La asociación ambiental Asalomas, denunció a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU.
El caso con los permisos irregulares que causaría daños irreparables, se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asociación Salvemos las Lomas, ASALOMAS 1 de junio 2025
Desamparados, San José — La Asociación Salvemos las Lomas reafirma su compromiso de lucha con el fin de la conservación del patrimonio natural y anuncia que, en el marco del juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo que se realizará el lunes 2 de junio con el motivo de la defensa de la Zona Protegida de la Loma Salitral, continuará trabajando, acorde la anhelo de décadas de esta noble causa e incansablemente para garantizar que este invaluable ecosistema, el ultimo remanente de Bosque Premontano Bajo Húmedo del Valle Central, reciba la protección que la normativa ambiental del nuestro país obliga a respetar.
En este proceso legal, que se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA, los vecinos, a través de la asociación ambiental ASALOMAS, nos enfrentamos a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU, por pretender construir, con el aval irregular de esas instituciones, en una zona de valor ambiental protegida por Decretos Ejecutivos y donde es prohibido edificar residenciales. Esta mega construcción, que consideramos ilegal, significaría una grave afectación a la calidad de vida de los habitantes alrededor de la zona y también irreparables daños ambientales. Por lo que este juicio representa un paso crucial en la lucha por la preservación del ecosistema único.
Nuestra organización, que cuenta en asesoría legal los abogados ambientalistas y exdiputados Edgardo Araya Sibaja y José María Villalta, ha presentado evidencia técnica-legal contundente sobre la importancia ecológica de esta área, su biodiversidad y el impacto irreversible que podría generar cualquier intervención como la posible construcción de más de 500 viviendas en la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral.
“No podemos permitir que intereses particulares se impongan sobre el bien común, afectando nuestro entorno y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de la riqueza natural de nuestro país,” afirmó Eduardo Gardela, presidente de ASALOMAS.
Hacemos un llamado a la comunidad, a las autoridades y a todos los sectores comprometidos con la defensa del medio ambiente para que se sumen a la defensa de esta zona protegida. La biodiversidad, el equilibrio ambiental y el legado de nuestras tierras están en juego.
Seguiremos informando sobre el avance de este juicio y las acciones que nuestra asociación tomará para garantizar la protección de nuestro pulmón, la Loma Salitral.
La Universidad Nacional (UNA), mediante el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor), concluyó un riguroso estudio técnico científico que permitió diagnosticar el estado y el riesgo del arbolado urbano en la calle Vía de los Cipreses del residencial El Tirol – Del Monte, en San Rafael de Heredia. Esta evaluación se realizó en atención a la solicitud del proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (Tevu), tras años de inquietudes vecinales y procesos judiciales vinculados a la condición de los árboles. El mismo, sirve como insumo al municipio correspondiente.
El estudio contempló un tramo de 650 metros de la entrada y se centró en árboles de ciprés (Cupressus lusitanica Mill.), plantados densamente en las décadas de 1950 y 1960 como cortina rompevientos para la producción agropecuaria. Sin embargo, el crecimiento urbano acelerado en la zona cambió el entorno, generó presiones sobre estos árboles y aumentó su interacción con personas, viviendas, vehículos y cableado eléctrico.
Estas son las principales conclusiones de los investigadores del Programa Gestión de Bosques del Inisefor-UNA con la participación de un arbolista certificado:
Se lograron clasificar un total de 967 árboles mayores a 10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP), de los cuales: 41.68 % presentan una condición verde, 33.09 % están muertos, 9.4 % están vivos pero suprimidos, 7.23 % presentan una condición roja, 6.72 % presentan una condición amarilla y 1.86 % fueron desmochados y están muertos.
En total se etiquetaron y marcaron 538 árboles vivos de ciprés con DAP > 30 cm, presentes en calle, Vía de los Cipreses, residencial El Tirol, de los cuales 32 presentan 2 – 3 ejes, condición importante de considerar por el potencial riesgo de fallo por la acumulación de humedad, materia orgánica o corteza incluida.
