SURCOS comparte el reporte que nos llega desde Guanacaste:
Municipio de Santa Cruz esta mañana del 4 de abril
Se están reparando carreteras, pero también se están retirando plantas, árboles y tierra dentro de la zona de 50 metros de Playa Frijolar y Playa Blanco de Marbella, Guanacaste.
Además, se retiró un árbol y este búho (foto) tuvo que ser rescatado mientras se tomaban fotos de la destrucción de la Zona Marítimo-Terrestre.
Quizás el búho esté enviando un mensaje a todos los costarricenses hoy: que las municipalidades dejen de trabajar dentro de la ZMT sin estudios de impacto ambiental.
En el corazón del Golfo de Nicoya se encuentra Isla Venado, una pequeña comunidad que escribe su propia historia de adaptación al cambio climático. Con una población que tradicionalmente ha dependido de la pesca, la isla enfrenta hoy los desafíos de la sobrepesca y la variabilidad climática. Pero para dar un giro hacia la autosuficiencia alimentaria y la diversificación económica implementa una opción con el proyecto Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) y la producción hortícola bajo malla.
La iniciativa surgió como respuesta a una solicitud de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional (UNA) para apoyar a la Asociación para el Desarrollo Sustentable y su Adaptación al Cambio Climático (ADESAC). Esta asociación, integrada por 10 miembros, de los cuales seis son mujeres, gestiona una producción en casa malla de 1.000 metros cuadrados, donde cultivan tomate, chile, cebolla, apio, culantro y lechuga. Sin embargo, durante la estación seca, la producción se reduce drásticamente por la falta de agua.
El proyecto se enmarcó en el programa NIMBU, que ya cuenta con sistemas SCALL en otras localidades del trópico seco de Costa Rica como el Campus Nicoya de la UNA, Isla Caballo y la ASADA de Playa Potrero en Santa Cruz, que requieren infraestructura hídrica para combatir la variabilidad climática y crear resiliencia.
Agua para la vida
El SCALL es un sistema que permite captar y almacenar agua de lluvia, lo que resulta crucial en una isla donde el acceso al agua dulce es limitado. Según Adolfo Salinas Acosta, investigador y extensionista del Campus Nicoya de la UNA, el sistema permitirá a la ADESAC aprovechar al máximo los 600 metros cúbicos de agua almacenada para los cuatro meses de estación seca. “Es una opción más para diversificar la oferta laboral de la isla, que sufre por la presión de la sobrepesca en el Golfo de Nicoya”, comentó Salinas.
Yolanda Bolívar Barahona, tesorera de la asociación, explica los alcances de la iniciativa: “Aquí en la isla era difícil comprar productos frescos y naturales. Todo lo que cultivamos lo hacemos sin abonos químicos, por lo que vimos que era una oportunidad importante para producir lo que consumimos en la isla. Muchas veces, debido a las mareas, es difícil salir a tierra firme, por lo que tener nuestros propios cultivos es esencial”.
Más que una huerta
La huerta casa malla no es solo un proyecto de producción de alimentos; es un modelo de finca integral que también incorpora el turismo. La asociación cuenta con un rancho donde ofrecen servicios de alimentación para lo cual utiliza productos cultivados en la isla. Además, tienen una cabaña de madera con capacidad para 10 personas, un área de camping y un hostal que alberga hasta 15 personas. También ofrecen servicios de transporte marítimo y terrestre, tours de pesca responsable y caminatas alrededor de la isla para el avistamiento de aves.
La UNA ha jugado un papel clave en el éxito de este proyecto. A través de capacitaciones y apoyo técnico, los miembros de ADESAC han adquirido los conocimientos para gestionar eficientemente la huerta y el sistema SCALL. Un proyecto como este, además, no solo beneficia a la asociación, sino que sirve como un modelo replicable en otras comunidades costeras que enfrentan desafíos similares.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Según el investigador Salinas “La creación de resiliencia ante el cambio climático es fundamental, especialmente en el trópico seco de Costa Rica, donde los efectos de la variabilidad climática son cada vez más evidentes”. Foto Adolfo Salinas
El 23 de abril de 2024, el anterior Concejo Municipal de Belén aprobó el permiso de construcción del condominio Vistas de La Ribera (CasaMax), un proyecto habitacional de 125 unidades ubicado a 330 metros al norte del Cementerio Municipal. La votación final fue de 3 a 2. La regidora Zeneida Chaves (PUSC, actual alcaldesa), y los regidores Minor González (PUSC, actual vicealcalde) y Eddie Méndez (PLN) impulsaron la aprobación sin mayor discusión. Sin embargo, esta decisión ha sido fuertemente cuestionada por la fracción de la coalición Unión Belemita, quienes votaron en contra debido a graves irregularidades y omisiones que podrían afectar a la comunidad a nivel ambiental y urbanístico. Sus regidores denuncian la falta de transparencia y el incumplimiento de normativas, advirtiendo que las decisiones tomadas afectan directamente la seguridad y bienestar de los belemitas.
