Un conjunto de organizaciones realizarán un foro sobre la situación de los rellenos sanitarios en Costa Rica este lunes 21 de julio a las 6 pm. La actividad se transmitirá por el Facebook de SURCOS Digital. El foro tiene como título “Rellenos sanitarios: Territorios de sacrificio y resistencia a la ‘basurización’”.
El foro contará con la participación de Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales; la ingeniera en biotecnología Dayana Rojas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; la líder comunal residencial de Ciudad Cariari Melissa Flores; y el doctor en biotecnología ambiental Ronald Arrieta, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El foro es convocado por la Asociación Civil Pro Natura; la Escuela de Geografía de la UCR, en conjunto con su proyecto Geografía y Diálogo de Saberes; el programa Kioscos Socioambientales; la Asociación Iniciativas Comunales; la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital.
Foros públicos abordarán el problema y las amenazas de los rellenos sanitarios
Hay consenso entre todos los sectores involucrados en la disputa por el manejo de los residuos: se trata de una “bomba de tiempo” que amenaza con desatar un caos de múltiples dimensiones. Podría convertirse en una emergencia ambiental, social y sanitaria sin precedentes en las últimas décadas, ya que existen suficientes antecedentes y condiciones para ello.
Por un lado, la empresa Berthier EBI ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando una expropiación de facto por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro. Otro factor que podría detonar la crisis en la gestión de residuos del país es el cierre proyectado del relleno en La Carpio.
En este contexto, el Ministerio de Salud busca «pasar la papa caliente» mediante la imposición de un nuevo reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos. Este ha sido duramente criticado por las municipalidades, al considerar que excede las competencias del ente rector, vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad, e impone plazos y obligaciones sin tomar en cuenta los tiempos y costos legales que enfrentan los gobiernos locales para implementar nuevos servicios.
Costa Rica cuenta con más de siete décadas de legislación y políticas en materia de residuos. Sin embargo, en la práctica ha prevalecido un único modelo: los mega rellenos o sitios de disposición final, operados por empresas privadas. En lugar de avanzar hacia las soluciones reales establecidas por ley, se ha facilitado el camino al monopolio transnacional, se ha diluido la rectoría entre el MINAE y el Ministerio de Salud, y se ha criminalizado a las comunidades que resisten.
Estos mega rellenos se ubican principalmente en cantones periféricos y menos urbanizados del Gran Área Metropolitana, convertidos en verdaderos territorios de sacrificio: zonas marcadas por la contaminación y tratadas como descartables por el modelo de desarrollo dominante. Esto se ve agravado por el racismo ambiental, donde los impactos recaen desproporcionadamente sobre comunidades empobrecidas y periféricas.
En Costa Rica, comunidades como Pavas, Ciudad Colón, Río Azul, La Carpio, Santa Ana, Belén, Mora, Cartago, Desamparados, Esparza y Miramar han luchado contra este modelo desde los años 90. Algunas, como Río Azul, Desamparados y La Carpio, han perdido estas batallas y hoy viven las consecuencias.
Por ejemplo, en Miramar de Puntarenas, la Asociación Civil Pro Natura ha denunciado múltiples agresiones ambientales: los pasivos de la minería, un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas tras su clausura, y actualmente, un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. Además, enfrenta un nuevo proyecto: el Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A., que ha generado fuerte rechazo. Otros cantones como Mora, Turrubares, Osa y Alajuela también enfrentan amenazas similares.
Frente a este escenario, las comunidades se están organizando para enfrentar en conjunto la basurización de sus territorios. Una de sus acciones serán dos foros públicos en línea (https://www.facebook.com/surcosdigital), que buscan visibilizar las luchas, resistencias y alternativas frente al modelo de gestión de residuos basado en mega botaderos y tecnologías contaminantes.
Los foros están organizados por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, Asociación Civil Pro Natura, Movimiento Cívico No al Basurero en Mora, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.
Primer foro: «Territorios de sacrificio y resistencia a la basurización» Se realizará el lunes 21 de julio a las 6:00 p.m. por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca visibilizar los impactos sociales y ambientales de los rellenos sanitarios en comunidades como Miramar, Desamparados, Cariari y La Carpio. Participarán Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales de Desamparados; Melissa Flores, líder comunal de Residencial Ciudad Cariari; Dayana Rojas Venegas, ingeniera en Biotecnología con maestría en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; y el Dr. Ronal Arrieta, doctor en Biotecnología, académico pensionado de la UCR y especialista en manejo ecológico de residuos sólidos.
Segundo foro: «Territorios amenazados por la basurización» Se llevará a cabo el lunes 28 de julio a las 6:00 p.m., también por Facebook Live de SURCOS Digital. Este espacio busca compartir experiencias de organización comunitaria y defensa territorial frente a proyectos de basurización en Mora, Turrúcares, Osa y Miramar. Participarán Sergio Ramírez, informático, empresario y vecino de Salamá de Osa; Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; Ronulfo Morera, del Movimiento Cívico No al Basurero en Mora; Karla Segura, de la Comisión de Lucha contra el Basurero de Turrúcares; y el M.Sc. Álvaro Sagot, abogado especialista en derecho ambiental y profesor de la UCR.
Esta serie de foros busca construir un espacio de diálogo crítico y propositivo frente a un modelo fallido de gestión de residuos. Invitamos a todas las personas a difundir y apoyar esta iniciativa.
Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Esta nota se elabora a partir de una producción institucional basada en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Municipalidad de Talamanca.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-LOC-IAD-00007-2025, donde se analizan las debilidades en la gestión del otorgamiento de licencias de construcción y el ordenamiento territorial en la zona urbana del cantón de Talamanca.
El informe revela graves deficiencias en los procesos municipales, que comprometen el desarrollo ordenado, la protección del patrimonio natural del Estado, la calidad de las construcciones y la seguridad jurídica de la población.
Falta de planificación territorial
Talamanca no cuenta con un Plan Regulador ni con acciones claras que orienten el crecimiento urbano de forma equilibrada con la protección ambiental. Esta omisión favorece el desorden y la ocupación irregular del suelo.
Permisos sin verificación de requisitos legales
La Municipalidad autorizó licencias de construcción sin comprobar aspectos legales esenciales como:
Certificado de uso de suelo.
Disponibilidad de agua potable.
Plano catastrado visado por la Municipalidad.
Plano constructivo sellado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
Supervisión deficiente y evasión tributaria
No existe un control sistemático ni oportuno de las obras autorizadas. Esta falta de fiscalización ha permitido la proliferación de construcciones ilegales y ha generado evasión de impuestos.
Datos del informe
1 426 permisos de construcción se otorgaron sin contar con Plan Regulador.
405 permisos fueron tramitados posterior a clausuras de obras iniciadas sin autorización.
En el año 2024 se construyeron 27 obras sin permiso ni planos, con una pérdida fiscal estimada en ₡11,4 millones por concepto de impuestos no percibidos.
El Partido Vanguardia Popular lamenta profundamente el fallecimiento, a la edad de 88 años, del compañero Rodrigo Ureña Quirós, histórico militante comunista, luchador por la justicia social, y firme defensor de las causas populares del pueblo costarricense.
Rodrigo Ureña fue diputado en la Asamblea Legislativa durante el periodo 1978-1982 por la Coalición Pueblo Unido, donde levantó con valentía la voz de los sectores oprimidos, campesinos, trabajadores y comunidades más humildes del país.
Desde su juventud fue un militante disciplinado del Partido de los comunistas costarricenses, Vanguardia Popular, y dirigente de la Federación Nacional Campesina (FENAC), destacando como un firme defensor de los derechos de las y los campesinos frente al despojo y la injusticia agraria.
Como abogado, asumió sin vacilaciones la defensa de causas emblemáticas, como el juicio por el asesinato del dirigente Gil Tablada a manos del terrateniente Luis Morice, en El Jobo de Santa Cruz. Enfrentó con dignidad y valentía el poder de los oligarcas, incluso poniendo en riesgo su propia vida.
En medio de la gran huelga bananera de 1980, fue víctima de un atentado por parte de la Guardia Civil, que baleó el vehículo en que se transportaba, intentando detener su incansable labor de acompañamiento legal y político al movimiento huelguístico.
Nunca abandonó sus convicciones ni su compromiso con las causas justas del pueblo costarricense. La última vez que marchó junto al pueblo fue en defensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero siempre, en todos los 1º de Mayo y en la defensa de la CCSS, se le vio en las manifestaciones.
Su vida es ejemplo de consecuencia, de firmeza ideológica, de humildad y de amor por su pueblo.
A su familia, amistades, y compañeros y compañeras de lucha, el Partido Vanguardia Popular les hace llegar un abrazo solidario y fraterno.
Rodrigo Ureña Quirós vive en la memoria histórica de las luchas del pueblo costarricense y en cada paso que damos hacia una sociedad más justa y socialista.
¡Honor y gloria al camarada Rodrigo Ureña Quirós! Partido Vanguardia Popular San José, Costa Rica 18 de julio de 2025
Todo apunta a que será la misma institución estatal que en el pasado trazó, según su conveniencia, los límites de las tierras ancestrales: el antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy conocido como Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
De repetirse ese patrón, el resultado es previsible: despojo territorial. Así sucedió anteriormente, cuando INDER, junto con JAPDEVA, el Instituto Costarricense de Turismo y otras entidades gubernamentales, se apropiaron de buena parte del territorio sin consulta previa, dejando a las personas legítimas propietarias con apenas una fracción de lo que les correspondía.
Ante el nuevo impulso por delimitar los llamados «territorios tribales afro costarricenses», surgen preguntas fundamentales: ¿qué futuro se construirá a partir de esas fronteras?, ¿cómo se administrarán?, ¿quién decidirá sobre ellas?
Si prevalece la misma lógica que ya afectó a los pueblos indígenas, el legado territorial para las futuras generaciones está en peligro de ser borrado o vaciado de contenido. En el caso indígena, los límites fueron impuestos desde oficinas centrales, fragmentando territorios ancestrales bien definidos en múltiples divisiones, lo que ha generado división familiar y conflictividad comunitaria.
Un ejemplo es el Pacífico sur, donde dos territorios tradicionales se subdividieron en cinco o seis con base en criterios étnicos, ignorando la identidad compartida de las comunidades. Esto ha tenido como resultado disputas internas, afectación a la convivencia y una pérdida de cohesión social.
Frente a esta experiencia, se plantea una inquietud para Cahuita: ¿qué pasará si se crean nuevas delimitaciones que desconozcan la historia, el tejido social y la realidad multiétnica de la región? ¿Se establecerán tribus por decreto que no reflejan la identidad real de la población?
El llamado es a no desviar el enfoque del verdadero problema: la implementación del Plan Regulador Costera (PRC) y su posible impacto en el desarraigo poblacional. Es necesario debatir este tema con seriedad, claridad y respeto a los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la propiedad privada. Este derecho, que fue resguardado por generaciones anteriores sin necesidad de títulos formales, representaba más que posesión: era libertad, autonomía e identidad.
Frente a los posibles abusos o silencios institucionales, se recuerda que el recurso de amparo sigue siendo una herramienta legítima de defensa. Sin embargo, su uso debe evaluarse con responsabilidad, considerando tanto sus alcances como sus posibles consecuencias.
“Los funcionarios de la región Brunca del INDER, tanto directores cómo jefaturas de las oficinas subregionales no hacen mayor gestión al mando de esta institución en la región propósito del humedal Térraba”, denuncia Renier Canales Medina, luchador social de la zona sur.
En declaraciones enviadas a SURCOS, Renier señala que “a los funcionarios se les ha dotado de vehículos de lujo, edificios con aire acondicionado, equipo de cómputo modernos, combustible, papelería, servicios de seguridad privada servicios de limpieza, y un salario digno para que realicen una labor eficiente en la región”.
Sin embargo, agrega, se dedican a «realizar» una labor burocrática ineficiente y en consecuencia improductiva. En la región Brunca existen cualquier cantidad de casos sin resolver que tienen décadas sin resolverse y las personas viven en las perores condiciones de vida en la región más pobre de Costa Rica.
El luchador social añade que “estos funcionarios se dedican a sabotear a las organizaciones sociales y a sus dirigentes cuando estas y estos les exigen resultados de su gestión. Desacreditan toda la gestión que realizan dirigentes o representantes de las comunidades en la gestión que realizan ante esa institución y otras. Sabotean, dividen, boicotean, descalifican y desautorizan toda gestión comunitaria”.
Existe una larga lista de abusos, irrespetos, incapacidades, ineptitudes y mediocridades particularmente en la oficina subregional, ubicada en San Ramón de Río Claro de Golfito en la zona sur. Algunos de estos funcionarios no tienen ninguna vocación de servicio al público. Su interés es su seguridad, bienestar personal y recibir el salario mensual para vivir muy bien con todas las ventajas y beneficios que se derivan de ser funcionarios del INDER, indica Canales Medina.
“Son miles de familias solicitantes de tierra para trabajar en una zona donde la principal fuente generadora de empleo y bienestar es la agricultura. Sin embargo, no existe una política agraria de parte de esta institución para resolver el problema. Y por el contrario estos funcionarios se interponen ante los agricultores que intentan resolver el problema”, dice Renier.
“La situación se agravó con el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, cuando un emisario de casa presidencial se ha dedicado a reforzar y orientar el sabotaje de organizaciones y dirigentes locales. A la fecha no se ha resuelto de manera absoluta la problemática Agraria de la Zona Sur”, finaliza.
La finca agroecológica Alma Vieja tuvo su gran apertura este martes 15 de julio en Paso Real, Térraba, Puntarenas. Invitan a descubrir el sabor de su cocina con un menú variado que incluye desayunos, casados, comidas rápidas, caldosas, ceviches, empanadas, café, bebidas naturales y gaseosas.
¡No se pierda la oportunidad de probar sus platos!
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (OBC-UCR) alerta sobre las repercusiones culturales y arqueológicas que tendría el megaproyecto aeroportuario previsto para la zona sur del país. La investigación —que analiza el caso desde la perspectiva de los bienes comunes culturales— advierte que el énfasis en la “monumentalidad” como criterio de valor patrimonial deja fuera paisajes, toponimias, senderos y microcontextos arqueológicos capaces de narrar la historia ancestral del territorio.
Entre los principales hallazgos se señala que:
El área donde se proyecta la terminal concentra rastros “silenciosos” —fragmentos cerámicos, fogones, terrazas agrícolas, rutas antiguas— cuya ausencia de estructuras imponentes no disminuye su relevancia histórica.
Argumentar que “ya no existe el pueblo” para legitimar la intervención desconoce que la memoria permanece en la tierra, en los nombres y en los usos del espacio.
Diversos marcos jurídicos internacionales (Convenio 169 de la OIT, Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, Convención del Patrimonio Mundial) obligan a proteger la memoria colectiva más allá de lo visible.
Especialistas proponen diez criterios para reconocer territorios como bienes comunes culturales: vínculo espiritual con el paisaje, persistencia de toponimias, rastros arqueológicos no monumentales, relaciones eco-históricas, rutas ancestrales, memoria colectiva, potencial científico, representación de procesos silenciados, participación local y principio precautorio.
La investigación concluye que construir un aeropuerto sobre un territorio sin monumentos aparentes, pero cargado de significados, equivale a “borrar parte de la historia en silencio” y recrudece la tensión entre lógica de mercado y responsabilidad ética con la memoria colectiva.
Desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) nos comparten una valiosa producción fruto de un proceso colectivo que tuvo lugar entre marzo y mayo de este año en el cantón de Grecia. Se trata de un trabajo colaborativo con el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, que dio como resultado una serie de materiales que documentan una experiencia de diagnóstico participativo desde los vínculos comunitarios y el cuidado de los bienes comunes.
Más que una investigación convencional, este proceso fue una construcción profundamente arraigada en el territorio y en sus múltiples voces. A través de recorridos, encuentros y acciones conjuntas, se tejió una mirada compartida sobre la riqueza social, cultural y ambiental que habita en Grecia. Desde el Puente de Piedra hasta la ASADA de San Roque, pasando por ferias, talleres, limpiezas de río y espacios de reflexión, se pusieron en diálogo las memorias, los afectos y las formas de vida que sostienen el cotidiano de la comunidad.
El resultado es una colección de boletines, podcast y materiales audiovisuales que no solo documentan este proceso, sino que también se ofrecen como herramientas vivas para quienes sueñan y actúan por territorios más justos, participativos y sostenibles.
Esta propuesta destaca cómo los bienes comunes no son solo recursos, sino también relaciones, saberes, cuidados y resistencias que se cultivan desde abajo, desde la vida cotidiana de las comunidades.
La organización Poetas de Puntarenas tiene el agrado de invitar cordialmente a la comunidad, así como a amantes de la literatura y la poesía, a ser partícipes del recital poético titulado “A la luz de la Virgen” en el marco de las fiestas de la Virgen del Mar.
Este evento cultural se llevará a cabo el día sábado 12 de julio del año 2025, en un horario comprendido entre las 6:00 p.m. y las 7:00 p.m., frente al hotel Las Brisas, en la ciudad de Puntarenas.