Se realizó una evaluación visual de riesgo en los árboles censados, donde se identificaron 135 árboles candidatos a la aplicación de una evaluación del riesgo del arboladpo (TRAQ), debido a que se identificaron factores como presencia de pudrición, evidencia de cavidades, ramas secas, grietas, copas reducidas, muerte regresiva y árboles con grados de inclinación importantes hacia viviendas y vía pública (blancos bajo alcance).
Se seleccionó una muestra representativa de 45 árboles (20 rojos, 20 amarillos y 5 verdes) para realizar tomografías forestales con el equipo Picus 3 – Sonic Tomograph, tecnología de punta que permite observar el interior del tronco y detectar daños no visibles. Este análisis corroboró la presencia de defectos internos significativos en varios individuos de las categorías roja y amarilla, lo cual justifica acciones preventivas de manejo para mitigar el riesgo y posteriormente el manejo del riesgo residual.
En cuanto a las tomografías realizadas a los árboles categorizados como rojos, 30 % de ellos muestran una prolongación importante de daños externos.
El estudio concluye que alrededor del 56% de los árboles inventariados requiere atención técnica inmediata o monitoreo constante. “La valoración del riesgo no busca justificar la tala, sino proponer un manejo responsable y técnicamente fundamentado que priorice la seguridad sin perder los beneficios ambientales de los árboles”, destaca el informe.
Aporte científico y técnico
El equipo técnico del Programa Gestión de Bosques del Inisefor-UNA, está a disposición para brindar acompañamiento a los tomadores de decisiones y profundizar en los resultados de este estudio.
Henry Sánchez, investigador del Inisefor, comentó que el Instituto ejecutó un estudio sobre el estado fitosanitario de la masa de árboles que se encuentran en la calle de ingreso al residencial El Tirol, donde encontró información muy importante en torno a las características que presentan los árboles. En primera instancia, árboles mayores a los 80 años, los cuales se encuentran con una elevada densidad de siembra, lo que determina la supervivencia o la muerte de algunos.
Isaac Meneses, ingeniero forestal del Inisefor, agregó que lo primero es evaluar el estado de las especies arbóreas hasta el momento y, a partir de ahí, determinar cuáles árboles deberían removerse y cuáles no, pero deben de ser gestionados a través del tiempo. En aquellas áreas donde existan espacios sin arboledas, lo conveniente sería diseñar algún plan para introducir las especies de reemplazo.
Fabricio Ballestero, ingeniero forestal del proyecto Tevu, explicó que la municipalidad de San Rafael de Heredia les solicitó el apoyo en este proceso, ante la necesidad de contar con atención especializada y así tener a mano una aclaración técnica objetiva dentro de los términos de evaluación del riesgo del arbolado en el área mencionada.
Carlos Vargas, poblador del sector del Tirol, indicó que hay tantos puntos de vista como de vecinos preocupados por el riesgo ante la caída de ramas o incluso árboles; sin embargo, el área de ingreso al residencial es algo muy apreciado por los vecinos, lo que ha creado un conflicto interno sumamente serio por parte de algunos que se oponen a la corta de árboles. Vargas reconoció que el acompañamiento de los expertos les permitió conocer la realidad que afronta el área boscosa del Tirol, desde el ámbito científico y técnico.
En Finca Dos Ríos, Guácimo, más de un centenar de familias campesinas enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre y la lucha por el derecho a la tierra. Tras la quiebra de una empresa bananera, muchas de estas personas ocuparon legalmente los terrenos que habían trabajado durante años. Hoy, sus historias revelan un panorama de amenazas de desalojo, cobros injustificados e inseguridad jurídica, en medio del abandono estatal. En este video, son ellas y ellos quienes toman la palabra: comparten sus vivencias, su resistencia y su llamado urgente a la justicia y al respeto de sus derechos fundamentales.
Este sábado 17 de mayo de 2025, la comunidad indígena de Rey Curré dio inicio al proceso para la construcción del Reglamento Forestal a implementarse en su territorio.
En esta primera convocatoria se ha empezado a revisar el borrador de dicha propuesta, que conducirá posteriormente a la creación definitiva del reglamento.
