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¿Vamos a aprovechar esta oportunidad — o a repetir los errores del pasado?

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, 26 de junio de 2025

El éxito o el fracaso de una nación, un pueblo o una familia depende, muchas veces, de la capacidad de sus líderes para reconocer los legados heredados — y actuar con decisión cuando se presentan esas escasas y valiosas ventanas de oportunidad.

Pero cuando el síndrome de “Hombre o Mujer GRANDE “ nos conduce a darlo por sentado, y así olvidar los sacrificios y luchas de quienes nos antecedieron; las oportunidades pierden su sentido y dejamos la puerta abierta: Al abuso, la injusticia e irrespeto de la dignidad de nuestros pueblos.

Y, finalmente cuando llega la cosecha de nuestra negligencia individual y colectiva, caemos en la misma trampa de siempre: Buscar culpables en todas partes (extranjeros, oligarcas nacionales, empresarios o políticos locales corruptos) en todos, menos en nosotros mismos.

A propósito de todo esto: ¿Qué lugar ocupamos los Afro descendientes en C.R.?

Primeros en la fila del castigo, y últimos cuando reparten el dinero. Un país donde el apellido pesa más que el oro, y el color dicta la medida del respeto”.

Un país donde el linaje abre puertas que el mérito ni siquiera toca”.

Quien no entienda esta verdad amarga, no es libre ni rebelde: Solo se miente a sí mismo, con la venda bien atada al alma.”

Hoy, la región Caribe de Costa Ricaincluido mi propio pueblo, Cahuita, Talamanca— atraviesa uno de esos momentos escasos y reales de oportunidad: La posibilidad de recuperar el derecho legítimo a la propiedad privada en zonas costeras, tanto de lo que se encuentra en la superficie de la tierra como en el subsuelo; incluyendo los restos de nuestros antepasados, enterrados con confianza y luego confiscados y profanados por el irrespeto e indiferencia del estado – (nuestro primer cementerio ancestral en Punta CAHUITA).

Si no reaccionamos ahora, esta oportunidad desaparecerá — como tantas otras que dejamos perder en el pasado: El control sobre los ferrocarriles y Puertos Caribeños, dónde los ingresos de ambas actividades económicas, por ley, estaban destinados para el desarrollo socio-económico de la región; los cuales alimentaban nuestras economías locales, y las instituciones que construimos pero no defendimos.

Y ahora que la puerta de la migración hacia Estados Unidos está cerrada (excepto para unos pocos acusados de supuesto narcotráfico internacional), y que la capital de nuestra propia nación se ha vuelto hostil — plagada de crimen, desempleo y la continuidad de un racismo histórico hacia los afrocaribeños¿qué nos queda como comunidades sino levantarnos y defender lo que legítimamente nos pertenece?

Mi pregunta es simple y directa:

¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo se esfuma esta oportunidad, como tantas otras?

¿O estás listo para levantarte — como pueblo, como comunidad — y reclamar lo que por derecho nos corresponde?

Como comunidad, tenemos la responsabilidad moral de defender las tierras que aún poseemos, sino también la legitimidad de lo que nuestros antepasados vendieron para poner alimento sobre nuestras mesas, guiados por el profundo principio cultural de “no morder la mano que nos dio de comer«, cuando el Estado nos abandonó por completo.

Situación actual del Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca

El Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, aprobado el 5 de octubre de 2023, se encuentra actualmente paralizado debido a requerimientos legales y administrativos que demandan la actualización de la Certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE).

De acuerdo con la Resolución N°2024-003959 del expediente N°23 014549-0007-CO emitida por la Sala Constitucional, se ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) completar, en un plazo de tres meses a partir de la notificación de dicha sentencia, la certificación del PNE en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca. Esta certificación incluye la caracterización y delimitación de humedales en el litoral del cantón, lo cual es indispensable para garantizar la protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, la Sala Constitucional instruyó al Departamento de Urbanismo y a la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), así como al Concejo Municipal de Talamanca, a incorporar las actualizaciones del PNE en el Plan Regulador Costero.

