Este miércoles 18 de junio, el programa Voces y Política dedicará su transmisión a analizar un tema de creciente preocupación en las comunidades costeras: el nuevo intento de privatización de la Zona Marítimo-Terrestre.
El espacio contará con la participación de personas habitantes de zonas costeras y de la abogada Sofía Barquero, quienes expondrán sus valoraciones sobre el impacto social, ambiental y legal que podrían tener las propuestas actuales que buscan modificar el régimen de tenencia en áreas bajo protección pública.
La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) constituye un bien de uso público regulado por la Ley N.º 6043, y es considerada una franja de especial importancia ecológica y social. Diversas comunidades y organizaciones han manifestado su oposición a proyectos o iniciativas que, bajo el argumento de desarrollo económico o inversión extranjera, podrían abrir la puerta a un cambio estructural en el manejo de estos territorios, con implicaciones para el acceso, la permanencia y los derechos colectivos en las costas.
El programa, producido por el Semanario Universidad en colaboración con Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, ofrece un espacio para el análisis crítico de temas de interés público, desde las voces y experiencias de las comunidades.
En la pura llegada del cementerio indígena de Rey Curré Yímba, se ubica un entierro bastante particular, que resalta una especie de fosa circular sobre la superficie terrestre, rodeado de cantos rodados escogidos en el río Grande de Térraba.
Corresponde a la tumba de don Cristino Lázaro Rojas, un gran referente en la comunidad de Curré, defensor de los valores y las costumbres culturales indígenas.
Esta costumbre funeraria, de acuerdo con estudios arqueológicos en la zona, fue bastante común durante el período tardío o Chiriquí (comprende entre 800 y 1550 d.n.e.)
Estos tipos de enterramientos, quizás más complejos del cual se hace referencia en esta nota, sucedieron a lo largo de los ríos principales desde la zona de Pérez Zeledón hasta la planicie del Diquís, con aldeas importantes que se distanciaban entre 7 – 8 km el uno del otro.
En el caso de este enterramiento en Rey Curré, los familiares aprovecharon (al igual que desde la época precolombina), las abundantes piedras redondas que arrastra el río Grande de Térraba.
Son cantos rodados que adquieren esa forma redondeada debido al arrastre y erosión que genera la corriente del río.
Precisamente durante el período tardío, los arqueólogos referenciaron un cementerio precolombino en Curré/Yímba, en donde se distinguen dos promontorios elevados que se delimitaron con muros de piedras, sobre una extensión aproximada de 80 x 50 m.
El lugar está muy alterado, pero aún se pueden distinguir tumbas de cajón construidas con paredes y tapas de piedras de río.
En ellas se enterraron los individuos, y como se ha documentado en otros cementerios, se colocaron ofrendas de cerámica especial, objetos de piedra y ornamentos de oro o tumbaga (una aleación de oro y cobre).
Además, se colocaron pilares o piedras alargadas para señalar los promontorios.
Es interesante ver cómo aún en nuestros días, existen familias indígenas en la comunidad de Yímba Cájc que se resisten a perder definitivamente, esas costumbres funerarias que caracterizaron al período tardío.
Apoyo bibliográfico: Curré/Yímba: Su larga y profunda historia. MNCR, 2021.
Artículo de opinión elaborado por María Suárez Toro.
Escribana e INMAR Caribe.
No creo mucho en la Inteligencia Artificial (IA). Me parece que no tiene inteligencia propia, ni es tan artificial. Nos roba la información que ha nacido de la inteligencia humana – que de artificial no tiene nada. Y por más que muchas veces me cuestiono eso de sapiens porque hoy día nuestra especie está demasiado perdida en este planeta con graves consecuencias, es inteligencia que viene de nuestra naturaleza.
Pero debo reconocer que recientemente he vivido dos experiencias que me hacen pensar que muchas veces la IA nos roba inteligencia con más capacidad que muchos humanos y humanas.
El pasado 27 de abril el Centro Comunitario de Buceo (CCBEEM) anunció en su comunidad del distrito de Cahuita, que su proyecto de nueve años de investigación en ciencia ciudadana – bajo el nombre Expedición Galeones y Otras Embarcaciones – había logrado establecer científicamente la identidad de dos naufragios en el Parque Nacional Cahuita que aportan nuevos datos sobre la llegada de la población africana a Costa Rica.
Aunque para todo el mundo en Talamanca e internacionalmente ha estado claro que la juventud buceadora local del Centro ha sido la gestora y conductora de ese proyecto y que fue apoyada por la co gobernanza comunitaria y gubernamental, las organizaciones sociales de desarrollo como Profana y de tribalidades afro y bribri, la UCR sede Caribe y la UNED, la gerencia de empresas como el Tajo Chirripó y personas arqueólogas subacuáticas internacionales de muchos países, expedicionarias de NATGEO y especialistas en arqueomitología del Instituto Internacional de Arqueomitología, entrenadores, instructores PADI en buceo scuba en el país y en EUA de la YouthDiving With a Purpose (DWP) y muchos de ustedes que nos leen.
Las agencias de prensa en este acontecimiento
Pues van a creer que agencias de prensa como AFP (Agencia FrancePress) inmediatamente, la misma noche del anuncio, envió un cable donde le otorgaba todo el crédito del resultado a las personas arqueólogas danesas que vinieron al país invitadas por el CCBEEM para dirigir solamente la excavación necesaria para las pruebas finales.
Tanto el Museo Nacional de Dinamarca como el Museo Nacional de Costa Rica en sus respectivas páginas web también habían aislado el trabajo arqueológico subacuático de todo un proceso dentro del cual esa particular ciencia se enmarcaba, dándose el crédito del resultado.
Y para colmo, como era de esperarse, cuando nuestra prensa nacional no hace su propio trabajo sobre lo propio en Costa Rica. Ese lunes 28 de abril, demasiados medios de prensa nacionales reprodujeron el cable de AFP, ignorando todo lo que, desde Cahuita, su territorio de cobertura, había hecho y publicado ese domingo.
Los embajadores y embajadoras hablaron con las autoridades de AFP en Francia y aclaramos, pero no hicieron nada para rectificar, hablamos con los dos museos en mención y ambos rectificaron, hablamos con el Semanario Universidad e inmediatamente sacaron un super reportaje propio, otros medios que lo reprodujeron hicieron lo mismo y otros como La Teja y La Nación editan pautando citas para venir a hacer mejores reportajes in situ. Prensa local como Delfino, SURCOS y Voyager, entre otras, publicarán bien la noticia desde el inicio.
Pero el daño ya estaba hecho y ha costado mucho revertir el impacto de una noticia que bien ponderada, ubica que hay más de una noticia en esa noticia.
Primero el hecho de probar que dos barcos El Fredericus IV y El Christianus V naufragios pertenecen a una historia desconocida de tráfico de personas esclavizadas que aporta a la historia, ya que era una saga desconocida. Segundo, es un hallazgo liderado por una iniciativa comunitaria en arqueología comunitaria compuesta por jóvenes afro descendientes e indígenas y mestizos, por lo tanto, con relación directa a los legados en esa historia; por lo cual su narrativa cambia la historia comunicacional de los acontecimientos. Tercero, en el país no había experiencia en esta disciplina, por lo cual la primera es comunitaria que integra lo académico y no a la inversa, como las investigaciones prediales en el PNC.
Inteligencia del AI en esta Historia que Hace Historia
Ejemplo 1:
Pues resulta que anoche los embajadores y embajadoras del mar recibieron una interesante llamada telefónica de la señora Ida Cortés del grupo de mujeres “ACTUALIDADES”. En su mayoría compuesto por mujeres jubiladas en Costa Rica, se reúnen una vez por semana para compartir información del acontecer político en el mundo y el país.
Resulta que las noticias del ámbito político en el mundo son tan avasalladoras, que decidieron que temas de seguirles la pista, querían conocer experiencias que las inspiraran.
Así, encontraron a embajadores y embajadoras del mar, les contactaron y van a organizar una conferencia para finales de junio.
Pete Stephens y Maraya Jiménez le preguntaron a Ida Cortés cómo nos encontraron. “Pues van a creer que pusimos en Chat GPT lo siguiente: “Díganos de una experiencia en Costa Rica que nos permita animarnos y entusiasmarnos por conocer lo que hacen y Click, sale Chat GPT con su mensaje único: “Embajadores y Embajadoras del Mar en el Caribe de Costa Rica…”
Ida, hermana de Jorge Cortés del CIMAR, un tanto sorprendida para bien de lo que leía sobre el trabajo juvenil e infantil en el Caribe, lo llamó para saber si era cierto lo que el Chat GPT decía sobre el proyecto ya que parte era sobre la especialidad de su hermano: los corales. “Sí, hermana, hacen eso y mucho más, ¡los conozco!”
Ejemplo 2:
Maraya, curiosa por saber qué se decía, colocó lo siguiente y el AI de Google: “¿Qué es la arqueología subacuática comunitaria?”
AI en Google: «La arqueología subacuática comunitaria es un enfoque que busca involucrar a las comunidades locales en la investigación y conservación del patrimonio arqueológico sumergido. Implica trabajar de forma colaborativa con los habitantes de áreas costeras o rivereñas para descubrir, documentar y proteger los restos arqueológicos subacuáticos. Participación comunitaria: A diferencia de la arqueología subacuática tradicional, que suele ser conducida por arqueólogos profesionales, la arqueología subacuática comunitaria enfatiza la participación activa de los miembros de la comunidad en todas las etapas del proyecto.»
Y los ejemplos que presenta la IA son todos el CCBEEM
¿Está en lo correcto la IA sobre el Trabajo del Centro?
Durante nueve años, jóvenes afro descendientes, indígenas y cruzados del Caribe Sur lideraron un proceso inédito de ciencia ciudadana para revelar la identidad de dos naufragios localizados frente a Punta Cahuita, en el Parque Nacional Cahuita. El objetivo fue claro: reconstruir, desde el territorio, la verdad oculta bajo el mar mediante una combinación de saberes ancestrales y métodos científicos.
La Expedición Galeones y Otras Embarcaciones integró historia oral, documentación archivística y arqueología subacuática. Escuchando las voces de pescadores (as), investigamos archivos en Costa Rica, Dinamarca y España, realizamos inmersiones arqueológicas en los sitios “Los Ladrillos” y “Los Anclas y Cañones”, se aplicaron métodos avanzados de análisis material.
Los resultados son contundentes: los restos pertenecen a los pecios daneses esclavistas Fredericus IV y Christianus V, que llegaron a Cahuita el 2 de marzo de 1710 tras extraviarse en su ruta hacia la isla de St. Thomas. Un motín protagonizado por marineros y personas africanas cautivas desembocó en un hecho sin precedentes: el desembarco libre de más de 600 africanos y africanas.
Las pruebas arqueológicas incluyen ladrillos daneses identificados mediante susceptibilidad magnética y termoluminiscencia, pipas holandesas fechadas entre 1690 y 1710, y madera de roble analizada por dendrocronología que confirma su origen en el Báltico danés. A esto se suman mapas históricos, una manilla de esclavos documentada y fotogrametría subacuática.
Este proceso comunitario no sólo validó científicamente una historia de resistencia y libertad; también la narró con intencionalidad cultural, a través de calypsos, libros de cuentos, dibujos infantiles y performances.
Como dicen los y las protagonistas al cerrar el ciclo: “No somos historiadores, pero hacemos historia; no somos científicos profesionales, pero generamos conocimiento. Somos buzos recreativos, porque estamos recreando, con memoria, la narrativa de nuestro patrimonio sumergido.”
Hoy, con ciencia, conciencia y comunidad, el océano nos devuelve una verdad que les pertenece.
Nota: Usa la IA sin regalarle tu inteligencia natural.
El 6 de junio de 2025, un vecino de la comunidad de la Unión de Guápiles, Víctor Villalta Martell, junto con otros residentes, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra del Ministro de Obras Públicas y Transporte, Efraín Zeledón Leiva, debido a lo que consideran un falso testimonio respecto a la situación de las paradas de autobuses en la Ruta 32, Cantón de Pococí, provincia de Limón.
En su solicitud, los recurrentes señalan que las respuestas del Ministro y los funcionarios del CONAVI y CTP no han sido claras ni completas, y acusan omisiones que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de la comunidad. La principal controversia radica en la ubicación de las bahías de autobuses, las cuales, según los vecinos, fueron situadas en puntos no autorizados, generando un posible riesgo para los usuarios y un mal uso de los fondos públicos.
El recurso también destaca que el CONAVI es el único responsable de la ubicación y diseño de las paradas, según la documentación interna del Consejo de Transporte Público (CTP), que ha indicado que las bahías fueron gestionadas por el CONAVI y no por el CTP. Sin embargo, las autoridades del CTP indicaron que la ubicación de las paradas debía ser modificada por el CONAVI, lo que ha generado confusión sobre las responsabilidades entre ambas instituciones.
Los recurrentes solicitan que se ordene al ministro de Obras Públicas y Transporte que dé instrucciones al CONAVI para el traslado de las paradas de autobuses, de acuerdo con las coordenadas señaladas en las comunicaciones oficiales entre las entidades responsables.
En su recurso, Villalta Martell también exige que se valore la falta de respuesta del ministro ante las solicitudes previas realizadas, considerando que la omisión ha puesto en peligro la seguridad de los habitantes.
Imagen con fines ilustrativos: Seminario Universidad
Óscar Leiva Alpízar es también Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO y Licenciado en Turismo. Participa activamente en la Comisión de Alianza Comunal (CAC) del Corredor Biológico Paso de La Danta (CBPD), en el Pacífico sur costarricense.
La investigación revela que entre el 70 % y 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas, obtenida a partir de la revisión de 2.240 fincas, en su mayoría inscritas a nombre de sociedades anónimas.
Ojochal se encuentra entre el océano Pacífico y la Fila Costeña del sector Dominical–Palmar Norte. En las últimas semanas, ha quedado en evidencia una creciente problemática socioambiental que afecta esta zona y que impacta directamente al Corredor Biológico Paso La Danta, del cual la comunidad también forma parte.
Históricamente Ojochal fue un poblado rural con vocación agrícola y ganadera. Sin embargo, desde la década de 1990, ha vivido un proceso de acelerada transformación territorial impulsado por inversión extranjera, compraventa masiva de tierras y el desarrollo de proyectos inmobiliarios enfocados en el turismo residencial de lujo.
Este fenómeno, conocido como turistificación, ha configurado un territorio apropiado, planificado, construido y habitado en función del turismo, transformando profundamente el uso del suelo y la estructura social de la comunidad.
Las antiguas fincas ganaderas han sido reemplazadas por residencias exclusivas con vistas al mar. Muchas familias locales han sido desplazadas o se han visto forzadas a integrarse como mano de obra en el nuevo modelo económico. Entre 1990 y 2024 se registraron más de 3.000 transacciones inmobiliarias; un 68 % de ellas corresponde a propiedades vendidas entre 250 mil y 750 mil dólares, lo cual ha elevado significativamente el valor del suelo y ha dificultado el acceso a la tierra y a la vivienda para los habitantes tradicionales.
Además, el estudio muestra a partir de una encuesta aplicada en el distrito de Bahía Ballena y Ojochal que el precio promedio de los alquileres ha aumentado un 49 %, principalmente con el auge constructivo y turístico de la postpandemia, lo que ha generado una presión económica creciente sobre las familias residentes. Algunas han tenido que abandonar la comunidad debido al alza en el costo de vida. “Es una turistificación que también se vive como desplazamiento por la segregación social que genera la actividad, además de la exclusión que genera que ciertas zonas que resultaban ser fincas agrícolas hoy son condominios cerrados y vigilados”, advierte Leiva.
Apoyado en conceptos como la producción social del espacio y la gentrificación rural, el estudio define a Ojochal como una “frontera en movimiento”, que ha pasado de ser una frontera agrícola a una frontera turística, reconfigurando el territorio para responder a las necesidades de una élite extranjera y desplazando de forma silenciosa a la población local.
Este proceso no es aislado. Ojochal forma parte del proyecto turístico Costa Ballena, que incluye comunidades como Dominical, Uvita y Ojochal bajo una misma marca territorial, promovida como un «paraíso interconectado» que resalta la biodiversidad y la conservación. Sin embargo, esta narrativa estética ha servido para legitimar un modelo extractivo de apropiación territorial bajo el disfraz de sostenibilidad.
La investigación también señala la ambivalencia del Estado: muchas veces ausente en la regulación y planificación, como la construcción de un aeropuerto internacional en la zona, iniciativas que podrían agravar aún más la presión sobre los ecosistemas y las comunidades.
No obstante, también hay resistencia. Algunas familias han encontrado formas de adaptación y organización comunitaria para preservar la identidad del lugar y su tejido social.
“Hoy Ojochal enfrenta un dilema: cómo convivir con el crecimiento turístico sin perder su esencia ni desplazar a quienes históricamente han habitado el territorio”, concluye Leiva. “No se trata solo de transformar el paisaje, sino también las formas de vida, los vínculos sociales y el sentido del lugar”.
El investigador recuerda que en los años 60, la expansión de la frontera agrícola motivó la creación de leyes para proteger el mundo rural. Hoy, la expansión de la frontera turística demanda un nuevo marco legal que regule el desarrollo, distribuya equitativamente sus beneficios y mitigue sus impactos sociales y ambientales.
“El llamado es claro: así como en su momento se aprobó la Ley de Tierras y Colonización, Costa Rica necesita hoy legislación específica para gestionar de manera justa y sostenible el auge turístico, resguardando tanto la biodiversidad como los derechos de las comunidades locales”, enfatiza Leiva.
Finalmente, el proceso de investigación enfrentó importantes obstáculos. Leiva debió presentar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa para poder acceder a la información pública necesaria. Además, muchas personas entrevistadas prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, lo que refleja las tensiones que rodean este fenómeno.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Vecinos de Sabana Sur han reportado el avance de un deslizamiento activo en la ladera ubicada detrás de un conjunto de viviendas, en una zona de alta pendiente. Reportan un socavamiento del terreno por debajo de algunas tapias, así como desprendimiento de tierra y agrietamientos estructurales visibles, lo cual genera un riesgo progresivo para al menos una veintena de viviendas.
La comunidad señala que el primer reporte al sistema 911 se realizó el jueves 29 de mayo a las 11:45 a.m., bajo el número de incidente 2025-05-29-01293, atendido por un funcionario de apellido Cerdas.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tramitó la alerta al Comité Municipal de Emergencias de San José, que realizó una inspección preliminar, pero limitada a un sector, sin abarcar la totalidad de la zona en riesgo.
En el informe emitido por la Municipalidad de San José se atribuyó la responsabilidad del problema a los vecinos, sin una evaluación técnica completa que contemple el origen estructural del talud ni las condiciones previas de la urbanización.
Un segundo reporte se realizó el lunes 9 de junio a las 7:44 a.m. (incidente 2025-06-09-00635), tras agravarse la situación.
Tras gestiones ciudadanas, la CNE ha confirmado una visita técnica para el miércoles 12 de junio a las 8:20 a.m.
El jueves 22 de mayo, se entregó una carta formal a la Alcaldía de San José solicitando atención urgente, la cual no ha sido respondida a la fecha.
Se registran antecedentes desde 2019, cuando un proyecto urbanístico cercano provocó afectaciones al talud, incluyendo la remoción de estructuras de contención preexistentes.
Según testimonios vecinales y fotografías, desde entonces se ha observado un deterioro progresivo en la estabilidad del terreno, sin intervenciones institucionales sostenidas.
La falta de canalización adecuada de aguas pluviales en la vía pública y la acumulación de eventos extremos producto del cambio climático han agravado la situación. Existe temor fundado de que el colapso de una tapia o vivienda pueda desencadenar efectos en cadena sobre estructuras vecinas, dada la cercanía y disposición escalonada de las casas sobre el talud.
Por ello, los vecinos:
– Solicitan la presencia inmediata de personal técnico de la Municipalidad que realice una evaluación integral de la zona.
– Agradecen a la Comisión Nacional de Emergencias su pronta respuesta y piden coordinación interinstitucional efectiva.
– Hacen un llamado a los medios de comunicación para visibilizar esta emergencia, documentar la evolución de los daños y contribuir a una solución institucional sostenible.
Este miércoles 11 de junio, el programa Voces y Política abordará el tema “Turistificación en Ojochal de Osa: ¿Qué está en juego?”, con la participación de Oscar Leiva Alpízar, especialista en turismo, desarrollo sostenible y desarrollo territorial rural.
Entre 1990 y 2024, la expansión del turismo ha transformado profundamente esta zona rural costera. La investigación de Leiva documenta cómo la turistificación en la Fila Costeña ha modificado los usos del suelo y alterado la vida comunitaria.
El programa invita a reflexionar colectivamente sobre estas tensiones: ¿se está provocando la gentrificación rural, desplazando a poblaciones locales? ¿Estamos ante una frontera en movimiento que excluye más de lo que integra?
La audiencia puede participar a través de las redes sociales o mediante llamada telefónica al 2234-3233.
Miércoles a las 5:00 p.m., en Radio Universidad 96.7 FM. Transmisión en vivo a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr
Como parte de los monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, se documenta el caso de la tala “legal” de un humedal que terminó convertido en un parqueo, proceso que ha seguido desde 2020.
Frente al conocido bar de Puerto Viejo, en plena Zona Marítimo Terrestre (ZMT), se ha venido consolidando en los últimos años una transformación acelerada del territorio que pone en jaque los humedales costeros y los ecosistemas que sostienen la vida en esta región del Caribe sur.
Un conjunto de imágenes tomadas entre 2020 y 2025 dan cuenta de un proceso silencioso pero sistemático: primero la tala “legal” de árboles, luego el relleno progresivo del humedal, seguido del aplanamiento del terreno y finalmente, la consolidación de un parqueo para clientes de un local comercial ubicado directamente en la franja costera. Las imágenes muestran desde la presencia de maquinaria pesada (bajop y vagonetas), hasta árboles cortados en rebanadas y el suelo nivelado.
Aunque existía un permiso de tala, este estaba limitado al corte de seis árboles, autorizado mediante el oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020. El documento justifica la tala argumentando “eminente peligro para la infraestructura de viviendas vecinas” y señala que los árboles presentaban “estado senil” con “huecos en la base de sus fustes”.
Sin embargo, el permiso no autoriza relleno de humedal ni transformación del terreno para uso comercial o parqueo. Lo que ha ocurrido después muestra un uso desmedido de la legalidad para fines distintos a los justificados inicialmente. Lo que empezó como una medida preventiva se convirtió en una excusa para avanzar sobre un espacio que debería estar protegido.
El último acto visible de esta cadena de transformaciones ha sido la renovación total del bar, una estructura que no solo se encuentra en plena ZMT, sino que fue recientemente “clausurada”, aparentemente por autoridades competentes. A pesar del sello, testigos han reportado que el local continúa funcionando con normalidad, especialmente durante las noches y fines de semana.
En el frente del local, sacos con arena fueron colocados para contener el avance del mar, lo cual evidencia que el bar se encuentra tan cerca de la playa que el oleaje toca su infraestructura. La intervención ha sido ejecutada sin transparencia y sin consultas públicas visibles, y ha generado serias dudas entre personas de la comunidad sobre la legalidad de las obras.
¿Cómo comenzó todo? Permiso firmado, árboles sanos: lo que revela una inspección ciudadana
El caso de transformación del humedal en Puerto Viejo no es aislado ni reciente. Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado con rigurosidad este proceso desde 2020, también ha vivido en carne propia cómo la legalidad ambiental se invoca como coartada, incluso cuando la realidad visible contradice el papel firmado. Su testimonio sobre un evento de tala en zona aledaña al humedal ilustra con claridad el problema estructural.
“Era una tabla de seis árboles. Las personas contratadas empezaron a talar, con un permiso debidamente firmado por un ingeniero forestal”, relata Philippe. Cuando vecinos alertaron y llamaron a la policía, esta llegó al sitio, pero se declaró sin capacidad de intervenir debido al permiso presentado. “Lo entiendo, porque la policía no es experta en este tema y todavía confían en lo que dicen los ingenieros forestales. Si ven un documento firmado que dice que los árboles tienen huecos o están enfermos, lo dan por válido. Pero resulta que, cuando grabamos, todos los árboles estaban completamente sanos”.
Ante la inacción policial, Philippe avisó a la Fiscalía Ambiental. Esta le indicó que ya habían enviado una patrulla, pero él permaneció en el lugar sin que nadie llegara. “Llamé de nuevo a la fiscalía y les dije: ‘Aquí estoy, esperando’. Se sorprendieron porque, según ellos, la policía ya había llegado. El fiscal colgó, y menos de diez minutos después llegó la patrulla”.
Uno de los oficiales bajó de la patrulla con la cabeza agachada, como avergonzado. “Dijo: ‘Pero si nosotros ya vinimos. Ellos tienen permiso. ¿Usted no es Felipe?’ Le respondí que sí, que yo había avisado que iba a estar ahí esperando”. Philippe ingresó entonces al terreno acompañado por un oficial. “Encontramos a los trabajadores en el último árbol”.
La intervención policial logró paralizar la tala justo a tiempo. “Incluso el encargado dijo: ‘Déjenos terminar, solo falta un árbol’. Para él era solo un trabajo más. Así lo ven todos los madereros: talar seis árboles es como hacer un caminito”.
Días después, funcionarios del SINAC constataron lo que Philippe había advertido desde el inicio: “Ninguno de los árboles tenía huecos ni enfermedades. Todos estaban al 100%. Y ahí empezó la bronca”.
Philippe ha señalado públicamente la responsabilidad ética de ciertos ingenieros forestales que —según su testimonio— firman permisos sin verificar adecuadamente las condiciones del sitio. Menciona que el profesional responsable de este permiso también aparece en otros casos similares, como en Gandoca-Manzanillo (caso conocido por la prensa). “Está dando permisos por todo lado. Y así es como están pagando por permisos cuestionables en todas partes”.
Este relato también pone en evidencia una falla común en las instituciones: la aceptación automática de permisos sin verificación en campo. “Por ejemplo, en el caso de la bomba de la planta de tratamiento de aguas negras, que se encuentra a la par de este territorio, ni siquiera visitaron el sitio. Solo abrieron la computadora, vieron que estaba fuera de un humedal inscrito y ya. Pero en realidad, era un humedal”.
La negligencia institucional no es menor. “La misma persona del MINAE me llamó para decirme: ‘No, Felipe, tranquilo, esta gente tiene permiso’. Pero no era cierto”. Esta confianza ciega en documentos, combinada con la interpretación limitada de las leyes, permite que los daños avancen con aparente legitimidad. “Tienen esa idea errónea de que solo los humedales inscritos están protegidos. Y no es así. La ley dice que todos los humedales en Costa Rica están protegidos, inscritos o no. Costa Rica firmó el convenio Ramsar y está obligada a protegerlos”.
De árboles seniles a parqueos turísticos: la trampa del permiso de tala
Uno de los elementos más preocupantes de este caso es la forma en que un permiso técnico —otorgado con el argumento de prevenir una amenaza— termina habilitando una transformación profunda del ecosistema para fines totalmente distintos a los autorizados.
El oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020, autorizaba la tala de seis árboles debido a un presunto “eminente peligro para infraestructura vecina” y por el “estado senil” de los árboles. En ningún momento se autoriza la alteración del terreno, relleno del humedal ni la construcción o renovación de infraestructura comercial.
Y, sin embargo, lo que siguió fue:
Tala de los árboles, pero con maquinaria y logística que evidencian planificación para otras intervenciones.
Relleno con material de acarreo, nivelación del suelo y disposición para parqueo vehicular.
Evidencia de sacos con arena frente a una estructura del bar, en pleno dominio público.
Y, finalmente, la continua operación de un espacio comercial con infraestructura renovada, a pesar de aparentes sellos de clausura.
Esta secuencia muestra una clara disociación entre el acto autorizado y el uso final, una estrategia que ya ha sido señalada en otros casos donde los permisos de tala, desmonte o remodelación funcionan como puertas de entrada para proyectos turísticos o inmobiliarios encubiertos.
Más allá de la irregularidad puntual, esto evidencia una falla estructural en la vigilancia ambiental y en la coherencia entre la legalidad técnica y la defensa de los bienes comunes. Un árbol talado no es solo un riesgo eliminado, sino el punto de partida de una cadena de hechos que termina por desplazar la vida y la memoria del lugar.
20242023
¿Qué está en juego aquí?
Lo que ocurre frente a este bar no es un caso aislado, sino una manifestación local de un patrón más amplio: la conversión paulatina de territorios ecológica y culturalmente valiosos en zonas comerciales para el turismo masivo, en detrimento de las personas que históricamente han habitado y cuidado estos lugares.
Cuando se tala un humedal, se rellena un manglar o se urbaniza una playa, no solo se destruye un ecosistema: se desplaza a comunidades locales, se encarecen los precios del suelo, se restringe el acceso a bienes comunes y se modifican las formas de vida. En el Caribe sur costarricense, esto se traduce en:
Incremento del valor de la tierra, lo que presiona a familias locales a vender o abandonar sus terrenos ante la imposibilidad de sostener los costos de vida.
Desplazamiento indirecto, donde las personas ya no pueden alquilar, acceder a servicios o mantener negocios locales frente al avance de un modelo turístico extractivo.
Privatización del espacio público, como lo muestran casos donde zonas de playa —que por ley deben ser de libre acceso— terminan ocupadas por bares, parqueos o estructuras “renovadas” que benefician a inversores externos.
Transformación cultural acelerada, que borra las prácticas comunitarias, el uso tradicional del territorio y el conocimiento ecológico local.
Debilitamiento del tejido social, cuando se rompe el sentido de pertenencia a un territorio por la imposición de lógicas de consumo y ganancia rápida.
Todo esto ocurre bajo un discurso de “desarrollo” que en realidad beneficia a unos pocos y deteriora el derecho colectivo a habitar y cuidar el territorio. La legalidad, si no se articula con una visión ecosistémica y social, se convierte en un instrumento ciego que normaliza el despojo a través de papeles, sellos y tecnicismos.
Humedales intervenidos, ecosistemas colapsados
La alteración de un humedal costero —como la tala de árboles, el relleno con materiales de acarreo y la posterior construcción de infraestructura— implica una ruptura profunda en el funcionamiento ecológico del territorio. Estos ecosistemas, que en apariencia pueden parecer terrenos “inútiles” o “encharcados”, son en realidad zonas clave para la salud del litoral y el equilibrio climático.
Entre las funciones ecológicas que cumplen los humedales están:
Filtración de contaminantes: actúan como esponjas naturales que limpian el agua antes de que llegue al mar.
Regulación hídrica: amortiguan inundaciones, absorben el exceso de agua durante lluvias fuertes y recargan acuíferos.
Hábitat de biodiversidad: son refugio para aves, anfibios, insectos, reptiles y muchas especies en peligro, algunas endémicas del Caribe costarricense.
Captura de carbono: su vegetación y suelos almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.
Conectividad ecológica: forman corredores entre ecosistemas costeros, marinos y terrestres, facilitando el flujo de especies y nutrientes.
Cuando un humedal es rellenado con tierra o arena, estas funciones colapsan. El agua deja de circular, los suelos se compactan, la vegetación nativa muere, y con ello desaparecen los servicios ecosistémicos que el humedal ofrecía. En este caso específico, el uso del espacio como parqueo para un bar frente al mar, además de romper el ciclo natural del agua, aumenta la contaminación local, eleva las temperaturas del suelo y reduce la capacidad del ecosistema para adaptarse al cambio climático.
La instalación o renovación de infraestructura dentro o adyacente a humedales interrumpe también los ritmos naturales del mar, agrava la erosión costera y muchas veces exige intervenciones artificiales (como sacos de arena o muros de contención) que, lejos de resolver los problemas, los trasladan hacia otras áreas del litoral.
Además, al construir sobre un humedal se produce un encubrimiento simbólico: se borra su identidad ecológica y cultural, y se reemplaza por una lógica de uso “productivo” que invisibiliza el valor del ecosistema vivo. En el imaginario urbano-turístico, el humedal se transforma en “terreno disponible”, y lo que antes era un espacio biodiverso pasa a ser visto como un obstáculo al “desarrollo”.
Este tipo de intervención, cuando se repite a lo largo del litoral, fragmenta los ecosistemas costeros, genera islas ecológicas desconectadas y deja a muchas especies sin posibilidad de desplazamiento ni reproducción. A largo plazo, esto compromete la resiliencia de todo el paisaje costero, y agrava los efectos de fenómenos climáticos extremos.
En definitiva, cada metro de humedal rellenado no es solo una pérdida local, es una fractura en la relación entre las comunidades y la vida que sostiene sus territorios.
La Asociación de Promoción Humana Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, con el apoyo de la Municipalidad de Oreamuno realizó una invitación para la conmemoración del 73 aniversario desde el fallecimiento del benemérito de la patria. La actividad se programó para este lunes 9 de junio en la parroquia de San Rafael Arcángel, de dicho cantón.
La actividad conmemorativa se enmarca en recordar la memoria de Monseñor Sanabria. El evento inició con una Eucaristía, remarcando el componente espiritual y de fe que siempre caracterizo la figura del Monseñor, y que sitúa la ceremonia en un contexto de profunda devoción y respeto. Posteriormente, se realizó un desfile hacia la tumba del Monseñor, simbolizando el recorrido de memoria y homenaje hacia quien fue considerado un benemérito de la patria, subrayando el valor patrimonial de su legado.
Entre las organizaciones que se unieron para realizar este homenaje se encuentra la Municipalidad de Oreamuno, la parroquia de San Rafael Arcángel, diversas instituciones educativas y la propia Asociación, lo que refuerza el carácter colaborativo y comunitario del evento.
Cada año, el Día Mundial de los Océanos recuerda la importancia de proteger los ecosistemas marinos y reducir la contaminación que amenaza la vida en el agua. La organización Embajadores y Embajadoras del Mar, lidera una iniciativa haciendo un llamado general a apoyar la jornada de limpieza de playas en el Caribe Sur, para preservar la belleza y salud del océano.
El evento se llevará a cabo el domingo 8 de junio a la 1:00 p.m, simultáneamente en las playas el Chino, El Lanchón y Cocles. La actividad busca involucrar a la comunidad en acciones concretas de protección ambiental, promoviendo el compromiso ciudadano con la conservación marina y el turismo responsable. Para participar, solo se necesita traer una bolsa para realizar la recolección, guantes de protección y una botella reutilizable con agua.
En el marco del Día Mundial de los Océanos la limpieza de playas es una actividad clave para mitigar la contaminación causada por plásticos, residuos y desechos acumulados en la costa. Además de la recolección de basura, el evento fomentará el diálogo sobre buenas prácticas ecológicas y la necesidad de reforzar la educación ambiental en las comunidades cercanas.
Para participar en la iniciativa se debe inscribir por medio del siguiente formulario:
