Skip to main content

Construyendo comunidades resilientes a través de la Economía Solidaria 2025

Escrito el . Publicado en Comunidad.

Carlos Hernández
Cokomal / RedEss*

Las estrategias territoriales para fortalecer las dinámicas económicas solidarias representan una iniciativa integral que busca transformar el tejido socioeconómico de nuestras comunidades mediante la implementación de iniciativas asociativas alternativas centrados en las personas y el bien común. Este enfoque innovador propone una reconceptualización de las relaciones económicas tradicionales, privilegiando la colaboración sobre la competencia, la sostenibilidad sobre el beneficio inmediato, y lo comunitario sobre el individualismo.

En un contexto marcado por crecientes desigualdades socioeconómicas y desafíos ambientales, estas estrategias territoriales se presentan como una respuesta coherente y articulada para fomentar un una inclusión social económica local más equitativa y sostenible. A través de la promoción de iniciativas sociales, asociativas productivas y otras formas de organización económica solidaria, se busca crear una dinámica económica que responda efectivamente a las necesidades locales mientras genera oportunidades de prosperidad compartida para todos los miembros de la comunidad.

Es así como la economía solidaria emerge como una propuesta transformadora para los territorios y comunidades, lo que destaca su impacto en el desarrollo local a través de la creación de empleos sostenibles, la mejora de servicios y la calidad de vida. En esta propuesta se utiliza sus recursos para garantizar un acceso equitativo a bienes y servicios, lo que contribuye a la supervivencia y a una vida con dignidad en las comunidades. Las iniciativas de economía solidaria enfrentan desafíos relacionados con su sostenibilidad local, abordando problemáticas diversas mediante estrategias democráticas que fomentan la participación y priorizan las necesidades de las personas sobre el capital.

Se pueden distinguir varias estrategias: las sectoriales (que optimizan el acceso a productos y servicios dentro de un sector), las territoriales (que integran la dimensión geográfica y promueven el desarrollo local) y las orientadas a beneficiarios (que responden a las necesidades de grupos específicos).

Las iniciativas de economía solidaria tienen una misión social clara, operando bajo los principios de solidaridad, sostenibilidad, autonomía, democracia, participación y priorización del trabajo humano. Estas entidades promueven una distribución más equitativa de los beneficios e invierten en sus territorios, fortaleciendo la economía local y generando un tejido social que fomenta el emprendimiento. Además, estas iniciativas son cruciales para mejorar la autonomía territorial en un contexto de descentralización, lo que permite a las comunidades gestionar de manera más eficiente sus recursos y necesidades.

Combinan relaciones entre la producción de bienes y servicios con las exigencias locales, lo que facilita el bienestar social mediante la oferta de servicios que responden a las necesidades comunitarias. Asimismo, generan una dinámica de innovación social y promueven la incidencia política contribuir a la eficacia del Estado en áreas como las políticas sociales, medioambientales y económicas. A través de su filosofía y enfoque democrático, la economía solidaria busca no solo responder a las necesidades económicas, sino también fortalecer la cohesión social y el tejido comunitario, impulsando un desarrollo integral y sostenible en los territorios.

*carloscokomal@gmail.com / F.B: cokomal org / F.B: redess Costa Rica

Diablitos Curré/Yímba 2025 ya tienen fecha

Escrito el . Publicado en Comunidad, Cultura.

Será del 30 de enero al 02 de febrero

Por Uriel Rojas

La comunidad indígena de Rey Curré/Yímba, situada en la Zona Sur de Costa Rica, ha comunicado de manera oficial, que la fecha para realizar su Tradicional Juego de los Diablitos 2025 será del 30 de enero al 02 de febrero.

El Juego de los Diablitos es una de las tradiciones indígenas más antiguas de nuestro país, que representa la memoria histórica de las luchas que tuvieron los antepasados borucas durante el proceso de “conquista”.

