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ONU solicita continuar investigación y esclarecer homicidio de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

San José, 25 de setiembre de 2020 – El Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en marzo de 2019 en el Territorio Indígena de Salitre y evitar que este crimen quede en la impunidad.

La ONU destacó que Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos y tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables.

Naciones Unidas recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Michel Forst, en su momento Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Victoria Tauli Corpuz, en su momento Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley”.

La organización además ha hecho llamados a sus Estados miembros para seguir impulsando las acciones necesarias con el fin de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.

Naciones Unidas indicó adicionalmente que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los territorios indígenas de Térraba y Salitre en la zona sur del país. En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia.

La ONU reiteró su compromiso de continuar apoyando al país para impulsar el cumplimiento de los Derechos Humanos y asegurar el derecho colectivo de los pueblos indígenas a seguir libremente su desarrollo económico social y cultural, a determinar sus prioridades y establecer sus estrategias para lograr el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

Fuente: https://costarica.un.org/es/92701-onu-solicita-continuar-investigacion-y-esclarecer-homicidio-del-lider-indigena-sergio-rojas

Información compartida con SURCOS por SERPÄJ.

Sergio Rojas Ortiz y la confirmación del racismo y la negligencia

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Osvaldo Durán Castro (Sociólogo/Profesor ITCR-FECON)

El día del anuncio de la desestimación y archivo de la causa por asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan U ni wak, es tan nefasto e indignante como el propio 18 de marzo de 2019 cuando fue asesinado, y como el 24 de febrero de 2020 cuando Jerhy Rivera Rivera fue asesinado.

Esa decisión del Ministerio Público confirma el racismo en todas sus expresiones contra la gente indígena. Esa violencia es física, hasta los asesinatos, pasando por la negación de su existencia como culturas, el desconocimiento de sus derechos humanos como personas y como etnias, el no reconocimiento e incumplimiento de acuedos, leyes y convenios como la Ley indígena de 1977, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos internacionales. En fin: violencia material e inmaterial contra la cultura indígena desde hace siglos, que surgió y se reproducde en la institucionalidad del Estado y también por parte de empresas transnacionales y nacionales. Jerhy, Sergio, Antonio Saldaña y Pabru Presberu, entre muchos, han sido víctimas mortales de esa violencia, pero son apenas los casos más conocidos.

Esos asesinatos no son aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas. Costa Rica no escapa, si no que reafirma, la violencia del sistema económico contra los pueblos originarios, basada en la explotación de la gente y de los territorios indígenas en los cuales yacen muchas de las reservas de materias primas que los negocios persiguen. No por casualidad muchas de las luchas pasadas y actuales de los pueblos indígenass han sido y son contras explotaciones mineras, de petróleo, de monocultivos extensivos, de ganadería, de saqueo de madera, de “investigación prospectiva” de la biodiversidad, que no es más que bio-pirataería, contra represas hidreléctricas y un extenso listado de agresiones contra la Tierra, que para los pueblos indígenas no es una mercancía o cantera de materias primas por explotar.

Costa Rica no es excepcional, aunque se busque ocultar la violencia sistemática y estructural contra los pueblos indígenas. El Informe de Gloabl witness de julio 2020, “Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, inclye a Costa Rica por el asesinato de Segio Rojas, que fue una de las 212 personas asesinadas en el planeta por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas.

El informe señala que “En muchos países, el derecho de las personas a su tierra y a sus recursos naturales carece de protección, de documentación legal que lo respalde o de reconocimiento” (p. 35). Señala además que “Para abordar las causas estructurales, los gobiernos deberían: Resolver los reclamos pendientes sobre tenencia de tierras y asegurar formalmente, incluso a través de medios legales, el derecho a la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas” (p.36).

