Óscar Leiva Alpízar es también Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO y Licenciado en Turismo. Participa activamente en la Comisión de Alianza Comunal (CAC) del Corredor Biológico Paso de La Danta (CBPD), en el Pacífico sur costarricense.
La investigación revela que entre el 70 % y 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas, obtenida a partir de la revisión de 2.240 fincas, en su mayoría inscritas a nombre de sociedades anónimas.
Ojochal se encuentra entre el océano Pacífico y la Fila Costeña del sector Dominical–Palmar Norte. En las últimas semanas, ha quedado en evidencia una creciente problemática socioambiental que afecta esta zona y que impacta directamente al Corredor Biológico Paso La Danta, del cual la comunidad también forma parte.
Históricamente Ojochal fue un poblado rural con vocación agrícola y ganadera. Sin embargo, desde la década de 1990, ha vivido un proceso de acelerada transformación territorial impulsado por inversión extranjera, compraventa masiva de tierras y el desarrollo de proyectos inmobiliarios enfocados en el turismo residencial de lujo.
Este fenómeno, conocido como turistificación, ha configurado un territorio apropiado, planificado, construido y habitado en función del turismo, transformando profundamente el uso del suelo y la estructura social de la comunidad.
Las antiguas fincas ganaderas han sido reemplazadas por residencias exclusivas con vistas al mar. Muchas familias locales han sido desplazadas o se han visto forzadas a integrarse como mano de obra en el nuevo modelo económico. Entre 1990 y 2024 se registraron más de 3.000 transacciones inmobiliarias; un 68 % de ellas corresponde a propiedades vendidas entre 250 mil y 750 mil dólares, lo cual ha elevado significativamente el valor del suelo y ha dificultado el acceso a la tierra y a la vivienda para los habitantes tradicionales.
Además, el estudio muestra a partir de una encuesta aplicada en el distrito de Bahía Ballena y Ojochal que el precio promedio de los alquileres ha aumentado un 49 %, principalmente con el auge constructivo y turístico de la postpandemia, lo que ha generado una presión económica creciente sobre las familias residentes. Algunas han tenido que abandonar la comunidad debido al alza en el costo de vida. “Es una turistificación que también se vive como desplazamiento por la segregación social que genera la actividad, además de la exclusión que genera que ciertas zonas que resultaban ser fincas agrícolas hoy son condominios cerrados y vigilados”, advierte Leiva.
Apoyado en conceptos como la producción social del espacio y la gentrificación rural, el estudio define a Ojochal como una “frontera en movimiento”, que ha pasado de ser una frontera agrícola a una frontera turística, reconfigurando el territorio para responder a las necesidades de una élite extranjera y desplazando de forma silenciosa a la población local.
Este proceso no es aislado. Ojochal forma parte del proyecto turístico Costa Ballena, que incluye comunidades como Dominical, Uvita y Ojochal bajo una misma marca territorial, promovida como un «paraíso interconectado» que resalta la biodiversidad y la conservación. Sin embargo, esta narrativa estética ha servido para legitimar un modelo extractivo de apropiación territorial bajo el disfraz de sostenibilidad.
La investigación también señala la ambivalencia del Estado: muchas veces ausente en la regulación y planificación, como la construcción de un aeropuerto internacional en la zona, iniciativas que podrían agravar aún más la presión sobre los ecosistemas y las comunidades.
No obstante, también hay resistencia. Algunas familias han encontrado formas de adaptación y organización comunitaria para preservar la identidad del lugar y su tejido social.
“Hoy Ojochal enfrenta un dilema: cómo convivir con el crecimiento turístico sin perder su esencia ni desplazar a quienes históricamente han habitado el territorio”, concluye Leiva. “No se trata solo de transformar el paisaje, sino también las formas de vida, los vínculos sociales y el sentido del lugar”.
El investigador recuerda que en los años 60, la expansión de la frontera agrícola motivó la creación de leyes para proteger el mundo rural. Hoy, la expansión de la frontera turística demanda un nuevo marco legal que regule el desarrollo, distribuya equitativamente sus beneficios y mitigue sus impactos sociales y ambientales.
“El llamado es claro: así como en su momento se aprobó la Ley de Tierras y Colonización, Costa Rica necesita hoy legislación específica para gestionar de manera justa y sostenible el auge turístico, resguardando tanto la biodiversidad como los derechos de las comunidades locales”, enfatiza Leiva.
