La organización ACUDHECA (Asociación Cultural de Desarrollo Humano y Ecológico de Cahuita) expresó públicamente su preocupación ante la reciente aprobación de la Ley 10.727, el pasado 29 de abril de 2025.
Según la agrupación, esta legislación representa una grave amenaza para los derechos territoriales de las comunidades tribales afrocostarricenses que han habitado históricamente la región.
ACUDHECA advierte que la ley abre la puerta para catalogar como “ocupantes ilegales” a familias tribales de la zona, promoviendo un modelo turístico excluyente y sin consulta previa. Desde Cahuita, la organización exige justicia, respeto y dignidad, y rechaza firmemente cualquier política que desplace a los pueblos de sus territorios en nombre de intereses económicos.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, compareció ante la Sala Constitucional tras la apertura de una audiencia en su contra por el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32. El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, quien denunció que las autoridades no han respondido de manera clara ni completa, generando incertidumbre sobre la legalidad de las bahías construidas en puntos no autorizados, lo que pondría en riesgo a las personas usuarias.
En su defensa, Zeledón argumentó que tanto el Ministerio como el CONAVI han actuado conforme a la ley y que se han realizado diligencias para atender la situación, incluyendo reuniones con la comunidad, el Concejo Municipal de Pococí y el Consejo de Transporte Público (CTP). Además, señaló que, tomando en cuenta la solicitud de la comunidad, la parada será definida al costado sur de la rampa del puente peatonal del lado izquierdo de la Ruta 32, sentido 1-2 y que actualmente se está trabajando en su señalización para garantizar la operatividad del servicio de transporte público, por lo que dentro de su petitoria solicita que se exima al Estado del pago de costas, daños y perjuicios.Es importante tener presente que el ministro no ha cumplido con todo lo solicitado por la comunidad, que no es solamente el tema de las paradas de buses. Dada esa situación de desacato a la Sala Constitucional, la comunidad seguirá los pasos legales necesarios para que se le inicie causa en la Corte Plena por desacato.
Fuente: Víctor Manuel Villalta Martell, comunidad de La Unión de Guápiles.
Playa Pelada de Nosara, Guanacaste más de 17 familias enfrentan juicios, condenas, desalojo y hasta cárcel
Un conversatorio abordará el impacto de los desalojos en los habitantes de Playa Pelada el próximo jueves 26 de junio a las 10:00 a.m., en la Sala 1 de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica. Participarán como expositoras las vecinas de Playa Pelada: Heidy Villegas Murillo, Marielos Grijalba Grijalba y Nadia Alfaro, quienes compartirán sus testimonios y reflexiones sobre la situación que enfrentan.
El evento es organizado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y el Programa Kioscos Socioambientales, ambos de la Universidad de Costa Rica, junto con la organización ambiental Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA).
Una problemática socioambiental en aumento. Las playas Pelada y Guiones forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO) desde 1985. Sin embargo, muchas personas residentes están siendo judicializadas, condenadas y enfrentan sentencias de desalojo y demolición de sus viviendas. Todo esto ocurre mientras otros sectores, como el hotelero, amplían y remodelan sus instalaciones sin mayor inconveniente, incluso construyendo piscinas dentro del territorio del Refugio.
Varias personas nacionales llevan entre 20 y 50 años habitando la zona, conviviendo con el Refugio sin afectarlo, y por ello consideran injustas las órdenes de desalojo que enfrentan. Se estima que podrían ser más de 400 familias las afectadas, aunque actualmente no existe un estudio actualizado que determine con precisión el número de personas, ni sus posibles derechos de permanencia.
Además, la situación jurídica del refugio ha sido inestable, oscilando entre ser de propiedad estatal o de régimen mixto.
Desigualdad en la aplicación de la ley. Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada, denunció en el programa Voces y Política de Radio Universidad que fue sentenciada a un año de prisión, desalojo y demolición de su casa, por haber construido tres cuartos para sus hijas. En contraste, en el mismo Refugio, hoteles han construido edificios de tres pisos sin enfrentar procesos judiciales similares. Solo 17 familias humildes están siendo procesadas legalmente.
El conflicto legal del refugio se remonta a años atrás. Ante los posibles desalojos, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) impulsó en 2016 la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional (Ley N.º 9348), que transformaba la propiedad del refugio en mixta, permitiendo que estuviera conformado por terrenos estatales y particulares, bajo un régimen de concesión.
Sin embargo, a inicios de 2023, la Sala Constitucional anuló esa ley mediante la Resolución N.º 22606-2022, y el Refugio volvió a ser considerado exclusivamente propiedad del Estado, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica a las familias que lo habitan.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
La Asociación De Desarrollo Para La Ecología envió a Anna Janniel Matarrita McCalla alcaldesa de la Municipalidad de Limón, el oficio AEL-0087-2025 con fecha 5 de marzo de 2025, solicitando su intervención como mediadora ante el Poder Ejecutivo para que se haga una exhaustiva revisión del proyecto de ampliación de la Ruta 32.
La petición se debe a que el proyecto reemplaza los pasos a desnivel por rotondas, lo cual representa posibles riesgos, de accidentes, especialmente de vehículos pesados, a los cuales se les dificulta maniobrar en las rotondas, según expertos en infraestructura y representantes de la comunidad, lo cual, afectaría flujo eficiente del tránsito, y a las comunidades limonenses y a quienes transiten la zona.
Esta petición se reitera en el oficio AEL-00254-2025 del 16 de junio, debido a que no se obtuvo respuesta por parte de la alcaldía de Limón, externando la preocupación por la seguridad y el bienestar de la comunidad limonense y del Caribe, ya que los congestionamientos ocasionados afectarían el flujo del comercio y el turismo de la zona, lo cual genera una gran preocupación, por lo que se hace un llamado a las autoridades a velar por los intereses de la comunidad.
La Sala Constitucional abrió una audiencia contra el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, debido al incumplimiento de una sentencia que ordenaba brindar información sobre la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32.
El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, en representación de las personas afectadas. Según la denuncia, el ministro no ha respondido de forma completa ni veraz, y persisten dudas sobre la legalidad de las bahías construidas por el CONAVI en puntos distintos a los autorizados, lo que representa un riesgo para las personas usuarias.
El expediente señala que tanto el MOPT como el CONAVI han dado respuestas contradictorias sobre la responsabilidad de estas obras, mientras que el Consejo de Transporte Público aseguró no haber participado en estudios sobre la ubicación de las paradas. La Sala ordenó al ministro explicar por qué no se han atendido las solicitudes de información realizadas desde abril de 2023.
El recurso también solicita que se trasladen las paradas a los sitios oficialmente autorizados: debajo del puente peatonal en La Unión, tanto en el sentido Limón-San José como en el sentido San José-Limón, para garantizar la seguridad vial y ciudadana.
La Sala Constitucional advirtió que, de comprobarse desobediencia, podría abrirse un procedimiento administrativo y penal contra el ministro, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El sábado 14 se trabajó con la comunidad El Progreso
Este sábado 14 de junio de 2025, la Comisión Encargada de presentar el proyecto a las comunidades del territorio Indígena Curré viajó a El Progreso de Cajón, una comunidad situada al sur de Cajón de Boruca, al otro lado del río Grande de Térraba.
Las actividades en esta comunidad se enfocaron en presentar el proyecto a las personas asistentes para que se empiece a conocer sus pormenores del contenido y se ajusten los detalles que los vecinos consideren necesarios.
Este reglamento lo que busca es otorgar a los pueblos indígenas la competencia sobre el aprovechamiento de los recursos forestales dentro de sus territorios, permitiendo el manejo sostenible de los bosques y la gestión de los permisos para la eliminación y aprovechamiento de árboles.
La consulta de este reglamento es un derecho de los pueblos indígenas y surge de la necesidad de regular el aprovechamiento forestal en sus territorios, reconociendo la importancia de los recursos forestales para estas comunidades y buscando un equilibrio entre su uso y la conservación.
Esta normativa forestal le daría facultad a las ADIs, para gestionar el aprovechamiento forestal en sus territorios, además del uso sostenible de sus recursos forestales, tales como la siembra de la misma especie o especies nativas, y el cumplimiento de condiciones técnicas para el aprovechamiento.
El reglamento busca armonizar la normativa forestal con los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su participación en la gestión de sus territorios.
El pasado sábado 07 de junio, la Comisión estuvo trabajando este tema con la comunidad de Las Vegas de Chánguena.
Este primer conversatorio de consulta realizado este sábado 14 de junio en la comunidad El Progreso de Cajón inició a las 8am y se extendió hasta la 1pm.
Este miércoles 18 de junio, el programa Voces y Política dedicará su transmisión a analizar un tema de creciente preocupación en las comunidades costeras: el nuevo intento de privatización de la Zona Marítimo-Terrestre.
El espacio contará con la participación de personas habitantes de zonas costeras y de la abogada Sofía Barquero, quienes expondrán sus valoraciones sobre el impacto social, ambiental y legal que podrían tener las propuestas actuales que buscan modificar el régimen de tenencia en áreas bajo protección pública.
La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) constituye un bien de uso público regulado por la Ley N.º 6043, y es considerada una franja de especial importancia ecológica y social. Diversas comunidades y organizaciones han manifestado su oposición a proyectos o iniciativas que, bajo el argumento de desarrollo económico o inversión extranjera, podrían abrir la puerta a un cambio estructural en el manejo de estos territorios, con implicaciones para el acceso, la permanencia y los derechos colectivos en las costas.
El programa, producido por el Semanario Universidad en colaboración con Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, ofrece un espacio para el análisis crítico de temas de interés público, desde las voces y experiencias de las comunidades.
En la pura llegada del cementerio indígena de Rey Curré Yímba, se ubica un entierro bastante particular, que resalta una especie de fosa circular sobre la superficie terrestre, rodeado de cantos rodados escogidos en el río Grande de Térraba.
Corresponde a la tumba de don Cristino Lázaro Rojas, un gran referente en la comunidad de Curré, defensor de los valores y las costumbres culturales indígenas.
Esta costumbre funeraria, de acuerdo con estudios arqueológicos en la zona, fue bastante común durante el período tardío o Chiriquí (comprende entre 800 y 1550 d.n.e.)
Estos tipos de enterramientos, quizás más complejos del cual se hace referencia en esta nota, sucedieron a lo largo de los ríos principales desde la zona de Pérez Zeledón hasta la planicie del Diquís, con aldeas importantes que se distanciaban entre 7 – 8 km el uno del otro.
En el caso de este enterramiento en Rey Curré, los familiares aprovecharon (al igual que desde la época precolombina), las abundantes piedras redondas que arrastra el río Grande de Térraba.
Son cantos rodados que adquieren esa forma redondeada debido al arrastre y erosión que genera la corriente del río.
Precisamente durante el período tardío, los arqueólogos referenciaron un cementerio precolombino en Curré/Yímba, en donde se distinguen dos promontorios elevados que se delimitaron con muros de piedras, sobre una extensión aproximada de 80 x 50 m.
El lugar está muy alterado, pero aún se pueden distinguir tumbas de cajón construidas con paredes y tapas de piedras de río.
En ellas se enterraron los individuos, y como se ha documentado en otros cementerios, se colocaron ofrendas de cerámica especial, objetos de piedra y ornamentos de oro o tumbaga (una aleación de oro y cobre).
Además, se colocaron pilares o piedras alargadas para señalar los promontorios.
Es interesante ver cómo aún en nuestros días, existen familias indígenas en la comunidad de Yímba Cájc que se resisten a perder definitivamente, esas costumbres funerarias que caracterizaron al período tardío.
Apoyo bibliográfico: Curré/Yímba: Su larga y profunda historia. MNCR, 2021.
Artículo de opinión elaborado por María Suárez Toro.
Escribana e INMAR Caribe.
No creo mucho en la Inteligencia Artificial (IA). Me parece que no tiene inteligencia propia, ni es tan artificial. Nos roba la información que ha nacido de la inteligencia humana – que de artificial no tiene nada. Y por más que muchas veces me cuestiono eso de sapiens porque hoy día nuestra especie está demasiado perdida en este planeta con graves consecuencias, es inteligencia que viene de nuestra naturaleza.
Pero debo reconocer que recientemente he vivido dos experiencias que me hacen pensar que muchas veces la IA nos roba inteligencia con más capacidad que muchos humanos y humanas.
El pasado 27 de abril el Centro Comunitario de Buceo (CCBEEM) anunció en su comunidad del distrito de Cahuita, que su proyecto de nueve años de investigación en ciencia ciudadana – bajo el nombre Expedición Galeones y Otras Embarcaciones – había logrado establecer científicamente la identidad de dos naufragios en el Parque Nacional Cahuita que aportan nuevos datos sobre la llegada de la población africana a Costa Rica.
Aunque para todo el mundo en Talamanca e internacionalmente ha estado claro que la juventud buceadora local del Centro ha sido la gestora y conductora de ese proyecto y que fue apoyada por la co gobernanza comunitaria y gubernamental, las organizaciones sociales de desarrollo como Profana y de tribalidades afro y bribri, la UCR sede Caribe y la UNED, la gerencia de empresas como el Tajo Chirripó y personas arqueólogas subacuáticas internacionales de muchos países, expedicionarias de NATGEO y especialistas en arqueomitología del Instituto Internacional de Arqueomitología, entrenadores, instructores PADI en buceo scuba en el país y en EUA de la YouthDiving With a Purpose (DWP) y muchos de ustedes que nos leen.
Las agencias de prensa en este acontecimiento
Pues van a creer que agencias de prensa como AFP (Agencia FrancePress) inmediatamente, la misma noche del anuncio, envió un cable donde le otorgaba todo el crédito del resultado a las personas arqueólogas danesas que vinieron al país invitadas por el CCBEEM para dirigir solamente la excavación necesaria para las pruebas finales.
Tanto el Museo Nacional de Dinamarca como el Museo Nacional de Costa Rica en sus respectivas páginas web también habían aislado el trabajo arqueológico subacuático de todo un proceso dentro del cual esa particular ciencia se enmarcaba, dándose el crédito del resultado.
Y para colmo, como era de esperarse, cuando nuestra prensa nacional no hace su propio trabajo sobre lo propio en Costa Rica. Ese lunes 28 de abril, demasiados medios de prensa nacionales reprodujeron el cable de AFP, ignorando todo lo que, desde Cahuita, su territorio de cobertura, había hecho y publicado ese domingo.
Los embajadores y embajadoras hablaron con las autoridades de AFP en Francia y aclaramos, pero no hicieron nada para rectificar, hablamos con los dos museos en mención y ambos rectificaron, hablamos con el Semanario Universidad e inmediatamente sacaron un super reportaje propio, otros medios que lo reprodujeron hicieron lo mismo y otros como La Teja y La Nación editan pautando citas para venir a hacer mejores reportajes in situ. Prensa local como Delfino, SURCOS y Voyager, entre otras, publicarán bien la noticia desde el inicio.
Pero el daño ya estaba hecho y ha costado mucho revertir el impacto de una noticia que bien ponderada, ubica que hay más de una noticia en esa noticia.
Primero el hecho de probar que dos barcos El Fredericus IV y El Christianus V naufragios pertenecen a una historia desconocida de tráfico de personas esclavizadas que aporta a la historia, ya que era una saga desconocida. Segundo, es un hallazgo liderado por una iniciativa comunitaria en arqueología comunitaria compuesta por jóvenes afro descendientes e indígenas y mestizos, por lo tanto, con relación directa a los legados en esa historia; por lo cual su narrativa cambia la historia comunicacional de los acontecimientos. Tercero, en el país no había experiencia en esta disciplina, por lo cual la primera es comunitaria que integra lo académico y no a la inversa, como las investigaciones prediales en el PNC.
Inteligencia del AI en esta Historia que Hace Historia
Ejemplo 1:
Pues resulta que anoche los embajadores y embajadoras del mar recibieron una interesante llamada telefónica de la señora Ida Cortés del grupo de mujeres “ACTUALIDADES”. En su mayoría compuesto por mujeres jubiladas en Costa Rica, se reúnen una vez por semana para compartir información del acontecer político en el mundo y el país.
Resulta que las noticias del ámbito político en el mundo son tan avasalladoras, que decidieron que temas de seguirles la pista, querían conocer experiencias que las inspiraran.
Así, encontraron a embajadores y embajadoras del mar, les contactaron y van a organizar una conferencia para finales de junio.
Pete Stephens y Maraya Jiménez le preguntaron a Ida Cortés cómo nos encontraron. “Pues van a creer que pusimos en Chat GPT lo siguiente: “Díganos de una experiencia en Costa Rica que nos permita animarnos y entusiasmarnos por conocer lo que hacen y Click, sale Chat GPT con su mensaje único: “Embajadores y Embajadoras del Mar en el Caribe de Costa Rica…”
Ida, hermana de Jorge Cortés del CIMAR, un tanto sorprendida para bien de lo que leía sobre el trabajo juvenil e infantil en el Caribe, lo llamó para saber si era cierto lo que el Chat GPT decía sobre el proyecto ya que parte era sobre la especialidad de su hermano: los corales. “Sí, hermana, hacen eso y mucho más, ¡los conozco!”
Ejemplo 2:
Maraya, curiosa por saber qué se decía, colocó lo siguiente y el AI de Google: “¿Qué es la arqueología subacuática comunitaria?”
AI en Google: «La arqueología subacuática comunitaria es un enfoque que busca involucrar a las comunidades locales en la investigación y conservación del patrimonio arqueológico sumergido. Implica trabajar de forma colaborativa con los habitantes de áreas costeras o rivereñas para descubrir, documentar y proteger los restos arqueológicos subacuáticos. Participación comunitaria: A diferencia de la arqueología subacuática tradicional, que suele ser conducida por arqueólogos profesionales, la arqueología subacuática comunitaria enfatiza la participación activa de los miembros de la comunidad en todas las etapas del proyecto.»
Y los ejemplos que presenta la IA son todos el CCBEEM
¿Está en lo correcto la IA sobre el Trabajo del Centro?
Durante nueve años, jóvenes afro descendientes, indígenas y cruzados del Caribe Sur lideraron un proceso inédito de ciencia ciudadana para revelar la identidad de dos naufragios localizados frente a Punta Cahuita, en el Parque Nacional Cahuita. El objetivo fue claro: reconstruir, desde el territorio, la verdad oculta bajo el mar mediante una combinación de saberes ancestrales y métodos científicos.
La Expedición Galeones y Otras Embarcaciones integró historia oral, documentación archivística y arqueología subacuática. Escuchando las voces de pescadores (as), investigamos archivos en Costa Rica, Dinamarca y España, realizamos inmersiones arqueológicas en los sitios “Los Ladrillos” y “Los Anclas y Cañones”, se aplicaron métodos avanzados de análisis material.
Los resultados son contundentes: los restos pertenecen a los pecios daneses esclavistas Fredericus IV y Christianus V, que llegaron a Cahuita el 2 de marzo de 1710 tras extraviarse en su ruta hacia la isla de St. Thomas. Un motín protagonizado por marineros y personas africanas cautivas desembocó en un hecho sin precedentes: el desembarco libre de más de 600 africanos y africanas.
Las pruebas arqueológicas incluyen ladrillos daneses identificados mediante susceptibilidad magnética y termoluminiscencia, pipas holandesas fechadas entre 1690 y 1710, y madera de roble analizada por dendrocronología que confirma su origen en el Báltico danés. A esto se suman mapas históricos, una manilla de esclavos documentada y fotogrametría subacuática.
Este proceso comunitario no sólo validó científicamente una historia de resistencia y libertad; también la narró con intencionalidad cultural, a través de calypsos, libros de cuentos, dibujos infantiles y performances.
Como dicen los y las protagonistas al cerrar el ciclo: “No somos historiadores, pero hacemos historia; no somos científicos profesionales, pero generamos conocimiento. Somos buzos recreativos, porque estamos recreando, con memoria, la narrativa de nuestro patrimonio sumergido.”
Hoy, con ciencia, conciencia y comunidad, el océano nos devuelve una verdad que les pertenece.
Nota: Usa la IA sin regalarle tu inteligencia natural.
El 6 de junio de 2025, un vecino de la comunidad de la Unión de Guápiles, Víctor Villalta Martell, junto con otros residentes, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra del Ministro de Obras Públicas y Transporte, Efraín Zeledón Leiva, debido a lo que consideran un falso testimonio respecto a la situación de las paradas de autobuses en la Ruta 32, Cantón de Pococí, provincia de Limón.
En su solicitud, los recurrentes señalan que las respuestas del Ministro y los funcionarios del CONAVI y CTP no han sido claras ni completas, y acusan omisiones que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de la comunidad. La principal controversia radica en la ubicación de las bahías de autobuses, las cuales, según los vecinos, fueron situadas en puntos no autorizados, generando un posible riesgo para los usuarios y un mal uso de los fondos públicos.
El recurso también destaca que el CONAVI es el único responsable de la ubicación y diseño de las paradas, según la documentación interna del Consejo de Transporte Público (CTP), que ha indicado que las bahías fueron gestionadas por el CONAVI y no por el CTP. Sin embargo, las autoridades del CTP indicaron que la ubicación de las paradas debía ser modificada por el CONAVI, lo que ha generado confusión sobre las responsabilidades entre ambas instituciones.
Los recurrentes solicitan que se ordene al ministro de Obras Públicas y Transporte que dé instrucciones al CONAVI para el traslado de las paradas de autobuses, de acuerdo con las coordenadas señaladas en las comunicaciones oficiales entre las entidades responsables.
En su recurso, Villalta Martell también exige que se valore la falta de respuesta del ministro ante las solicitudes previas realizadas, considerando que la omisión ha puesto en peligro la seguridad de los habitantes.
Imagen con fines ilustrativos: Seminario Universidad