El estudio de viabilidad ambiental del proyecto contenía errores graves, como la referencia al río Ciruelas, que ni siquiera se encuentra en Belén. Además, la evaluación del acuífero se realizó con el método GOD en lugar del método DRASTIC, el cual es obligatorio en Belén desde 2016 por ser más preciso.
También, recientemente se confirmó que las obras del alcantarillado del proyecto carecen de memorias de cálculo, planos actualizados del desfogue pluvial y perfiles topográficos, elementos esenciales para evaluar la seguridad de la infraestructura. Por otro lado, la planta de tratamiento del condominio reutilizará las aguas en las áreas verdes en lugar de verterlas en el río Segundo, lo que podría generar problemas. A pesar de que la Unidad Ambiental de la Municipalidad recomendó realizar un estudio hidrogeológico para descartar riesgos de contaminación, este nunca se realizó. En época de lluvias, el suelo podría saturarse y las aguas terminar en el alcantarillado pluvial de Fátima, con consecuencias ambientales negativas.
El 26 de marzo del presente año, la falta de estudios y la mala ejecución del proyecto provocaron la rotura de tuberías de Intel, las cuales bombean agua directamente desde Ojo de Agua hasta la multinacional. Este incidente evidencia las consecuencias de aprobar el proyecto sin las debidas revisiones, poniendo en riesgo infraestructuras clave y la economía local, además del desperdicio de miles de litros de agua potable.
El descontento de la comunidad se ha hecho notar en múltiples reuniones y manifestaciones. El 14 de marzo, los vecinos de Barrio Fátima realizaron una protesta pacífica denunciando el caos vial, los deslizamientos de tierra, los desbordamientos de agua y el deterioro de calles y aceras debido a la construcción, además de la deficiente fiscalización municipal. Tres días después, el 17 de marzo, se llevó a cabo una reunión en el Salón Comunal de Barrio Fátima con la participación de aproximadamente 150 vecinos, la alcaldesa Zeneida Chaves, su equipo técnico y representantes de CasaMax. En la reunión, los vecinos señalaron incumplimientos en permisos y requisitos por parte de la empresa y denunciaron la permisividad tanto del MOPT como de la Municipalidad, ya que, a pesar de las múltiples razones para suspender el proyecto, no hay señales de que vayan a detener las obras.
El regidor Ulises Araya instó a la Alcaldía a suspender el proyecto hasta que se resuelvan las irregularidades y se aclaren las condiciones. “En la administración pública no trabajamos con promesas verbales, sino con documentos”, afirmó.
Los vecinos también denuncian la postura de la actual administración, favorable a las mega construcciones, de las cuales ya hay varias proyectadas para su pronta aprobación. Estas construcciones conllevan mayor deforestación, aumento del tráfico y una creciente presión sobre los recursos hídricos sin contar con un estudio de balance hídrico que garantice un uso responsable del agua en el cantón. Exigen que los resultados del estudio de balance hídrico y del plan hídrico integral, a cargo de SENARA, sean de conocimiento público, sin filtraciones ni manipulaciones por parte de actores con intereses en continuar favoreciendo a los capitales inmobiliarios que se han apoderado de Belén.
Temen que se intente manipular o suprimir los datos técnico-científicos de este análisis, considerado el más importante en la historia del cantón en materia de agua. Advierten que ciertos sectores se oponían a la realización del estudio y ahora que está por finalizar, parecen temer sus resultados. Como anomalía preocupante, el funcionario que administraba el contrato fue hospitalizado e internado antes de renunciar a su cargo, siendo reemplazado por un funcionario de confianza de la alcaldesa.
