La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT realizaron un importante intervención y mejoras al puente que se ubica sobre el Río Nimá Diköl (Río Peje) , en la comunidad de Palmira de Cabagra.
Este proyecto, forma parte del área denominado, servicios colectivos esenciales y pretende mejorar las condiciones de acceso a las personas que requieran trasladarse a la zona de Capri y sus alrededores.
Es una obra comunal de vital importancia para los pobladores ya que contribuye a reducir los riesgos de tragedias asociadas a las crecidas de este rio, cuyo caudal aumenta de manera considerable durante la época de invierno.
El Plan Ambiental, Forestal y Territorial (PAFT) es una herramienta de planificación que se financia con recursos del fondo verde del clima, Banco Mundial, impulsados por el MINAET y construido con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un recurso de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), junto con recientes observaciones de la Contraloría General de la República, evidencian serias irregularidades técnicas, ambientales y administrativas en el proyecto denominado “Embarcadero Vecinal en Puerto Viejo”, en el cantón de Talamanca.
El recurso, interpuesto por el abogado Walter Brenes Soto, solicita la nulidad absoluta de la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución N.° 1879-2024-SETENA, señalando vicios graves en el estudio ambiental que sirvió de base para su aprobación. Según el documento, la evaluación presenta fallas estructurales que comprometen su validez, al haberse realizado sin el rigor científico mínimo requerido para una obra ubicada en un área ambientalmente frágil.
Entre los principales cuestionamientos se encuentra la ausencia total de estudios marinos, a pesar de que el proyecto se desarrollaría directamente en el mar. El análisis se limitó a la vegetación terrestre, omitiendo información esencial sobre el lecho marino, la batimetría, los ecosistemas bentónicos y las condiciones oceanográficas. Esta omisión resulta especialmente grave si se considera que el propio expediente reconoce la existencia de arrecifes coralinos en el sitio donde se pretende cimentar la obra, sin que exista una evaluación de impacto sobre este ecosistema.
El recurso también advierte que la viabilidad ambiental se sustentó en información desactualizada y técnicamente incorrecta, al asumir que los arrecifes de la zona se encuentran mayoritariamente muertos desde el terremoto de 1991, ignorando evidencia científica reciente que demuestra su recuperación y vitalidad. Asimismo, se señala la omisión de especies marinas en peligro de extinción, incluyendo corales como Acropora palmata y fauna como tortugas marinas, manatíes y delfines, lo que evidencia una evaluación superficial e incompleta. A esto se suman errores graves en la identificación de especies, incluyendo referencias a fauna propia del océano Pacífico, lo cual compromete la confiabilidad del estudio en su conjunto.
Adicionalmente, el recurso denuncia la falta de estudios oceanográficos que permitan prever impactos como la alteración de corrientes marinas, la acumulación de sedimentos o procesos de erosión costera, lo que incrementa la incertidumbre sobre las consecuencias reales del proyecto en las playas de Puerto Viejo. En este contexto, se argumenta que la resolución de SETENA incumple principios fundamentales del derecho ambiental, como el principio precautorio y preventivo, al autorizar una obra sin contar con información suficiente para descartar daños significativos al ambiente.
El recurso de nulidad solicita, además, la suspensión inmediata de cualquier obra relacionada con el embarcadero, el archivo del expediente y la apertura de investigaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades de los actores involucrados. En conjunto, los elementos expuestos en ambos documentos refuerzan la preocupación sobre un proyecto que podría generar impactos irreversibles en los ecosistemas marino-costeros de Puerto Viejo, así como un uso inadecuado de recursos públicos, en ausencia de garantías técnicas, científicas y administrativas suficientes.
¿Qué dijo la contraloría del proyecto?