Lejos de resolver esos conflictos estructurales arrastrados por siglos, en Costa Rica la negligencia y la impunidad estimularán más usurpaciones. Habrá más violencia. Los pueblos indígenas han matenido una calma y silencio que los hacen héroes y heroínas de la no violencia, de la paciencia y de la humildad que los Gobiernos y usurpadores erróneamente han tachado de ignorancia y sumisión. Pero los ataques permanentes, las amenazas, el miedo infundido contra indígenas de todas las edades en sus propios territorios podrían empezar a tener respuestas contundentes de los pueblos originarios, hasta el punto en que la sangre que corra deje de ser sólo de indígenas. Y el Gobierno será el primer responsable. Si el mensaje de la institucionalidad es que la vida de Sergio no vale nada y si el Estado por medio del Ministerio Público aduce que «por la forma de vida en la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”, se desestima la causa, estamos la manifestación más absurda, negligente y odiosa. Eso es una burla en la cara de la familia de Sergio, una afrenta para cada persona indígena, para todos los pueblos indígenas y para cualquier persona honesta y cuerda de este país y del mundo. Ahora el país no sólo será “famoso” por los asesinatos contra los indígenas, si no también por la incompetenia de sus autoridades judiciales.

El Gobierno debe aceptar que la voluntad de alguno.as de sus funcionarios no es suficiente. Debe pedir mediación internacional especializada. Debe acudir ya mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eclarecer de manera urgente e imparcial este asesinato, y el Jerhy Rivera Rivera. El caso no debe archivarse así de fácil. La demanda y exigencia elemental es que se reabra de inmediato y se llegue a la justicia. El informe de Glonbal Witness señala: “COSTA RICA El 18 de marzo, Sergio Rojas Ortiz concurrió a la oficina del fiscal en la localidad de Yeri, en el suroeste de Costa Rica, para informar sobre las amenazas que había recibido. Esa misma noche lo asesinaron tiros en su casa” (p.15). Su asesinato confirmó que la vida de los indígenas no es de importancia para la institucionalidad de Costa Rica. No fue protegido. A nadie le importó. Pero ahora, el archivo de su caso reafirma un descomunal irrespeto por todos los pueblos indígenas.

Cada persona defensora de los derechos humanos y que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, debería iniciar actos de desobediencia civil, para demostrar que la vida de Sergio, la de Jerhy, y la de cualquier indígena es igual que la de cualquier otro ser humano. Desconocer la resolución del Ministerio Público es un acto de dignidad humana.

Economía social solidaria: alternativa productiva ante la crisis

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad, Equidad y derechos de la mujer, Madre Tierra, Sin categoría.

Leonardo Garita Alvarado / SURCOSDigital.com

Desde tiempo atrás es común escuchar entre los movimientos sociales y las comunidades el concepto de Economía Social Solidaria (ESS), esta es una forma organizativa que se basa en la autogestión, la participación y, claro, en la solidaridad. La ESS está ligada a las formas ancestrales de producción, gestión de los recursos y distribución de los beneficios; no es algo nuevo.

Según Yasy Morales Chacón, docente de la UCR, coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social, “la ESS corresponde prácticas socioeconómicas y políticas que están orientadas por valores y principios que motivan la convivencia, la participación democrática, la autogestión, la corresponsabilidad, la copropiedad de los proyectos auto gestionados, la solidaridad, la cooperación, el respeto, entre otros valores y principios».

Las iniciativas de la ESS responden a la necesidad nata de los seres humanos de agruparse para sobrevivir y en este caso para el desarrollo de procesos productivos, y de la comercialización de bienes o servicios. Así se busca el bienestar común antes de la acumulación de recursos, evitando la explotación ni del ser humano ni de la naturaleza.

La ESS es una alternativa política “contraria a los valores del individualismo y la competencia que corresponden al sistema capitalista en el que estamos inmersos e inmersas y desde el que se nos ha educado” indicó Morales.

Los intercambios solidarios como el trueque, el comercio justo sin intermediación, la interacción directa entre productores y consumidores, son algunas de las prácticas que engloba la ESS que, en el país, se desarrolla en sectores como las artes, cultura, producción agropecuaria, artesanía, turismo rural, servicios alimentación, alimentación y las finanzas solidarias.

Alternativa ante la crisis

Desde abril anterior y en marco de la afectación por la pandemia de la COVID19, desde la Mesa de Intercambio Solidario, espacio de confluencia de diferentes proyectos e instituciones ligadas a la ESS como lo son las Asociaciones de Desarrollo, Cooperativas, Asociaciones, Centros Agrícolas Cantonales, Sociedades Civiles, Asociaciones Solidaristas, Sindicatos, Fundaciones y ASADAS, se han planteado una serie de propuestas para hacerle frente a la crisis.