Otro cuestionamiento grave es la omisión de la proyección vial contemplada en el Plan Regulador vigente desde 1997. La servidumbre colindante con el sector oeste de la propiedad pudo haberse solicitado mediante carga urbanística para la futura calle que conectaría Fátima con Calle Arbolito, saliendo por las cercanías del Centro Comercial La Ribera. Sin embargo, la Administración Municipal no incluyó esta previsión al tramitar la disponibilidad de agua potable del proyecto. El mapa de proyecciones viales del Plan Regulador establecía que, al cambiarse el uso del suelo de las antiguas fincas de café para construcción, los desarrolladores debían donar estos segmentos de terreno para facilitar la futura vía y reducir el congestionamiento vial. Al omitirse este requisito, los belemitas perdieron la oportunidad de obtener este terreno sin costo, como estaba estipulado en el plan vial. Para la finca de CasaMax, el fragmento a donar a la Municipalidad no representaba ni el 7% del terreno, sin embargo, el ingeniero municipal de Desarrollo Urbano David Umaña convenció a los tres regidores de que no se pidiera dicha donación.
La comunidad exige respuestas claras y un desarrollo ordenado y sostenible para el cantón.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Cuatro nuevos mareógrafos valorados en más de $90.000 fueron donados a la Red del Nivel del Mar del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (Sinamot-UNA), para fortalecer la detección de tsunamis y el monitoreo continuo del nivel del mar en las costas del país. Esta donación fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el proyecto Acción Proyectiva.
Esta ampliación representa un avance clave en la capacidad científica y técnica del país para responder a emergencias costeras. De acuerdo con Silvia Chacón, coordinadora del Sinamot-UNA, estos instrumentos permiten “validar modelos de predicción y de pronóstico para definir áreas de inundación por tsunami y tiempos de llegada ante una eventual emergencia”, lo que se traduce en mayor preparación y seguridad para las comunidades costeras.
“Este proyecto es muy importante porque se financia con fondos de la Unión Europea y se trata de apoyar al gobierno de Costa Rica en obtener datos que informen sobre los cambios climáticos y puedan alertar en caso de que haya que actuar”, indicó Christine Follana Kerfant, responsable del proyecto de la Unión Europea durante la visita técnica al muelle de cruceros de Puntarenas el pasado 17 de marzo, donde ya se instaló el primero de los equipos.
Cada mareógrafo incluye una antena satelital, paneles solares, un sistema de almacenamiento de energía, y sensores de radar y presión para medir el nivel del mar. “Ellos miden el nivel del mar cada 10 segundos, promedian los datos cada minuto y cada 6 minutos transmiten esos seis datos a través de un satélite. Por lo que es en tiempo real”, detalló Chacón.
El muelle de cruceros de Puntarenas fue elegido por contar con la infraestructura adecuada. “Tiene que ser un muelle que sea un espacio sólido, un espacio firme, donde podamos tener que la estación no sufra movimientos externos, que lo único que mide es el movimiento del mar”, explicó José Ángel Vega del Sinamot-UNA, quien tuvo a su cargo la instalación.
En las próximas semanas, se espera la instalación de los tres equipos restantes en Golfito, Cuajiniquil y Puerto Jiménez. Con ello, Costa Rica pasará a tener siete mareógrafos: uno en el Caribe (muelle de Japdeva, Limón) y seis en la costa Pacífica. “Esto nos permite recolectar una cantidad de información enorme sobre cómo responden las costas del país físicamente a los tsunamis y nos van a permitir validar modelos”, aseguró Chacón.
Los datos de nivel del mar no solo son fundamentales para detectar tsunamis, sino también para evaluar cambios a largo plazo por efecto del cambio climático. “El mantenimiento se realiza al menos una vez al año para asegurar que los datos se puedan utilizar para monitorear los efectos del cambio climático”, concluyó la especialista.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Mujeres afro descendientes de la Asociación Mujeres y Mitologías celebran el premio en el Congreso.
Por María Suárez Toro y Maraya Jiménez Taysigüe
“Toco madera” dice el dicho popular que en antaño, para las culturas celtas europeas desde hace miles de años significaba reconocer que la madera de los árboles era la fiel expresión de la naturaleza pura y por tanto tocarla, trae la suerte porque atrae la “pura vida”. Los celtas abrazaban los árboles para atraer la suerte de la vida.