Esta tradición ancestral, por su gran simbolismo y coyuntura cultural fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica desde el año 2017 bajo el decreto ejecutivo Nº 40766-C.

La comunidad indígena Rey Curré se ubica en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, 220 km al SE de San José, sobre Carretera Interamericana Sur.

Para más detalles pueden consultar al WhatsApp 87093735.

Esta nota se elaboró con el apoyo de la profe Victoria Lázaro Ortiz.

Regresa la Vuelta Ciclista a Buenos Aires

Escrito el . Publicado en Comunidad.

Será meta de la etapa 7

Por Uriel Rojas

El cantón de Buenos Aires volverá a vivir la alegría y adrenalina que significa recibir nuevamente a la Vuelta Ciclista a Costa Rica, tras 13 años de no hacerlo.

Corresponde a la sétima etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica versión 2024, y su meta de llegada estará frente a la Municipalidad de Buenos Aires.

Lograr que el cantón cuna de las culturas indígenas reciba a esta caravana, fue un arduo trabajo que implicó más de un año de coordinación regional por parte del despacho de la diputada Sonia Rojas, La Municipalidad de Buenos Aires, JUDESUR, don Oscar Ávila director de la FECOCI, así como los demás Concejos Municipales del Sur que también tendrán el privilegio de ver pasar la caravana ciclística por sus cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus, Quepos.

Esta sétima etapa que se correrá este jueves 19 de diciembre estará saliendo de Ciudad Neily a partir de las 8 am, devorando 137 kilómetros de distancia entre la vasta llanura del Sur y llegando a Buenos Aires antes de la 1pm.

Como parte de las actividades de recibimiento en la meta habrá exposiciones culturales, gastronómicas y el agradecimiento de los bonaerenses a todos quienes hicieron posible que la vuelta sobre los pedales volviera al cantón de Buenos Aires, la tierra del tamal de arroz y cuna de las culturas indígenas del Sur de Costa Rica.

¿Por qué tantas familias afrodescendientes han perdido sus tierras en el Caribe de Costa Rica?

Escrito el . Publicado en Comunidad.

Bernardo Archer Moore

La respuesta varía según a quién se consulte. Como sucede en muchos casos de injusticia, la explicación simplista para muchas personas es inculpar a las víctimas en lugar de a los perpetradores.

Existen diversas teorías que sugieren la supuesta incapacidad de las familias desposeídas para mantener sus propiedades. Sin embargo, al profundizar en el tema, se revela que son las políticas deliberadas de despojo, impulsadas por el gobierno nacional, las que han generado estas privaciones.

Esto se manifiesta a través de métodos directos, como campañas de titulaciones indiscriminadas a nombre del Estado, así como a través de formas indirectas, como la usurpación precaria que recibe un respaldo «legal» del Estado Costarricense.

Es fundamental que la generación actual reconozca y entienda que la gran mayoría de las tierras poseídas por las familias afro costarricenses, a través de sus ancestros, fueron adquiridas durante la primera mitad del siglo XX (1900-1950). Estos derechos de propiedad están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al respecto señala textualmente lo siguiente:

«Artículo 17:

  1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, ya sea de forma individual o colectiva.
  2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.»

Sin embargo, mientras los afrocaribeños estuvimos celebrando el Carnaval el 14 de octubre de 1961 los gobernantes aprovecharon para violentar este derecho humano fundamental con la promulgación de la Ley de Tierras y Colonización número 2825.

Esta ley dio inicio a un proceso que sometió el derecho humano de marras a la condición de estar inscritas en el registro nacional. Lo que es aún más grave, abrió las puertas al precarismo, al permitir que grupos de ocupantes ilegales despojaron a muchas personas negras de sus tierras.

Las dudas sobre los derechos de posesión de la propiedad privada de las personas afrodescendientes, respaldadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 y la Ley de Creación del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) de 1961, fueron aclaradas en 1969 por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que establece en su artículo 21 el derecho al uso y usufructo de la propiedad privada. A pesar de estas normativas internacionales, las autoridades nacionales han buscado formas de eludir su cumplimiento.

En el pasado, como se creía que los residentes afrocaribeños, principalmente inmigrantes jamaicanos, no tenían títulos de propiedad debido a barreras lingüísticas y limitaciones económicas; esto llevó a que la jurisprudencia restringiera el derecho de propiedad a quienes poseían un Título de Propiedad inscrito en el Registro Nacional.

Sin embargo, al haber demostrado que muchos afrodescendientes sí titularon sus tierras, esto dio luz a los subjetivos conceptos de «POSESIÓN DE BUENA” O “MALA FE», utilizado actualmente para negar los derechos de propiedad a la presente generación de herederos.

Desde la perspectiva del derecho internacional, surgen preguntas sobre quiénes son los verdaderos propietarios de las tierras del ITCO/IDA/INDER y ITCO?

¿Y quién debería recibir los ingresos por la protección del medio ambiente en áreas como humedales y parques nacionales u otras Reservas Equivalentes?

Estoy indignado por las políticas gubernamentales que forzaron a nuestros antepasados a vender sus tierras bajo amenazas de violencia de ocupantes ilegales (PRECARISTAS),

En lugar de culpar a los inmigrantes que compraron esas tierras a precios bajos, reconozco que esto ayudó a muchas familias a evitar la hambruna y a mitigar el desarraigo.

Somos pocos los que podemos afirmar que nuestros antepasados no cayeron en esta patraña de los gobernantes de turno.

Comunidad afrocaribeña lucha por sus derechos

Escrito el . Publicado en Comunidad.

En una carta realizada por la Defensora Angie Cruickshank Lambert dirigida a Laura Fernández, ministra de la Presidencia con copia a Marco Vinicio Levy Virgo, se señala que organizaciones de la comunidad afrodescendiente han expresado su descontento con el accionar de la Defensoría de los Habitantes en relación con el pueblo del Caribe.

En el reclamo, se critica la falta de medidas concretas para enfrentar las violaciones a los derechos humanos de esta población. Aunque la institución ha reconocido las deudas históricas del Estado con las comunidades afrodescendientes, y organizó en 2023 un simposio internacional sobre la aceleración de sus derechos, las críticas consideran insuficientes estas acciones frente a los desafíos estructurales. 

El simposio, aunque valioso, puso en evidencia violaciones persistentes, como la falta de reconocimiento de territorios ancestrales, la necesidad de luchar contra el racismo sistémico y la discriminación, y las brechas en salud, especialmente en temas como la salud materna. Según datos del UNFPA presentados en el evento, las muertes maternas son hasta cinco veces superiores entre las mujeres afrodescendientes debido a carencias en consultas prenatales, acceso a anticonceptivos y prevención del embarazo adolescente. 

Además, se destacó que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) está por concluir sin avances significativos en derechos fundamentales como el acceso a la tierra, protegido por el Convenio 169 de la OIT. Aunque informes previos, como el de la exdefensora Montserrat Solano, identificaron la necesidad de soluciones legislativas para la problemática de tenencia de tierras en Cahuita y Puerto Viejo, la actual administración de la Defensoría no ha tomado acciones concretas al respecto, limitándose a argumentar que no puede intervenir en competencias específicas del Estado. 

Los críticos subrayan que la Defensoría tiene el deber de intervenir cuando las omisiones del Estado vulneran derechos humanos, como sucede con el derecho de consulta y autodeterminación de las comunidades afrodescendientes. A pesar de conocer estas situaciones desde hace años, la institución no ha implementado medidas efectivas para impedir la persistente violación de derechos. Esto, según las personas denunciantes, contradice su mandato legal y perpetúa las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades afrodescendientes en Costa Rica.

Dentro del marco del documento citado, la Defensoría de los Habitantes de la República generó una serie de recomendaciones con fundamento en el artículo 14 de la Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992 y en el artículo 32 del Decreto Ejecutivo No 22266-J, siendo estas:

PRIMERA: Gestionar la selección y el pronto nombramiento de la persona que sustituya al señor Ricardo Sosa como Comisionado de Inclusión Social de la República, a efecto de que esta persona pueda dar seguimiento a las diferentes iniciativas de poblaciones vulnerables y tradicionalmente discriminadas, entre estas la población afro costarricense.

SEGUNDO: Definir la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense.

TERCERO: Como parte de las acciones previas a todo proceso de consulta a Pueblos Tribales, se debe definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente”. Para dichos efectos es conveniente la coordinación interinstitucional/intersectorial a partir de un peritaje bajo un abordaje integral que lo defina.

CUARTO: Una vez definida la Unidad Técnica Administrativa del Poder Ejecutivo, que estará a cargo de la gestión técnica y financiera de los procesos de consulta y otras funciones ligadas a las consultas de los Pueblos Tribales – Población Afro Costarricense, así como su normativa de operación, se deben ejecutar a la brevedad las acciones tendientes a la conclusión de la Consulta al pueblo Tribal Afro Costarricense a efecto de poder continuar con la delimitación de los territorios que le corresponden y otras acciones atinentes.

Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la Ley N° 7319 el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de la Defensoría de los Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a la notificación de este informe final, remitir a la Defensoría de los Habitantes un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual deberá incluirse la siguiente información:

a.- Medidas que se adoptarán para hacer efectiva las recomendaciones.

b.- Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas.

 c.- Funcionario encargado de su ejecución.

Le invitamos a leer el documento completo en el cual se amplían los puntos tratados por esta nota.

Las Olvidadas de la Democracia Informe EjecutivoDescarga

Imagen ilustrativa, UCR.

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal

Escrito el . Publicado en Comunidad.

El desarrollo humano mide las condiciones necesarias para que las personas alcancen su máximo potencial y vivan dignamente, integrando derechos fundamentales como educación, salud y trabajo, esenciales para garantizar todos los derechos humanos.

Una educación de calidad, accesible y permanente fortalece la capacidad de decisión y libertad, impactando tanto la vida individual como colectiva.

El acceso a servicios de salud de calidad y la promoción de hábitos saludables son indispensables para una vida integral, vinculando el bienestar con prácticas preventivas y atención oportuna durante todo el ciclo de vida.

El empleo formal y bien remunerado promueve la autonomía económica, permitiendo a las personas satisfacer necesidades básicas y tomar decisiones sobre su vida, en estrecha relación con el acceso a la educación.

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, desarrollado por el PNUD en colaboración con instituciones aliadas, es una herramienta clave para analizar los desafíos territoriales del desarrollo humano, ofreciendo datos fundamentales para diseñar soluciones sostenibles y alineadas con la Agenda 2030.

El informe del Atlas 2024 detalla índices, tendencias y mejoras, destacando su utilidad para abordar problemas multicausales y diseñar políticas públicas efectivas a nivel nacional y local.

Este análisis de resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2024), fue  realizado con la participación de las instituciones públicas. Explora los principales resultados con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los Índices de Género (IDG), Índice de Desigualdad de Género (IDG-D) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), así mismo realiza apuntes sobre el desarrollo humano, con apartados como:

  • La inseguridad ciudadana como fenómeno territorial
  • Limitaciones del desarrollo humano y sus efectos en la convivencia ciudadana
  • Condiciones para la localización de la criminalidad en los territorios
  • Análisis de las violencias contra las mujeres en Costa Rica: invertir en igualdad de género potencia el Desarrollo Humano
  • Correlación con la Tasa de Infracciones por Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres
  • Correlación con la Tasa del Delito de Violación o Tentativa de Violación
  • Respuesta frente a la violencia desde el enfoque del desarrollo humano
  • Análisis de los impactos y pérdidas por desastres en Costa Rica: fortalecer la resiliencia es clave para el Desarrollo Humano
  • Análisis de la cobertura forestal y el desarrollo humano en Costa Rica

Invitamos a leer el análisis de German Masís Morales relativo a este informe: https://wp.me/p6rfbZ-u77

Asimismo, sugerimos consultar el PDF adjunto dada la importancia del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal para el trabajo comunitario y territorial.

atlas-cantonal-reporte-2Descarga

Información compartida con SURCOS por Carlos Carranza.