Finalmente, el proceso de investigación enfrentó importantes obstáculos. Leiva debió presentar un recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa para poder acceder a la información pública necesaria. Además, muchas personas entrevistadas prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, lo que refleja las tensiones que rodean este fenómeno.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Vecinos de Sabana Sur han reportado el avance de un deslizamiento activo en la ladera ubicada detrás de un conjunto de viviendas, en una zona de alta pendiente. Reportan un socavamiento del terreno por debajo de algunas tapias, así como desprendimiento de tierra y agrietamientos estructurales visibles, lo cual genera un riesgo progresivo para al menos una veintena de viviendas.
La comunidad señala que el primer reporte al sistema 911 se realizó el jueves 29 de mayo a las 11:45 a.m., bajo el número de incidente 2025-05-29-01293, atendido por un funcionario de apellido Cerdas.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tramitó la alerta al Comité Municipal de Emergencias de San José, que realizó una inspección preliminar, pero limitada a un sector, sin abarcar la totalidad de la zona en riesgo.
En el informe emitido por la Municipalidad de San José se atribuyó la responsabilidad del problema a los vecinos, sin una evaluación técnica completa que contemple el origen estructural del talud ni las condiciones previas de la urbanización.
Un segundo reporte se realizó el lunes 9 de junio a las 7:44 a.m. (incidente 2025-06-09-00635), tras agravarse la situación.
Tras gestiones ciudadanas, la CNE ha confirmado una visita técnica para el miércoles 12 de junio a las 8:20 a.m.
El jueves 22 de mayo, se entregó una carta formal a la Alcaldía de San José solicitando atención urgente, la cual no ha sido respondida a la fecha.
Se registran antecedentes desde 2019, cuando un proyecto urbanístico cercano provocó afectaciones al talud, incluyendo la remoción de estructuras de contención preexistentes.
Según testimonios vecinales y fotografías, desde entonces se ha observado un deterioro progresivo en la estabilidad del terreno, sin intervenciones institucionales sostenidas.
La falta de canalización adecuada de aguas pluviales en la vía pública y la acumulación de eventos extremos producto del cambio climático han agravado la situación. Existe temor fundado de que el colapso de una tapia o vivienda pueda desencadenar efectos en cadena sobre estructuras vecinas, dada la cercanía y disposición escalonada de las casas sobre el talud.
Por ello, los vecinos:
– Solicitan la presencia inmediata de personal técnico de la Municipalidad que realice una evaluación integral de la zona.
– Agradecen a la Comisión Nacional de Emergencias su pronta respuesta y piden coordinación interinstitucional efectiva.
– Hacen un llamado a los medios de comunicación para visibilizar esta emergencia, documentar la evolución de los daños y contribuir a una solución institucional sostenible.
Este miércoles 11 de junio, el programa Voces y Política abordará el tema “Turistificación en Ojochal de Osa: ¿Qué está en juego?”, con la participación de Oscar Leiva Alpízar, especialista en turismo, desarrollo sostenible y desarrollo territorial rural.
Entre 1990 y 2024, la expansión del turismo ha transformado profundamente esta zona rural costera. La investigación de Leiva documenta cómo la turistificación en la Fila Costeña ha modificado los usos del suelo y alterado la vida comunitaria.
El programa invita a reflexionar colectivamente sobre estas tensiones: ¿se está provocando la gentrificación rural, desplazando a poblaciones locales? ¿Estamos ante una frontera en movimiento que excluye más de lo que integra?
La audiencia puede participar a través de las redes sociales o mediante llamada telefónica al 2234-3233.
Miércoles a las 5:00 p.m., en Radio Universidad 96.7 FM. Transmisión en vivo a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr
Como parte de los monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, se documenta el caso de la tala “legal” de un humedal que terminó convertido en un parqueo, proceso que ha seguido desde 2020.
Frente al conocido bar de Puerto Viejo, en plena Zona Marítimo Terrestre (ZMT), se ha venido consolidando en los últimos años una transformación acelerada del territorio que pone en jaque los humedales costeros y los ecosistemas que sostienen la vida en esta región del Caribe sur.