En nuestro Caribe, en sus mares, los hombres y mujeres de la pesca artesanal que se realiza desde botes de madera tocan el fondo con el remo o un palo para espantar la sardina, obligándola a salir de debajo del bote para capturarla para pescar. Otro ejemplo, en este caso marino, de tocar madera para la suerte “pura vida”.
Pero en este momento en el Caribe sur de Costa Rica, la juventud buceadora del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEM) está esperando los resultados de otra madera tocada para la suerte.
Madera de la estructura de una embarcación en el sitio de los Ladrillos, 2023.
Traerá la suerte de aportarle a sus comunidades, a sus clanes, a sus tribalidades, a su país y al mundo, SI LOS NAUFRAGIOS QUE HAY EN EL PARQUE NACIONAL CAHUITA SON LOS BARCOS ESCLAVISTAS daneses el Federicus IV y el Christianus V. de 1710 que llegaron allí por equivocación y producto de un amotinamiento, desembarcaron a unos 650 africanos y africanas en las costas.
De comprobarse la historia la juventud del Caribe estará haciendo historia.
Por un lado, la historia oficial no reconoce que hayan llegado esclavizados/as directamente por barco a nuestro país porque aquí no hubo puertos esclavistas. Como consecuencia, ningún esclavizado/a llegó directamente de África y todos fueron traídos por tierra procedentes de Nicaragua.
Por otro lado, aunque la cantidad exacta de personas esclavizadas que desembarcaron de esos barcos es incierta en un rango entre 136 (Andreas Bloch, Conferencia de Prensa, 2023) o 650 en fuentes escritas varias en archivos de Dinamarca, entre otras, lo cierto es que hay datos de apenas 105 de ellos en fuentes en los archivos nacionales de Costa Rica (ANCR) y del resto se sabe que muchos huyeron hacia las selvas. Posiblemente están en nuestro mestizaje de la época.
Tercero y muy importante: es la juventud local, afro, bribri, mestiza y cruzada las que ha guiado, conducido y buceado ese proceso de ocho años para encontrar la identidad de las embarcaciones de los naufragios. NO SON HISTORIADORES, PERO ESTÁN HACIENDO HISTORIA.
A fin de cuentas, la historia la hacen los pueblos, no la ciencia sola. Esa juventud ha aprendido desde el 2016 que para hacer historia se necesita ciencia también y por eso diseñó intergeneracionalmente un proyecto comunitario de ciencia ciudadana que combinara el método científico de la arqueología subacuática con sus conocimientos ancestrales del mar.
Estaba claro a la altura del 2016 que había que bucear sostenidamente para encontrar la identidad de las embarcaciones de esa historia.
Y se necesitaba hacerlo en un proyecto sostenido en el tiempo porque (1) había mucha información importante pero dispersa; porque (2) todo lo que había era documental y todo era (3) a partir de fuentes que se contradecían.
¿Por qué buceo en el fondo del mar?
Porque, aunque otros hubiesen dicho que los naufragios podían ser los barcos esclavistas de Dinamarca, todas sus afirmaciones estaban – hasta ahora – basadas en documentos de unos juicios referidos a la ilegalidad o no de lo ocurrido con los africanos y africanas que desembarcaron de los naufragios de dos barcos esclavistas daneses.
Hubo juicios de la Corona Española contra colonos en Costa Rica (ANCR), hubo juicios en Dinamarca y hasta hubo juicios en Panamá. Esos juicios fueron citados por estudiosos y estudiosas, escritores y escritoras como la escritora Tatiana Lobo y Mauricio Meléndez en “Negros y Blancos Todo Revuelto”, (1997) donde tiene fuentes y habla de 3 barcos esclavistas daneses cuyos naufragios están por Gandoca, según sus fuentes documentales. Otras fuentes como la historiadora Rina Cáceres en el Seminario 2016 UCR, nos sugirió debidamente que buscamos más cerca de Matina porque allí fueron capturados algunos africanos y africanas del desembarco, según fuentes documentales de los juicios estudiados por ella. Y otros, como el etnógrafo Russel Lohse en su libro “Africans Into Creoles: Slavery, Ethnicity, and Identity in Colonial Costa Rica“ (2014) escribió que los de Cahuita eran los barcos esclavistas daneses, pero no presentó evidencia sustentable.