Con esto se busca “favorecer la producción agropecuaria nacional con políticas de estímulo”, “sostener y aumentar la inversión pública como una fuente de trabajo y de dinamización de la economía”, e “identificar las unidades productivas de la economía social solidaria, tanto del sector formal como del informal, que están siendo afectadas por la crisis; categorizarlas según el grado de afectación y elaborar un plan de acción (…) para responder en tres momentos: corto, mediano y largo plazo”, según se planteo desde el Consejo Consultivo ampliado de Economía Social Solidaria.

Dos iniciativas ante la pandemia de COVID19

Los sectores de la economía social solidaria son diversos, van de la comercialización de bienes, productos agrícolas, culturales y artísticos, hasta los servicios. Este es el caso de la iniciativa de la conformación de una cooperativa de mujeres taxistas que se encuentra en trámites, que busca visibilizar y articular la participación de las mujeres en el sector de transporte modalidad taxi.

“Nuestro proyecto lleva intrínseco el tema de género y todas las desventajas que esto genera, hemos recibido mucho apoyo institucional y es por eso que tenemos proyectado que en un plazo no menor de 2 meses estaremos completando el trámite de inscripción ante el INFOCOOP, institución que nos ha estado acompañando técnica y legalmente”, mencionó Leda Mora Morales, abogada y notaria pública, integrante de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, en representación del Sector Taxi

Grupo de mujeres taxistas en una de las mesas de trabajo para la formación de la cooperativa. Foto: Leda Mora Morales

Esta cooperativa busca enfocarse en la oportunidad de negocio de “brindar un servicio de transporte especializado para mujeres y grupos vulnerables como personas con discapacidad y personas mayores”, así como “apoyar en la transición hacia la renovación de la flotilla de taxis por una flotilla eléctrica, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Descarbonización y en mitigación de los efectos negativos del Cambio Climático con el uso de energías limpias y combustibles no contaminantes”, según se lee en los objetivos de la iniciativa.

Otro ejemplo productivo y de intercambio es la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia, es una idea que se viene gestando por la necesidad manifiesta de consumir productos amigables con el ambiente. Según indica Abelardo Builes Restrepo “Hasta el momento podríamos hablar de unas 11 o 12 fincas y hogares alrededor de unos 45 en lo que tengo conocimiento, pero va en aumento; la economía solidaria y hasta de trueque es una necesidad que aumentó con la pandemia”.

Reunión del comité central de la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia, sobre los alcances y las necesidades. Foto: Abelardo Builes Restrepo

Esta red se encuentra en conversaciones con el MAG la conformación de una asociación como economía de grupo, posiblemente bajo la figura de cooperativa según mencionó Builes, que en su caso aporta microorganismos para el control de insectos y enfermedades y también abonos orgánicos y a la vez el intercambio de conocimientos en producción orgánica.

Finca de producción orgánica Pinar del Río de la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia

Sin duda, la ESS propone y plantea una alternativa solidaria, desde las personas y las comunidades para hacerle frente a la crisis; solo es posible imaginar un futuro promisorio en el trabajo cooperativo, colaborativo, democrático y auto gestionado.

Imagen ilustrativa: Yasy Morales Chacón, Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social

Santa Juana, una comunidad incomunicada

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Roxana Flores Martínez *

Los vecinos de la Comunidad de Santa Juana tienen una semana de estar incomunicados debido a que las fuertes lluvias hicieron crecer al río Lagarto y sus corrientes lavaron los caminos de acceso hacia las comunidades de Lagartos, Orocú, Punta Morales y lugares aledaños como el Centro Educativo de Orocú y el centro de salud más cercano como lo es el EBAIS de Judas.

El río se salió de su cauce e inundó la comunidad de Santa Juana. Muchos vecinos vieron con impotencia cómo el río anduvo en sus casas sin poder hacer nada para evitarlo y tuvieron pérdidas materiales. El temor de que una nueva creciente arrase con sus cosechas otra vez es grande.

Un vecino, don Víctor Jiménez, dijo con lágrimas en sus ojos cómo sintió impotencia al ver una cabeza de agua arrastrar su ganado y vio desaparecer en la corriente una de sus vacas.

Estas personas humildes y sencillas, trabajadoras del campo, donde el medio de transporte más útil son las motocicletas, no pueden cruzar el río por sus caudalosas aguas y los niños corren el peligro de ser arrastrados si intentan cruzar.