A estos señalamientos se suman las observaciones de la Contraloría General de la República oficio (DFOE-CIU-0584), que no aprobó la asignación de ₡674,2 millones dentro del presupuesto 2026 de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) destinada al diseño y construcción del embarcadero. El órgano contralor determinó que el proyecto carece de elementos esenciales para su ejecución, como la inexistencia de un convenio formal entre JAPDEVA, el MOPT y la Municipalidad de Talamanca, así como la falta de claridad sobre las responsabilidades institucionales en la administración, operación y mantenimiento de la obra.
La Contraloría también advirtió que estas omisiones impiden comprender el alcance real del proyecto y debilitan el control sobre el uso de los recursos públicos, aumentando el riesgo de conflictos institucionales y fallas en su implementación. En consecuencia, los fondos improbados deberán ser trasladados a cuentas sin asignación específica, dejando en suspenso la viabilidad financiera del proyecto.
Otros cuestionamientos:
A estos cuestionamientos técnicos se suma un fuerte señalamiento social: organizaciones ambientales y comunidades de Puerto Viejo denuncian que la viabilidad ambiental fue tramitada de forma “exprés y oculta”, en un plazo aproximado de 18 días hábiles, sin conocimiento ni participación de la población local. Según estas denuncias, el proyecto permaneció sin acceso público durante cerca de un año, y solo fue conocido tras un anuncio de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Incluso, personas de la comunidad que consultaron a SETENA fueron remitidas a expedientes antiguos, sin información clara sobre el proceso vigente.
Organizaciones y actores locales cuestionan además que, una vez otorgada la viabilidad ambiental, se esté convocando a procesos de consulta que consideran tardíos y orientados a legitimar una decisión ya tomada, lo que podría vulnerar el derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública.
El proyecto actual es señalado como el tercer intento de desarrollar infraestructura similar en la zona, tras iniciativas previas en 2008 y 2019 que fueron rechazadas por la comunidad debido a irregularidades, falta de estudios rigurosos y ausencia de consulta pública. En esos antecedentes también se identificaron deficiencias en los estudios de impacto ambiental y omisiones de especies marinas clave, lo que refuerza la preocupación sobre la repetición de patrones en la gestión del proyecto.
Las denuncias también ponen en cuestión el enfoque de desarrollo detrás del proyecto, señalando que responde a intereses turísticos y empresariales, mientras se relegan necesidades urgentes de la comunidad. Entre estas destacan la falta de acceso a agua potable, la ausencia de servicios básicos de salud como un EBAIS, así como carencias en infraestructura educativa como colegios y escuelas. A ello se suma la incapacidad de resolver la conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales, la falta de espacios públicos y la limitada inversión social para enfrentar problemáticas como la pobreza y la exclusión de la juventud.
Vista del sitio donde han querido instalar el atracadero y la marina anteriormente.Coral del Chino afectado por atracadero.
Aunque nací en Naranjo, Alajuela, casi no residí ahí, pues mi familia se mudó a San José a inicios de 1956, cuando yo tenía menos de cuatro años de edad. Desde entonces, mis únicos contactos directos fueron las gratas y memorables visitas, en las vacaciones de verano, a casa de Eugen, nuestro hermano mayor, quien permaneció allá. Con esto quiero decir —no sin dolor— que no conocí mucho de sus gentes ni de sus paisajes, ni tampoco de su historia. No obstante, a mis 73 años de edad hoy, me cautiva todo cuanto tenga que ver con mi terruño. Fue por ello que, cuando vio la luz en 2007, me embelesé con el libro Naranjo y su historia(1835-2004), del historiador José Luis Torres Rodríguez, rica obra que debiera estar en todo hogar naranjeño.
Ahora bien, como dicho libro está ampliamente ilustrado, una de las fotos que más me llamó la atención fue la del edificio municipal, atesorada por las hijas del hogar formado por el croata José Jengich Stilinovich y la costarricense-alemana Hilda Buck Beer. Esto fue así no solo por su hermosura, sino que también por su ubicación, pues no coincide con la del actual edificio, conocido como Palacio Municipal y construido entre 1948 y 1949. Espoleado por la curiosidad, indagué al respecto con el entrañable amigo José Luis, pero me dijo no saber mucho sobre dicho inmueble, aunque sí me facilitó un expediente referido a esta última edificación, declarada parte del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica en octubre de 2013.