Un conjunto de imágenes tomadas entre 2020 y 2025 dan cuenta de un proceso silencioso pero sistemático: primero la tala “legal” de árboles, luego el relleno progresivo del humedal, seguido del aplanamiento del terreno y finalmente, la consolidación de un parqueo para clientes de un local comercial ubicado directamente en la franja costera. Las imágenes muestran desde la presencia de maquinaria pesada (bajop y vagonetas), hasta árboles cortados en rebanadas y el suelo nivelado.
Aunque existía un permiso de tala, este estaba limitado al corte de seis árboles, autorizado mediante el oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020. El documento justifica la tala argumentando “eminente peligro para la infraestructura de viviendas vecinas” y señala que los árboles presentaban “estado senil” con “huecos en la base de sus fustes”.
Sin embargo, el permiso no autoriza relleno de humedal ni transformación del terreno para uso comercial o parqueo. Lo que ha ocurrido después muestra un uso desmedido de la legalidad para fines distintos a los justificados inicialmente. Lo que empezó como una medida preventiva se convirtió en una excusa para avanzar sobre un espacio que debería estar protegido.
El último acto visible de esta cadena de transformaciones ha sido la renovación total del bar, una estructura que no solo se encuentra en plena ZMT, sino que fue recientemente “clausurada”, aparentemente por autoridades competentes. A pesar del sello, testigos han reportado que el local continúa funcionando con normalidad, especialmente durante las noches y fines de semana.
En el frente del local, sacos con arena fueron colocados para contener el avance del mar, lo cual evidencia que el bar se encuentra tan cerca de la playa que el oleaje toca su infraestructura. La intervención ha sido ejecutada sin transparencia y sin consultas públicas visibles, y ha generado serias dudas entre personas de la comunidad sobre la legalidad de las obras.
¿Cómo comenzó todo? Permiso firmado, árboles sanos: lo que revela una inspección ciudadana
El caso de transformación del humedal en Puerto Viejo no es aislado ni reciente. Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado con rigurosidad este proceso desde 2020, también ha vivido en carne propia cómo la legalidad ambiental se invoca como coartada, incluso cuando la realidad visible contradice el papel firmado. Su testimonio sobre un evento de tala en zona aledaña al humedal ilustra con claridad el problema estructural.
“Era una tabla de seis árboles. Las personas contratadas empezaron a talar, con un permiso debidamente firmado por un ingeniero forestal”, relata Philippe. Cuando vecinos alertaron y llamaron a la policía, esta llegó al sitio, pero se declaró sin capacidad de intervenir debido al permiso presentado. “Lo entiendo, porque la policía no es experta en este tema y todavía confían en lo que dicen los ingenieros forestales. Si ven un documento firmado que dice que los árboles tienen huecos o están enfermos, lo dan por válido. Pero resulta que, cuando grabamos, todos los árboles estaban completamente sanos”.
Ante la inacción policial, Philippe avisó a la Fiscalía Ambiental. Esta le indicó que ya habían enviado una patrulla, pero él permaneció en el lugar sin que nadie llegara. “Llamé de nuevo a la fiscalía y les dije: ‘Aquí estoy, esperando’. Se sorprendieron porque, según ellos, la policía ya había llegado. El fiscal colgó, y menos de diez minutos después llegó la patrulla”.
Uno de los oficiales bajó de la patrulla con la cabeza agachada, como avergonzado. “Dijo: ‘Pero si nosotros ya vinimos. Ellos tienen permiso. ¿Usted no es Felipe?’ Le respondí que sí, que yo había avisado que iba a estar ahí esperando”. Philippe ingresó entonces al terreno acompañado por un oficial. “Encontramos a los trabajadores en el último árbol”.
La intervención policial logró paralizar la tala justo a tiempo. “Incluso el encargado dijo: ‘Déjenos terminar, solo falta un árbol’. Para él era solo un trabajo más. Así lo ven todos los madereros: talar seis árboles es como hacer un caminito”.
Días después, funcionarios del SINAC constataron lo que Philippe había advertido desde el inicio: “Ninguno de los árboles tenía huecos ni enfermedades. Todos estaban al 100%. Y ahí empezó la bronca”.
Philippe ha señalado públicamente la responsabilidad ética de ciertos ingenieros forestales que —según su testimonio— firman permisos sin verificar adecuadamente las condiciones del sitio. Menciona que el profesional responsable de este permiso también aparece en otros casos similares, como en Gandoca-Manzanillo (caso conocido por la prensa). “Está dando permisos por todo lado. Y así es como están pagando por permisos cuestionables en todas partes”.
