Panamá: Iglesia cuestiona negocios mineros a espaldas del pueblo

El movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros compartió con SURCOS una siguiente nota publicada en el medio digital CRÍTICA.com.pa en el cual se expone:

Iglesia cuestiona negocios mineros a espaldas del pueblo.

Congregaciones religiosas de la Iglesia Católica expresaron preocupación frente a las acciones que desarrolla el gobierno del mandatario Laurentino Cortizo, con el fin de convertir a Panamá en un país minero.

Entre otros aspectos cuestionan la concesión de 25 mil hectáreas de tierras entre Colón y Coclé, la negociación con mineras internacionales a espaldas del pueblo y de las comunidades afectadas, así como un supuesto diálogo sobre el tema minero sin la inclusión de actores que se opongan a ese modelo.

Además, hacen referencia a la continua mención de las áreas de la comarca Ngäbe Buglé sin respetar el claro rechazo de estas poblaciones a la minería y una ley especial que prohíbe tal actividad en sus territorios.

Los grupos católicos señalan que los ejemplos de daño ambiental combinados con una débil institucionalidad y corrupción sobresalen en el tema minero en las últimas décadas.

El comunicado revela, además- como un hecho poco conocido y doloroso- el Estado tuvo que pagar a una minera norteamericana casi $16 millones en noviembre de 2020, en plena pandemia, luego que un mecanismo de arbitraje del Banco Mundial falló a favor de la empresa para seguir su actividad en Cerro Chorcha, en la comarca Ngobe Buglé.

El Estado panameño canceló el proyecto en el 2010 tras las protestas indígenas, pero era un contrato que venía desde el 2005 de otro gobierno del PRD, que concedió 24.5 hectáreas de terrenos para minería primero a Cuprum Resources Corp. y ésta le vendió a Dominion Minerals Corporation, que demandó al Estado ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI),

La demanda original fue por $263.8 millones, pero tras la condena Panamá se verá obligado a pagar cerca de $27 millones.

Las organizaciones católicas piden suspender la concesión de las 25 mil hectáreas para minería, donde probablemente se incluye la reactivación de la Mina Molejón, que sería otorgada a la compañía canadiense Broadway Mineral.

Compartido con SURCOS por Carlos Campos Rojas.