Sorprende que en este amplio legajo no haya una sola mención del antiguo edificio municipal, y más bien llama la atención que en uno de sus documentos se indique lo siguiente: “Este edificio llegó a conformar el centro político-social de la pujante ciudad de Naranjo, [y] ya dentro de la cuadrícula de herencia española se desarrolló el Palacio Municipal al costado norte de la Iglesia Católica y a cincuenta metros de la plaza, hoy parque”. Es decir, da a entender dos cosas que son erróneas: que el actual fue el primer edificio municipal que hubo en el cantón, y que se ubica exactamente donde correspondía según los convencionalismos de la época colonial.
En realidad, el que sí se localizaba de acuerdo con esa norma o costumbre era el original, es decir, el antiguo edificio municipal. De ello es fehaciente la foto adjunta, de autor desconocido —facilitada por Cecilia Jengich Buck— en la cual se le observa frente al costado sur de la plaza, hoy Parque Central Dr. Abraham Rodríguez. Aunque se ignora la fecha de dicha imagen, es obvio que data de antes de 1924, cuando el antiguo templo no había sido cuarteado por el terremoto de marzo de ese año, que obligó a demolerlo después.
El templo católico y el edificio municipal, frente a los costados este y sur de la plaza.
Cabe mencionar que el edificio empezaba en la esquina sureste del cuadrante ubicado al sur la plaza, de modo que estaba diagonal a la iglesia. Este detalle se observa en un retrato que hallé en un manojo de fotos coleccionadas por mi tío Luis Castro Rodríguez —maestro y periodista—, quien poco antes de morir las entregó a mi hermana Brunilda. Supongo que él la tomó, pues cada cierto tiempo aparecía con una cámara y captaba imágenes de la familia, así como de lugares que le interesaban. De hecho, hay varias del nuevo templo en construcción, que utilicé para ilustrar mi artículo El templo anhelado por los naranjeños (Nuestro País, 19-IV-19). Nótese que en la citada foto hay una gran cantidad de boyeros alrededor del nuevo templo en construcción.
El edificio municipal visto desde el templo en construcción.
Por cierto, en nuestro libro Dos hombres y un volcán, publicado por la Editorial Tecnológica y que verá la luz en abril, hay varias de sus fotos, incluida una muy significativa, tomada el 24 de febrero de 1937 en la cima del volcán Arenal. Ese día los siete expedicionarios que acometieron la aventura, entre los que figuraron cinco naranjeños (Alberto y Gustavo Quesada Rodríguez, mi tío Ricardo Quirós Rodríguez, Bercelio Castro Ramírez y el tío Luis), descubrieron que ese coloso no era un simple cerro —como se pensaba entonces—, sino un volcán latente o dormido.
Ahora bien, para retomar lo del edificio municipal de Naranjo, una vez inaugurada la iglesia, a inicios de 1929, se le ve en otra foto, que hallé en el librito Naranjo y su iglesia, editado ese año por el padre José del Olmo Salvador, la cual muestro aquí. Y, para culminar, ya erigido el bello edificio de la Escuela República de Colombia —que abrió sus puertas en octubre de 1938—, ahí estaba a su lado, completando ese flanco del parque, como lo atestigua la foto aludida al principio de este artículo, mostrada en el libro de José Luis.
El edificio municipal visto desde el nuevo templo, en 1929.
El edificio municipal al lado de la escuela.
Como se nota, no hay duda de cuál era el aspecto del antiguo edificio municipal, ni tampoco de su ubicación, aunque las fotos existentes son un poco lejanas o parciales. Sin embargo, por fortuna, entre las fotos legadas por mi tío, hace unos años hallé una imagen completa y cercana.