Este relato también pone en evidencia una falla común en las instituciones: la aceptación automática de permisos sin verificación en campo. “Por ejemplo, en el caso de la bomba de la planta de tratamiento de aguas negras, que se encuentra a la par de este territorio, ni siquiera visitaron el sitio. Solo abrieron la computadora, vieron que estaba fuera de un humedal inscrito y ya. Pero en realidad, era un humedal”.
La negligencia institucional no es menor. “La misma persona del MINAE me llamó para decirme: ‘No, Felipe, tranquilo, esta gente tiene permiso’. Pero no era cierto”. Esta confianza ciega en documentos, combinada con la interpretación limitada de las leyes, permite que los daños avancen con aparente legitimidad. “Tienen esa idea errónea de que solo los humedales inscritos están protegidos. Y no es así. La ley dice que todos los humedales en Costa Rica están protegidos, inscritos o no. Costa Rica firmó el convenio Ramsar y está obligada a protegerlos”.
De árboles seniles a parqueos turísticos: la trampa del permiso de tala
Uno de los elementos más preocupantes de este caso es la forma en que un permiso técnico —otorgado con el argumento de prevenir una amenaza— termina habilitando una transformación profunda del ecosistema para fines totalmente distintos a los autorizados.
El oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020, autorizaba la tala de seis árboles debido a un presunto “eminente peligro para infraestructura vecina” y por el “estado senil” de los árboles. En ningún momento se autoriza la alteración del terreno, relleno del humedal ni la construcción o renovación de infraestructura comercial.
Y, sin embargo, lo que siguió fue:
Tala de los árboles, pero con maquinaria y logística que evidencian planificación para otras intervenciones.
Relleno con material de acarreo, nivelación del suelo y disposición para parqueo vehicular.
Evidencia de sacos con arena frente a una estructura del bar, en pleno dominio público.
Y, finalmente, la continua operación de un espacio comercial con infraestructura renovada, a pesar de aparentes sellos de clausura.
Esta secuencia muestra una clara disociación entre el acto autorizado y el uso final, una estrategia que ya ha sido señalada en otros casos donde los permisos de tala, desmonte o remodelación funcionan como puertas de entrada para proyectos turísticos o inmobiliarios encubiertos.
Más allá de la irregularidad puntual, esto evidencia una falla estructural en la vigilancia ambiental y en la coherencia entre la legalidad técnica y la defensa de los bienes comunes. Un árbol talado no es solo un riesgo eliminado, sino el punto de partida de una cadena de hechos que termina por desplazar la vida y la memoria del lugar.
20242023
¿Qué está en juego aquí?
Lo que ocurre frente a este bar no es un caso aislado, sino una manifestación local de un patrón más amplio: la conversión paulatina de territorios ecológica y culturalmente valiosos en zonas comerciales para el turismo masivo, en detrimento de las personas que históricamente han habitado y cuidado estos lugares.
Cuando se tala un humedal, se rellena un manglar o se urbaniza una playa, no solo se destruye un ecosistema: se desplaza a comunidades locales, se encarecen los precios del suelo, se restringe el acceso a bienes comunes y se modifican las formas de vida. En el Caribe sur costarricense, esto se traduce en:
Incremento del valor de la tierra, lo que presiona a familias locales a vender o abandonar sus terrenos ante la imposibilidad de sostener los costos de vida.
Desplazamiento indirecto, donde las personas ya no pueden alquilar, acceder a servicios o mantener negocios locales frente al avance de un modelo turístico extractivo.
Privatización del espacio público, como lo muestran casos donde zonas de playa —que por ley deben ser de libre acceso— terminan ocupadas por bares, parqueos o estructuras “renovadas” que benefician a inversores externos.
Transformación cultural acelerada, que borra las prácticas comunitarias, el uso tradicional del territorio y el conocimiento ecológico local.
Debilitamiento del tejido social, cuando se rompe el sentido de pertenencia a un territorio por la imposición de lógicas de consumo y ganancia rápida.
Todo esto ocurre bajo un discurso de “desarrollo” que en realidad beneficia a unos pocos y deteriora el derecho colectivo a habitar y cuidar el territorio. La legalidad, si no se articula con una visión ecosistémica y social, se convierte en un instrumento ciego que normaliza el despojo a través de papeles, sellos y tecnicismos.