El ascenso y la caída de la región Caribe de Costa Rica

Escrito el . Publicado en Comunidad.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante la primera mitad del siglo pasado (1900 – 1950), sin ningún apoyo gubernamental, los habitantes del Caribe, principalmente de ascendencia africana, lograron ascender de la pobreza extrema a la riqueza; esto como resultado del trabajo duro, la disciplina, la unidad y una firme determinación de triunfar siendo autosuficientes en todo el sentido de la palabra.

Alcanzar tales niveles de éxito en un país extranjero no fue una tarea fácil, que podría describirse como pasar literalmente de harapos a la riqueza u solvencia financiera.

Es de resaltar, que durante un período político tumultuoso (1916 – 1924) que abarcó desde la dictadura de Tinoco hasta la transición al mandato del presidente Acosta García (1920 – 1924) se logró llevar a cabo la reubicación forzada del pueblo de Cahuita Point a Cahuita Bluff y la implementación de la Ley 35 de 1915.

Por cierto, las familias León, Harriet, Maduro Lindo, Tabash, Palmer, Plummer, Escocia, Castillo, De la Peña y Berrocal fueron algunas de las primeras diez familias en formalizar sus escrituras en el nuevo poblado de Cahuita Bluff.

Esto último, por sí solo, puso esas tierras fuera del alcance del patrimonio del Estado (ZMT), hoy día bajo administración municipal – indistintamente de quiénes sean sus actuales ocupantes. (Artículos 6 y 8 de la Ley 6043 de 1977). Cualquier discrepancia que existiera entre el dueño registral y poseedor actual, es arena de otro costal.

Aunado a lo anterior, es importante tener presente que la participación de los obreros afrodescendientes en huelgas bananeras de la década de 1920 marcó un hito en la historia de la República, al lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. Igualmente fue fundamental para el éxito de la gran huelga bananera de 1934, liderada por «Calufa Fallas» con respaldo del Partido Comunista, lo cual marcó un punto de inflexión.

Por su parte, La United Fruit Company no demoró en mostrar su enfado, al obtener un contrato con el Estado para establecer nuevas plantaciones en el litoral Pacífico, cerrando las del Caribe y con acuerdo entre partes de “no emplear negros del atlantico en las nuevas fincas del pacifico, lo que generó una emigración masiva de la población afrodescendiente a Panamá en busca de trabajo.

Esa draconiana legislación contractual se dio lugar bajo la Tercera Administración Presidencial del Abogado Ricardo Jiménez Oreamuno (1910 – 1914; 1924 – 1928; 1932 – 1936).

La misma familia Jiménez que formó parte del Consorcio Empresarial que había solicitado la frustrada concesión de toda la Franja Costera del Caribe Sur en 1908 (3,000 ha. desde la desembocadura del río Estrella hasta la desembocadura del río Sixaola).

Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno de la República aprobó la Ley número 166 de 1935 para establecer un poblado (ciudad) en la playa de Old Harbour, supuestamente, para la población negra desempleada en razón de la prohibición de trabajar en las nuevas plantaciones de banano en el Pacífico; lo cual perturbó la economía de las comunidades negras, provocando la susodicha migración masiva.

A lo largo de las cuatro décadas comprendidas entre 1974 y 2014, enfrentamos una serie de adversidades significativas, entre las cuales destacan las siguientes:

En la década de 1970, la llegada del hongo monilia devastó las plantaciones de cacao.

Además, se llevó a cabo la reubicación de las Aduanas Centrales de Limón a San José, lo que se consideró como una «reubicación de funciones» que perjudicó tanto a esta dependencia como a la fuente de empleo local.

Posteriormente, se procedió con la reestructuración y traslado de las oficinas principales de RECOPE de Limón a San José. También se cerró por completo la administración y operación ferroviaria.

Para empeorar las cosas, en 2012 se firmó el Contrato de Concesión de APM, lo que resultó en el cierre parcial de Japdeva, afectando aún más la economía de la región.

Además, se implementaron leyes que favorecen la actividad precaria y la apropiación gubernamental de tierras (ITCO/IDA/INDER), así como la Ley sobre Zona Marítima Terrestre 6043 de 1977. Más recientemente, se publicó el Manual del ICT para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de 2013, en complemento a la Ley número 9242 de 2014 que obliga a las municipalidades a elaborar y poner en vigencia un Plan Regulador Costero.

Estas acciones han dejado a nuestras comunidades costeras en una situación precaria una vez más, sin tierras agrícolas y costeras, completamente devastadas.

Ignorar estas sombrías realidades históricas al formular políticas de desarrollo para las comunidades tribales de la región del Caribe sería exponer a las generaciones futuras a sufrir injusticias similares a las de sus antepasados.

Comunidades de la Zona Sur fortalecen oposición al relleno sanitario en Osa tras pronunciamiento de SETENA

Escrito el . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

En un esfuerzo conjunto que destaca la fuerza de la organización comunitaria, las comunidades de Salamá, Santa Rosa, Venecia, Finca Puntarenas y otras zonas aledañas al proyecto en Osa celebran un avance significativo en su lucha contra el relleno sanitario propuesto por Nova Tierra Energy S.A. El 28 de noviembre de 2024, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) reconoció formalmente su apersonamiento al expediente administrativo del proyecto Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Meat, otorgándoles derechos de participación activa en el proceso.

Según el pronunciamiento oficial de SETENA, los vecinos ahora serán notificados sobre cualquier movimiento relacionado con el expediente D1-0815-2022-SETENA. Este reconocimiento llega tras la presentación de más de 400 firmas en rechazo al proyecto, reflejando un rechazo colectivo hacia una iniciativa que, según los opositores, compromete seriamente la biodiversidad única del área y viola leyes nacionales como la Ley Forestal y la Ley de Aguas.

La movilización comunitaria, respaldada por organizaciones ambientales y líderes locales, resalta la importancia de garantizar procesos de desarrollo responsables, que prioricen la conservación del medio ambiente y el respeto por los derechos ciudadanos. Mientras las comunidades se preparan para nuevas manifestaciones y acciones legales, el caso pone de manifiesto la necesidad de transparencia y participación pública en proyectos de gran impacto ambiental.

La decisión final sobre el futuro del proyecto ahora recae en la Municipalidad de Osa. Las próximas semanas serán claves para determinar si la voz de las comunidades prevalece frente a intereses económicos privados.

Crisis en Finca Dos de Guácimo: familias afectadas por temporal y abandono institucional

Escrito el . Publicado en Comunidad.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Desde Finca Dos de Guácimo nos reportan la grave situación que enfrentan las familias debido a los recientes temporales. Las afectaciones en la producción agrícola y el deterioro de su calidad de vida reflejan una realidad alarmante, marcada por la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable.

El principal problema es la contaminación de los pozos, que ha dejado a las familias sin una fuente segura de agua. Las alternativas para conseguir agua potable son extremadamente limitadas: los caminos inundados dificultan el traslado y los ríos cercanos están contaminados. Aunque la opción más cercana es acudir al centro de Guácimo, esta resulta inviable para la mayoría debido a la distancia y las precarias condiciones de las vías.

Conflicto de tierras y falta de apoyo institucional

La situación se complica porque las tierras están en conflicto legal y no están inscritas formalmente. Esta irregularidad impide que las instituciones brinden ayuda, dejando a las familias en un estado de desprotección.