Como era de esperar, el hallazgo de ese retrato me alegró mucho, pero había un inconveniente, y es que quedó movida o desenfocada. Eso me impidió escribir un artículo como éste, pues la imagen perdía así mucho de su valor testimonial. No obstante, en meses recientes empecé a familiarizarme con algunas técnicas de inteligencia artificial, al menos lo suficiente como para, tras varias tentativas, lograr corregir ese problema. El resultado final fue una bella y fidedigna imagen de tan significativa edificación, que ahora comparto con los lectores. Y, para que sea conservada como se debe, con motivo del 140 aniversario del cantonato, hace dos semanas la doné a la Municipalidad de Naranjo, con la esperanza y la ilusión de que la puedan ampliar, enmarcar y colocar en alguna pared del actual edificio municipal, en el cual, por cierto, laboró por muchos años, como contabilista, mi hermano Eugen.
El bello edificio municipal, en todo su esplendor.
Queda pendiente, eso sí, profundizar en la historia de ese inmueble. Aunque el amigo José Luis lo intentó, su esfuerzo resultó vano, pues parece que los archivos municipales se deterioraron en el curso del tiempo, hasta perderse por completo. ¡Una verdadera lástima, por este y otros proyectos históricos cantonales malogrados!
No obstante, permanecen como desafíos varias preguntas obvias, pero importantes. Por ejemplo, las fechas exactas de su construcción e inauguración, los nombres del ingeniero o arquitecto que concibió la idea y la plasmó en los planos, y del maestro de obras que condujo el proceso. También, las especies de madera elegidas para el maderamen y las paredes, estas últimas posiblemente de cedro amargo (Cedrela odorata), por su resistencia y belleza, así como por su abundancia en aquellos tiempos, aunque tal vez todo era prefabricado y de maderas foráneas —como se verá posteriormente—, y ensamblado aquí. Sí llama la atención que, en contraste con el actual edificio, tuviera dos plantas, así como corredores volados en ambos pisos, al igual que altas paredes, con fines de ventilación, obviamente, en una localidad tan cálida como Naranjo, a unos 1000 m de altitud. Al respecto, esta arquitectura es parecida a la que he visto en fotos de edificios de Puerto Limón y Turrialba, en el Caribe, a 0 y 600 m de altitud, respectivamente, las cuales datan de los primeros dos decenios del siglo XX.
Al respecto, en una consulta que hice al amigo arquitecto Andrés Fernández, autor de varios libros y muy connotado por sus aportes en el campo de la historia de la arquitectura en Costa Rica, con gentileza me manifestó lo siguiente, que es muy esclarecedor:
“Al terminarse las obras del ferrocarril al Atlántico, en 1890, e impulsada por la Revolución Industrial que se extendía por el mundo, llegó aquí la arquitectura de influencia victoriana. Su nombre deriva de haberse originado como tendencia en el reinado de Victoria Alexandra de Inglaterra (1847-1901), y se caracterizaba por ser una arquitectura totalmente industrializada tanto en materiales (ladrillo, metal de forja, madera aserrada y torneada, clavos de acero, lámina de hierro galvanizado, chapa metálica y pintura de aceite), como en sus muy prácticos métodos de construcción.
Al Valle Central de Costa Rica, esa arquitectura llegó primero desde Inglaterra, por ubicarse originalmente en esa nación el mercado del café; y solo en un segundo momento, de los Estados Unidos, gracias en buena medida al mercado bananero, lo que la extendió también por el Caribe. Aquí pronto arraigó con fuerza, dando pie a una arquitectura residencial de diversas escalas, casi siempre prefabricada e importada, pero cuyo auge hizo aparecer pronto un estilo “victoriano criollo”, realizado por carpinteros y maestros de obras locales, que incorporaron a ella elementos tanto climáticos como culturales propios.
Fue esa novedosa carpintería y los oficios a ella asociados, los que terminaron por sustituir los oficios constructivos tradicionales, heredados del período colonial, después de 1910. Pero, en cambio, fue gracias a ella que aparecieron entonces en un Valle Central rico en maderas de calidad, además de casas victorianas, edificios públicos, comerciales e industriales. Del primer tipo de esos inmuebles criollos, fueron notables, en especial, las escuelas primarias y los palacios municipales aparecidos en la década de 1920, y cuyos planos elaboraban técnicos especializados en la Dirección de Obras Públicas”.