Humedales intervenidos, ecosistemas colapsados
La alteración de un humedal costero —como la tala de árboles, el relleno con materiales de acarreo y la posterior construcción de infraestructura— implica una ruptura profunda en el funcionamiento ecológico del territorio. Estos ecosistemas, que en apariencia pueden parecer terrenos “inútiles” o “encharcados”, son en realidad zonas clave para la salud del litoral y el equilibrio climático.
Entre las funciones ecológicas que cumplen los humedales están:
Filtración de contaminantes: actúan como esponjas naturales que limpian el agua antes de que llegue al mar.
Regulación hídrica: amortiguan inundaciones, absorben el exceso de agua durante lluvias fuertes y recargan acuíferos.
Hábitat de biodiversidad: son refugio para aves, anfibios, insectos, reptiles y muchas especies en peligro, algunas endémicas del Caribe costarricense.
Captura de carbono: su vegetación y suelos almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.
Conectividad ecológica: forman corredores entre ecosistemas costeros, marinos y terrestres, facilitando el flujo de especies y nutrientes.
Cuando un humedal es rellenado con tierra o arena, estas funciones colapsan. El agua deja de circular, los suelos se compactan, la vegetación nativa muere, y con ello desaparecen los servicios ecosistémicos que el humedal ofrecía. En este caso específico, el uso del espacio como parqueo para un bar frente al mar, además de romper el ciclo natural del agua, aumenta la contaminación local, eleva las temperaturas del suelo y reduce la capacidad del ecosistema para adaptarse al cambio climático.
La instalación o renovación de infraestructura dentro o adyacente a humedales interrumpe también los ritmos naturales del mar, agrava la erosión costera y muchas veces exige intervenciones artificiales (como sacos de arena o muros de contención) que, lejos de resolver los problemas, los trasladan hacia otras áreas del litoral.
Además, al construir sobre un humedal se produce un encubrimiento simbólico: se borra su identidad ecológica y cultural, y se reemplaza por una lógica de uso “productivo” que invisibiliza el valor del ecosistema vivo. En el imaginario urbano-turístico, el humedal se transforma en “terreno disponible”, y lo que antes era un espacio biodiverso pasa a ser visto como un obstáculo al “desarrollo”.
Este tipo de intervención, cuando se repite a lo largo del litoral, fragmenta los ecosistemas costeros, genera islas ecológicas desconectadas y deja a muchas especies sin posibilidad de desplazamiento ni reproducción. A largo plazo, esto compromete la resiliencia de todo el paisaje costero, y agrava los efectos de fenómenos climáticos extremos.
En definitiva, cada metro de humedal rellenado no es solo una pérdida local, es una fractura en la relación entre las comunidades y la vida que sostiene sus territorios.
La Asociación de Promoción Humana Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, con el apoyo de la Municipalidad de Oreamuno realizó una invitación para la conmemoración del 73 aniversario desde el fallecimiento del benemérito de la patria. La actividad se programó para este lunes 9 de junio en la parroquia de San Rafael Arcángel, de dicho cantón.
La actividad conmemorativa se enmarca en recordar la memoria de Monseñor Sanabria. El evento inició con una Eucaristía, remarcando el componente espiritual y de fe que siempre caracterizo la figura del Monseñor, y que sitúa la ceremonia en un contexto de profunda devoción y respeto. Posteriormente, se realizó un desfile hacia la tumba del Monseñor, simbolizando el recorrido de memoria y homenaje hacia quien fue considerado un benemérito de la patria, subrayando el valor patrimonial de su legado.
Entre las organizaciones que se unieron para realizar este homenaje se encuentra la Municipalidad de Oreamuno, la parroquia de San Rafael Arcángel, diversas instituciones educativas y la propia Asociación, lo que refuerza el carácter colaborativo y comunitario del evento.
Cada año, el Día Mundial de los Océanos recuerda la importancia de proteger los ecosistemas marinos y reducir la contaminación que amenaza la vida en el agua. La organización Embajadores y Embajadoras del Mar, lidera una iniciativa haciendo un llamado general a apoyar la jornada de limpieza de playas en el Caribe Sur, para preservar la belleza y salud del océano.