Los pobladores se ven en la incertidumbre ya que no pueden caminar los 3 kilómetros a la parada de buses más cercana, pues el río se llevó los caminos y no cuentan con un puente para poder salir. La única salida es por el camino hacia Chomes que queda a 8 kilómetros de distancia, pero no les asegura su acceso a la salud, ya que para poder ir al centro de salud tendrían que trasladarse otros 12 kilómetros desde Chomes hasta Judas.

La zozobra que viven estas personas es mayor porque hasta el momento ni la CNE, ni la Municipalidad, ni ninguna entidad gubernamental se ha presentado a ver la difícil situación de estos seres humanos habitantes de un pueblo que parece que fue olvidado por todos y donde el tiempo se detuvo.

Orocú – Santa Juana
Punta Morales de Chomes
Puntarenas
19 – 09 – 2020

* Integrante de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas

FRENAPI: NO al desalojo ilegitimo en finca Kono Ju, en territorio de Chiná Kichá

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado de FRENAPI:

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
A 18 MESES DEL ASESINATO IMPUNE DE SERGIO ROJAS ORTIZ
¡No más discriminación ni olvido, no más etnocidio!

Este 18 de setiembre de 2020 se cumplieron 18 meses del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW). Este crimen se encuentra en total impunidad; sin sanción y sin reparación, reiteramos que, a la fecha, no hay “informes” de las autoridades administrativas ni judiciales sobre resultados y avances de la investigación sobre este asesinato. Las familias, las comunidades en Salitre y resto de los Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, Organismos Internacionales, junto a muchas personas fuera y dentro del país, exigimos, la reparación de los daños ocasionados por estos hechos violentos y continuamos esperando justicia pronta y efectiva.

La violencia sistemática contra los Pueblos Indígenas continua en aumento, en este 2020 y en el marco de la actual emergencia nacional producto de la pandemia por Covid- 19, se han juntando muchos hechos, de acciones repetidas y violentas tanto de particulares como del Estado/ Gobierno, Jueces y Fiscales, Funcionarios Municipales y de Instituciones Autónomas; actos de agresiones, verbales y físicas, compañeros/as macheteados/as, baleadas/os, amenazados de muerte, rociados/as de herbicida; quema de viviendas y cultivos, detenciones ilegales, amenazas de quitar menores (separando familias),en las Fincas Recuperadas, e incluso un hecho culminante de violencia, el asesinato del compañero, Brorán de Térraba Jerry Rivera, el 24 de febrero pasado.

Actualmente y de nuevo, el cuestionado Juez Agrario de Buenos Aires de Puntarenas Jean Carlo Céspedes (quien incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), viola las Resoluciones Judiciales, ordena «Medida Cautelar de Desalojo, voto 288 – F – 2020 ”, ratificada por el Tribunal Agrario, para las y los hermanos/as Cabécares de la Finca Recuperada Kono Ju del Territorio de China Kichá, ubicado en el Cantón (Municipio) de Pérez Zeledón al Sur oeste del país; dejando al empresario josefino, poseedor ilegitimo de la finca recuperada dentro del Territorio y sacando a las familias Cabécares, que por Ley no procede.

Esta acción, muestra la ignorancia a las Leyes Indígenas, Convenios de DDHH, y de otras Resoluciones Judiciales; («ignorancia» premeditada y maliciosa) por parte de estos operadores (as) de Justicia y la actitud del Estado Costarricense en una escalada de violencia «sistémica y sistemática» contra los Pueblos Indígenas.

Denunciamos la política estatal etnocida, el racismo de Estado en sus poderes judicial/Legislativo/Ejecutivo, por actuar parcializado a favor del interés de poseedores irregulares e ilegales en territorios indígenas posicionándose a favor de un fallo judicial grave y peligroso que implica un retroceso a los DDHH de los Pueblos Indígenas.