En fin, como se aprecia, el reto pendiente es enorme, pues queda mucho por indagar, y las fuentes de información —si es que existieran— deben estar muy dispersas. Sin embargo, ojalá algún día alguien lo acometa, para rescatar este importante segmento de la rica y singular historia del amado cantón de Naranjo.
Organizaciones costeras, de mujeres y en defensa de la Zona Marítimo Terrestre solicitaron formalmente una audiencia ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de expresar su rechazo al proyecto de ley “Reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre” (Expediente N.º 22.553).
La solicitud fue dirigida al presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, así como a distintas jefaturas de fracción, en un contexto de creciente preocupación por el avance acelerado de esta iniciativa en el Congreso.
La semana pasada más de ochenta organizaciones sociales, ambientales, académicas y comunitarias, junto con más de doscientas personas firmantes, advierten que la reforma podría generar impactos profundos en las comunidades costeras y en ecosistemas estratégicos del país. Entre las principales preocupaciones se señalan posibles procesos de privatización del litoral, el debilitamiento de la protección ambiental, particularmente en humedales y manglares, y el riesgo de desplazamiento de comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios, incluyendo poblaciones afrodescendientes, indígenas y personas dedicadas a la pesca artesanal.
Asimismo, se alerta que el proyecto introduce condiciones administrativas, técnicas y económicas que resultarían difíciles de cumplir para las comunidades locales, lo que podría favorecer la concentración de concesiones en manos de actores con mayor capacidad económica, mediante mecanismos como la subasta.
Las organizaciones también recuerdan que este expediente ya había sido cuestionado y detenido en el año 2021 por razones jurídicas, sociales y ambientales, y que su reactivación en 2025 ha ocurrido sin un proceso amplio de consulta y participación con las comunidades afectadas.
Adicionalmente, informes técnicos han señalado posibles roces de constitucionalidad en varios artículos del proyecto, lo que incrementa la preocupación sobre su viabilidad legal y sus efectos sobre el régimen de protección de la zona marítimo terrestre.
En este contexto, las organizaciones firmantes reiteran la necesidad de abrir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, que incluya a comunidades costeras, organizaciones sociales y sectores académicos, antes de avanzar con una reforma de esta magnitud.
Como parte de este proceso de articulación, el pasado 18 de marzo se realizó un espacio virtual informativo, con la participación de la politóloga y asesora legislativa Jessica Ramírez, y la abogada especialista en derecho ambiental y derechos humanos Sofía Barquero. La actividad fue organizada por el Proyecto de Geografía y Diálogo de Saberes de la Universidad de Costa Rica, la Red de Mujeres Costeras y Rurales, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional.
Las organizaciones hacen un llamado a las diputaciones a atender esta solicitud de audiencia y a valorar la necesidad de detener el avance del expediente 22.553, en resguardo del carácter público de las playas, la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.
Desde la fundación de la República (1821), el país ha sido gobernado por los grupos de mayor solvencia, en función de sus intereses económicos.
A las personas afrodescendientes, y en particular a la región Caribe, se les ha negado sistemáticamente la participación en las decisiones que afectan a sus comunidades.
Algunos derechos y principios clave del Convenio 169 de la OIT a favor de los afrodescendientes, incluyen:
La consulta previa, la participación en planes y programas, la propiedad y posesión de tierras, la protección de la cultura y las tradiciones. (Ratificado por Ley N° 7316 (aprobada el 4/2/1992 y vigente a partir de 2/4/1993).
Sobre este particular, la Corte Suprema (Sentencia 2025-029985) reconoció recientemente dichos derechos, lo que implica una transformación abrupta del proceso político nacional.
A tal suerte, que privilegios empresariales tradicionales se ven amenazados y personas históricamente excluidas pasan a integrar el ejercicio del poder.
