Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.
De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.
El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.
La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.
Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:
Declarar con lugar el recurso de amparo.
Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.
Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.
Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.
Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.
Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.
La Contraloría General de la República emitió el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025 (IGSM 2025), en el cual participaron los 84 gobiernos locales del país. La herramienta refleja cómo las municipalidades organizan y operan los servicios que brindan a la población, que son cruciales porque impulsan el desarrollo comunal y aseguran que se cubran necesidades indispensables para el bienestar diario de las personas.
El estado actual revela que las municipalidades tienen una gestión aún frágil, esto se traduce en servicios que no siempre cumplen estándares mínimos de calidad o continuidad. Para el año 2024 las municipalidades presupuestaron en gastos un total de ¢337.671 millones para atender todos los servicios, pero solo ejecutaron ¢241.386 millones, lo que equivale al 71%.
Se encontró gestión básica y sin avance, débil gestión de alcantarillado pluvial, gestión vial deficiente, brechas críticas en gestión de residuos sólidos, tarifas desactualizadas y alta morosidad.
Se les invita a revisar el informe completo en el siguiente enlace:
En Costa Rica existe una norma no escrita, tácita pero profundamente enraizada, que prohíbe cuestionar públicamente a las personas negras en cargos de liderazgo, incluso cuando se trata de debatir sobre asuntos públicos que afectan al pueblo afrodescendiente.
Esta regla de silencio ni siquiera tolera el intercambio crítico entre personas de la misma etnia, y mucho menos permite que una persona mestiza o indígena cuestione una postura sostenida por alguien de ascendencia africana.
Y si quien expresa una opinión divergente proviene de raíces anglosajonas —aun cuando este se haya asimilado la cultura afrocaribeña— el rechazo es automático.
Pero curiosamente, esto no ocurre entre otros sectores del país. Los guanacastecos, josefinos, heredianos, alajuelenses y cartagos se interpelan libremente entre sí, y esa crítica mutua no es descalificada como racismo, odio ni envidia; sino de adversario político, ideológico o de partido contrario.
En cambio, cuando se cuestiona públicamente la posición de una figura afrocostarricense, de inmediato saltan los chillidos al cielo que se activan mecanismos de defensa: Se acusa de racismo, de odio o de envidia. Esto no puede seguir así.
Es urgente abrir espacio a la honestidad, al pensamiento crítico y al debate sincero dentro de nuestras propias comunidades. Ser negro no nos otorga una santidad automática.
Al igual que en cualquier otra etnia, entre nosotros hay personas íntegras y personas corruptas.
Esta realidad fue descrita con claridad por un líder afroamericano durante el movimiento por los Derechos Civiles de los años 60, al hablar de la diferencia entre los “negros de casa” y los “negros de campo”.
Nos corresponde a nosotros reconocer esa distinción cuando se manifiesta, y tener el valor de denunciarlo.
Porque quien promueve esta cultura del silencio selectivo, quien sostiene esa falsa lealtad basada en la complicidad y no en la verdad, actúa como un adversario dentro de nuestra propia trinchera.
Su función real no es protegernos, sino garantizar que nunca nos cuestionemos. Y eso lo hace más peligroso que quienes, sin rodeos, en el siglo pasado negaron nuestra dignidad con frases como la del Dr. Clodomiro Picado:
“El temor es que la sangre costarricense se convierta en carbón en lugar de crisol de oro”.
Sí, es cierto que haber nacido y crecido en Costa Rica hace difícil no asimilar algunos códigos de la cultura dominante.
Muchos de nosotros convivimos y trabajamos con funcionarios públicos, empresarios y sectores del Valle Central que ven el mundo desde una lógica distinta a la afrocaribeña.
En ese contexto, dominar el doble discurso se convierte no solo en una estrategia útil, sino en una necesidad de supervivencia y en una vía para ascender social y económicamente. Eso puede ser comprensible.
Pero es inadmisible cuando ese doble discurso se usa hacia dentro de la comunidad afrodescendiente.
Utilizarlo para manipular, silenciar o desacreditar a hermanos y hermanas negras, ya sea en Costa Rica, en la diáspora o en África, es una forma de traición que no podemos normalizar.
El pensamiento crítico entre nosotros es señal de madurez, no de división. Es hora de derribar esa norma tácita.
El pueblo Afrocostarricense necesita líderes que estén dispuestos a escuchar, responder y rendir cuentas.