El Gobierno tiene la posibilidad de impedir el desalojo y aplicar acciones alternativas e “instrumentos” válidos para impedir ese ilegal e ilegítimo Desalojo Judicial del 28 de setiembre próximo:

  1. Puede usar la Ley Indígena, la cual es clara y la fortalecen resoluciones judiciales, estableciendo que los Territorios Indígenas, son exclusivos de las Comunidades indígenas y si algún NO indígena tiene y demuestra posesión de Buena Fe o «propiedad inscrita en el Registro el Estado/ Gobierno”, debe comprobando la legalidad de esa posesión o propiedad, iniciar negociaciones para indemnizar al NO indígena, nunca desalojar del Territorio a las y los indígenas, pues son los auténticos propietarios de las tierras.
  2. Usar la Ley de Manejo de Conflictos que establece que en cualquier tiempo las partes en un Conflicto o contienda incluso judicial, pueden negociar y llegar a Acuerdos Extra-Judiciales.
  3. El Decreto de Desalojos (utilizado por la Administración anterior del Presidente Luis Guillermo Solís y por la Vice Ministra Ana Gabriel Zúñiga que en lo que interesa, establece la obligatoriedad de una Resolución de la Comisión Interinstitucional para el conocimiento y manejo de Desalojos; en esa Comisión están los Ministerios de Seguridad, Vivienda, Salud, Presidencia, de la Mujer (el INAMU), el IMAS, el PANI, la CONAPAM, el INDER etc.; con el fin de atender la realidad (consecuencias) sociales, de salud- económicas y culturales que genera un acto de desalojo como este para las mujeres, niñez, mayores /as, personas en estado especial del territorio. Esa Comisión debe emitir un acuerdo y directrices específicos, para que opere el “desalojo”.
  4. La declaración de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (Asamblea General de la ONU 2012).

Reiteramos que, según legislación nacional e internacional, los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles, imprescriptibles e inembargables, de uso exclusivo de los Pueblos Indígenas que las habitan. Características y derechos que se derivan de instrumentos como la Ley Indígena N° 6172, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la misma Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Alertamos que el Gobierno PAC de la Alianza Nacional (de todos los grupos de poder y Partidos), del Presidente Carlos Alvarado, y su Gabinete, ha manejado un doble discurso en la agenda indígena pues manifiestan trabajar por el saneamiento territorial, sin embargo, los desalojos a no indígenas poseedores ilegítimos en otros territorios, han quedado paralizados producto de la pandemia y en este caso no se detiene este desalojo indígena, proveniente de una Resolución Judicial ilegitima.

El saneamiento territorial de invasores y usurpadores de las tierras es fundamental para que haya justicia por un derecho ancestral, abriendo una puerta a un proceso de movilización y levantamiento indígena nacional impensable que traerá peores situaciones y consecuencias que las ya vividas, de esta forma responsabilizamos al Estado/Gobierno y en especial al Poder Judicial de la escalada de violencia y un posible derramamiento de sangre que pueda resultar, ya que los/as hermanos /as de Kono Ju, han comunicado que los sacarán “muertos”, pero que no se dejarán, y un apoyo directo para los finqueros terratenientes y sus matones este 28 de setiembre como mensaje contundente que el Estado de Costa Rica, manda no solo en este territorio, sino a nivel nacional en todos los procesos de recuperaciones territoriales que se encuentran activos.

Los pueblos indígenas NO VAMOS A PERMITIR MÁS AGRESIONES NI MÁS ARREBATO DE NUESTRA TIERRA TERRITORIO.

¡SERGIO VIVE en esta lucha a muerte por la Vida de nuestros pueblos!

Estamos en unión con KONO JU, no nos detendrá nada, ni jueces vinculados a los usurpadores, ni Gobiernos ni Municipalidad negligente y complaciente con las injusticias y la impunidad en contra nuestra.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todas y todos! ¡Si tocan una Recuperación Tocan a Todas!

Ver infografía al final del texto.

INFORME PRELIMINAR 18a MISIÓN
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONOMÍA INDÍGENA

LA 18a. MISIÓN DEL ODHAIN hace entrega del siguiente Informe Preliminar a las autoridades oficiales y a la opinión pública, terminadas sus visitas al territorio Térraba, pueblo Borán, en Buenos Aires de Puntarenas (sur del país) y al territorio Maleku, en Guatuso de Alajuela (norte del país). La visita al sur se realizó los días 24, 25 y 26 de agosto del 2020 y la visita al norte se realizó el 26, 27 y 28 de agosto del 2020. La visita al sur fue compuesta por Ana Nicté Ana Nicté Castillo Delgado, por el Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR); Sussy González, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC); y Víctor Madrigal Sánchez, por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional. La visita al norte fue integrada por Suy Wong Ugalde, por el Centro Amigos para la Paz (CAP); Linford Patterson Regato, por la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos; y Luis Eduardo Delgado Hernández, por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC-CR).