El evento se llevará a cabo el domingo 8 de junio a la 1:00 p.m, simultáneamente en las playas el Chino, El Lanchón y Cocles. La actividad busca involucrar a la comunidad en acciones concretas de protección ambiental, promoviendo el compromiso ciudadano con la conservación marina y el turismo responsable. Para participar, solo se necesita traer una bolsa para realizar la recolección, guantes de protección y una botella reutilizable con agua.
En el marco del Día Mundial de los Océanos la limpieza de playas es una actividad clave para mitigar la contaminación causada por plásticos, residuos y desechos acumulados en la costa. Además de la recolección de basura, el evento fomentará el diálogo sobre buenas prácticas ecológicas y la necesidad de reforzar la educación ambiental en las comunidades cercanas.
Para participar en la iniciativa se debe inscribir por medio del siguiente formulario:
Llamado urgente a las comunidades afrodescendientes sobre la intervención de la Defensoría de los Habitantes Ignorada por Líderes.
A todos los pobladores afrodescendientes de Costa Rica 1 de junio de 2025
Estimados hermanos y hermanas de la comunidad afrodescendiente,
Nos dirigimos a ustedes con un sentido de urgencia y solidaridad para informarles sobre un asunto crítico que afecta los derechos de nuestras comunidades, particularmente en lo relacionado con la propiedad ancestral en zonas como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. El pasado 11 de diciembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes emitió un documento trascendental —Oficio N° 13873-2024-DHR, Registro de Intervención N° 442152-2024-RI— a raíz de una solicitud de intervención presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo. Este documento aborda las continuas violaciones a nuestros derechos humanos, específicamente nuestro derecho a las tierras ancestrales y a la consulta previa, protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros marcos legales nacionales e internacionales.
La intervención de la Defensoría detalla la omisión del Estado costarricense en reconocer y proteger los derechos de propiedad ancestral de las comunidades afrodescendientes, así como la falta de consulta previa, libre e informada, como lo exige el Convenio 169. El documento presenta recomendaciones específicas al Ministerio de la Presidencia, entre las que destacan:
1. Nombrar con prontitud un nuevo Comisionado de Inclusión Social para dar seguimiento a las iniciativas de poblaciones vulnerables, incluyendo la afrodescendiente.
2. Designar una unidad técnica administrativa del Poder Ejecutivo para gestionar los procesos de consulta de los pueblos tribales afrodescendientes.
3. Definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente” mediante coordinación interinstitucional y un peritaje cultural.
4. Ejecutar a la brevedad los procesos de consulta para delimitar y reconocer los territorios ancestrales afrodescendientes.
Estas recomendaciones están fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1993, y el Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (5 de mayo de 2022), que reconoce a los afrodescendientes costarricenses como pueblo tribal y establece el Foro Tribal Afro Costarricense como instancia de diálogo con el gobierno. Además, la Defensoría reconoce la discriminación sistémica y las injusticias históricas sufridas por nuestras comunidades, así como la inacción del Estado, según se desprende de informes previos (como el de Acciones de Protección de Derechos de las Personas Afrodescendientes 2015-2021 y el informe de la ex Defensora Montserrat Solano Carboni de 2014-2018).
Lamentablemente, hemos constatado que esta intervención crucial de la Defensoría ha sido ignorada por algunos líderes afrodescendientes, quienes no han reconocido ni actuado en relación con este documento oficial. Esta inacción pone en riesgo los avances hacia la garantía de nuestros derechos a las tierras ancestrales, la consulta previa y la autodeterminación, derechos que no son negociables, sino consagrados en el derecho internacional y en la Constitución multiétnica y pluricultural de Costa Rica.
Hacemos un llamado a todos los pobladores afrodescendientes a unirse para exigir rendición de cuentas tanto a nuestros líderes como al Estado. Las recomendaciones de la Defensoría son un grito de acción, instando al gobierno a cumplir con sus obligaciones legales bajo los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos y el principio de no discriminación. No podemos permitir que el silencio o la indiferencia de algunos obstaculicen nuestra lucha colectiva por la justicia, el reconocimiento y la protección de nuestro legado ancestral.
Instamos a la comunidad a:
• Informarse sobre la intervención de la Defensoría (Oficio N° 13873-2024-DHR) contactando a la institución en correspondencia@dhr.go.cr o visitando sus oficinas en Barrio México, Calle 22, Avenidas 7 y 11, San José.