Este proceso consiste en una serie de talleres futuros donde se analizará y se construirá de manera conjunta, detalles e implicaciones sobre esta normativa, el cual procura garantizar una consulta indígena transparente, sistemático y participativo.
La primera fase de este proceso corresponde a la planificación inicial de la propuesta, cuyo objetivo general es establecer una base organizativa y estructural para el desarrollo del proceso, definiendo roles, recursos y aprobaciones iniciales.
En el transcurso de esta primera fase se tiene planeado crear un Comité de Consulta, el cual será el órgano encargado de liderar, supervisar y coordinar las actividades afines.
Dentro de las funciones de este comité están las de supervisar el cumplimiento de cada fase del protocolo, coordinar con actores clave y validar resultados parciales, así como actuar como enlace entre la comunidad, las instituciones y la UTCI.
Como parte de las actividades y pasos a seguir en este proceso, este comité se encargará de la convocatoria a miembros comunitarios y técnicos, identificando representantes de organizaciones claves como la ADI, CLEI, Mujeres de DúTuj, entre otros.
Además, dicho comité tratará de garantizar la inclusión de mujeres, jóvenes y ancianos con conocimientos culturales y los roles internos para atender asuntos relacionados con responsable de logística (transporte, alimentación y materiales), responsable de comunicación (difusión y convocatoria), así como el responsable de sistematizar la información (recopilación y análisis de datos).
La sede de este primer taller fue el salón comunal, el cual lució una hermosa decoración basado en elementos culturales propias de la comunidad, tales como máscaras, tejidos, tambores y plantas medicinales.
Este primer espacio de trabajo comunitario dio inicio a las 8 am y se extendió hasta la 1pm.
En los talleres posteriores se atenderá los pasos a seguir, según el manual que dirige la eventual construcción de este reglamento.
Como parte de la implementación del Plan Ambiental Forestal y Territorial derivado de los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), varias comunidades del Territorio Indígena de Rey Curré ya empezaron a ver sus beneficios.
A nivel de emprendimientos, se han apoyado a varias familias de las comunidades de Curré Centro, Las Vegas, Progreso, Lagarto, Mamey, Pantera y Dú Túj.
Se ha ejecutado reparaciones en la calle principal a Du Túj, previo a la coordinación interinstitucional, lo que contribuyó a una mejor condición de vida a los pobladores que debían sacar sus productos agrícolas.
Se brindó apoyo al Festival Cultural 2024 y se hicieron reparaciones necesarias en las instalaciones del Rancho Cultural.
Gracias al PAFT, se destinaron fondos para apoyar el Tradicional Juego de los Diablitos 2025, un apoyo económico para cubrir sus gastos y operaciones logísticas.
Se han hechos mejoras en el cementerio local y se han destinado fondos para que el Comité de Reciclaje ampliación su infraestructura y techado.
Para las familias de la comunidad de El Progreso, se han hecho estudios previos para la construcción de un tanque de captación y distribución de agua potable, así como la compra de 4 kilómetros de tubería de polietileno para la distribución del agua potable en este poblado.
Para los vecinos de San Bosco, se han realizado mejoras en la captación de agua potable, así como para la comunidad de Bajos de Mamey.
En la comunidad de Las Vegas de Chánguena, se han invertido en estudios previos para construir del perfil de la construcción del puente sobre el río Chánguena, así como la construcción de una bodega de almacenamiento de materiales y equipos de cocina para la recepción de los técnicos que estarán realizando dichos estudios y capacitaciones.
Esta bodega en la comunidad de Las Vegas cuenta con electrificación y las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento.
En este mismo contexto, se han pagado los servicios de técnicos especializados (antropólogos certificado) para que avalen los estudios de los estudiantes en antropología de la UCR, previos a la construcción del puente las Vegas de Chánguena, una obra de vital importancia en esta comunidad.
Del mismo modo, se han destinados fondos para capacitación y reforestación en las nacientes de Cementerio Curré, Dú Tuj, San Bosco y Bajos de Mamey.
Gracias a estos los fondos generados por los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), se han comprado equipos básicos para la oficina de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, tales como computadoras y equipo de sonido de actividades especiales.
El PAFT, es una herramienta para establecer los mecanismos de administración y distribución de los beneficios económicos que reciben los territorios por los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREF).
Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.
Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur
En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.
Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:
Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “¿Por qué no se regresa a su país a joder?” “La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.
Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:
Deshumanización
Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.
“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”
Criminalización
Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.
“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.” “¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”
Estigmatización como extranjero
Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.
“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?” “Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”
Incitación al odio y violencia simbólica
Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”
Legitimación institucional del hostigamiento
Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.” “El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”
Aislamiento social
Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.
“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.” “No los necesitamos.”
Cerrar filas frente al odio
Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.
No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.
Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur
En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.
Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.
La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.
Desprestigio sistemático y campañas de odio Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
Xenofobia y discursos de exclusión Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
Incitación al desplazamiento Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
Amenazas veladas y explícitas Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
Uso instrumental de canales institucionales Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
Normalización del discurso de odio Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.
Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica
La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:
Estigmatizar y criminalizar Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
Aislar comunitariamente Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
Avalar simbólicamente la violencia Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
Violar derechos humanos Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
Potenciar la violencia digital Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.
Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente
La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.
Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.
El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.
Defender la tierra no debe significar exponerse al odio
El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.
Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.
Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental
La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:
Fortalecer la seguridad digital
Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
No compartas datos sensibles públicamente.
Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
Usa VPN y navegadores privados.
Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
Documentar y denunciar los ataques
Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
Reporta los contenidos en las plataformas.
Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
Activar el cuidado colectivo
Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
Visibilizar y politizar la violencia digital
Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.
Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales
En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.
Auge del extractivismo y criminalización
La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.
Digitalización de las agresiones
Los ataques se manifiestan a través de:
Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
Estigmatización mediática e institucional
Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.
Género y violencia digital
Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.
Falta de protección y acceso a justicia
Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.
¿Qué es la violencia digital?
La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.
Instrumentos y patrones comunes
Difamación y campañas de desprestigio.
Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
Exposición pública de datos personales (doxing).
Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.
Implicaciones para las personas víctimas
La violencia digital puede generar:
Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
Afectaciones emocionales y de salud mental.
Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza
En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios
Aspecto
Violencia Física
Violencia Digital
Definición
Uso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.
Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurre
Presencial (hogar, calle, instituciones, etc.).
En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción por Marco Levy Virgo:
Réplica al comunicado de prensa de Edwin Patterson y denuncia de su conflicto de intereses
Las comunidades del Caribe Sur, representadas por organizaciones de base como el Movimiento Cahuita Unida, COVIRENAS Caribe Sur, el Bloque Verde, y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), rechazamos categóricamente el comunicado de prensa publicado el 11 de mayo de 2025, suscrito por Edwin Patterson, quien se presenta como representante del pueblo tribal afrodescendiente del Caribe Sur a través de la Asociación Tribal Afro-Costarricense del Caribe Sur (ATACS). Denunciamos que las afirmaciones de Patterson no solo carecen de legitimidad técnica y moral, sino que encubren un claro conflicto de intereses, ya que él mismo es beneficiario potencial de una concesión bajo el controvertido Plan Regulador Costero (PRC) de Talamanca, un proyecto que amenaza el patrimonio ambiental y cultural de nuestra región.
Desmintiendo las afirmaciones de Edwin Patterson
1. Falsa representación de los pueblos afrodescendientes: Edwin Patterson no representa el sentir mayoritario de las comunidades afrodescendientes ni indígenas del Caribe Sur. Su respaldo al PRC, lejos de defender los derechos de los pueblos tribales, promueve un modelo de desarrollo turístico que prioriza intereses económicos privados sobre las necesidades de las comunidades locales. Organizaciones como Cahuita Unida y COVIRENAS han documentado cómo el PRC permite la fragmentación de ecosistemas clave, como humedales y bosques costeros, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, afectando la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades que dependen de estos recursos.
2. Conflicto de intereses evidente: Patterson omite mencionar que él mismo está posicionado para obtener una concesión en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) bajo el PRC, lo que lo convierte en un beneficiario directo de este plan. Esta omisión compromete su credibilidad y deslegitima su supuesto rol como defensor de los derechos humanos y ambientales. Su apoyo al PRC no responde al bienestar colectivo, sino a intereses personales y económicos, lo que constituye una traición al legado de lucha de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Caribe Sur.
