trabaja en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Además, en esa actualización debe considerarse una modernización de la oferta educativa, dando énfasis a su calidad, con enfoque integral. Es necesario la inclusión de la formación artística y deportiva, con mayores aportes de pedagogía lúdica y recreativa que garantice realmente calidad con educación significativa, ajustada a los nuevos contextos de comunidades educativas afectadas por la marginación social y un alto riesgo de exclusión educativa.
Estos derroteros de cambio social, con educación para la transformación, implica el empoderamiento de los diversos sectores de la Comunidad Educativa:escolares, docentes, familias y liderazgo comunal, para lograr el protagonismo que hoy no tienen pues no se encuentran involucrados en pensar y construir la educación necesaria para promover el desarrollo de la comunidad en las próximas décadas.
Es un desafío que va más allá del componente académico de la educación, es retomar el propósito de una Escuela de Atención prioritaria, comprendiendo que el éxito educativo y el triunfo de los proyectos de vida de las nuevas generaciones que seguirán viviendo en La Guaria, incluidos los que aún no han nacido, no depende únicamente de lo que suceda dentro de las aulas escolares, sino fundamentalmente dependerá de las condiciones de vida, del empleo de calidad, de la salud, de si se cuenta con figuras familiares con roles protectores, es decir, depende del Bienestar de todo tipo, el físico, el mental , social y económico.
Por tanto, el reto consiste en recuperar la experiencia, y con ello lo aprendido como Comunidad Educativa, las enseñanzas y aportes al enfoque integral de la educación. Como ejemplo, hace más de dos décadas se hizo un importante apoyo a la salud y al bienestar, coadyuvando con la lucha por el agua potable para la Escuela y a la vez para toda la Comunidad, con la creación de organizaciones que aún hoy son parte de la red de organizativa comunitaria, potenciales aliados en la lucha ante los nuevos retos de la educación. La plataforma de celebración del 60 aniversario es una oportunidad de rearticulación de la COMUNIDAD EDUCATIVA, es la hora apropiada para promover la Asociación de Padres de Familia pro-Bienestar Infantil de la Comunidad Educativa La Guaria.
Vecinos y vecinas de la Comunidad de la Guaria: estudiantes, familias. Fuerzas vivas de la comunidad, personal docente y administrativo: siéntase invitado al debate propuesto, se trata del futuro de su escuela, la que pertenece esta comunidad.
Valle de la Estrella, Limón. Octubre 2025
Imágenes: Vistas de la escuela actual y de la familia pionera fundadora de la escuela.
Las vecinas María Elena Fournier y María Amoretti presentaron una denuncia ante varias instituciones por la colocación excesiva de vallas publicitarias en el Parque Público de Deportes de Moravia, situación que, según indican, genera contaminación visual y limita el disfrute de este espacio comunitario.
La queja, enviada el 22 de octubre de 2025, fue dirigida al alcalde Diego López López, a la Sección de Parques, Gestión Ambiental y al Concejo Municipal de Moravia, así como al Ministerio de Salud. Las firmantes solicitan la eliminación de siete vallas instaladas en el perímetro del parque, al considerar que bloquean la vista del área verde, los árboles y la quebrada que lo atraviesa.
En su carta, las vecinas cuestionan la falta de regulación sobre el número y tipo de anuncios en espacios públicos, señalando que la situación afecta la salud mental, el paisaje urbano y la calidad ambiental del cantón. Además, proponen convocar una audiencia pública para decidir si la comunidad desea declararse “Cantón libre de vallas”.
El reclamo cita el Artículo 50 de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Nº3859), entre otros marcos legales que garantizan el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
Las vecinas esperan una respuesta técnica y razonada de las autoridades municipales y de salud, e indican que, de no obtenerla, recurrirán a otras instancias para hacer valer su derecho a participar y defender los bienes comunes de Moravia.
Lo que las comunidades de la costa caribeña de Costa Rica son hoy es el resultado del esfuerzo conjunto de todas las generaciones que las han habitado.
Esta región se sostiene sobre los pilares construidos por sus pobladores del pasado y del presente, con sacrificio, trabajo y solidaridad.
Aquí, el progreso no se ha definido por el color de la piel ni por el país de origen, sino por un compromiso silencioso —no dicho en palabras, sino demostrado en los actos diarios— de compartir las costumbres, la cultura y el estilo de vida que nos identifican como pueblos tribales caribeños.
Por eso, pretender hoy dividir a la comunidad en razón de etnicidad o de supuestas diferencias raciales es destruir lo que ya existe: frenar el desarrollo autosostenido y autóctono.
Es como cortarle los pies al caballo con la ilusión de que así avanzará más rápido en la carreta.
Nuestro deber no es separar, sino mantener viva la unidad que nos ha sostenido durante más de un siglo, porque en esa diversidad está la verdadera fuerza del Caribe costarricense.
Sin debates ni grandes discursos: Las cosas son lo que son.
Escazú, 22 de octubre de 2025. Vecinas y vecinos del cantón de Escazú hicieron un llamado a la transparencia y la participación ciudadana en la planificación del territorio, solicitando la reactivación de la Comisión de Trabajo del Plan Regulador, instancia legalmente establecida que por años funcionó de manera exitosa, integrando a la ciudadanía, el Concejo Municipal y la Administración en talleres y mesas de trabajo.
Sin embargo, durante las últimas administraciones municipales, esta comisión fue debilitada hasta desaparecer. En los meses recientes, gracias al esfuerzo de la comunidad y al apoyo de una minoría comprometida dentro del Concejo Municipal, se ha intentado su reactivación. El proceso, no obstante, ha sido desgastante y lleno de obstáculos: mociones aprobadas y luego derogadas, acuerdos incumplidos y trabas administrativas que han frenado la convocatoria de elecciones ciudadanas para elegir a las personas representantes.
Actualmente, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Escazú aprobó —en empate— una serie de nueve modificaciones al reglamento de creación de la Comisión, las cuales, de ser ratificadas, entorpecerían el proceso y pospondrían por más de seis meses la posibilidad de elegir representación ciudadana.
La decisión final sobre estas modificaciones se tomará el martes 28 de octubre a las 7:00 p.m., durante la sesión del Concejo Municipal de Escazú.
En una sesión anterior, la presencia masiva de la comunidad, junto con la cobertura de medios de comunicación y la intervención de la Policía Municipal, logró que todas las regidoras y regidores aprobaran la creación de la Comisión. Sin embargo, nuevas trabas administrativas amenazan con revertir ese avance.
La comunidad subraya la importancia de la participación ciudadana en la planificación urbana y ambiental, un derecho respaldado por la legislación costarricense y por el Acuerdo de Escazú, considerado un referente de democracia ambiental en América Latina.
“Queremos que Costa Rica sepa que Escazú está defendiendo su derecho a decidir sobre su desarrollo urbano, ambiental y social. La participación ciudadana no debe ser vista como un obstáculo, sino como una garantía de transparencia y buen gobierno”, señalaron representantes comunales.
Después de que la presión vecinal lograra reinstalar la Comisión del Plan Regulador, el proceso vuelve a estar en disputa.
Una nueva reforma al reglamento podría restringir la voz ciudadana, al imponer procedimientos y requisitos que dejan en manos de la institucionalidad lo que debería ser un espacio de decisión comunal.
Vecinas y vecinos denuncian que esta reforma alarga los plazos, limita la autonomía y convierte la participación en un trámite controlado.
La discusión no es solo sobre normas: es sobre quién tiene derecho a decidir el futuro del territorio.
El Observatorio de Bienes Comunes UCR analiza este nuevo capítulo del proceso y las tensiones entre orden institucional y democracia participativa.