La Misión se realizó a Solicitud del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y de familias recuperantes, ante el surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio que vienen a aumentar la tensión y que eventualmente podrían desembocar en hechos lamentables de pérdida de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

En esta oportunidad, la 18ava. Misión ODHAIN cumplió su objetivo mediante dos visitas a regiones diferentes con dos equipos de observadores en las que se hizo contacto con dos territorios indígenas en situación de conflicto y con diversas personas y autoridades relacionadas directa o indirectamente con 8 fincas recuperadas de presuntos usurpadores no indígenas en los que se han dado hechos violentos como amenazas de muerte y otros atropellos a los derechos humanos.

La 18ava. Misión logró registrar y documentar testimonios de agresiones físicas, amenazas de muerte, daños a la naturaleza mediante incendios provocados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras de ambos territorios. El informe final de la Misión contendrá detalles de la observación, así como conclusiones y recomendaciones.

Se recibieron testimonios en los que se acusa al Estado costarricense por su inacción, indolencia y descuido en la aplicación del Derecho Indígena en los territorios visitados de Térraba y Maleku. Las personas recuperantes Maleku justificaron su decisión de tomar sus tierras ancestrales indicando: “Estamos cansados de esperar a que el Estado cumpla la ley” (Comunicado de prensa). Se entrevistaron autoridades locales de los cantones de Buenos Aires y Guatuso, así como personas que sostienen las fincas recuperadas y poseedores no-indígenas que mantienen actividades comerciales en ambos Territorios.

En Térraba, a pesar de las Medidas Cautelares de la CIDH, a inicios del presente año se vivió un repunte de violencia que culminó con el asesinato del líder brörán Jerry Rivera, al cumplirse el año de otro asesinato, el de Sergio Rojas Ortíz, bribri, miembro de la coordinación y cofundador del FRENAPI.

Los conflictos por tierra se dan en el contexto de tres actores: los pueblos indígenas, los finqueros y el Estado y sus instituciones. Los pueblos originarios recurren a la legitimidad de su posesión ancestral primera en el tiempo, respaldada por la Ley Indígena 6172, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU del 2007 y demás legislación nacional e internacional. Los finqueros aseguran tener derechos de posesión adquiridos por la antigüedad de su llegada al territorio y que por eso les asiste el derecho de ser poseedores de buena fe. El Estado regula la aplicación de la ley y le corresponde velar por el estado de derecho sobre los principios de igualdad y no discriminación.

El escenario resultante es de territorios indígenas invadidos por no indígenas, y pueblos indígenas en lucha por recuperar sus territorios que -en su intento- son violentados en sus derechos ante un Estado que tiene un papel pasivo y que mantiene una deuda histórica con los derechos humanos de los primeros pobladores de Costa Rica.

La 18ava. Misión constata un ambiente de racismo, hostilidad e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras. En el Territorio Térraba existe presencia de una patrulla policial casi permanente lo que ha ayudado a disuadir provisionalmente la violencia. Por su parte, en Territorio Maleku se pudo constatar patrullaje constante de parte de la Fuerza Pública, lo que no impidió que se dieran algunos hechos antes y durante la visita de la 18a Misión del Observatorio.

Además, el ODHAIN, en su 18a Misión, hace constancia de conocer (post Misión) la situación de “Medida Cautelar de Desalojo” por parte del cuestionado juez agrario de Buenos Aires de Puntarenas, Jean Carlo Céspedes quien (incluso mantiene vínculos familiares con finqueros no indígenas de la zona), en contra de las y los compañeros recuperantes Cabécares del territorio de China Kichá (Tierra de Tepezcuintles) en la finca Kono Ju. Esto, pese a que existen medidas para desalojar a finqueros poseedores ilegítimos en otros territorios. Esta vez, se verán afectados los indígenas recuperantes y en el marco de una emergencia nacional como lo es la pandemia producto del virus Covid- 19, con el posible desalojo de este 28 de setiembre de 2020.