3. Manipulación de la narrativa ambiental: El comunicado de Patterson acusa a “grupos extremistas” y autoridades de manipular la normativa ambiental para frenar el desarrollo. Esta afirmación es engañosa y desinforma a la población. La oposición al PRC no proviene de extremismos, sino de preocupaciones fundamentadas por la falta de consulta indígena, la omisión de humedales en la zonificación, y la ausencia de una delimitación adecuada del Refugio Gandoca-Manzanillo, como lo ha señalado la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional en múltiples resoluciones. Por ejemplo, la sentencia 31756-2023 de la Sala IV anuló una audiencia pública del PRC por excluir al Territorio Indígena Kéköldi, evidenciando el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
4. Desarrollo desigual y marginación del Caribe Sur: Patterson afirma que el Caribe es marginado bajo el pretexto de la conservación. Si bien es cierto que el Caribe Sur ha sido históricamente marginado, el PRC no resuelve esta problemática. Al contrario, fomenta un modelo de turismo masivo, similar al del Pacífico, que beneficia a grandes inversionistas y cadenas hoteleras en detrimento de las comunidades locales. El PRC no incluye planes para abordar carencias críticas, como la falta de agua potable (85% de los acueductos en Talamanca enfrentan estrés hídrico, según ARESEP) o la infraestructura educativa deficiente, como la Escuela de Puerto Viejo, que está al borde del colapso.
La verdadera amenaza: el Plan Regulador Costero de Talamanca
El PRC de Talamanca, lejos de ser una herramienta de desarrollo sostenible, representa una amenaza directa a la seguridad ambiental, cultural y social de las comunidades del Caribe Sur. Entre sus principales problemas, destacamos:
• Impacto ambiental devastador: El PRC permite el desarrollo turístico en áreas sensibles, como humedales y bosques costeros, ignorando un informe del SINAC de 2021 que identificó 165 hectáreas de humedales en la ZMT. La directriz del MINAE de 2023, que desestimó este informe, facilita la construcción en estas zonas protegidas, violando sentencias de la Sala Constitucional (12745-2019, 3959-2024, entre otras).
• Falta de consulta indígena: La Municipalidad de Talamanca ha incumplido sistemáticamente el derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. La Defensoría de los Habitantes confirmó que no existe solicitud alguna para consultar al Territorio Indígena Kéköldi, lo que invalida el proceso del PRC.
• Despojo de tierras ancestrales: Aunque Patterson y sus aliados, como Edwin Cyrus, argumentan que el PRC garantiza seguridad jurídica a los habitantes históricos, el plan no protege adecuadamente los derechos de propiedad de las comunidades afrodescendientes. La Ley 9223, declarada inconstitucional en 2019, desafectó bosques del Refugio Gandoca-Manzanillo, abriendo la puerta a la especulación inmobiliaria. Las concesiones previstas en el PRC benefician principalmente a inversionistas externos, no a los pobladores ancestrales.
Llamado a la acción y exigencia de transparencia
Rechazamos la narrativa de Edwin Patterson y exigimos lo siguiente:
1. Suspensión inmediata del PRC: La Municipalidad de Talamanca debe acatar las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y suspender cualquier acto de aprobación del PRC hasta que se cumplan los requisitos legales, incluida la consulta indígena y la delimitación del Refugio Gandoca-Manzanillo.
2. Investigación sobre conflictos de intereses: Solicitamos a la Comisión Legislativa de Ambiente, que ya abrió un expediente sobre el PRC, investigar las conexiones de Patterson y otros promotores del plan con concesiones en la ZMT, así como posibles casos de tráfico de influencias.
3. Diálogo inclusivo y participativo: Instamos al Gobierno de Costa Rica a establecer un diálogo genuino con todas las organizaciones comunitarias del Caribe Sur, excluyendo a figuras como Patterson, cuya legitimidad está comprometida por sus intereses personales. Este diálogo debe priorizar la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales.