Que todas las decisiones administrativas que afecten los derechos de los Pueblos Tribales afro costarricenses estén sujetas a consulta previa, libre, informada y vinculante no es trivial:
Es un derecho constitucional derivado del Convenio 169 de la OIT, protegido por el principio de no regresión y prevalente sobre intereses económicos y políticos de grandes grupos empresariales.
En la práctica, ello resta peso a las tradicionales influencias informales (“llamadas al jerarca, cenas en clubes exclusivos, etc.”).
Ese reconocimiento es un legado decisivo, pero solo uno de los cuatro pilares del avance de estas comunidades. Los otros tres son:
1.- El Decreto Ejecutivo N° 43532 (5/5/2022) que reconoció la existencia a los Pueblos Tribales afro-costarricenses.
2.- La constatación autónoma y creación del organismo de consulta «Pueblo Tribal Afrocostarricense» en Cahuita (26/11/2023), cuyos representantes fueron nombrados por tres años;
3.- Y el ejercicio del derecho de consulta previa por habitantes de Cahuita mediante Recursos de Amparo (Exp. No. 23-027898-007-CO en septiembre de 2023 y Exp. No. O13786-007-CO) seis meses después.
Ambos esfuerzos culminaron en la Sentencia 2025-028985 del 19/09/2025.
Aun cuando la segunda acción buscaba también delimitar territorios- cosa que fue denegada-, su reivindicación de la consulta previa apoyó significativamente el primer recurso de amparo.
Estos cuatro pilares forman el puente que convierte una historia de silencios en la posibilidad de que las comunidades afro costarricenses forjen su destino con autonomía y respeto.
Cada pilar posee igual importancia histórica; ninguno es superior, todas son necesarias y se sostienen mutuamente.
Corresponde a la generación presente cruzar ese puente con decisión y prontitud; de lo contrario, la siguiente generación lo atravesará caminando, apoyada, quizás sin percatarse, sobre los hombros de quienes hoy dejamos de avanzar.
Agradezco sinceramente a quienes acompañaron este largo y difícil recorrido: Su diálogo, solidaridad y esfuerzo han sido fundamentales. Que Dios bendiga a quienes contribuyeron en este esfuerzo.
Cápsula #1 Gestores y Gestoras Locales en Acción, historias que inspiran y transforman comunidades.
Sonia Medina Matarrita es gestora local de la comunidad de La Florida, Isla Venado, en el Golfo de Nicoya. Mujer, madre, abuela y jefa de hogar, ha dedicado gran parte de su vida a la pesca artesanal y al cultivo de ostras, actividad que hoy constituye una fuente clave de empleo y desarrollo para su comunidad.
Es graduada del Técnico en Gestión Local del Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), versión Pacífico Central, promoción 2020. Ha vivido en Isla Venado toda su vida y forma parte de una familia fundadora de la comunidad. Actualmente, se desempeña como presidenta de la Asociación Local de Pescadores de La Florida, Isla Venado.
En el año 2018 fue invitada a Brasil por la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable de Costa Rica y la COFREM de Brasil, con el fin de compartir experiencias sobre la pesca artesanal costarricense y los procesos de organización comunitaria vinculados a esta actividad.
Ostras Deli: desarrollo local con enfoque sostenible
Ostras Deli es un proyecto conformado por tres granjas de ostricultura sostenible ubicadas en La Florida, Isla Venado. La iniciativa surgió a partir de la creación de un Área Marina de Pesca Responsable, dentro de la cual se establecieron estas granjas dedicadas al cultivo de ostras rizadas, un molusco altamente valorado por su aporte nutricional.
Actualmente, el proyecto representa una parte fundamental de la economía local y genera empleo para aproximadamente 24 familias, las cuales han logrado transformar su actividad pesquera mediante prácticas sostenibles y responsables con el ambiente.