Y desde entonces y hasta hoy, se sabe que en los juicios cada quien expone SU “verdad” para ganar SU caso, no necesariamente para escribir NUESTRA veraz historia.
Fueron juicios tan complejos que desde el 2016 cuando iniciamos nuestro proyecto, escuchamos con atención el planteamiento que nos hizo la historiadora Dra. Rina Cáceres (https://escuelabuceocaribesur.blogspot.com/2016/07/quince-duncan-evidencias-de-aportes-de.html= en el 1 er Seminario sobre el tema, cuando dijo que había que buscar en el fondo del mar, sosteniendo debidamente que dado que mucho del tráfico transatlántico de esclavizados y esclavizadas era ilegal y por eso no se podía saber todo siempre a ciencia cierta.
¡Buscar en el fondo del mar!
A eso nos dedicamos y podemos decir, después de ocho sostenidos años, que estamos tocando madera.
La madera en la investigación sobre la identidad
Encontrar madera de la estructura de las embarcaciones en los sitios de los naufragios era un imperante para la investigación de la identidad de los barcos por cuanto ya habíamos documentado o encontrado documentación científica de (1) la existencia de manillas o pulseras “esclavas” (Gluckman, 1985), (2) habíamos podido comprobar que al menos 3 de los ladrillos en los sitios eran procedentes de Dinamarca (Reporte del CCBEM a SINAC, 2022), habíamos encontrado un mapa en los archivos de Sevilla que mostraba geográficamente al contorno de Cahuita en los 1700 y habíamos probado en fotogrametría con el arqueólogo subacuático especializado en modelos tridimensionales de embarcaciones, Kotaro Yamafune (Reporte CCBEM a SINAC, 2019), que lo que definitivamente eran dos barcos en los dos sitios arqueológicos.
Fotogrametria del Sitio de los Ladrillos, 2019.
¡Pero no era suficiente! En arqueología subacuática, lo que se encuentra en un barco o alrededor de un barco constituye evidencia que acerca a la hipótesis pero no la demuestra.
¿Por qué? Porque en los barcos de carga de todo y de todos lados que viaja, y por eso su carga no es necesariamente una muestra de su identidad.
Se necesitaba madera de la estructura de la embarcación. Todo el acumulado era relevante pero no suficiente.
Solo la madera de la estructura nos permitiría hacer la prueba de dendrocronología que nos daba la fecha y lugar de procedencia de la madera con la que se construyó la embarcación.
La fotogrametría del Sitio de los Ladrillos con Kotaro Yamafune nos había mostrado que podía haber madera bajo los promontorios de ladrillos.
Eventualmente en la Expedición del 2022-2023 del CCBEM tocamos madera con nuestros arqueólogos subacuáticos invitados, procedentes del Museo Nacional de Dinamarca, David Gregory y del Museo Vikingo, Andreas Bloch y acompañados por el Museo Nacional de Costa Rica, la Comisión Arqueológica Nacional y el SINAC.
Y en una acto de “justicia reparativa” no formal, fue nuestro joven afro/bribri, fundador de la nueva directiva CCBEM y Dive Master, Pete Stephens Rodríguez, en su calidad de asistente técnico de los especialistas que condujeron la parte de excavación, el que subió la pieza estructural de madera que nos dará el resultado final.
Pete Stephens Rodríguez honor a quienes el honor merecen, 2023
¿Qué es eso de justicia reparativa?
Que una historia oculta en fondo el mar, que esconde un capítulo oculto y desconocido de la historia de la población afrodescendiente y sus raíces, está por ser DEVELADA por un trabajo tesonero de mucha gente y muchos expertos y muchas instituciones y del entidades de la co-gobernanza, PERO guiados por una juventud cuyos orígenes y raíces están en esa historia.
Y si esa juventud ha guiado ese proceso, que esa juventud sea la que sea destacada por todos y todas, como hacedora de su historia. Eso es tan relevante como la historia misma y ES la historia.
En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.
Un llamado a la acción en defensa del río
Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:
La alteración del cauce y la disminución del caudal.
La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.
Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.
Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.
Exigencias de la comunidad
Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:
No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.
Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.
“No podemos seguir ignorando esta realidad”
Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.
El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.
Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.
La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio
La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.
Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.
Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.
Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.