El SINAC ha entregado al INVU archivos digitales de sistemas de información geográfica y un documento que certifica los ajustes realizados, sin embargo, se ha identificado que la documentación remitida presenta limitaciones.

El INVU sobre la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011 2017 para realizar los ajustes del PNE al Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, señala que falta información cartográfica completa, solicitan que se les faciliten los catastros de los PNE y el Excel de los ajustes, debido a la ausencia de catastros actualizados, consulta sobre los criterios técnicos claros para ajustar la zonificación en áreas que antes eran bosques, pero que ahora no están clasificadas como tales.

El INVU sobre la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011 2017 para realizar los ajustes del PNE al Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, se dirige señala que:

La paralización temporal del Plan Regulador Costero responde a la necesidad de garantizar un instrumento de planificación que cumpla con los estándares ambientales, legales y técnicos exigidos. Esto incluye la protección de los ecosistemas sensibles, como los humedales, y el aseguramiento de un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades costeras del Caribe Sur.

Se les invita a todos los pobladores, organizaciones locales y actores interesados a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Talamanca. Una vez se reciban las aclaraciones y documentación requerida por parte de SINAC, se procederá a gestionar los ajustes necesarios la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador Costero, garantizando un proceso participativo y transparente.

Fuente: Marco Levy Virgo.

Conferencia «Importancia del rescate del patrimonio subacuático en el Parque Nacional Cahuita»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la conferencia Importancia del rescate del patrimonio subacuático en el Parque Nacional Cahuita, por Maraya Jiménez.

Esta actividad es parte del ciclo «Recuperando nuestro pasado«.

La actividad será virtual el lunes 30 de junio a las 3:00 p.m. y se transmitirá por el Facebook https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

ACUDHECA: Aprobación de ley representa una grave amenaza para los derechos territoriales

La organización ACUDHECA (Asociación Cultural de Desarrollo Humano y Ecológico de Cahuita) expresó públicamente su preocupación ante la reciente aprobación de la Ley 10.727, el pasado 29 de abril de 2025.

Según la agrupación, esta legislación representa una grave amenaza para los derechos territoriales de las comunidades tribales afrocostarricenses que han habitado históricamente la región.

ACUDHECA advierte que la ley abre la puerta para catalogar como “ocupantes ilegales” a familias tribales de la zona, promoviendo un modelo turístico excluyente y sin consulta previa. Desde Cahuita, la organización exige justicia, respeto y dignidad, y rechaza firmemente cualquier política que desplace a los pueblos de sus territorios en nombre de intereses económicos.

Compartido con SURCOS por Marco Palma Leiva.

Lucha comunitaria logra mejora en condiciones de paradas de buses en Ruta 32

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, compareció ante la Sala Constitucional tras la apertura de una audiencia en su contra por el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32. El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, quien denunció que las autoridades no han respondido de manera clara ni completa, generando incertidumbre sobre la legalidad de las bahías construidas en puntos no autorizados, lo que pondría en riesgo a las personas usuarias.

En su defensa, Zeledón argumentó que tanto el Ministerio como el CONAVI han actuado conforme a la ley y que se han realizado diligencias para atender la situación, incluyendo reuniones con la comunidad, el Concejo Municipal de Pococí y el Consejo de Transporte Público (CTP). Además, señaló que, tomando en cuenta la solicitud de la comunidad, la parada será definida al costado sur de la rampa del puente peatonal del lado izquierdo de la Ruta 32, sentido 1-2 y que actualmente se está trabajando en su señalización para garantizar la operatividad del servicio de transporte público, por lo que dentro de su petitoria solicita que se exima al Estado del pago de costas, daños y perjuicios. Es importante tener presente que el ministro no ha cumplido con todo lo solicitado por la comunidad, que no es solamente el tema de las paradas de buses. Dada esa situación de desacato a la Sala Constitucional, la comunidad seguirá los pasos legales necesarios para que se le inicie causa en la Corte Plena por desacato.

Fuente: Víctor Manuel Villalta Martell, comunidad de La Unión de Guápiles.

Imagen con fines ilustrativos.