Según Sonia Medina, entre los principales desafíos que enfrenta el sector pesquero se encuentran el calentamiento de las aguas, la pesca ilegal y el limitado acceso a los mercados, situaciones que impactan directamente la estabilidad económica de las comunidades costeras.
El proyecto ha contado con el apoyo de diversas instituciones públicas, entre ellas el IMAS, INCOPESCA, INDER, el Ministerio de Trabajo, la Universidad Nacional y el INA, lo que ha permitido fortalecer el proceso productivo y organizativo de la comunidad.
En su momento, el entonces presidente ejecutivo del IMAS, ministro Bermúdez, señaló que “estas granjas encierran las expectativas de reactivación laboral que impulsamos en el país, buscando balancear los resultados económicos, sociales y ambientales en la vida de las familias”. Agregó que este sistema productivo contribuye a la inocuidad del producto, al tiempo que forma parte de una estrategia para la lucha contra la pobreza mediante empleos azules, vinculados al uso responsable de los recursos hídricos.
Para Sonia, uno de los principales logros ha sido la unión comunitaria que ha generado el proyecto. “La granja ha unido a toda la comunidad. Personas que no son asociadas, e incluso que no son de la isla, nos han colaborado con sus propias manos en el proceso de construcción de este sistema”, comentó.
Actualmente, la organización trabaja en la construcción de un nuevo local comunal, con mejores condiciones de espacio y adaptación, e impulsa iniciativas para el aprovechamiento y recolección del agua, tanto para uso doméstico como para el riego de plantas, reforzando así su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario.
La Asociación Cívica y Cultural de Zapote invita a la comunidad a participar en la celebración del Día de la Batalla de Santa Rosa, en el marco del 170 aniversario de la Guerra Patria de 1856, una de las fechas más significativas de la historia nacional costarricense.
La actividad conmemorativa se realizará el 20 de marzo de 2026 a las 5:30 p.m., en el salón de actos de la Escuela Napoleón Quesada Salazar, en Zapote, y está abierta a la participación de personas vecinas y público interesado en recordar este episodio fundamental de la defensa de la soberanía nacional.
La Batalla de Santa Rosa, ocurrida el 20 de marzo de 1856, marcó uno de los primeros enfrentamientos de la Campaña Nacional contra las fuerzas filibusteras encabezadas por William Walker. En esta acción militar, el ejército costarricense logró expulsar a las tropas invasoras de la Hacienda Santa Rosa, en Guanacaste, en una operación decisiva que reafirmó el compromiso del país con la defensa de su independencia y su integridad territorial.
La conmemoración de esta fecha constituye una oportunidad para fortalecer la memoria histórica y el reconocimiento del legado de quienes participaron en la Guerra Patria, un proceso que unió a la sociedad costarricense en la defensa de la soberanía nacional frente a la amenaza filibustera en Centroamérica.
La Asociación Cívica y Cultural de Zapote extiende la invitación a la comunidad para participar en este espacio de encuentro cívico y cultural, orientado a recordar la importancia histórica de la Batalla de Santa Rosa y su significado para la identidad y la democracia costarricense.
La creatividad de niñas y niños del programa socioeducativo Tierra Fértil, ubicado en Guararí de Heredia, llegará a la Universidad Nacional (UNA) con la exposición “El Arte de Tierra Fértil”, que se inaugurará el jueves 12 de marzo a las 4 p. m. en la Biblioteca Joaquín García Monge.
La muestra reúne 80 obras elaboradas durante 2025 por 80 niñas y niños entre los 7 y 13 años, quienes participaron en el taller de arte del programa. Las piezas fueron realizadas con la técnica del temple al huevo, un método de pintura de origen antiguo que utiliza pigmentos naturales mezclados con yema de huevo.
El proceso de creación fue parte del aprendizaje del taller. Las niñas y los niños prepararon sus propios materiales: maceraron pigmentos naturales, separaron la albúmina del huevo y mezclaron la yema con agua hasta obtener la pintura. Todo el trabajo se desarrolló con el acompañamiento de voluntariado y de la profesora del taller.