En este episodio de Sentirse Saberes, nos trasladamos a Grecia, Costa Rica, para explorar los desafíos y potencialidades de este cantón en medio de su transformación económica y social. Junto a representantes de organizaciones ambientales, académicos y líderes comunitarios, abordamos temas clave como:
El impacto del crecimiento urbano y las zonas francas en el ecosistema y la vida cotidiana de la comunidad. El papel de la organización ciudadana para la protección del medio ambiente y la recuperación del tejido social. La juventud como motor de cambio, sus desafíos y el rol de la educación ambiental. El Observatorio Ciudadano del Agua y su trabajo en la conservación del río Agualote.
¿Cómo podemos equilibrar el crecimiento con la preservación de la identidad local y el bienestar comunitario? ¿Qué retos enfrenta la comunidad para fortalecer su entorno y su calidad de vida? ¡Acompáñanos en esta conversación inspiradora y descubre las voces que están transformando Grecia!
Tanto el Diccionario Real Academia Española como el Diccionario Jurídico de CR, coinciden en que la “mentira es una manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa”, es decir, “cosa que no es verdad u falta a la verdad. Así las cosas, tanto la Casa Presidencial como el Concejo Municipal y alcalde de Talamanca, le han mentido a los costarricenses sobre la naturaleza del Ordenamiento Territorial del Distrito de Cahuita en proceso de aprobación, y el ya aprobado y vigente Plan Regulador del Cantón Central de Limón.
En este último caso (Cantón Central de Limón), el recién aprobado Plan Regulador (ordenamiento territorial), cubre todas las tierras del Cantón, excepto, las áreas costeras de ZMT y la Ciudad de Limón.
Por otro lado, tenemos al Proyecto de Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca en proceso de aprobación, que abarca exclusivamente la zona restringida (150 metros) de las áreas costeras de ZMT, ubicados específicamente en el Distrito de Cahuita del Cantón de Talamanca.
Sin embargo, en reiteradas oportunidades, hablan de ambos como si fueran de la misma naturaleza, cuando en realidad, una es sobre las tierras fuera de las áreas de ZMT (Limón), y la otra, es solo de las áreas restringidas (150 mts) de la ZMT de Cahuita (Talamanca).
Me pregunto: ¿Qué sentido tiene mentirle a la gente sobre algo tan importante para la vida cotidiana cuando no hay necesidad de tal engaño?
Es como si no se dieran cuenta o no les importa, que la verdad acabará saliendo a la luz en algún momento.
Soy consciente de que estoy siendo audaz al «jalarle el rabo a la ternera», como dice el viejo refrán, pero alguien tiene que hacerlo.
Ningún beneficio a corto plazo puede justificar semejante legado de vergüenza para las generaciones futuras.
Finalmente, ¡Qué curioso! La defensa habitual de un mentiroso es acusar a quien lo desenmascara de hacer lo mismo. Es el típico «rechazo» tico.
Félix López, de la comunidad de Río Jiménez, informó a SURCOS que se realizó una importante reunión de la dirigencia comunal del distrito de Río Jiménez con tres representantes del Concejo Municipal de Guácimo.
“La sesión de realizó en el salón comunal de Río Jiménez en busca de respuestas a las necesidades de infraestructura para nuestras comunidades del sector norte de Guácimo”, señaló Félix López. Especialmente se trató el tema del asfaltado de la Ruta Nacional 811. Así mismo, la continuación de los trabajos en el tramo 70460 que cuenta con los recursos aprobados.
La administración de la municipalidad y el Concejo se comprometieron a la reanudación de los trabajos en campo el martes 25 de marzo, ello, gracias al movimiento comunitario desarrollado. Un asunto pendientes es la asignación de recursos para el asfaltado del tramo 70170 que va del cruce de la zona llamada Irlanda a la comunidad de La Ligia, mejor conocida como El Chino.
Según acuerdo del Concejo Municipal celebrado el pasado martes 11 de marzo, en un plazo máximo de 15 días se citaría a los diferentes jerarcas de instituciones para buscar recursos económicos para esta importante obra.
También se expuso en la reunión la necesidad de atender otras obras que propicien el desarrollo integral, como un proyecto para dotar de agua al sector norte de Guácimo, además temas de salud, educación, seguridad. Para ello se propuso atender la urgente necesidad de una oficina de proyectos en la municipalidad.
El impacto del crecimiento urbano y las zonas francas en el ecosistema y la vida cotidiana de la comunidad.