El despojo y los conflictos socioambientales asociados a la turistificación aumentan

Playa Pelada de Nosara, Guanacaste más de 17 familias enfrentan juicios, condenas, desalojo y hasta cárcel

Un conversatorio abordará el impacto de los desalojos en los habitantes de Playa Pelada el próximo jueves 26 de junio a las 10:00 a.m., en la Sala 1 de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica. Participarán como expositoras las vecinas de Playa Pelada: Heidy Villegas Murillo, Marielos Grijalba Grijalba y Nadia Alfaro, quienes compartirán sus testimonios y reflexiones sobre la situación que enfrentan.

El evento es organizado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y el Programa Kioscos Socioambientales, ambos de la Universidad de Costa Rica, junto con la organización ambiental Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA).

Una problemática socioambiental en aumento. Las playas Pelada y Guiones forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO) desde 1985. Sin embargo, muchas personas residentes están siendo judicializadas, condenadas y enfrentan sentencias de desalojo y demolición de sus viviendas. Todo esto ocurre mientras otros sectores, como el hotelero, amplían y remodelan sus instalaciones sin mayor inconveniente, incluso construyendo piscinas dentro del territorio del Refugio.

Varias personas nacionales llevan entre 20 y 50 años habitando la zona, conviviendo con el Refugio sin afectarlo, y por ello consideran injustas las órdenes de desalojo que enfrentan. Se estima que podrían ser más de 400 familias las afectadas, aunque actualmente no existe un estudio actualizado que determine con precisión el número de personas, ni sus posibles derechos de permanencia.

Además, la situación jurídica del refugio ha sido inestable, oscilando entre ser de propiedad estatal o de régimen mixto.

Desigualdad en la aplicación de la ley. Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada, denunció en el programa Voces y Política de Radio Universidad que fue sentenciada a un año de prisión, desalojo y demolición de su casa, por haber construido tres cuartos para sus hijas. En contraste, en el mismo Refugio, hoteles han construido edificios de tres pisos sin enfrentar procesos judiciales similares. Solo 17 familias humildes están siendo procesadas legalmente.

El conflicto legal del refugio se remonta a años atrás. Ante los posibles desalojos, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) impulsó en 2016 la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional (Ley N.º 9348), que transformaba la propiedad del refugio en mixta, permitiendo que estuviera conformado por terrenos estatales y particulares, bajo un régimen de concesión.

Sin embargo, a inicios de 2023, la Sala Constitucional anuló esa ley mediante la Resolución N.º 22606-2022, y el Refugio volvió a ser considerado exclusivamente propiedad del Estado, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica a las familias que lo habitan.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Comunidades continúan luchando contra rotondas en Ruta 32

La Asociación De Desarrollo Para La Ecología envió a Anna Janniel Matarrita McCalla alcaldesa de la Municipalidad de Limón, el oficio AEL-0087-2025 con fecha 5 de marzo de 2025, solicitando su intervención como mediadora ante el Poder Ejecutivo para que se haga una exhaustiva revisión del proyecto de ampliación de la Ruta 32.

La petición se debe a que el proyecto reemplaza los pasos a desnivel por rotondas, lo cual representa posibles riesgos, de accidentes, especialmente de vehículos pesados, a los cuales se les dificulta maniobrar en las rotondas, según expertos en infraestructura y representantes de la comunidad, lo cual, afectaría flujo eficiente del tránsito, y a las comunidades limonenses y a quienes transiten la zona.

Esta petición se reitera en el oficio AEL-00254-2025 del 16 de junio, debido a que no se obtuvo respuesta por parte de la alcaldía de Limón, externando la preocupación por la seguridad y el bienestar de la comunidad limonense y del Caribe, ya que los congestionamientos ocasionados afectarían el flujo del comercio y el turismo de la zona, lo cual genera una gran preocupación, por lo que se hace un llamado a las autoridades a velar por los intereses de la comunidad.

Imagen: https://www.limonhoy.com/

Sala Cuarta atiende recurso por desobediencia del MOPT ante irregularidades en paradas de autobús en Ruta 32

La Sala Constitucional abrió una audiencia contra el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, debido al incumplimiento de una sentencia que ordenaba brindar información sobre la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32.