No héroes intocables, sino compañeros y compañeras con coraje moral.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió tres informes que exponen graves deficiencias en la gestión pública de los asentamientos informales en el país, señalando su impacto económico, social e institucional. Los documentos buscan ofrecer insumos para una toma de decisiones informada y promover buenas prácticas en la atención de una problemática estructural que afecta a más de 64 mil familias en el país.
El informe DFOE-CIU-SGP-00001-2025 Atención de asentamientos informales y su impacto en la Hacienda Pública, identifica 576 asentamientos informales distribuidos en 61 cantones, lo que representa un aumento del 50% desde 2013. La CGR destaca la falta de claridad conceptual, debilidades en la información y una fragmentación institucional entre actores como el MIVAH, INVU, BANHVI, CNE, IMAS y gobiernos locales.
Entre 2022 y 2024, se estima un impacto económico directo de ₡24.700 millones a la Hacienda Pública por consumo no facturado de servicios, atención de emergencias y otros gastos asociados.
En el reporte DFOE-CIU-RF-00001-2025 Análisis integral del riesgo de desastre: base indispensable para la atención de asentamientos informales, la Contraloría alerta sobre la ausencia total de estudios de riesgo específicos para estas comunidades. Además, señala que no existe una metodología estandarizada ni un mecanismo de coordinación institucional que permita integrar y actualizar los datos. Esta falta de análisis proactivo perpetúa los ciclos de vulnerabilidad y expone a miles de familias a condiciones de alto riesgo.
Finalmente, el documento DFOE-CIU-RF-00002-2025 Medir para transformar: rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del BANHVI en poblaciones de asentamientos informales, denuncia debilidades en la trazabilidad y transparencia del uso de recursos públicos.
Entre 2021 y 2024 se ejecutaron ₡28 mil millones del Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI) sin contar con información desagregada por asentamiento, tipo de bono o solución habitacional. Además, no se financió ningún proyecto mediante el programa de Bono Colectivo, a pesar de su objetivo específico, y no existen evaluaciones de impacto por parte del BANHVI ni del INVU.
Estos hallazgos subrayan la urgencia de una acción coordinada y estratégica para atender de manera integral la problemática y prevenir que la respuesta institucional continúe siendo ineficaz.
Durante los últimos días, se celebró en la Ciudad de Limón el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense, con la participación de delegados nacionales e internacionales, así como representantes de diversas comunidades del Caribe costarricense escogidas para tal efecto.
En este contexto, como presidente de la Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA), me permito compartir una reflexión crítica sobre el rumbo y los desafíos actuales del movimiento tribal.
Muchos de los adultos mayores afrocostarricenses aún recuerdan las décadas de 1960 y 1970, cuando Matina, Estrada y Batán—junto con Siquirres y Old Line—eran comunidades tribales vibrantes. Cuando la venta de cacao los viernes y las carreras de caballos los fines de semana eran una parte clave de su tejido social.
Hoy, sin embargo, encontrar familias negras en esas regiones es comparable a buscar una aguja en un pajar. La desaparición de estas comunidades está estrechamente ligada a la pérdida de derechos de propiedad tribal, ya que las tierras fueron confiscadas directa o indirectamente por el gobierno y luego puestas “legalmente” en manos a colonos no negros provenientes de otras partes de Costa Rica e incluso de la vecina Nicaragua. (1)
En muchos casos, solo para ser vendidos posteriormente a Compañías Bananeras. (Un evidente contubernio entre bandas de precaristas, inversionistas agrícolas y el Estado costarricense).
Por lo anterior, defender derechos que fueron despojados hace mucho tiempo a menudo se compara con un perro persiguiendo su propia cola. Tal es la tarea ineficaz delegada al llamado Foro Tribal Afrocostarricense, que ha priorizado la representación simbólica sobre los esfuerzos sustantivos de recuperación de tierras.
La participación en reuniones, simposios y congresos;
Acompañada del uso de vestimentas africanas e imágenes de realeza. Se ha vuelto común.
Sin embargo, detrás de esta estética de empoderamiento yace una continuación silenciosa del despojo, ya no administrada a través de funcionarios coloniales o su imagen de patronos y capataces, sino más bien encubierta en símbolos culturales africanos que crean la ilusión de respeto, asimilación e inclusión.
Cuando los medios nacionales tradicionales respaldan con entusiasmo un movimiento y su liderazgo—supuestamente trabajando en beneficio de los afrocostarricenses—esto debe ser considerado con escepticismo (como una señal de alerta). Porque tal respaldo a menudo sirve como una distracción de las injusticias estructurales en curso.