• Participar con organizaciones comunitarias para asegurar que el Foro Tribal Afro Costarricense y otros organismos representativos prioricen este tema y aboguen por la implementación de las recomendaciones de la Defensoría.
• Exigir transparencia y acción a los líderes afrodescendientes para abordar las violaciones de nuestros derechos y apoyar los esfuerzos legales y técnicos necesarios para garantizar nuestras tierras ancestrales.
La lucha por nuestros derechos como pueblo tribal afrodescendiente es una responsabilidad compartida. Honremos la resiliencia de nuestros ancestros uniéndonos, educándonos y exigiendo responsabilidad tanto a nuestros líderes como al Estado. El momento para el reconocimiento, la justicia y el desarrollo —como se estableció en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)— es ahora.
Para mayor información o para unirse a este esfuerzo, por favor contacte al teléfono (506).83-63-96-87
La asociación ambiental Asalomas, denunció a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU.
El caso con los permisos irregulares que causaría daños irreparables, se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asociación Salvemos las Lomas, ASALOMAS 1 de junio 2025
Desamparados, San José — La Asociación Salvemos las Lomas reafirma su compromiso de lucha con el fin de la conservación del patrimonio natural y anuncia que, en el marco del juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo que se realizará el lunes 2 de junio con el motivo de la defensa de la Zona Protegida de la Loma Salitral, continuará trabajando, acorde la anhelo de décadas de esta noble causa e incansablemente para garantizar que este invaluable ecosistema, el ultimo remanente de Bosque Premontano Bajo Húmedo del Valle Central, reciba la protección que la normativa ambiental del nuestro país obliga a respetar.
En este proceso legal, que se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA, los vecinos, a través de la asociación ambiental ASALOMAS, nos enfrentamos a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU, por pretender construir, con el aval irregular de esas instituciones, en una zona de valor ambiental protegida por Decretos Ejecutivos y donde es prohibido edificar residenciales. Esta mega construcción, que consideramos ilegal, significaría una grave afectación a la calidad de vida de los habitantes alrededor de la zona y también irreparables daños ambientales. Por lo que este juicio representa un paso crucial en la lucha por la preservación del ecosistema único.
Nuestra organización, que cuenta en asesoría legal los abogados ambientalistas y exdiputados Edgardo Araya Sibaja y José María Villalta, ha presentado evidencia técnica-legal contundente sobre la importancia ecológica de esta área, su biodiversidad y el impacto irreversible que podría generar cualquier intervención como la posible construcción de más de 500 viviendas en la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral.
“No podemos permitir que intereses particulares se impongan sobre el bien común, afectando nuestro entorno y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de la riqueza natural de nuestro país,” afirmó Eduardo Gardela, presidente de ASALOMAS.
Hacemos un llamado a la comunidad, a las autoridades y a todos los sectores comprometidos con la defensa del medio ambiente para que se sumen a la defensa de esta zona protegida. La biodiversidad, el equilibrio ambiental y el legado de nuestras tierras están en juego.
Seguiremos informando sobre el avance de este juicio y las acciones que nuestra asociación tomará para garantizar la protección de nuestro pulmón, la Loma Salitral.
La Universidad Nacional (UNA), mediante el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor), concluyó un riguroso estudio técnico científico que permitió diagnosticar el estado y el riesgo del arbolado urbano en la calle Vía de los Cipreses del residencial El Tirol – Del Monte, en San Rafael de Heredia. Esta evaluación se realizó en atención a la solicitud del proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (Tevu), tras años de inquietudes vecinales y procesos judiciales vinculados a la condición de los árboles. El mismo, sirve como insumo al municipio correspondiente.
El estudio contempló un tramo de 650 metros de la entrada y se centró en árboles de ciprés (Cupressus lusitanica Mill.), plantados densamente en las décadas de 1950 y 1960 como cortina rompevientos para la producción agropecuaria. Sin embargo, el crecimiento urbano acelerado en la zona cambió el entorno, generó presiones sobre estos árboles y aumentó su interacción con personas, viviendas, vehículos y cableado eléctrico.
Estas son las principales conclusiones de los investigadores del Programa Gestión de Bosques del Inisefor-UNA con la participación de un arbolista certificado:
Se lograron clasificar un total de 967 árboles mayores a 10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP), de los cuales: 41.68 % presentan una condición verde, 33.09 % están muertos, 9.4 % están vivos pero suprimidos, 7.23 % presentan una condición roja, 6.72 % presentan una condición amarilla y 1.86 % fueron desmochados y están muertos.