Tierra Fértil es un programa socioeducativo impulsado por los Misioneros del Espíritu Santo, que trabaja con población infantil y juvenil de Guararí mediante talleres formativos en áreas como arte, literatura, motricidad, habilidades para la vida y reforzamiento académico. En el caso de adolescentes, también se ofrecen espacios de aprendizaje en robótica, inglés conversacional y herramientas informáticas.
La iniciativa busca fortalecer capacidades personales y sociales en niñas, niños y jóvenes, a partir de actividades educativas y comunitarias. En 2019, el programa recibió un reconocimiento de la Defensoría de los Habitantes por su aporte al mejoramiento de la calidad de vida.
La exposición estará abierta al público durante un mes a partir del 12 de marzo. La inauguración oficial será a las 4 p.m. de ese día.
• Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras. • Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.
Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.
Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.
“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.
Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.
El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.
Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.
“Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.
El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.
“Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.
Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.
Centralización y debilitamiento del control público
Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.
“Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.
Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.
“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.
Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.
“Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.
Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
El ciudadano limonense Marco Levy Virgo presentó ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud formal para que esa institución analice los alcances de la Resolución N.º 2025042454 de la Sala Constitucional y valore la promoción de acciones jurídicas destinadas a proteger los derechos de la población afrodescendiente de Limón, reconocida en Costa Rica como pueblo tribal.
La gestión se realizó mediante el oficio MLV-0084-2026, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el cual se solicita la intervención de esa entidad para examinar el impacto jurídico de la resolución constitucional y para considerar eventuales acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.
Solicitud de análisis y posibles acciones internacionales
En el documento, Levy Virgo plantea que la Defensoría evalúe la resolución de la Sala Constitucional desde la perspectiva de los derechos colectivos de la población afrodescendiente de Limón.
Asimismo, solicita que la institución valore la posibilidad de impulsar gestiones ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el respeto de los estándares internacionales aplicables a pueblos tribales y comunidades culturalmente diferenciadas.
Según el planteamiento presentado, este análisis permitiría determinar si las decisiones institucionales adoptadas en el país han considerado adecuadamente los principios de consulta previa, participación y protección de derechos colectivos.
Mediación ante la Asamblea Legislativa
Además de la evaluación jurídica, la solicitud plantea que la Defensoría pueda ejercer un papel de mediación ante la Asamblea Legislativa, particularmente en relación con el proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043).
El planteamiento sostiene que la discusión de esta reforma debería considerar la consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales que protegen a los pueblos tribales.
Antecedentes de gestiones institucionales
La solicitud presentada ante la Defensoría forma parte de una serie de gestiones realizadas en años recientes por el mismo autor ante distintas instituciones públicas.
Entre estos antecedentes se encuentra el oficio PEL-1878-2025, mediante el cual se realizaron consultas sobre decisiones estatales relacionadas con proyectos estratégicos en la región Caribe.
Posteriormente, mediante el oficio MLV-00129-2025, se plantearon nuevas interrogantes institucionales relacionadas con el reconocimiento de la población afrodescendiente de Limón como pueblo tribal y la eventual aplicación de mecanismos de consulta.
En respuesta a esas consultas, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) emitió el oficio CNC-ST-OF-0576-2025, en el cual se abordan aspectos jurídicos relacionados con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la aplicación de normativa internacional en materia de pueblos tribales.
Estas comunicaciones forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla el actual planteamiento ante la Defensoría.
Debate sobre derechos colectivos en el Caribe costarricense
La solicitud también se relaciona con una discusión más amplia sobre los derechos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense, particularmente en relación con el reconocimiento de su identidad cultural, histórica y territorial.
En los últimos años, diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan garantizar la participación de estas comunidades en decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, su desarrollo o sus condiciones de vida.
Desde esta perspectiva, la gestión presentada ante la Defensoría busca promover un análisis institucional que contribuya a clarificar el alcance de las resoluciones judiciales y de las decisiones administrativas relacionadas con estos derechos.