En resumen, se nos está asignando la tarea de restaurar, con discursos, el daño que ellos mismos nos han causado con leyes. (2)
Hoy, los afrocostarricenses estamos atrapados en un escenario complejo marcado por tres procesos simultáneos:
(a)El acelerado aumento de la multietnicidad y pluriculturalidad.
(b)El continuo despojo de tierras, y
(c) Una merecida demanda no resuelta de justicia retributiva.
Este contexto requiere un enfoque multidimensional.
Si bien el objetivo general puede denominarse como la “Lucha por la Retribución”, es imperativo que tales esfuerzos también trabajen de la mano para detener el despojo continuo de tierras, e incluyan tantas voces afectadas como sea posible. Incluyendo aquellas que velan por la protección del medio ambiente.
Para tener éxito, este movimiento debe ser masivo—arraigado en la identidad local de nuestro pueblo—y debe romper de una vez por todas con la imagen elitista y sectaria que ha proyectado hasta ahora. Ese enfoque no solo es ineficaz; es peligroso. Nos divide cuando más necesitamos unidad.
Hermanos y hermanas, seamos claros: Es hora de quitarnos los disfraces africanos y dejar de fingir que el simbolismo es sustancia. Muchos de los nuestros no pueden permitirse esas vestimentas—y no deberían tener que hacerlo. Lo que necesitamos es solidaridad, no espectáculo.
Estemos juntos, hombro con hombro, no como actores, sino como personas con un propósito. Solo entonces caminaremos con valentía hacia la luz de la justicia, y reclamaremos la reparación que la historia nos debe.
Notas al pie:
1. Véase la Ley 31 de 1935 y las políticas de titulación de tierras excluyentes subsecuentes contra personas afrodescendientes en Costa Rica.
2. Para más contexto histórico, considérese la trayectoria de leyes y políticas de tierras discriminatorias iniciadas en 1848, que excluyeron sistemáticamente a los afrodescendientes del pleno derecho de propiedad. Este patrón continuó durante el siglo XX, culminando en la interpretación controversial de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual la Ley 6043 de 1977 derogó leyes anteriores como la Ley 35 de 1915 (Cahuita) y la Ley 166 de 1935 (Old Harbour), anulando de hecho los derechos previamente reconocidos de propiedad costera a comunidades afro costarricenses.
Es importante señalar que para la realización de este Congreso no se celebró ni una sola Asamblea Popular en los pueblos tribales del país con el propósito de elegir democráticamente a sus delegados.
En su lugar, se llevaron a cabo reuniones locales controladas, en las que participaron personas previamente escogidas a dedo, quienes se encargaron de asignar entre ellos mismos a los delegados que asistirán al Congreso.
El diario La Nación recordó hoy, 31 de julio de 2025, una noticia publicada en esa misma fecha, pero de 1975, cuando 12 estudiantes de la Universidad de Costa Rica fueron atacados con armas de fuego mientras se encontraban en la región indígena de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas. Los hechos ocurrieron cuando el grupo de jóvenes, integrantes de un campo de trabajo organizado por la Federación de Estudiantes (FEUCR), convivían en una comunidad indígena y fueron interceptados por desconocidos que dispararon contra el grupo estudiantil. Tres estudiantes Alejandra Cartín Leiva, Fernando Roldán y Manrique Sibaja fueron heridos.
Según la nota original, los atacantes habrían querido impedir que el grupo continuara su labor de acompañamiento social. Las autoridades locales, incluyendo el Ministerio de Seguridad Pública y la Guardia Rural, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, aunque las denuncias apuntaban a la complicidad de algunos actores políticos y locales.
El recuento histórico se acompaña de una fotografía en blanco y negro donde aparecen tres de los estudiantes heridos. La publicación forma parte de la sección “Hace 50 años” de La Nación, que recupera hechos de relevancia nacional ocurridos en décadas pasadas.
Además de Cartín Leiva, Roldán y Sibaja integraban el grupo Hernán González, Humberto Espinoza, Alejandro López, Carlos Acuña, Rafael Gómez, Juan Carlos Alpízar, Sonia Guevara y Héctor Ferlini-Salazar, quien coordinaba el grupo como parte del directorio de la FEUCR.
Este miércoles 30 de julio, vecinas y vecinos de Miramar denunciaron una nueva muerte masiva de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, justo a la salida de la mina Bellavista, tal como ya había ocurrido en abril pasado.
El evento habría ocurrido entre la noche del martes y madrugada del miércoles, pues los testimonios señalan que fue hasta la mañana cuando comenzaron a notar la mortandad en el río.
En un audio difundido por chats locales, el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas Jiménez, indicó que desde el Comité Municipal de Emergencias y el Consejo de Coordinación Institucional se nombró una comisión para remitir esta nueva denuncia a las autoridades competentes: SINAC, Ministerio de Salud y OIJ. Además, informó que el OIJ ya había visitado la Municipalidad días atrás, como parte de la investigación sobre el evento reportado en abril.
Aunque todavía se desconoce la causa exacta de esta nueva contaminación, la mina Bellavista —ubicada en la parte alta de Miramar— ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en su operación y posibles impactos ambientales.
Antecedentes
Desde su instalación, la mina Bellavista ha sido objeto de denuncias y cuestionamientos durante casi dos décadas. En 2007, tras la ruptura de la geomembrana en el área de la pila de lixiviación, ocurrió el deslizamiento que colapsó la planta de ADR (recuperación por adsorción-disorción) o planta de recuperación de oro, bodegas aledañas y el laboratorio, vertiendo miles de litros de agua cargada de lixiviados sobre el cauce del río Ciruelas, contaminándolo por completo y provocando una devastación sin precedentes.
En 2009, el Comité Ambiental de Miramar denunció que la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation abandonó el sitio y alertó sobre el riesgo de contaminación al río Ciruelas con cianuro y metales pesados. A lo largo de los años, distintas organizaciones y personas de la comunidad han advertido sobre impactos ambientales, irregularidades en auditorías y ausencia de certificaciones y evaluaciones rigurosas. En 2023 se presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por posible contaminación del río y además, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria a la Mina Bellavista por contaminación con plomo en la sangre de trabajadores.
En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles solicitó una inspección exhaustiva del proyecto, tras conocer la denuncia del exsupervisor de la mina, Diego Leonardo García, quien advirtió sobre el uso de piletas sin impermeabilización, posibles filtraciones al acuífero y afectaciones al río Ciruelas. Este mismo año, Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura, denunció también que la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA) lleva más de 10 años sin funcionar, sin actas ni seguimiento, y ante la solicitud de reactivarla, SETENA alega que no es posible bajo el argumento de que el expediente está «secuestrado» como parte del Caso Comején.
La minería en Miramar, en sus diversas formas —legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea— ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un verdadero «Territorio de Sacrificio». Una investigación reciente de la UCR revela que más del 31,86 % del cantón de Montes de Oro está concesionado para minería subterránea de oro, incluyendo su área urbana.
Llamado comunitario
Dayana Rojas, de la Asociación Civil Pro Natura, expresó:
“Es realmente preocupante que ocurra un nuevo evento de contaminación en el cauce del río y todavía no se tengan respuestas sobre los eventos de marzo-abril. Respecto a la articulación interinstitucional desde el gobierno local nos llama la atención que se siga dejando por fuera la participación de la Dirección de Aguas que podría dar una guía y acompañamiento importante sobre cómo proceder, además vemos que las denuncias ciudadanas colocadas en el SITADA siguen sin ser atendidas después de 3 meses, probablemente dirán que ya pasó mucho tiempo y cierren esas denuncias, como en casos anteriores.
En la Asociación recibimos información de vecinos del río (que por razones de seguridad nos han solicitado guardar el anonimato) denunciando supuestos vertidos desde la empresa minera durante los días feriados y fines de semana, cuando hay aguaceros fuertes y el río tiene buen caudal; este fin de semana largo no fue la excepción.
En la comunidad hay mucha indignación y molestia porque no se le ha dado prioridad a esta situación recurrente; el OIJ está haciendo sus investigaciones y esperamos que eso marque una diferencia, sin embargo eso no exonera de responsabilidad al resto de instituciones que deben velar por la calidad del recurso hídrico, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el cumplimiento de la legislación vigente, lamentablemente a lo largo de los años hemos visto como cada denuncia termina siendo archivada, ignorada, minimizada o “resuelta” de manera mediocre a nivel institucional, por decir lo menos.
Sin embargo, alentamos a la comunidad a seguir denunciando todas esas situaciones irregulares que violentan nuestros derechos, nos enferman y comprometen la integridad y calidad de los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.
La UCR se sumó a los esfuerzos para diseñar una salida a esta emergencia sanitaria para la gestión de desechos urbanos, son la tercera causa de emisión de gases de efecto invernadero
La crisis ambiental por el próximo cierre de rellenos sanitarios afectará a todo el país, principalmente a la Región Central. A la fecha se desconoce con exactitud la cantidad de residuos que se generan cada día. Foto archivo OCI-UCR
Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
No existen datos certeros, pero la realidad es que la pirámide para la disposición de desechos está invertida. Mientras el Banco Mundial recomienda que solamente el 5% tenga como destino final un relleno sanitario, en la práctica más del 94% termina en esos sitios.
Las soluciones para enfrentar este desafío ambiental son diversas y una de las posibilidades tecnológicas se está explorando desde la Universidad de Costa Rica (UCR) con el uso de la tecnología aplicada a un nuevo modelo de gestión de residuos, explicó el Ing. Juan Pablo Rojas Sossa, investigador de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas.
El Ing. Rojas es parte de un equipo de investigadores que coordinan un proyecto de Acción Social denominado “Tecnificación de lecherías con sistemas pastoriles y el fortalecimiento de capacidades a productores locales, jóvenes vulnerables y actores sociales” (ED-3681), que tiene entre sus objetivos la producción de biogás mediante la mezcla de las excretas bovinas con materiales orgánicos.
“El uso exclusivo de los desechos de los bovinos para la producción de biogás no son idóneos, por lo que se requiere agregarle otros sustratos. Al mezclarlo con otras materias orgánicas logramos la condición óptima para un ecosistema anaerobio viable para producir biogás”.
A partir de esta premisa, y gracias a un acercamiento de la Municipalidad de San José (MSJ) con la UCR, se valoró la posibilidad de firmar un convenio de cooperación para el diseño de este nuevo modelo de gestión de los residuos de ese cantón, habitado por 352 381 personas.
De acuerdo con la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (CA-MINAE), el cantón central de San José es el mayor generador de desechos. Durante el año 2024 envió a los rellenos sanitarios unas 141 383 toneladas; es decir, cada persona descartó por día más de 1.05 kilos de “basura” ordinaria. Lo anterior sin sumar otros como aparatos electrónicos, electrodomésticos, medicamentos, lodos de tanques sépticos y otros.
En su totalidad, la provincia josefina depositó en rellenos la astronómica cantidad de 522 205 toneladas en los distintos rellenos sanitarios, y el Gran Área Metropolitana es la responsable del 70% de los residuos en el país.
Una solución urgente
Por mencionar un caso puntual, la Ing. Verónica Brenes Salazar, administradora del Mercado del Mayoreo, en San José, citó que solo ese sitio recolecta 125 toneladas de desechos al mes, con un costo de ¢60 millones anuales para su transporte.
“La mayoría son materias orgánicas, y se les puede dar un mayor aprovechamiento. Por ejemplo, realizamos una visita al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), en Barreal de Heredia, donde existe una planta procesadora de menor escala; y la idea es que ambos municipios nos unamos en este proyecto”, citó. Por su parte, el Cenada produce otras 390 toneladas mensuales, igualmente en su mayoría orgánicos.
La Ing. Brenes explicó que el Cenada está enfocado en fortalecer su sistema automatizado para la gestión de residuos, y se logró un convenio para que el Mercado de Mayoreo procese ahí los suyos, ya que la disposición actual no es la correcta y la MSJ busca una solución ambiental.
Aunque el Departamento de Servicios Ambientales de la MSJ tiene en ejecución un proyecto con la mosca soldado -que descompone la materia orgánica y permite obtener un abono orgánico-, es un aporte mínimo que no resuelve, a gran escala, el problema que enfrenta la capital. “Solo estamos a la espera de este modelo que nos propondrá la UCR, y ojalá pueda replicarse en todo el país”, agregó la funcionaria.
La tecnología como aliada ambiental
Para el diseño de esta propuesta el profesor Rojas detalló que se parte de la experiencia y la data científica acumulada del proyecto para el “Fortalecimiento de capacidades en actores sociales para el desarrollo de proyectos de revalorización de residuos orgánicos en Costa Rica” (ED-3610), también ejecutado por la Escuela de Ingeniería en Biosistemas. Rojas acotó que la tecnología para estos fines utiliza los mismos principios que se aplican en los beneficios del café para la generación de energías limpias.
El objetivo es adquirir tecnología japonesa “altamente eficiente que separa los materiales y procesa hasta tres toneladas por hora, por lo que para aprovechar esa capacidad se podría alimentar con lo generado en todos los mercados de San José”, explicó. Lo ideal es que vinieran clasificados, pero la mayoría del tiempo viene con impurezas, pero este equipo lo corrige”.
Tras finalizar la separación automatizada se logra un sustrato que puede ser llevado a plantas generadoras de biogás y biometano mediante biodigestores anaeróbicos. El primero es un gas renovable obtenido de biomasa, es decir de materias de origen vegetal o animal sometidas a un proceso biológico en un ambiente libre de oxígeno. El segundo es resultado de su posterior refinamiento para eliminar otras impurezas como el dióxido de carbono, lo que incrementa la inversión para que su composición sea similar al gas natural, y tiene múltiples usos, por ejemplo en turbinas eléctricas, transporte público, movilidad vehicular y alumbrado público. El remanente es un fertilizante en nutrientes.
En términos de costo-beneficio el uso de esta tecnología es 50% más barato que hacer compostaje. Ésta es económicamente viable, pero para su puesta en práctica se requiere una alianza público-privada porque una sola planta no lograría hacer toda la gestión. La primera fase de la propuesta será diseñar un plan demostrativo para el municipio josefino para su valoración y posterior ejecución, enfatizó Rojas.
Este lunes 28 de julio a las 6:00 p.m. se llevará a cabo el foro en vivo “Territorios amenazados por la basurización” que se transmitirá por el Facebook Live de SURCOS Digital- Será un espacio para reflexionar sobre la problemática del manejo de residuos en el país.
En este contexto, la empresaria turística limonense Gloria Gavioli expresó su respaldo a la actividad, y calificó el tema como “sumamente importante” indicando que en muchas partes del mundo ya existen soluciones concretas que generan beneficios en términos de salud pública, limpieza y reutilización de materiales.
Entre las experiencias que menciona, destaca la producción de biomasa para generar energía limpia, así como el uso de residuos en la construcción de tejas indestructibles y materiales similares a la madera. También hace referencia a innovadoras embarcaciones que recolectan basura en cuerpos de agua y la separan para su máximo aprovechamiento, y que, en Europa y otras partes del mundo existen comunidades que se iluminan y se calientan utilizando sus propios residuos.
Guía para los Concejos Municipales Costeros de parte de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica en el marco jurídico integral para la administración de la zona marítimo-terrestre.
La Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras de Costa Rica se dirige a los Concejos Municipales de Municipales de Cantones Costeros de Costa Rica, en el marco jurídico para el análisis integral para la administración sana de la zona marítimo-terrestre, que coadyuve al gobierno local en su obligación constitucional, de mejoramiento de la calidad de vida de los ocupantes.
El objetivo es colaborar con la visión integral de análisis, para la administración de la zona marítimo-terrestre y que desde el corazón del gobierno local, se propongan acciones que reafirmen el deber constitucional de los funcionarios del municipio, de procurar en todo momento, el bien común, promoviendo y respetando.
El documento aborda de manera integral los siguientes aspectos clave:
Premisas Básicas: Principios de debido proceso, progresividad y no regresión de derechos humanos, confianza legítima y respeto a la normativa nacional e internacional.
Excepciones y Jurisprudencia Relevante: Casos contemplados por la Ley No. 6043 y la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Corte IDH sobre derechos adquiridos y protección contra desalojos arbitrarios.
Estándares Internacionales de Derechos Humanos: Obligaciones del Estado y municipalidades en desalojos, protección a la vivienda y derechos de los ocupantes.
Principio de Confianza Legítima y Responsabilidad Estatal: Análisis de votos clave y la responsabilidad del Estado por omisión o funcionamiento defectuoso en la delimitación de la ZMT.
Ley No. 10.489 (2024) y su Moratoria: Extensión de la suspensión de desalojos y demolición de obras en zonas especiales hasta 2027.
Planificación y Autonomía Municipal: Rol de las municipalidades en el ordenamiento territorial, integración de planes reguladores y defensa de los derechos de las comunidades costeras históricas.
Le invitamos a revisar el documento completo adjunto, el cual contiene las bases jurídicas y recomendaciones para garantizar la seguridad jurídica de las comunidades costeras, la protección de sus derechos y el fortalecimiento de la autonomía municipal.