El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, en representación de las personas afectadas. Según la denuncia, el ministro no ha respondido de forma completa ni veraz, y persisten dudas sobre la legalidad de las bahías construidas por el CONAVI en puntos distintos a los autorizados, lo que representa un riesgo para las personas usuarias.

El expediente señala que tanto el MOPT como el CONAVI han dado respuestas contradictorias sobre la responsabilidad de estas obras, mientras que el Consejo de Transporte Público aseguró no haber participado en estudios sobre la ubicación de las paradas. La Sala ordenó al ministro explicar por qué no se han atendido las solicitudes de información realizadas desde abril de 2023.

El recurso también solicita que se trasladen las paradas a los sitios oficialmente autorizados: debajo del puente peatonal en La Unión, tanto en el sentido Limón-San José como en el sentido San José-Limón, para garantizar la seguridad vial y ciudadana.

La Sala Constitucional advirtió que, de comprobarse desobediencia, podría abrirse un procedimiento administrativo y penal contra el ministro, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Imagen: Semanario Universidad

Rey Curré avanza con el proceso de consulta indígena para la construcción del reglamento forestal

Por Uriel Rojas

El sábado 14 se trabajó con la comunidad El Progreso

Este sábado 14 de junio de 2025, la Comisión Encargada de presentar el proyecto a las comunidades del territorio Indígena Curré viajó a El Progreso de Cajón, una comunidad situada al sur de Cajón de Boruca, al otro lado del río Grande de Térraba.

Las actividades en esta comunidad se enfocaron en presentar el proyecto a las personas asistentes para que se empiece a conocer sus pormenores del contenido y se ajusten los detalles que los vecinos consideren necesarios.

Este reglamento lo que busca es otorgar a los pueblos indígenas la competencia sobre el aprovechamiento de los recursos forestales dentro de sus territorios, permitiendo el manejo sostenible de los bosques y la gestión de los permisos para la eliminación y aprovechamiento de árboles.

La consulta de este reglamento es un derecho de los pueblos indígenas y surge de la necesidad de regular el aprovechamiento forestal en sus territorios, reconociendo la importancia de los recursos forestales para estas comunidades y buscando un equilibrio entre su uso y la conservación.

Esta normativa forestal le daría facultad a las ADIs, para gestionar el aprovechamiento forestal en sus territorios, además del uso sostenible de sus recursos forestales, tales como la siembra de la misma especie o especies nativas, y el cumplimiento de condiciones técnicas para el aprovechamiento.

El reglamento busca armonizar la normativa forestal con los derechos de los pueblos indígenas, garantizando su participación en la gestión de sus territorios.

El pasado sábado 07 de junio, la Comisión estuvo trabajando este tema con la comunidad de Las Vegas de Chánguena.

Este primer conversatorio de consulta realizado este sábado 14 de junio en la comunidad El Progreso de Cajón inició a las 8am y se extendió hasta la 1pm.

Foro abordará los riesgos de privatización en la Zona Marítimo-Terrestre -Voces y Política

Este miércoles 18 de junio, el programa Voces y Política dedicará su transmisión a analizar un tema de creciente preocupación en las comunidades costeras: el nuevo intento de privatización de la Zona Marítimo-Terrestre.

El espacio contará con la participación de personas habitantes de zonas costeras y de la abogada Sofía Barquero, quienes expondrán sus valoraciones sobre el impacto social, ambiental y legal que podrían tener las propuestas actuales que buscan modificar el régimen de tenencia en áreas bajo protección pública.

La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) constituye un bien de uso público regulado por la Ley N.º 6043, y es considerada una franja de especial importancia ecológica y social. Diversas comunidades y organizaciones han manifestado su oposición a proyectos o iniciativas que, bajo el argumento de desarrollo económico o inversión extranjera, podrían abrir la puerta a un cambio estructural en el manejo de estos territorios, con implicaciones para el acceso, la permanencia y los derechos colectivos en las costas.

El programa, producido por el Semanario Universidad en colaboración con Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, ofrece un espacio para el análisis crítico de temas de interés público, desde las voces y experiencias de las comunidades.

La transmisión se realizará a las 5:00 p.m. por Radio Universidad 96.7 FM y también estará disponible en vivo por Facebook: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr