Elaborado por: Michelle P. Castro Marchena y Rafael E. López Alfaro
El Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí es un espacio vivo de memoria, identidad y organización comunitaria, donde el vínculo entre cultura, territorio y acción colectiva sostiene procesos orientados al buen vivir y a la defensa de los derechos de los pueblos originarios. En este contexto, el Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), desde su quehacer en extensión universitaria, acompaña el fortalecimiento de liderazgos comunitarios que inciden activamente en el desarrollo local con identidad cultural.
Uno de estos liderazgos es el de Fressy Sánchez Sánchez, gestora local, egresada del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL‑PO), generación 2025, y habitante del Territorio Indígena Huetar de Quitirrisí. Fressy participa activamente en el grupo Mujeres Huetares de Quitirrisí y en la Unidad Nacional de Mujeres Indígenas Ditsä+, organización sin fines de lucro que articula a mujeres de múltiples territorios indígenas de Costa Rica y Mesoamérica.
Desde estos espacios, se promueven procesos construidos por mujeres y para mujeres, orientados a la recuperación y valoración de saberes ancestrales, el fortalecimiento del tejido organizativo y la visibilización de prácticas culturales como expresiones vigentes de identidad, continuidad histórica y autonomía comunitaria.
El recorrido formativo y comunitario de Fressy se encuentra profundamente ligado a su historia familiar y territorial. Hija de padres Huetares y líderes comunales, desde temprana edad recibió una formación basada en el compromiso colectivo y la defensa de la identidad indígena. A los 40 años retomó su formación académica y encontró en la UNED una oportunidad para ampliar sus capacidades y proyectar su liderazgo comunitario. Además de ser egresada del TGL‑PO en su versión Huetar, actualmente es estudiante regular de la carrera de Gestión Turística Sostenible.
Gestión comunitaria y liderazgo territorial
Fressy cumple un rol estratégico en los procesos organizativos del Territorio Indígena de Quitirrisí. Su liderazgo se caracteriza por el conocimiento profundo de las dinámicas territoriales, la capacidad de escucha y la construcción de consensos orientados a objetivos comunes como la protección del territorio, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la preservación de las prácticas culturales.
Su quehacer se distingue por valores como la empatía, la responsabilidad colectiva y la resiliencia, cualidades fundamentales para sostener procesos comunitarios en contextos de cambio y desafío.
Fondos concursables: Puntos Cultura – Ministerio de Cultura
Actualmente, Fressy se desempeña como vicepresidenta de la Junta Administrativa del proyecto “Altar Ceremonial del Campo Sagrado El Güaco”, iniciativa ubicada en el territorio de Quitirrisí y seleccionada para recibir fondos concursables del programa Puntos Cultura del Ministerio de Cultura.
Este proyecto representa una oportunidad significativa para la revitalización cultural, el fortalecimiento de la participación comunitaria y la puesta en valor de prácticas ceremoniales propias del pueblo Huetar, contribuyendo a la transmisión intergeneracional de saberes y al reconocimiento de la espiritualidad indígena como parte esencial del territorio.
Planificación territorial y fondos PAFT – PNUD
Asimismo, Fressy forma parte del comité fiscalizador de los fondos concursables asignados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al Territorio Indígena de Quitirrisí, en el marco del Plan Ambiental, Forestal y Territorial (PAFT). Su responsabilidad es velar por el uso transparente y adecuado de los recursos y por el cumplimiento de la hoja de ruta definida colectivamente por la comunidad y su Asociación de Desarrollo.
El PAFT constituye un instrumento clave de planificación territorial creado por los propios pueblos indígenas para definir prioridades de desarrollo desde su cosmovisión, garantizar la protección de los recursos naturales y acceder a mecanismos de financiamiento climático. En marzo, el Territorio Indígena de Quitirrisí aprobó su PAFT mediante asamblea comunitaria, tras un proceso de diálogo, reflexión y construcción colectiva.
Este plan prioriza la inversión en infraestructura local, el fortalecimiento de emprendimientos comunitarios y el desarrollo de capacidades en juventudes, personas adultas mayores y mujeres, así como la protección y manejo sostenible de los bosques y recursos naturales del territorio.
Durante años nos dijeron: “calladitos más bonitos.”
Pero ese silencio no era paz… era control.
Hoy que hablamos, incomodamos.
Y cuando incomodamos, atacan:
“No es de Cahuita” “Es extranjero” “Divide”
Pero ya no funciona. Ese silencio acostumbrado – no es ley ni consentimiento – es estrategia para lograr lo deseado.
La realidad cambia todo: La Sala Constitucional ordenó consulta del PRC al Pueblo Tribal de Cahuita; y ratificó al Foro Tribal Afrocostarricense como órgano por medio del cual debe realizarse la consulta. (Voto 2025-029985)
Pero también reconoció:
El Foro Tribal venció (Voto 2026-010993).
Y eso lo cambia todo:
● Sin organización, no hay representación. ● Sin representación, no hay consulta. ● Y sin consulta… otros deciden por nosotros.
Que no te engañen
No es inclusión. Es sustitución.
Hoy es definitivo: El silencio terminó.
Y un pueblo que despierta… ya no se deja reemplazar.
(English): Patience is an ancestral virtue—wisdom distilled across generations—captured in a simple truth: “It takes patience to ride a donkey.”
(Español): La paciencia es una virtud ancestral —sabiduría destilada a lo largo de generaciones—, resumida en una simple verdad: «Se necesita paciencia para montar un burro.»
Uno para todos y todos para uno.
Bernardo Archer Moore Adulto Mayor — que, con dignidad, decidió no callar más.
La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, manifestó en la Sesión n.°6983 su respaldo al proyecto de ley que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.° 6043), orientado a garantizar el acceso público a las playas del país (Expediente N.° 24.413).
Tras un proceso de análisis institucional y consulta a diversas instancias académicas, la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto, subrayando la importancia de incorporar observaciones técnicas y sociales que fortalezcan su alcance.
Según el acuerdo, la iniciativa legislativa responde a problemáticas concretas en el país, donde “el acceso público no solo se encuentra restringido o potencialmente limitado, sino que además se han iniciado ciertas prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.
El proyecto propone establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, con el fin de evitar su apropiación indebida y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de estos espacios. Asimismo, plantea medidas como la elaboración de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años.
Desde el ámbito académico, distintas unidades señalaron que el proyecto constituye “una iniciativa pertinente y de alta relevancia para la realidad que enfrentan numerosas playas del territorio nacional”, especialmente ante procesos de turistificación, gentrificación y presiones del mercado inmobiliario en las zonas costeras.
No obstante, la Universidad también advirtió que la propuesta debe ser fortalecida en aspectos clave. Entre ellos, la necesidad de incorporar evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, así como mecanismos efectivos de cumplimiento.
En ese sentido, se recomendó incluir sanciones ante prácticas como la obstrucción de accesos y la señalización engañosa, además de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura por parte de los gobiernos locales.
El Consejo Universitario enfatizó que “garantizar que cada playa disponga de un mínimo de tres accesos públicos constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”, aunque señaló que es necesario justificar técnicamente este criterio y contemplar posibles excepciones.
Finalmente, la UCR reiteró su disposición a colaborar con el proceso legislativo: “La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.
Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente debate nacional sobre el acceso, uso y protección de las zonas costeras, consideradas bienes públicos fundamentales para la vida social, cultural y ambiental del país.
Durante la discusión del dictamen, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, hizo un llamado a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553). Señaló que el Programa Kioscos Socioambientales ya ha solicitado un pronunciamiento al respecto y advirtió sobre la urgencia de abordarlo, dado el rápido avance que ha tenido.
En su intervención, Treminio planteó que este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras. Alertó que, de no mediar una discusión crítica, se corre el riesgo de profundizar procesos de privatización del litoral que favorecen principalmente a grandes inversionistas, generando formas excluyentes de acceso al territorio. Esto, añadió, podría transformar bienes públicos en espacios cada vez más restringidos, subordinados a lógicas de mercado y a dinámicas de apropiación privada.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
El Observatorio de Bienes Comunes publicó la nota titulada “Hormigas, infancia y común: una lección zapatista sobre cómo aprender y organizar la vida”
La nota señala:
En un relato breve, cargado de humor, ternura y profundidad política, el zapatismo vuelve a recordarnos que las grandes preguntas no siempre se responden desde arriba. “El Condenado y las Hormigas (el amor y el desamor según un niño zapatista)”, firmado por el Capitán en enero-febrero de 2026, es mucho más que un cuento: es una invitación a repensar cómo aprendemos, cómo nos organizamos y cómo construimos lo común.
A través de la historia de un niño travieso, nombrado por su madre como “Condenado Chamaco del Demonio”, el texto despliega una crítica sutil pero contundente a las formas tradicionales de enseñanza y a las jerarquías del saber, al tiempo que propone una pedagogía arraigada en la experiencia, la observación y la vida comunitaria.
El común no se explica, se vive
Uno de los momentos de tensión del relato ocurre cuando el Subcomandante Insurgente Moisés llega a la escuela a explicar qué es el “común”. Su exposición, cargada de conceptos políticos, estructuras organizativas y referencias al proceso zapatista, deja en silencio a niñas, niños y autoridades comunitarias. Nadie responde. Nadie parece haber comprendido.
Sin embargo, un niño levanta la mano y responde con una sola palabra: “hormigas”.
Lejos de ser una ocurrencia ingenua, su intervención muestra una comprensión profunda. A partir de su experiencia observando hormigueros, el niño explica cómo estos insectos se organizan, distribuyen tareas, cooperan y se sostienen colectivamente, incluso en momentos de crisis.
El contraste es claro: mientras el discurso formal no logra transmitir el sentido del común, la experiencia vivida sí lo hace. El mensaje es contundente:
… el común no es una teoría que se memoriza, sino una práctica que se aprende viviendo.
En 1989, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 de la OIT para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, que Costa Rica ratificó plenamente en 1993, el mundo era muy diferente al de hoy.
La segregación racial y étnica era una norma tácita, y la IA estaba más allá de la imaginación de cualquiera.
La esperanza generalizada era que este acuerdo entre naciones civilizadas se implementara tan pronto como concluye su breve proceso de ratificación en cada país.
Sin embargo, más de tres décadas después, su implementación en Costa Rica sigue siendo una promesa incumplida.
El problema hoy no es la falta de una ley, sino su evasión.
El artículo 6 del Convenio es claro: El Estado debe consultar a los pueblos interesados con el fin de llegar a un acuerdo o consentimiento. Esto no se trata de informarles sobre decisiones ya tomadas, ni de celebrar audiencias públicas. Se trata de garantizar el derecho a la participación colectiva en el proceso de toma de decisiones.
Sin embargo, como lo demuestra la resolución constitucional sobre el «Plan Regulador Costero de Cahuita», el Estado ha sustituido la consulta genuina por mecanismos de participación general, diluyendo así la voluntad de los titulares de derechos.
Aquí radica la distorsión central: confundir «población» con «pueblo».
El Convenio 169 no protege a todos los habitantes de un territorio, sino a los pueblos definidos por su autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural; y no por un linaje étnico directo.
En Cahuita, esto implica que el sujeto de consulta no es la totalidad de los residentes, sino el pueblo tribal afrodescendiente, definido conforme a criterios de autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural. En consecuencia, aquellas personas que no comparten dicha identidad colectiva —por carecer de vínculo histórico, cultural o de autoidentificación con el pueblo tribal— no forman parte del sujeto titular del derecho de consulta.
En este punto resulta imprescindible apelar al juicio humano, en lugar de depender exclusivamente de la inteligencia artificial, cuya interpretación de los hechos contemporáneos suele estar condicionada por las proyecciones y supuestos de sus desarrolladores sobre un futuro incierto, más que por la complejidad de la realidad presente.
En esta línea de pensamiento, surge un fenómeno contemporáneo ineludible: La creciente complejidad de la identidad, resultado de los procesos de migración, mestizaje y asimilación cultural.
Ante la ausencia de normas claras basadas en la realidad de nuestras comunidades, la ambigüedad genera conflictos internos.
Y este tipo de conflictos, lejos de conducir a soluciones, benefician los intereses del Estado.
Durante el último año, el incumplimiento de la Convención ha encontrado la excusa perfecta en las divisiones internas de las comunidades: permite seguir eludiendo la consulta, justificando la inacción y trasladando la responsabilidad a las propias comunidades afectadas.
Así, el problema deja de ser una cuestión estatal y se convierte convenientemente en una cuestión comunitaria.
Ante este escenario, la comunidad tribal afrodescendiente de Cahuita se enfrenta a un dilema histórico: definirse como sujeto colectivo de acuerdo con los criterios del Convenio 169, o permitir que la ambigüedad siga facilitando la simulación de consulta.
No hay una tercera vía.
La unidad, en este contexto, no es un ideal abstracto. Es una condición jurídica.
Sin ella, no hay consentimiento válido, ni consulta legítima, ni posibilidad de autodeterminación.
En este escenario, incluso los prejuicios históricos —como la narrativa de que «los pueblos afrodescendientes no pueden llegar a acuerdos»— dejan de ser meros estigmas y se convierten en herramientas funcionales de despojo.
La cuestión ya no es jurídica, sino histórica:
¿Permitiremos que se confirme esta narrativa («los negros no se unen«), o construiremos, desde la unidad, el verdadero fundamento de nuestros derechos?
La gestión de residuos en Limón vuelve a colocarse en el centro del debate público tras la presentación de información técnica que cuestiona la proyección oficial sobre la vida útil del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) El Tomatal. Un oficio de la Municipalidad del cantón central solicita al Ministerio de Salud verificar una certificación reciente que estima una vida útil significativamente menor a la previamente considerada, en un contexto que ya es calificado como crítico para la salud pública y el ambiente.
De acuerdo con la certificación emitida por la empresa operadora del sitio, la vida útil del PTA El Tomatal se proyecta en aproximadamente 10 años en promedio, muy por debajo de estimaciones anteriores cercanas a 29 años. Ante una gestión ciudadana, esta diferencia motivó a la Municipalidad de Limón a solicitar una revisión técnica urgente, así como la adopción de medidas para mitigar los impactos derivados del creciente volumen de residuos, incluyendo aquellos trasladados desde otras regiones del país.
Diferencias técnicas y presión creciente sobre el sitio
El documento técnico señala que la vida útil de un relleno sanitario depende de múltiples variables como el diseño de las celdas, la topografía, la densidad de compactación, la composición de los residuos y los procesos de asentamiento y descomposición. Bajo estas condiciones, se advierte que no es posible establecer un plazo exacto, sino un rango que puede variar según el manejo operativo y el ingreso diario de residuos.
En el caso de El Tomatal, el ingreso promedio cercano a 250 toneladas diarias y las condiciones del sitio han llevado a estimar una proyección de vida útil de alrededor de una década, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo actual de disposición final.
Solicitud de información y transparencia
Ante esta situación, el ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo presentó una comunicación dirigida a la alcaldía de Limón en la que solicita aclaraciones sobre la reducción de la vida útil, los factores que la explican y las medidas previstas para enfrentar la situación.
Entre los aspectos planteados destacan la necesidad de conocer los estudios técnicos que sustentaban las proyecciones anteriores, las acciones concretas para mitigar impactos sanitarios y ambientales, y la existencia de planes de contingencia o alternativas de gestión integral de residuos.
Un problema estructural en la gestión de residuos
Este caso se inscribe en una problemática más amplia que SURCOS ha documentado en diversas ocasiones: la presión creciente sobre rellenos sanitarios en el país, el traslado interregional de residuos y la ausencia de soluciones estructurales en materia de reducción, reciclaje y tratamiento.
El uso intensivo de rellenos como solución principal ha generado conflictos socioambientales en distintos territorios, donde comunidades denuncian impactos en la salud, el ambiente y la calidad de vida.
En este contexto, la situación del PTA El Tomatal refleja tanto la urgencia de medidas inmediatas como la necesidad de avanzar hacia una política pública de gestión integral de residuos que reduzca la dependencia de estos sitios y garantice condiciones sostenibles a largo plazo con base en el criterio de calidad de vida para las comunidades.
La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT realizaron un importante intervención y mejoras al puente que se ubica sobre el Río Nimá Diköl (Río Peje) , en la comunidad de Palmira de Cabagra.
Este proyecto, forma parte del área denominado, servicios colectivos esenciales y pretende mejorar las condiciones de acceso a las personas que requieran trasladarse a la zona de Capri y sus alrededores.
Es una obra comunal de vital importancia para los pobladores ya que contribuye a reducir los riesgos de tragedias asociadas a las crecidas de este rio, cuyo caudal aumenta de manera considerable durante la época de invierno.
El Plan Ambiental, Forestal y Territorial (PAFT) es una herramienta de planificación que se financia con recursos del fondo verde del clima, Banco Mundial, impulsados por el MINAET y construido con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un recurso de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), junto con recientes observaciones de la Contraloría General de la República, evidencian serias irregularidades técnicas, ambientales y administrativas en el proyecto denominado “Embarcadero Vecinal en Puerto Viejo”, en el cantón de Talamanca.
El recurso, interpuesto por el abogado Walter Brenes Soto, solicita la nulidad absoluta de la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución N.° 1879-2024-SETENA, señalando vicios graves en el estudio ambiental que sirvió de base para su aprobación. Según el documento, la evaluación presenta fallas estructurales que comprometen su validez, al haberse realizado sin el rigor científico mínimo requerido para una obra ubicada en un área ambientalmente frágil.
Entre los principales cuestionamientos se encuentra la ausencia total de estudios marinos, a pesar de que el proyecto se desarrollaría directamente en el mar. El análisis se limitó a la vegetación terrestre, omitiendo información esencial sobre el lecho marino, la batimetría, los ecosistemas bentónicos y las condiciones oceanográficas. Esta omisión resulta especialmente grave si se considera que el propio expediente reconoce la existencia de arrecifes coralinos en el sitio donde se pretende cimentar la obra, sin que exista una evaluación de impacto sobre este ecosistema.
El recurso también advierte que la viabilidad ambiental se sustentó en información desactualizada y técnicamente incorrecta, al asumir que los arrecifes de la zona se encuentran mayoritariamente muertos desde el terremoto de 1991, ignorando evidencia científica reciente que demuestra su recuperación y vitalidad. Asimismo, se señala la omisión de especies marinas en peligro de extinción, incluyendo corales como Acropora palmata y fauna como tortugas marinas, manatíes y delfines, lo que evidencia una evaluación superficial e incompleta. A esto se suman errores graves en la identificación de especies, incluyendo referencias a fauna propia del océano Pacífico, lo cual compromete la confiabilidad del estudio en su conjunto.
Adicionalmente, el recurso denuncia la falta de estudios oceanográficos que permitan prever impactos como la alteración de corrientes marinas, la acumulación de sedimentos o procesos de erosión costera, lo que incrementa la incertidumbre sobre las consecuencias reales del proyecto en las playas de Puerto Viejo. En este contexto, se argumenta que la resolución de SETENA incumple principios fundamentales del derecho ambiental, como el principio precautorio y preventivo, al autorizar una obra sin contar con información suficiente para descartar daños significativos al ambiente.
El recurso de nulidad solicita, además, la suspensión inmediata de cualquier obra relacionada con el embarcadero, el archivo del expediente y la apertura de investigaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades de los actores involucrados. En conjunto, los elementos expuestos en ambos documentos refuerzan la preocupación sobre un proyecto que podría generar impactos irreversibles en los ecosistemas marino-costeros de Puerto Viejo, así como un uso inadecuado de recursos públicos, en ausencia de garantías técnicas, científicas y administrativas suficientes.
¿Qué dijo la contraloría del proyecto?
A estos señalamientos se suman las observaciones de la Contraloría General de la República oficio (DFOE-CIU-0584), que no aprobó la asignación de ₡674,2 millones dentro del presupuesto 2026 de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) destinada al diseño y construcción del embarcadero. El órgano contralor determinó que el proyecto carece de elementos esenciales para su ejecución, como la inexistencia de un convenio formal entre JAPDEVA, el MOPT y la Municipalidad de Talamanca, así como la falta de claridad sobre las responsabilidades institucionales en la administración, operación y mantenimiento de la obra.
La Contraloría también advirtió que estas omisiones impiden comprender el alcance real del proyecto y debilitan el control sobre el uso de los recursos públicos, aumentando el riesgo de conflictos institucionales y fallas en su implementación. En consecuencia, los fondos improbados deberán ser trasladados a cuentas sin asignación específica, dejando en suspenso la viabilidad financiera del proyecto.
Otros cuestionamientos:
A estos cuestionamientos técnicos se suma un fuerte señalamiento social: organizaciones ambientales y comunidades de Puerto Viejo denuncian que la viabilidad ambiental fue tramitada de forma “exprés y oculta”, en un plazo aproximado de 18 días hábiles, sin conocimiento ni participación de la población local. Según estas denuncias, el proyecto permaneció sin acceso público durante cerca de un año, y solo fue conocido tras un anuncio de la Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Incluso, personas de la comunidad que consultaron a SETENA fueron remitidas a expedientes antiguos, sin información clara sobre el proceso vigente.
Organizaciones y actores locales cuestionan además que, una vez otorgada la viabilidad ambiental, se esté convocando a procesos de consulta que consideran tardíos y orientados a legitimar una decisión ya tomada, lo que podría vulnerar el derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública.
El proyecto actual es señalado como el tercer intento de desarrollar infraestructura similar en la zona, tras iniciativas previas en 2008 y 2019 que fueron rechazadas por la comunidad debido a irregularidades, falta de estudios rigurosos y ausencia de consulta pública. En esos antecedentes también se identificaron deficiencias en los estudios de impacto ambiental y omisiones de especies marinas clave, lo que refuerza la preocupación sobre la repetición de patrones en la gestión del proyecto.
Las denuncias también ponen en cuestión el enfoque de desarrollo detrás del proyecto, señalando que responde a intereses turísticos y empresariales, mientras se relegan necesidades urgentes de la comunidad. Entre estas destacan la falta de acceso a agua potable, la ausencia de servicios básicos de salud como un EBAIS, así como carencias en infraestructura educativa como colegios y escuelas. A ello se suma la incapacidad de resolver la conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales, la falta de espacios públicos y la limitada inversión social para enfrentar problemáticas como la pobreza y la exclusión de la juventud.
Vista del sitio donde han querido instalar el atracadero y la marina anteriormente.Coral del Chino afectado por atracadero.
Aunque nací en Naranjo, Alajuela, casi no residí ahí, pues mi familia se mudó a San José a inicios de 1956, cuando yo tenía menos de cuatro años de edad. Desde entonces, mis únicos contactos directos fueron las gratas y memorables visitas, en las vacaciones de verano, a casa de Eugen, nuestro hermano mayor, quien permaneció allá. Con esto quiero decir —no sin dolor— que no conocí mucho de sus gentes ni de sus paisajes, ni tampoco de su historia. No obstante, a mis 73 años de edad hoy, me cautiva todo cuanto tenga que ver con mi terruño. Fue por ello que, cuando vio la luz en 2007, me embelesé con el libro Naranjo y su historia(1835-2004), del historiador José Luis Torres Rodríguez, rica obra que debiera estar en todo hogar naranjeño.
Ahora bien, como dicho libro está ampliamente ilustrado, una de las fotos que más me llamó la atención fue la del edificio municipal, atesorada por las hijas del hogar formado por el croata José Jengich Stilinovich y la costarricense-alemana Hilda Buck Beer. Esto fue así no solo por su hermosura, sino que también por su ubicación, pues no coincide con la del actual edificio, conocido como Palacio Municipal y construido entre 1948 y 1949. Espoleado por la curiosidad, indagué al respecto con el entrañable amigo José Luis, pero me dijo no saber mucho sobre dicho inmueble, aunque sí me facilitó un expediente referido a esta última edificación, declarada parte del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica en octubre de 2013.
Sorprende que en este amplio legajo no haya una sola mención del antiguo edificio municipal, y más bien llama la atención que en uno de sus documentos se indique lo siguiente: “Este edificio llegó a conformar el centro político-social de la pujante ciudad de Naranjo, [y] ya dentro de la cuadrícula de herencia española se desarrolló el Palacio Municipal al costado norte de la Iglesia Católica y a cincuenta metros de la plaza, hoy parque”. Es decir, da a entender dos cosas que son erróneas: que el actual fue el primer edificio municipal que hubo en el cantón, y que se ubica exactamente donde correspondía según los convencionalismos de la época colonial.
En realidad, el que sí se localizaba de acuerdo con esa norma o costumbre era el original, es decir, el antiguo edificio municipal. De ello es fehaciente la foto adjunta, de autor desconocido —facilitada por Cecilia Jengich Buck— en la cual se le observa frente al costado sur de la plaza, hoy Parque Central Dr. Abraham Rodríguez. Aunque se ignora la fecha de dicha imagen, es obvio que data de antes de 1924, cuando el antiguo templo no había sido cuarteado por el terremoto de marzo de ese año, que obligó a demolerlo después.
El templo católico y el edificio municipal, frente a los costados este y sur de la plaza.
Cabe mencionar que el edificio empezaba en la esquina sureste del cuadrante ubicado al sur la plaza, de modo que estaba diagonal a la iglesia. Este detalle se observa en un retrato que hallé en un manojo de fotos coleccionadas por mi tío Luis Castro Rodríguez —maestro y periodista—, quien poco antes de morir las entregó a mi hermana Brunilda. Supongo que él la tomó, pues cada cierto tiempo aparecía con una cámara y captaba imágenes de la familia, así como de lugares que le interesaban. De hecho, hay varias del nuevo templo en construcción, que utilicé para ilustrar mi artículo El templo anhelado por los naranjeños (Nuestro País, 19-IV-19). Nótese que en la citada foto hay una gran cantidad de boyeros alrededor del nuevo templo en construcción.
El edificio municipal visto desde el templo en construcción.
Por cierto, en nuestro libro Dos hombres y un volcán, publicado por la Editorial Tecnológica y que verá la luz en abril, hay varias de sus fotos, incluida una muy significativa, tomada el 24 de febrero de 1937 en la cima del volcán Arenal. Ese día los siete expedicionarios que acometieron la aventura, entre los que figuraron cinco naranjeños (Alberto y Gustavo Quesada Rodríguez, mi tío Ricardo Quirós Rodríguez, Bercelio Castro Ramírez y el tío Luis), descubrieron que ese coloso no era un simple cerro —como se pensaba entonces—, sino un volcán latente o dormido.
Ahora bien, para retomar lo del edificio municipal de Naranjo, una vez inaugurada la iglesia, a inicios de 1929, se le ve en otra foto, que hallé en el librito Naranjo y su iglesia, editado ese año por el padre José del Olmo Salvador, la cual muestro aquí. Y, para culminar, ya erigido el bello edificio de la Escuela República de Colombia —que abrió sus puertas en octubre de 1938—, ahí estaba a su lado, completando ese flanco del parque, como lo atestigua la foto aludida al principio de este artículo, mostrada en el libro de José Luis.
El edificio municipal visto desde el nuevo templo, en 1929.
El edificio municipal al lado de la escuela.
Como se nota, no hay duda de cuál era el aspecto del antiguo edificio municipal, ni tampoco de su ubicación, aunque las fotos existentes son un poco lejanas o parciales. Sin embargo, por fortuna, entre las fotos legadas por mi tío, hace unos años hallé una imagen completa y cercana.
Como era de esperar, el hallazgo de ese retrato me alegró mucho, pero había un inconveniente, y es que quedó movida o desenfocada. Eso me impidió escribir un artículo como éste, pues la imagen perdía así mucho de su valor testimonial. No obstante, en meses recientes empecé a familiarizarme con algunas técnicas de inteligencia artificial, al menos lo suficiente como para, tras varias tentativas, lograr corregir ese problema. El resultado final fue una bella y fidedigna imagen de tan significativa edificación, que ahora comparto con los lectores. Y, para que sea conservada como se debe, con motivo del 140 aniversario del cantonato, hace dos semanas la doné a la Municipalidad de Naranjo, con la esperanza y la ilusión de que la puedan ampliar, enmarcar y colocar en alguna pared del actual edificio municipal, en el cual, por cierto, laboró por muchos años, como contabilista, mi hermano Eugen.
El bello edificio municipal, en todo su esplendor.
Queda pendiente, eso sí, profundizar en la historia de ese inmueble. Aunque el amigo José Luis lo intentó, su esfuerzo resultó vano, pues parece que los archivos municipales se deterioraron en el curso del tiempo, hasta perderse por completo. ¡Una verdadera lástima, por este y otros proyectos históricos cantonales malogrados!
No obstante, permanecen como desafíos varias preguntas obvias, pero importantes. Por ejemplo, las fechas exactas de su construcción e inauguración, los nombres del ingeniero o arquitecto que concibió la idea y la plasmó en los planos, y del maestro de obras que condujo el proceso. También, las especies de madera elegidas para el maderamen y las paredes, estas últimas posiblemente de cedro amargo (Cedrela odorata), por su resistencia y belleza, así como por su abundancia en aquellos tiempos, aunque tal vez todo era prefabricado y de maderas foráneas —como se verá posteriormente—, y ensamblado aquí. Sí llama la atención que, en contraste con el actual edificio, tuviera dos plantas, así como corredores volados en ambos pisos, al igual que altas paredes, con fines de ventilación, obviamente, en una localidad tan cálida como Naranjo, a unos 1000 m de altitud. Al respecto, esta arquitectura es parecida a la que he visto en fotos de edificios de Puerto Limón y Turrialba, en el Caribe, a 0 y 600 m de altitud, respectivamente, las cuales datan de los primeros dos decenios del siglo XX.
Al respecto, en una consulta que hice al amigo arquitecto Andrés Fernández, autor de varios libros y muy connotado por sus aportes en el campo de la historia de la arquitectura en Costa Rica, con gentileza me manifestó lo siguiente, que es muy esclarecedor:
“Al terminarse las obras del ferrocarril al Atlántico, en 1890, e impulsada por la Revolución Industrial que se extendía por el mundo, llegó aquí la arquitectura de influencia victoriana. Su nombre deriva de haberse originado como tendencia en el reinado de Victoria Alexandra de Inglaterra (1847-1901), y se caracterizaba por ser una arquitectura totalmente industrializada tanto en materiales (ladrillo, metal de forja, madera aserrada y torneada, clavos de acero, lámina de hierro galvanizado, chapa metálica y pintura de aceite), como en sus muy prácticos métodos de construcción.
Al Valle Central de Costa Rica, esa arquitectura llegó primero desde Inglaterra, por ubicarse originalmente en esa nación el mercado del café; y solo en un segundo momento, de los Estados Unidos, gracias en buena medida al mercado bananero, lo que la extendió también por el Caribe. Aquí pronto arraigó con fuerza, dando pie a una arquitectura residencial de diversas escalas, casi siempre prefabricada e importada, pero cuyo auge hizo aparecer pronto un estilo “victoriano criollo”, realizado por carpinteros y maestros de obras locales, que incorporaron a ella elementos tanto climáticos como culturales propios.
Fue esa novedosa carpintería y los oficios a ella asociados, los que terminaron por sustituir los oficios constructivos tradicionales, heredados del período colonial, después de 1910. Pero, en cambio, fue gracias a ella que aparecieron entonces en un Valle Central rico en maderas de calidad, además de casas victorianas, edificios públicos, comerciales e industriales. Del primer tipo de esos inmuebles criollos, fueron notables, en especial, las escuelas primarias y los palacios municipales aparecidos en la década de 1920, y cuyos planos elaboraban técnicos especializados en la Dirección de Obras Públicas”.
En fin, como se aprecia, el reto pendiente es enorme, pues queda mucho por indagar, y las fuentes de información —si es que existieran— deben estar muy dispersas. Sin embargo, ojalá algún día alguien lo acometa, para rescatar este importante segmento de la rica y singular historia del amado cantón de Naranjo.
