En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Territorio Indígena de Térraba – Comunidad de Crün Shürïn
Jeiner Flores Rodríguez Miembro del Pueblo Brörán, miembro del Comité de la Comunidad de Crün Shürïn, en defensa de los derechos individuales y colectivos del Territorio Indígena de Térraba
Hoy, mientras se rinde homenaje a los pueblos originarios con discursos de respeto y reconocimiento, nosotros venimos a dejar plasmada la verdad de lo que vivimos en nuestra propia tierra. No venimos a pedir nada: venimos a contar lo que sucede, para que todos conozcan las violaciones y atropellos que estamos sufriendo.
Lo que está ocurriendo
La Asociación de Desarrollo Integral, que debería velar por todos nosotros, actúa de espaldas a nuestra ley, a nuestra costumbre, al pronunciamiento oficial que ella misma solicitó, y hasta a mandatos internacionales que el Estado de Costa Rica está obligado a cumplir:
Nos borran y nos desconocen: En oficio del 16 de diciembre de 2024, la ADI manifiesta no reconocer al Pueblo Brörán, ni nuestra denominación, ni al Consejo de Mayores Brörán, nuestra autoridad ancestral. Pretenden decir que no existimos, cuando somos los descendientes originarios de estas tierras, reconocidos por tratados internacionales y por la propia ley costarricense. Esta misma imposición de desconocer nuestras instituciones tradicionales ha sido señalada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una violación estructural contra nuestro pueblo.
Se arrogan toda la autoridad: Afirman ser la única representación válida, desconociendo que la Ley Indígena N.° 6172 y el Convenio 169 de la OIT nos otorgan plena capacidad jurídica a cada uno de nosotros, y respetan nuestras estructuras propias. El propio relator especial de las Naciones Unidas ha señalado que las ADI son instituciones impuestas desde el Estado, y no son idóneas para sustituir a las autoridades que nosotros mismos elegimos según nuestras costumbres.
Nos exigen lo imposible: Para ejercer nuestros derechos, nos piden planos catastrales o documentos de compraventa. Pero nuestra ley dice claro: el territorio es propiedad colectiva, inalienable e imprescriptible. Pedirnos títulos privados es pedir algo que la propia ley prohíbe, solo para ponernos trabas.
Desoyen hasta lo que ellos mismos pidieron: El 16 de junio de 2026, la propia ADI consultó a la CONAI sobre nuestra situación. El 2 de julio de 2026, la CONAI respondió con el criterio CONAI-DL-C-029-2026: la falta de documentos o saneamiento nunca puede ser excusa para negar nuestros derechos. Aun así, siguen ignorando esa respuesta oficial.
Ignoran mandatos internacionales vigentes: Somos beneficiarios de las Medidas Cautelares N.° 321-12 de la CIDH, emitidas el 30 de abril de 2015, y la Circular N.° 32-2021 del Poder Judicial ordena garantizarnos protección, igualdad y acceso pleno a la justicia. Sin embargo, en la práctica se siguen vulnerando estas obligaciones, tal como ha sido reconocido en los informes internacionales que advierten sobre la imposición de estas estructuras ajenas a nuestra forma de vida.
Los mismos de adentro nos marginan: Se nos trata como extraños, como invasores en nuestra propia tierra, cuando somos hijos de quienes siempre la cuidaron. Y mientras esto pasa, el Estado sigue en deuda con nosotros: no ha completado el saneamiento territorial, no ha garantizado nuestras condiciones dignas, y permite que se cometan estos atropellos sin poner orden ni hacer cumplir la ley. No olvidamos que en esta misma lucha cayeron nuestros líderes Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera, defensores de este mismo territorio, y que su lucha sigue sin justicia.
Nos califican mal por defender lo justo: Ahora se nos quiere etiquetar como «problemáticos» o «conflictivos» simplemente porque no nos quedamos callados y defendemos lo que nos pertenece por derecho y por historia. No estamos en contra de la Asociación ADI como institución, ni tenemos nada contra su fin legítimo: lo que rechazamos son las acciones, las omisiones y los abusos de quienes hoy la dirigen, que actúan por encima de la ley y de la voluntad de su propio pueblo. Defender nuestros derechos no es ser problemático: es ejercer la dignidad que nadie nos puede quitar.
Como señaló el relator especial de las Naciones Unidas: «El territorio es nuestra vida, nuestra identidad y nuestra cultura. Es injusto que se nos prive de derechos por una omisión que corresponde al Estado, y que además se nos discrimine desde las propias instancias que deberían protegernos, o se nos señale como enemigos por el simple hecho de exigir respeto.»
Lo que la ley dice y se viola
El Convenio N.° 169 de la OIT tiene rango superior a cualquier norma interna: ordena respetar nuestra identidad, nuestras instituciones y nuestra autodeterminación.
La Ley Indígena N.° 6172 reconoce nuestra capacidad jurídica y la propiedad colectiva de nuestras tierras.
Las Medidas Cautelares N.° 321-12 de la CIDH y la Circular N.° 32-2021 del Poder Judicial son mandatos vigentes que nos protegen.
La CONAI confirma oficialmente que no se nos puede negar derechos por falta de documentos que la ley no permite que existan.
La jurisprudencia internacional ha sentenciado que la falta de títulos formales nunca justifica privar de derechos a los pueblos indígenas, y que no se puede imponer instituciones que desconocen nuestras autoridades tradicionales.
La Constitución Política prohíbe la discriminación y ordena que todos seamos tratados con igualdad.
Esto es lo que queremos que se sepa: mientras se habla de respeto y reconocimiento hacia los pueblos indígenas, en el Territorio de Térraba ocurre lo contrario: los mismos que deberían cuidarnos nos marginan, se nos señala injustamente por defender nuestra dignidad, se ignoran acuerdos y mandatos internacionales que nos protegen, y el Estado sigue sin cumplir su deber. No pedimos favores: solo damos testimonio de la verdad, y reafirmamos que defenderemos nuestra identidad, nuestra ley y todo lo que por historia y por derecho nos pertenece como Pueblo Brörán.
Territorio Indígena de Térraba, 9 de agosto de 2026.
Jeiner Flores Rodríguez Pueblo Brörán – Comunidad de Crün Shürïn
Nosara tiene desde esta semana una réplica digital navegable de todo su territorio, con más de cuatrocientas capas de información, cartografía que arranca en 1944 y proyecciones climáticas hasta 2100. La herramienta se presentó este 5 de agosto ante universidades, instituciones y organizaciones comunales, y su punto de partida es un problema poco discutido: cuánto cuesta ir a observar, medir y gobernar un territorio lejano.
Emmanuel Gutiérrez Pizarro, director investigador de la Alianza para el Desarrollo Comunitario presentó el Gemelo Digital 3D del distrito de Nosara, en el cantón de Nicoya: una réplica tridimensional del territorio real, construida sobre relieve medido, imagen satelital de alta resolución, con base en investigación estadística y datos de fuentes públicas, que se puede recorrer, consultar y usar para simular escenarios.
En la sesión, realizada de forma virtual, participaron representantes de las universidades públicas del país, centros de investigación y organizaciones comunales y medios de comunicación.
El problema que lo origina
La presentación arrancó con la tecnología utilizada y con el costo de observar. Según el reglamento de gastos de viaje 2026 para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, un funcionario dispone de dieciséis mil cien colones para hospedarse una noche en Nosara, pero en un radio de cincuenta kilómetros no hay alojamientos a ese precio.
“Una gira cuesta un montón de dinero, y no siempre hay fondos. Cuando logramos entrar, recolectamos un poco de información, salimos casi a la carrera, y con eso tomamos las decisiones. Eso no nos pasa solo a nosotros: le pasa a una municipalidad, al poder judicial, al gobierno central y a las universidades.”
Emmanuel Gutiérrez, investigador territorial a cargo del proyecto
El resultado, señaló, es una observación que suele ignorar las realidades comunitarias. Se recorre lo que está sobre la ruta asfaltada y no lo que queda a media hora de lastre. Se visita en verano y no cuando los caminos están cortados. Se conversa con quien estaba disponible ese día. Y casi nunca se vuelve, de modo que no hay serie de tiempo con la cual medir tendencias.
A ese costo se suma la frecuencia con que se levanta la información oficial. Entre el censo nacional 2011 y el siguiente pueden pasar veinte años, mientras el territorio cambia mucho más rápido.
Qué se presentó
El gemelo integra más de cuatrocientas capas de información sobre un mismo mapa: relieve, más de ocho mil edificios detectados, vías, ríos, las cincuenta y seis localidades del distrito, datos del censo distrital de 2024, concesiones de agua, acuíferos, catastro, zona marítimo terrestre y proyecciones climáticas construidas con veintiocho modelos científicos.
Dos características lo distinguen de una maqueta tridimensional. La primera es el tiempo: la herramienta carga la hoja cartográfica levantada en 1944 a partir de fotografías aéreas, los mapas de cartografía censal dibujados a mano en 1973 y 1988, y la imagen satelital actual, y permite compararlos sobre el mismo terreno. La segunda es que sus datos se actualizan solos, conectados a servicios públicos de información sobre clima, sismos, sequía e incendios, sin que nadie los cargue a mano.
Sobre esa base, el sistema permite ensayar escenarios: subir el nivel del agua para ver qué casas quedan dentro de una zona inundable, ubicar un EBAIS o una escuela en un punto y calcular a cuánta población alcanza, o cruzar el valor fiscal declarado con el valor de mercado para identificar dónde se concentra la fuga fiscal de un municipio.
El territorio también se puede recorrer a pie, en vehículo o sobrevolándolo, y sobre él se construyó un videojuego, El Tesoro de Nosara, que ancla leyendas guanacastecas a lugares reales del distrito y es de acceso libre, así como aulas virtuales para estudiantes que desean reforzar bilingüismo y aprender inglés gratis (aulavirtualcr.org/nosara).
¿Por qué en Nosara?
El distrito reúne condiciones que lo vuelven un caso difícil de analizar con herramientas convencionales. Ubicado a 60 km de Nicoya, con rutas en mal estado, precios altos que limitan la presencia del Estado y de la investigación universitaria, y presencia de indicadores sociales comparables a las zonas de menor desarrollo del país, según evidenció el Censo de Población y Vivienda 2024 publicado el año pasado.
Sin financiamiento y con datos públicos
El proyecto no recibió fondos de cooperación, no fue contratado por ninguna institución y no se desarrolló en el marco de un convenio. Se construyó con datos abiertos de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas el INEC, el MINAE, SENARA, el Sistema Nacional de Información Territorial, el ICT, el INVU, la Comisión Nacional de Emergencias, el SINAC y el Banco Mundial, además de plataformas colaborativas como OpenStreetMap.
La herramienta podrá incorporar sensores propios en el territorio y tiene la capacidad de servir un plan regulador actualizado anualmente. Su uso y publicación están sujetos a convenios con instituciones, universidades y centros de investigación interesados.
Qué sigue
Según la revisión de literatura y de casos publicados realizada por el proyecto, existen cerca de quinientos gemelos urbanos desplegados en el mundo, casi todos correspondientes a ciudades grandes con equipos y presupuestos institucionales. En territorios rurales los casos documentados son escasos. Este es el primero a escala distrital que el equipo ha podido encontrar en Costa Rica y Centroamérica.
El investigador a cargo del proyecto abrió la posibilidad de replicar el ejercicio en otros territorios a quienes lo soliciten, en escalas que van desde un barrio o una urbanización hasta un cantón, una línea costera completa o el país.
“Piensen en el barrio, en la calle, en la urbanización donde viven. Imaginen que la gente pueda ver eso y participar en las decisiones que le afectan, ver los riesgos que tienen e incluso que los jóvenes puedan desarrollar con tecnología e inteligencia artificial soluciones para su entorno: desde agricultura hasta turismo digital.”
Inicia con Festival gratuito este viernes 07 de agosto en sus instalaciones ubicadas en Barrio México
En el marco del Mes Histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, Ley No.9526, la Defensoría de los Habitantes realizará una serie de actividades conmemorativas.
Entre los eventos a realizar en este mes de agosto están un festival gratuito en sus instalaciones ubicadas en Barrio México. El Festival “Afro Essence” convocará a diversos emprendimientos en gastronomía, moda, cultura y talentos para visibilizar y conmemorar la esencia afrocostarricense. La actividad, que es abierta al público, se llevará a cabo este viernes 07 de agosto a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 3:00 de la tarde.
“Afro Essence” será un espacio para reconocer los aportes, la creatividad y la riqueza de la cultura afrodescendiente, donde las personas visitantes podrán encontrar comidas, música y una serie de aspectos que resalta una herencia que forma parte esencial de la identidad costarricense.
La Defensoría de los Habitantes llevará a cabo un acto para izar la bandera panafricana como un símbolo de reivindicación y promoción de los derechos de esta población. La bandera panafricana, también conocida como bandera de la UNIA, representa a todas las personas afrodescendientes del mundo. Consta de tres franjas horizontales en rojo, negro y verde y, fue adoptada hace más de 100 años en la “Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo”, durante una convención realizada en el Madison Square Garden, en Nueva York, liderada por Marcus Garvey.
Adicionalmente, el 31 de agosto un grupo de funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes estarán presentes en el Gran Gala Parade, como parte de las delegaciones de instituciones públicas presentes para la celebración oficial del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. El Gran Gala Parade de Limón fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica mediante la Ley No.10148.
La Defensoría culminará el Mes Histórico desarrollando el taller “Voces que resuenan: derechos, territorio y ancestralidad”, dirigido a liderazgos y representantes de organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente.
Oreamuno de Cartago, Costa Rica, 4 de agosto de 2026
La Dirección General de Salud ordenó una inspección urgente en las instalaciones de SIGMA Alimentos para este martes 4 de agosto a las 9:00 a. m. y solicitó el expediente administrativo completo de la empresa correspondiente a 2025 y 2026.
La Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y otorgó cinco días hábiles al Ministerio de Salud para rendir un informe detallado sobre la atención brindada a las denuncias.
La Presidencia de la República trasladó formalmente la denuncia al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía para su atención y seguimiento.
Frente Ecologista Eco Cipreses. Las denuncias presentadas por el Frente Ecologista Eco Cipreses sobre la presunta contaminación de la quebrada ubicada en Calle Vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, Cartago, han provocado una respuesta de distintas instituciones del Estado y han escalado a un proceso de fiscalización de alcance nacional.
Ministerio de Salud ordena inspección urgente. El director general de Salud, Dr. Christian Valverde Alpízar, instruyó con carácter de urgencia a la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este y al Área Rectora de Salud de Oreamuno realizar una inspección de campo programada para hoy, martes 4 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana (oficio CARTA-MS-DGS-1904-2026).
Además, ordenó remitir el expediente administrativo completo de SIGMA Alimentos correspondiente a los años 2025 y 2026, incluyendo los reportes operacionales de aguas residuales, las actas de inspección, los informes derivados de denuncias por contaminación y toda la documentación técnica relacionada con el caso.
Defensoría exige explicaciones al Ministerio de Salud. Paralelamente, la Defensoría de los Habitantes abrió la intervención y, mediante oficio suscrito por la Dirección de Calidad de Vida y Derechos del Trabajo (oficio 09928-2026-DHR), otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para que el Ministerio de Salud informe, entre otros aspectos:
Las inspecciones, análisis y actuaciones realizadas desde que el Frente Ecologista Eco Cipreses presentó la denuncia el 15 de julio de 2026.
Los criterios técnicos utilizados para concluir previamente que la empresa cumplía con la normativa ambiental.
La valoración realizada sobre los análisis efectuados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, los cuales detectaron incumplimientos en parámetros como Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST).
Las medidas correctivas o sancionatorias adoptadas ante las denuncias por fuertes olores que afectan a las comunidades vecinas y al Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA.
Presidencia también trasladó la denuncia. A estas actuaciones se suma el traslado oficial de la denuncia presentada por el Frente Ecologista Eco Cipreses al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía, para que ambas instituciones atiendan los hechos denunciados e informen las acciones correspondientes. El documento señala que, por tratarse de una posible contaminación de cuerpos de agua en el distrito de San Rafael de Oreamuno, corresponde a dichas instituciones realizar la valoración técnica y las acciones pertinentes (oficio MP-DM-OF-0147-2026).
Vigilancia ciudadana. El Frente Ecologista Eco Cipreses recuerda que este caso también se encuentra bajo conocimiento del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del MINAE y de la Sala Constitucional, donde fue admitido para estudio un recurso de amparo relacionado con estos hechos.
La organización dará seguimiento a la inspección realizada este martes y a las respuestas que deberán emitir las distintas instituciones públicas. Asimismo, reitera que la existencia de un permiso de vertido no exime a ninguna empresa del cumplimiento de la legislación ambiental ni libera a las autoridades de su obligación de fiscalizar, prevenir y sancionar cualquier afectación a los cuerpos de agua y a la salud pública.
Ante las denuncias públicas y evidencias técnicas recabadas por vecinos de Oreamuno Cartago sobre los malos olores relacionados a los vertidos del tubo de la empresa SIGMA en el río la Chinchilla de San Rafael de Oreamuno, funcionarios de la empresa SIGMA convocaron vía telefónica a una reunión a vecinos y vecinas denunciantes y miembros de los diferentes frentes ecologistas que están trabajando activamente en la defensa del río.
Dado el llamado al diálogo por parte de la empresa SIGMA (lo cual vimos con buenos ojos) el Frente Eco Cipreses procedió a solicitar el salón de reuniones de la Asada de Boquerón y Paso Ancho para realizar la reunión el día de hoy 29-07-2026 a las 4 PM y posteriormente notificar del lugar a la empresa solicitante.
Para sorpresa de nuestros colectivos la empresa nos indicó que: «para ellos era muy lejos venir a Oreamuno de Cartago (lugar donde está su tubo de vertidos) y que ellos no iban a venir y que mejor hiciéramos la reunión en un centro comercial en San José o en Tres Ríos».
Sobre lo anteriormente descrito desde nuestras agrupaciones ecologistas y vecinales decimos:
1) Vemos como un acto ofensivo que los señores del tubo de vertidos que nos genera un paisaje maloliente nos digan: «Que les queda muy lejos venir a la comunidad donde vivimos» Les recordamos que es aquí donde sufrimos las consecuencias directas de sus vertidos
2) Un centro comercial no es para nada un lugar adecuado para tener una reunión seria en donde se pueda dialogar activamente para buscar acuerdos en pro del bienestar ambiental de la comunidad.
3) Los vecinos y vecinas denunciantes de Takiscú, así como el Frente Unido por el Agua de San Rafael de Oreamuno y el Frente Ecologista de Cipreses somos personas respetuosas del orden y la ley. A lo largo de muchos años de trabajar en la defensa ambiental hemos demostrado un diálogo respetuoso y ordenado con diferentes sectores de la sociedad. SIGMA no tiene nada que temer en sentarse en una mesa de una ASADA a dialogar con nosotros en la comunidad que contaminan con vertidos malolientes.
4) Estos días empezaron otra vez los malos olores. No estamos dispuestos ni dispuestas a resignarnos a vivir en un entorno contaminado de malos olores y vamos a intensificar nuestra campaña cada vez que ustedes nos llenen la comunidad de sus pestilentes vertidos. Somos gente profesional, respetuosa y educada y pedimos que nos traten como tales.
5) Esta es una excelente oportunidad para SIGMA de hacer las cosas bien y de convertirse en una empresa modelo de gestión de vertidos. Les pedimos que inviertan en el país que les hospeda y cuiden el cantón. De este conflicto socio ambiental les decimos que pueden salir muy bien parados si saben dialogar y sobre todo atender con profesionalismo nuestras demandas. Ustedes los de SIGMA bien saben que tenemos muchas razones para estar molestos y molestas y nuestras denuncias (papeles y evidencia técnica en mano) son consecuencia de su mala gestión ambiental. Ustedes pueden convertir esto en un ejemplo de proactividad y compromiso ambiental o todo lo contrario.
6) ¿Si quieren diálogo? las puertas están abiertas, pero aquí en la comunidad donde llevamos décadas enfrentando los malos olores. No pretendan hacernos ir a un centro comercial lejos de donde vivimos y de donde está el problema que ustedes originan.
7) Estamos amparados en el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, Artículo 50 de la Constitución Política, amparados también en artículo 21 que garantiza nuestra calidad de vida y amparados también bajo el principio In dubio por aqua.
Agradecemos a la ASADA de Boquerón y Paso Ancho, no solo por prestarnos el salón sino por sus palabras dirigidas al Frente ECO Cipreses que copiamos textualmente: «Asimismo, aprovechamos la oportunidad para agradecerles la valiosa labor que realizan en nuestra comunidad en favor de la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente. Reconocemos y valoramos el compromiso que mantienen con la gestión ambiental.»
Agradecemos a la diputada Joselyn Sáenz Núñez del Partido Frente Amplio, Cartago por su disponibilidad de acompañarnos en esta reunión.
Agradecemos a la Universidad de Costa Rica y en especial al programa Kioscos Ambientales por su disponibilidad de acompañarnos en esta reunión. La presencia de instituciones del estado en estos procesos de diálogo es muy importante y saludable.
Reiteramos nuestra apertura a dialogar, pero en nuestra comunidad, en lugares adecuados y con acompañamiento institucional.
Solicitamos esto se ponga en conocimiento del Concejo Municipal en Oreamuno Cartago.
El ambientalista Marco Vinicio Levy Virgo dirigió una carta a la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, en la que solicita una reunión para exponer información técnica sobre los impactos del modelo de desarrollo que, según señala, se viene consolidando en esa comunidad del Caribe Sur.
En la comunicación, fechada el 26 de julio de 2026, Levy explica que durante más de tres décadas ha trabajado en la defensa del ambiente en Manzanillo y sus alrededores. Aclara que su posición no constituye una oposición al desarrollo, sino un llamado a que este respete los límites ecológicos indispensables para garantizar la supervivencia y el bienestar de la comunidad.
Uno de los principales planteamientos del documento es la importancia de proteger las lomas de Manzanillo como zonas de recarga acuífera. Según expone, de estas áreas depende buena parte del abastecimiento de agua para la población y las actividades productivas, por lo que intervenirlas sin información técnica suficiente sobre su capacidad de carga incrementa el riesgo de escasez y deterioro del recurso hídrico.
La carta también analiza el crecimiento de viviendas y alojamientos destinados al alquiler de corta estancia mediante plataformas como Airbnb. Levy sostiene que este modelo genera una demanda creciente de servicios, especialmente agua potable, mientras una parte importante de los beneficios económicos no permanece en la comunidad, situación que considera crea una relación desigual entre el aprovechamiento del territorio y los beneficios locales.
Asimismo, señala que durante años algunos intereses inmobiliarios y turísticos han ejercido influencia en distintos espacios de decisión local y regional. En su criterio, ello no se ha traducido en una defensa prioritaria de la recarga acuífera ni de la capacidad de carga del territorio, provocando que la comunidad asuma las consecuencias sobre el acceso al agua y la calidad de vida.
El documento incorpora además un repaso de antecedentes relacionados con el ordenamiento territorial del Caribe Sur, entre ellos el enfoque conocido como «The Rich Coast», el Plan Regulador Costero y la Ley 9223, lo que indica que, a juicio del autor, algunos de estos procesos han sido utilizados para favorecer intereses empresariales vinculados al desarrollo inmobiliario en zonas ambientalmente sensibles.
Levy manifiesta también su preocupación por un documento suscrito por un expresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo y remitido a la Sala Constitucional dentro del expediente relacionado con la Ley 9223. Considera que dicho escrito responde a una perspectiva ajena a los intereses colectivos de la comunidad y hace un llamado a evitar que la organización comunal sea utilizada para respaldar posiciones que puedan favorecer agendas particulares sobre el interés público.
En la parte final de la carta, el ambientalista reitera que no está en contra del turismo ni de la actividad empresarial. Afirma que el turismo es fundamental para Manzanillo, pero sostiene que debe desarrollarse con contrapesos comunitarios y respetando la capacidad ecológica del territorio para evitar que la población local termine relegada y que se comprometan recursos estratégicos como el agua.
Finalmente, solicita a la junta directiva de la Asociación la oportunidad de reunirse para compartir información técnica sobre la recarga acuífera, la capacidad de carga del territorio y los efectos del modelo de desarrollo vigente, con el propósito de que la comunidad cuente con mayores elementos para tomar decisiones con autonomía y visión de futuro. La carta concluye expresando su disposición para reunirse en el momento y lugar que la organización considere conveniente.
Información basada en el oficio MLV-00289-2026 remitido por Marco Vinicio Levy Virgo.
En Abangares hay alerta sobre el avance de la minería subterránea o ilegal que pone en peligro calle pública.
La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Guacimal acordó rechazar la propuesta para instalar una planta de procesamiento de oro mediante cianuración en el distrito, al considerar que este tipo de actividad no forma parte de la visión de desarrollo del territorio y que podría generar importantes riesgos ambientales, sociales y para la salud de la población.
El acuerdo fue adoptado durante la reunión ordinaria de julio de 2026, luego de conocerse la iniciativa presentada por una Cooperativa, la cual plantea construir una planta de beneficio de oro mediante el sistema de cianuración destinada a procesar según un prospecto publicitario:“ mineral (roca con oro) adquirido a mineros artesanales de las zonas cercanas de Abangares, Guacimal y Miramar, así como lamas previamente procesadas con ley mínima de 3 a 4 g/ton de oro”.
En el pronunciamiento, la ADI señala que Guacimal no posee tradición minera y advierte que la instalación de una planta de procesamiento podría incentivar nuevas actividades extractivas en el distrito, con impactos ecológicos derivados de las excavaciones e impactos sociales asociados a la llegada de nuevas actividades económicas vinculadas a la minería.
La organización comunal también manifiesta su oposición al establecimiento de cualquier planta de procesamiento basada en cianuración dentro del distrito, debido a los riesgos químicos, ambientales y sanitarios asociados a este tipo de procesos. Además, señala que desconoce si este modelo de procesamiento ya opera en Abangares y cuáles han sido sus resultados, por lo que considera indispensable conocer esa experiencia antes de promover iniciativas similares.
Como parte de su acuerdo, la Asociación solicita además que, en caso de existir un expediente administrativo sobre el proyecto, se haga público el número correspondiente para que la comunidad pueda consultarlo y participar de manera informada en el proceso.
Un contexto de creciente expansión minera
La preocupación de la comunidad de Guacimal ocurre en un momento en que diferentes sectores sociales observan un aumento en las iniciativas de minería metálica subterránea en la región de la Cordillera de Tilarán. A esto se le ha sumado mucha actividad ilegal que está generando mucha preocupación.
Una investigación desarrollada por el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica reveló en abril del 2024 la existencia de un verdadero enjambre de proyectos de minería subterránea de oro en el país. El estudio identificó 59 solicitudes de concesión minera que, en conjunto, abarcan 779,52 km², equivalentes al 1,52 % del territorio nacional. En el caso del cantón central de Puntarenas, donde se ubican los distritos de Guacimal y Monteverde (hoy cantón), la investigación identificó 12 solicitudes de concesión minera que cubren aproximadamente 174,6 km² (alrededor de 17 460 hectáreas) a estas se sumaron otros 4 expedientes nuevos. (UCR).
A esta situación se suma la preocupación generada por una denuncia realizada recientemente por vecinos de Pozo Azul de Abangares fronterizo con Guacimal (ver videos), quienes alertaron sobre trabajos de aparente exploración minera que estarían comprometiendo la estabilidad de la carretera utilizada por la comunidad. Según los videos divulgados por habitantes del lugar, las labores se desarrollan debajo de la vía pública, donde hay ya un hueco profundo, generando preocupación por la seguridad de las personas que transitan por el sitio.
Aunque en esa zona existe una solicitud de concesión minera subterránea de oro y plata (2023-EXP-PRI-009 solicitada por COOPE HUAITILAR ) actualmente no ha sido posible verificar el alcance o la naturaleza de esos trabajos, ya que como puede comprobar en el enlace los expedientes de la Dirección de Geología y Minas no se encuentran información en línea para consulta pública. Esta situación incrementa la incertidumbre de la población y refuerza la demanda por una mayor transparencia y fiscalización de las actividades mineras.
SURCOS comparte la siguiente nota a partir de un texto educativo de Bernardo Archer Moore, adulto mayor de Cahuita.
En el escrito se expone que la aprobación de la Ley N.° 7316 de 1993, mediante la cual Costa Rica ratificó el Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), transformó profundamente el sistema nacional de protección de los derechos humanos. A partir de ese momento, las disposiciones del Convenio pasaron a integrar el bloque de constitucionalidad y, conforme a la jurisprudencia constante de la Sala Constitucional, adquirieron jerarquía superior a la ley ordinaria, convirtiéndose en parámetro obligatorio para todas las autoridades del Estado.
No obstante, durante más de treinta años esa protección fue aplicada casi exclusivamente en favor de los pueblos indígenas, dejando en un segundo plano a los pueblos tribales afrocostarricenses, pese a que el propio Convenio reconoce expresamente ambas categorías como sujetos de especial protección. Según el autor, la intervención de la Sala Constitucional entre 2025 y 2026 vino a corregir esa omisión histórica, consolidando la aplicación efectiva del Convenio 169 a los pueblos tribales del Caribe costarricense.
¿Quiénes son los pueblos tribales protegidos por el Convenio 169?
El texto señala que una de las mayores confusiones existentes consiste en creer que cualquier persona afrodescendiente forma automáticamente parte del Pueblo Tribal Afrocostarricense para efectos del derecho de consulta previa. El Convenio 169 no establece ese criterio: su artículo 1 dispone que los pueblos tribales son aquellos que presentan condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen del resto de la colectividad nacional, conservando total o parcialmente sus propias instituciones, costumbres, tradiciones e identidad colectiva.
El autor explica que la conciencia de la identidad tribal constituye un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio, es decir, el autorreconocimiento es un requisito indispensable, pero no suficiente. La pertenencia al Pueblo Tribal también debe respaldarse con elementos objetivos de carácter histórico, cultural y comunitario, entre ellos: descendencia histórica de las comunidades tribales del Caribe costarricense, conservación de una identidad cultural propia, vínculos históricos con el territorio tradicional, reconocimiento por parte de la propia comunidad, y conservación, aunque sea parcial, de instituciones, costumbres o formas propias de organización social. En consecuencia, sostiene el autor, el Convenio protege a un pueblo históricamente determinado, no simplemente a un grupo definido por el color de piel o la ascendencia africana.
La consulta previa no pertenece a organizaciones privadas
El texto subraya que el sujeto protegido por el Convenio 169 es el Pueblo Tribal como colectivo, nunca una asociación privada, fundación, ONG u otra persona jurídica. Los órganos de consulta creados por el Estado cumplen únicamente funciones de interlocución: no sustituyen la voluntad del Pueblo, no adquieren la titularidad de los derechos colectivos ni pueden apropiarse de su representación permanente. Según el autor, esta diferencia fue reafirmada por la Sala Constitucional en sus resoluciones de 2025 y 2026, al recordar que la consulta debe realizarse respecto del sujeto colectivo protegido por el Convenio y no mediante mecanismos formales que simulen su cumplimiento.
Los derechos colectivos reconocidos
El artículo enumera los principales derechos colectivos que, según el autor, protege el Convenio 169: identidad cultural, autoidentificación, conservación de instituciones propias, participación en decisiones estatales que les afecten, consulta previa, libre e informada, participación en políticas públicas, protección de la relación histórica con el territorio y del patrimonio cultural, espiritual e histórico, y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Estos derechos, señala, pertenecen al Pueblo como sujeto colectivo y no pueden ser apropiados por personas u organizaciones particulares.
La diferencia entre pueblos indígenas y pueblos tribales
El texto explica que, si bien el Convenio 169 protege por igual a ambos pueblos, respeta sus diferencias culturales. En Costa Rica, la cultura indígena ha estado históricamente vinculada a la propiedad colectiva del territorio, modelo desarrollado por la Ley Indígena N.° 6172 de 1977 mediante el reconocimiento de reservas administradas registralmente por las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII). Las comunidades afrocaribeñas, en cambio, desarrollaron desde finales del siglo XIX una tradición distinta: familias establecidas en el litoral Caribe ocuparon parcelas destinadas a vivienda, agricultura y comercio, manteniendo un sistema propio de reconocimiento de linderos, muchas veces delimitados con cercas naturales o flores rojas, costumbre de la que —según el autor— surgió la flor roja como símbolo de linderos en la región. Esta forma histórica de ocupación, sostiene, constituye una manifestación cultural propia que también merece protección bajo el Convenio 169, por lo que la igualdad constitucional no exige un régimen de propiedad idéntico para ambos pueblos, sino que el Estado respete las diferencias culturales de cada uno.
Las sentencias de la Sala Constitucional
Con la creación del Foro Tribal Afrocostarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2022), el Estado reconoció un mecanismo oficial de interlocución con los pueblos tribales, equivalente al desarrollado para los pueblos indígenas. Posteriormente, según relata el autor, la Sala Constitucional consolidó ese proceso mediante tres resoluciones: la Sentencia N.° 2025-029985 ordenó aplicar plenamente el Convenio 169 al Pueblo Tribal de Cahuita en relación con el Plan Regulador Costero; la Sentencia N.° 2025-035746 extendió esa obligación al proceso del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe; y la Sentencia N.° 2026-010993 estableció que ninguna institución ni organización privada puede simular el cumplimiento del deber de consulta sustituyendo al verdadero sujeto protegido por el Convenio.
Estas resoluciones, junto con la Ley N.° 7316 de 1993 y el Decreto Ejecutivo N.° 43532 de 2022, constituyen —según el autor— un blindaje jurídico para garantizar el cumplimiento efectivo del Convenio 169 respecto de los pueblos tribales afrocostarricenses.
Una nueva etapa constitucional
El texto concluye que Costa Rica ha ingresado en una nueva etapa del constitucionalismo de los derechos humanos, en la que ya no es jurídicamente sostenible interpretar el Convenio 169 únicamente desde la realidad indígena. La protección constitucional alcanza igualmente a los pueblos tribales afrocostarricenses, respetando sus propias instituciones, identidad histórica, cultura, formas tradicionales de organización y su particular relación con el territorio. Para el autor, la verdadera igualdad que consagra el Convenio 169 no consiste en tratar a todos los pueblos de la misma manera, sino en reconocer que cada uno tiene derecho a que el Estado respete aquello que lo hace diferente.
Pensar, crear y transformar con una delegación multiétnica, pluricultural y transdisciplinaria de mujeres de Talamanca y sus aliadas
Una nutrida delegación de mujeres de Talamanca y sus aliadas participará en el I Congreso de Cultura y Patrimonio: Pensar, crear y transformar, organizado por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica los días 4 a 6 de agosto de 2026.
Estarán exponiendo sus acciones, proyectos y estrategias comunitarias en el Caribe Sur, en los territorios y comunidades indígenas de la zona y en otros lugares de Costa Rica. La exposición de sus acciones y proyectos comprenderá temas, experiencias e investigaciones en marcha relacionadas con la diversidad patrimonial, así como su protección, enriquecimiento y abordaje.
Conversatorio Guardianas de Tradición en el Festival del Calypso- Fotos María Suárez Toro, 11/07/26
Sus experiencias y proyectos comunitarios se caracterizan por seguir y crear una epistemología y metodología específicas que comprende el entramado de diversas rutas de abordaje y reflexión, en especial: Ciencia Ciudadana, Metodología Feminista con Conocimiento Situado, Investigación Acción, Miradas Múltiples (transdisciplinariedad, invitación a personas expertas que aportan instruyen sus capacidades a la comunidad), Enfoque a los derechos culturales, políticos, a la tierra y demás relacionados, Arraigo Comunitario (los Procesos y resultados pertenecen al grupo comunitario que gesta la iniciativa, aporte de las propias capacidades de la comunidad), Defensa de la propiedad cultural, intelectual comunitaria, Respeto al lugar de procedencia de los artefactos y cultura estudiados.
Esta aproximación al patrimonio está presente en todas sus iniciativas enfocadas en la promoción del ejercicio de un liderazgo activo de mujeres, que abarcan patrimonio cultural marino, el patrimonio cultural indígena ancestral y pre Colombino, patrimonio cultural en la danza, en la música y en el buceo con propósito enfocado al cuidado de los mares desde la niñez y la juventud.
La Delegación la conforman mujeres que impulsan proyectos de investigación académica y comunitaria actualmente en marcha y proyectos activistas referidos al manejo, preservación y gestión participativa de comunidades herederas de los legados culturales en el fondo del mar, legados culturales que permanecen enterrados en las tierras habitadas por pueblos originarios o en museos regionales y nacionales en el país e iniciativas juveniles e infantiles de cuido de los mares y los ecosistemas costeros.
Investigaciones en marcha: Patrimonio Cultural
Cuatro investigadoras estarán en el I Congreso, dos de las cuales desarrollan sus tesis de maestría centradas en un proceso innovador para integrar el patrimonio cultural en la gestión comunitaria y gubernamental actual del Parque Nacional Cahuita, una tercera trabaja el Plan de Manejo de esos recursos patrimoniales subacuáticos y una cuarta, enfoca la danza ancestral como patrimonio cultural desde los cuerpos y su aporte al desmantelamiento de estructuras y dinámicas opresoras.
Expedición Galeones y Otras Embarcaciones del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) en el Caribe
Maraya Jiménez Taysigue, presidenta de CCBEEM y originaria de la región caribeña de Costa Rica, desarrolla su proyecto de graduación en Arqueología Marina y Subacuática de la Universidad de Cádiz (España) sobre la «Expedición Galeones y Otras Embarcaciones» del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) en el Caribe, que observa las expediciones anuales en arqueología comunitaria desplegadas a lo largo de una década (2016-2026).
El proyecto, gestionado por la propia comunidad, contó con los permisos de las autoridades locales y comunitarias de la Co gobernanza de Cahuita y su Parque Nacional, y con los aportes de numerosas personas profesionales en arqueología subacuática de diversos países e instituciones, tales como la East Carolina University (ECU) y el Museo Nacional de Dinamarca (NDM), además de arqueólogos independientes de Japón, Croacia, Estados Unidos, Jamaica y del Museo Nacional de Costa Rica, además del el apoyo de la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Esta labor comunitaria condujo a la identificación científica en el 2025 de dos naufragios de barcos esclavistas en Cahuita que llegaron por equivocación en 1710. Cientos de africanos y africanas arribaron a Costa Rica en los navíos daneses Fredericus IV y Christianus V, desembarcando libres luego de un amotinamiento. ¡Están entre nos!
El hallazgo y otros logros han sido posibles mediante la aplicación de la Ciencia Ciudadana que combina el método científico de la arqueología marina con el conocimiento ancestral aportado por la comunidad y las juventudes buceadoras locales descendientes.
Maraya en Cadiz, España cursando su Maestría. Foto por Agueda Sànchez, 3/07/26
Incorporando el patrimonio cultural subacuático (PCS) al plan de manejo actualizado en Cahuita y su Parque Nacional
Mariah Smith, estadounidense con raíces afrocaribeñas de las Bahamas, es estudiante de la Maestría en Gestión de Recursos Marinos de Oregon State University (EE. UU.), y permanecerá los meses de julio y agosto en Cahuita realizando su proyecto de tesis. Su formación académica en lengua y literatura españolas, junto con su experiencia como instructora de buceo, le aporta una perspectiva multidisciplinaria a esta investigación.
El área temática de su investigación en Costa Rica se sitúa en la intersección de la antropología, la arqueología subacuática y la política de gestión marina; le interesa comprender la forma en que se integra el patrimonio cultural subacuático (PCS) al plan de Manejo actualizado en Cahuita y su Parque Nacional. Busca enriquecer la comprensión del papel de la comunidad local en este proceso, así como de los componentes históricos, políticos e institucionales que han dado forma a la incorporación del patrimonio cultural subacuático en la gestión del Parque. Asimismo, pretende identificar rutas que estimulen tanto la proyección internacional de este trabajo, como su posicionamiento como modelo para otras áreas marinas protegidas interesadas en integrar el patrimonio cultural marino en la planificación y gestión de la conservación.
Mariah en British Columbia, Canadá, presentando proyecto investigación para desarrollar en Cahuita entre el 17 de julio a agosto, 2026.
Aportes Técnicos para el Plan de Gestión del Parque Nacional Cahuita en relación con los recursos de patrimonio subacuático
María Suarez Toro del CCBEEM coordina el proyecto de investigación cultural comunitaria “Aportes Técnicos para el Plan de Gestión del Parque Nacional Cahuita en relación con los recursos de patrimonio subacuático”, cuyo objetivo es generar un diagnóstico y una propuesta integral para la gestión, protección y memoria de los seis sitios de patrimonio cultural o histórico subacuático de Cahuita y su Parque Nacional Cahuita.
Los resultados servirán de base para el Plan de Manejo de la Co gobernanza del PNC 2027-2035, integrando una mayor participación comunitaria en la conservación biológica junto con la protección cultural y la memoria histórica. Se busca con ello garantizar que la historia se preserve y sea accesible para la comunidad, reforzando la identidad colectiva y creando recursos educativos desde y para la comunidad, al tiempo que se promueven visitas con fines educativos y de memoria, así como la preservación del patrimonio cultural en su contexto de biodiversidad.
Por primera vez, el Plan incluye un “elemento focal cultural”, reconociendo formalmente la historia de la participación comunitaria desde la creación del Parque en la década de 1970. Hoy en día, es el primer Parque de Costa Rica gestionado bajo un modelo de cogobierno, en el que la comunidad y el gobierno comparten responsabilidades y recursos.
El Comité Local de Co gobernanza (CL), junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) con el apoyo técnico de la Consultora Agathos y la orientación del Museo Nacional de Costa Rica, ha adoptado la propuesta específica del proyecto CCBEEM sobre el patrimonio cultural subacuático. Estos sitios requerirán protección y gestión formal como patrimonio cultural subacuático, en virtud de la Ley 9500 y la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Esto genera tanto una oportunidad como la responsabilidad de establecer marcos de gobernanza culturalmente sensibles y fundamentados en la participación comunitaria.
Visita interinstitucional y comunitaria a los sitios de Patrimonio Cultural Subacuático en Cahuita y su Parque Nacional como parte del Proyecto del CCBEEM. Foto Julio Barquero, junio, 2026.
Patricia Oliva dirige un cuarto proyecto de investigación en curso llamado ¿Cómo te atreves? inicia como una propuesta feminista de escritura creativa surgida de una puesta en escena que se extiende y se transforma en la publicación de dos artículos (en coautoría con Luchi Pérez). Patricia es practicante de danza, Aliada de INMAR Caribe Costa Rica e investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE- UNED Costa Rica en Feminismos, Arte y Corporalidades. Ha investigado y publicado sobre el área temática de visibilización de mujeres en las artes, análisis feministas a partir de obras de arte sobre la expropiación del cuerpo de las mujeres, archivos de arte diverso, danza y cuerpos feminizados.
Lleva al Congreso la propuesta de escritura creativa feminista y colectiva “Para El Patriarcado, de La Madre Muerte y sus Ancestras”, que viene hilvanándose desde hace algunos años con un enfoque transdisciplinar. Nace como un reclamo interior profundo, siguiendo la invitación de Silvia Rivera Cusicanqui “hay que pensar, escribir y conocer con el chuyma”, que en la epistemología Aimara significa integrar el conocimiento corporal con el intelectual. Toman esta invitación dos mujeres feministas proveniente una de las artes escénicas y otra de la práctica del douleo. En diálogo con Deleuze y Guattari “seguí el agua de lluvia” con la rabia aún latente que ahora se encauza rebuscando en los saberes de nuestras lideresas de pueblos originarios. Pretende Patricia acercar nuestros saberes sobre vida y muerte, considerando las concepciones originarias que puede sugerirnos caminos a su abordaje, y a la vez reconocer la urgencia de evidenciar el patrimonio intangible subyacente en el conocimiento encarnado: “El atrevimiento patriarcal contra nuestras vidas; nuestras muertes y nuestros cuerpos sólo podemos enfrentarlo desde los saberes originarios. Las ancestras lo saben.
Grupo de la iniciativa “Revitalizando Saberes Ancestrales”, que integra mujeres indígenas, académicas, consultoras y activistas. Patricia Oliva es la segunda de derecha a izquierda. Foto de fuente no recordada. 10/12/24.
Investigaciones en gestación: Proyectos sobre el Patrimonio Cultural en Caribe y otros lares
Tres iniciativas en gestación se suman a la delegación de mujeres, en plena marcha inicial para enraizarse en su aporte al patrimonio cultural: la primera se denomina “Son Semillas” y es la experiencia vivida de conectar desde el instrumento africano ancestral, el quijongo en la música de Guanacaste y la del Caribe. La segundaRevitalizando y Regenerando Nuestras Raíces Ancestrales en Costa Ricabusca la participación de mujeres indígenas tanto en la investigación, presentación y preservación de su patrimonio cultural ancestral precolombino, como en la construcción de aportes a las interpretaciones de las figuras femeninas que continúan apareciendo en las excavaciones arqueológicas en Costa Rica. La tercera enfoca la organización de la niñez de Manzanillo como Guardianes del mar y de la cultura marino-costera.
Son Semillas y De Mar a Mar
Iniciativa de patrimonio cultural en la música, como una experiencia cultural e intercomunitaria impulsada por esta agrupación musical costarricense-colombiana conformada por mujeres artistas. Su proyecto Mar a Mar está forjando un puente con y entre los patrimonios culturales vivos de Guanacaste y el Caribe costarricense mediante procesos de creación colectiva, intercambio de saberes y producción musical. El recorrido inició en Guanacaste con un concierto abierto a la comunidad, seguido por un encuentro de saberes y músicas junto a mujeres portadoras de tradición y músicos locales.
A partir del diálogo con el quijongo y la marimba, así como de las voces de mujeres que compartieron cantos inspirados en sus memorias, vivencias y territorios, se abrió un laboratorio creativo donde la música se tornó en un espacio para reconocer y revitalizar el patrimonio cultural vivo desde la experiencia comunitaria.
La siguiente etapa se desarrolló en el Caribe Sur, en alianza con el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar e INMAR Caribe, en el marco del Festival Internacional de Calypso en Cahuita del 10 al 12 de julio de 2026.
Alli Mar a Mar desplegó un nuevo proceso de intercambio junto a la portadora de tradición Zoraida Bonilla, poniendo en diálogo las sonoridades del Caribe costarricense, las historias locales y los saberes populares en Taller, un Conversatorio de UNED con mujeres de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica y un Concierto en el Festival
De Mar a Mar contribuye a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial al propiciar espacios de encuentro entre comunidades, reconocer el papel de las mujeres como portadoras y creadoras de conocimiento, y favorecer la transmisión intergeneracional de memorias, músicas y prácticas culturales. El proyecto cuenta con el respaldo del Programa Becas Taller del Ministerio de Cultura y Juventud, así como con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita y la Cátedra Abierta Walter Ferguson Byfield, fortaleciendo una red de colaboración que apuesta por la creación artística como herramienta para el cuidado del patrimonio cultural vivo.
Afiches de Son Semillas (izq.) y de Afro Tribal Beats UNED (der.) en el Festival del Calypso, 2026. Fotos 12/07/26
Nació en diciembre de 2024 en el Caribe Sur de Costa desarrollándose a manos de un grupo no formal -intergeneracional, inter-étnico e interinstitucional- de activistas líderes indígenas y académicas de las áreas de investigación de dos universidades de Costa Rica, así como por investigadoras independientes. Fue inspirado como continuidad del Seminario “Honrando Nuestras Raíces Culturales: Arqueomitología y ciencia Ciudadana” realizado del 3 al 6 de junio de 2024 en Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica. Fue organizado por el Centro Comunitario de Buceo Embajadores del Mar, el Instituto de Ciencias Ciudadanas del Mar (INMAR CARIBE), el Festival del Mar, la Sede Caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Internacional Instituto de Arqueomitología (IAM) con sede en California, EUA.
Memoria del Seminario, 2024
El evento incluyó ricos diálogos sobre nuestras formas de vida tradicionales en Talamanca y en otras regiones culturales nacionales e internacionales relevantes para las expresiones culturales de vida ancestrales y actuales en las experiencias de las mujeres y sus comunidades en sus contextos actuales.
Ha desarrollado conferencias en la web, ha participado en encuentros nacionales e internacionales en Mexico y en Holanda con mujeres y hombres de diversas culturas, ha hecho visitas a los museos nacionales en Costa Rica, en México y en museos descolonizados en Francia y en Holanda, promueve actualmente varias investigaciones académicas y comunitarias en epistemologías feministas del saber y tiene varios libros pendientes para su publicación.
Su más reciente actividad fue la visita el pasado 17 de junio a Agua Caliente en Cartago, una memorable experiencia de encuentro dialógico entre el conocimiento ancestral y la ciencia académica cuando mujeres indígenas bribri, cabécar y ngäbe visitaron e interactuaron con arqueólogos y arqueólogas que realizan una excavación en un asentamiento precolombino y otros sitio de cacicazgo sin escarbar todavía. En su diálogo ente el conocimiento ancestral en Costa Rica (accesible solo solicitando acceso), ellas y otras investigadoras académicas y consultoras independientes concretaron el encuentro de la ciencia académica con el conocido ancestral en el terreno; un terreno precolombino que se convirtió por unas horas en una escuela de saberes compartidos entre ambas formas de conocimiento.
Ngabe Eulalia Thoms y Bribri Mauricia Vargas, parte de delegación indígena, académicas, consultoras y activistas que visitaron excavación precolombina en Agua Caliente, Cartago. Fotos de Marcelo Gómez, 17/07/2026
Jóvenes Guardianes del Océano de Gandoca-Manzanillo: Empoderando a una nueva generación de custodios ambientales, culturales y marinos
La afrodescendiente Karla Taylor organiza un proyecto piloto en Gandoca-Manzanillo, región de extraordinario valor natural, cultural e histórico. Sus ecosistemas marinos, bosques, paisajes costeros y patrimonio comunitario representan una oportunidad para crear un modelo de desarrollo sostenible en el que la conservación, la educación y el empoderamiento local trabajen en conjunto. Aunque los niños y jóvenes crecen rodeados de este entorno increíble, carecen de amplias oportunidades para explorar, comprender y desarrollar un vínculo personal y colectivo con el océano, el bosque y la historia cultural de su propia comunidad.
Esta iniciativa busca transformar dicha relación contribuyendo a conformar una nueva generación de jóvenes custodios: niños y jóvenes que se conviertan en «Guardianes del Océano, el Bosque y el Patrimonio de Gandoca-Manzanillo» mediante una experiencia educativa transformadora basada en su conexión con la biodiversidad y la cultura costero-marina ancestral. Se desarrolla mediante la exploración marina, la educación ambiental, la preservación cultural, el desarrollo de liderazgo, la participación comunitaria, la recopilación de relatos orales de los mayores, la capacitación en turismo sostenible y la expresión artística para compartir sus conocimientos y vivencias en el proyecto; todo ello reconociendo que la conservación implica investigar, compartir y proteger las historias y los lugares que han dado forma al patrimonio cultural de la comunidad.
De izquierda a derecha Marianita Harvey Chavarria y Karla Taylor en el inicio del curso buceo scuba del CCBEEM. Foto Pete Stephens, 3/06/26
Contacto: Karla Taylor o Marianita Harvey Chavarria
El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la conferencia Filomena Navas: mujer indígena pionera en la participación política y comunitaria en Costa Rica por Elides Rivera Navas
Esta actividad es parte del ciclo «Recuperando nuestro pasado«.