4. Protección del legado ambiental y cultural: Conservar el Caribe Sur no implica despojar a sus habitantes, como Patterson sugiere, sino garantizar que el desarrollo respete la armonía entre las comunidades y su entorno. Los pueblos afrodescendientes e indígenas hemos convivido sosteniblemente con esta región por generaciones, y no permitiremos que se sacrifique nuestro patrimonio en nombre de un falso progreso.
Conclusión
Edwin Patterson no habla por el Caribe Sur. Su respaldo al PRC, motivado por intereses personales, traiciona la lucha histórica de los pueblos afrodescendientes e indígenas por la justicia ambiental y territorial. Invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las autoridades a escuchar las voces legítimas de las comunidades organizadas que defendemos nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro futuro. No permitiremos que el Caribe Sur sea entregado a la codicia de unos pocos bajo el disfraz de un desarrollo que no nos representa.
Referencias:
• Defensoría de los Habitantes, alerta temprana sobre el PRC, 10 de octubre de 2024.
• Sala Constitucional, sentencias 31756-2023, 12745-2019, 3959-2024, entre otras.
• Informe SINAC sobre humedales, 2021.
• ARESEP, informe sobre estrés hídrico en Talamanca, 21 de julio de 2023.
• COVIRENAS y Bloque Verde, denuncias sobre impacto ambiental del PRC, 2023.
• Sala Constitucional ordenó garantizar agua potable, pero autoridades insisten en ignorar la normativa vigente.
6-5-2025, Cipreses, Cartago — El Frente Ecologista de Cipreses (Ecocipreses) presentó una nueva gestión de desobediencia contra el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), debido a que ambas instituciones continúan sin aplicar el Reglamento vigente para la Calidad del Agua Potable, pese a una reciente orden de la Sala Constitucional.
La gestión se fundamenta en la resolución N.º 2025012770, emitida el pasado viernes por la Sala, en la cual se ordena a las autoridades resolver efectivamente el problema de contaminación por clorotalonil en las nacientes de agua y, mientras tanto, continuar abasteciendo a la población mediante camiones cisterna.
Ecocipreses argumenta que las autoridades levantaron medidas sanitarias sin basarse en los parámetros establecidos por el reglamento vigente, incumpliendo con los estándares jurídicos aplicables. En su resolución, los magistrados reiteraron que los únicos valores legalmente válidos son los establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.
“De un total de 75 fuentes analizadas, solo cuatro presentaron concentraciones de metabolitos de clorotalonil superiores al límite permitido. Esto significa que 71 fuentes cuentan con agua potable apta para el consumo humano”.
Según Ecocipreses, las autoridades están utilizando valores máximos admisibles (VMA) que superan hasta 800 veces el límite permitido por la normativa nacional vigente, como ya han denunciado diversas organizaciones sociales, universidades públicas, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP. Estos valores corresponden a una propuesta de nuevo reglamento que aún no ha sido legalmente publicado ni aprobado, por lo que carecen de validez jurídica.
Además, el comunicado oficial del gobierno destaca como un logro la “definición de valores de referencia sanitarios (VMAAR) en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, sin mencionar que tales valores no tienen respaldo legal en Costa Rica y representan un retroceso en materia de salud pública, lo que los hace inconstitucionales.
Ante esta situación, Ecocipreses considera que se ha incurrido en una falta de respeto directa a la autoridad de la Sala Constitucional. Por ello, solicitan que se ordene al Ministerio de Salud iniciar procedimientos sancionatorios contra los funcionarios responsables de la emisión del comunicado de prensa, al considerarlo una manifestación oficial que contradice lo ordenado judicialmente.
Los accionantes también señalaron: “Si AyA no garantiza el suministro de agua potable, está incurriendo en desobediencia, pues la orden fue de cumplimiento inmediato. Negarnos el acceso al agua limpia es un acto de irresponsabilidad que atenta contra la vida de nuestra comunidad”.
Finalmente, denuncian que hasta el día de hoy no han recibido ninguna notificación oficial que les garantice el acceso a fuentes de agua libre de contaminantes.“La única información recibida es la del comunicado de prensa del Ministerio, que, a nuestro juicio, constituye una burla a lo dispuesto por la Sala Constitucional”, concluyen.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Continuamos con los recorridos que realiza Philippe, una voz clave en la vigilancia comunitaria del Caribe Sur. En esta ocasión, regresó a la loma donde semanas atrás operaba una draga, removiendo tierra y abriendo zanjos en una zona de gran sensibilidad ecológica. Las imágenes recientes muestran que los zanjos han sido rellenados, como parte de acciones de contención impulsadas por la fiscalía tras las denuncias comunitarias. No obstante, Philippe advierte que aún queda pendiente intervenir el otro lado del terreno: “ya no es una quebrada, es un río; eso lo tienes que tapar también”, señala con preocupación. Esta observación pone de manifiesto cómo las intervenciones ilegales siguen generando transformaciones profundas en el paisaje, alterando el curso natural del agua y afectando el equilibrio ecológico.
La vigilancia comunitaria como barrera contra la impunidad
Estas acciones reflejan intentos importantes, aunque insuficientes, por frenar el avance de actividades que violentan los territorios del Caribe Sur. La respuesta ha sido posible gracias a la organización de comunidades y personas defensoras que, ante la inacción o lentitud de las instituciones, han asumido la labor de documentar, alertar y exigir respuestas. En este contexto, el control y la vigilancia comunitaria no solo son estrategias de resistencia, sino una forma concreta de ejercer derechos y proteger bienes comunes que están siendo erosionados. Sin estas acciones colectivas, muchos de estos daños quedarían invisibilizados y avanzarían con total impunidad.
Alta rotación institucional: una amenaza silenciosa
Una de las principales amenazas para la efectividad de las medidas de protección es la discontinuidad en el accionar institucional. Philippe subraya con preocupación la alta rotación del personal fiscal, especialmente de quienes tienen a cargo casos ambientales. Esta inestabilidad compromete el seguimiento de los procesos y genera vacíos de información: los fiscales recién llegados desconocen el contexto, los actores involucrados y el historial de intervenciones. Como consecuencia, los casos se dilatan, las medidas cautelares se debilitan o incluso se desestiman, lo cual beneficia directamente a quienes buscan explotar el territorio al margen de la ley.
Permanencia y especialización: claves para una justicia ambiental efectiva
La permanencia y especialización del personal judicial es clave para garantizar que las normas ambientales se apliquen de manera oportuna y eficaz. Cuando un fiscal permanece en su puesto, puede construir un conocimiento profundo del territorio, establecer relaciones de confianza con las comunidades y acumular experiencia sobre los patrones de afectación ambiental. Esta continuidad es indispensable para emitir criterios técnicos sólidos, sostener acusaciones ante los tribunales y vigilar el cumplimiento de medidas cautelares. La alta rotación, en cambio, desarticula procesos, debilita la institucionalidad y, en muchos casos, neutraliza los esfuerzos de defensa comunitaria.
Un llamado urgente a fortalecer el rol del Estado
En este escenario, es urgente repensar la gestión institucional en materia ambiental. No basta con tener leyes y fiscalías especializadas si no se garantiza la estabilidad, formación y presencia territorial del personal responsable. La defensa del ambiente no puede depender únicamente de la voluntad y sacrificio de las comunidades; requiere también un Estado coherente, comprometido y con capacidad sostenida para actuar. La experiencia del Caribe Sur deja una lección clara: sin continuidad en la acción judicial, la impunidad se fortalece, y los ecosistemas —ya vulnerables— corren un riesgo aún mayor.
Galería situación actual
Alianzas necesarias: defensores ambientales y fiscalía, una relación clave
La relación entre las comunidades defensoras del ambiente y la fiscalía ambiental no es solo estratégica, sino esencial para una protección efectiva del territorio. Las personas defensoras son quienes habitan, recorren y conocen profundamente los ecosistemas; son las primeras en detectar cambios, denunciar afectaciones y documentar pruebas. Su conocimiento empírico y su compromiso sostenido aportan información valiosa que puede ser utilizada en procesos judiciales, siempre que exista un canal de comunicación abierto, respetuoso y continuo con las autoridades.