La Misión ODHAIN hace un llamado al diálogo de las partes involucradas, a la paz y a la no violencia. Urgimos al Estado costarricense a aplicar Ley indígena sin dilaciones, a acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en los conflictos señalados.

Por último, el ODHAIN hace una alerta al Estado y sus instituciones para prevenir de forma oportuna la violencia antes de que tengamos que lamentar situaciones dolorosas.

El Estado – gobierno del bicentenario, está a tiempo para contener y disuadir la violencia que se mantiene en los territorios de lo contrario los conflictos irán en aumento, así como la desconfianza en la función del Estado de ser garante de los derechos humanos.

Estamos convencidos de que la prevención es la solución y de que la justicia es el camino de una PAZ EFECTIVA.

San José, 18 de setiembre de 2020.
18ª. Misión ODHAIN.
Equipo Norte
Equipo Sur

Le invitamos a ver la infografía compartida por FRENAPI:

Comunidades costeras se preparan ante tsunamis

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

El Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del IDESPO, el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) del Departamento de Física de la Universidad Nacional, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y Editorial Letra MAYA realizaron el día de hoy la presentación virtual del: Manual de formación en gestión comunitaria del riesgo por tsunami.

Participantes:

  • Silvia Rojas, coordinadora del PIC-IDESPO
  • Silvia Chacón, coordinadora del SINAMOT
  • Isis Orozco, coordinadora Nacional en Costa Rica del Programa Regional sobre Migración: Mesoamérica-Caribe
  • Nelly López, directora del IDESPO

Comentarista: Christa von Hillebrandt-Andrade, directora Programa de Tsunamis del Caribe (CTWP) de la NOAA, Puerto Rico

Moderadora: Lindsay Ryan Valerio.

El Manual de formación en gestión comunitaria del riesgo por tsunami es una guía para que las personas en las comunidades costeras puedan impulsar acciones colectivas que contribuyan a disminuir el grado de afectación al que se pueden ver expuestas frente a una amenaza natural de esta índole.

Es un instrumento pedagógico para transmitir información científica relacionada con este tipo de fenómenos naturales, que contiene módulos de capacitación acerca de aspectos relativos a la prevención, respuesta y atención de efectos integrales frente a un tsunami.

La presentación de este manual forma parte del compromiso de las instituciones participantes con las comunidades costeras ante cualquier amenaza por tsunami.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

Observando los primeros cien días … Cantón Central de Cartago

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Observatorio Ciudadano Municipal

Durante los primeros cien días del Gobierno Local del Cantón Central de Cartago, no podemos dejar de lado que alfabetizar la ciudadanía, en temas medulares propios del quehacer municipal a nivel nacional, es de verdadera importancia lo que nos brindará las herramientas para lograr nuestro objetivo: el análisis de la gestión municipal para lograr la transparencia y la probidad. Debemos empezar por entender la naturaleza y la sustancialidad de los gobiernos locales, o sea, ¿qué es el gobierno local?, mediante su normativa expuesta en el Código Municipal hasta leyes complementarias como la Ley General de Control Interno, la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, La Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, La ley 8839 Residuos Sólidos y por supuesto la Ley Anticorrupción.

Nuestros representantes deben demostrar la capacidad y preparación para el análisis y la toma decisiones, cada voto negativo o positivo debe acompañarse del análisis correspondiente, su justificación y argumentación. Las grandes políticas, los grandes derroteros, los grandes desafíos para sacar nuestro cantón adelante deben demostrarse que existen. Que haya claridad en los roles de un órgano deliberativo que analiza, evalúa y tomo decisiones en pro del desarrollo del Cantón y direcciona de forma correcta el accionar del rol ejecutivo y administrativo. Aquí no deben dejarse de lado los principios de gobierno corporativo, trabajando en ese desarrollo social, político y económico del Cantón dejando a un lado intereses que distancian la labor transparente. Hoy más que nunca y debido a la grave situación que enfrenta el país la cohesión del Consejo Municipal, en el análisis claro, con conocimiento y argumento, será de vital importancia en la toma de decisiones.

