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Rey Curré realiza festival en honor al río

Escrito en . Publicado en Comunidad, Cultura.

Por Uriel Rojas

El pasado sábado 20 y domingo 21 de marzo, la comunidad indígena de Rey Curré llevó a cabo un festival llamado “Dí Crí Cuní”, que significa “visitando el río”.

Esta iniciativa consistió en realizar una serie de actividades culturales vinculadas al Río Grande, entre las que se destacaron las competencias de natación, buceo, pesca y manejo de botes a base de canaletes.

Este festival fue organizado por los padres de familia del Colegio Indígena de Rey Curré en el marco de la celebración de su X Aniversario de fundación.

Las actividades iniciaron el sábado por la noche con un convivio cultural en donde hubo música tradicional indígena y ventas de comidas y bebidas propias de la comunidad.

El domingo 21 se realizaron las competencias de nado, buceo, pesca y manejo de botes a base de canaletes, según las técnicas y costumbres de sus antepasados.

Para garantizar su seguridad, se contó con personal de rescate y asistencia permanente durante cada competencia.

Además, se realizó un torneo relámpago de futbol playa, y se entregaron al final del evento, pequeñas premiaciones para los ganadores de cada competencia.

Todas las actividades de este festival se realizaron en estricto cumplimiento de las normas y lineamientos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud en atención preventiva ante la Covid-19.

Fotografías: Ricardo Araya Rojas.

Fotografías: Ricardo Araya Rojas.

La UCR apoya a gestores comunitarios del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos, Madre Tierra.

Día Mundial del Agua

Mediante proyectos de Acción Social apoya a comunidades en el manejo de los recursos hídricos

En la gestión comunitaria del recurso hídrico, la UCR ejecuta decenas de proyectos de Acción Social para apoyar a personas gestoras, involucrando al personal docente y de investigación, estudiantes universitarios y líderes locales para que cada comunidad se convierta en defensora de los ecosistemas que permiten llevar agua potable de calidad a los hogares. Foto ED-3507

Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, es lograr que la humanidad encuentre caminos para resolver la crisis mundial del agua y encontrar mecanismos para garantizar su disponibilidad, su gestión sostenible y el saneamiento para todas las comunidades. Además de este esfuerzo global, cada 22 de marzo la Organización de Naciones Unidas promueve que todos los países realicen jornadas de reflexión con motivo del Día Mundial del Agua.

Relacionado con esa meta, la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante la ejecución de decenas de proyectos de Acción Social, Investigación y Docencia impulsa proyectos para el adecuado manejo de cuencas hidrográficas, acueductos comunitarios y la gestión de los recursos hídricos en el territorio nacional.

Al menos 30 proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) trabajan directamente en el apoyo de comunidades para el manejo sostenible de los recursos hídricos destinados al consumo humano, la agricultura y la protección de los ecosistemas.

Uno de ellos es el liderado por la Escuela de Ingeniería Química, que mediante su proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua en la Región Caraigres” (ED-3507) se dio a la tarea de facilitar las habilidades y herramientas para la aplicación de un Plan de Mejora y Eficacia, que permitió identificar las mayores deficiencias dentro de los acueductos comunitarios de esa región. Y posteriormente, crear recursos virtuales dirigidos a la autogestión exitosa. Esa región la conforman tres cantones de San José, incluidos en el Plan de Desarrollo Rural Territorial de Acosta-Desamparados-Aserrí 2016-2021.

En la Región de Caraigres existen 41 acueductos administrados por asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, popularmente conocidas como Asadas. Estas están integradas por juntas de vecinos que se encargan de todos los aspectos técnicos y administrativos.

Según la Ing. Adriana Araya Díaz, docente coordinadora del proyecto, “el trabajo dentro de las Asadas es desarrollado en su mayoría por personas voluntarias que día a día hacen su mayor esfuerzo por permitir que miles de personas tengan acceso a agua potable, y a pesar del apoyo de diversas instituciones, existen grandes deficiencias y dificultades técnicas, administrativas y financieras a las que se enfrentan una gran cantidad de ASADAs a nivel nacional. Adicionalmente, existen vacíos de información sobre la situación de algunos acueductos comunales, lo cual dificulta la generación de rutas de acción por parte de instituciones”.

Araya explicó que originalmente esta iniciativa de Acción Social surgió como un proyecto ganador de Fondos Concursables de la VAS. Posteriormente se diseñó una estrategia de apoyo formativo al personal vinculado con las asadas de Caraigres, y contó con el apoyo de estudiantes del trabajo comunal “Adaptación y mitigación del cambio climático hacia un desarrollo sostenible” (TC-724). Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de talleres educativos en comunidades y la realización de inventarios de gases de efecto invernadero.

En total, 12 estudiantes del TC-724 se vincularon a este proyecto y participaron activamente en la elaboración de material informativo -diseño de infografías-, búsqueda de información, lectura de documentos, entre otros. Además, participaron en algunas reuniones con representantes de instituciones públicas, de manera que con la información recabada se avanzó en la sistematización de información. Desde el año 2019 los estudiantes han colaborado con las Asadas de Poás y Barrio Corazón de Jesús, ambas en Aserrí.

La Escuela de Ingeniería Química se suma a los esfuerzos de la UCR para apoyar las comunidades en la gestión sostenible del recurso hídrico administrado por los acueductos comunitarios. Foto ED-ED-3507

Entrega de resultados

Si bien la ejecución del proyecto concluyó en diciembre del año 2020, la entrega de resultados se realizará en los primeros días de abril. A partir de ahora, las Asadas tendrán a su disposición una serie de materiales gráficos y videos tutoriales sobre aspectos técnicos y administrativos que facilitarán el trabajo para las personas que cada día asumen la tarea de la gestión del recurso hídrico en sus comunidades.

No obstante, explicó Araya, dado que las falencias técnicas son similares en otras regiones del país, estos recursos serán de gran valor para todas las personas interesadas que realizan este trabajo en todo el país.

Para María José Bermúdez, vecina del barrio Corazón de Jesús de Aserrí, e integrante de la Comisión de Recurso Hídrico del Consejo Territorial de Caraigres, este proyecto facilitó la asociatividad entre las diferentes Asadas de la zona. Bermúdez reiteró que la administración está a cargo de personas de los vecindarios bajo criterios populares, sin el apoyo de profesionales. “Las falencias en conocimientos técnicos, la existencia de sistemas obsoletos, y la ausencia de mapas de las tuberías en funcionamientos y bitácoras sobre los procedimientos ejecutados son los problemas comunes en todas las Asadas”.

Según Bermúdez, en la mayoría de Asadas se requieren generar capacidades para fortalecer la gestión del recurso hídrico, incluso de aspectos tan cotidianos como la correcta facturación y administración del aspecto financiero.

La gestora comunitaria acotó que desde las Asadas los apoyos institucionales se han visto desde un rol punitivo del Ministerio de Salud o el mismo Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA). Por eso, prosiguió, la mediación de la UCR para la aplicación de la herramienta de Plan de Mejora y Eficacia, diseñada por el AYA es una oportunidad para aplicar mejoras sustantivas, lo que permitirá optar por recursos de inversión en las Asadas de Caraigres.

Aunque la pandemia sanitaria del año 2020 obligó a cambiar la estrategia del proyecto, se adaptaron las actividades a la virtualidad y se lograron los objetivos, explicó la Ing. Araya. “Tras la conclusión del proyecto, la idea siempre fue la sostenibilidad del proyecto en el ámbito comunitario y que fueran las propias personas de esas comunidades las que lo ejecuten a partir de ahora”, agregó.

María José Bermúdez, vecina de Aserrí, destacó que la mediación de la UCR en la aplicación de la herramienta de Plan de Mejora y Eficacia, diseñada por el AYA es una oportunidad para aplicar mejoras sustantivas, lo que permitirá optar por recursos de inversión en las Asadas de la Región Caraigres. Foto ED-3507

Aprendizaje compartido

“La principal lección aprendida fue que la gestión del agua es un proceso muy complejo que requiere de un compromiso institucional y de trabajo con las comunidades. No solo a nivel institucional, sino también la comprensión de que solo el manejo de una Asada es todo un reto, ya que se necesita saber mucha información, lo cual lo convierte en un trabajo complejo”, dijo Andrés Romero Méndez, estudiante de la Escuela de Geografía y uno de los que apoyó este proceso.

De acuerdo con la Ing. Araya, para la ejecución de este proyecto se partió del criterio que “todos los saberes son válidos y fue un reto lograr un lenguaje accesible para que los contenidos que se produjeron se entendieran”.

En ese sentido, Lucía Rodríguez, estudiante de Ingeniería Química, afirmó que “tener este acercamiento con las comunidades es muy distinto a lo que se aprende en las aulas, porque la realidad de muchas Asadas es que no tienen plantas de tratamientos o procedimientos que aprendemos en los cursos de Ingeniería Química”.

Rodríguez comentó que para el resto de estudiantes fue una experiencia sumamente reveladora ya que lo aprendido es muy ajeno a sus carreras y fue muy valioso conocer de primera mano cómo es que funcionan las instituciones públicas.

“Finalmente y como último aprendizaje se visualiza el valor que tiene la creatividad en los procesos de acción social para enfrentar las situación adversas. Si el equipo gestor hubiera decidido no continuar con el proyecto debido a que la gran mayoría de actividades planteadas eran presenciales, los recursos disponibles hubieran sido desaprovechados. Aun así, la creatividad permitió encontrar una nueva idea que además de sostener la esencia de la iniciativa, amplió el alcance del proyecto en materia de población beneficiaria y en sostenibilidad en el tiempo”, concluyó Araya.

 

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social

Denuncian desastre en servicio de APM y consecuencias sociales graves para Limón

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SURCOS recibió desde Limón varias fotos y videos que muestran lo que se califica como “un desastre en el servicio que ofrece la concesionaria APM”.

Como se conoce, los últimos gobiernos han impulsado un proceso para quitar a JAPDEVA la atención del servicio portuario e ir entregándolo en su totalidad a la empresa transnacional.

Ante ello recientemente el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) compartió mediante SURCOS su posición que puede leerse aquí: https://wp.me/p6rfbZ-ebw

Uno de los mensajes recibidos este 20 de marzo por SURCOS expresa lo siguiente:

“Buen día, en este preciso momento para ingresar a la Terminal Portuaria de Orden Mundial, APM Terminals, idea que nos vendieron, la cual no es cierta y se queda muy lejos de ser efectiva, en términos de Servicio a la Nave, Servicio a la Carga, Rendimientos Portuarios, Productividad, Efectividad, Logística y  Costos Operativos en Comparación con los mismos Servicios que brindaba Japdeva como Autoridad Portuaria a esos buques, que le fueron trasladados de manera Arbitraria e ilegal a un Operador Portuario, que tiene que ser Supervisado por Japdeva y Fiscalizado por el Consejo Nacional de Concesiones. Adonde están los informes y sus resoluciones de estas anomalías e incongruencias que afectan a los usuarios y clientes de la Actividad Portuaria y Servicios Conexos. Por favor que alguien sea consciente y se manifieste de lo que se vive actualmente. Se agudizó el desempleo en mi Provincia, se elevaron los costos Portuarios a los Servicios, se afectó dramáticamente a la Población Económicamente Activa”.

Compartimos los videos que llegaron a SURCOS.

UCR, Voz experta: Comunidades se manifestaron a pesar de la pandemia por COVID-19

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Por Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses, equipo de trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Más de 400 acciones colectivas se registraron en comunidades de todo el país durante el 2020, según el monitoreo realizado por el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas1 (OCAC), de la Universidad de Costa Rica. Estas acciones nos permiten aportar una mirada que se suma a la planteada en el mes de agosto por el equipo de PROTESTAS2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Según el informe construido en el OCAC fueron 431 las acciones de grupos y organizaciones de la sociedad civil que se lograron registrar durante el 2020. Denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos, recuperaciones de territorio, entre otras, buscaban la garantía de derechos humanos, la protección del ambiente, la defensa de ríos y la oposición a proyectos de ley mayoritariamente.

Desde el OCAC hemos sistematizado principalmente, pero no únicamente, acciones vinculadas a la defensa del ambiente (87) y de los derechos de los pueblos indígenas (121).

En el primer caso, se muestra un panorama que choca con el discurso verde (ya bastante deslegitimado) que suele presentarse en el país. Es posible ubicar procesos organizativos por la defensa del agua y el ambiente ante la amenaza desde distintos frentes (monocultivos, deforestación, proyectos de riego, proyectos hidroeléctricos, entre otros), así como denuncias y pronunciamientos en contra de leyes que plantean retrocesos a nivel ambiental y social.

Por otro lado, en el caso de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, las denuncias tanto por la inacción del Estado para garantizar su derecho al territorio y seguridad, así como las constantes amenazas y agresiones en su contra y la impunidad por estos hechos, se han mantenido a lo largo de todo el año. Además, a esto se suman múltiples pronunciamientos y denuncias presentadas ante los desalojos planteados contra algunas de las recuperaciones en diferentes territorios.

Un punto a tomar en consideración a partir de las acciones que se reportan en el informe es la alta presencia de las declaraciones públicas, tanto de denuncia como de pronunciamiento a través de las redes y medios monitoreados. Si bien podemos señalar que las medidas de cuarentena podrían tener un papel en esto (será un tema sobre el cual la continuación del monitoreo nos podría brindar algunas luces), también encontramos que esta se posiciona como una vía de visibilización de los diferentes conflictos. Que valga decir, muchas veces son invisibilizados por los principales medios de comunicación.

También es posible afirmar, como lo hace el equipo de PROTESTAS (Alvarado, Cortés, Sáenz, Sánchez y Guzmán, 2020) que otros medios que toman lugar en los espacios públicos no son completamente descartados y un claro ejemplo de esto son las recuperaciones llevadas a cabo en los territorios indígenas u otras acciones como marchas, bloqueos y liberación del cauce de ríos desde comunidades.

Si bien un seguimiento mes a mes de las acciones monitoreadas permite identificar momentos de mayor confrontación ante diferentes conflictos y problemáticas, también permiten ver que las mismas se mantienen a lo largo del año sin interrupción. Es así, que si bien la pandemia ha marcado cambios en muchísimas dinámicas sociales, procesos como el despojo, la contaminación, la violación de derechos de los pueblos indígenas y la amenaza a los bienes comunes se mantienen vigentes. Esto en muchas ocasiones y según señalan los diferentes grupos que protestan, con el favor del Estado costarricense, ya sea por acción u omisión.

Ninguno de los conflictos o problemáticas desde donde surgen las acciones reportadas son recientes. En tan solo la última década (aunque podríamos mapear bastante más atrás en el tiempo) se registran más de 20 proyectos hidroeléctricos propuestos solamente en la zona sur del país, múltiples denuncias a empresas dedicadas al monocultivo por afectaciones en comunidades y zonas protegidas y un alto número de amenazas y actos de violencia (incluido el asesinato) en contra de personas indígenas y sus derechos. Esto último principal, pero no únicamente en las comunidades de Salitre y Chiná Kichá.

Es importante señalar que estos proyectos, muchas veces vienen entretejidos y acompañados de leyes o propuestas de ley que amenazan los diferentes territorios. Todo esto pone en evidencia la tensión existente entre un modelo de desarrollo impuesto y las necesidades y apuestas diferentes a las planteadas desde el gobierno que surgen desde muchas comunidades.

El informe de OCAC sobre las acciones comunitarias, se extrae del monitoreo de medios y organizaciones como “Surcos Digital”, “Radio Machete”, “La Voz de Guanacaste”, Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS), FECON, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas, Movimiento Ríos Vivos, Coordinadora Norte Tierra y Libertad (CNTL) y Ditsö. Dicho trabajo se suma al monitoreo de acciones colectivas a nivel nacional realizado desde la base de datos Protestas. Todos los documentos, informes y gráficos se encuentran disponibles en los enlaces https://protestas.iis.ucr.ac.cr y https://accionescolectivas.ucr.ac.cr

  1. Proyecto parte del Programa Nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  2. Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe Marzo-Julio 2020. Disponible en https://protestas.iis.ucr.ac.cr/publicaciones/199
  3. Informe Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas 2020. Disponible en: https://accionescolectivas.ucr.ac.cr/images/Informe_Anual_2020.pdf

 

Por Daniel Fernández Vásquez y Ana María Araya Meneses
Equipo de trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

SINTRAJAP: Basta de dobles discursos, no sigan engañando a la población para beneficiar a la empresa extrajera

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Comunicado:

Basta de dobles discursos, no sigan engañando a la población para beneficiar a la empresa extrajera

  • Nos les bastó con hipotecar la soberanía portuaria nacional, quebrando la legalidad del país.
  • Bastantes daños le han hecho a Limón y a los supremos intereses nacionales.

El artículo 121 de la Constitución Política es claro cuando dice que los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado. Igualmente, decir que claramente el artículo 46 constitucional impide los monopolios y si son privados es más dañino el asunto,

Todas las decisiones que ha tomado este gobierno han sido en contra de Limón generando el más alto daño social histórico a la provincia y en lo económico generando un gran daño a los exportadores e importadores, con las tarifas más altas de la región.

Los puertos del Estado fueron construidos con un gran sacrificio y recursos de los costarricenses, y gracias a ello, JAPDEVA llegó a ocupar el lugar número 12 de América Latina y el Caribe compitiendo con 120 puertos, eficiente y barato donde todos ganábamos, JAPDEVA llego a mover 750 mil contenedores y 12 millones de toneladas meticas de carga anual con sus 10 puestos de atraque.

Le vendieron al país eficiencia bajos costos, muchos empleos y una larga lista de mentiras, resultado: todo lo contrario, el puerto de APM es sinónimo de desempleo, caro, ineficiente, largas filas en la ruta 32, largas filas en la bahía. Ahora piden ayuda porque no dan abasto, y siguen mintiéndole al país diciendo que los costos van a disminuir, si le alquilamos el puesto 5-6 de JAPDEVA.

Con relación a la información publicada de que alquilen el puesto de atraque 5-6 del puerto Gastón Kogan de Moin a la APM, en principio podríamos estar de acuerdo en valorar si con esas decisiones se va a incrementar los empleos directos para los limonenses y JAPDEVIANOS, si el Gobierno garantiza que no se va a despedir a nadie más. De no haber este compromiso, no estaríamos de acuerdo porque las decisiones hasta el día de hoy y el resultado de esta concesión ha sido generar riqueza para los holandeses, y el aumento del hambre, desempleo, pobreza prostitución y drogadicción para el pueblo limonense. ¡No queremos más de esa receta!

¿Cuál es el problema en competir?

El verdadero descuento está en que los trabajadores de JAPDEVA atendamos los barcos que hacen largas filas en la bahía para ser atendidos y no nos lo permiten, allí está el verdadero descuento y la eficiencia que dejen ya de estar mintiéndole al país, quebrando la constitución política y la legalidad del país, usando patrañas para seguir favoreciendo a la APM.

Los costarricenses tienen que saber que aquí el Estado permite que APM explote la soberanía de Costa Rica, les regalaron la ruta 257, perforaron el humedal Cariari, no pagaron impuestos municipales, vía directriz del MOPT les regalan las cargas, le quitaron las potestades de imperio que el Legislador le dio a JAPDEVA. y un sin número de anomalías más.

Nada más recordarles que esa fue la intensión desde el gobierno de Oscar Arias: tomar los puertos del Estado, al punto de sobornar a los trabajadores públicamente con $137 millones de dólares, una asamblea de trabajadores dignamente les dijo que no, que lo que querían era estabilidad laboral y eso seguimos solicitando empleo para las familias limonenses.

Igualmente decirles a los costarricenses que ese contrato tiene clausulas donde indica que se puede cancelar por la ineficiencia, por la afectación al iteres público, al interés económico. Ya llevamos 7 mil desempleos, los altos costos que atentan con el comercio nacional e internacional, largas filas en la vía pública, filas en la bahía donde incluso hay barcos que cambian de ruta, y quebranto de la legalidad de Costa Rica.

Lic. Antonio Wells
Secretario General de SINTRAJAP

El Liceo Rural Tsikriyók: una institución educativa con alma indígena

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Por Uriel Rojas

En las entrañas del Territorio Indígena Cabagra, se encuentra el Liceo Rural Tsikriyök, una institución baluarte en la conservación de la cultura bribri – cabécar.

Este Liceo se ubica cantón de Buenos Aires y para llegar hasta este centro educativo se debe ingresar por una entrada que se ubica en Brujo de Buenos Aires y transitar por un camino de tierra que lo lleva a cruzar un Cerro, el cual es el símbolo de identidad del centro educativo, ya que en épocas de verano crece en este lugar, una planta que produce una flor amarilla, que es de gran simbolismo en la cultura indígena local y dio origen al nombre de la institución.

En la actualidad, este Liceo cuenta con 102 estudiantes, los cuales provienen de 6 comunidades aledañas, enclavadas en las montañas de este territorio.

Además de las asignaturas ordinarias, en este liceo se fortalece la cultura indígena de sus estudiantes y para eso realizan de manera periódica diversas actividades y espacios sociales en donde interactúan con sus adultos mayores y refuerzan sus particularidades culturales.

De acuerdo con Sonia Rojas Méndez, directora de este centro educativo, “el 90% de la población estudiantil mantiene su lengua materna y sus costumbres innatas, tanto en sus hogares como en el centro educativo y se aprovechan los conocimientos ancestrales para seguir cultivando en ellos la identidad indígena bribri”.

Entre trillos y montañas, los estudiantes caminan diariamente más de dos horas para llegar a recibir sus clases presenciales a este centro educativo ya que las clases virtuales es bastante complicado debido a que carecen de tecnologías y buena cobertura a internet.

Del total de la matrícula, 72 de ellos reciben clases presenciales y 30 lo hacen a distancia.

Las primeras aulas de este Liceo fueron construidas en el 2014 y eran unos ranchos tradicionales a la usanza indígena y ya para el 2018, la Dirección de Infraestructura de Educación (DIEE) construyó su actual infraestructura que consta de 5 aulas, un área de orientación, una oficina de dirección, un área de comedor estudiantil, un rancho cultural y una cancha techada cuyo costo total osciló en ¢475 millones.

Este centro educativo se ubica en la comunidad de Yuavin de Cabagra, 30 km al norte de Buenos Aires.

Escuela de Yímba Cájc te invita a participar en campeonato de futsala

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Educación.

Por Uriel Rojas

A partir de este sábado 27 de marzo estará iniciando un grandioso campeonato de Futsala en la comunidad indígena de Rey Curré.

Esta actividad deportiva es organizada por los Padres de Familia de la Escuela Indígena de esta localidad y su objetivo es recaudar fondos para concluir importantes obras de construcción dentro de esta institución educativa.

Los equipos que participen van a competir por ganar un grandioso premio que se otorgará al primero y segundo lugar.

La inscripción de los equipos aún está abierta y solo tienen que comunicarse al 8729 8371.

Estos partidos se realizarán en el Gimnasio de la Escuela Curré y estarían iniciando este sábado 27 de marzo a partir de las 4 p.m. en adelante.

Nicaragua: CIDH celebrará audiencia sobre la colonización de tierras indígenas en la costa caribe

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  • El 18 de marzo de 2021 a las 12:00 horas Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública sobre los impactos de la colonización de las tierras indígenas en la costa caribe de Nicaragua, en el marco de su 179º período de sesiones. Inscripción: http://bit.ly/2Owsy7c

  • Sólo en 2020, al menos 13 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fueron asesinadas en el país, ocho personas resultaron heridas, dos fueron secuestradas y una comunidad fue desplazada forzosamente en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, en el noreste de Nicaragua, como parte de la violenta colonización de la región.

  • La audiencia pública tendrá lugar tras meses de creciente presión internacional sobre el gobierno nicaragüense y el sector privado para que tomen medidas concretas contra la invasión de las tierras indígenas y afrodescendientes en la costa caribe.

12 de marzo de 2021.- El 18 de marzo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública sobre los impactos de la colonización de tierras indígenas en la costa caribe de Nicaragua. Seis organizaciones de la sociedad civil participarán en la audiencia y llamarán la atención alrededor de las causas, la magnitud y los impactos de la colonización de los territorios indígenas en el noreste de Nicaragua, así como sobre los promotores de esta violencia.

En la audiencia se presentará la información más reciente respecto a la violencia causada por la colonización y perpetrada en contra de los pueblos indígenas y las personas defensoras de la tierra, así como los detalles sobre la colusión y la complicidad del gobierno nicaragüense y los actores del sector privado implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal, tal y como reveló el informe de 2020 del Oakland Institute, “Nicaragua’s Failed Revolution: The Indigenous Struggle for Saneamiento”.

En 2020, se documentaron 13 asesinatos, ocho personas heridas, dos secuestros y el desplazamiento forzoso de una comunidad en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás. A la fecha, la violencia continúa. El pasado 4 de marzo de 2021, colonos llevaron a cabo un ataque contra el pueblo mayangna en la zona de Kimak Was, dejando a una persona herida con cinco impactos de bala y secuestrando temporalmente a otra persona. Durante la audiencia, representantes de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil ofrecerán su testimonio sobre las repercusiones de la colonización en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas, incluidos los impactos en su capacidad de acceder a fuentes de alimentos, agua potable y a medicina tradicional, así como en sus relaciones con la tierra en general. Las personas participantes también debatirán los efectos de los huracanes ETA e IOTA, que golpearon la costa caribe norte de Nicaragua a finales de 2020 y cuyos impactos persisten al día de hoy.

Esta audiencia se da en un contexto de mayor presión internacional sobre el gobierno nicaragüense y las empresas privadas para que tomen medidas concretas para detener el proceso de colonización. Al respecto, el 1 de febrero de 2021, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos envió una carta al gobierno nicaragüense en la que pedía una investigación completa del asesinato en noviembre de 2020 de Nacilio Macario, un líder Mayangna que combatía las explotaciones mineras y forestales ilegales. El Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos respaldaron la carta. A finales de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua que, por primera vez, incluyó una sección sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La Alta Comisionada denunció las «invasiones recurrentes y los ataques violentos de colonos» contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la incapacidad del gobierno nicaragüense para investigar adecuadamente los ataques y las denuncias de connivencia de las autoridades locales en los mismos. El Estado también ha fallado sistemáticamente en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una comunidad indígena mayangna y a 12 comunidades mískitas.

Más recientemente, el Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF por sus siglas en inglés) anunció que retiraba a Nicaragua de su cartera tras determinar que será imposible «poner en marcha los sistemas necesarios para la gestión ambiental y social, el seguimiento y la evaluación, y la certificación independiente de los resultados.» La financiación del FCPF en Nicaragua estaba destinada a invertir hasta 55 millones de dólares para la reducción de la deforestación.

La audiencia pública tendrá lugar a las 12:00 horas Nicaragua | 14:00 horas Washington D.C. el 18 de marzo de 2021 y se realizará de manera virtual a través de Zoom y de la página de Facebook de la CIDH. Las organizaciones que participarán en la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El Estado de Nicaragua ha sido invitado a participar.

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