Cuando esta relación se fortalece —basada en la confianza, la escucha activa y la corresponsabilidad—, se generan condiciones para que la fiscalía actúe con mayor precisión, rapidez y pertinencia. Sin embargo, la alta rotación del personal fiscal interrumpe estos vínculos, obliga a reiniciar procesos de sensibilización y formación, y debilita la cooperación institucional con los territorios. Esto no solo ralentiza la justicia, sino que puede poner en riesgo a las personas defensoras, al exponerlas nuevamente sin respuesta institucional clara.
Construir y sostener alianzas entre defensoras/es ambientales y fiscalías especializadas es un paso indispensable para enfrentar de manera estructural los delitos ambientales. No se trata solo de intercambiar información, sino de reconocer a las comunidades como actores legítimos en la defensa del bien común y asegurar que las instituciones del Estado actúen en sintonía con esa legitimidad. En territorios amenazados por extractivismos ilegales, esa relación puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia.
Fuerzas vivas del cantón de Grecia se unen a la jornada de limpieza del río Agualote, Grecia.
La Universidad de Costa Rica, en su Recinto de Grecia, lidera una estrategia innovadora para restaurar ecosistemas hídricos y fortalecer la conciencia ambiental en la región
Desde el Recinto de Grecia de la UCR se impulsa un esfuerzo integral que combina la docencia, por medio de la carrera de Gestión del Recurso Hídrico, investigación científica, la acción social y la participación comunitaria para enfrentar el grave deterioro de los ecosistemas hídricos en ese cantón alajuelense.
En el marco del proyecto Calidad de Aguas Superficiales en los Ríos del Cantón de Grecia (C3095) y la iniciativa Sistematización de la gestión comunitaria y territorial del Río Agualote (Pry01-65-2026), la universidad ha implementado acciones innovadoras como el uso de esferas de barro con microorganismos (Bokashi), que funcionan como sistemas naturales de descontaminación del agua.
Esta tecnología, sencilla pero poderosa, permite oxigenar los ríos y fomentar el crecimiento de bacterias benéficas que degradan contaminantes, involucrando a la comunidad en su producción y aplicación.
Las esferas de barro con microorganismos (bokashi) son una tecnología sencilla que permite oxigenar los ríos y fomentar el crecimiento de bacterias benéficas que degradan contaminantes.
Un proyecto vivo y en crecimiento
La reciente jornada de limpieza del río Agualote forma parte de las acciones que se desarrollan en busca de la restauración del ecosistema y el empoderamiento de las comunidades locales en su cuidado y defensa. Esta estrategia ha permitido que estudiantes y docentes trabajen hombro a hombro con organizaciones como el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y diversas asociaciones de corredores biológicos, como el proyecto Observatorios Ciudadanos del Agua (OCA) y el de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica (ANRCCR).
«Queremos que los ríos sean parte del imaginario local», enfatiza la docente Rocío Chamorro, al explicar acciones como la rotulación de ríos y la generación de conocimiento para comunidades y empresas.
Estudiantes participantes, como Leonardo Barrantes y Yendri Salazar, destacan que el crecimiento urbano e industrial en Grecia plantea nuevos retos para el recurso hídrico, por lo que el involucramiento genuino del sector empresarial y de los nuevos habitantes resulta crucial.
La UCR, mediante esta visión de trabajo integral, contribuye a anticiparse a problemas mayores de contaminación, fortaleciendo la conciencia social y ambiental de manera proactiva.
El docente de la carrera de Gestión Integral del Recurso Hídrico, John Diego Bolaños destaca que las iniciativas responden a una necesidad de generar conocimiento científico y trabajo en acción social para dar visibilidad a los retos ambientales del cuidado y calidad del recurso hídrico.
A través de sus proyectos en el Recinto de Grecia, la Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de las regiones, demostrando que la ciencia, la educación y la acción social, juntas, son fuerzas capaces de transformar positivamente los territorios y asegurar un futuro más limpio y justo para todos.
Nodo de Comunicación Sede de Occidente, con la colaboración de William Vargas