En total se etiquetaron y marcaron 538 árboles vivos de ciprés con DAP > 30 cm, presentes en calle, Vía de los Cipreses, residencial El Tirol, de los cuales 32 presentan 2 – 3 ejes, condición importante de considerar por el potencial riesgo de fallo por la acumulación de humedad, materia orgánica o corteza incluida.
Se realizó una evaluación visual de riesgo en los árboles censados, donde se identificaron 135 árboles candidatos a la aplicación de una evaluación del riesgo del arboladpo (TRAQ), debido a que se identificaron factores como presencia de pudrición, evidencia de cavidades, ramas secas, grietas, copas reducidas, muerte regresiva y árboles con grados de inclinación importantes hacia viviendas y vía pública (blancos bajo alcance).
Se seleccionó una muestra representativa de 45 árboles (20 rojos, 20 amarillos y 5 verdes) para realizar tomografías forestales con el equipo Picus 3 – Sonic Tomograph, tecnología de punta que permite observar el interior del tronco y detectar daños no visibles. Este análisis corroboró la presencia de defectos internos significativos en varios individuos de las categorías roja y amarilla, lo cual justifica acciones preventivas de manejo para mitigar el riesgo y posteriormente el manejo del riesgo residual.
En cuanto a las tomografías realizadas a los árboles categorizados como rojos, 30 % de ellos muestran una prolongación importante de daños externos.
El estudio concluye que alrededor del 56% de los árboles inventariados requiere atención técnica inmediata o monitoreo constante. “La valoración del riesgo no busca justificar la tala, sino proponer un manejo responsable y técnicamente fundamentado que priorice la seguridad sin perder los beneficios ambientales de los árboles”, destaca el informe.
Aporte científico y técnico
El equipo técnico del Programa Gestión de Bosques del Inisefor-UNA, está a disposición para brindar acompañamiento a los tomadores de decisiones y profundizar en los resultados de este estudio.
Henry Sánchez, investigador del Inisefor, comentó que el Instituto ejecutó un estudio sobre el estado fitosanitario de la masa de árboles que se encuentran en la calle de ingreso al residencial El Tirol, donde encontró información muy importante en torno a las características que presentan los árboles. En primera instancia, árboles mayores a los 80 años, los cuales se encuentran con una elevada densidad de siembra, lo que determina la supervivencia o la muerte de algunos.
Isaac Meneses, ingeniero forestal del Inisefor, agregó que lo primero es evaluar el estado de las especies arbóreas hasta el momento y, a partir de ahí, determinar cuáles árboles deberían removerse y cuáles no, pero deben de ser gestionados a través del tiempo. En aquellas áreas donde existan espacios sin arboledas, lo conveniente sería diseñar algún plan para introducir las especies de reemplazo.
Fabricio Ballestero, ingeniero forestal del proyecto Tevu, explicó que la municipalidad de San Rafael de Heredia les solicitó el apoyo en este proceso, ante la necesidad de contar con atención especializada y así tener a mano una aclaración técnica objetiva dentro de los términos de evaluación del riesgo del arbolado en el área mencionada.
Carlos Vargas, poblador del sector del Tirol, indicó que hay tantos puntos de vista como de vecinos preocupados por el riesgo ante la caída de ramas o incluso árboles; sin embargo, el área de ingreso al residencial es algo muy apreciado por los vecinos, lo que ha creado un conflicto interno sumamente serio por parte de algunos que se oponen a la corta de árboles. Vargas reconoció que el acompañamiento de los expertos les permitió conocer la realidad que afronta el área boscosa del Tirol, desde el ámbito científico y técnico.
En Finca Dos Ríos, Guácimo, más de un centenar de familias campesinas enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre y la lucha por el derecho a la tierra. Tras la quiebra de una empresa bananera, muchas de estas personas ocuparon legalmente los terrenos que habían trabajado durante años. Hoy, sus historias revelan un panorama de amenazas de desalojo, cobros injustificados e inseguridad jurídica, en medio del abandono estatal. En este video, son ellas y ellos quienes toman la palabra: comparten sus vivencias, su resistencia y su llamado urgente a la justicia y al respeto de sus derechos fundamentales.