Todo lo anterior no será posible si el ciudadano no dimensiona la responsabilidad que se le encomienda en los Artículos 9 y 11 de la Constitución Política de Costa Rica. Donde el ciudadano entiende la responsabilidad de incidir en la toma de decisiones que oriente el uso correcto de la institucionalidad en pro de sus necesidades. Una ciudadanía proactiva y propositiva de sus necesidades, que entienda el quehacer de los representantes que ha elegido para la administración e inversión de sus recursos y que de igual forma formula el proceso de rendición de cuentas para corroborar el impacto y el buen uso de esos recursos. La transparencia en la gestión será el punto de observancia, la ignorancia no nos convertirá en cómplices de lo incorrecto y las malas prácticas que han tratado de formar parte de la cultura institucional.

Areneros artesanales de Tempisque bajo amenaza de desplazamiento

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Madre Tierra.

  • Denuncian concesión para extracción mecanizada de gran magnitud

  • Geología y Minas no les renovaría sus concesiones

FECON. La Asociación de Areneros Artesanales del Valle del Tempisque ha denunciado el martes el otorgamiento de una concesión a la empresa Agregados de Filadelfia S.A. El sitio de extracción se accede por la calle que comunica a Filadelfia con el Ingenio del Viejo.

Dunia López, presidenta de Areneros, expresa que la Dirección de Geología y Minas, representada por Junior Ramos en su condición de geólogo coordinador de la Regional Chorotega, les quiere aniquilar dando esta concesión de gran magnitud en río Tempisque, que ya ha estado ambientalmente en cuidados intensivos.

López cuenta que la organización empezó cuando la arena no tenía el valor que le dan hoy las mega construcciones, que estarían detrás del boom extractivo mecanizado. Fue resultado de formalizar una actividad que tiene 100 años de existir, desde nuestros abuelos, areneros del Tempisque.

Sin embargo, cada vez se han venido desplazando, dándose concesiones a personas físicas y jurídicas, con especial acento en la concesión aprobada en mayo a la empresa de Filadelfia, justo en medio de donde la Asociación de Areneros Artesanales tiene sus dos tramos con derecho de extracción desde el año 2001.

Vale señalar que, para la actividad artesanal, constan dos concesiones, Una con derecho para extraer 10 metros cúbicos (m3) diarios de arena (equivalen a 300 mensuales) y otra para 2000 m3 anuales (equivalen a 5.5 diarios). Mientras que la concesión mecanizada de Agregados de Filadelfia S.A. está recibiendo más de 10 mil m3 mensuales (130 mil anuales).

En resumen, a la Sociedad Anónima con sus pocos beneficiarios se le está permitiendo extraer 30 veces más arena que a la Asociación, de la que dependen más de 100 familias, según indicó su presidenta Dunia López. Esto se agrava aún más al conocerse extraoficialmente que podrían no renovarse las concesiones a los artesanales, desconociendo y menospreciando su fuente de trabajo histórica.

Con esta situación, se expone una vez más la visión preferencial de la Dirección de Geología y Minas hacia la gran empresa por sobre el trabajo organizado de las comunidades locales, y el favorecimiento al extractivismo a gran escala por sobre prácticas que pueden convivir con el ambiente y distribuir beneficios, contrario al acaparamiento que practican las personas físicas y jurídicas con gran capital. 

La Federación Ecologista (FECON) rechaza la complicidad de las instituciones como Geología y Minas con el crecimiento de las desigualdades socioeconómicas que sufre el país. Denunciamos el menosprecio ambiental hacia el río Tempisque por parte de las instituciones ambientales del Estado en general, y hacemos un llamado a apoyar a las personas que denuncian esta nueva injusticia ambiental.

Sala Constitucional rechaza pretensión contra pueblo de Térraba

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.

Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.

Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.

Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.

El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.

Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.

La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.

La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.

La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.

Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.

Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.

Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.

El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.

Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.

La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.

La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.

Información enviada a SURCOS por Pablo Sibar.

Cuarto día de la Caravana vehicular de relevos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad, Coyuntura.

Del 7 al 11 y 15 de setiembre a partir de las 7 a.m. varias organizaciones del movimiento sindical y social invitan a unirse a la “Caravana vehicular de relevos” por la defensa de nuestro país.

Esta iniciativa busca ser un medio para acercarse a la gente que más está sufriendo la crisis en este país desde hace ya bastante rato: campesinos y campesinas, mujeres trabajadoras, y jefas de hogar, trabajadores informales, pequeños y medianos comerciantes, en fin, trabajadores y trabajadoras del sector privado y público.

“La patria no se vende. La patria se defiende”

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