A pesar de los esfuerzos de líderes comunitarios, como las gestiones realizadas ante la Municipalidad de Guácimo para mejorar los caminos, el impacto del temporal ha retrasado los avances logrados.

Este conflicto no es nuevo. Desde hace 25 años, las autoridades competentes, incluyendo el Poder Judicial, han postergado una resolución sobre el estatus de estas tierras. Mientras tanto, la incertidumbre pone en riesgo la vida y el sustento de quienes dependen de estas parcelas para sobrevivir.

Los más afectados

Las familias campesinas que trabajan y viven en Finca Dos Ríos son las principales perjudicadas. Su esfuerzo por mantener la producción agrícola choca contra un panorama desolador: no tienen acceso a agua potable, carecen de electricidad, enfrentan caminos intransitables y no reciben el apoyo necesario para hacer frente a emergencias.

Es urgente que las instituciones tomen medidas concretas para resolver el conflicto de tierras y brindar asistencia inmediata a quienes más lo necesitan. La vida y el bienestar de estas familias no pueden seguir en el limbo.

Rehabilitación de caminos en el Asentamiento Júpiter: compromiso con el desarrollo rural

Escrito el . Publicado en Comunidad.

El Asentamiento Finca Júpiter, en el distrito de Valle de la Estrella, provincia de Limón, ha emitido una carta pública destacando la importancia y necesidad urgente de la rehabilitación de los caminos que conectan a su comunidad. Este llamado de atención refuerza el proyecto liderado por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), que busca mejorar la infraestructura vial como base para el desarrollo socioeconómico de la región.

La carta pública, redactada por representantes del Asentamiento Júpiter, subraya los retos diarios que enfrentan los residentes debido al estado crítico de las vías de acceso. Las lluvias constantes y el deterioro de los caminos han limitado el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios básicos y la movilidad general de las familias. Asimismo, se enfatiza que la rehabilitación de las carreteras es una acción indispensable para garantizar una calidad de vida digna.

Los pobladores agradecen los esfuerzos realizados hasta ahora, pero recalcan que la continuidad y calidad de las obras serán determinantes para el impacto positivo a largo plazo. Además, solicitan que el proyecto incluya mecanismos de fiscalización y participación comunitaria para asegurar que los recursos asignados sean utilizados de manera eficiente y transparente.

Detalles del Proyecto según el INDER
El pliego de condiciones para la rehabilitación de caminos en el Asentamiento Júpiter, gestionado por el INDER, establece que:

  • Se rehabilitarán 4,5 kilómetros de camino con material de lastre.
  • Se construirán 16 pasos de alcantarillado y 32 cabezales de concreto para mejorar la gestión pluvial.
  • Se aplicarán 12.900 m³ de material para el relastrado y lastrado de las vías.

El objetivo principal es facilitar la actividad productiva y fortalecer la conectividad para las comunidades, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo económico de la región.

Impacto Social y Económico
La rehabilitación de los caminos representa una oportunidad para transformar el asentamiento en un modelo de desarrollo rural:

  • Fortalecimiento del comercio agrícola : La mejora de las carreteras permitirá a los productores locales transportar sus bienes con mayor facilidad y menor costo.
  • Acceso a servicios esenciales : Los residentes podrán acceder a centros educativos, de salud y comerciales de manera más segura y rápida.
  • Crecimiento económico : Se generarán empleos temporales durante la ejecución del proyecto, dinamizando la economía local.

Compromiso Ambiental
El proyecto integra medidas de sostenibilidad, como el uso de materiales certificados y el cumplimiento del “Código de Buenas Prácticas Ambientales”. Este enfoque asegura que las intervenciones minimicen los impactos negativos en el entorno.

Por su parte, la comunidad ha optado por la organización a fin de ver cumplidos los objetivos propuestos y asegurar la calidad de vida a la que tienen derecho.

Información compartida con SURCOS por Luis Alberto Soto Ramírez.